Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

2024: un año para luchar contra la desigualdad creciente en todo el mundo.

El banco mundial, fiel representante del capital financiero, cerraba el año 2023 con una afirmación devastadora:

«Si 2022 fue un año de incertidumbres, 2023 es el año de la desigualdad. Para los países que esperan recuperarse de las devastadoras pérdidas provocadas por la pandemia de COVID-19, la batalla se ha vuelto más difícil debido a las amenazas combinadas del cambio climático; la fragilidad, los conflictos y la violencia, o la inseguridad alimentaria, por nombrar solo algunas, que dificultan la plena recuperación de todas las economías»

Un año en el que ha crecido la desigualdad y que ha afectado a la clase trabajadora en el mundo entero. Una clase trabajadora que aspira a vivir de un trabajo digno, a disponer de una alimentación saludable, a tener acceso a vivienda, a sanidad, a la educación, a la cultura, al transporte, al ocio…nada que no se pueda financiar si el beneficio de la fuerza del trabajo repercutiera en las fuerza del trabajo y no fuera a engrosar (más) el beneficio del capital financiero.

La realidad muestra el panorama de la desigualdad: más de 800 millones de personas padecen hambruna; más de 200 millones de personas están sin empleo; más de 2000 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de agua y saneamiento; se calcula que unos 1800 millones de personas no tienen techo o viven en infraviviendas; casi 800 millones de personas adultas carecen de competencias básicas de lectoescritura.

Hablamos de la desigualdad en el mundo entero. No solo en las economías subdesarrolladas, También en occidente, también en España, donde hay 2,7 millones de personas sin trabajo, por no hablar del subempleo y

de la pobreza laboral. Según UGT, la parcialidad involuntaria en la contratación asciende al 47,9% de los contratos. Es decir, que hay una buena parte de la población trabajadora que está empleada a tiempo parcial únicamente porque no encuentra un trabajo a tiempo completo. UGT señala que esto se traduce en un sueldo inferior, que en la mayoría de casos se sitúa por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y que es una de las principales razones para que en España haya un 11 ,6% de personas trabajadoras en riesgo de pobreza o con pobreza laboral (ingresos por debajo del 60% de la mediana).

Por su parte, la empresa Bloomberg anunciaba que el patrimonio neto de los 500 mayores multimillonarios aumentó 1 ,5 billones de dólares en 2023, es decir, que se apropian del equivalente a un 1 ,5% más de toda la producción mundial. Según UBS, el 1 % más rico de la población mundial dispone del 44,5% de toda la riqueza .

El crecimiento de la desigualdad en el mundo busca culpables. La clase trabajadora desinformada cae en las redes demagógicas de los Milei del mundo, que reclaman «libertad» para hacer frente a la desigualdad. Libertad que para ellos no es otra cosa que liberalizar todos los sectores, reducir el papel del estado a su mínima expresión, eliminar todo aquello que permita tener un mínimo colchón para las personas que atraviesan más dificultades. Libertad para el capital financiero pero no para la clase trabajadora.

Pero además de las tesis de la extrema derecha en el mundo, la desigualdad se acrecenta cuando se nos rebaja el poder adquisitivo de los salarios por mor del aumento de precios; la desigualdad se acrecenta cuando se debilita la negociación colectiva de los convenios; cuando se detraen fondos de las partidas para educación, para sanidad, para pensiones o para seguros de desempleo.

Y esa es la lucha que los socialistas en todo el mundo tenemos más vigente que nunca. La lucha por defender los derechos y conquistas laborales en todos los países del mundo, la lucha por el salario, la lucha por las pensiones, la lucha por una educación y una sanidad públicas, la lucha contra la guerra y el comercio de armas, la lucha por una democracia plena, en España, en occidente y en el mundo entero.

No existe un capitalismo bueno y un capitalismo salvaje. El capitalismo conlleva la acumulación de la riqueza, y esa guerra la estamos perdiendo la clase trabajadora. Toca remontar. Toca socialismo.

Por un 2024 sin guerras, con mayor justicia social, libertad, fraternidad entre los pueblos y democracia.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS

Editorial: El alto coste de la guerra para los ciudadanos de Europa.

Lo hemos explicado en anteriores editoriales y lo han abordado los colaboradores de Tribuna Socialista en diferentes artículos, aportando datos precisos: ¡la Guerra en Ucrania tiene un alto coste para los ciudadanos de los países de Europa! Es lo que venimos llamando “La guerra social” que se desarrollacontra todos los pueblos del continente europeo.

                Nos referimos a los efectos económicos de la guerra, pues la sociedad ucraniana y la rusa están sufriendo la guerra en su sentido más dramático: desde el 24 de febrero de 2022, más de 7 millones de ucranianos han tenido que buscar refugio en otros países y 5,4 están desplazados de sus casas en el interior de Ucrania (datos facilitados por ACNUR en diciembre de 2023); en estos casi dos años de guerra, se han muerto 10.000 civiles, de entre ellos 560 niños y niñas, y 18.500 civiles han resultados heridos (datos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU).

                A lo anterior hay que añadir la sangría en vidas de jóvenes, ucranianos y rusos en los frentes: En agosto del paso año, “The New York Times” citaba datos facilitados por instancias oficiales de EE.UU., según las cuales los soldados muertos y heridos se acercan a los 500.000 entre ambos contendientes. Un auténtico drama.

                No es posible hacer comparaciones de quién está sufriendo mayormente esta guerra. Pero no por ello debemos normalizar y asumir los efectos económicos que se están cebando con los pueblos de Europa, de los que se están aprovechando las grandes corporaciones y oligopolios.

                Esta guerra estalla en su forma actual con la invasión del territorio ucraniano por partedel ejército ruso. Esto es indiscutible. Pero no se puede negar que ocho años antes, el 21 de febrero de 2014, la Rada Suprema (nuestras Cortes) destituyó a VíktorYanukóvich de sus funciones de presidente de Ucrania. Fue el acto final de una crisis que se había desencadenado unos meses antes, el 21 de noviembre de 2013, cuando Yanukóvich suspendió la firma del Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea, lo que desembocó en las protestas del “Euromaidan”. Tras estos hechos lo que había eran negociaciones económicas que no cuajaron: la UE ofrecía 600 millones de euros a Ucrania, y el gobierno ucraniano consideró la oferta una humillación, además de acusar al FMI de falta de apoyo económico que compensase la ruptura de relaciones comerciales con Rusia, por parte de Ucrania. Lo siguiente fue, queen abril de 2014, estalló el conflicto interno, ucraniano, conocido como la guerra del Dombás.

                Una vez más tenemos que citar al militar y filósofo prusiano Karl von Clausewitz:

“La Guerra constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. Es la continuidad de la política por otros medios”

                Las desavenencias económicas entre la UE y Rusia están azuzadas por los EE.UU., pues el Acuerdo de Asociación de Ucrania y la Unión Europa no es más que una pieza de la partida que se viene jugando desde la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Quien desee profundizar sobre esta cuestión y la expansión de la OTAN hacia el Este, recomendamos recuperar la lectura del artículo de nuestro compañero Roberto Tornamira, publicado en TS-145, de junio de 2023, “Ucrania: Alcanzar la paz y el desarme nuclear”.

                Llegados a este punto, resulta una ligereza decir que la guerra actual es única y exclusivamente por la ocupación del territorio este de Ucrania por parte de las tropas de Putin. Quién no vea una secuencia de hechos es por que está ciego o porque ha tomado partido. Lo que había detrás de los movimientos políticos y de las negociaciones económicas era ver quién se hacía con el negocio de la Energía en Europa, en concreto del mercado que Rusia tenía como suministrador de gas y petróleo. Negocio que ha cambiado de manos y ahora son los EE.UU., quienes suministran gas licuado a Europa, eso sí a precio mucho mayor que el gas que nos llegaba de Rusia a través de los gaseoductos Nord Stream, “reventados por nadie”.

                Las cifras disponibles hablan de que los EE.UU., han aportando más de 75.000 millones de dólares a Ucrania, al margen del coste de los equipamientos militares (hay que recodar que el presupuesto militar total de los Estados Unidos para 2023 fue de 857.900 millones de dólares, el mayor de todo el planeta). Hoy, la ayuda estadounidense para Ucrania en 2024 está sin aprobar por parte del Congreso y el Senado, por la oposición de los republicanos.

                Para comprender de qué va todo esto, hay que saber que los EE.UU., facturaron, en en el periodo marzo 2022 a septiembre de 2023, 66.700 millones de euros en concepto de Gas licuado, lo que significó un incremento del 360% respecto a 2021. Ya han trincado el negocio y ahora comienzan a pensarse si la inversión ha sido suficiente, pues el mercado está “asegurado” para muchos años.

                La Unión Europea, por su parte, a mediados de 2023, tenía comprometidos más de 77.000 millones de euros en ayuda a Ucrania. Es decir, que la UE, subordinada militar y económicamente a la USA, comparte los costes de la aventura militar de los estadounidenses y además paga la factura que supone el diferencial de precio del gas y el petróleo, por las sanciones contra Rusia. Sin contar con el coste de riesgo para la paz en el conjunto del continente.

                Ante estas evidencias, Tribuna Socialista participamos del Manifiesto Internacional contra la guerra de Ucrania, por el Alto el Fuego inmediato e incondicional, cuyos firmantes mantenemos la máxima de ¡Ni Putin ni OTAN!

                El problema es que Europa, y principalmente la UE, se ha visto arrastrada -con el beneplácito de los gobiernos- a una situación comprometida, cuyos efectos estamos pagando la mayoría de la sociedad, los de siempre. Una de las consecuencias más directa y evidente es la ola inflacionaria que nos está esquilmando los salarios y las pensiones desde hace dos años: alimentos, gas, luz, hipotecas, gasolina…El incremento de los precios de los combustibles está provocando las lógicas protesta de los agricultores en las dos principales potencias europeas: Francia y Alemania.

                El gobierno alemán ha recortado el subsidio al diesel, medida que no afecta solo a los campesinos, y ha introducido un impuesto a los vehículos agrícolas. Parece que al Gobierno semáforo de Alemania (SPD + FPD + Los Verdes) no le cuadran las cuentas y su Tribunal Constitucional les ha emendado la plana por 60.000 millones de euros. Todo ello, a pesar de que el ministro Agricultura, Cem Özdemir, advertía en diciembre que las medidas del Gobierno “superaban el umbral de dolor” del sector agropecuario, pero el resto del Gobierno hizo caso omiso.

                En lugar de explicar que el gobierno alemán, acatando las presiones de la OTAN, decidió destinar 100.000 millones a gasto militar para poyar a Ucrania, de ahí el agujero fiscal que arrastran, lo pretenden resolverdiciendo que los campesinos están influidos por la extrema derecha. Seguro que hay campesinos que votan a AfD (Alternativa para Alemania) el equivalente a VOX en nuestro país. Pero apelar al “lobo” es una simpleza.

                En Francia está ocurriendo algo similar, los agricultores protestan por el incremento de los precios de los combustibles y por de abuso que los mayoristas en la imposición de los precios de los productos agrícolas.

                En otros países de la UE hay situaciones de tensión con los productos agrícolas, concretamente en Polonia los agricultores llevan varios meses denunciando el “dumping” de precios del cereal respecto al precio de los cereales ucranianos.

                Las grandes multinacionales y los cárteles de hecho u oligopolios son los grandes beneficiados, quienes incrementan los precios de manera brutal y sin ningún control de los precios por parte de los gobiernos; un ejemplo de esto en España es el tremendo incremento del precio del aceite de oliva, sin que nuestro Gobierno haya hecho otra cosa que justificar y comprender a los productores, por la subida del precio de los fertilizantes desde el estallido de la guerra en Ucrania. ¿Quién comprende a las familias trabajadoras cuando ven doblarse y triplicarse el precio de un producto alimenticio básico, pero su salario crece por debajo del IPC?

                Para finalizar, Borrell, el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, tienen razón cuando dice que “Europa no puede reemplazar a Estados Unidos en la ayuda a Ucrania” Él tiene datos y elementos para decir eso, sin duda.

                Los esfuerzos de la UE no deberían estar centrados en la guerra, sino en la paz. Sería muchos más rentable económica y socialmente. 

El Comité de Redacción

El cáncer de la Sanidad Pública es su privatización II

Algunos lectores me han sugerido que, por lo interesante del contenido, debía profundizar en el artículo publicado en TS nº 149 con este mismo título. Es por ello que publico esta “parte II”, sobre la privatización de la Sanidad Pública madrileña de la mano del Partido Popular (PP), en las tres últimas décadas.

                Mencionaba en el artículo del pasado mes que, “en 1996 la Sanidad madrileña contaba con 14.000 camas. Hoy, 27 años después y con un incremento de la población del 37,8%, el número de camas es de 12.438, es decir, un 11,16% inferior” (Datos del Ministerio de Sanidad a 2023). No es casual que el 26 de abril de 1997 entrase en vigor la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema nacional de Salud. Esta ley del Gobierno de Aznar (mayo 1996 a abril 2000), junto a la Ley 6/1998 de 13 de abril de 1998, sobre régimen del suelo y valoraciones -la ley responsable de la burbuja inmobiliaria que estalló diez años después y que sumió a este país en una profunda crisis económica y social-, son dos de las leyes más perniciosas de los ultimos cincuenta años.

                La Ley 15/97 fue promovida por el PP y votada por PSOE, CIU (hoy Junts, el Partido de Puigdemont), CC (Coalición Canaria) y PNV. Esta ley abrió las puertas de par en par a que las empresas privadas entrasen de lleno a gestionar la Sanidad Pública y a recibir, por ende, dinero público.

                Esta ley se complementa con los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que, siendo una ley progresista que universalizó la Sanidad Pública en España, a través de los citados artículos abrió la puerta a los “convenios de colaboración” (Artº. 66 y 67) y a los “conciertos” (Artº. 90). Todos estos mecanismos legales se culminaron en 2002 con el traspaso definitivo de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas.

                A nadie se le escapa, o no debiera, que el objetivo de la Sanidad Pública es proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro. Frente a esto, el objetivo de la sanidad privada es la maximización del beneficio depara los accionistas. Además, a nombre de la “libertad de mercado”, el control del Estado sobre la acción de las empresas es mínimo o incluso nulo, a pesar de la ingente cantidad de dinero público que las empresas reciben cada año.

                Tras tres décadas de experiencia, el deterioro de la Sanidad Pública en Madrid es una evidencia: reducción de camas de hospitales, reducción de personal sanitario, precarización de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores de la Sanidad, merma en los recursos en los centros; tanto en hospitales como en los Centros de Atención Primaria y en sus Servicios de Urgencias Extrahospitalarias.

                La destrucción de la Sanidad Pública en Madrid no obedece a un error, es la consecuencia de una planificación inspirada por la idea de sociedad que tiene el pensamiento liberal. Pongamos cifras a todo esto:

  • Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2021, el gasto medio de las comunidades autónomas, en Sanidad, fue del 6,7% del PIB autonómico, equivalente a 1.716 €/habitante. En el mismo ejercicio, en Madrid, el porcentaje fue del 4,4%, el más bajo de todas las autonomías, equivalente a 1.536 €/habitante, un 12% inferior a la media.
  • La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), publicó un informe en diciembre de 2022, en el que daba los siguientes datos: Frente a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dedicar un 25% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria, Madrid destina un 10,73%, la comunidad que menos presupuesto destina a la Atención primaria en todo el Estado.
  • Para 2024, la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso (IDA), ha incrementado el presupuesto destinado a la sanidad privada 1.209 millones de euros, un 24% más que en 2022. Si bien, habrá que ver cómo finaliza el año, pues de los 973 millones presupuestados en 2022 (únicos presupuestos aprobados en la Comunidad de Madrid, antes de los que se acaban de aprobar para 2024) el año terminó con un gasto de 2.000 millones dedicados a la financiación de la sanidad privada, una desviación presupuestaria del 106%. Desde que IDA tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019, el gasto destinado a empresas privadas de la salud, el presupuesto se ha incrementado en un 94%.

Veamos tres tablas que ilustran el deterioro de la Sanidad Pública madrileña:


          No ha sido posible encontrar tablas iguales para comparar, pero sí datos concretos sobre profesionales de Atención primaria. La tabla 1 nos da datos de 2007 y lastablas 2 y 3 reflejan los datos de profesionales de 2016. Es decir, tenemos una comparativa de un periodo de 9 años.

                En la tabla 1 (2007) los médicos de medicina familiar y comunitaria era de 3.901, y 840 pediatras, un total de 4.741 médicos en Atención Primaria. La tabla 2(2016) vemos que la cifra de médicos de familia cae a 3.553, -9%. Mientras que, en pediatría, el número de profesionales crece a 908, +8%. El total de profesionales en 2016 era de 4.441, lo que representa un recorte del 6,3% en el global de médicos de Atención Primaria.

                Según el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) desde 2016 el número de pediatras ha caído a 663 en 2022. O lo que es lo mismo, desde que Díaz Ayuso es presidenta, se ha recortado la plantilla de pediatras en Madrid un 27%, llevando la cifra de pediatras a un 21% inferior a la de 2007.

                El personal de enfermería también se ha reducido en estos años. En 2007(tabla 1),Madrid contaba con 4.024 enfermeros y enfermeras, frente a los 3.294 de 2016(tabla 3). Por tanto, en 9 años se recortaron 730 profesionales de enfermería, más del 18% de recorte.

                Por último, en 2016 (tabla 3)la tasa de profesionales de enfermería en Atención Primaria era de 0,5 por cada 1.000 habitantes, la más baja de todo el país, solo igualada por Baleares y Ceuta y Melilla.

                Los datos demuestran los efectos de la privatización en la Comunidad de Madrid, donde, en paralelo al deterioro de la Sanidad Pública, la sanidad privada ha crecido exponencialmente hasta convertirse en la comunidad con mayor gasto per cápita del Estado español, con un gasto de 936 € en 2022.

                Los datos también evidencian la irresponsabilidad de las autoridades sanitarias, que han ido deteriorando el Sistema Público Sanitario en los años previos a la Pandemia de COIVID-19, no porque supiesen que llegaba una pandemia. Dice el artículo 43 de la Constitución:

                “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

                Los poderes públicos no solo no adoptaron medidas preventivas, sino que deterioraron a tal punto la herramienta pública para proteger el derecho a la salud que la han dejado en un estado que no soporta ni la habitual ola de gripe anual, como acabamos de sufrir en estas semanas pasadas.

                Los datos explican por qué en Madrid se ha alcanzado el millón de personas en lista de espera, de las que más de la mitad tienen que esperar más de 3 meses para una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica o la consulta con un especialista.

                Ante la evidencia, no cabe otra solución que derogar la Ley 15/97 y los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de la Seguridad Social. Defender la Sanidad Pública es una reivindicación de la mayoría social, de ese 75% de la sociedad que no puede pagarse una póliza de salud privada.

                Tenemos un Gobierno de Coalición progresista, y una Ministra de Sanidad que ha batallado en Madrid por la defensa de la Sanidad Pública. Muy bien, es el momento de tomar decisiones políticas, derogar los convenios y los conciertos, cerrar la puerta de la Sanidad al mercado privado y dejar de sangrar las cuentas públicas. Esto, está en manos del Gobierno de la nación.

Roberto Tornamira
Participa en el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid

LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL DETERIORO DE LA SANIDAD PÚBLICA HASTA SU DESAPARICIÓN. LA LUCHA QUE DEBEMOS DESPLEGAR

La reforma constitucional española de 2011 modificó el artículo 135 CE,​ estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar, frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible, al establecer en el punto tercero del artículo, prioridad absoluta para los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas. Es decir, que antes de atender a los Servicios Públicos, hay que pagar la deuda pública, los capitalistas antes que los trabajadores y los ciudadanos en general.

                La referencia a esta reforma de la Constitución, a modo de introducción, se realiza porque, a juicio del que suscribe, viene a consolidar la privatización de los servicios públicos, en especial, la sanidad y la enseñanza. Es a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en 2020, cuando se produce un aumento de privatizaciones sanitarias, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Se me dirá que no tiene nada que ver priorizar el pago de la deuda sobre los servicios públicos, con la privatización de los mismos. Pero yo entiendo que, con esta reforma, la derecha de todo pelaje, quiere desmontar el estado de derecho y el estado de bienestar a nombre de las imposiciones de la UE, el FMI y el BCE imponen su proyecto privatizador.

                En efecto, el negocio de la sanidad privada, en el conjunto de las comunidades autónomas, ha crecido un 53% en una década y ya factura 11.000 millones de euros, en concreto, 11.238 en 2023. Continúa el ascenso de los seguros privados de salud, en el año pasado tuvieron un incremento del 6,6% y desde el 2015, el incremento ha sido del 52,7% y se calcula que el número de personas aseguradas privadamente es, en 2023, de 12 millones de personas, el 25% de la población, según datos del lobby de la sanidad privada, Fundación IDIS. (Infolibre. es 21/01/2024).

                Se está procediendo al deterioro progresivo de la Sanidad Pública, sobre todo en aquellas Comunidades donde gobierna el PP con el apoyo de los fascistas de VOX, deterioro que se concreta, entre otros aspectos, en la falta de contrataciones de médicos y mejora de las condiciones laborales y de medios, el cierre de Centros de Urgencia Extrahospitalaria SUAP, no se cubren jubilaciones ni bajas.  Tras los aplausos, hay una marcha constante de profesionales a otras instituciones y ámbitos geográficos en busca de mejores condiciones laborales y sociales, la falta de médicos en la asistencia ambulatoria, con la consecuencia de la saturación y hacinamiento en las urgencias hospitalarias.

                Este brutal deterioro se plasma en las listas de espera, las más elevadas de la historia, pacientes que fallecen sin ser atendidos, excesos de mortalidad no investigados, etc., “lento deterioro, pero sin pausa, que engorda el negocio sanitario privado, tacita a tacita”, (advertencia del médico y analista Juan Simó, autor del blog Salud, dinero y Atención Primaria).

La realidad es hoy que uno de cada tres euros dedicados a sanidad, acaba en los bolsillos de empresas privadas, mientras los centros públicos agonizan por falta de medios y los seguros privados se disparan.

                Toda esta deplorable situación de nuestra Sanidad Pública, deriva de instrumentos legales, las leyes de ámbito estatal 15/97(nuevas formas de gestión) que se dictó, precisamente, para universalizar e introducir la igualdad en la Sanidad Pública, pero que se ha utilizado para romper la Sanidad Pública, así como los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que los gobiernos “más progresistas de la historia” mantiene en vigor sin derogarlas o modificarlas.

                La cronología de los instrumentos legales que han permitido la privatización de la Sanidad Pública, ha sido la siguiente:

• 1986.- Ley General de Sanidad. Incorporó avances como la creación de la Atención Primaria, pero se suprimieron propuestas iniciales como la creación de un sistema público de Farmacia, o la atención integral de salud mental y bucodental. Se introducen los artículos 67 (convenios singulares) y 90 (conciertos) que van a permitir trasvasar miles de millones de euros a empresas privadas, por actividad que se podría hacer en los centros públicos.

• 1997.- Ley 15/97 (de “Nuevas Formas de Gestión”), que va a permitir, con dinero público, la apertura de centros sanitarios privatizados durante décadas.

• 1999.- Primer hospital de modelo concesión (Alzira, Valencia), cedido a una empresa privada por 20 años. Posteriormente se abren otros 4 con el mismo modelo.

• 2000.- Madrid aplica el mismo modelo, privatizando por 35 años (hasta 2035) 11 hospitales privados, lo que implicó el cierre de más de 2.000 camas públicas y el trasvase de cientos de millones de euros anuales que se detraen de los centros públicos.

• 2010.- Se extiende el modelo de hospitales privatizados a Comunidades Autónomas, en concreto, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Galicia, etc. Paralelamente se privatizan ambulatorios y laboratorios públicos, citas médicas, extracción de sangre, lavandería, limpieza, informática, mantenimiento, almacenaje, vacunas, etc.

• 2018-2023.- Se disparan las listas de espera hasta cifras récord, lo que les ha permitido justificar el brutal incremento de los conciertos privados (art. 90 Ley General de Sanidad), mientras se cerraban o reducían servicios en los centros públicos. La crisis del COVID es aprovechada para derivar cientos de millones de euros hacia empresas privadas, abrir “hospitales” innecesarios e infradotados (ZENDAL) cerrar servicios de urgencias, rematar la Atención Primaria y maltratar aún más a los trabajadores.

                Durante el COVID se dejaron morir cientos de miles de ancianos en las residencias privadas, por negarse las autoridades sanitarias responsables a su derivación a Hospitales, en Madrid, concretamente, 7.291 ancianos, por cuyos luctuosos hechos, algunos esperamos que algún día se acabe procesando, por presunto homicidio, a Isabel Díaz Ayuso.

                En cuanto a la lucha que debemos llevar, los “Ayuso dimisión (o el político que corresponda)”, o “La sanidad no se vende, se defiende” están muy bien, pero se vacían de contenido si nos quedamos solo en los síntomas y el diagnóstico. Hay que actuar sobre las verdaderas causas, es decir, atacar hasta su derogación o sustancial modificación, aquellas leyes estatales y autonómicas que han hecho posible llegar a esta situación, al establecer los instrumentos legales de gestión privada, conciertos y convenios con entidades privadas, que después han sido los sujetos del expolio y de la privatización de la Sanidad Pública.

                Del mismo modo debemos señalar a los responsables (todos los partidos que mantienen esas leyes estatales, que permitieron las privatizaciones). Los partidos y sindicatos que, por activa o por pasiva, han permitido esta situación son parte del problema y no pueden formar parte de la solución, son los mismos que desmantelan las pensiones, pasan página en la masacre de las residencias, mantienen la ley Mordaza, no derogan las reformas laborales de 2010 y 2012 y siguen sin garantizar el acceso a la vivienda.

                Debemos recuperar la movilización autónoma, al margen de los privatizadores, o nos despojaran de todo.

Miguel Sagüés Navarro
Militante Socialista de Madrid

¡NO a la guerra!

Las Fuerzas Armadas españolas constituyen una ínfima parte de la sociedad (inferior al 2,5 por mil en 2023). Sin embargo, el temible poder coactivo de las armas explica el abusivo papel que la Constitución de 1978 otorga a la Corona, como consecuencia de un proceso de Transición controlado por el Rey y sus generales, sumisosa los USA.

Todo ello ha dado lugar a los rancios privilegios medievales de los que sigue gozando la dinastía Borbón, en particular la execrable inviolabilidad del Rey, mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Privilegios apuntalados por la función extremadamente reaccionaria que desempeña la llamada “justicia militar” en el control disciplinario e ideológico de los escalones subalternos, así como en el sometimiento de la tropa a las arbitrariedades del mando. 

La muerte por edad del dictador dio lugar a un proceso político de reforma de la dictadura, que impidió, por el poder coactivo de las armas, el desarrollo de un proceso constituyente en libertad.La soberanía de los pueblos del Estado español fue secuestrada por el golpe militar, la guerra de aniquilación que le siguió y la genocida dictadura franquista.

Son, por tanto, el Rey y sus generales el principal obstáculo para alcanzar una democracia efectiva, que acabe con la humillante sumisión de nuestros pueblos.

Las luchas sociales se reflejan, en mayor o menor medida, en los aparatos del Estado. Así ocurrió durante la dictadura, dando lugar a movimientos progresistas tales como Jueces por la Democracia, en la Judicatura; o la Unión Militar Democrática (UMD), en el seno de las Fuerzas Armadas, disuelta manu militari durante la Transición.

Actualmente existen diversos colectivos y asociaciones de militares que reflejan las contradicciones sociales existentes: progresistas unas, reaccionarias otras. Sin embargo, todas estamos llamadas a colaborar, por razones humanitarias, a frenar la amenazante escalada de la guerra. 

El objetivo del colectivo de militaresque me honra representar es el de contribuir, junto a la sociedad civil, a sentar las bases para un Movimiento contra la Guerra.

No en abstracto.

Hoy la prioridad está en el genocidio de Gaza perpetrado por Netanyahu y en la Ucrania neonazi de Zelensky, pero hay situaciones que no nos son ajenas, como por ejemplo la desestabilización en el África subsahariana. La región del Sahel y del Sahara, ha sido escenario de una serie de golpes de Estado en países como Mali, Guinea, Burkina Faso, Níger y Gabón.

Estaregión está envuelta en conflictos entre fuerzas locales, grupos yihadistas y redes criminales. Las potencias imperialistas como Francia, Estados Unidos, Rusia y China rivalizan por el control de la región, rica en recursos minerales.

Una grave situación que fuerza a hombres y mujeres, algunas en avanzado estado de gestación, a niños y ancianos, a jugarse la vida en las rutasatlántica y mediterránea -canaria y andaluza-, a menudo engullidos por las olas, tras una larga agonía, a la deriva.

El sentir de los pueblos del Estado español es contrario a la guerra. Prueba de ello es que, cuando se les convoca, como se hizo en 2003 para impedir infructuosamente la invasión de Irak, acuden.

Sin embargo, dependemos de la voluntad política de los partidos y de sus correas de transmisión: los medios de comunicación. Las organizaciones mayoritarias, partidos y sindicatos, están encorsetados a los compromisos institucionales (nacionales e internacionales) del Gobierno.

Las cancillerías occidentales, influenciadas por los intereses económicos del complejo militar-industrial de los USA, se alinean con el poder imperial. Los tambores de guerra resuenan en los pasillos de la OTAN. El belicismo homicida se extiende…

La necesidad de un Movimiento permanente contra la Guerra existe.

Los pueblos no quieren la guerra. No es su guerra. Es necesario y urgente pasar a la acción, organizándonos.

Artículo 6 de la Constitución Española de 1931: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. 

Manuel Ruiz Robles
Ex militante de la disuelta UMD
Portavoz de Militares Contra la Guerra

¡Lo que está ocurriendo en Gaza es un Genocidio!

El 27 de enero, Manifestación estatal en Madrid 

En el mes de octubre pasado, siendo presidente semestral del Consejo Europeo de la UE, Pedro Sánchez apostaba por una Conferencia de paz, para dentro de seis meses, dijo. Se han superado los tres meses desde que el Estado israelí reaccionase a los ataques del 7 de octubre, llevados a cabo por Hamás, ataques que, en palabras del Secretario General de la ONU, “no surgieron de la nada”. 

En estos tres meses, el ejército de Netanyahu está masacrando la Franja de Gaza matando a casi 25.000 palestinos; una mayoría de las victimas son mujeres y niños. Si aún faltan tres meses para esa hipotética conferencia de paz, ¿significa que hay que llegar a los 50.000 muertos para que cese el exterminio? Es inaceptable ver como el mundo occidental está mirando para otro lado, dejando que se cometa esta atrocidad, guardando silencio y/o balbuceando, de vez en cuando, tímidos llamamientos infructuosos de Alto el Fuego. 

Alguien puede pensar que qué puede hacer nuestro Gobierno (PSOE y Sumar) y los partidos parlamentarios que lo apoyan. Ciertamente no está en manos del gobierno de Pedro Sánchez parar la masacre, máxime cuando Estados Unidos y Reino Unido están dando cobertura militar y la UE apoya sin rubor el acto criminal del Estado de Israel. Pero hay cosas que sí se pueden hacer, que solo dependen de la voluntad política de cada Estado: 

  • Se pueden romper relaciones diplomáticas con Israel, ante la salvajada que están cometiendo contra el pueblo palestino. 
  • Se puede dejar de vender y comprar armamento: en 2023, España aprobó la venta de armas por valor de 9,3 millones de euros a Israel. Y, en la década 2011 a 2021, nuestro país ha comprado armamento a Israel por valor de 268 millones de euros, una media de 27 millones anuales. 
  • Nuestro Gobierno, podría adherirse o apoyar la demanda que Sudáfrica ha interpuesto contra Israel, por Genocidio, ante la Corte Penal Internacional.  

Se pueden hacer muchas cosas antes que seguir en silencio ante un crimen de lesa humanidad. 

Es probable que todos y todas seamos un poco cómplices -particularmente las organizaciones que dicen defender los intereses de la mayoría social, los trabajadores-, aquellos que nunca se hayan pronunciado o preocupado por lo que llaman “el conflicto en Palestina”. La palabra conflicto resulta neutra. La realidad es que hace más de 100 años el colonialismo británico, con la colaboración de la Sociedad de Naciones, decidieron ocupar Palestina. En 1947, impusieron la partición de Palestina en dos Estados; imposición que solo ha generado muerte, destrucción y exilio para el pueblo Palestino. 

Conferencias de paz, acuerdos, declaraciones… son palabrería para que todo siga igual. Palestinos e israelíes deberían poder tener la oportunidad de vivir en paz en un solo Estado, laico y democrático. 

Apoyamos la Manifestación estatal en Madrid

27 de enero, a las 16:00, de Atocha a Plaza de España 

Todos unidos contra el Genocidio 

Comité de Redacción

NO A LA VENTA DE ARMAS

El pasado 8 de diciembre, EEUU vetó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego en Gaza después de que el secretario general de la ONU,António Guterres, invocase el artículo 99 de la Carta Magna del organismo.

Días más tarde, la Asamblea General de la ONU aprobó,aún con el voto en contra de EEUU, una resolución, que aunque descafeinada, incluía la exigencia de un alto el fuego humanitario inmediato; la exigencia de que todas las partes cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, especialmente en lo que respecta a la protección de los civiles; y la exigencia de la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, así como la garantía de acceso humanitario.

La resolución de la Asamblea General de la ONU no ha tenido ninguna influencia sobre el Estado de Israel, que sabiendose amparada por el imperialismo estadounidense, prosigue en su guerra genocida y de limpieza étnica, tanto en Gaza como en Cisjordania.

¿Quién es responsable?

Está claro que el responsable máximo es el estado sionista de Israel que es quien decide y organiza una limpieza étnica, última fase del genocidio al pueblo palestino, antes en forma de Apartheid, y ahora mediante la masacre.

Pero es el gobierno de Joe Biden quien financia, arma y apoya diplomáticamente los crímenes del Estado de apartheid de Israel, y todos aquellos gobiernos tanto de países europeos como árabes, que bien por acción, bien por omisión son cómplices del genocidio.

Como socialista no puedo sino sentirme fielmente comprometido con quienes exigen

¡Alto a los bombardeos!

¡Levantamiento incondicional del bloqueo!

Aumento del dinero público en armamento

Mientras la industria armamentística obtiene cada día más beneficios, el aumento de los presupuestos militares está provocando recortes drásticos en los presupuestos sociales, como la sanidad, la educación, las pensiones, empobreciendo de esta forma al conjunto de la clase trabajadora en todas partes,en cada país a una velocidad diferente, pero igualmente feroz.

El gasto militar mundial en 2022 fue de 2,24 billones de dólares (2,02 billones de euros), casi el doble que hace 20 años. El 2% del PIB mundial. De ese gasto militar mundial, el de los EE.UU., de877.000millones dedólares, supone más del 40% del gasto total. El gasto militar de China, que ocupa el segundo lugar, con 292.000 millones, no llega a la tercera parte del de los EE.UU.. El de Rusia, a pesar de la guerra de Ucrania, no llega al 10%. Alemania llegará en 2024 a un gasto militar equivalente al 2 % del PIB. En Francia, la Asamblea Nacional aprobó en junio una nueva Ley de Programación Militar que aumenta enun40% el gasto militar de aquí a 2030. El país vecino destinará a su ejército unos 413.000 millones de euros durante los próximos siete años. Es decir, incrementará el gasto militar de los 49.000 millones del año pasado a unos 69.000 al final de esta década. 408 diputados han votado a favor (el bloque macronista, los representantes de Los Republicanos -afines al PP- y de la ultraderecha de Marine Le Pen), 53 se han abstenido(comunistas,socialistas y ecologistas)y los 87 diputados de la Francia Insumisa votaron en contra.

En España tampoco estamos exentos: en lo que va de 2023, el gasto militar extra aprobado en los Consejos de Ministros supera los 28.700 millones de euros. En 2022, el gasto público per cápita en defensa en España fue de 415euros por habitante.En 2021 había sido de 354 euros, luego se produjo un incremento del gasto público en defensa por habitante del 17,23%,61 euros por cada uno de los 47 millones de habitantes. En la actualidad, según su gasto público en defensa per cápita, España se encuentra en el puesto 35 de los 165 publicados.

Los fabricantes de armas se frotan las manos

Con sede en EEUU, Boeing, el quinto fabricante de armas del mundo, fabrica aviones y helicópteros de ataque utilizados por las fuerzas israelíes, así como “múltiples tipos de bombas no guiadas de pequeño diámetro (SDB) y bombas de ataque directo conjunto (JDAM)” que se han utilizado “extensamente” durante la guerra, también en un bombardeo del campo de refugiados de Jabalia en Gaza.

Caterpillar, también estadounidense, comercializa las excavadoras blindadas D9 que han sido utilizadas durante décadas por las fuerzas de ocupación israelí.

Otras empresas como General Dynamics, General Electric, L3 Harris Technologies, Leonardo, Lockheed Martin, Northrop Grumman y RTX (anteriormente Raytheon), así como empresas de vehículos AM General, Ford, Oshkosh, Toyota y fabricantes de drones: AeroVironment, Skydio y XTEND, también se frotan las manos con el negocio de la guerra.

Parar la Venta de armas de España a Israel

Tal y como señala La Sexta, Israel está entre los mayores comerciantes de armas del mundo. España le vende, sobre todo, bombas, torpedos y misiles, piezas y partes de aviones y helicópteros. Entre 2015 y 2022, las exportaciones superaron los 12 millones.

España exporta a Israel armas y material de doble uso que es utilizado para la fabricación de armas de mayor sofisticación e impacto militar, lo que contribuye a mejorar la competitividad de sus armas en los mercados internacionales. Israel presume del uso ilegal y contrario a derecho de sus armas en los territorios ocupados al venderlas con la etiqueta de “probadas en combate” como repugnante reclamo publicitario. El intercambio comercial de armas con Israel refuerza su militarización, el sustento fundamental de su estrategia de ocupación de Palestina y de la expulsión del pueblo palestino de su territorio histórico.

Según el Índice de Militarización Global, Israel es el país más militarizado del mundo,está gobernado por uno de los gobiernos más belicistas, ultra conservadores y supremacistas del mundo, cuyas declaraciones,decisiones y actos indican una intención inequívoca de expulsar a la fuerza a millones de palestinos de sus casas y de eliminar o someter a los que permanezcan en ellas. Sin un nivel de militarización tan elevado,Israel no sería capaz de llevar a cabo la ofensiva actual sobre la Franja de Gaza y mantener su peso militar en la región. La ocupación militar es muy cara para Israel y necesita apoyo militar, financiero y comercial, entre el que se encuentra el apoyo comercial armamentístico y militar español. El embargo de armas a Israel es una medida justa, necesaria y urgente, que el Gobierno español puede y debe tomar.

Por ello, varias decenas de representantes de más de 375 organizaciones sociales españolas se han concentrado el miércoles 20 de diciembre frente al Congreso para pedir al Gobierno poner fin al comercio de armas con Israel por la masacre en Gaza.

El marco legal español contempla el embargo militar. De hecho, Sánchez admitió durante su investidura que Israel no está respetando el Derecho Internacional Humanitario, uno de los preceptos que obliga al Estado español a prohibir las exportaciones. Las exportaciones de armas españolas y europeas a Israel, violan 7 de los 8 Criterios de la Posición Común 2008/944/PESC, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.

Entre las organizaciones firmantes de esta campaña están las centrales sindicales como la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, UGT de Cataluña y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). Partidos políticos como Sumar, Podemos, Esquerra Republicana o EH Bildu también han apoyado la iniciativa.

Baltasar Santos
Tribuna Socialista en Cataluña

La guerra

“—Pero ¿usted se da cuenta de lo que puede hacernos ganar la guerra en este caso? ¡Millones, hombre, millones!… ¡No es un juego de niños, Iturdiaga!…” «…a lomos del negro fantasma de la guerra que volaba sobre los campos de Europa…»

Nada (1945)

Carmen Laforet (1921-2004

Son las 6 de la tarde. Bajo en bus desde la Sierra hacia Madrid. Es martes 27 de noviembre.En el número 44 de la madrileña calle de Alcalá, se celebra un acto en la Librería Blanquerna, convocadopor el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos.

Llego a Moncloa. Tomo el metro y me dirijo hacia Sol. Después bajo por Alcalá y entro en la librería. Es muy amplia y bien decorada. Asiste un numeroso público. Un gran cartel preside la sala.Se puede leer con nitidez: “Amnistía para todos los perseguidos por el procés”.

Invitado por la organización a intervenir, tomo la palabra.

Compañeras, os transmito el apoyo sincero del colectivo de “militares contra la guerra” a vuestra petición de Amnistía para todos los perseguidos por el procés.

Somos un colectivo apartidista, en su mayoría formado por militares en situación de retirados, respetuosos con las diversas opciones políticas de sus miembros, nacido al clamor de los pueblos contra la guerra de Ucrania.

Es una guerra que no desean los pueblos: no es su guerra. Una guerra en la que Europa se ve arrastrada por la OTAN, dirigida por los USA. Una guerra, en definitiva, impulsada por las burocracias capitalistas,a uno y otro lado del frente.

Nos oponemos al envío de armas. Es una decisión antidemocrática, no debatida en el Parlamento, que implica directamente a nuestro país como beligerante, alimentando la guerra; que pone en riesgo la supervivencia de nuestra especie y la de toda vida sobre el planeta.

Denunciamos los gigantescos gastos en armamento, detraídos de los fondos de las partidas asignadas en los presupuestos generales del Estado, en competencia con las asignadas a pensiones, sanidad, educación y otras apremiantes necesidades sociales.

La monarquía y su régimen del 78, constituyen un muro infranqueable que impide el desarrollo de una democracia avanzada, en donde los trabajadores y pueblos puedan hacer efectivos sus derechos sociales y democráticos.

Comento a continuación un serio impedimento:el papel monárquico y siniestro que otorga la Constitución a las Fuerzas Armadas.

Veamos.

En su artículo 2 se dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española…”

Más adelante, en su artículo 8, se dice:“Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar… el ordenamiento constitucional.” Por si fuese poco, en su artículo 56 continúa: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia…” y más adelante dice “… la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».

Es decir,el rey es impune aunque delinca; no se le puede detener, ni investigar, ni procesar, ni condenar; haga lo que haga. 

En su artículo 62: “Corresponde al rey: …El mando supremo de las Fuerzas Armadas”. Subrayo lo de “es inviolable” y lo de “mando supremo de las fuerzas armadas”. 

Contra lo que afirman algunos juristas, que consideran simbólico el papel del rey, sin mando efectivo, yo les digo que no es precisamente eso lo que se inculca a los cadetes en la Academias, ni a los alumnos en la Escuela Naval. 

Durante la jura de la cadete Borbón, retransmitida en directo por las cadenas de TV, todo el mundo pudo ver con nitidez la palabra Franco, bien visible en el muro frontal de la Academia General de Zaragoza. No es casual. 

Los alumnos de las academias militares, incluida la cadete Borbón, son disciplinados en la obediencia ciega a la cadena de mando militar, que se les incita compulsivamente a asumir de forma acrítica. Subrayo lo de “cadena de mando militar”. 

Es además una Constitución otorgada por el último jefe de la dictadura, el rey Juan Carlos, producto de un “proceso constituyente” nada democrático, derivado de una reforma dela dictadura,e intervenido por su aparato represivo.

Los pueblos del Estado podrán ejercer su soberanía popular una vez caiga la monarquía, se proclame la República y se inicie un proceso constituyente, en donde puedan decidir libremente su futuro, acordando fraternalmente su relación entre ellos.

Es improbable que se produzca de forma inminente un gran acontecimiento histórico, como sería la proclamación de la República; una república federal de trabajadores y de trabajadoras, moderna y avanzada. Pero me parece evidente que estamos viviendo momentos de gran trascendencia política, iniciados por esta legislatura que acaba de comenzar.

Manuel Ruiz Robles
Es antiguo militante de la UMD,
Portavoz de “militares contra la guerra”