Tribuna Socialista

El pueblo palestino vencedor de la Vuelta ciclista a España 2025

El 14 de septiembre terminó la 80ª edición de La Vuelta ciclista a España, que será recordada por La Vuelta de la Indignidad.

Algunos poderes públicos y sus adláteres, como el caso de Unipublic (propietaria de La Vuelta ciclista en España), llevan tanto tiempo haciendo lo que les da la gana que piensan que son impunes e inmunes a todo y a todos. Puede que sean impunes ante la ¿Justicia? como es el caso de IDA, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero ni unos ni otras son impunes ante los pueblos.

Prueba de lo anterior es que la pluralidad de pueblos que componen el Estado español venía avisando desde la 5ª etapa de la edición que terminó abruptamente el domingo 14.

Contra todas las opiniones que llamaban a la sensatez, los organizadores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, pretendieron imponer que La Vuelta era ajena a lo que está ocurriendo en Gaza desde hace dos años: un Genocidio. Ha sido otra forma de intentar negar el exterminio del pueblo palestino en la Franja de Gaza, pues, a la par de hacer cínicas declaraciones sobre la neutralidad del deporte no han parado, los líderes de la derecha de PP y VOX, de tergiversar, manipular y ningunear cualquier iniciativa o posición que hiciese el más mínimo reproche a la barbarie que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza. Una prueba inequívoca de la connivencia con el genocidio es la fotografía de Ayuso con el equipo ciclista israelí, patrocinado por Premier Tech, el mismo día de la etapa final de La Vuelta.

El pueblo de Madrid, como en etapas anteriores lo hiciesen navarros, vascos, asturianos, gallegos y muchos otros pueblos por los que, a duras penas, a discurrido La Vuelta, decidió no dejarse amedrentar por la invasión de sus calles por fuerzas policiales cuya misión era acallar su legítima opinión de rechazo frontal al genocidio de Netanyahu y su ejército sionista.

En Madrid ocurrió lo que siempre ocurre cuando las masas irrumpen y deciden dar su opinión, esa opinión que solo es secundada por los medios de comunicación de masas “a posteriori”.

^{Paseo del Prado junto al Ministerio de Sanidad}

**^{Plaza de Carlos V (Atocha) Paseo del Prado junto al Ministerio de Sanidad}**

No ha sido la primera vez que en Madrid han tenido lugar movilizaciones en contra del Genocidio sionista, de hecho, tras el 7 de octubre de 2023, a la vista de que Netanyahu tenía un objetivo que no era rescatar a los rehenes israelitas, sino aprovechar las circunstancias para avanzar significativamente en la ocupación ilegal de Palestina, algo que llevan haciendo desde 1947. Esto ha sido posible gracias al doble leguaje de la ONU y de eso que llaman “la comunidad occidental”, quienes emiten comunicados y resoluciones para luego mirar hacia otro lado cuando Israel las incumple. Es lo mismo que está haciendo la Unión Europea y sus instituciones: balbucean decisiones de sanciones que nunca toman y dejan que pase el tiempo insensiblemente ante la muerte diaria de centenares de seres humanos en Palestina; por bombas, disparos y hambre. (1) Los Ángeles Times del 5 de septiembre cifraba en más de 64.000 los muertos en Gaza.

Los pueblos de todo el mundo tienen claro que Israel comete el crimen de lesa humanidad. Y lo está cometiendo porque el capitán del Imperialismo, los USA, está apadrinando y alimentando la masacre. Otra cosa es lo que hagan o digan los gobiernos de esos pueblos. En este sentido, el gobierno español está jugando el papel de “el tuerto en el reino de los ciegos”. Va algunos pasos por delante de sus homólogos europeos, y esto honra a Pedro Sánchez y a su Gobierno y nos dignifica a todos y todas ante el mundo, si bien las palabra tienen que ir acompañadas de hechos, por lo que ya hace tiempo que España tendría que haber roto relaciones diplomáticas con Israel, cortando toda exportación e importación e imponiendo sanciones comerciales a las empresas israelíes que hacen negocio en nuestro país.

De la derecha fascista española no cabe esperar nada más que cinismo y mentiras. Si no son incapaces de empatizar con sus propios ciudadanos, a los que falsamente ellos denominan “sus compatriotas”, a quienes dejan morir en danas, pandemias e incendios, cómo vamos a esperar que tengan algún sesgo de humanidad ante lo que ocurre en guerras y genocidios. Son fieles a sus antecesores ideológicos, aquellos que establecieron una simbiosis con el fascismo italiano y con el nacismo alemán. Por encima de todo, se identifican y apoyan con lo que hagan sus afines en el neofascismo internacional; de ahí que Ayuso otorgase una medalla a Milei cuando vino a insultar y provocar al Gobierno o que Almeida se la otorgarse a Israel cuando ya estaba iniciada la masacre en Gaza; ahora anuncian la condecoración para la indigna Organizadora de La Vuelta. Están en línea con la acción mafiosa, propia de un matón, cuando Trump chantajea a Brasil con la anulación del juicio a Bolsonaro, por golpista, o le impone aranceles del 50%.

La barbarie está a la orden del día. Solo los pueblos pueden cambiar el rumbo degenerado que la sociedad actual ha tomado. La victoria de los pueblos del Estado español ha sido la victoria del pueblo Palestino en La Vuelta ciclista, un sencillo ejemplo del poder de las masas, a pesar de no haber estado organizadas por ninguna organización política ni sindical.

Es importante continuar exigiendo la expulsión de Israel de todos los eventos deportivos y culturales, como acertadamente ha exigido RTVE a Eurovisión. Pero solo se hará justicia cuando Israel devuelva todos los territorios ocupados ilegalmente y los criminales de guerra sean juzgados. Todos los pueblos del mundo deben continuar movilizándose y exigiendo a sus gobiernos la ruptura total de relaciones con el Estado sionista israelita.

https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2025-09-05/cifra-de-muertos-palestinos-supera-los-64-000

Roberto Tornamira

Socialista de Madrid

Crecen las protestas por la deriva autoritaria de Trump

El segundo mandato de Trump no está siendo un camino de rosas, sino de espinas, para los norteamericanos que comienza a reaccionar por el estancamiento de la economía, los despidos masivos en la administración pública, los recortes en los servicios públicos, la caza indiscriminada de inmigrantes y por su deriva autoritaria. Trump, hasta ahora, no está cumpliendo con su promesa de hacer grande a América de nuevo, lema que expresa su visión etnocéntrica del mundo y el reconocimiento, implícito, de que EEUU va a la baja como primera potencia mundial frente a China.

En el primer trimestre de 2025 la economía se contrajo un 1,8%, contracción que según los economistas seguirá en 2026 en porcentajes que rondarán el 1,7%. El déficit público, la deuda en manos de inversores y otros países (China en primer lugar), va camino de situarse en el 5% el máximo desde el término de la II Guerra Mundial. Y el paro ha aumentado hasta el 4,5% confirmando el desplome del mercado laboral. Datos alarmantes que la Reserva Federal intenta contener bajando en su reunión de este mes los tipos de interés que quedan entre el 4% y 4,25%, para reducir la inflación situada en el 2,9%, y prevenir el posible estancamiento económico por su errática guerra arancelaria que ha dislocado el comercio mundial.

En cuanto a los despidos masivos en la administración pública, ejecutados por Elon Musk y justificados en la necesidad de eliminar la maleza burocrática, existe una nebulosa sobre el número total de funcionarios despedidos que, según la mayoría de analistas y medios de comunicación podría rondar, o superar, los 200.000 trabajadores, muchos de los cuales conocieron su despido a través de un mensaje pregrabado enviado a su móvil conminándoles a abandonar su puesto de trabajo en treinta minutos. Despidos que han desmantelado varias Agencias Federales consideradas no esenciales, reduciendo al mínimo sus plantillas. Entre ellas la que supervisa la financiación pública de los medios de comunicación (VOA), para reducir el control del gasto de dinero público destinado a ellos. Otras Agencias desmanteladas están relacionadas con las ayudas sociales como el Consejo Interinstitucional para personas sin hogar, el Fondo para el Desarrollo Comunitario o la Agencia para el Desarrollo de Empresas Minoritarias. Medidas que afectan a los más pobres: ¡sálvese quien pueda!

Recortes y despidos que le han enfrentado con algunos jueces federales que han tirado para atrás algunos de ellos en el sector público. Como otros jueces han invalidado algunas de las detenciones y deportaciones de inmigrantes, con o sin papeles, que diferentes medios norteamericanos cifran en 350.000 personas. Deportaciones efectuadas por sorpresa con razias policiales en oficinas federales, empresas o en la calle, que rompen familias asentadas desde hace años en territorio USA, en una demostración más del matonismo que aplica a todo lo que toca. Como la eliminación —censura— que exige a los medios de comunicación de los profesionales críticos con su gestión que ha supuesto la supresión de dos Late Night de gran audiencia a la que se han plegado dos cadenas, expandiendo la autocensura por miedo a perder el puesto de trabajo. Alarde de poder que como toda persona insegura sublima con actuaciones teatrales con las que adorna sus actos, como la circense firma en el despacho Oval de sus muchos decretos siempre ampulosa y con rotulador negro para reafirmar su autoridad.

Matonismo que aplica a las relaciones internacionales con la amenaza de movilizar a su ejército o imponer sanciones económicas a los países que no doblen la cerviz ante sus dictados, siempre sujetos a lo primero que se le pasa por la cabeza en la creencia de que medidas estrambóticas de un liberalismo radical hacen grande a América. Como la defensa de los ricos que financiaron sus campañas electorales refrendando que son los poderosos los que le interesan, como el poderosísimo lobby judío encantado con su gustoso apoyo al genocida de Netanyahu, sin importarle el exterminio que ejecuta con delectación sobre el pueblo palestino. Las personas no importan, solo el negocio de la reconstrucción futura.

Tras diez meses de mandato los problemas y las protestas comienzan a emerger porque el ciudadano medio comprueba que Trump no consigue que la economía USA crezca, porque sus medidas económicas no están dando los resultados deseados por él ni por sus seguidores. La imposición de los famosos aranceles, medida estrella para hacer crecer el empleo y la riqueza del país se ha convertido en un magma en el que ya no se sabe cuáles o no están en vigor ni en qué porcentajes, por lo errático de su política económica—que no atiende a los efectos inmediatos sobre la ciudadanía—; de ahí que entre los inversores de Wall Street se haya popularizado la que denominan estrategia Taco, para significar que las inversiones bursátiles sobre el impacto de los aranceles deben realizarse contando con que Trump acaba dando marcha atrás: se acobarda (Trump Always Chickens Out).

Ante este panorama en el que la economía camina hacia el estancamiento, y su influencia no consigue acabar con las guerras en curso como prometió (Gaza y Ucrania), Trump vuelve la mirada hacia casa con una serie de decisiones que refuerzan el autoritarismo de su Gobierno, apoyadas en la mentira y la tergiversación de la realidad, fundamento de la estrategia populista de la que es el primer Pope. Medidas que justifica en un pretendido e inexistente aumento de la inseguridad en las principales urbes del país de población mayoritariamente demócrata, a las que envía a la Guardia Nacional para vigilar sus calles con un alarde de armamento innecesario, que crea en los ciudadanos la sensación de vivir en un estado de sitio, por las detenciones irregulares y arbitrarias que realizan. La población de Washington es la primera en sufrir este recorte de libertades ciudadanas, pero la intención de Trump es hacer lo mismo en Nueva York, Chicago, Los Ángeles o Boston.

Medidas a las que se oponen los Alcaldes y Gobernadores donde se ubican esas urbes y varios jueces federales, en especial los de la capital federal, como la jueza de instrucción Zía Faruqui, que ha condenado públicamente la legalidad de los arrestos y registros de la Guardia Nacional por la brutalidad en su ejecución carente, ha afirmado: de la dignidad humana más básica. Decisiones autoritarias de Trump, que comienza a encontrar respuesta en la sociedad con el aumento de las manifestaciones de protesta contra su gestión. En sus dos últimas apariciones públicas, en la final del Open USA de tenis, y en su salida a cenar a un conocido restaurante de la capital, Trump fue abucheado en una reacción espontánea, acusándole de ser el Hitler de nuestro tiempo. Crítica social que replica acusando a los que protestan de izquierdistas peligrosos a los que responsabiliza, sin ninguna prueba, del asesinato del propagador de los mensajes ultraderechistas más extremos Charlie Kirk.

Autoritarismo que polariza como nunca a la sociedad. Según las encuestas recientes el 56% de los norteamericanos desaprueban su gestión frente al 42% que la respalda. Confirmación de lo caótico de sus políticas que dan pábulo a quienes piensan que Trump no está haciendo grande América, sino convirtiéndola en un régimen autoritario como su potencia rival China.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.

Periodista, profesor universitario y

Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

El empresariado se queda con millones de horas trabajadas

Los datos que figuran en las tablas del Instituto Nacional de Estadística (INE) -los más recientes corresponden al 4º trimestre de 2023- dicen que en España se realizan 6.341.000 horas extraordinarias semanales, es decir, que en computo anual estamos hablando de más 330 millones de horas extraordinarias, esto, traducido a contratos de jornada completa de 8 horas diarias o 1.826 horas anuales, significaría trabajo para más de 180.000 trabajadores y trabajadoras sin puesto de trabajo.

La misma fuente de datos, el INE, dice que, de esos 330 millones de horas extraordinarias, productivas y trabajadas, se paga el 60%, por tanto, el empresariado hurta no menos de 132 millones de horas extraordinarias.

La primera víctima de esta apropiación indebida es el asalariado que ha realizado el trabajo, pero no ha recibido la remuneración correspondiente. También es víctima la Hacienda Pública, pues las horas extraordinarias no pagadas tampoco están sujetas a la correspondiente retención del IRPF y, por último, es víctima el Sistema Público de Pensiones, dado que el empresario escamotea también el pago de la cuota a la Seguridad Social. Este fraude afecta a toda la sociedad y a los trabajadores y trabajadoras en particular, como asalariadas, como futuros pensionistas y como receptores de servicios públicos.

Conseguir la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) no fue fácil ni un regalo. La reivindicación de los trabajadores y sus organizaciones fue trabajada en la calle, con la movilización y en los tribunales de justicia, pasando por la acción ante los partidos políticos en el Congreso de los Diputados.

El PSOE, en junio de 2017, estando en la oposición, registró una proposición de ley para que las empresas tuviesen la obligación de registrar y contabilizar las horas de jornada que realizan los trabajadores en sus puestos de trabajo, modificando el artículo 34 del E.T.

En el periodo del primer gobierno de Pedro Sánchez, se legisló el Real Decreto-Ley 8/2019 en el que se introdujo el punto 9 en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores:

Artículo 34

9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

A pesar de que, desde 2019, las empresas están obligadas a “garantizar el registro de la jornada”, no todos los trabajadores tienen esa garantía y la inspección de trabajo sufre déficit de inspectores y subinspectores, como la Sanidad sufre escasez de personal sanitario, la Educación profesorado o la extinción de incendios necesita bomberos. En nuestro país hay unos 2000 inspectores de trabajo para 3,3 millones de empresas y 19 millones de asalariados y asalariadas.

Las formas que toma el incumplimiento de ley por parte empresarial son variopintas: desde el falseamiento de los datos que se plasman las hojas físicas -donde las haya- hasta el control omnímodo del método informatizado, por parte del empleador.

Mucho me temo que los datos que arroja el INE son solo una parte del total de las horas extraordinarias trabajadas y no pagadas, pues el grueso de las no pagadas, particularmente en las pymes, no llega a las estadísticas.

Este es el empresariado que se resiste a bajar el cómputo semanal de jornada hasta las 37,5, como propone el Gobierno. Hay que recordar que en los primeros años de la dictadura franquista se trabajaban 60 horas semanales -tras haber derogado la legislación de la II República que establecía la jornada semanal en 40 horas- y que, hasta la entrada en vigor de la Ley 4/1983 se trabajaban 48 horas semanales.

De los 19 millones de asalariados y asalariadas, unos 7 millones ya están por debajo de las 40 horas semanales, un derecho fijado por la negociación colectiva en sus convenios colectivos; normalmente esta es la situación en las grandes empresas. Sin embargo, esta mejora no garantiza que los trabajadores y trabajadoras de esas grandes empresas no se vean forzados a realizar horas extraordinarias no retribuidas, algo muy habitual, por ejemplo, en el sector financiero.

El incumplimiento de las leyes por parte del empresariado es un hecho facilitado por la escasa capacidad inspectora de la Administración -por el déficit ya señalado de inspectores de trabajo- y porque las multas bien son de baja cuantía o bien son recurridas hasta las altas instancias judiciales, donde el empresariado suele encontrar “la comprensión” de los jueces.

Acabar con estos desmanes y la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, a pesar del incremento de beneficios que la innovación tecnológica está proporcionando al empresariado, es lo que la derecha más rancia: PP, VOX y Junts han impedido con su voto en el Congreso de los Diputados el pasado día 10 de septiembre. Por encima de si son nacionalistas catalanes o españolistas, la derecha defiende los intereses de la minoría privilegiada.

Las organizaciones de los trabajadores, tanto políticas como sindicales, deberán emprender una lucha sostenida en el tiempo hasta que lo que hoy es una reivindicación se convierta en un derecho. Esta es la manera en la que la clase trabajadora ha adquirido los derechos que disfrutamos. Además, hay que mantener la vigilancia y la exigencia de que una vez que la reivindicación pase a ser ley, que se cumpla escrupulosamente, pues son demasiados los derechos que figuran en la ley, pero no todos pasan de ser un papel escrito.

Roberto Tornamira Sánchez

Fue Secretario General de FeS-UGT-Madrid

Los incendios como síntoma del desmantelamiento de lo público

**^{Parque de Bomberos en Ronda de Segovia, 95 en el distrito Centro de Madrid}**

Este mes de agosto hemos vivido las evidentes consecuencias del abandono de las políticas de inversión pública. Hasta el 7 de septiembre 341.203 hectáreas quemadas (según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), el mayor número de la serie histórica, y que las distintas administraciones achacan al cambio climático, a los pirómanos, a la España vaciada, a lo que convenga para no señalar lo evidente: no hay recursos, ni bomberos, ni prevención, los medios están obsoletos, y tampoco hay dinero que dedicar a lo público. Hoy mismo (24 de septiembre) bomberos y agentes forestales convocan a toda la sociedad a una manifestación en Valladolid para pedir estabilidad laboral y aumento de recursos. Consideran la gestión forestal inadecuada y sujeta a intereses privados.

El fuego es un síntoma y una tragedia, este verano han muerto tres bomberos y seis voluntarios. En todo el Estado los daños son millonarios y los desplazados se cuentan por miles. En Madrid, en el incendio de Tres Cantos murió un vecino intentando salvar a sus animales, hubo más de 180 personas desalojadas y el humo se pudo sufrir en Madrid a más de 30 kms.

Se veía venir. Los bomberos de la CAM tenían convocada una huelga desde el 15 de julio al 15 de agosto reclamando un nuevo convenio, el vigente data de 2008. Denunciaban los bajos salarios, la temporalidad, el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y protección ante los agentes cancerígenos a los que se ven expuestos debido al carácter de su trabajo. La huelga se interrumpió ante la oleada de incendios y concretamente por el de Tres Cantos.

Los incendios no son un problema de temporada ni son un imponderable. Privatizar su gestión supone negar toda prevención para optimizar beneficios. Es ahí donde hay que buscar la temporalidad, las malas condiciones laborales y la falta de profesionales. Los bomberos trabajadores de Tragsa, subcontrata del servicio en Madrid, señalan que su salario apenas es 100€ mayor que el Salario Mínimo Interprofesional. Según CCOO y UGT en la CAM se pagaron 18 millones de euros en horas extras en 2023 y solo hay 1.600 efectivos de los 2.200 prometidos. El País señala que los datos de Eurostat muestran que las plantillas retrocedieron en más de 2.600 personas, siendo España es uno de los pocos países europeos que perdió bomberos en 2024.

Todos estos datos demuestran que los incendios no son fruto del azar, son la negativa a mantenerlos como un servicio público en beneficio de la población para entregarlos a manos privadas, en beneficio de la empresa privada. Por eso no se cuidan los bosques en invierno y se despiden los bomberos cuando acaba el verano, y esto genera muertes y devastación.

La privatización de los servicios públicos es una política general para entregar a unos pocos los presupuestos que deberían ir destinados a garantizar el bienestar de la población. Los partidos de la derecha son los principales promotores de esta política, pero los partidos de izquierda deberían dedicar sus esfuerzos a revertir las privatizaciones legislando y financiando, no asumiendo la privatización bajo el eufemismo de la “colaboración público-privada”. No es casual que la inyección de dinero público en la gestión privada de la sanidad supere los 8.000 millones de euros anuales, ni que seamos uno de los países europeos que menos invierte en sanidad per capita. Tampoco que las universidades públicas se quejen permanentemente de la falta de recursos para mantener su personal e infraestructuras. Y esto se extiende a todos los empleados públicos, a la justicia, a los servicios sociales, a las infraestructuras de transporte…, etc., y claro está a bomberos y la protección y vigilancia del medio ambiente.

No podemos olvidar lo ocurrido este verano; no es la primera vez que sufrimos incendios y, si no se pone remedio, no será la última. Exijamos plantillas suficientes, que se limpien y mantengan los bosques permanentemente, que se doten recursos, que se revierta lo privatizado, que se pidan responsabilidades por el abandono.

Enrique Dargallo (Madrid, 24 de septiembre de 2024)

Nuevo curso, sí, pero con asignaturas pendientes.

En estos últimos meses hemos visto como otra de las justas, legítimas y necesarias aspiraciones de la clase trabajadora, una vez más ha sido truncada, en lo que respecta a la posibilidad de reducir la jornada de trabajo para aquellas personas que -en torno a 13 millones- aún tienen las 40 horas de trabajo semanales.

La propuesta de ley que ha sido llevada a Cortes y rechazada tras las enmiendas a la totalidad por la derecha catalana y, con los apoyos de PP y Vox, dejan por el momento esta mejora de las condiciones de trabajo fuera del alcance de la mayoría, ya que unos 4 millones de trabajadores trabajan jornadas inferiores a la norma de 1983, bien por acuerdos o tras la negociación en los convenios colectivos.

La derecha política y empresarial, junto con sus patronales, no ven con buenos ojos que un trabajador pueda reducir su jornada media hora al día. Algo que indigna y cabrea a muchos, pero a otros tampoco nos sorprende:

¿Cuántos derechos y conquistas de los trabajadores se han conseguido con acuerdos en Cortes, con el apoyo de la derecha y la extrema derecha?

No cabe duda que abrir el debate político sobre la necesidad de reducir la jornada laboral como mejora de las condiciones de trabajo, sobre todo en sectores más explotados, por la falta de control horario, y el abuso con las horas extras no retribuidas, es muy importante, pero tal vez se ha llevado por la vía menos favorable para que prospere, más ahora, con un tablero político tan fragmentado.

Hemos visto a los secretarios generales de los Sindicatos de CCOO y de la UGT bastante activos junto con la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, para la elaboración de la norma. También han estado en diferentes actos como el del pasado 22 de julio en el Auditorio Marcelino Camacho (totalmente abarrotado), coincidiendo con el último día de trabajo en Cortes, previo a las vacaciones, en el que no estaba en el orden del día para el debate parlamentario la reducción de la jornada a las 37,5 horas, debido a que Junts mantenía su postura contra la aprobación de la ley. Tras la vuelta de vacaciones, y como ya estaba anunciado, el miércoles 10 de septiembre CCOO Y UGT hacen un llamamiento a los trabajadores para acudir a la protesta frente al Congreso de los diputados en Madrid a las 16.00 horas; también se hicieron concentraciones y movilizaciones en diferentes comunidades autonómicas, el día que se votaría la ley para la reducción de la jornada laboral, que como todas sabéis, no salió adelante.

Según han expresado en diferentes actos los dirigentes de UGT y CCOO, la reducción de la jornada de trabajo en 37.5 horas es solo el principio, ya que el objetivo es llegar a 32 semanales, un objetivo muy ambicioso que va a necesitar del empuje de la clase trabajadora organizada. La duda que se nos plantea ahora es cómo se va a retomar la posibilidad de conseguir este derecho: ¿se volverá a llevar la ley a Cortes cuando se considere que el “terreno” político es el idóneo? Tal vez, para estas cuestiones, propias de los intereses la mayoría trabajadora, el único terreno propicio para sacar adelante esta, como cualquier otra reivindicación, pasa porque las dos grandes Organizaciones Sindicales (UGT Y CCOO) informen, debatan, organicen y movilicen a los trabajadores en sus centros de trabajo y empresas, que llamen a la unidad en manifestación en las calles, donde verdaderamente el terreno nos es más favorable, con la unión y la fuerza que se necita para arrebatar derechos al Capital. Un Capital feroz que no cesa en destruir derechos y conquistas conseguidos hace años tras las luchas de las trabajadoras y los trabajadores.

“Mantener lo conquistado para avanzar”, este ha sido el lema de los sindicatos recientemente. Reconociendo de algún modo la situación por la que estamos pasando y el peligro que corren nuestros derechos. Pensiones, sanidad, educación, dependencia todos los servicios públicos están sufriendo un nuevo ataque con políticas que, bajo el amparo de leyes que permiten la privatización, buscan desmantelar los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, como es el claro ejemplo de la Sanidad o la Educación.

No podemos olvidar el problema de la vivienda, con alquileres abusivos, en función de los salarios. En un artículo El Mundo el 22 de julio 2025: “Los salarios reales sólo han subido un 2,76% en 30 años “, siendo España el cuarto país de la OCDE con menor subida salarial de las últimas décadas. Estos datos dejan claros signos del trasvase que está sufriendo la renta del trabajo a las rentas del capital, bien por los bajos salarios y pensiones o bien el aumento desmesurado del IPC en los últimos años. Esta situación implica a los Sindicatos en las negociaciones de los convenios colectivos la obligación de negociar salarios que permitan hacer frente con las necesidades de las familias, recuperando el poder adquisitivo perdido. Incrementar salarios por encima del IPC, ya que, de no ser así, no estaríamos hablando de una subida real de salario. En la Comunidad de Madrid el salario medio es de 33.000€ incluyendo los sueldos de los altos cargos, pero la gran mayoría de los sueldos están en los 23.000€. Salarios que están, en su mayoría, más cerca del SMI.

Todas estas reivindicaciones estarían vacías de sentido si no mencionamos la lucha por la libertad de Palestina, contra el Gobierno genocida y terrorista de Netanyahu, que mata con bombas y de hambre a la población civil.

Juan Fernando Díaz-Mayordomo

Sindicalista de UGT, en Madrid.

Dos caras de la misma moneda: la sumisión institucional a Trump y la resistencia de los pueblos

En la cumbre de la OTAN en La Haya, celebrada en la última semana de junio, vimos los roles que se juegan en la OTAN: El presidente de los USA, señor y jefe de la estructura militar; y por otro lado a los presidentes de los países aliados, incluido el Sr. Rutte, ejerciendo de lacayos, con la honrosa excepción de Pedro Sánchez, aunque no exento de contradicciones.

Justo un mes después, el 27 de julio, la presidenta de la Comisión Europea (UE), la Sra. Von der Leyen, se arrastraba hasta Turnberry (Escocia), para aceptar todas las condiciones de Trump.

Esto, en realidad, no es nada nuevo. Lo que ha cambiado es que se han terminado las escenificaciones que daban la impresión de que las relaciones eran entre iguales; tanto en el seno de la OTAN, como en las relaciones bilaterales USA-UE. La escenificación ya no cabe por la forma de relacionarse del presidente de los Estados Unidos, propia de un matón sin límites, lo que ha retificado con su discurso en el plenario de la Asamblea General de la Onu del día 23 de septiembre.

En términos políticos, estos cambios sustanciales, en apariencia formales, significan que, el mayor imperialismo del planeta, los USA, ha emprendido el camino de la guerra y de la destrucción de los derechos de los pueblos, empujando a ello a los demás imperialismos.

Recordemos que la RAE define imperialismo como: “Actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política.”

Desde la confrontación colonial entre potencias, cuyo inicio se remonta al siglo XV y que culminó con las dos guerras mundiales en el siglo XX, lo que verdaderamente ha cambiado es que ya no quedan nuevos mercados por conquistar, ahora se los tienen que arrebatar unos a otros.

Esta dinámica explica, sin que ello justifique, el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza. Se pisotea el derecho internacional, los derechos humanos y se pretende exterminar a un pueblo entero. Es un aviso de hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos; sostén económico, político y militar del Estado sionista, sin cuyo apoyo no sería capaz de hacer lo que está haciendo.

La ocupación de parte de Ucrania, la reacción de Putin ante la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas y la contienda entre los USA y Rusia por ver quién es el proveedor de energía en Europa, nos han metido en una guerra en territorio europeo que va camino de los 4 años de conflicto y una brutal sangría de vidas, a ambos lados de los frentes; vidas principalmente de jóvenes pertenecientes a familias humildes y trabajadoras, tanto rusas como ucranianas. Con una situación que es difícil predecir cómo puede terminar, con las supuestas violaciones del espacio aéreo de diferentes países de la UE/OTAN, por parte rusa.

Putin está midiendo hasta dónde está realmente dispuesta a llegar la UE, pues el servilismo ante Trump ya no garantiza que los USA se involucren en la defensa de Europa. Solo hay que ver como Trump presiona a Zalensky para que trague con una paz, por no llamarle rendición. Putin y Trump se miden a su vez mutuamente. La diferencia es que los USA han conseguido sus objetivos económicos y militares, por lo que se explica que ya no tengan interés en mantener el conflicto, aunque no le importe lo más mínimo que este se prolongue en el tiempo; a fin de cuentas, cuanto más dure la Guerra, más armas venderá a sus clientes europeos.

Lo hemos abordado en otras editoriales de Tribuna Socialista, pero no está de más recordar que a principios del presente siglo los EE.UU., prácticamente no exportaba Gas natural Licuado (GNL) a la UE. En último lustro (2020 – 2025), los USA han pasado a ser el mayor proveedor de GNL en la UE y en Gran Bretaña, alcanzando en 2022 el 26% del suministro. Por el contrario, Rusia ha perdido este mercado; antes de 2022, Rusia abastecía a la UE entre el 40 y el 45% de nuestras necesidades de GNL.

En la reunión de finales de julio, en la que la presidenta de la Comisión Europea se tragaba todas las condiciones impuestas por Trump, la UE se ha comprometido a comprar energía a los USA por valor de 750.000 millones de dólares (1).

La guerra en Ucrania lleva más de tres años sirviendo de excusa para desatar una guerra social contra todos los pueblos de Europa, provocando perdidas de poder adquisitivo de los salarios por la vía de la inflación en el quinquenio 2020 – 2024: el IPC general acumulado ha sido del 16,32%, frente al 12,53% del incremento promedio de los salarios en convenio colectivo. Es importante señalar que el IPC de los Alimentos y bebidas sin alcohol se ha disparado en el mismo periodo al 27,67%.

Esta guerra ha sido también la excusa de Trump para que Europa destine miles de millones de euros cada año a la compra de armamento estadounidense, poniendo de este modo una piedra de molino sobre cualquier pretensión de independencia económica y militar europea respecto de los USA. Esto, es lo que está provocando, entre otras cosas, las medidas anti obreras de los gobiernos de Macron.

En nuestro país, incrementar el gasto militar ira directamente contra el gasto social, por muchos juegos de números que haga el Gobierno: en 2020 España destinó un 1% del PIB a gasto militar (11.292 M€); en 2024 el porcentaje del PIB alcanzó el 1,4 %, pero al haber crecido el PIB, la cifra nominal de gasto en defensa fue de 24.122 M€, lo que representa un incremento del 113,62% del presupuesto en Defensa, para dicho periodo. Si en 2035 España aplicase el 5% de gasto en defensa acordado por la OTAN, en base al PIB de 2024, nuestro gasto militar será de 86.150 M€.

Estas cifras astronómicas en gasto militar deteriorarán, más de lo que ya se están deteriorando, los servicios públicos que los contribuyentes pagamos: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, además del resto de servicios públicos.

Con sus cifras y con la situación de los servicios públicos en cada país, esta situación es parte de esa guerra social contra todos los pueblos de Europa. Es una agresión a la clase trabajadora europea.

Frente a este devenir de hechos políticos, económicos y bélicos está la resistencia de los pueblos

La primera y más importante resistencia es la del pueblo palestino, que lleva más de 75 años defendiendo su tierra contra la ocupación ilegal de Israel, que se ríe de las resoluciones de la ONU y de las convenciones y tribunales internacionales.

Muerte, cárcel, pobreza, exilio…y ahora exterminio, es lo que Israel lleva aplicando en Palestina desde 1948. A pesar de ello, la Unión Europea mantiene estrechas relaciones comerciales con un Estado criminal. Y somos aliados del principal socio y protector, que no menos criminal, del estado sionista.

Los pueblos resisten, como lo está haciendo el pueblo francés, ante la política de Macron y sus gobiernos; pretenden aumentar el gasto en defensa hasta los 64.000 millones de euros, frente a los 32.000 que destinaba Francia en 2017, cuando Macron llegó al Eliseo. Para paliar el incremento del gasto militar, la contrapartida es congelar las pensiones, los sueldos de los funcionarios, sustituir solo 1/3 de las jubilaciones que se produzcan y congelar todas las partidas sociales: Sanidad, Educación…entre otras medidas, para ahorrar 44.000 millones de euros.

El pueblo francés salió a la calle el 18 de septiembre para rechazar estas decisiones de los gobiernos de Macron. Como a los madrileños que el día 14 salieron a la calle a protestar por la participación del equipo de Israel en La Vuelta ciclista, la mayoría de los medios de comunicación dijeron que las manifestaciones francesas fueron violentas. Si protestar en las calles, una forma en que los pueblos pueden hacer ver su punto de vista, es violento, cómo hay que calificar a matar a 20.000 niños y niñas en dos años, cómo hay que llamar a no llegar a fin de mes y tener que optar entre comer o poner la calefacción…

Los pueblos resisten enviando contundentes mensajes, como el del pueblo madrileño el 14 de septiembre. Mensajes que llegan y que animan a tomar medidas contra la indecente senda por la que nos llevan las instituciones y los organismos internacionales. No es casualidad que, tras la suspensión de la etapa final de La Vuelta, RTVE haya comunicado que si Israel participa en el próximo certamen de Eurovisión España no lo hará. No es casualidad que la Fiscalía General del Estado haya abierto una investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza. No es casualidad que, en otros deportes como en el fútbol internacional, comience a reivindicarse la exclusión de los equipos de Israel y no es casualidad que nuestro Gobierno haya decretado el embargo de armas a Israel, por muchas limitaciones que esta medida tenga. Pueden parecer gestos, pero no lo son. Es la evidencia de que, a pesar del silencio de los grandes medios de comunicación y del ejercicio institucional de mirar para otro lado, la presión que la resistencia de los pueblos hace llegar a las instituciones tiene efectos.

Hace pocos meses, muchos de los que hoy hablan abiertamente de genocidio se negaban a mencionar este término, punto al que Felipe VI ha evitado llegar en su intervención ante la ONU del día 24 de septiembre. Hoy solo quedan los de siempre negando el genocidio. Hasta las sumisas instituciones europeas se ven compelidas a tomar medidas contra Israel, lentas y limitadas, pero empujados a tomarlas.

Es necesario responder al sentimiento y la acción que están tomando los pueblos de España hacia el Gobierno, con un mensaje claro: no hay medias tintas RUPTURA TOTAL DE TODAS LAS RELACIONES CON EL ESTADO SIONISTA.

Desde Tribuna Socialista llamamos a participar en todas las movilizaciones y actos contra la guerra y contra el genocidio y, en particular a participar en la jornada de protesta que convocan UGT y CCOO para el 15 de octubre en los centros de trabajo, tanto públicos como privados.

El Comité de Redacción

https://www.rtve.es/noticias/20250727/trump-von-der-leyen-escocia-acuerdo-aranceles-guerra-comercial/16678460.shtml

Redacción de Tribuna Socialista

En el 36 incendiaron España, ahora dejan que se queme

Los herederos del franquismo están dejando que gran parte de nuestro territorio quede arrasado por las llamas. Que las pantallas de humo que nos ponen con sus rifirrafes en redes y sus cínicas justificaciones no nos impidan ver la triste realidad.

Si una vez ocurre una desgracia se puede achacar la inadecuada respuesta a la inexperiencia, la sorpresa o a una injustificable imprevisión. Este no es el caso de los incendios en territorios como Galicia o Castilla y León.

Entre junio y agosto de 2022 tuvieron lugar dos incendios en la Sierra de la Culebra (Zamora). El fuego arrasó más de 60.000 hectáreas entre ambos incendios. La respuesta fue la misma que en los incendios actuales: lentitud en reaccionar por parte de las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Hace tres años se puso en evidencia algo que conocen muy bien los habitantes de los pueblos de todas las zonas rurales en las que hay bosque en el Estado español: la insuficiencia de equipos de extinción, cuyos trabajadores están mal pagados y sufren una precariedad laboral brutal. A lo que hay que añadir la escasa o nula acción preventiva.

Esta situación, lejos de solucionarse y tomar medidas para prevenir y reducir el riesgo de incendio, además de no invertir en mejores dotaciones para la extinción, se ha agravado por las políticas económicas de estas comunidades gobernadas por el PP y/con el apoyo de VOX:

Según Asociación Nacional de Empresas Forestales, la inversión del Estado en prevención, incluidas las comunidades autónomas, se ha reducido en un 51%, en el periodo 2009 a 2022, pasando de 364 a 175 millones de euros (2022: último año con datos completos disponibles).
En el caso concreto de Castilla y León, la inversión en prevención de incendios forestales ha pasado de los 10 millones de euros de 2009 a tan solo 1,4 millones en 2022.

Con los datos en la mano, no caben excusas ni palabrerías. Es inaceptable el debate sobre la responsabilidad, pues es claramente de las autoridades autonómicas a quienes los números delatan.

Estamos ante el mismo problema una y otra vez, consistente en que las prioridades de los gobiernos son opuestas a las necesidades de los pueblos. Ha ocurrido en la DANA en Valencia, ocurrió en la gestión de la pandemia de COVID en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, ocurrió con el accidente del Prestige en Galicia, en 2003… y está ocurriendo ahora con esta ola de incendios, provocados intencionadamente en la mayoría de las ocasiones.

No es casual que los herederos ideológicos de quienes arrastraron a España a una guerra fratricida en 1936, en defensa de los intereses de la minoría privilegiada de entonces, sean los negacionistas de hoy, quienes con sus políticas de recortes abocan a la inmensa mayoría de la sociedad al desastre la el atraso; todo para defender a la misma minoría social de ayer y de hoy.

Que no se extrañen quienes tienen por costumbre pasearse para hacerse fotos en las zonas afectadas si los que han perdido sus casas, sus animales incluso a algún ser querido les reciben con barro, como en Paiporta, o con troncos calcinados.

Espero que, algún día, los corderos le muerdan las manos al matarife.