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La reforma constitucional española de 2011 modificó el artículo 135 CE,​ estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar, frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible, al establecer en el punto tercero del artículo, prioridad absoluta para los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas. Es decir, que antes de atender a los Servicios Públicos, hay que pagar la deuda pública, los capitalistas antes que los trabajadores y los ciudadanos en general.

                La referencia a esta reforma de la Constitución, a modo de introducción, se realiza porque, a juicio del que suscribe, viene a consolidar la privatización de los servicios públicos, en especial, la sanidad y la enseñanza. Es a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en 2020, cuando se produce un aumento de privatizaciones sanitarias, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Se me dirá que no tiene nada que ver priorizar el pago de la deuda sobre los servicios públicos, con la privatización de los mismos. Pero yo entiendo que, con esta reforma, la derecha de todo pelaje, quiere desmontar el estado de derecho y el estado de bienestar a nombre de las imposiciones de la UE, el FMI y el BCE imponen su proyecto privatizador.

                En efecto, el negocio de la sanidad privada, en el conjunto de las comunidades autónomas, ha crecido un 53% en una década y ya factura 11.000 millones de euros, en concreto, 11.238 en 2023. Continúa el ascenso de los seguros privados de salud, en el año pasado tuvieron un incremento del 6,6% y desde el 2015, el incremento ha sido del 52,7% y se calcula que el número de personas aseguradas privadamente es, en 2023, de 12 millones de personas, el 25% de la población, según datos del lobby de la sanidad privada, Fundación IDIS. (Infolibre. es 21/01/2024).

                Se está procediendo al deterioro progresivo de la Sanidad Pública, sobre todo en aquellas Comunidades donde gobierna el PP con el apoyo de los fascistas de VOX, deterioro que se concreta, entre otros aspectos, en la falta de contrataciones de médicos y mejora de las condiciones laborales y de medios, el cierre de Centros de Urgencia Extrahospitalaria SUAP, no se cubren jubilaciones ni bajas.  Tras los aplausos, hay una marcha constante de profesionales a otras instituciones y ámbitos geográficos en busca de mejores condiciones laborales y sociales, la falta de médicos en la asistencia ambulatoria, con la consecuencia de la saturación y hacinamiento en las urgencias hospitalarias.

                Este brutal deterioro se plasma en las listas de espera, las más elevadas de la historia, pacientes que fallecen sin ser atendidos, excesos de mortalidad no investigados, etc., “lento deterioro, pero sin pausa, que engorda el negocio sanitario privado, tacita a tacita”, (advertencia del médico y analista Juan Simó, autor del blog Salud, dinero y Atención Primaria).

La realidad es hoy que uno de cada tres euros dedicados a sanidad, acaba en los bolsillos de empresas privadas, mientras los centros públicos agonizan por falta de medios y los seguros privados se disparan.

                Toda esta deplorable situación de nuestra Sanidad Pública, deriva de instrumentos legales, las leyes de ámbito estatal 15/97(nuevas formas de gestión) que se dictó, precisamente, para universalizar e introducir la igualdad en la Sanidad Pública, pero que se ha utilizado para romper la Sanidad Pública, así como los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que los gobiernos “más progresistas de la historia” mantiene en vigor sin derogarlas o modificarlas.

                La cronología de los instrumentos legales que han permitido la privatización de la Sanidad Pública, ha sido la siguiente:

• 1986.- Ley General de Sanidad. Incorporó avances como la creación de la Atención Primaria, pero se suprimieron propuestas iniciales como la creación de un sistema público de Farmacia, o la atención integral de salud mental y bucodental. Se introducen los artículos 67 (convenios singulares) y 90 (conciertos) que van a permitir trasvasar miles de millones de euros a empresas privadas, por actividad que se podría hacer en los centros públicos.

• 1997.- Ley 15/97 (de “Nuevas Formas de Gestión”), que va a permitir, con dinero público, la apertura de centros sanitarios privatizados durante décadas.

• 1999.- Primer hospital de modelo concesión (Alzira, Valencia), cedido a una empresa privada por 20 años. Posteriormente se abren otros 4 con el mismo modelo.

• 2000.- Madrid aplica el mismo modelo, privatizando por 35 años (hasta 2035) 11 hospitales privados, lo que implicó el cierre de más de 2.000 camas públicas y el trasvase de cientos de millones de euros anuales que se detraen de los centros públicos.

• 2010.- Se extiende el modelo de hospitales privatizados a Comunidades Autónomas, en concreto, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Galicia, etc. Paralelamente se privatizan ambulatorios y laboratorios públicos, citas médicas, extracción de sangre, lavandería, limpieza, informática, mantenimiento, almacenaje, vacunas, etc.

• 2018-2023.- Se disparan las listas de espera hasta cifras récord, lo que les ha permitido justificar el brutal incremento de los conciertos privados (art. 90 Ley General de Sanidad), mientras se cerraban o reducían servicios en los centros públicos. La crisis del COVID es aprovechada para derivar cientos de millones de euros hacia empresas privadas, abrir “hospitales” innecesarios e infradotados (ZENDAL) cerrar servicios de urgencias, rematar la Atención Primaria y maltratar aún más a los trabajadores.

                Durante el COVID se dejaron morir cientos de miles de ancianos en las residencias privadas, por negarse las autoridades sanitarias responsables a su derivación a Hospitales, en Madrid, concretamente, 7.291 ancianos, por cuyos luctuosos hechos, algunos esperamos que algún día se acabe procesando, por presunto homicidio, a Isabel Díaz Ayuso.

                En cuanto a la lucha que debemos llevar, los “Ayuso dimisión (o el político que corresponda)”, o “La sanidad no se vende, se defiende” están muy bien, pero se vacían de contenido si nos quedamos solo en los síntomas y el diagnóstico. Hay que actuar sobre las verdaderas causas, es decir, atacar hasta su derogación o sustancial modificación, aquellas leyes estatales y autonómicas que han hecho posible llegar a esta situación, al establecer los instrumentos legales de gestión privada, conciertos y convenios con entidades privadas, que después han sido los sujetos del expolio y de la privatización de la Sanidad Pública.

                Del mismo modo debemos señalar a los responsables (todos los partidos que mantienen esas leyes estatales, que permitieron las privatizaciones). Los partidos y sindicatos que, por activa o por pasiva, han permitido esta situación son parte del problema y no pueden formar parte de la solución, son los mismos que desmantelan las pensiones, pasan página en la masacre de las residencias, mantienen la ley Mordaza, no derogan las reformas laborales de 2010 y 2012 y siguen sin garantizar el acceso a la vivienda.

                Debemos recuperar la movilización autónoma, al margen de los privatizadores, o nos despojaran de todo.