Mes: noviembre 2023

La Amnistía del procés: una necesidad histórica

La Amnistía del procés es el resultado de unos pactos nacidos de una correlación de fuerzas favorables a los avances democráticos, por tanto, contrario al statu quo de la Transición; de ahí la férrea negativa de las derechas reaccionarias a aceptar la Amnistía, pues ello equivale a reconocer el carácter plurinacional de nuestro país y, por tanto, asumir la necesidad de avanzar en la democratización del Estado.

Puede parecer una exageración afirmar que yo observo la actual dinámica política como una pugna entre dictadura y democracia, pero no es así.

Veamos.

Como resultado de una Transición intervenida por el aparato franquista, muchas de las estructuras de poder del viejo régimen perviven hasta nuestros días; son el mismo perro con distinto collar. Siguen, pues, haciendo suyo el viejo dogma de la unidad indisoluble del Reino de España, por oposición a una República federal o confederal, moderna y avanzada.

Las citadas derechas tratan de imponer manu militari un fantasmagórico estado de derecho, incoherente y contradictorio, producto de los déficits democráticos de la Transición y, por tanto, origen de graves disfunciones, irresolubles bajo el régimen del 78.

Ello resulta evidente; no solo por la extremada agitación reaccionaria, que perturba el buen funcionamiento de ciertas instituciones, y las degrada, sino también por la actitud inamistosa y ceñuda del rey Felipe VI durante la jura del presidente Pedro Sánchez.

El corsé de hierro impuesto por la monarquía está herrumbroso, y sus remaches comienzan a saltar ante el empuje y las ansias de libertad de las viejas naciones sin Estado; es decir, de Catalunya, Euskadi y Galicia.

De entre las ruinas del aparato franquista, emerge un nuevo ciclo democratizador. Su éxito está condicionado a una sólida alianza entre las fuerzas plurinacionales que sustentan al Gobierno de coalición.

De la inteligencia estratégica de las citadas fuerzas, coaligadas de hecho, dependerá que la dialéctica entre dictadura y democracia no derive en grave involución.

Tengo la firme convicción de que sabrán avanzar con valor y perseverancia, codo con codo, formando un amplio frente democrático, pese a los vientos contrarios que soplan ya con fuerza. No queda otro camino.

Aviso a navegantes

Argentina, Milei y la herencia peronista: Inflación superior al 142 % con el 40 % de pobreza extrema y reservas en mínimos. La debacle de la izquierda en las elecciones argentinas llevará a más precariedad, hambre, desprotección y desesperación, abonando así el terreno a soluciones autoritarias aún peores.

Manuel Ruiz Robles,
Capitán de Navío de la Armada (R), antiguo militante de la UMD, portavoz del colectivo de militares demócratas “Anemoi”.
Madrid, 20 de noviembre de 2023

Ante la nueva oleada de declaraciones sediciosas de altos mandos militares, aparecidas en los medios digitales y cadenas de TV en horas de gran audiencia, creando alarma social, manifestamos nuestras más rotunda condena.

La primera oleada ha consistido en un manifiesto, publicado por la franquista Asociación de Militares Españoles (AME), sin firmar, en el que un grupo de militares retirados (según nuestras fuentes, 7 generales, 23 coroneles, 4 tenientes coroneles, 7 comandantes y 9 capitanes) piden a las Fuerzas Armadas que destituyan al Presidente del Gobierno de España y se convoquen nuevas elecciones.

La segunda oleada, se refiere a declaraciones, publicadas por el diario “El Mundo”, de altos mandos de las Fuerzas Armadas en activo, que

podrían haber incurrido en un presunto delito de sedición militar, castigado por el Código Penal Militar con penas muy severas.

El retorno, de tales intimidaciones militares de extrema derecha, es a nuestro juicio, responsabilidad, cuando menos, del silencio cómplice del Rey, de la inacción del PSOE y de la actuación presuntamente prevaricadora de su Ministra de Defensa, que protege a los “fuertes” y hace callar a los “débiles”; como lo ha hecho en los casos del Teniente Segura, expulsado por denunciar valientemente la corrupción interna, del Cabo Santos, expulsado por su ideología democrática y la Artillera Valdearcos, vilmente acosada, calumniada y expulsada.

18 de noviembre de 2023

Las legítimas reivindicaciones de la clase trabajadora

Al igual que otras reivindicaciones, como son el derecho a huelga y a la no criminalización del conflicto obrero, la derogación de la Ley Mordaza, la derogación de las reformas laborares 2010 y 2012, que están en el sentir de la mayoría de la clase trabajadora, y que son de gran importancia para seguir avanzando en derechos y mejoras en las condiciones de vida, está la lucha por recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en sus empresas y centros de trabajo, dicho de otro modo: el derecho a no renunciar a la recuperación del salario perdido.

Un problema que parecía haberse solucionado con el acuerdo que alcanzaron las patronales y los sindicatos para la negociación colectiva; que traería la paz social, tal y como decía el presidente de la patronal, el Sr. Garamendi, y que se consideraba por los dirigentes de nuestros sindicatos como un gran paso, ha resultado, y así se está manifestando, insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. La ola inflacionaria que deriva de la especulación en el incremento de los precios que provocan las decisiones, poco democráticas, del sector financiero, el sector de distribución de alimentos, etc., es una de las formas por las que las rentas de los trabajadores son saqueadas.

En el centro de trabajo, donde soy miembro del comité de empresa por UGT, venimos desde al menos un año poniendo todo nuestro esfuerzo y trabajo en informar a los trabajadores de la realidad económica que venimos sufriendo, explicando que no podríamos aceptar acuerdos que no aseguren el poder de compra. Los comunicados y las asambleas que el comité realizó sirvieron para que los trabajadores adquiriesen conciencia ante esta grave situación, y así lo demostraron cuando nos comunicaron las condiciones que los negociadores del convenio sectorial habían alcanzado. Los trabajadores se expresaron en las asambleas que el comité realizó para explicar el contenido del preacuerdo, de manera unánime, disconformes, ya que el mismo, que sí garantizaba el poder de compra de los próximos 3 años, no hacía referencia alguna sobre la pérdida salarial acumulada del 9,45% que los trabajadores de STEF-Madrid tuvieron en los años 2021 y 2022.

El convenio sectorial de Logística, Paquetería, y Actividades Anexas al Transporte de Mercancías de la Comunidad de Madrid fue aprobado por la mayoría de los delegados de UGT que acudieron a la convocatoria para la asamblea. Esto no impide, ni mucho menos, renunciar a la recuperación del poder de compra perdido. Para ello, es necesario seguir trabajando por la unidad entre el comité de empresa y los trabajadores, ya que no se puede emprender ninguna lucha al margen de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Y los trabajadores y trabajadoras no pueden pensar que con votar en las elecciones sindicales cada cuatro años es suficiente, como en la sociedad misma, vemos que es necesario implicarse y movilizarse en la defensa de los derechos y en la justa reivindicación que garantice unas condiciones de vida y trabajo dignas.

La lucha por la recuperación salarial que pueda evitar el continuo empobrecimiento de los trabajadores, es la única alternativa a la que la clase trabajadora puede optar, para que el saqueo al que nos tienen expuestos mediante la especulación de los precios, no impida que nuestras necesidades básicas y la de nuestras familias queden sin cubrir e imposibilitadas.

Ante la grave situación inflacionaria y los bajos salarios, los compañeros de STEF en Francia, en la localidad de Vitry -sur-seine, iniciaron el pasado 13 de noviembre, con el apoyo del sindicato de la CGT francesa, una huelga para conseguir un aumento de 100 euros más al mes. Después de prorrogar la huelga hasta su tercer día, la empresa accedió a reestablecer las negociaciones debido al apoyo que fue teniendo la huelga con el paso de las horas. Durante las negociaciones, el 25% de los trabajadores de la empresa decidió unirse a las movilizaciones.

La determinación de los trabajadores a mantener el conflicto obligó a la empresa a acelerar los encuentros para responder a las reivindicaciones por el aumento de los 100 euros. Al final, los trabajadores consiguieron: el aumento de 30 euros brutos mensuales de salario, la revalorización de la prima por exposición al frio durante el trabajo con 20 euros netos suplementarios, más una prima de 100 euros durante los meses de noviembre y diciembre para sufragar los días de huelga. El 16 de noviembre los trabajadores, una vez finalizada la huelga, vuelven a su actividad diaria con la cabeza bien alta, tras haber obtenido avances concretos en su remuneración. Los trabajadores han demostrado que con unidad se pueden conseguir las reivindicaciones. Sin embargo, “aún queda mucho camino que recorrer“, reconocen los trabajadores de la Vitry, sabiendo que la crisis inflacionista donde los capitalista no dudarán en imponer cualquier otra medida de regresión social, para recuperar las concesiones dadas.

La situación que ha llevado a los compañeros franceses a mantener el conflicto y sus reivindicaciones hasta el final, son las mismas por las que estamos luchando actualmente en STEF-MADRID: salarios que no llegan para hacer frente a cubrir las necesidades básicas para los trabajadores y sus familias, cubrir los pagos de hipotecas y alquileres, consumo de energías y combustibles, una alimentación sana y equilibrada. Necesidades que, con los salarios que percibimos, minorados por la subida de los precios, no son suficientes incluso solicitando prorratas de pagas y anticipos a la empresa.

“A VECES LAS HUELGAS HAY QUE HACERLAS POR DIGNIDAD”

Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez
Sindicalista de la UGT en Stef-Madrid

CARTA ABIERTA A IDA

Sra. Ayuso:

No sé la trayectoria sindical de la nueva Ministra de Sanidad, cualidad que usted le atribuye despectiva y peyorativamente.

Le aseguro, por experiencia, que ser sindicalista es un honor y un orgullo. Algo que usted nunca podrá sentir tras haber negado la atención hospitalaria a miles de ancianos y ancianas, en 2020, con el resultado de 7.291 fallecidos, en las residencias de Madrid ¿Qué dice a este respecto la Fe que usted profesa?

Como tampoco hay honor ni ética en facilitar pelotazos económicos a los hermanos, aprovechando una pandemia y la necesidad de mascarillas en la sociedad. Lástima que usted y los suyos estén tan preocupados por la ley de amnistía, en lugar de exigir una ley que prohíba la actividad de los parásitos comisionistas a quienes defienden con tanto fervor. El comisionismo sí que rompe España; fíjese si es dañino que ha roto incluso la familia Borbón.

Nadie puede sentirse orgullosa de racanearle las ayudas y becas de comedor a niños y niñas necesitadas, mientras subvenciona el servicio doméstico a los pudientes.

No hay honor alguno en destinar dinero público para subvencionar el negocio privado de la Sanidad y la Educación, en tanto que los sistemas públicos se deterioran por falta de profesionales; por ponerle un ejemplo, es sangrante el déficit de pediatras en la Comunidad que usted preside.

Por tanto, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, se equivoca si pretende faltar al respecto a sus enemigas políticas llamándolas sindicalistas.

Deje usted de ser tan irrespetuosa y mal educada y pida ayuda para que la enseñen a poner límites antes de hablar y/o actuar. Educación que, a la vista está, sus padres no fueron capaces de darle.

Anímese, pida ayuda, nunca es tarde. Entre tanto, deje de insultar a la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Roberto Tornamira.
Ex Secretario General
de la Federación de Servicios de la
UGT en Madrid.

Alto al genocidio del pueblo palestino

La lucha y resistencia de los palestinos a ser expulsados de su tierra se expresa desde principios del siglo pasado donde la población, musulmana y cristiana, que era el 90% de la población Palestina rechazó la “Declaración Balfour” que el gobierno británico por medio de su ministro de asuntos exteriores, Arthur Balfour, hizo cediendo a las presiones del sionismo. Más tarde, en 1947 la ONU bajo presión de los EEUU, deciden la partición de Palestina el 29 de noviembre de 1947, se abre un enfrentamiento entre árabes y sionistas que empieza el 30 noviembre, es decir, al día siguiente de la partición de Palestina, el estado sionista expulsó a los árabes de más de 750 ciudades, pueblos y aldeas de Palestina y ocupó la mayor parte de Palestina dejando fuera del territorio ocupado por los judíos, solo a Cisjordania y a Gaza, 20% del territorio palestino, se calcula que más de un millón de palestinos fueron expulsados de sus tierras sin que nunca se les permitiera volver a ellas.

Desde el fatídico 7 de octubre miles de bombas han caído sobre la población de Gaza causando más de 14000 muertos hasta la fecha, un auténtico genocidio televisado, que no sería posible sin el apoyo del Imperialismo de EEUU, y la complicidad de los gobiernos de la UE, las tibias críticas o reproches que estos gobiernos hacen de la actuación del ejército israelí los hace culpables de la gran atrocidad que se está cometiendo, no es una guerra es un genocidio.

Cientos de miles de manifestantes recorren las calles de las principales ciudades del mundo, desde Londres a Berlín, Neuyork, El Quebec, Madrid o Paris y es que los trabajadores, los demócratas del mundo entero, saben que el pueblo palestino es símbolo de resistencia en defensa de la democracia, de la resistencia de un pueblo a vivir en su propia tierra en paz y libertad, es la lucha contra el imperialismo, aliado del sionismo que no se conforma ya con el genocidio si no que quiere el exterminio de la población Palestina. Es por eso que el Gobierno sionista de Netanyahu no admite criticas ni atiende discrepancias, exige apoyo incondicional, presiona a los gobiernos de occidente para que prohíban manifestaciones, huelgas o protestas de apoyo a los palestinos y se ha sentado a negociar una tregua por exigencia de los familiares de los secuestrados y cada vez más judíos en el mundo que no se ven representados por el sionismo.

Bienvenido sea el pequeño respiro del alto el fuego, pero no es suficiente, los que defendemos la democracia debemos exigir el alto el fuego indefinido, la apertura total de las fronteras, asistencia de médicos, personal sanitario y medicamentos, alimentos, suministro de agua, luz y todo lo necesario para salvar la vida de la población indefensa, es obligación de nuestro Gobierno situarse con la población palestina y exigir al resto de gobiernos occidentales que hagan lo mismo.

José Antonio Iniesta

Proxímas Manifestaciones Palestina

El pasado 22 de noviembre, 70 colectivos y organizaciones obreras y democrática se han reunido en Madrid.

  • para organizar una concentración el día 29, jornada internacional de luto por la partición de Palestina por la ONU. Proponen que se celebre en la Puerta del Sol a las 19,30. Con el lema: “no a la partición”, “Palestina única del río al mar”.
  • para organizar una gran manifestación el sábado día 2 por la mañana, que podría ser de Atocha-Cibeles-Plaza de España. Centralmente dirigido a resaltar la responsabilidad del Gobierno y exigir al Gobierno la ruptura de España con Israel.

Castigo para Netanyahu y todos sus cómplices

Marea de Residencias: 26 de noviembre 2023 -Manifestación Cibeles – Sol (11:30h)

Sobre Marea de Residencias

En el verano de 2019, tras años de lucha por separado, con la constatación de las precarias circunstancias que rodeaban el modelo de residencias en todo el estado español, surge la idea de crear una Marea de Residencias con el propósito de unir fuerzas para conseguir unas condiciones de vida dignas en las residencias. Desde el momento de su constitución en Asamblea, nos regimos por unos principios básicos que nos definen como movimiento:

  • Aglutinante, no excluyente: todas las personas o agrupaciones que sumen serán bien recibidas dentro de la Marea, siempre que compartan el objetivo que nos impulsa.
  • Respetuosa: se mostrará siempre el debido respeto hacia el resto de los miembros que integren este movimiento. Promoviendo activamente la conciliación y no incentivando debates o polémicas innecesarias que no sean constructivas.
  • Apartidista: como grupo, al margen de las tendencias e ideologías personales de sus integrantes, no nos representa ningún partido.
  • Política: entendiendo como política las acciones o leyes que parten de las instituciones y que afectan directamente las condiciones de vida en las residencias. Nuestro objetivo es conseguir que se apliquen políticas apropiadas a los intereses de las personas residentes, titulares del derecho, y al personal que trabaja en las residencias y no de las empresas que las gestionan.
  • Asamblearia: las decisiones se toman en asamblea, por consenso o por mayoría.
  • Reivindicaciones principales…
    • Todos los ciudadanos en situación de dependencia o necesidad, tenemos derecho a una plaza residencial pública de financiación total.
    • El modelo residencial debe ser una elección, no una imposición del sistema por falta de alternativas.
    • Debe haber un parque suficiente de residencias públicas de gestión directa con unos estándares de calidad, basadas en la “atención centrada en la persona”. NO nos posicionamos en contra de las residencias 100% privadas, siempre que no se financien con dinero público.
    • La Administración ha de garantizar los derechos fundamentales de las personas, salvaguardando su intimidad, dignidad y teniendo en cuenta sus gustos y preferencias.
    • Lxs trabajadorxs de las residencias han de tener unas condiciones laborales dignas, una remuneración adecuada al servicio que prestan a la sociedad.
    • La dotación de personal ha de ser suficientemente amplia por categoría y turno, para que los tiempos de dedicación a cada residente garanticen la excelencia en la atención y los cuidados. (Desde Marea de Residencias NO hablaremos nunca de «ratios«, sino de «dotación de personal» presencial en cada turno).
    • Expresamos nuestro absoluto rechazo a las políticas privatizadoras que se han venido aplicando hasta ahora en materia de residencias.
    • Exigimos al Gobierno del Estado un marco legal estatal, una LEY DE RESIDENCIAS que garantice los derechos y la dignidad de las personas en las residencias.

Antes de la Pandemia

El 23 de noviembre de 2019, se convocó una gran manifestación en Madrid, a la que acudieron colectivos de familiares y trabajadoras de otras CCAA. En la Puerta del Sol leímos nuestro manifiesto que comenzaba así:

“Estamos aquí para denunciar la precarización absoluta que sufre el sistema de Residencias en todo el Estado. Debido principalmente a la inacción o acción interesada de los distintos estamentos RESPONSABLES, que han cedido la gestión de un DERECHO FUNDAMENTAL, la DIGNIDAD, a los Depredadores de lo Público. Causa directa de un trato infame a los Residentes y la precariedad laboral y asistencial de un sector mayoritariamente feminizado. Desviando el sistema que debiera ser de Respeto y Cuidados, hacia un sistema focalizado en la extracción de beneficios.”

Como ejemplo, algunos titulares que solían aparecer demasiado a menudo en prensa o televisión, pero que suelen abordarse como si fueran casos puntuales aunque nunca lo son.

LLEGÓ LA PANDEMIA A LAS RESIDENCIAS

Marea de Residencias se organizó para celebrar asambleas telemáticas. No paraban de llegar denuncias de familias que no obtenían información de lo que estaba pasando dentro de las residencias ni de cuál era la situación de su familiar, o de trabajadoras que pedían ayuda para recibir mascarillas y denunciaban una situación absolutamente dantesca.

A finales de marzo decidimos impulsar querellas criminales contra los gestores de las residencias y los gestores de las Administraciones (gobiernos de las CCAA). Para ello abrimos un formulario en la web donde podían hacernos llegar sus testimonios tanto familiares como trabajadores. Llegamos a recibir unos cuatrocientos formularios de familiares y cerca de 50 de trabajadores. El 90% de los formularios que nos llegaron procedían de la Comunidad de Madrid, de ahí el motivo por el que los abogados se centraron en construir la querella con los datos recabados de dicha Autonomía.

Con mucho trabajo y dedicación, se presentaron las primeras 26 querellas en mayo de 2020, dirigidas contra los gestores de cada residencia y contra los Consejeros de Justicia y Sanidad, Enrique López López, Enrique Ruiz Escudero y contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Dos días después cesaron al firmante de los Protocolos famosos, que excluían de la atención en hospitales a todas las personas que vivían en residencias y tenían un grado de dependencia.

No se medicalizaron las residencias, aunque habían anunciado que lo harían. Construyeron el hospital de campaña en IFEMA y no lo usaron para atender a los más vulnerables: los enfermos de las residencias (solo pasaron 23 personas residentes y no estaban graves). Tampoco se utilizaron las camas libres de los hospitales privados que el decreto del estado de alarma ponía al servicio de las CCAA.

Después de tres años y medio, seguimos buscando justicia y no pararemos hasta encontrarla.

¿Qué ocurrió tras las primeras olas de la Pandemia?

En tan solo dos meses, murieron más de 20.000 personas en las residencias españolas, la mortalidad más alta de Europa, solo comparable a Italia. En la Comunidad de Madrid fallecieron cerca de 9.500 personas en esos dos meses y, según cifras oficiales, 7.291 personas fallecieron de forma indigna y cruel dentro de las residencias sin ser derivadas a hospitales y sin recibir ninguna atención sin recibir atención.

A pesar del drama que arrasó en las residencias, las personas que sobrevivieron a ese horror, que perdieron a sus compañeras o compañeros, que sufrieron el peor de los confinamientos en habitaciones de 5 m2, sin televisión, sin móviles, sin entretenimientos, aislados de sus familias, continuaron siendo discriminadas. Se les privó de visitas durante muchos meses. Cuando los demás ya habíamos vuelto a nuestras rutinas, a vivir…a ellas y ellos se les siguió privando de sus derechos, de su vida. No se activó ningún sistema de atención psicológica, ningún tipo de fisioterapia para intentar recuperar la movilidad perdida en tanto tiempo de confinamiento.

La negativa a investigar, a analizar lo que ha ocurrido en las residencias, a estudiar las consecuencias que han tenido determinadas decisiones políticas tomadas en las distintas CCAA, nos lleva irremisiblemente a una repetición del desastre, si en un futuro volviéramos a padecer una crisis similar.

Nos encontramos ante una situación en la que podemos confirmar que a pesar de que la pandemia dejó al descubierto las graves deficiencias del modelo de cuidados, apenas ha servido para cambiar la realidad del sector. Todos los propósitos, iniciativas y proyectos de enmienda y mejora, apenas han calado en las principales instituciones prestadoras de estos servicios. Por tanto, se puede afirmar que la situación, lejos de mejorar, continúa en un proceso de agravamiento en el que los principales afectados son las personas, usuarias y profesionales, que conforman el actual sistema de cuidados a nivel nacional. Todo ello, no hace más que indicarnos el largo camino que tenemos por delante y la necesidad de, ahora sí, comenzar a trabajar en un nuevo modelo de cuidados integral, centrado en la persona, e integrado por todos los agentes que confluyen.

Por todo lo anterior, el día 26 de noviembre a las 11:30h, todas y todos, salimos a la calle, para exigir JUSTICIA, VERDAD y REPARACIÖN.

A partir de ahí, un nuevo modelo es posible.

El capital y la extrema derecha son pareja de baile

Asistimos a una marea alta del extremismo, en defensa de quienes se benefician de un sistema económico depredador. Argentina, Países Bajos…y la derecha española de toda la vida.

Habrá quien piense que qué tienen que ver unas cosas con otras. La respuesta es que les une seguir garantizando que unos pocos viven excelsamente bien, a costa de que muchos se hundan en la pobreza, sobrevivan o simplemente pasen su vida trabajando para pagar: hipotecas, alquileres, gastos educativos, alimentos, etc., pero sin poder garantizar a sus hijos e hijas una vida futura mejor que la que ellos y ellas han tenido, es decir, la inmensa mayoría de la sociedad.

Cuando el presidente electo de Argentina dice que su prioridad es el libre mercado, salvaguardar la propiedad, que le sobran los ministerios de sanidad, de educación, de cultura… está diciendo lo mismo que hace el PP allá donde gobierna: privatizar la sanidad, la educación, las residencias de mayores y todo aquello que a la mayoría le garantiza unas redes de seguridad que el mercado privado no garantiza a quienes viven de su salario.

El señor Milei pregona la “libertad carajo”. La señora Ayuso, es tan simple en su concepto de “libertad” que la reduce a poder salir a tomar cañas. Pero la libertad es algo más complejo, y esa; la verdadera Libertad, es vulnerada constantemente por estos dirigentes políticos. Por ejemplo, a los miles de ancianos y ancianas a los que, en 2020, se les negó su Libertad de ser atendidos en un centro hospitalario; restricción de la Libertad que le costo la vida a 7291 personas en las residencias de Madrid.

La Libertad se restringe cuando los gobernantes privatizan un servicio público. Por ejemplo, el litro de gasolina 95 en Argentina está, en estos momentos, en torno a 0,86 céntimos de euro (hoy en Madrid de la gasolina 95 está, en promedio a 1,68 €). ¿A cuántos argentinos y argentinas se les va a restringir la Libertad de viajar por carretera cuando YPF sea privatizada? Misma restricción que muchas personas sufren en España; eso que conocemos como “pobreza energética”, al tener que restringir las horas de funcionamiento de su calefacción en los meses de frío o el uso de los electrodomésticos, porque no pueden hacer frente al precio de la energía.

Es fácil hablar de “libertad”. Incluso se utiliza este término para que forme parte del nombre de un partido político, como hizo el señor Geert Wilders, al montarse el Partido por la libertad, cuando en 2006 se escindió del Partido Popular por la Libertad y la Democracia.

Al margen del nombre que le pongan al partido, de si son neerlandeses, argentinos, italianos o españoles, todos son minarquistas, neoliberales, conservadores, etc. Todos coinciden en reducir el Estado a la mínima expresión: ejercito, policía, justicia y poco más. De ahí la consigna de criticar al Gobierno por su número de ministerios.

La idiosincrasia del país, la situación concreta en cada lugar y momento, hace que tengan matices, formas de expresar su ideología, pero todos son pareja de baile del capital.

Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nicolás Sakorzy, Victor Orbán…, como los Feijóo, Milei, Meloni o Wilders, todos apelan a la “libertad”, todos han gobernado y/o gobiernan a nombre de la “libertad”, pero, en su concepto, el único libre es el Mercado. La “libertad” de las grandes corporaciones, multinacionales y cárteles de subir los precios de los combustibles, de los alimentos, de la energía o del mismísimo dinero.

El problema es que su “libertad” colisiona frontalmente contra la Libertad de la mayoría de la sociedad. Según Our World in Data, con datos de 2021, el 85% de la población mundial vive con menos de 30 dólares (27,50 €), o sea que es pobre. Y la pérdida de poder adquisitivo, producto de la especulación que utiliza la guerra como excusa, nos hace cada día más pobres a los pobres y empuja a la pobreza a cientos de miles cada día.

Mención aparte merece Benjamín Netanyahu, líder actual del partido conservador israelí, Likud. Este individuo -pues el liberalismo se caracteriza por la defensa del individualismo- gobierna Israel teniendo causas pendientes con la justicia; el fiscal general de aquel país le acusó, en 2021, de corrupción en tres causas: soborno, fraude y abuso de confianza. En el ejercicio de su “libertad”, pretende reformar el sistema judicial de Israel; una reforma que atenta contra la capacidad de supervisión del Tribunal Supremo. Según Amnistía Internacional: “tiene consecuencias alarmantes para los derechos humanos, especialmente para la población palestina, así como para otros grupos marginados de Israel.” Entre otras cosas, quiere Netanyahu, otorgar al gobierno de Israel poder absoluto sobre el nombramiento de jueces y fiscales

Lo que el sionista genocida israelí quiere hacer se parece mucho a lo que, en los hechos, viene haciendo en el Estado español el Partido Popular (PP) con el secuestro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fue renovado a finales de 2013 y no se ha vuelto a renovar. Es decir, que uno de los tres poderes del Estado lleva 10 años sin ser renovado, 5 años con el mandato caducado. Esta aberración democrática es posible al ejercicio del la “libertad” del PP para boicotear la democracia que dice defender.

Por tanto, Libertad sí, pero para qué.

En democracia, solo cabe responder afirmativamente a la pregunta cuando la Libertad para, entre otras muchas cosas, poder expresarse, manifestarse, opinar… libertades que se ven comprometidas por leyes, como la “Ley Mordaza” (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana). Una ley que legisló la mayoría absoluta del PP, no para “proteger la seguridad ciudadana”, sino para todo lo contrario, para frenar y amedrantar a la ciudadanía que protestaba legítimamente contra las políticas económicas del Gobierno del conservador Rajoy. Una Ley que habría que derogar, pues cuestiona el derecho de libertad de expresión y manifestación, cuando, por ejemplo, “autoriza a realizar un cacheo a la fuerza, es decir, aunque el afectado haya manifestado su voluntad en contrario; pero se tendrá que causar el menor perjuicio posible a la intimidad y dignidad de su persona.” (Chabaneix, Abogados Penalistas).

El extremismo español se ha lanzado a las calles agitando la bandera, acude a las instituciones europeas, ha puesto en marcha todos sus “resortes” en la Justicia, en las fuerzas de seguridad del Estado (sindicatos policiales y colectivos de militares en la reserva), el clero y la patronal. Vamos, los de siempre. Dicen que para salvar a España y que no se rompa.

Cuidado con los libertadores, ojo con los salva patrias. Al final siempre terminan guardando silencio cuando los comisionistas saquean las arcas del Estado o se benefician de su cargo para enriquecerse, incluso los justifican. Son los mismos que trasvasan ingentes cantidades de dinero público al libre mercado, como hizo el Gobierno del caso “Kitchen” cuando le dio 100.000 millones a la banca y no les ha reclamado la deuda. Eso sí que rompe a un país. Pero es una música con la que al capital en encanta bailar.

El Comité de Redacción

La sociedad tiene derecho a no quedarse anclada

A los políticos se les debería recordar por lo que hacen y no por lo que dicen. En este país, ha habido gobiernos que han tomado decisiones dignas de recordar por su determinación, incluso contra la opinión de los “suyos”.

Es de justicia mencionar a Adolfo Suarez, cuando en abril de 1977 legalizó al Partido Comunista de España (PCE), máxime viendo de donde venía Suarez: desde 1958 formó parte de la Secretaría General del Movimiento Nacional, entre otros altos cargos en la etapa franquista.

Cómo no reconocer la Ley General de Sanidad de 1986, conocida como “Ley de Sanidad Universal”, sacada adelante por el primer Gobierno de Felipe González. Ley fraguada por el Ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch (asesinado por ETA el 21 de noviembre de 2000). Una ley rechazada ferozmente por Alianza Popular, hoy PP.

Del primer Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero hay que resaltar la valentía en el proceso de negociación con ETA, de 2005 a 2007, a pesar de las posiciones refractarias que encontró fuera y dentro del PSOE. Así como la firmeza que demostró cuando dio la orden de retirar las tropas de Irak, en 2004, no subordinándose a la Administración Bush.

Claro que estos presidentes y sus gobiernos cometieron errores y tomaron decisiones impopulares, pero hay que hacer balance de los hechos concretos: ¿no es el Estado español más plural con libertad de partidos?, ¿no hemos alcanzado altas cotas de calidad sanitaria? -a pesar de que la Sanidad Pública sufre un franco deterioro- ¿no es mejor la discrepancia de algunos de los posicionamientos de la izquierda abertzale que los atentados?

Contra estas y otras medidas del gobierno de turno se han organizado manifestaciones, se ha votado en contra en el Congreso y el Senado y se ha despotricado en los medios por parte de la derecha.

Hoy vemos lo mismo, con un actor que antes no estaba o no estaba emancipado del PP: la extrema derecha: VOX, nace en diciembre de 2013 de la mano de Abascal al que se suma formalmente, un mes después, Vidal Cuadras -presidente del PP de Cataluña de 1991 a 1996-.

El común denominador del rechazo ideológico contra las medidas de progreso, ha sido el “Se rompe España”. Lo que nunca terminan de decir es qué España es la que se rompe: ¿la que muere o la que bosteza? (Antonio Machado); ¿la de los comisionistas?; ¿la de los millonarios cuyas fortunas no paran de crecer?: ¿la que sale a la calle a exigir el Alto el fuego en Palestina o la que otorga medallas de “honor” al genocida?…

El PP defiende a su España, y lo hace con muy poca vergüenza. Es el mismo partido que en 1996, Aznar, quien hoy alienta al tumulto callejero “quien pueda hacer que haga”, pactó un acuerdo de legislatura con la CIU del corrupto Pujol. Juns, heredero de CIU, es el mismo Partido del que, en el mes de agosto pasado, Feijóo decía que “es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”, claro que en esos momentos optaba a que le prestasen sus votos para su investidura.

Como socialistas, no estamos de acuerdo con los nacionalismos. Pero no con unos sí y con otros no o ahora sí y ahora no, con ninguno y siempre; con el nacionalismo español tampoco. La derecha de siempre confunde España con sus intereses, como lo hacen el nacionalismo vasco y el catalán, como lo han hecho siempre las minorías sociales privilegiadas (la clase burguesa) frente a las mayorías sociales que solo cuentan con el esfuerzo de su trabajo para vivir (la clase trabajadora).

Ya veremos, con el paso del tiempo, el desarrollo de la Ley de Amnistía y de esta legislatura que se acerca, pero desde ya valoramos muy en positivo la determinación de Pedro Sánchez en alcanzar un acuerdo con todos los partidos antifranquistas, sean de izquierdas o de derechas, como es el caso de PNV y Juns.

Ojalá que esta actitud se mantenga en el gobierno que se forme en las próximas fechas, pues de la legislatura que termina quedan muchas cuestiones por resolver. Cuestiones sentidas y reivindicadas por la mayoría social que apoyó a la izquierda en las elecciones del 23 de julio: derogación de todos los aspectos lesivos para los trabajadores y trabajadoras, introducidos por las reformas laborales de 2010 y 2012; derogación de la “Ley Mordaza”, impuesta por la mayoría absoluta del PP para reprimir la respuesta de la mayoría social a sus políticas sociales y económicas; encargo de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, como mandata la Ley 21/2021; implicarse en la coordinación y solución del deterioro y destrucción de la Sanidad Pública, producto de la desinversión y privatización de la Sanidad; legislación estatal de las Residencias de mayores… Esperamos que todos estos asuntos, y otros no enumerados, sean abordados por el nuevo gobierno.

De la misma manera, y en línea con la determinación mostrada en estos momentos, esperamos una reorientación de la política del Gobierno respecto a los conflictos bélicos.

Resulta insoportable que llevemos un mes de bombardeos y exterminio de la población civil de la Franja de Gaza, por parte del ejército de Netanyahu, y que, desde los gobiernos de la UE, incluido el nuestro, solo escuchemos “prudentes” palabras de parar la mal llamada guerra -en este conflicto solo hay un ejército, el israelí- y una propuesta de Conferencia de paz para dentro de 6 meses.

Este sometimiento a la posición de la Administración Biden está en línea con la exigencia permanente de la OTAN de incremento de gasto para la guerra en Ucrania; una manera directa de alimentar la guerra, sin que esto signifique compartir la invasión del Este de Ucrania por parte de las tropas de Putin -Vease el Manifiesto internacional contra la Guerra que ha sido publicado en diversas ocasiones en las páginas de Tribuna Socialista-. Una guerra que está desangrando a la juventud ucraniana y también a la rusa. Y de paso está empobreciendo a los pueblos de Europa y arrasando con derechos y servicios públicos.

De la misma manera, es insoportable la posición xenófoba y racista de la derecha contra la llegada de inmigrantes, los que llegan, y que nadie señale la situación neocolonial que el Estado francés, mantiene en los países de Sahel.

Sabemos que avanzar no es fácil, requiere esfuerzo. Lo comodón, sobre todo para quienes viven confortablemente, es quedarse como estamos. Pero la sociedad, su mayoría, tiene derecho a no quedar anclada.

Los hechos vividos en estos meses, en relación con el proceso para reeditar un gobierno de progreso, nos enseñan, una vez más en la historia, que lo que permite avanzar es la voluntad política de llevar a cabo decisiones en favor de los intereses de la mayoría: es el mejor antídoto contra el fascismo.

El Comité de Redacción

IZQUIERDA SOCIALISTA–PSOE ante proceso gobierno de España PSOE-SUMAR

Consulta a la militancia sobre el acuerdo con SUMAR y las negociaciones con el resto de partidos.

El pasado fin de semana, Pedro Sánchez intervino en el máximo órgano entre congresos del PSOE, el comité federal, para hacer una defensa del pacto al que se ha llegado con SUMAR, y también para defender, sin tapujos, la amnistía de los delitos del procés que permitirían, supuestamente, alcanzar el número necesario de apoyos para conseguir la investidura como presidente del gobierno. Inmediatamente, se convocaba a los militantes de las distintas formaciones políticas federadas en el PSOE a una consulta popular para expresar el apoyo o rechazo de la militancia a estos acuerdos y negociaciones.

Como primer secretario de la agrupación socialista del Vendrell he defendido la amnistía y la necesidad de llegar a acuerdos con todas las fuerzas antifranquistas, desde el primer momento. Las negociaciones con todos los grupos excepto PP y VOX porque es necesario una reedición del gobierno de progreso que permita consolidar los avances de los últimos años, y sobre todo, porque es necesario profundizar en esos avances, que aunque avances no han sido tampoco para tirar cohetes.

Es necesario un gobierno de progreso que permita el acceso a una vivienda digna, para fortalecer la calidad del empleo, para asegurar una educación pública y de calidad en todas las fases del proceso educativo, para revertir la privatización de la sanidad y asegurar una sanidad pública y de calidad, para que haya más becas, para recuperar el poder adquisitivo de los salarios frente a los beneficios de las multinacionales, la banca, y el poder economico-financiero, para abolir la ley mordaza, para asegurar las pensiones presentes y futuras y para impulsar un nuevo marco institucional de relación entre los distintos pueblos de España, que bajo mi punto de vista pasa por un federalismo republicano.

Así lo he defendido también en el consejo de federación de Tarragona, debatiendo con algunos compañeros y compañeras que mostraban sus reticencias a pactar con Puigdemon y escépticos de que cualquier pacto con Junts sirva para normalizar la vida política en Catalunya.

Sea como fuere, el apoyo a la consulta debería arrojar un resultado afirmativo, de apoyo a las negociaciones, porque de otra manera, nos veremos abocados a unas nuevas elecciones con incierto resultado, que podrían dar alas a los que apuestan por la gran coalición PP-PSOE en el estado.

Como decía Salvador Illa en campaña, hemos de pasar página, y pasar página significa también reconducir y normalizar la política en Catalunya con los actores que el pueblo catalán ha elegido. Pasar página significa que hemos de poner encima de la mesa los argumentos y necesidades expresadas por

la gente. Sin miedo a que se rompa nada, porque nada se ha de romper. De hecho, rompe más España que se amnistíe fiscalmente a los que defraudan impidiendo la financiación correcta de la sanidad y de nuestras pensiones, que cualquier referendum por muy ilegal que se pretenda.

No soy partidario ni de Puigdemont ni del independentismo nacionalista, tampoco lo soy del centralismo aferrado a una «grande y libre». Soy partidario de los acuerdos para el progreso colectivo y de la consolidación y el avance efectivo en los derechos y en las reivindicaciones de la clase trabajadora de este país plurinacional llamado España. Creo que eso es lo que nos define como socialistas, o como mínimo, uno de los factores que nos hace sentirnos y definirnos como socialistas, y es por ello, que creo que debemos defender la amnistía y los acuerdos de progreso, sin tapujos y sin miedo al precio electoral que pueda suponer (algo que ya hemos comprobado con los indultos, por otra parte).

Ahora bien, mi defensa de los acuerdos y las negociaciones no me impiden ser constructivamene crítico con los acuerdos alcanzados que me parecen sumamente timoratos, ya que no incluímos en los mismos la laicidad (recordemos que los acuerdos con la iglesia se llevan miles de millones de euros que podrían ser dedicados a políticas educativas, sanitarias y sociales). No incluímos en los acuerdos ningún aspecto relacionado con la necesaria y legal auditoría a las cuentas de la seguridad social, que nos permitirían comprobar quién ha saqueado la caja únca de la seguridad social poniendo en peligro las pensiones. No se habla del fin al apoyo belicista y armamentístico alentado por la OTAN y que sirve para promover una guerra sin cuartel en Ucrania, con efectos negativos no solo en el número de muertos y refugiados, sino también efectos económicos negativos en relación al precio de la energía y los alimentos. No se habla del genocidio al pueblo palestino. Se habla de avanzar hacia las 37,5 horas laborales pero no a las 35h. No se especifican las medidas para luchar contra el aumento de los precios, y así podía seguir unas cuantos párrafos más.

En defintiva, todo el apoyo a los acuerdos. Sí a la amnistía. Sí a un avance en el encaje institucional de los diferentes pueblos de España y sí a profundizar en acuerdos con todos los grupos para conseguir una transformación de nuestra legislación que permita satisfacer las necesidades de la mayoría social de nuestro país.

Baltasar Santos
Primer Secretario PSC el Vendrell
Miembro del Comité de Redacción de TS

Miles de personas se manifiestan en Andalucía en defensa de una sanidad pública y de calidad

Por María Iglesias Domínguez, Periodista

Marea Blanca en Andalucía, convocó manifestaciones en todas las provincias de Andalucía en defensa de la sanidad pública el pasado sábado, 28 de octubre, bajo el lema ‘Nos roban la sanidad, nos quitan la vida.

Miles de personas se han manifestado este sábado por las calles de las principales ciudades andaluzas, convocadas por Marea Blanca, en las que también han participado otras organizaciones sindicales así como representantes políticos de la izquierda, para reclamar una sanidad pública y de calidad en la comunidad andaluza para decirle con total claridad al gobierno andaluz del Partido Popular que “no vamos a tolerar que esté desmantelando la atención primaria a golpe de ocurrencias como la más reciente, que pretende sustituir las consultas de medicina de familia por un modelo en el que personas desconocidas y externas a los centros de salud realicen consultas médicas telefónicas o por videollamadas, han salido a la calle para decirle a Moreno Bonilla y su gobierno, que no van a consentir que desmantelen lo que tanto esfuerzo y trabajo costó, la sanidad pública”

Para las organizaciones que componen Marea Blanca “Esta propuesta de la Junta de Andalucía muestra un profundo desconocimiento de lo que en realidad es la atención primaria y va en contra de toda la evidencia científica, además de una falta de respeto a los Andaluces y Andaluzas en una materia fundamental como es la sanidad, que te atienda el médico de familia y que lo haga de manera presencial que conoce tu historia, que te atiende en cada cuadro que te suceda y durante el tiempo, es obligatorio y esto, solo es posible reforzando los centros de salud, todo lo demás son excusa para hacer impunemente lo que le pidieron quienes le votaron, ir a un modelo de sanidad privada que no todo el mundo se puede permitir y que supone una clara discriminación”

Y por eso , decían las organizaciones convocantes “hemos salido esta mañana a la calle y volveremos a salir las veces que haga falta hasta que la Junta de Andalucía se dé cuenta de las consecuencias que tiene para Andalucía el desmantelamiento de la atención primaria una acción con la que se colapsan las urgencias y aumenta la mortalidad, voy a poner además el acento en lo que está sucediendo en las zonas alejadas de las capitales de provincias, las zonas rurales donde además de acabar a pasos agigantados con la atención primaria, están acabando con los hospitales comarcales y de esta forma los ciudadanos y ciudadanas de esas zonas, tienen que desplazarse a kilómetros para tener una atención que deberían recibir en sus localidades, sin dejar de pensar ni un día, en los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad, esos a los que aplaudíamos como verdaderos héroes hace nada de tiempo ,en plena pandemia, los esenciales y las esenciales y que se encuentran cada día más en una situación de precariedad extrema”.

Las listas de espera quirúrgicas crecen en Andalucía tres veces más rápido que en el resto del país», es otro de los ejes de la denuncia de la coordinadora.