Desde Tribuna Socialista queremos continuar contribuyendo a la legítima reivindicación de la República. Ya lo hemos dicho en otros escritos e intervenciones; no como una cuestión romántica, ni porque pensemos que el cambio de modelo de Gobierno o de Estado, sea la panacea que todo lo soluciona.
Sin embargo, sólo con echar un vistazo a la situación de los poderes del Estado, es fácil darse cuenta de que el deterioro es más profundo de los que los medios de comunicación al servicio del régimen monárquico actual nos cuentan cada día.
El poder judicial está en racha, 2018 ha sido el año de los despropósitos y de la puesta al descubierto de la realidad de este poder del Estado, del que se puede decir cualquier cosa excepto que es independiente.
Cuando hablamos del poder judicial, no nos referimos en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ni al Tribunal Supremo (TS), a la Audiencia Nacional (AN) – hay que recordar que fue creada en enero de 1977, dos años antes que la proclamación de la Constitución de diciembre de 1978, por ende es una instancia judicial pre constitucional-, la Abogacía del Estado o a la Fiscalía. Nos referimos al deterioro de la justicia en su conjunto, del desprestigio supino de este pilar del Estado.
Por citar algunos hitos: es el caso de Carlos Divar, acusado por sus propios compañeros del CGPJ, pero no condenado, por malversación y estafa, al utilizar fondos públicos para darse la gran vida. Un parásito, que comenzó su carrea judicial en 1969. Tomó buena nota del “modus vivendi” de aquella etapa oscura.
O el caso de Francisco Pérez de los Cobos, afiliado al PP, al corriente de pago mientras era magistrado, fue nombrado Presidente del Tribunal Constitucional; una vulneración flagrante del Artº 127 de la Constitución que este individuo decía defender. Hijo de Antonio Pérez de los Cobos, falangista de toda la vida y candidato por Murcia, en las listas de Fuerza Nueva.
Qué decir de Carlos Lesmes, hoy todavía Presidente del TS y del CGPJ, que ejerció de Director General de Relaciones con la Justicia en el periodo 2000-2004, nombrado por el Gobierno Aznar.
El problema puede parecer sutil, subjetivo, pero es obligado contextualizar a este tipo de personajes, que forman el grueso de la judicatura actual, que están relacionados por su pertenencia a la clase social dominante en la etapa del franquismo de la cual hoy continúa extrayéndose la gran mayoría de los jueces y fiscales.
Posiblemente sería más sencillo explicar que la filosofía del Tribunal de Orden Público (TOP), pervive en los altos tribunales de justicia. Alguien puede decir que lo anterior es exagerado, pero qué diferencia sustancial existe entre la sentencia a 10 años de cárcel a Timoteo Buendía, por “cagarse en Franco”, en 1963, primera sentencia del TOP; y el encausamiento del actor Willy Toledo; por “cagarse en Dios”. O con el secuestro del libro “Fariña”; por poner negro sobre blanco la relación de Alianza Popular (hoy PP) con el narcotráfico gallego. O con la detención y encausamiento de los titiriteros de El Retiro, por introducir en sus diálogos una frase en vasco. El TOP perseguía la asociación ilícita a partidos y sindicatos, como hoy jueces y fiscales persiguen a trabajadores por hacer huelga y participar en piquetes, apoyándose en el Artº 315.3 del Código Penal.
Para entender el paralelismo entre el pasado y el presente, hay que recordar que diez de los dieciséis primeros miembros del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional provenían del TOP. Pongamos por ejemplo a José Hijas Palacios, quien presidió el TOP y se jubiló en el Tribunal Supremo en 1984.
Por si alguien tenía todo esto olvidado, el señor Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, nos ha recordado este pasado mes de noviembre que “los jueces están controlados por los partidos políticos”, en particular por el suyo; el Partido más corrupto de la historia de España, que se ha estado esquivando la acción de la justicia, con policías de la “vieja guardia”, como Villarejo, triturando a jueces como al Sr. Baltasar Garzón, o destruyendo pruebas, como el nuevo caso que estamos conociendo de robo de documentos en el domicilio particular del condenado por corrupción Sr. Bárcenas, o la burda destrucción de discos duros; avisados de la llegada de la policía.
Todo lo anterior podría sonar a anécdotas; si se tratasen como hechos aislados. Pero aun pudiendo profundizar más en lo concreto, nos parece suficiente para establecer en su conjunto que el poder Judicial, como otras instituciones del Estado español, están fuertemente vinculadas al pasado más oscuro de este país, tanto por las personas y sus contextos sociales, como por la filosofía filofranquista en la que se formaron.
Esta descripción nos ayuda a entender sentencias como la de la manada, en la que “casi se sentencia más a la víctima” que a los agresores. Nos ayuda a comprender el escandaloso episodio de estos meses pasados, cuando el Tribunal Supremo se ha desdicho así mismo, en favor de la banca. Nos permite entender la actitud del fiscal en el caso Noos, ejerciendo más de abogado defensor de la señora Cristina de Borbón que de fiscal. Y nos facilita entender el último escándalo de la justicia, uno más de tantos, con el sobreseimiento del “Caso Pasarelas” contra el Sr. Pedro Antonio Sánchez, ex Presidente de Murcia (PP), aun siendo evidente su acción prevaricadora y corrupta.
Estos son los tribunales de justicia en los que se tienen que resolver situaciones tan graves para la convivencia, como el conflicto en Cataluña. Las editoriales de Tribuna números 96 y 97 abordan los antecedentes y hechos por los que el nacionalismo
españolista y el catalanista nos ha traído hasta aquí; conflicto en el que sin duda, uno de los elementos de distorsión ha sido la judicialización de las desavenencias políticas.
Los tribunales de justicia están utilizando la justicia, en connivencia con el PP, abusando de la prisión preventiva. Han generado una situación de confusión, además de una vulneración de la libertad de pensamiento ideológico y de expresión. Son cientos los juristas que han expresado y argumentado razones para dejar en libertad a los políticos catalanes que reivindican el derecho a decidir del pueblo catalán. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, no pueden continuar obstruyendo y bloqueando una solución política, por la acción de una opción ideológica, la derecha más retrógrada: el PP.
Los antecedentes, como los hechos que estamos viviendo, son motivos suficientes para avalar la necesidad de una reforma profundar de la Justicia en España; comenzando por sus anclajes en la Constitución.
No se trata de un debate técnico constitucionalista. Es un debate político. Ni se trata tampoco de una reforma constitucional en este o aquel artículo, para resolver los problemas de esta o aquella institución. La necesidad de reforma de la Constitución del 78 es muy profunda y afecta a su conjunto. Por ello tomamos posición para una nueva Constitución republicana, que nos desligue de los lazos que se mantienen con el pasado.
Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista
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