Un año más, el movimiento de pensionistas se ha echado a la calle para defender el Sistema Público de Pensiones, como lo lleva haciendo desde que el gobierno del PP, presidido por M. Rajoy, reformará la Ley General de la Seguridad Social de 2013 y comenzase a revalorizar las pensiones con un ridículo 0,25%, haciendo perder poder adquisitivo a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país.
El sábado 25 de octubre miles de pensionistas, y también jóvenes trabajadores y trabajadoras conscientes de que llegará un día en que vivirán de su salario diferido, se desplazaron a Madrid desde distintas comunidades autónomas, para exigir que:
El Gobierno encargue una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, en cumplimiento de la Ley 21/2021.
El Estado deje de fomentar la privatización de las pensiones.
El fin de la brecha de género en salarios y pensiones.
La elevación de la pensión mínima al SMI.
Además de los lemas de la convocatoria, fue muy general el rechazo de los manifestantes al incremento de los gastos militares, que nadie duda, excepto el Gobierno, que irán en detrimento de los gastos sociales, como la Sanidad, las Educación, la Dependencia y las Pensiones públicas. Para entender esta preocupación, basta con ver las consecuencias de la gestión público-privada de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la gestión de las residencias en pandemia en Madrid, o el déficit de plazas en FP.
Manifestantes pasando por la puerta del Congreso de los Diputados
El Gobierno y los grupos parlamentarios que le apoyan aprobaron la Ley 21/2021, publicada en el BOE del 28 de diciembre de 2021, bajo el título “garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones”.
Esta Ley modificó la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 58 para garantizar que el importe de las pensiones contributivas y de la pensión mínima se revalorizan con el IPC medio interanual. Y que si el IPC fuese negativo, como ocurrió por ejemplo en 2020, el importe de las pensiones no se reducirá.
Esta medida está bien, pero no garantiza que el poder de compra verdadero no se vea perjudicado, algo que saben bien las y los pensionistas sin necesidad de estadísticas ni estudios técnicos, pues tienen una experiencia empírica cada día que tienen que hacer la compra de los alimentos.
Los técnicos y los defensores a ultranza del Pacto de Toledo dirán que la garantía es técnicamente correcta, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen otra cosa. Por ejemplo, en IPC acumulado desde 2021 a 2024, ambos inclusive, es del 16,85% pero la revalorización de las pensiones ha sido en el mismo periodo del 15,20%. Este no sería el problema si el índice de referencia para la revalorización de las pensiones fuese el IPC de los productos habituales en el consumo de la mayoría de los y las pensionistas, por ejemplo: los alimentos. El IPC de los alimentos y las bebidas no alcohólicas ha crecido en el cuatrienio 2021 – 2024 un 25,57%, con lo que, frente a la revalorización de las pensiones, estas han perdido un 10,37% de poder adquisitivo.
Otro elemento importantísimo de la Ley 21/2021 es el recogido en la Disposición Adicional Sexta, en la que el Gobierno asumía la obligación de encargar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:
“En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de Auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social […]”
“Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”.
Este incumplimiento de la Ley, por parte del Gobierno de Coalición, lleva cuatro años silenciado por toda la prensa y por todos los partidos parlamentarios, pues el periodo que mandata la ley para dicha auditoría (1967 – 2019), afecta a todos los gobiernos, incluidos los últimos 8 años del franquismo.
Es posible que este silencio obedezca a los mismos motivos por los que nadie parece hacer hincapié en la devolución por parte de la banca de los 65.000 millones de euros que el Estado puso para su saneamiento más los 35.000 que el Estado español ha tenido que computar como deuda pública, por mandato de la Unión Europea, correspondiente al coste de los pisos de las entidades financieras agrupados en la Sareb.
La auditoría de a las cuentas de la Seguridad Social, comprometida en la Ley 21/2021, obedece a que el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020, puso de manifiesto que el Estado había utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros, al pagar con dinero de las cotizaciones los complemento a mínimos que el Estado está obligado a pagar con dinero procedente de los impuestos. Poco tiempo después, el actual Gobernador del Banco de España, en sus funciones de ministro de la Seguridad Social, concretamente en abril de 2023, reconocía en la prensa económica que la deuda del Estado ascendía a más de 140.000 millones de euros, por los mismos motivos que los señalados por el Tribunal de Cuentas.
Esa tremenda cantidad de dinero, que se generó en el periodo 2013 -2018, será mucho mayor si el periodo de análisis es el que fija la Ley 21/2021: 1967 – 2019.
Si el Estado devolviese a la caja de las pensiones el dinero que, en palabras del tribunal de Cuentas: se ha utilizado indebidamente, la falsa discusión de la insostenibilidad de las pensiones públicas quedaría resuelto.
Hay que celebrar que cada año el movimiento de pensionistas recuerde este incumplimiento y reivindique el avance en igualdad del Sistema Público de Pensiones.
En este artículo quiero reflexionar sobre la situación y la calidad de la justicia en España, el grado de aceptación/satisfacción de los españoles sobre ella y sobre todo y fundamentalmente, sobre el grado de independencia de nuestros jueces y magistrados y su dependencia, muchas veces prevaricadora, de determinados partidos políticos.
Antes de entrar en el meollo de la cuestión, tenemos que reflexionar sobre las causas de esta situación. Y entre las causas, pues es un asunto multicausal, hay una que es la principal: “De aquellos barros vienen estos lodos” y me refiero fundamentalmente a que en el inicio de la, en absoluto modélica y tranquila, transición española, del paso de las Leyes Fundamentales del Dictador Franco a las leyes democráticas y la Constitución de 1978, no se renovaron ni se sustituyeron (no se purgaron) a los jueces y magistrados franquistas, (en connivencia los franquistas y partidos supuestamente progresistas, como PSOE y PCE que abdicó de todos sus postulados marxistas, pero no del estalinismo), cuya gran parte de su cúpula servía o había servido en el funesto TOP, que pasaron, en su gran mayoría, a las cúpulas de la pirámide judicial, arrastrando su ideología franquista, sus errores funcionales y sobre todo su prepotencia, siendo muchos ascendidos, condecorados y galardonados.
La falta de renovación de jueces y magistrados que procedían del Franquismo, del Movimiento Nacional y del ultracatolicismo conservador, no fueron sustituidos por jueces progresistas y demócratas (seguramente habría sido muy difícil encontrarlos en ese momento). Muchos jueces procedentes del TOP, pasaron a ocupar altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Presidencias de Salas de Audiencias Territoriales y luego Tribunales Superiores de Justicia e incluso Tribunal Constitucional, y a partir de ahí, la dependencia ideológica de nuestros jueces y su servilismo a partidos conservadores y de extrema derecha, está servida, sin que afirmemos que esa sea la generalidad, pero sí la nota más acusada y cada vez más abundante sumada a un corporativismo exacerbado.
A lo expuesto hasta aquí, se suma la acusada falta de jueces y magistrados lleva a una situación caótica de acumulación de asuntos sin resolver que ya es insostenible y puede llegar a ser inabordable. Es por ello, que, el aforismo “la justicia o es inmediata o no es” y que “la justicia tardía es justicia denegada”, tiene absoluta actualidad en España.
El CGPJ, aunque tras más de ocho años paralizado y aunque se consiguiera renovar finalmente, sigue sin funcionar y no se corrige sino todo lo contrario, a jueces que prevarican a sabiendas en asuntos de corrupción o claramente políticos, que favorecen a la extrema derecha, PP y VOX.
Los Juzgados españoles acumulan cada año cantidades ingentes de sumarios y asuntos sin resolver, y es que España cuenta solo con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 17 y en países de alta tradición democrática, como los países nórdicos o Francia, se supera netamente esta cifra. Esta situación refleja una crisis estructural de la justicia española, que sufre retrasos crónicos y casi irrecuperables, protestas históricas y un órgano de gobierno paralizado por la política (Redacción El Diario de Madrid, 24/jun/25).
Sin embargo, cuando desde el Gobierno se presenta un proyecto de Ley de reforma del Poder Judicial, y acceso a la carrera judicial, además de regularizar la caótica situación de los jueces sustitutos, se encuentra con una férrea oposición de todas las asociaciones profesionales conservadoras y de extrema derecha de los jueces y una incomprensión, solo explicada, por su corporativismo y defensa acérrima de sus privilegios. Los jueces se creen y se sienten figuras intocables que pueden hacer lo que les viene en gana con absoluta impunidad, pero lo cierto y verdad es que los juecesno son más que nadie, habiendo protagonizado jornadas de huelga, cuando constitucional y legalmente les está vedado, eso sí, sin que se les descontara el sueldo por cada día de huelga, e incluso interrumpiendo juicios que se estaban celebrando, para acudir a las concentraciones, con toga, por supuesto.
Con datos del informe que emite el CGPJ, en el segundo trimestre de 2024, la justicia española cerró con 4.181.669 asuntos pendientes, sobre un total de asuntos de 7.799.166. Esto supone un incremento del 14,2% respecto al mismo periodo de 2023. Este dato marca un récord de casos sin resolver.
Lo que nos lleva a la conclusión de que hay un colapso estructural y una desconexión de la realidad, por parte de la justicia española.
En cuanto al grado de descontento y hartura de los españoles respecto de la justicia española, salvo los informes propios e intencionados del CGPJ y de sus medios acólitos, el rechazo es descomunal.
Según el HuffPost/EFE, nueve de cada diez españoles considera que la justicia no es igual para todos. El tercer estudio ‘Calidad de la Democracia’ realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge que el 78,5% de los ciudadanos considera que no se trata del mismo modo a ricos y pobres. (Redacción 08/05/2025).
La justicia, queda muy mal parada.
En las preguntas del CIS referidas al funcionamiento del sistema judicial, los encuestados se muestran muy críticos: una abrumadora mayoría del 89,9 % no comparte que trate igual a los políticos que a los ciudadanos y el 78 % tampoco está de acuerdo con que la justicia sea imparcial en los procesos que afectan a los partidos, especialmente en temas de corrupción y que afectan al PP y a VOX.
Según “El País”, dos de cada tres encuestados están poco o nada satisfechos con el funcionamiento de los tribunales. La Administración de Justicia se mantiene como el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio que menos satisfacción genera —la asistencia sanitaria en los centros de salud públicos—, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La agencia que dirige José Félix Tezanos ha retomado las encuestas sobre calidad de los servicios públicos que el organismo había dejado de hacer en 2018, justo tras la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez. Y la justicia sigue en la cola, como entonces, cinco años después. El sondeo muestra que el 66,2% de la población está totalmente en desacuerdo e insatisfechos con la justicia española.
Vayamos ahora con reflexiones sobre la tan denostada y presunta independencia de los jueces y magistrados en España. Vaya por delante que la democracia y el sentido de la responsabilidad y decencia, exige que los jueces sean rabiosamente independientes, a la hora de analizar hechos, enjuiciar asuntos y dictar sentencias, neutralidad que no deberá interferir en su integridad e independencia, a la hora de emitir sus Fallos en los asuntos de que conozcan.
Según Fernando Ull Barbat, “El ojo crítico”, 02/10/25, “por mucho que una gran parte de los jueces españoles se empeñen en hacernos creer que son poco menos que figuras intocables que pueden hacer lo que les venga en gana, la realidad constitucional de nuestro país les obliga a estar al servicio de los españoles”. Y yo añado, y si así no lo hicieren, prevaricarían dolosamente.
Los jueces tienen que aplicar la ley, lo que quiere decir que no pueden interpretar las leyes como les parezca, ni dictar las sentencias que quieran, sin que puedan ser objeto de la menor crítica. No pueden interpretar las leyes según su ideología y para favorecer y adaptarlas al ideario de un partido político, que es lo que muchos hacen. (Fernando Ull Barbat).
Fundación Sistema: Cae la confinza en la Justicia en España
El artículo 117 de la Constitución señala que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Pero, ¿qué ocurre cuando esa justicia pierde legitimidad ante los ciudadanos porque una parte de esta situada en puestos estratégicos, entra en conspiraciones para derribar gobiernos, intenta condicionar procesos electorales o aparecen noticias como: “El Tribunal Superior de Cataluña absuelve a Dani Alves de un delito de agresión sexual”; “Un juez procesa al humorista Quequé por bromear con “dinamitar” el Valle de los Caídos y “apedrear” a curas pederastas”; “El TSJC permite que un padre pueda impedir la eutanasia del hijo (de 54 años) aunque no tengan relación”?
Ocurre, que la confianza en la justicia cae porque, parte de ella, en lugar de ser y actuar como un árbitro neutral, actúa y se comporta como un actor político más, saltándose la legalidad constitucional. Algo muy inquietante en una sociedad democrática y en un Estado de derecho, porque la población interioriza que la justicia no es igual para todos.
“En una escala de valoración donde 1 representa la mínima confianza y 10 la máxima confianza, los españoles en el año 2021 valoraban la justicia con una media de 4,76. En el año 2024, esa valoración descendió hasta un 4,67. Este dato es una señal de advertencia sobre la situación institucional de España, máxime si tenemos en cuenta que la valoración de los partidos políticos, los sindicatos, el gobierno, el Parlamento y los medios de comunicación es aún menor, según las encuestas sobre Tendencias Sociales realizadas por el Centro de investigaciones Sociológicas entre 2021 y 2024.”
En definitiva, lo que nos dice entre líneas el artículo transcrito y que comparto, es que una parte importante y poderosa de los jueces y magistrados, no son independientes, sino que están y han estado al servicio del PP e incluso de VOX y prevarican, al hacer de sus juzgados y tribunales baluartes para, de la mano de la extrema derecha, descalificar y hacer caer al gobierno de la nación, al que ab initio, consideran ilegítimo, y sobre el que lanzan bulos, mentiras y todo tipo de basura, como hicieron con Pablo Iglesias y su familia. Van a por Pedro Sánchez, para hacer caer al gobierno, con el CGPJ a la cabeza, con jueces y magistrados significados, desde el TS, la AN y Salas de los TSJ, mediante la prevaricación, que impiden o atenúan el procesamiento de corruptos, como Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso, M. Rajoy, Feijoo y el propio Aznar, y tantos otros, acosando al presidente del Gobierno, procesando a su hermano y a su mujer con delitos inventados y en instrucciones claramente prevaricadoras y falsas. Delitos gravísimos por los que tienen la más absoluta impunidad, pues se creen por encima del bien y del mal.
Lo que subyace es el ataque sostenido de la derecha extrema y la extrema derecha (en España no existe una derecha democrática), contra el actual Gobierno al que consideran, antes incluso de constituirse, como ilegítimo, sin que sigan sin asumir la democracia con todas sus consecuencias (Fernando Ull Barbat), porque piensan que España es solo suya y la quieren UNA GRANDE Y LIBRE constituyendo una UNIDAD DE DESTINO EN LO UNIVERSAL.
Compartiendo la tesis de Fernando Ull Barbat, se trata, de un golpe de estado mantenido y permanente, para conseguir el agotamiento y caída del gobierno y la convocatoria de elecciones generales, que, por supuesto, están convencidos de que ganarán, recuperando lo que consideran que es suyo por la gracia de dios y ab natura, el poder en todos los órdenes y España su cortijo.
Al juez Garzón, lo procesaron por enjuiciar al franquismo y lo expulsaron de la carrera. Se jactaban de manejar a la Segunda del TS por la puerta de atrás, en fin, todos tenemos en mente tantas cosas, que ratifican lo que vengo sosteniendo; que una parte significativa de jueces y magistrados no son independientes, prevarican impunemente y están al servicio de la extrema derecha del país, siendo las salas en las que sirven, poltronas para hacer política contra el Gobierno legítimo y hacerlo caer provocando nuevas elecciones generales.
Estoy convencido de que triunfará la democracia, que el Gobierno va a aguantar y va a agotar la legislatura y que los cambios legislativos sobre el nombramiento y elección de los vocales del CGPJ y jueces y magistrados, acceso a la carrera judicial, regularización del cuarto turno y cuarto turno para fiscales, regularización y estabilidad de los jueces sustitutos, harán que se sanee la justicia española, aumente el número de jueces independientes, se desatasque el atraso judicial y poco a poco, se normalice y se recupere la confianza en el sistema judicial, hoy tan justamente deteriorada.
La publicidad está adherida de tal manera a nuestras neuronas que resulta imposible desprendernos de ella, estés donde estés, hagas lo que hagas, mires donde mires. Es una sombra artificial pegada a nuestras suelas que, en determinados momentos, se convierte en un asedio insoportable para la mente por lo reiterativo de su mensaje que se introduce durante un tiempo en nuestra vida cotidiana, aunque lo que se publicite nos importe un bledo o esté muy alejado de nuestras posibilidades económicas. Y, también de la ideología que rezuman algunos de sus mensajes que solo son la extensión de una estrategia política que se publicita como si fuera un producto que se puede comprar con un chasquido de los dedos.
La publicidad es ante todo un negocio, para el anunciante que espera vender más y mejor su producto y, sobre todo, para los medios de comunicación cuyas cuentas y supervivencia se sustenta en los ingresos publicitarios que percibe, en especial, con las campañas que periódicamente ponen en marcha las grandes marcas. Relación de dependencia que muchos analistas de los medios de comunicación consideran un condicionante de su independencia informativa. Todos sabemos que hay determinadas marcas muy conocidas de las que nunca se informa sobre sus problemas y dificultades internas, por la ingente cantidad de dinero que invierten en los medios. Por eso nunca encontraremos una información, crítica o no, sobre las interioridades de gestión del El Corte Inglés, MAPFRE, Mutua Automovilística, y otras muchas que están en la memoria de todos.
Asedio que creció sin límite con internet por la facilidad de la compra a distancia y la difusión masiva de videos publicitarios, hasta el punto de convertir la publicidad en un fenómeno insertado en nuestras vidas como un elemento más de nuestro existir en el que ya ni reparamos en cuanto a su influencia en la mente. Influencia que condiciona nuestro comportamiento desde lo más básico que es estimular el deseo de compra, a lo más oculto en lo que solemos pensar: la acentuación de la estratificación clasista de la sociedad a través del valor de los objetos que se publicitan que definen el nivel de vida y de clase de su poseedor.
Publicidad que ya no se centra en las características funcionales del objeto en cuanto a los beneficios que ofrece para facilitar tareas cotidianas de todo tipo, sino que se nos presentan asociados a anhelos humanos. De ahí la expansión de términos como aspiracional, exclusivo o exclusividad que el mensaje publicitario utiliza para asociar el objeto que se publicita con el triunfo, el éxito y el ascenso social. Mensajes que se propalan en campañas masivas y machaconas que usan estas herramientas para ocultar un objetivo político o mercantil de quienes las pagan que, en el fondo, esconde una lucha por el control de su sector estratégico del mercado y sus efectos sociales.
Un ejemplo de bombardeo de impactos publicitarios ha tenido lugar estos meses pasados, con el enfrentamiento entre dos de los cinco grandes bancos: BBVA y Sabadell. El primero para convencer a los accionistas del Sabadell de las bondades de canjear sus acciones por las de la entidad vasca, y el segundo justamente para lo contrario; convencer a sus accionistas para que no aceptasen la oferta del BBVA. Ha sido una guerra mediática que ha machacado a los accionistas del banco catalán y a todas y todos los que, sin tener acciones de ninguna de las entidades, ni interés en el asunto, hemos tenido que soportar los machacones mensajes.
Los medios de comunicación utilizados por estas dos entidades financieras han sido agraciados con una lluvia extra de dinero sobre los ingresos ordinarios por publicidad. Según la web de “Infoperiodistas”, entre los dos bancos han gastado en torno a 70 millones de euros extraordinarios en esta campaña: 40 Sabadell y 30 BBVA ¿Estará en los 10 millones de diferencia el resultado de la OPA, a favor de la entidad catalana?
Como señalábamos más arriba, los medios ya se cuidan muy mucho de no informar de cuestiones relativas a las consecuencias que para la sociedad tiene el contenido del producto anunciado y las estrategias políticas de las marcas anunciantes.
La operación bancaria aludida tiene consecuencias para la sociedad; que el sector financiero continúe su proceso de concentración. No informar de algo tan importante es una contradicción con la naturaleza misma y la razón de ser de los medios de comunicación. La consecuencia es que los medios de comunicación dejan de ser independientes, dejando por ende de cumplir con su supuesta vocación de informar verazmente, con pluralidad e independencia.
Algunos datos de interés que, quizá, no estén al alcance de todos; porque los medios de comunicación de masas no se hacen eco de ellos, o no suficientemente:
En España se ha conformado un oligopolio financiero en el que más del 70% del sector se concentra en cinco entidades, por volumen de activos: Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter.
La concentración bancaria no es nueva en nuestro país, viene produciéndose desde el pasado siglo, sin bien se ha acelerado desde 2008:
En 1980 había en España 192 bancos comerciales y 84 cajas de ahorros. 2024 se cerró con 46 entidades bancarias y 2 cajas de ahorros -sin contar las 58 cajas rurales existentes-.
La reducción de entidades financieras ha provocado un oligopolio de 5 entidades con consecuencias muy perjudiciales para la sociedad, al ser el bancario un negocio cautivo, en ausencia de una banca pública que preste servicios básicos y de depósito:
Desde la crisis de 2008 han cerrado en España el 60% de las oficinas existentes -unas 28.000 sucursales-. Y se ha perdido el 47% de los puestos de trabajo en el sector -unos 128.000 trabajadores y trabajadoras menos-.
Como consecuencia de lo anterior, en estos 17 años ha aparecido el fenómeno que conocemos como “la España vaciada”. La banca no es la responsable única de este fenómeno, pero sin lugar a duda el cierre masivo de oficinas ha contribuido en gran medida, pues el 29% de los municipios (2.341 pueblos) no tienen oficina bancaria, ni tan siquiera un cajero automático.
A los datos anteriores habría que añadir que el erario público prestó a las entidades más de 100.000 millones de euros de dinero público (65.000 en dinero para el saneamiento + 35.000 de los pisos de la Sareb), para salvarlas de la crisis financiera de 2008, de la que ellos mismo, los banqueros habían contribuido a crear. Dinero que las entidades no han retornado al Estado, aunque el entonces Ministro de Economía del Gobierno de Rajoy, y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindós, aseguró que el rescate no le costaría un euro a los españoles.
Esto no son más que algunos retazos de lo que hay detrás de los productos y estrategias de un sector, que se publicita como si fuese muy beneficioso para la sociedad en general y sus clientes en particular.
El consumidor está desvalido ante la oferta si los medios de comunicación no ponen a su disposición la información completa. La información que damos, a colación del intento fallido de OPA del BBVA al Banco Sabadell bien podría aplicarse al sector farmacéutico, a las empresas de la salud, a las del automóvil o a las de la energía, entre otras muchas; incluso en la política.
Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario
y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas
Roberto Tornamira Sánchez
Ex Secretario Estatal de la FeSMC-UGT
del Sindicato del Sector Financiero, Seguros y Oficinas
El fracasado candidato a Premio Nobel de la Paz acelera la barbarie que lleva intrínseca el sistema económico vigente. En palabras de Jean Jaurès: «El capitalismo lleva la guerra dentro como la nube lleva la tormenta”.
En un leguaje más práctico: la deuda exterior de los EE.UU., superó en agosto los 37 billones de $; es la consecuencia de ejercer de gendarme del mundo y tener que mantener al ejército más temible de la tierra. Y eso es lo que Trump infunde: temor y no respeto. No se entiende de otro modo que Zelensky sea humillado cada vez que visita la Casa Blanca. Como es incomprensible la sumisión del secretario general de la OTAN; o la de la presidenta de la Comisión Europea cuando Trump la recibió en su campo de golf escocés, para mayor vergüenza, el 27 de julio, donde aceptó comprar energía a EE.UU., por valor de 750.000 millones de euros, invertir 600.000 MM€ en los USA e incrementar las compras en armamento a la industria norteamericana. Todo, a cambio de aplicar a los productos europeos “solo” el 15% de aranceles, sin contrapartida ninguna. Este es el nivel de degradación y bochorno por el que Trump hace pasar a sus supuestos aliados.
A los miembros de la Comisión Europea y a una importante mayoría de los europarlamentarios les debe importar un pimiento la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones en sus respectivos países; por el alza especulativa de los precios de la energía, de la vivienda, de los alimentos… así como el avance de la pobreza que todo ello conlleva, a nombre de una guerra con trasfondo comercial.
Intentar entender esta situación, que no compartirla, solo es posible desde la óptica del Mercado, ese mercado libre; libre de imponer y someter causando muerte, pobreza y desestabilización social.
El sistema el capitalista, el mercado libre de hacer lo que le venga en gana, ha decidido arrasar los derechos que la clase trabajadora ha ido consiguiendo, con luchas y mucho sacrificio, a lo largo de los últimos 200 años. Y están dispuestos a conseguir sus objetivos, aunque tengan que asesinar a la mitad de la población mundial. Es por ello que no es correcto hablar de guerra entre pueblos, sino de guerra contra la clase trabajadora.
La guerra social desatada contra la clase trabajadora toma sus formas diferentes en cada país:
En Francia, la clase dirigente al servicio del capital ha decidido acatar las órdenes y destinar 400.000 millones de euros “para modernizar el ejército”, dicen. La realidad es que Francia ha asumido con la OTAN, es decir con los EE.UU., un gasto de aquí a 2035 de más de 650.000 MM€ -Francia se ha marcado el objetivo de gastar 64.000 MM€ en defensa en 2027, frente a los 32.000 que destinaba a gasto militar en 2017, cuando Macron llegó al Eliseo. Están dispuestos incluso a llevarse por delante a la V República. Para no extendernos y entender la concreción en Francia, sugerimos la lectura del artículo de Enrique Dargallo “Crisis política en Francia: Macron en primera línea”, publicado en este mismo número 170 de Tribuna Socialista.
En Ucrania toma formas más complejas y graves. EE.UU., desde antes de 2013, viene presionando a la UE para que “diversifique su dependencia energética de Rusia”; una forma de expresarlo que, sin ser incierta, esconde una presión para que Europa compre Gas Natural Licuado (GNL) estadounidense, en detrimento del suministro ruso -lo que da una idea de la motivación para la voladura del gaseoducto Nord Stream, en septiembre de 2022-, y por qué se imponen sanciones económicas contra Rusia, pero no a Israel.
Como dijo Clausewitz “la guerra es sólo la continuación de la política por otros medios”. Y eso es lo que hay en Ucrania; una guerra que el próximo febrero cumplirá su cuarto año, sin olvidar que el Estado ucraniano, cuyo gobierno hoy preside Zelenski, arremetió contra su propio pueblo, en la región del Dombas, en 2013, causando miles de muertos. Para no extendernos, sugerimos Ver: TS-130 de enero de 2022, (pág. 20) Posicionamiento del CATP contra la guerra -un mes antes de la invasión rusa. Y otros números siguientes a partir de febrero de 2022-.
El hecho es que mueren miles de jóvenes en los frentes de guerra, para que los EE.UU., con la cobertura de la OTAN, se apropien de un negocio de más de 40.000 millones anuales en suministro de GNL a la UE. Negocio que aumentará con los compromisos unidireccionales aceptados por la señora Von der Leyen. Es lógico pensar que Putin quiera compensación por la pérdida del negocio de los combustibles, y Trump está dispuesto a compensarle con el 20% del territorio ucraniano. Por si acaso, el depravado inquilino de la Casa Blanca ya se ha garantizado la explotación de minerales y tierras raras, en lo que es rico el subsuelo ucraniano. Todo ello con la inestimable colaboración de la UE y todas sus instituciones.
A estos mercaderes les importa un bledo los 400.000 soldados que han muerto o han sido heridos en el frente ucraniano. Como a Putin le importan un comino que hayan muerto o hayan sido heridos más de un millón de soldados rusos en este conflicto. Por eso comprendemos y apoyamos la decisión de desertar de miles de jóvenes ucranianos y rusos, pues esta no es su guerra.
En Palestina, el negocio ha tomado la forma de Genocidio del pueblo gazatí, como si quisiesen enviar un mensaje a toda la clase trabajadora mundial, de hasta donde están dispuestos a llegar para salvaguardar sus intereses económicos.
Lo ha dicho ASTRADE en su Declaración del pasado día 16 de octubre “Sin duda alguna, la parte positiva (del plan de paz) es el fin de las bombas y la matanza indiscriminada de gazatíes”; algo que no está garantizado, pues el Estado sionista rompe el Alto el Fuego y continúa asesinando civiles desarmados.
Para garantizar el negocio, Trump ha enviado a su “equipo”, yerno incluido, a pedir a Netanyahu que respete los acuerdos: veremos cómo y cuándo acaba la tregua y la forma que toma la idea de la Familia Trump de transformar Gaza en un resort; idea jaleada por el Gobierno de Netanyahu. El tiempo nos dirá cuantos kilómetros cuadrados le dan a los Trump. Lo único que parece estar claro es que el Estado sionista continuará ocupando tierras ilegalmente y expulsando al pueblo palestino de su territorio, como viene haciendo impunemente desde 1948, incluso antes.
A los palestinos les ofrecerán, como “premio de consolación”, trabajar sin derechos en una especie de sucursal de Las Vegas a orillas del Mediterráneo. Es lo que les está ocurriendo hoy, a 125.000 trabajadores procedentes de la Franja de Gaza y de Cisjordania, como denuncia el Sindicato de Trabajadores árabes, con sede en Nazaret: “a los trabajadores les niegan su salario o indemnización; y su legítimo derecho a reclamarlo, a nombre de que pertenecen a “una autoridad terrorista”, argumentan de forma coordinada muchos empleadores”.
El negocio se cierne también sobre Venezuela, y sobre sus reservas de petróleo en particular, por lo que Trump ha asesinado, de momento, a más de 40 personas, sin prueba ni juicio, en las aguas del Caribe. Y ha dado rienda suelta a los provocadores de la CIA para que “el que pueda hacer que haga” según el lenguaje que manejan los fascistas y golpistas de toda laya.
Es una guerra de los poseedores del capital contra sus propias clases trabajadoras. Cuando Trump habla de “América first”, no dice a qué América se refiere, pues la América a la que reprime con la guardia nacional es a la que considera “su enemigo”, por lo que invitó a sus generales y almirantes a “vigilar al enemigo interior”.
Es exactamente lo mismo cuando Trump condiciona la ayuda económica a Argentina, si el pueblo argentino no apoya al sicario del capital que ocupa la Casa Rosada en Buenos Aires. O cuando chantajea al presidente de Brasil con aranceles si no indulta a Bolsonaro, el golpista.
La respuesta no está en el viento, que diría Dylan. La respuesta está en las calles. La respuesta a esta barbarie insaciable está germinando en las grandes manifestaciones que hubo el 18 de octubre en las principales ciudades de los Estados Unidos de América. Está en las jornadas de huelga de Italia, para rechazar el genocidio en Gaza. Está en los cientos de miles de personas que salieron a las calles el 7 de octubre en Londres, para pedir justicia y que pare el genocidio. Está en la determinación de decenas de miles de madrileños y madrileñas que el 14 de septiembre dijeron NO a la última etapa de La vuelta ciclista de la vergüenza. Está en la jornada de lucha en nuestro país, el 15 de octubre, con grandes manifestaciones y paros laborales, aunque fuesen de tiempo limitado. Está en las manifestaciones de jóvenes reclamando vivienda asequible, en la queja de la clase trabajadora andaluza y madrileña en defensa de la Sanidad Pública, en la perseverancia del pueblo valenciano exigiendo responsabilidades por las negligencias en la DANA de 2024…Está en cada conflicto laboral que utilizan los trabajadores para reivindicar y defender sus derechos.
El Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez tiene que dejar ya su ambigüedad y de jugar con los tiempos: no se puede decir “Viva Palestina” y decretar el embargo de armas dos años después de iniciado el genocidio, con 67.000 asesinados; celebramos que lo hayan hecho, pero criticamos la tardanza. No se puede estar en contra de la Guerra y que el presidente y su ministra de Defensa no paren de decir que cumplirán con los compromisos de gasto militar.
En muchas ocasiones vemos a las organizaciones de la clase trabajadora como dique de contención contra esta resistencia. Sería mucho más deseable verlas a la cabeza de las movilizaciones llamado a la unidad y haciéndola en los hechos.
El mundo se ha dislocado. Los ataques contra la clase trabajadora y los derechos de los pueblos son más brutales que nunca. En esta declaración podíamos hablar de lo que está sucediendo en Francia o de la guerra de Ucrania, que también forman parte de esa dislocación, en la que el capital financiero no tiene otra salida que alimentar el negocio de la destrucción: destrucción de derechos laborales y sociales, como se pretende en una Francia, aun a riesgo de llevarse por medio a la mismísima V República; destrucción física de personas territorios, como sucede en Ucrania, con el “botín” de la energía, la agricultura y las tierras raras como telón de fondo; o como sucede en Palestina, donde se masacra al pueblo gazatí para después someterlo a la esclavitud y el apartheid en una zona franca, sin derechos, que se convertirá en la “nueva Gaza”, el sueño dorado de cualquier especulador o fondo buitre; y por encima de todo, el negocio de la destrucción que, en sí mismo, supone la industria del armamento.
Por la importancia y la solidaridad que el sufrimiento y la resistencia palestina tiene para la clase trabajadora del mundo entero, decidimos dedicar esta editorial al mal llamado “acuerdo de paz”, ratificado el lunes 13 de octubre en el show de Trump, presentado en Egipto.
El “plan de paz” que Trump ha diseñado junto a Netanyahu, no pasa de ser un alto el fuego, que veremos su duración. Israel obviamente ha escenificado que lo acepta y a Hamás no le ha quedado otra salida que firmarlo, para frenar el exterminio y parar la hambruna, a cambio de una serie de condiciones que someten un más, si cabe, al pueblo palestino.
Después del Genocidio cometido por el Estado sionista de Israel, llega Trump, para liderar las hordas de carroñeros del capital financiero que han puesto sus ojos en la “reconstrucción” de Gaza.
Como también pretender hacer en Ucrania, la propuesta de Trump supone la imposición de una capitulación total para el pueblo palestino, una bendición del genocidio perpetrado por el gobierno sionista de Israel y una vía abierta para los intereses especulativos del capital.
Sin duda alguna, la parte positiva es el fin de las bombas y la matanza indiscriminada de gazaties, a cambio de consolidar a Israel como un estado colonialista bajo la tutela de Estados Unidos y sus aliados en occidente negando el reconocimiento del Estado Palestino.
Veamos punto por punto, los acuerdos firmados el 13 de octubre:
“Gaza será una zona libre de terrorismo, desradicalizada, que no representará una amenaza para sus vecinos”. Es decir, toda oposición al régimen de Apartheid del estado sionista de Israel será disueltos, y sus miembros tratados como terroristas.
«Se reconstruirá Gaza en beneficio de su población, que ya ha sufrido más que suficiente«. Los palestinos serán mano de obra barata, al servicio del capital especulativo, muy probablemente para la construcción de los complejos turísticos anunciados por Trump. Quizá una zona franca libre de impuestos y de derechos laborales.
«Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de manera inmediata. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de los rehenes. Durante este tiempo, se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y se congelarán las líneas de batalla hasta que se cumplan las condiciones para la retirada escalonada completa.» De momento, se ha producido un alto el fuego, pero las tropas israelís siguen presentes, sin compromiso cierto de retirada.
«En un plazo de 72 horas desde que Israel acepte públicamente este acuerdo, serán devueltos todos los rehenes, vivos y fallecidos». Lo que es una buena noticia, aún lo es más para Netanyahu que estaba muy presionado por parte del propio pueblo israelí para liberar a los rehenes y poner fin al conflicto.
«Cuando todos los rehenes sean puestos en libertad, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua más 1.700 gazatíes que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo a las mujeres y los niños detenidos en ese contexto. Por cada rehén israelí cuyos restos sean entregados, Israel entregará los restos de 15 gazatíes fallecidos». Significa la liberación de todos los presos israelís, pero no de todos los presos palestinos, que llevan años en las cárceles israelís (años antes del 7 de octubre de 2023). Datos publicados por la BBC, aludiendo a fuentes del Ministerio de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos, a principios de este año había 10.200 palestinos y palestinas en cárceles israelitas; un tercio de ellos y ellas sin haber pasado por juicio alguno.
«Una vez devueltos todos los rehenes, se les dará amnistía a los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a desmantelar sus armas. A los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza se les proporcionará un pasaje seguro a los países de acogida.», Desarme y exilio de los miembros de Hamás. Palestinos que se unirán a los 7,5 millones que han sido expulsados de su tierra a lo largo de 8 décadas, incluyendo los que sobreviven como pueden en los campos de refugiados de Líbano, Siria o Jordania, y en los campos de refugiados de la propia Gaza y Cisjordania.
«Después de que se acepte este acuerdo, se enviará inmediatamente toda la ayuda a la franja de Gaza. Como mínimo, las cantidades de ayuda serán coherentes con lo comprometido en el acuerdo del 19 de enero de 2025 relativo a la ayuda humanitaria, incluida la rehabilitación de infraestructuras (agua, electricidad, alcantarillado), la rehabilitación de hospitales y panaderías, y la entrada del equipo necesario para retirar escombros y abrir caminos.». Ayuda humanitaria a cambio de la rendición de Hamás.
«La entrada de la distribución y la ayuda en la franja de Gaza se realizará, sin interferencias de las dos partes, a través de las Naciones Unidas y sus agencias, y la Media Luna Roja, además de otras instituciones internacionales no asociadas en modo alguno con ninguna de las partes. La apertura del paso fronterizo de Rafah en ambas direcciones estará sujeta al mismo mecanismo aplicado en virtud del acuerdo del 19 de enero de 2025». Más condiciones para la ayuda humanitaria.
«Gaza se regirá bajo el gobierno transitorio temporal de un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable del funcionamiento cotidiano de los servicios públicos y los cuerpos de gobierno para la población de Gaza». Es decir, Gaza será gobernada de forma no democrática.
“Este comité estará compuesto por palestinos calificados y expertos internacionales, con la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la “Junta de la Paz”, que estará encabezada y presidida por el presidente Donald J. Trump, con otros miembros y jefes de Estado que se anunciarán, incluido el ex primer ministro Tony Blair”. Trump se proclama “amo y señor” de Gaza, y gobernará de facto, por encima de Blair, miembro del conocido «trío de las Azores» junto Bush y Aznar.
«Este órgano establecerá el marco y se encargará de la financiación de la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas, tal como se esboza en diversas propuestas, incluido el plan de paz de la presidencia de Trump en 2020 y la propuesta saudita-francesa, y se pueda retomar el control de Gaza de forma segura y efectiva. Este organismo recurrirá a las mejores normas internacionales para crear una gobernanza moderna y eficaz que sirva a la población de Gaza y sea propicia para atraer inversiones«. Es decir, Trump será el responsable de la reconstrucción de Gaza y de atraer inversores, por lo que ha puesto al frente del “negocio” a su yerno, Jared Kushner, para la construcción de la zona franca comentada en el punto 2.
«Se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y darle energía a Gaza convocando a un grupo de expertos que han ayudado a crear algunas de las modernas y prósperas ciudades de Medio Oriente. Grupos internacionales bienintencionados han elaborado muchas propuestas de inversión meditadas e ideas de desarrollo apasionantes, que se tendrán en cuenta para sintetizar los marcos de seguridad y gobernanza que atraigan y faciliten estas inversiones que crearán empleo, oportunidades y esperanza para la Gaza del futuro». Por si no quedaba claro lo del negocio de Trump y su comparsa de carroñeros.
«Se establecerá una zona económica especial con tarifas arancelarias y de acceso preferencial que se negociarán con los países participantes». Por si no quedaba claro lo de la zona franca libre de derecho laborales y aranceles. Para los incrédulos, recuerden la pretensión del inversor Sheldon Adelson de instalar una sucursal de Las Vegas en Europa, concretamente en Alcorcón (Madrid), cuyas condiciones era tan leoninas que ni Esperanza Aguirre fue capaz de implementarlas.
«No se obligará a nadie a abandonar Gaza, y quien desee marcharse será libre de hacerlo y de regresar. Animaremos a la gente a quedarse y les ofreceremos la oportunidad de construir una Gaza mejor.» Lo que se suele decir «lentejas, sino te gustan las dejas» como si al pueblo palestino le quedara otra opción. El acuerdo nada dice de la posibilidad de regreso de más del 70% de la población palestina que, desde 1948 ha ido siendo expulsada de su tierra y que vive exiliada.
«Hamás y otras facciones acuerdan no desempeñar ningún papel en el gobierno de Gaza, ni directa, ni indirectamente, ni de ninguna forma. Todas las infraestructuras militares, terroristas y ofensivas, incluidos los túneles y las instalaciones de producción de armas, serán destruidas y no se reconstruirán. Habrá un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, el cual incluirá poner fuera de uso las armas de manera permanente mediante un proceso acordado de desmantelamiento, que será apoyado por un programa de recompra y reintegración con financiamiento internacional, todo ello verificado por los observadores independientes. Nueva Gaza se comprometerá plenamente a construir una economía próspera y a coexistir pacíficamente con sus vecinos.» Es decir, se cercena la capacidad de autodeterminación del pueblo palestino y se deja a los gazatíes indefensos ante las arbritrariedades de Trump, Netanyahu, Blair y sus secuaces.
«Los socios regionales proporcionarán una garantía para asegurar que Hamás, y las facciones, cumplen sus obligaciones y que Nueva Gaza no representa ninguna amenaza para sus vecinos ni para su población.». Sin comentarios.
«Estados Unidos trabajará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por su sigla en inglés) temporal que se desplegará inmediatamente en Gaza. La ISF entrenará y prestará apoyo a las fuerzas policiales palestinas de Gaza que hayan sido investigadas, y consultará con Jordania y Egipto, quienes tienen amplia experiencia en este campo. Esta fuerza será la solución de seguridad interna a largo plazo. La ISF colaborará con Israel y Egipto para ayudar a asegurar las zonas fronterizas, junto con las fuerzas policiales palestinas recién formadas. Es fundamental impedir que entren municiones en Gaza y facilitar el flujo rápido y seguro de mercancías para reconstruir y revitalizar Gaza. Las partes acordarán un mecanismo de desactivación de conflictos«. ¿No estaban para eso los cascos azules de la ONU? Pues parece ser, que no. Trump quiere asegurarse de que las tropas le obedezcan solo a él, y que colaboren con su fiel aliado, el ejército sionista.
“Israel no ocupará ni se anexionará Gaza. A medida que la ISF establezca control y estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) se retirarán basándose en normas, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre las IDF, la ISF, los garantes y los Estados Unidos, con el objetivo de lograr una Gaza segura que ya no represente una amenaza para Israel, Egipto o sus ciudadanos. En la práctica, las IDF entregarán progresivamente el territorio de Gaza que ocupan a la ISF, de acuerdo con un acuerdo que alcanzarán con la autoridad de transición, hasta que se retiren completamente de Gaza, salvo por una presencia de perímetro de seguridad “. Es decir, que el ejército israelí seguirá ocupando parte de Gaza por tiempo indefinido, y no se retirará completamente. Además de garantizar que Gaza continuará siendo una cárcel a cielo abierto, de ahí el “perímetro de seguridad” -un eufemismo para no llamarlo cercado-.
«En caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, todo lo anterior, incluida la operación de ayuda ampliada, se llevará a cabo en las zonas libres de terrorismo entregadas por las FDI a la ISF«. Israel tendrá la excusa perfecta para no retirarse si las tropas de Trump deciden que Hamás se retrasa o no colabora.
«Se establecerá un proceso de diálogo interconfesional basado en los valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica para intentar cambiar las mentalidades y las narrativas de palestinos e israelíes, haciendo hincapié en los beneficios que pueden derivarse de la paz». ¿Pueden imaginar lo que puede ser un proceso de mediación liderado por Trump, bajo la coacción y la amenaza permanente del pueblo palestino? ¿Mediación entre dos, pero sin contar con una de las partes?
«Mientras avance la reconstrucción de Gaza y se lleve a cabo fielmente el programa de reforma de la AP, puede que por fin se den las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado de Palestina, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino.» No se reconoce el Estado palestino, más que como aspiración del pueblo palestino, y se niega cualquier posibilidad en el presente o en el futuro inmediato de reconocimiento del Estado palestino, aspiración que Netanyahu ya se ha encargo de negar.
«Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera» ¿Quiénes son esos palestinos con los que se establecerá un diálogo, si están muertos, esclavizados o exiliados?
Como los lectores de Tribuna Socialista podrán apreciar, la detención, como mínimo temporal del genocidio del pueblo palestino, es un chantaje sin precedente que no augura ninguna paz duradera. Palestina ha sido sometida a su venta al mejor postor, que en este caso es Donald Trump, que se autoproclama Imperator vero del mundo y amo y señor de «nueva Gaza», condenando al pueblo palestino a la ocupación y la injusticia social, a cambio de que Israel deje de matar a los hijos de Palestina.
Es evidente que el fin de las muertes de palestinos es necesaria, aunque, tras el 13 de octubre, el Estado sionista de Israel continúa disparando impunemente contra palestinos desarmados. Son muchos los motivos que nos impiden llamar a este vodevil ideado por Trump «acuerdo de paz».
Animamos a la militancia socialista, y a todo aquel que se reclame del género humano, a seguir resistiendo y movilizándose, a organizarse para detener la barbarie de todos aquellos que se arrogan el poder de decidir sobre la vida o la muerte de inocentes.
No habrá justicia mientras los territorios ocupados ilegalmente desde 1948 sean devueltos al pueblo palestino, ni en tanto que no sean juzgados Netanyahu y todos los miembros de su Gobierno genocida.
Desde la corriente de opinión Izquierda Socialista – PSOE, condenamos el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza contra el pueblo Palestino.
A fecha de hoy son más de 66.000 mil personas las asesinados y otros miles las mutiladas y desaparecidas simplemente por ser palestinos, entre ellos miles de niños, niñas y ancianos. La seguridad del Estado no puede ser la excusa para realizar está barbarie, tal como ha reconocido la Corte Penal Internacional emitiendo una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por cargos que incluyen crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por Israel desde el 7 de octubre de 2023.
Desde I.S.-PSOE, rechazamos las proclamas de las derechas españolas con su tibieza cómplice ante estos hechos y, afirmamos las valientes y decididas acciones del Gobierno progresista de España y a su Presidente en apoyo del pueblo palestino.
Instamos a todas las instituciones públicas democráticas, y a la ciudadanía en general, a impulsar iniciativas que denuncien el genocidio y sirvan para frenar la salvaje actuación del gobierno sionista. Secundamos todas las propuestas, aun escasas, adoptadas por las Naciones Unidas en este sentido. El pueblo palestino tiene derecho a su territorio, a su vida y a un futuro digno y en paz.
Pedimos el inmediato alto el fuego y el rápido acceso de toda la ayuda humanitaria exigida por la situación creada. La humanidad no debe tolerar lo que está sucediendo. No podemos permitir la horrible frase “hay que terminar el trabajo”, que no es otra cosa que un genocidio.
Denunciamos el apoyo, en todos los ámbitos, del gobierno de los EE.UU. a las atrocidades que se están cometiendo. Nos solidarizamos con todos los movimientos de los pueblos del mundo que están denunciando el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino.
Desde Izquierda Socialista pedimos al Gobierno progresista de España que mantenga todas las iniciativas adoptadas hasta el momento, y en particular que acuerde la inmediata ruptura unilateral de relaciones de todo tipo (diplomáticas, económicas, militares, culturales, etc.) con el Gobierno de Israel, hasta que cese su agresión actual y que el pueblo palestino haya recuperado todos sus derechos. Esta misma posición debería ser tomada por la Unión Europea apoyándose en las resoluciones de la ONU y el derecho internacional humanitario.
Desde Izquierda Socialista hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas de España a seguir sin descanso en su denuncia del genocidio del pueblo palestino. En ese sentido apoyamos y compartimos todos los llamamientos a la movilización y a la huelga que están proponiendo las organizaciones sindicales, como CC.OO, UGT en toda España, así como otras entidades de la sociedad civil integradas en #PararlaGuerra.
En particular nos dirigimos a los compañeros socialistas de todos los territorios, fieles a nuestra historia y convicciones, para tomar todo tipo de decisiones que acompañen y fortalezcan la lucha contra el genocidio y la barbarie en desarrollo en Palestina.
«La guerra nunca conducirá a la paz: restituir a los pueblos su derecho a la autodeterminación»
Publicamos a continuación un llamamiento, también publicado en L’Insoumission. Lo firman conjuntamente militantes rusos y ucranianos que, en unidad, denuncian a los promotores de guerra de ambas partes, y llaman a la paz entre los pueblos. Este llamamiento tiene enorme importancia en el momento actual.
Es infinitamente ingenuo creer que la guerra conduce a la paz. Ni Putin, ni Trump, ni Zelenski, ni los dirigentes europeos han sido capaces de aportar lo esencial a los pueblos: la paz. Los cálculos basados en una victoria militar se han venido abajo, así como los intentos de «toma y daca» entre dirigentes a costa de los pueblos. Hoy, no solo la izquierda, sino cualquier fuerza democrática debe unirse, pero no en torno a un programa de militarización y violencia, sino bajo lavandera de la paz inmediata.
Nosotros, militantes pacifistas rusos y ucranianos, hemos sido privados de nuestra patria por esta guerra. Cientos de miles de compatriotas nuestros han muerto, hay millones de mutilados, decenas de millones reducidos a la desolación y privados de esperanza. Esta carnicería multiplica cada día el sufrimiento y nos arrebata, a nosotros y a nuestros países, cualquier futuro. Se encarcela a nuestros compañeros y se reprime con brutalidad cualquier disidencia. Conocemos el precio de la guerra: nos ha privado de nuestra voz y del derecho a decidir nuestro destino. La única posibilidad de poner fin a esta pesadilla es devolver a nuestros pueblos ese derecho, el derecho a la autodeterminación.
La dictadura de Putin, que desencadenó la guerra, se sustenta en el miedo, la violencia y la desigualdad para transformar a decenas de miles de pobres en carne de cañón en nombre de sus ambiciones imperiales. Pero no se puede derrotar a esta monstruosa máquina con sus mismos métodos. En Ucrania, se abate sobre los pobres una verdadera caza del hombre: son detenidos, golpeados, enviados a la fuerza a las trincheras. ¿En nombre de la «independencia»? Pero el gobierno de Zelenski firma acuerdos leoninos con Trump que entregan todas las riquezas nacionales a una potencia extranjera. ¿En nombre de la «libertad»? Pero Ucrania cuenta con centenares de presos políticos. Las ideas comunistas están prohibidas, y cualquier disidencia puede implicar represión o violencia de la extrema derecha. ¿En nombre de la «dignidad»? Pero mientras que los pobres mueren en el frente, los funcionarios y hombres de negocios afines al poder se revuelcan en la corrupción y el lujo.
La dictadura de Putin amenaza a todos los pueblos de Europa. Pero la guerra hace a los países occidentales similares a la Rusia de Putin. Los dirigentes europeos firman con Trump acuerdos humillantes y desiguales, transformando sus países en apoderados de Washington, igual que Putin ha convertido a Rusia en instrumento de la política china. Los gobiernos se preparan abiertamente a sacrificar el modelo social en el altar de la economía de guerra, exactamente como los ha hecho el dictador del Kremlin. Los responsables políticos alemanes y franceses lamentan que Europa pueda convertirse en víctima de un mercado entre Trump y Putin, pero olvidan que ellos mismos han sido los arquitectos de esta catástrofe. Por un lado, durante años han considerado al régimen ruso como un «colaborador socialmente próximo» en la carrera neoliberal por el beneficio; por otro, han alimentado con entusiasmo la mecánica de la dominación atlántica. Esta impopular política de desigualdades y militarización trae consigo el retroceso de los derechos democráticos: gobiernos y medios de comunicación persiguen a los disidentes y se niegan a reconocer los resultados electorales. ¿Dónde está la diferencia con el putinismo?
Un ejemplo palmario de esta persecución es la crítica injustificada que se abate sobre Jean Luc-Mélenchon y LFI desde su discurso del 22 de agosto. Mélenchon formuló unas tesis a las que nos adherimos plenamente, e incluso consideramos evidentes: la política de Francia y de Europa debe perseguir la paz y no la victoria militar; una paz duradera es imposible sin una profunda democratización, sin la participación directa de los pueblos en la decisión de su destino; la voluntad y la determinación de los pueblos priman sobre las fronteras trazadas por dictadores o políticos; es impensable resistir a la dictadura con métodos dictatoriales; Ucrania y Europa precisan profundas transformaciones democráticas; en lugar de un tributo pagado al complejo militar-industrial estadounidense y de la construcción de una economía de guerra, Francia necesita reformas sociales y reducción de desigualdades; Ucrania y Rusia necesitan garantías de seguridad, y la OTAN ha desempeñado un papel trágico en la transformación autoritaria de Rusia y en la legitimación de la política de Putin; una vuelta al derecho internacional exige el abandono de la lógica de los bloques y de las pretensiones imperiales a la hegemonía occidental, etc. En respuesta, hasta los medios de comunicación de izquierda han acusado a Mélenchon de «campismo» y de «utilización de narrativas putinistas». No se trata solo de la vergonzosa atribución de etiquetas infamantes a sus oponentes (¡una técnica de propaganda muy apreciada por Putin!), es también una manipulación evidente. Podría hablarse de campismo más bien en el caso de los que llaman a «la guerra hasta la victoria final», los que exigen la victoria de «su» campo sobre el campo enemigo. El campismo niega la complejidad interna de una sociedad, sus contradicciones, y lo reduce todo a una lucha entre Estados y coaliciones de Estados. Mélenchon llama precisamente a rechazar este marco conceptual, devolviendo a los pueblos la posibilidad de actuar, en vez de a políticos corruptos y desconectados, que especulan sobre los «intereses de los pueblos».
Los que atacan a Mélenchon y a LFI de manera tan injusta son infinitamente ingenuos. Creen que puede ganarse la guerra inyectando más y más miles de millones en la industria militar. Pero no es otra cosa que legitimar el mismo enfoque del bando enemigo. Creen poderse refugiar tras fórmulas constitucionales y especulaciones periodísticas, proclamando la integridad democrática del régimen ucraniano. Sus palabras no podrán frenar a decenas de miles de ucranianos que desertan del frente. Millones de ucranianos no quieren combatir y no sienten que su país les pertenezca. Si queréis fortalecer su ánimo, ayudadles a reencontrar su voz, su derecho a decidir, y sí, devolvedles su igualdad social.
Todos los que desean la caída del proyecto imperialista de Putin deben reflexionar sobre el modo en que puede vincularse su causa con la de cientos de miles de soldados rusos, y la de millones de trabajadores rusos en la retaguardia. Ya que en definitiva, es en sus manos donde se juega el destino del Kremlin. Ahora bien, lo que proponéis hoy son solo bombas y una guerra sin fin. Jean-Luc Mélenchon ha sido el primero en invitaros a una conversación de igual a igual. Y para la dictadura de Moscú eso es más peligroso que los misiles y obuses de la OTAN.
Liza Smirnova, activista de izquierda rusa.
Andrii Lebediev, activista de izquierda ucraniana.
Viktor Sydorchenko, activista de izquierda ucraniana.
Andrii Konovalov, activista de izquierda ucraniana.
Aleksei Sakhnin, activista de izquierda rusa.
Alexander Voronkov,activista de izquierda,
miembro del movimiento «Las izquierdas post-soviéticas».
A: los organizadores de las movilizaciones en Alemania el 3 de octubre de 2025
19 de septiembre de 2025
Estimados compañeros y compañeras:
La Junta Directiva de la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), a través del Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), hemos tenido noticia de la preparación de manifestaciones contra la guerra y contra la guerra social que sufrimos todos los pueblos, como derivada del conflicto bélico en Ucrania.
La guerra, como el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza desde hace dos años, es una agresión contra todos los pueblos. Es la manera que los poderosos tienen de dirimir sus conflictos, principalmente de carácter económico, con consecuencias de muerte, pobreza y destrucción de derechos para la gran mayoría social. Es un mensaje de hasta donde están dispuestos a llegar para defender sus privilegios.
Los acontecimientos del 14 de septiembre en Madrid, contra la participación del equipo ciclista de Israel en La Vuelta a España; en protesta por el genocidio en Palestina, demuestran que solo la movilización decidida y en unidad anima a los gobiernos a tomar acciones en la línea de las prioridades de los pueblos.
La vergonzante posición de las instituciones europeas y los gobiernos de los países miembros, con independencia de que unos se humillen más que otros ante el imperialismo estadounidense y el sionismo israelí, hace necesaria y urgente la respuesta de los pueblos y los trabajadores de Europa.
Celebramos y apoyamos por tanto las movilizaciones que: partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones estáis preparando para el 3 de octubre en Berlín y Stuttgart, contra la guerra y contra el genocidio. Os deseamos un gran éxito, pues vuestro éxito será parte de la victoria de todos los pueblos.
La coordinadora alemana del «Comité de Enlace Europeocontra la guerra – contra la guerra social»
Queridos compañeros, El 3 de octubre, tendrá lugar en Berlín y en Stuttgart otra manifestación nacional contra la guerra y contra la guerra social. La manifestación es un signo visible
• Contra la política de guerra y la preparación de la guerra contra la Rusia por parte del gobierno Merz • Contra el apoyo del gobierno Merz al genocidio de Gaza y las guerras de agresión de Israel contra varios países.
Cerca de 350 organizaciones, partidos políticos, seccionas de partidos, iniciativas sindicales, iniciativas de paz llaman a estas concentraciones. Habida cuenta de la escalada bélica en Ucrania y de los preparativos de guerra contra Rusia, así como la expansión del genocidio en Gaza, llamamos a apoyar las manifestaciones nacionales mediante saludos internacionales. Por favor, enviad breves saludos a GotthardKrupp@t-online.de antes del 27 de septiembre de 2025, que nosotros publicaremos.
En la conferencia y el mitin internacionales de los días 4 y 5 de octubre de 2025 en París daremos cuenta de todo ello. Se trata de la conferencia de la iniciativa europea en torno al llamamiento:
«Ni un céntimo, ni un arma, ni una vida para la guerra»
La guerra en Ucrania cumplirá su cuarto año en unos pocos meses. Se cuentan por cientos de miles los muertos a ambos lados del frente; muertos que tienen en común su pertenencia a la clase trabajadora y ver trucada su juventud, por intereses ajenos a ellos. De la misma manera, son millones los heridos de guerra y los desplazados por el conflicto. En Gaza se cumplen dos años desde que el ejército del Estado sionista de Israel desencadenaba un genocidio contra el pueblo palestino. Desde la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), asociación que edita Tribuna Socialista, nos solidarizamos con el rechazo a la guerra y por la paz en Ucrania, contra la guerra social que empobrece a los pueblos de Europa, así como contra el genocidio que Netanyahu y su ejercito perpetran en Gaza. Publicamos el llamamiento a la solidaridad que emiten los organizadores de la movilizaciones que el día 3 tendrán lugar en Berlín y Stutgard y el mensaje que la Junta Directiva de ASTRADE les ha enviado. Por su relevancia, publicamos también la Declaración firmada por limitantes ucranianos y rusos contra la guerra. Por último, quedamos muy atentos al desarrollo de la Conferencia-Mitin que se celebrará en Paris los días 4 y 5 de octubre, de la que informaremos en el número 170 de Tribuna Socialista.
Tribuna Socialista 
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