Declaración de la Asociación Trabajo y Democracia “ASTRADE”
Una vez más la llamada “Justicia”, en este caso la Audiencia Nacional (AN), actúa de manera sospechosamente sincronizada con la agenda política de la derecha. Desde ya decimos que no se trata de no investigar todo lo que haya que investigar, y a quien sea. Lo indignante es que, eso que llaman Justicia, actúe siempre de parte.
No creemos en las casualidades, 24 horas después de que Feijóo declare que se abre la recta final para las elecciones generales, un juez de la AN imputa a Zapatero. No hay que olvidar las conexiones entre un poder judicial heredado del franquismo sin depuración alguna y las derechas franquistas y neofranquistas.
Se han propuesto derribar al Gobierno, y eso también es un golpe de Estado. Una cosa es hacer oposición y otra muy distinta dedicarse única y exclusivamente a utilizar los poderes del Estado contra el Gobierno legítimo de la nación y acosarlo como una jauría.
La forma expeditiva en que el Tribunal Supremo sentenció al ex Fiscal General del Estado, sin pruebas, marcó un hito en la historia de desprestigio del Poder Judicial; como el árbol no cayó, ahora toca imputar, por vez primera, a un ex presidente del Gobierno -socialista, claro está-.
Insistimos, que se investigue lo que haya que investigar y a todos por igual. Sin embargo, hemos visto en varias ocasiones como el ex presidente Rajoy no necesitaba abogado defensor ante los tribunales, pues de eso ya se encargaba la presidencia de la Sala: es el caso del Juez Hurtado, el caso Gürtel, cuando decidió que M. Rajoy no era Rajoy. Aquella sentencia se hizo pública justo al día siguiente de aprobarse en el Congreso de los Diputados los primeros presupuestos generales del Estado del Gobierno de coalición, tras la moción de censura contra el PP.
Hace pocos días hemos visto como la jueza Teresa Palacios censuraba los audios en los que se incriminaba y probaba la implicación en primera línea de M. Rajoy y de Cospedal, en uno de los casos más graves desde el inicio del periodo democrático, el caso “Kitchen”, en el que el Gobierno del PP utilizó el Ministerio del Interior para destruir pruebas.
Si solo fuesen estos casos podría ser casualidad, pero, no, es un caso detrás de otro.
En 2022, la Fiscalía archivó, y el Tribunal Supremo lo ratificó, las irregularidades cometidas por Juan Carlos I, tanto en las presuntas comisiones por el AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas ‘black’ y lo relativo a la fortuna oculta en Jersey.
Por supuesto, ninguna instancia judicial abrió causa. Nunca, contra las decisiones del Gobierno de Aznar de involucrar a España en la guerra ilegal de invasión de Irak, con nefastas consecuencias para el pueblo iraquí y para nuestra sociedad, con 192 víctimas mortales y cientos de heridos en los atentados de los trenes de Atocha.
En la misma línea, nadie investigó la venta de 1860 viviendas públicas por parte de Ana Botella, a pesar de que el Tribunal de Cuentas primero condenó y después absolvió a la esposa de Aznar. El beneficiario de las viviendas fue el Fondo de inversión Blackstone, sabiendo que el hijo de los Aznar era miembro del Consejo de Administración de Gesnova Gestión Inmobiliaria, relacionada con el entramado societario de Blackstone. Y la UDCO se tragó el informe que poseía sobre todo esto.
La descarada presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido agraciada con la decisión de la “Justicia” de no sentar en el banquillo de los acusados a su novio hasta después de las elecciones autonómicas.
Podríamos continuar poniendo ejemplos de casos flagrantes en los que la fracción franquista en la “Justicia” ha actuado de parte.
¿De qué sirve ganar unas elecciones si la UCO y los jueces pueden derribar gobiernos? Las organizaciones de la izquierda, todas, deberían convocar movilizaciones contra el descarado atropello a la democracia: cuando un poder del Estado actúa de parte la democracia queda tarada.
La Junta Directiva
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Tribuna Socialista 