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Especial Congreso del PSOE

El mayor órgano de decisión del PSOE se reunirá en Sevilla para establecer los liderazgos y las líneas políticas, cruciales para abordar las reformas que la clase trabajadora necesita.

Continuamos en este número de Tribuna Socialista la sección especial congreso del PSOE que se mantendrá activa hasta su celebración. Una sección en la que los socios y socias de ASTRADE así como los lectores de TRIBUNA SOCIALISTA podrán publicar aquellos contenidos de relevancia para mejorar los derechos y libertades de la clase trabajadora de este país.

Defendamos la Sanidad Pública

Nuestro partido puede decir bien alto que lleva en sus genes la defensa de la Sanidad Pública.

En nuestra historia no ha habido Ministerio de Sanidad hasta finales de 1936, con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social que constituyó el Gobierno de Largo Caballero, cuya titularidad ocupó Federica Montseny.

Siempre hemos batallado contra la idea liberal, conservadora y decimonónica, anclada en la edad media, de que el individuo debe atender sus problemas de salud. Así pensaban y piensan quienes no entienden el servicio público y a lo más que están dispuestos es a llegar a un servicio de beneficencia, de mínimos, que deje su conciencia tranquila y sirva de dique de contención frente a las clases populares que no pueden costearse una sanidad privada, de calidad, ni una educación privada para sus hijos e hijas, ni disponer de un ahorro mensual para un fondo privado de jubilación, ni pueden llevar a sus mayores a residencias privadas.

Frente al anacronismo de quienes nos presentan la falsa idea de “libertad” de elección, defendimos en el pasado la responsabilidad del Estado en el reconocimiento de los derechos sociales, como: la asistencia a los enfermos y ancianos, la protección a la maternidad y la infancia; o el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la protección ante la enfermedad, los accidentes, el paro forzoso, la vejez, la invalidez y la muerte. Con una especial protección de mujeres y jóvenes. Derechos básicos que continuamos defendiendo hoy.

La Ley 14/86, General de Sanidad, siendo ministro el compañero Ernest Lluch, estableció la universalización de la Sanidad para todos los residentes en España, uno de los importantes logros de esta Ley.

La Ley 14/86 fue innovadora en muchos aspectos y, si la Salud fuese un derecho fundamental, como debería de ser, la Ley 14/86 sería una ley orgánica que desarrollaría el Artº. 43: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.”

Sin embargo, en los artículos 66 y 67 de la Ley 14/86, se introduce la figura de los “…convenios singulares con hospitales generales del sector privado que lo soliciten…”. Y en el Artº. 90 se estableció la posibilidad de “conciertos” para la prestación de servicios sanitarios con centros privados. Estos artículos contenienen limitaciones, tales como “…cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen…”.

El 26 de abril de 1997 entró en vigor la Ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Esta Ley, contradictoriamente a lo que dice su enunciado, no introduce ninguna nueva forma de gestión, pues en su único artículo y en su Disposición adicional única viene a abrir el abanico de posibilidades de contratación a “…cualquier entidad de naturaleza o titularidad admitida en derecho”, bajo la figura de los “consorcios sanitarios”.

La ley 15/97 abrió el abanico de posibilidades de contratación a “…cualquier entidad de naturaleza o titularidad admitida en derecho”, bajo la figura de los “consorcios sanitarios”

La Sanidad Pública tiene objetivos distintos a los que tiene cualquier entidad privada. El Estado está obligado a garantizar la protección de la salud de todas y todos los ciudadanos y a adoptar medidas preventivas. Mientras que las entidades privadas solo se deben al interés lucrativo de sus accionistas o partícipes. Estas pasadas décadas han demostrado que estos intereses son contrapuestos y que en no pocas ocasiones constituyen una vía directa a la corrupción.

La experiencia demuestra que los intereses de la sanidad pública y de las entidades privadas son intereses contrapuestos y constituyen una vía directa a la corrupción

La experiencia acumulada demuestra que destinar más de 8.000 millones anuales, del presupuesto sanitario público, a las empresas privadas dedicadas a la salud provoca la reducción de camas y medios técnicos al servicio de la sanidad pública, además de la precarización laboral de los y las profesionales de la sanidad pública. Fomentar la sanidad privada desde la esfera de lo público es regresar al pasado; a que cada individuo tenga que atender sus problemas de salud, a condición de que pueda hacerlo económicamente.

Destinar más de 8.000 millones anuales del presupuesto sanitario público a las empresas privadas de salud provoca la reducción de camas y medios técnicos al servicio de la sanidad pública, además de la precarización laboral de los y las profesionales de la sanidad pública.

En momentos distintos de la reciente historia se han ido transfiriendo las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, pero el Estado no se ha desentendido de la labor de coordinación de los servicios sanitarios, por lo que el servicio público básico de la Sanidad es una materia que no es ajena a ningún poder del Estado, pues tienen la competencia de coordinar los servicios sanitarios.

Los mismos poderes públicos a los que la Constitución les mandata “…organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”, en la pandemia de 2020 y 2021 las medidas preventivas fueron cuestionables o llegaron tarde y hubo poderes públicos autonómicos que no solo no prestaron los servicios necesarios, sino que se los negaron a los usuarios de las residencias de mayores.

Algunas autonomías no solo no han prestado los servicios necesarios sino que se les negara a los usuarios de las residencias de mayores

Dada la gravedad de las consecuencias que la privatización de la Sanidad Pública está teniendo:

  • Que el contenido del artículo 43 de la Constitución pase a formar parte de un nuevo artículo de Título I, en su Capítulo segundo, sección 1ª “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
  • Derogación de la Ley 15/97, en su integridad, y de los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/86.
Texto aportado por Roberto Tornamira, Afiliado de la Agrupación de Arganzuela PSOE-PSM, a las propuestas que Izquierda Socialista-PSOE realizará al
41º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español

Editorial: Las calles se calientan.

Las calles se calientan, y no estamos hablando del cambio climático. Los ataques que vive la clase trabajadora por parte del capital financiero en todo el mundo están teniendo su eco en las crecientes movilizaciones que conforman la resistencia a un modelo de sociedad que oprime a la mayoría social.
A pesar del rol “silenciador” que están jugando los grandes medios de comunicación, la mayoría social está expresando en la calle su hartazgo con la pasividad y tibieza con la que se actúa ante el genocidio que está perpetrando el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. ¡Basta ya de hipocresías! El Alto el fuego es una exigencia, así como la ruptura de relaciones con Israel ya es un clamor. Estamos hartos de la palabrería de los gobiernos y la Comisión Europea, cómplices por activa o por pasiva con el genocidio.

También el campo se moviliza; particularmente los autónomos y pequeños productores. Los grandes latifundistas y ganaderos, como los duques de Alba, durante años han capitalizado las ayudas de la PAC, recibiendo cada año sumas millonarias. Pero los pequeños agricultores apenas pueden sobrevivir.

Como explicamos en el artículo «separando el grano de la paja», que se publica en este número, miles de pequeños agricultores protestan ante la dificultad para poder vivir de la tierra que trabajan. Aunque las protestas se centran en la burocracia para acceder a las ayudas, y las exigencias medioambientales, un análisis un poco más profundo nos lleva a concluir que la causa del problema radica en el propio mercado. La especulación de la tierra por un lado, y el poder de las grandes corporaciones de la distribución y fabricación de alimentos procesados para imponer el precio que se paga en origen al campesino. Esto, tiene consecuencias desastrosas tanto para los profesionales del campo como para los consumidores en general, quienes pagamos la inflación especulativa que arruina a trabajadores y pensionistas en general. Entenderlo marca la diferencia entre las posiciones socialistas y las que dice defender la extrema derecha populista.

Los agricultores y ganaderos protestan contra la excesiva normativa “mediambiental” ¡falsa defensa del medioambiente y la salud de los consumidores! Pues, si la preocupación de los legisladores de la EU fuese de verdad proteger la Salud de las personas y la Naturaleza, no abrirían las puertas de par en par a los productos de terceros países, ajenos a la UE, que no garantizan ningún respeto al medioambiente ni a la salud, pero sí generan una competencia desleal en los precios, facilitando la aludida imposición de precios a los agricultores, por parte de las grandes corporaciones de la distribución alimenticia.

Se incrementan las movilizaciones en defensa de la sanidad pública al mismo tiempo que salen a la luz nuevas pruebas y testimonios del horror que las trabajadoras y los ancianos tuvieron que vivir en las residencias gestionadas por el gobierno de Ayuso durante la pandemia.

Se incrementa el hartazgo contra unos jueces que contaminan la política, que usurpan el CGPJ desde hace cinco años (9 desde que fueron elegidos), y que (valga el juego de palabras) tienen la «des-facha-tez» de pedir a los políticos que les «dejemos en paz», ante la mirada cómplice de una monarquía que no solo tolera, sino que anima a los jueces a seguir en la misma línea de «independencia judicial», aunque ésta se base en patéticas acusaciones de terrorismo a algunos líderes independentistas, y «conspiranoicos» argumentos sobre las relaciones de Puigdemont con Putin. Todo vale, para unos jueces que niegan el “lawfare” pero lo practican con el único objetivo de desestabilizar al gobierno y que se rompan los acuerdos de investidura alcanzados entre los partidos antifranquistas.

En este sentido, incluimos en este número un nuevo artículo de opinión que trata sobre el “lawfare”, es decir, el ataque de jueces contra las decisiones del legislativo, y que trata también sobre la importancia de la ley de amnistía para el conjunto de la mayoría social, así como la necesidad de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez y sus acuerdos con todos aquellos grupos que sirvan para avanzar en derechos sociales y laborales, y mejorar la convivencia y la relación entre los diferentes pueblos de España.

Al ritmo del aumento de precios de la cesta de la compra, asistimos a una nueva oleada de cierres y deslocalizaciones de empresas: Schneider, Bimbo, Danone y varios proveedores de Ford anuncian cierres. Alcoa y Arcelor frenan inversiones. Michelin y Stellantis decretan parones. Pablosky y GE ejecutan despidos. Todo ello, en medio de una cascada de ERE con miles de afectados. No podemos permitir más cierres, más despidos. Además de solidarizarnos con los trabajadores afectados, es necesario legislar para evitarlo. Mientras, la clase trabajadora se defiende en la calle, las reformas laborales de 2010 y 2012 continúan en vigor.

Mientras en España se calienta la calle, en Europa las cosas no van mejor. Italia, Hungría, Finlandia, Holanda, Polonia…en todos estos países, la socialdemocracia no ha sabido ofrecer alternativas sociales al liberalismo, pues actúan en su misma lógica económica, y hoy están gobernadas por títeres del capital financiero, recortando derechos. Alemania puede ser el siguiente.

La socialdemocracia debe ofrecer alternativas ante el auge de los gobiernos liberales y de extrema derecha que utilizan el término libertad en el mismo sentido en el que lo hacen Ayuso en Madrid o Milei en Argentina. Libertad de mercado eliminando lo público.

La socialdemocracia debe marcar diferencias con respecto al libertinaje del mercado. Mientras que la fuerza de trabajo se debilita y la desigualdad de rentas aumenta, se sigue el dictado de la OTAN para aumentar los presupuestos de defensa.

La guerra, la destrucción, es el camino que tiene el capital financiero para imponer su nuevo orden mundial, y cuando la socialdemocracia le sigue el juego, la derecha lo aprovecha. Donald Trump va incluso un paso más allá que Biden, y amenaza a los países aliados de la OTAN que no cumplan con destinar un 2% de sus presupuestos a defensa, avisando que no solo no los defenderá de un eventual ataque ruso sino que además animará a Putin a intervenir.

El mundo está en manos de psicópatas económicos y la respuesta de la socialdemocracia europea no puede ser la subordinación sumisa a sus estructuras: OTAN, FMI… La escalada bélica con su reguero de muerte y destrucción.

La guerra, no solo es militar, también es social; la especulación de la tierra y de los recursos naturales lleva al encarecimiento de los costes de producción, a la pobreza energética y al encarecimiento de los alimentos y productos de primera necesidad, y al abuso del incremento de los precios para la maximización de los beneficios de unos pocos.

Si Europa sigue la senda imperialista, Europa, la vieja Europa, la de los derechos sociales, la del estado de bienestar, dejará de existir como tal. Para construir esa alternativa social, nuestras sociedades deben decir ¡no! a aquello que está generando el encarecimiento de los costes, el empobrecimiento energético, y el debilitamiento del campo.

Debemos decir no a la guerra y sí a los derechos, sí a la producción regulada de bienes y servicios, sí a los sistemas públicos sanitarios, educativos, energéticos, sí a las infraestructuras hidráulicas que permitan una gestión sostenible de los recursos hídricos, sí al empleo, sí a las pensiones y sí a defender en la calle los derechos colectivos de la mayoría social. Y los más urgente ¡No al Genocidio en Palestina!

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Reportaje: Jornada de lucha 14 de febrero de 2024

“Atención Primaria desmantelada, urgencias colapsadas«

El espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid ha llevado a cabo una nueva jornada de lucha en defensa de la Sanidad Pública. Esta vez, en forma de concentraciones en cinco de los principales centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid: La Paz, el Clínico, el Sureste (Arganda), el 12 de Octubre y el Gregorio Marañón.

La pandemia de los años 2020 y 2021 puso en evidencia el deterioro de la Sanidad Público, deterioro provocado por la combinación de dos ejes de actuación de los distintos gobiernos: la privatización y la descapitalización.

La privatización no sería posible sin tres puntos de apoyo legislativos:

  • Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que, siendo una ley progresista que universalizó la Sanidad Pública en España, a través de los artículos 66 y 67 (convenios de colaboración y 90 (conciertos), sentó las bases de la colaboración público-privada.
  • Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema nacional de Salud. Esta ley, basada en el “informe de Abril Martorell, de 1991, abría las puertas a la privatización de la Sanidad Pública, dejándole a las empresas las manos libres para lucrarse, pues desaparecía la capacidad de supervisión del servicio prestado, entre otras cosas.
  • Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, sobre el traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud.

Dos años después de esta secuencia legislativa, en 2003, se producía el “Tamayazo”, un hecho de corrupción nunca aclarado, y la privatización en bloque de 7 hospitales en Madrid. El trabajo de los lobbies es “lento, pero seguro”.

La descapitalización se viene aplicando cada año, con la no reposición del personal facultativo y sanitario que causa baja por jubilación: en 2016 había en Madrid un 9,43% menos de médicos de familia y un 22,16% menos de personal de enfermería que en 2007.

La descapitalización, también se aplica en el dinero presupuestado; Madrid lleva años siendo la comunidad autónoma que menor renta por habitante dedica a la Sanidad: en 2022, Madrid destinó 1.280 euros por habitante, frente a los 1.996 de Asturias (la que más), siendo el presupuesto medio por habitante en las comunidades de 1.662 euros, Madrid se sitúa un 30% por debajo de media.

El recorte de personal y la reducción de medios es una decisión que, gobierno tras gobierno autonómico, han llevado a cabo mientras la población de Madrid se ha pasado de los 5,33 millones de habitantes en el años 2000, a los 6,91 millones a junio de 2023, es decir, que ante un incremento de la población del 30%, se destinan menos medios.

Este deterioro ha entrado en bucle, provocando el desprestigio del sistema de salud pública de Madrid, al que los nuevos médicos no quieren venir cuando terminan sus estudios y su MIR, y donde el personal sanitario migra en cuanto puede, a territorios y/o países en los que se les trate con dignidad, salarial y profesionalmente.

A lo anterior, hay que añadir el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias, los SUAP y los servicios de Atención Rural en los pueblos, los SAR, dando el criminal esperpento de centros sin médico.

Esta dinámica de legislación y política económica ha desprotegido a la población, lo sufrimos en pandemia y lo acabamos de vivir con la saturación de la Atención Primaria, que ha llevado al colapso de las urgencias hospitalarias en la anual epidemia de gripe.

Las asociaciones vecinales y las plataformas que las agrupan, organizados y coordinados en el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid han dado una nueva respuesta contundente en Defensa de la Sanidad Pública, con la convocatoria de estas cinco concentraciones, a las que se han sumado no menos de 2000 personas, en el conjunto de la movilización.

Roberto Tornamira
Es miembro de Tribuna Socialista y participa del movimiento en defensa de la Sanidad Pública en Madrid

Tribuna Socialista da la voz a quienes hacen realidad esta lucha por un bien común, la Sanidad Pública:

Hospital Universitario del Sureste (Arganda)

Javier Tavares

Plataforma de Rivas por la Sanidad Pública

El pasado 14 febrero, a las 11:30 y convocados por el espacio Vecinas y Vecinos de los pueblos y barrios de Madrid, nos concentramos más de 300 personas (según los medios de comunicación que cubrieron la noticia) a favor de la Sanidad Pública, ante el desmantelamiento de la Atención Primaria y el colapso de las urgencias hospitalarias.

Se incidió en la idea de que la sanidad pública no es de derechas o de izquierdas sino un derecho para todos y todas.

Nuestros mensajes fueron:

  • Sin contratación de personal sanitario es imposible dar un servicio con un mínimo de calidad
  • Hay que reclamar, reclamar y reclamar.
  • Se está dejando caer a la Atención Primaria,no hay equipos completos de personal sanitario en las urgencias y los servicios rurales están desmantelados.
  • Es un plan perfectamente calculado para hundir la Sanidad Pública y así poder seguir alimentando a la Privada con dinero público.

El Hospital Universitario del Sureste, atiende a 190.833 pacientes, procedentes de 21 poblaciones del sureste de la Comunidad de Madrid.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 75.562 a 123.370 pacientes, un 63%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 7,40% al 5,36%.

Hospital La Paz

Montse Toll

Plataforma en defensa de la Sanidad Pública “Sierra de Guadarrama”

El manifiesto lo leyeron Raquel, de Manzanares el Real, Vicente, de Soto del Real y una chica joven y comprometida que había acudido a la concentración y se ofreció voluntaria para hacerlo.

Cuando llegaron lxs compañerxs de las urgencias extrahospitalarias desmanteladas, se nos abrió el corazón por el empuje que tienen en su lucha imparable. María cogió el megáfono y no paramos de gritar consignas y cantar con ella en defensa de la Sanidad Pública: qué queremos, universal y de calidad, con las urgencias extrahospitalarias con equipos completos y la Atención Primaria con todas las plazas cubiertas.

En la concentración de La Paz estuvimos unas 200 personas, aunque es difícil precisar porque muchas se unían un rato, cuando salían de sus consultas, y el personal sanitario aprovechó su descanso o bajó a propósito para unirse a la concentración.Como un bonito ejemplo de una bella mujer que nos dijo que tenía 90 años y gritó como la que más.

Veníamos de los pueblos y barrios del norte de Madrid.El ambiente fue magnífico. La gente se identificaba cuando los colectivos empezamos a poner las pancartas.

Nuestra compañera Ana Encinas, médica de Atención Primaria y nuestro compañero Guilléndel Barrio, enfermero de urgencias de La Paz, atendieron a los medios.

Pusimos una mesa para recoger reclamaciones y fue emocionante la cola que se formó. No tuvieron un momento de descanso hasta que acabó la concentración sobre las 13:30, cuando recogimos todo y nos fuimos más que satisfechxs.

El Hospital General La Paz, atiende a 536.448 pacientes, procedentes de las poblaciones del norte de la Comunidad de Madrid.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 180.412 a 249.483 pacientes, un 38%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 14,86% al 10,99%.

Hospital Universitario Clínico

José Luis Yugero

Asamblea Vecinal por la Sanidad Pública Puerta del Ángel-RSP Latina-Carabanchel

Desde el 2012 no se había hecho ninguna concentración en el Clínico, la duda de si iba ha ser secundada por las vecinas y vecinos del área de integración del Clínico era grande, pero nos sorprendió la gente acudiendo de manera importante; unas 250 personas según los medios que acudieron allí.

Al margen de la afluencia, lo más significativo fue con la combatividad y alegría que la gente demostró la hora que estuvimos allí y las trabajadoras y trabajadores del Hospital que se unieron a la concentración.

Cuando confías en la gente y realmente es la protagonista de sus acciones, todo fluye y crece.

Seguiremos hasta conseguirlo. Sanidad 100X 100 pública y de calidad.

El Hospital Universitario Clínico, atiende a 375.451 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Chamberí o Latina.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 105.763 a 145.819 pacientes, un 38%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 19,07% al 13,09%.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Julio Fernández

“Moratalaz por lo Público”

Respondiendo a la convocatoria de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, los diferentes colectivos que defendemos la Sanidad Pública de los distritos del ámbito del Gregorio Marañón, organizamos en su entrada una concentración en la que se dieron cita más de 300 personas, a las que se fueron añadiendo, con salidas esporádicas, l@strabajador@s del centro hospitalario, que nos apoyaron y compartieron nuestras reivindicaciones.

Los concentrados se colocaron en la larga escalinata que está en la entrada del hospital, y como cada colectivo llevó sus propias pancartas junto a una de las más emblemáticas de Vecinas y Vecinos que tiene la leyenda “LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE”, que se puso al pie de la escalera, se consiguió un marco escénico espléndido.

Durante más de una hora, estuvimos coreando los lemas en defensa de la Sanidad Pública, de Calidad y Universal y donde el eslogan más destacado fue el reflejado en el cartel de la convocatoria: “PRIMARIA DESMANTELADA, URGENCIAS COLAPSADAS”.

Finalizamosleyendo el manifiesto común a los cinco hospitales donde se celebró este acto, recibiendo el comentario satisfactorio de los asistentes y animándonos a seguir haciendo movilizaciones como esta.

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón atiende a 321.591 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Moratalaz, Vicálvaro o Retiro.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 183.663 a 270.319 pacientes, un 47%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 14,91% al 10,04%.

Hospital Universitario 12 de Octubre

Luis López

Villaverde MATS

La concentración del 12 de octubre, al igual que las que tuvieron lugar en los otros cuatro hospitales fue un éxito, con una asistencia no menor a 400 ciudadanos y ciudadanas que acudieron a aportar su esfuerzo para defender la Sanidad que es de todos, la Pública. Hay que tener en cuenta que las concentraciones se convocaron por la mañana, en día de diario, momento en el que mucha gente que hubiese acudido estaba trabajando. Aún así, contamos con la presencia y participación de bastantes trabajadores y trabajadoras del Hospital 12 de Octubre.

Desde el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid se está siguiendo la misma pauta que la llevada a cabo para organizar las grandes manifestaciones de años anteriores. Es una respuesta a la política privatizadora del partido que gobierna desde hace décadas en Madrid, el PP, empeñado en cerrar centros de salud, en precarizar el trabajo de los y las profesionales de la Sanidad Pública, con el consiguiente deterioro de la Atención Primaria, lo que a su vez satura las urgencias hospitalarias. Están privatizando incluso servicios como el mantenimiento, la esterilización, todo, para que finalmente, el deterioro de lo público empuje a los ciudadanos a suscribir pólizas en la Sanidad privada, aunque terminen dándose cuenta de que las pólizas que su poder adquisitivo les permite realizar, prácticamente no les sirve para nada, porque tienen que abonar copagos por casi todo.

Vamos a seguir trabajando y movilizando a los vecinos y vecinas desde los barrios. No dudo que en estos próximos meses continuaremos con las movilizaciones hasta volver masivamente a la calle.

El Hospital Universitario 12 de Octubre atiende a 451.200 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Villaverde, Carabanchel o Usera.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 206.741 a 305.650 pacientes, un 48%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 13,50% al 8,32%.

Fuente de datos para los cinco hospitales: Memoria del Servicio Madrileño de Salud de 2020.

El cáncer de la Sanidad Pública es su privatización II

Algunos lectores me han sugerido que, por lo interesante del contenido, debía profundizar en el artículo publicado en TS nº 149 con este mismo título. Es por ello que publico esta “parte II”, sobre la privatización de la Sanidad Pública madrileña de la mano del Partido Popular (PP), en las tres últimas décadas.

                Mencionaba en el artículo del pasado mes que, “en 1996 la Sanidad madrileña contaba con 14.000 camas. Hoy, 27 años después y con un incremento de la población del 37,8%, el número de camas es de 12.438, es decir, un 11,16% inferior” (Datos del Ministerio de Sanidad a 2023). No es casual que el 26 de abril de 1997 entrase en vigor la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema nacional de Salud. Esta ley del Gobierno de Aznar (mayo 1996 a abril 2000), junto a la Ley 6/1998 de 13 de abril de 1998, sobre régimen del suelo y valoraciones -la ley responsable de la burbuja inmobiliaria que estalló diez años después y que sumió a este país en una profunda crisis económica y social-, son dos de las leyes más perniciosas de los ultimos cincuenta años.

                La Ley 15/97 fue promovida por el PP y votada por PSOE, CIU (hoy Junts, el Partido de Puigdemont), CC (Coalición Canaria) y PNV. Esta ley abrió las puertas de par en par a que las empresas privadas entrasen de lleno a gestionar la Sanidad Pública y a recibir, por ende, dinero público.

                Esta ley se complementa con los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que, siendo una ley progresista que universalizó la Sanidad Pública en España, a través de los citados artículos abrió la puerta a los “convenios de colaboración” (Artº. 66 y 67) y a los “conciertos” (Artº. 90). Todos estos mecanismos legales se culminaron en 2002 con el traspaso definitivo de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas.

                A nadie se le escapa, o no debiera, que el objetivo de la Sanidad Pública es proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro. Frente a esto, el objetivo de la sanidad privada es la maximización del beneficio depara los accionistas. Además, a nombre de la “libertad de mercado”, el control del Estado sobre la acción de las empresas es mínimo o incluso nulo, a pesar de la ingente cantidad de dinero público que las empresas reciben cada año.

                Tras tres décadas de experiencia, el deterioro de la Sanidad Pública en Madrid es una evidencia: reducción de camas de hospitales, reducción de personal sanitario, precarización de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores de la Sanidad, merma en los recursos en los centros; tanto en hospitales como en los Centros de Atención Primaria y en sus Servicios de Urgencias Extrahospitalarias.

                La destrucción de la Sanidad Pública en Madrid no obedece a un error, es la consecuencia de una planificación inspirada por la idea de sociedad que tiene el pensamiento liberal. Pongamos cifras a todo esto:

  • Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2021, el gasto medio de las comunidades autónomas, en Sanidad, fue del 6,7% del PIB autonómico, equivalente a 1.716 €/habitante. En el mismo ejercicio, en Madrid, el porcentaje fue del 4,4%, el más bajo de todas las autonomías, equivalente a 1.536 €/habitante, un 12% inferior a la media.
  • La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), publicó un informe en diciembre de 2022, en el que daba los siguientes datos: Frente a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dedicar un 25% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria, Madrid destina un 10,73%, la comunidad que menos presupuesto destina a la Atención primaria en todo el Estado.
  • Para 2024, la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso (IDA), ha incrementado el presupuesto destinado a la sanidad privada 1.209 millones de euros, un 24% más que en 2022. Si bien, habrá que ver cómo finaliza el año, pues de los 973 millones presupuestados en 2022 (únicos presupuestos aprobados en la Comunidad de Madrid, antes de los que se acaban de aprobar para 2024) el año terminó con un gasto de 2.000 millones dedicados a la financiación de la sanidad privada, una desviación presupuestaria del 106%. Desde que IDA tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019, el gasto destinado a empresas privadas de la salud, el presupuesto se ha incrementado en un 94%.

Veamos tres tablas que ilustran el deterioro de la Sanidad Pública madrileña:


          No ha sido posible encontrar tablas iguales para comparar, pero sí datos concretos sobre profesionales de Atención primaria. La tabla 1 nos da datos de 2007 y lastablas 2 y 3 reflejan los datos de profesionales de 2016. Es decir, tenemos una comparativa de un periodo de 9 años.

                En la tabla 1 (2007) los médicos de medicina familiar y comunitaria era de 3.901, y 840 pediatras, un total de 4.741 médicos en Atención Primaria. La tabla 2(2016) vemos que la cifra de médicos de familia cae a 3.553, -9%. Mientras que, en pediatría, el número de profesionales crece a 908, +8%. El total de profesionales en 2016 era de 4.441, lo que representa un recorte del 6,3% en el global de médicos de Atención Primaria.

                Según el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) desde 2016 el número de pediatras ha caído a 663 en 2022. O lo que es lo mismo, desde que Díaz Ayuso es presidenta, se ha recortado la plantilla de pediatras en Madrid un 27%, llevando la cifra de pediatras a un 21% inferior a la de 2007.

                El personal de enfermería también se ha reducido en estos años. En 2007(tabla 1),Madrid contaba con 4.024 enfermeros y enfermeras, frente a los 3.294 de 2016(tabla 3). Por tanto, en 9 años se recortaron 730 profesionales de enfermería, más del 18% de recorte.

                Por último, en 2016 (tabla 3)la tasa de profesionales de enfermería en Atención Primaria era de 0,5 por cada 1.000 habitantes, la más baja de todo el país, solo igualada por Baleares y Ceuta y Melilla.

                Los datos demuestran los efectos de la privatización en la Comunidad de Madrid, donde, en paralelo al deterioro de la Sanidad Pública, la sanidad privada ha crecido exponencialmente hasta convertirse en la comunidad con mayor gasto per cápita del Estado español, con un gasto de 936 € en 2022.

                Los datos también evidencian la irresponsabilidad de las autoridades sanitarias, que han ido deteriorando el Sistema Público Sanitario en los años previos a la Pandemia de COIVID-19, no porque supiesen que llegaba una pandemia. Dice el artículo 43 de la Constitución:

                “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

                Los poderes públicos no solo no adoptaron medidas preventivas, sino que deterioraron a tal punto la herramienta pública para proteger el derecho a la salud que la han dejado en un estado que no soporta ni la habitual ola de gripe anual, como acabamos de sufrir en estas semanas pasadas.

                Los datos explican por qué en Madrid se ha alcanzado el millón de personas en lista de espera, de las que más de la mitad tienen que esperar más de 3 meses para una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica o la consulta con un especialista.

                Ante la evidencia, no cabe otra solución que derogar la Ley 15/97 y los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de la Seguridad Social. Defender la Sanidad Pública es una reivindicación de la mayoría social, de ese 75% de la sociedad que no puede pagarse una póliza de salud privada.

                Tenemos un Gobierno de Coalición progresista, y una Ministra de Sanidad que ha batallado en Madrid por la defensa de la Sanidad Pública. Muy bien, es el momento de tomar decisiones políticas, derogar los convenios y los conciertos, cerrar la puerta de la Sanidad al mercado privado y dejar de sangrar las cuentas públicas. Esto, está en manos del Gobierno de la nación.

Roberto Tornamira
Participa en el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid

LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL DETERIORO DE LA SANIDAD PÚBLICA HASTA SU DESAPARICIÓN. LA LUCHA QUE DEBEMOS DESPLEGAR

La reforma constitucional española de 2011 modificó el artículo 135 CE,​ estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar, frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible, al establecer en el punto tercero del artículo, prioridad absoluta para los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas. Es decir, que antes de atender a los Servicios Públicos, hay que pagar la deuda pública, los capitalistas antes que los trabajadores y los ciudadanos en general.

                La referencia a esta reforma de la Constitución, a modo de introducción, se realiza porque, a juicio del que suscribe, viene a consolidar la privatización de los servicios públicos, en especial, la sanidad y la enseñanza. Es a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en 2020, cuando se produce un aumento de privatizaciones sanitarias, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Se me dirá que no tiene nada que ver priorizar el pago de la deuda sobre los servicios públicos, con la privatización de los mismos. Pero yo entiendo que, con esta reforma, la derecha de todo pelaje, quiere desmontar el estado de derecho y el estado de bienestar a nombre de las imposiciones de la UE, el FMI y el BCE imponen su proyecto privatizador.

                En efecto, el negocio de la sanidad privada, en el conjunto de las comunidades autónomas, ha crecido un 53% en una década y ya factura 11.000 millones de euros, en concreto, 11.238 en 2023. Continúa el ascenso de los seguros privados de salud, en el año pasado tuvieron un incremento del 6,6% y desde el 2015, el incremento ha sido del 52,7% y se calcula que el número de personas aseguradas privadamente es, en 2023, de 12 millones de personas, el 25% de la población, según datos del lobby de la sanidad privada, Fundación IDIS. (Infolibre. es 21/01/2024).

                Se está procediendo al deterioro progresivo de la Sanidad Pública, sobre todo en aquellas Comunidades donde gobierna el PP con el apoyo de los fascistas de VOX, deterioro que se concreta, entre otros aspectos, en la falta de contrataciones de médicos y mejora de las condiciones laborales y de medios, el cierre de Centros de Urgencia Extrahospitalaria SUAP, no se cubren jubilaciones ni bajas.  Tras los aplausos, hay una marcha constante de profesionales a otras instituciones y ámbitos geográficos en busca de mejores condiciones laborales y sociales, la falta de médicos en la asistencia ambulatoria, con la consecuencia de la saturación y hacinamiento en las urgencias hospitalarias.

                Este brutal deterioro se plasma en las listas de espera, las más elevadas de la historia, pacientes que fallecen sin ser atendidos, excesos de mortalidad no investigados, etc., “lento deterioro, pero sin pausa, que engorda el negocio sanitario privado, tacita a tacita”, (advertencia del médico y analista Juan Simó, autor del blog Salud, dinero y Atención Primaria).

La realidad es hoy que uno de cada tres euros dedicados a sanidad, acaba en los bolsillos de empresas privadas, mientras los centros públicos agonizan por falta de medios y los seguros privados se disparan.

                Toda esta deplorable situación de nuestra Sanidad Pública, deriva de instrumentos legales, las leyes de ámbito estatal 15/97(nuevas formas de gestión) que se dictó, precisamente, para universalizar e introducir la igualdad en la Sanidad Pública, pero que se ha utilizado para romper la Sanidad Pública, así como los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que los gobiernos “más progresistas de la historia” mantiene en vigor sin derogarlas o modificarlas.

                La cronología de los instrumentos legales que han permitido la privatización de la Sanidad Pública, ha sido la siguiente:

• 1986.- Ley General de Sanidad. Incorporó avances como la creación de la Atención Primaria, pero se suprimieron propuestas iniciales como la creación de un sistema público de Farmacia, o la atención integral de salud mental y bucodental. Se introducen los artículos 67 (convenios singulares) y 90 (conciertos) que van a permitir trasvasar miles de millones de euros a empresas privadas, por actividad que se podría hacer en los centros públicos.

• 1997.- Ley 15/97 (de “Nuevas Formas de Gestión”), que va a permitir, con dinero público, la apertura de centros sanitarios privatizados durante décadas.

• 1999.- Primer hospital de modelo concesión (Alzira, Valencia), cedido a una empresa privada por 20 años. Posteriormente se abren otros 4 con el mismo modelo.

• 2000.- Madrid aplica el mismo modelo, privatizando por 35 años (hasta 2035) 11 hospitales privados, lo que implicó el cierre de más de 2.000 camas públicas y el trasvase de cientos de millones de euros anuales que se detraen de los centros públicos.

• 2010.- Se extiende el modelo de hospitales privatizados a Comunidades Autónomas, en concreto, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Galicia, etc. Paralelamente se privatizan ambulatorios y laboratorios públicos, citas médicas, extracción de sangre, lavandería, limpieza, informática, mantenimiento, almacenaje, vacunas, etc.

• 2018-2023.- Se disparan las listas de espera hasta cifras récord, lo que les ha permitido justificar el brutal incremento de los conciertos privados (art. 90 Ley General de Sanidad), mientras se cerraban o reducían servicios en los centros públicos. La crisis del COVID es aprovechada para derivar cientos de millones de euros hacia empresas privadas, abrir “hospitales” innecesarios e infradotados (ZENDAL) cerrar servicios de urgencias, rematar la Atención Primaria y maltratar aún más a los trabajadores.

                Durante el COVID se dejaron morir cientos de miles de ancianos en las residencias privadas, por negarse las autoridades sanitarias responsables a su derivación a Hospitales, en Madrid, concretamente, 7.291 ancianos, por cuyos luctuosos hechos, algunos esperamos que algún día se acabe procesando, por presunto homicidio, a Isabel Díaz Ayuso.

                En cuanto a la lucha que debemos llevar, los “Ayuso dimisión (o el político que corresponda)”, o “La sanidad no se vende, se defiende” están muy bien, pero se vacían de contenido si nos quedamos solo en los síntomas y el diagnóstico. Hay que actuar sobre las verdaderas causas, es decir, atacar hasta su derogación o sustancial modificación, aquellas leyes estatales y autonómicas que han hecho posible llegar a esta situación, al establecer los instrumentos legales de gestión privada, conciertos y convenios con entidades privadas, que después han sido los sujetos del expolio y de la privatización de la Sanidad Pública.

                Del mismo modo debemos señalar a los responsables (todos los partidos que mantienen esas leyes estatales, que permitieron las privatizaciones). Los partidos y sindicatos que, por activa o por pasiva, han permitido esta situación son parte del problema y no pueden formar parte de la solución, son los mismos que desmantelan las pensiones, pasan página en la masacre de las residencias, mantienen la ley Mordaza, no derogan las reformas laborales de 2010 y 2012 y siguen sin garantizar el acceso a la vivienda.

                Debemos recuperar la movilización autónoma, al margen de los privatizadores, o nos despojaran de todo.

Miguel Sagüés Navarro
Militante Socialista de Madrid

Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid lanza la campaña: En defensa de la sanidad pública ¡reclama!

Nota de prensa 28/11/2023

• El espacio que impulsó las grandes manifestaciones de noviembre de 2022 y febrero de 2023 en defensa de la sanidad pública, lanza ahora esta campaña.

• El objetivo central es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia y la necesidad de hacer reclamaciones en la Sanidad Pública de Madrid, con la vista puesta a denunciar la situación crítica que vive y presionar por su defensa.

Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid, el espacio impulsor de las dos grandes movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública y que aglutina a decenas de colectivos y plataformas de la Comunidad de Madrid, lanza ahora esta campaña. La deficiente inversión en la Sanidad Pública por parte de la Comunidad de Madrid y la grave desviación de recursos públicos hacia la sanidad privada, conlleva un peligroso deterioro de los servicios ofrecidos. En ese sentido, desde el espacio buscan con esta campaña “informar a los ciudadanos sobre su derecho a reclamar (derecho respaldado por una amplia normativa incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos) y proporcionar herramientas para ejercer dicho derecho”.

Salimos a la calle para enfatizar que, sin reclamaciones, no habrá mejoras ni soluciones visibles en la atención de la Sanidad Pública de Madrid. Las quejas de la ciudadanía se centran en el acceso al sistema, demoras en servicios y disfunciones en los centros de Atención Primaria, los servicios de urgencias extra hospitalarias y en los hospitales. Se destacan problemas como las citas en Atención Primaria, Centros de Urgencias sin médicos, y listas de espera hospitalarias que suman un millón de personas, proporcionando razones sólidas para la reclamación.

La campaña tiene dos objetivos: concienciar a la ciudadanía de la importancia y repercusión en nuestra salud del deterioro del sistema sanitario público, reclamando nuestro derecho a una sanidad pública de calidad, y denunciar ante la Consejería de Sanidad las áreas prioritarias de mejora a través de nuestras reclamaciones.

“Se dirige, por tanto, hacia la Consejería de Sanidad de Madrid, responsable de la gestión sanitaria y entendemos que, tanto la ciudadanía como l@s trabajador@s, somos víctimas del deterioro” dicen las impulsoras.

La campaña se llevará a cabo de manera continua en los próximos meses, buscando que los ciudadanos tomen conciencia del papel imprescindible que tienen en la defensa de su Sanidad Pública.

Se puede consultar más información de la campaña en este enlace


Contacto: Ana Encinas 630203505 / Ana Valiente 666776374
VECINAS Y VECINOS DE BARRIOS Y PUEBLOS DE MADRID

Defendamos lo público frente a la barbarie de lo privado.

Ayer fueron las pensiones, hoy las residencias, mañana volverá a ser la Sanidad.

Miles de personas han salido a las calles de Madrid, este 26 de noviembre, por segundo día consecutivo; ayer fueron miles quienes se manifestaron en contra de la violencia machista, hoy han sido miles quienes ha salido a denunciar que “no fueron muertes, que fueron asesinatos”, los 7291 fallecimientos que se produjeron en las residencias de Madrid, en los primeros meses de pandemia.

Familias de los y las fallecidas, y personas que en solidaridad se han sumado a la marcha, han recordado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (IDA), del PP, les negó la asistencia sanitaria hospitalaria, vulnerando de este modo la Constitución del 78 que tanto defienden, en sus artículos 15 y 43, pues, ¿acaso no fue se les negó “el derecho a la vida y a la integridad física”, cuando se les dejó abandonados a su suerte, sin medidas paliativas siquiera? ¿No fue “inhumano y degradante” dejar que se asfixiaran sin ningún acompañamiento ni intento de minimizar su agonía? ¿Tutelaron los “poderes públicos y organizaron la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”?

Una parte mayoritaria de los y las jueces y fiscales parece que ha decidido dedicarse más a hacer el quite a la derecha, su opción ideológica, que a servir a la justicia. Los vericuetos jurídicos y judiciales, dejan impunes a los malhechores y sus decisiones políticas criminales, no solo negligentes: fiscales que no han escuchado a las familias ni a las trabajadoras de las residencias; juzgados que archivan las causas sin abrir juicio oral… Solo la presión social de las familias de las víctimas, su presencia en algunos medios de comunicación, el hecho de haber llevado su justa causa a las instituciones europeas… esta haciendo que casi cuatro años después se abran causas con Ayuso y su Gobierno, por los protocolos de la vergüenza, los que negaron la asistencia sanitaria hospitalaria a miles de residentes en las residencias de Madrid.

En la manifestación de hoy, no solo han reclamado “Verdad y Justicia”, han exigido una Ley marco estatal

que regule el funcionamiento de las residencias, que se ponga freno al negocio por el cual se maltrata a decenas de miles de ancianos y ancianas. Cuando un servicio público se pone en manos de la iniciativa privada, el objetivo deja de ser el bienestar de los ciudadanos y ocupan su lugar la avaricia y el lucro de los accionistas, de y los fondos buitre, a quienes la salud, el bienestar y la vida digna les trae sin cuidado.

La privatización de los servicios públicos se ha convertido en un verdadero cáncer de la sociedad actual: colegios, hospitales, residencias… donde el beneficio impone el recorte de personal y de las condiciones de trabajo, de la calidad de los alimentos y de su cantidad, entre otras cosas. Ciertos políticos ceden, vergonzosamente, ante los lobbies de las grandes corporaciones y los fondos de inversión. Los hay más desvergonzados, si cabe, como la señora Ayuso, que van en busca de esos grupos de interés económico, que viajan a Estados Unidos y otros países, para ofertar al “mejor” postor hacerse cargo de servicios públicos que ella está predispuesta a privatizar.

Los ciudadanos y ciudadanas, como hoy, como en las macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública, organizadas el espacio de Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid, o como las grandes manifestaciones organizadas por el movimiento estatal de pensionistas, tiene que echarse a la calle a defender lo que es suyo. Nadie debería olvidar que los servicios públicos se financian y construyen con nuestros impuestos directos, cada mes que nos descuentan el IRPF de la nómina; y de los indirectos, cada vez que compramos algo y nos aplican el IVA; además de otros impuestos y tasas, como el IBI, ese del que la Iglesia está exenta.

Reclamar justicia, como reclamar que lo público no se privatice y/o que se desprivatice lo privatizado, es hacer mejor esta sociedad bárbara.

Roberto Tornamira
Miembros del Comité de Redacción de TS

Miles de personas se manifiestan en Andalucía en defensa de una sanidad pública y de calidad

Por María Iglesias Domínguez, Periodista

Marea Blanca en Andalucía, convocó manifestaciones en todas las provincias de Andalucía en defensa de la sanidad pública el pasado sábado, 28 de octubre, bajo el lema ‘Nos roban la sanidad, nos quitan la vida.

Miles de personas se han manifestado este sábado por las calles de las principales ciudades andaluzas, convocadas por Marea Blanca, en las que también han participado otras organizaciones sindicales así como representantes políticos de la izquierda, para reclamar una sanidad pública y de calidad en la comunidad andaluza para decirle con total claridad al gobierno andaluz del Partido Popular que “no vamos a tolerar que esté desmantelando la atención primaria a golpe de ocurrencias como la más reciente, que pretende sustituir las consultas de medicina de familia por un modelo en el que personas desconocidas y externas a los centros de salud realicen consultas médicas telefónicas o por videollamadas, han salido a la calle para decirle a Moreno Bonilla y su gobierno, que no van a consentir que desmantelen lo que tanto esfuerzo y trabajo costó, la sanidad pública”

Para las organizaciones que componen Marea Blanca “Esta propuesta de la Junta de Andalucía muestra un profundo desconocimiento de lo que en realidad es la atención primaria y va en contra de toda la evidencia científica, además de una falta de respeto a los Andaluces y Andaluzas en una materia fundamental como es la sanidad, que te atienda el médico de familia y que lo haga de manera presencial que conoce tu historia, que te atiende en cada cuadro que te suceda y durante el tiempo, es obligatorio y esto, solo es posible reforzando los centros de salud, todo lo demás son excusa para hacer impunemente lo que le pidieron quienes le votaron, ir a un modelo de sanidad privada que no todo el mundo se puede permitir y que supone una clara discriminación”

Y por eso , decían las organizaciones convocantes “hemos salido esta mañana a la calle y volveremos a salir las veces que haga falta hasta que la Junta de Andalucía se dé cuenta de las consecuencias que tiene para Andalucía el desmantelamiento de la atención primaria una acción con la que se colapsan las urgencias y aumenta la mortalidad, voy a poner además el acento en lo que está sucediendo en las zonas alejadas de las capitales de provincias, las zonas rurales donde además de acabar a pasos agigantados con la atención primaria, están acabando con los hospitales comarcales y de esta forma los ciudadanos y ciudadanas de esas zonas, tienen que desplazarse a kilómetros para tener una atención que deberían recibir en sus localidades, sin dejar de pensar ni un día, en los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad, esos a los que aplaudíamos como verdaderos héroes hace nada de tiempo ,en plena pandemia, los esenciales y las esenciales y que se encuentran cada día más en una situación de precariedad extrema”.

Las listas de espera quirúrgicas crecen en Andalucía tres veces más rápido que en el resto del país», es otro de los ejes de la denuncia de la coordinadora.

Editorial: Que el barullo no impida ver el bosque

El periodo electoral se acerca inexorablemente. Todos los partidos están desplegando sus tácticas para que el contexto electoral les sea lo más favorable. Todo está dentro de esa “normalidad” a la que ya nos han acostumbrado, a la que nos resistimos.

Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista no somos neutrales, de ser así no podríamos reclamarnos del Socialismo. Por ende, no participamos de la idea “todos son iguales”. No por ello dejamos de percibir que hay mucho barullo que, a modo de árboles, impide ver el bosque.

Todo es política, aunque no toda la política tiene los mismos objetivos. Los tacticismos partidistas no impiden que pongamos el foco sobre las cuestiones fundamentales para la mayoría. Recordemos que “Democracia” se compone de los términos griegos dêmos (pueblo) y krateîn (gobierno), la cuestión es ¿para qué parte del pueblo se gobierna?; para una minoría privilegiada o para la mayoría de la sociedad. A dos meses de las elecciones municipales y autonómicas y a más o menos nueve de las generales, tenemos que poner el acento en lo fundamental, en lo que constituye el basamento del Estado de Bienestar: Sanidad, Pensiones, Dependencia y Educación, que es lo que preocupa a la mayoría social, independientemente de los que digan los y las chef de encuestas y sondeos.

La masa social ha tomado conciencia de la importancia de defender la Sanidad Pública, y por eso nos hemos echado a la calle en muchas comunidades, con especial intensidad en Madrid. Aseveramos que los acuerdos que los colectivos de sanitarios están alcanzando en distintas comunidades y áreas de Salud, no resuelven el problema de la Sanidad Pública por el que cientos de miles de ciudadanos han salido a la calle en estas semanas pasadas. Las soluciones laborales son de justicia, son la consecuencia lógica de la lucha llevada a cabo por médicos, personal de enfermería y auxiliares, por el personal de ambulancias y/o por los Médicos Interinos Residentes (MIR). Sin embargo, no resuelven el problema que las políticas económicas privatizadoras y austericidas han generado y que el COVID-19 ha puesto al descubierto.

Los partidos que se reclaman de la izquierda, los que dicen defender lo público, ya deberían estar explicando cómo y a qué ritmo van a implementar políticas desprivatizadoras. El electorado que necesita los servicios públicos tiene que percibir con claridad la posición de cada partido, y ese electorado es la mayoría social:

  • El 25% de la población tiene un seguro de salud privado, por tanto, el 75% no lo tiene, muy probablemente porque no lo puede pagar, por lo que necesita la Sanidad Pública.
  • El 33% del alumnado está matriculado en un colegio concertado, por tanto, el 67% necesita Educación Pública.
  • 9,4 millones de personas tienen contratado un plan de pensiones privado (7,5 individuales y 1,9 planes colectivos de empleo) sabiendo que hay partícipes con más de un plan de pensiones y teniendo en cuenta que en España hay 30,5 millones de habitantes con edad comprendida entre 18 y 65 años(1)), el 69% de la población necesita Pensión Pública.
  • Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se debería disponer de 5 plazas de residencia por cada 100 mayores de 65 años. España cerró 2022 con 8.935.673 mayores de 65 años(1). Con datos de 2021, nuestro país cuenta con 389.031 plazas, por lo que tenemos un déficit de 60.000 plazas

Podríamos cuantificar muchos otros déficit y problemas que sufre nuestra mayoría social: mayores que viven solos, déficit de plazas en FP y universidades, ratio de pacientes por hospital…El problema al que nos enfrentamos es que estos déficit y desigualdades, lejos de tender a corregirse tienden a ampliarse.

Lo que origina que tendencia sea en favor de la minoría en lugar de la mayoría no es por casualidad, ni está marcada por el destino, es el objetivo de las política privatizadoras y económicas de los gobiernos, de todos los ámbitos de la Administración. La tendencia va en el sentido en el que se marcan las decisiones políticas cuando cada año dedican más dinero público, en términos relativos, a la educación concertada que a la pública. Por ejemplo, en el periodo 2010 a 2020, las partidas para los centros privados crecieron un 20,26%, frente al gasto en la pública que aumentó un 2,09%.

La colaboración público-privado es un chollo para el negocio y una enfermedad para lo público. El Estado construye hospitales que después cede en explotación a multinacionales de la salud, como el Grupo Quiron. La deriva de pacientes a los centros privados, donde los costes de los tratamientos y pruebas se multiplican, está a la orden del día. Las listas de espera para operaciones o para ser atendidos por un especialista están fomentando el crecimiento de las pólizas de salud privadas; donde ya se comienza a saturar el servicio y aflora una sanidad privada de premium y otra de clase turista.

Esto podría aplicarse al campo de las Pensiones, en el que desde hace años se fomenta la falsa idea de que los sistemas públicos son insostenibles y en paralelo se fomentan los sistemas privados: individuales y colectivos, con ventajas fiscales, flexibilidades legales, eso que llaman liberalización, y campañas de publicidad. La realidad es que crece el negocio de las entidades bancarias y aseguradoras, mientras se recortan las cuantías de las pensiones y endurece el acceso a la pensión, con reformas más o menos agresivas. Mientras el Estado -todos los gobiernos lo vienen practicando en España desde, al menos 1967- utiliza indebidamente el dinero de las Pensiones para pagar gastos que debiera afrontar con dinero de los impuestos. Con datos del Tribunal de Cuentas, en su informe de 2020, referido al periodo entre 1989-2013, el estado le debe a la Seguridad Social más de 103.000 millones de euros. Por eso exigimos al Gobierno actual que cumpla con la Ley 21/2021 y encargue un informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, incumplimiento legal desde hace casi un año.

La situación de deterioro de lo público se acelera y se agrava a nombre de la guerra en Ucrania. A las políticas privatizadoras hay que sumar el tsunami inflacionario que se está llevando por delante la capacidad de compra de salarios y pensiones. La perniciosa tendencia del deterioro de lo público en favor de lo privado nos está llevando de un Estado de Bienestar a un Estado de Beneficencia. Esto ya pasa de una economía de libre mercado a una economía de libre saqueo.

Hay una guerra militar en Ucrania y una guerra social contra todos los pueblos de Europa. Por ello, Tribuna Socialista, participamos de la campaña internacional ¡Alto a la Guerra!

Sin muchas ilusiones, quedamos a la espera de conocer los programas y soluciones que ofrezca la izquierda.

  1. Datos del Instituto Nacional de Estadística a cierre de 2022