Razones para celebrar una Conferencia sobre Democracia, Derechos y Libertades en la Posdemocracia

En esta primera mitad del siglo XXI el mundo está asistiendo a una revolución en la visión que teníamos de él, ha cambiado de manera clara; el neoliberalismo y la globalización han marcado el ritmo, de dicho cambio como si el futuro fuera simplemente un presente, al mismo tiempo que ha ido aumentando la explotación de los recursos y a los seres humanos. A su vez, han ido creándose circunstancias en estos 25 años, que están rompiendo ese presente/futuro.

Hemos avanzado desde un mundo globalizado y digitalizado, viviendo un cambio importante con el auge de las ideologías de ultraderecha y los nacionalismos excluyentes, estos cambios nos retrotraen en muchos casos a épocas que creímos que eran historia, épocas que creímos olvidadas: Totalitarismo, Imperialismo y espacios vitales, propios de finales siglo XIX y el primer tercio del siglo XX.

En estos momentos lo vivimos en los EE.UU., de la mano de Trump y su América primero (MAGA), de la mano del “Caos” como política para subyugar a unos y amilanar a otros, políticas en la que han convertido a las personas en objetos a eliminar, desde los migrantes a delincuentes, todo ello sin juicio, en lo que se refiere a su política externa, tratando a los representantes de naciones democráticas con un despotismo insoportable y que justifica subrayando su poderío económico y militar intimidatorio, no con razones objetivas. Todo ello en una carrera por seguir depredando el mundo sin importar el precio a pagar que no es más ni menos que la propia supervivencia del planeta poniendo en marcha políticas negacionistas del cambio climático o de la ciencia, se trata de romper las reglas/norma/modos establecidas durante decenios.

Otro aspecto importante de estas políticas es la negación a reconocer la democracia representativa y las libertades, los derechos de las personas… conduciendo a Occidente, cuna de la democracia, a un mundo cada vez más injusto, cada vez más dominado por elementos autoritarios, o gobiernos autocráticos que practican la “postdemocracia”, democracia que en realidad son solo democracias de nombre como es el caso de Rusia, China…

Los nuevos poderes, se van presentando y consolidando cada día más, los Tecnopoderes, ligados a la IA, el control de medios como las redes y la utilización de los mass media, para apoyar y respaldar sus acciones… con este falso paraíso, mundo virtual que significa en realidad más alienación, más control y menos libertades tal como escritores de Ciencia ficción nos describían y que entonces pensamos que solo era eso, ficción.

Mientras tanto, en Europa, la ultraderecha con tintes autoritarios sigue creciendo y gobierna en países que pensábamos que, por estar bajo el paraguas de la UE nunca escogerían ese camino, unos gobiernos populistas o con elementos de extrema derecha en ellos, que recortan derechos y libertades, los tenemos cerca, hablamos de Hungría, Italia, Eslovaquia, Polonia, y no podemos olvidar España donde la ultraderecha ha entrado en los gobiernos regionales o municipales, y donde influyen de manera decisiva en sus políticas sociales, entre otras políticas… valiéndose de ello, criminalizan a migrantes y minorías y ponen en riesgo una convivencia que durante los últimos cincuenta años había sido pacífica.

Por desgracia, no se trata de fenómenos aislados los episodios de insultos, asedios a sedes democráticas como las de nuestro partido, agresiones verbales y físicas a políticos a periodistas a asociaciones a artistas…a todo aquel que, en nombre de la libertad, ejerce su trabajo, opina…y los propios representantes de Derecha y Ultraderecha consideran que no les favorecen.

El clima que vivimos últimamente en nuestro país se hace irrespirable y se trata precisamente de crear ese clima para que la ciudadanía se canse, use el mantra del tú más, del todo son iguales…y se quede en su casa en vez de ir a votar en las elecciones democráticas, algo que sin duda les favorece.

Ante esta situación del mundo y de nuestro país, para la corriente de opinión Izquierda Socialista PSOE, se hace necesaria la reflexión, el análisis sosegado, pero también la pedagogía y la toma de decisiones sobre acciones que debemos emprender para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, para volver a tener un estado del bienestar que debiera ser posible con el camino emprendido por el Gobierno actual encabezado por Pedro Sánchez que pone a las personas por delante. En definitiva, el momento obliga a trabajar y defender la democracia.

Por todo ello, hemos creído que, desde posiciones socialistas, debemos debatir sobre estos temas, con la visión del espacio donde vivimos, UE y España, en un mundo que avanza, que nos está afectando y nos afectará.

Los socialistas siempre hemos debatido sobre las guerras, somos antibelicistas y creemos que esas guerras sirven para limpiar las impurezas del capitalismo, la sobreproducción o la necesidad de eliminar excedentes, cuando no buscar excusas para justificar su existencia. La guerra no es el camino a la paz.

Este 28 y 29 de noviembre hemos debatido sobre qué está pasando con la democracia que conocemos, que creíamos consolidada en el mundo occidental, con las libertades y los derechos conquistados por las luchas sociales de los siglos pasados y que ahora se pretenden eliminar o rebajar.

En un mundo que avanza hacia una carrera militar y hacia un militarismo que tendrá un precio en lo social, pues su financiación saldrá de los fondos sociales, se vista como se vista, y ello tendrá consecuencias: división de la sociedad, malestar y cuestionamiento de los poderes, en consecuencia, se reclamarán gobiernos fuertes y se llegará a justificar que el progreso y seguridad puede darse sin libertades y derechos, hay ejemplos próximos y lejanos, todos los tenemos en mente, un mundo posdemocrático.

Los ponentes que debatieron en la mesa uno, sobre este comprometido tema. Concluyeron que el aumento del gasto militar en Europa, impulsado por la guerra de Ucrania y por la tensión creciente entre grandes potencias, convive con una realidad difícil de asumir: millones de personas siguen perdiendo derechos sociales mientras la inversión en armamento se dispara.

Estos, advirtieron que abre la puerta a un modelo político donde la seguridad se impone sobre las libertades y donde las decisiones se justifican en nombre del miedo.

Según los ponentes, este clima internacional favorece la llegada de gobiernos autoritarios o abiertamente ultraconservadores que recortan libertades, persiguen a minorías y debilitan la justicia social. También insistieron en que la izquierda debe ser capaz de ofrecer seguridad —pero una seguridad ligada a los derechos, la convivencia y la igualdad, no a la fuerza militar—.

En lo que se refiere a la mesa dos, destacamos tres ideas principales:

  1. Europa debe proteger sus valores democráticos, pero lo hará solo si no renuncia a los derechos sociales que han sido su seña de identidad durante décadas.
  1. El aumento del gasto militar no puede suponer retrocesos en el Estado de bienestar; sanidad, la educación o el cuidado de las personas, pensiones.
  1. La Unión Europea necesita autonomía y valentía, porque su futuro depende de cómo responda a desafíos como la crisis ecológica, el auge de la extrema derecha y la presión de los grandes bloques económicos.

Los participantes coincidieron en que la ciudadanía percibe a menudo la política europea como algo lejano y técnico. Por eso, insistieron en explicar de forma sencilla que muchas decisiones que afectan a la vida diaria —el precio de la energía, la protección laboral o la regulación de las grandes plataformas tecnológicas— se toman en Bruselas. Y que, en un mundo polarizado, Europa solo será fuerte si cuida la cohesión interna y no sacrifica sus compromisos sociales.


Para Izquierda Socialista era Igualmente importante hablar desde posiciones de izquierda hacia dónde va está UE y cuál debe ser su papel en este mundo polarizado, entre grandes “imperios” que aspiran a destruirla, cuando no, a borrar su modelo social imperfecto, pero único en este mundo.

Eso nos lleva a un tercer aspecto que consideramos importante, en la sociedad actual que no se parece en nada a la que salió del siglo XX, excepto en las desigualdades que han aumentado, qué papel tiene la izquierda y que es ser de izquierdas, en una sociedad dominada por la digitalización, las posverdades, donde el pensamiento está siendo sustituido por la opinión, donde la verdad no importa solo la imagen, en definitiva, donde la ideología se remplaza por el reality de cada día, una creación de un ilusorio mundo feliz lleno de falsas oportunidades, donde predomina, el trabajo precario, la vivienda imposible, realización de sueños castrados, el aumento de los problemas mentales, etc.

Este es el “campo” donde las ideologías de ultraderecha encuentran sus seguidores y electores, donde la izquierda tiene y debe dar respuestas a esos grupos sociales y necesidades vitales.

Los ponentes coincidieron en que la izquierda se enfrenta a un triple desafío:

  1. Responder a la “economía de mercado” sin limitarse a tapar sus daños.

Explicaron que el modelo económico dominante genera desigualdades, precariedad y un consumo de recursos que pone en riesgo el planeta. La izquierda, dijeron, no puede conformarse con “gestionar” esa desigualdad: debe proponer alternativas que garanticen vidas dignas y sostenibles, y hacerlo con claridad.

  1. Combatir el poder de las grandes empresas tecnológicas.

Estas compañías influyen en qué información recibimos, cómo nos relacionamos y qué decisiones tomamos. Los expertos advirtieron de que estos “Tecnopoderes” pueden favorecer la llegada de gobiernos de ultraderecha, ya que amplifican discursos de odio, noticias falsas y mensajes simplistas. La defensa de la democracia, señalaron, pasa por regularlas con fuerza y transparencia.

  1. Ofrecer esperanza y unidad.

La fragmentación de la izquierda —política, social y generacional— debilita su capacidad para responder a la inseguridad económica, a la crisis climática o a los ataques a la libertad de prensa. Para los ponentes, la prioridad es reconstruir un proyecto ilusionante, con un objetivo común, con las personas en el centro de las decisiones, la ciudadanía y que devuelva la idea de que la política está y se hace para mejorar la vida de la gente.

De izquierda a derecha, Blanca Fernández, Isabel Andaluz y Juan Gómez Colomera

Desde IS-PSOE, consideramos que esta Conferencia ha puesto sobre la mesa claves para ir enfocando las políticas a defender y aportar al pensamiento, al debate dentro de nuestro partido y entre sus militantes.

Portavoces federales de IS-PSOE
y redactores de este documento.

Manifiesto de Izquierda Socialista

Izquierda Socialista de Castilla La Mancha sobre las manifestaciones realizadas y publicadas de Sara Simón, consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla La Mancha y secretaria de Política municipal del PSOE-CLM

A la atención del compañero Secretario General del PSOE de Castilla La Mancha, Emiliano García Page Sánchez

Los miembros de la Coordinadora Regional de Izquierda Socialista PSOE de Castilla La Mancha (IS-PSOE-CLM) hemos recibido atónitos la declaración extemporánea y malintencionada que la Consejera de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha realizado en relación a las primarias en las que la militancia, sin manejar ningún resorte de poder interno federal, ni regional, devolvió al compañero Pedro Sánchez Pérez Castejón a la Secretaría General del PSOE.
Las palabras de Sara Simón Alcorlo suenan a “puñalada de pícara” por cuanto dichas a estas alturas de los acontecimientos, pretenden abrir un falso debate sobre la ilegitimidad de un proceso de primarias que fue ejemplar, en el que Pedro Sánchez ganó limpia y sobradamente, incluso en Castilla La Mancha.
En cualquier caso, el PSOE de Castilla La Mancha, usted mismo como Secretario general del PSOE REGIONAL debería aclararle a su Consejera a este tenor, en este sentido, si usted mismo dio alguna orden para llevar a cabo algún tipo de cambio o alteración de los comicios, presionando a los militantes, modificando el censo o las papeletas, … en fin, lo cierto y verdad es que usted y solo usted controlaba el aparato del partido para poder llevar a cabo alguna modificación en el proceso de elección de candidatos. Sólo usted disponía de los resortes de poder necesarios que garantizaban unas elecciones limpias en nuestro territorio. Quizás debería hablar más con su Consejera de Igualdad sobre este particular.
Desde IS-PSOE-CLM no creemos conveniente que la compañera ponga en tela de juicio la democracia interna del partido socialista en aquellas primarias para ganar puntos personales aprovechando el ruido mediático actual y mezclándolo todo como en una ensalada deslegitimadora del partido, este bulo de la compañera Consejera tiene demasiada cocina y enjundia como para dejarlo pasar.
Solicitamos del compañero secretario general la destitución inmediata de la Consejera Sara Simón Alcorlo, o su dimisión voluntaria, como parte del Gobierno Regional de CLM.
IS-PSOE-CLM deja abierta la posibilidad de llevar a la compañera Simón Alcorlo al Comité de Garantías del partido, en caso de que la Consejera o usted no actúen en alguna de las direcciones expuestas.


Toledo a 14 de Diciembre de 2025.
Coordinadora Regional de IS-PSOE-CLM.

Apoyo al Manifiesto por parte de la Comisión permanente federal

COMUNICADO

Comisión Permanente Federal
de Izquierda Socialista-PSOE

La comisión permanente federal de Izquierda Socialista-PSOE manifiesta:
Su apoyo al manifiesto emitido por nuestros compañeros de Castilla La Mancha sobre las manifestaciones realizadas y publicadas de Sara Simón, consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla La Mancha y secretaria de Política municipal del PSOE – CLM, cuestionando la limpieza de las primarias celebradas en 2017, para la elección a la secretaria general del PSOE que conllevaron la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General.
Esta declaración se ha producido en la línea de otras realizadas en distintos medios o insinuaciones vertidas por diversas “fuentes” diversas, donde se ha cuestionado la legitimidad de la elección, en una campaña de deslegitimación del actual liderazgo del PSOE.
Con estas declaraciones se hace daño al PSOE y a sus militantes pues no solo se cuestiona su liderazgo, sino que a la vez están cuestionando la honradez de los compañeros que participamos en el proceso y con ello a la organización.
Nuestros militantes y la honradez del PSOE no pueden ser cuestionada de forma irresponsable, hay declaraciones que no son asumibles ni aceptables, no son errores de interpretación, son realizadas con intención de que tengan incidencia en nuestra organización y cuestionar por intereses políticos la legitimidad de nuestros procesos, contribuyendo a la desafección de nuestra militancia y a la imagen de partido ante la ciudadanía.
Estas actuaciones creemos que son dañinas y perjudiciales para el PSOE, por ello, pedimos a la secretaria de Organización de nuestro partido que estudie como se enmarcan o puedan vulnerar el Artículo 8 de nuestros estatutos y, si así fuera, las remita a la comisión de garantías para su estudio y toma de decisiones en consecuencia.


Comisión Permanente Federal de IS – PSOE
izquierdasocialista@psoe.es

MANIFIESTO: POR LA DIGNIDAD DE LA JUSTICIA

¡EL PUEBLO RECHAZA LA INJUSTICIA!

Documento leído en la Concentración del 6 de diciembre de 2025, frente a la sede del Tribunal Supremo en Madrid.

Hoy, 6 de diciembre, Día de la Constitución, no venimos a celebrar un texto que se incumple, sino a alzar nuestra voz como garantes de la Democracia y guardianes de la Ley. El pueblo se congrega ante este templo de la soberanía nacional para declarar una verdad ineludible: ¡Nuestra Democracia está en alto riesgo por la corrupción judicial!

Leonor Moggio da lectura al Manifiesto, en nombre de Adepu

I.LA DEFENSA DEL FISCAL ES LA DEFENSA DE LA CIUDADANÍA

Nos concentramos en defensa del Ministerio Fiscal, porque defender la labor del fiscal es defender la piedra angular de nuestro Estado de Derecho. ¡Es la defensa de que ningún ciudadano, ninguna ciudadana, pueda ser acusado, condenado o perseguido sin la existencia de pruebas firmes e irrefutables!

¡Defender al Fiscal es defender el derecho sagrado a la presunción de inocencia para todos y todas! Rechazamos que la acción penal se convierta en una herramienta de venganza o acoso político, utilizada por intereses oscuros al servicio de la corrupción.

II.LA INDIGNACIÓN ANTE UN SISTEMA CORROMPIDO

Es una vergüenza y una indecencia lo que hoy se atreve a llamarse «Justicia» en nuestro país. Denunciamos y señalamos a esos jueces y juezas al servicio de los corruptos del Partido Popular, que utilizan la toga no para impartir equidad, sino para tejer redes de impunidad.

Esta justicia indignante no nos representa. Estos jueces, para el pueblo, están corruptos y corrompen el mandato sagrado de la Ley. Incumplen, con sus acciones y omisiones, el mandato constitucional que les exige imparcialidad y servicio al bien común.

Y en este lodazal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es cómplice. Por su inacción, por su parálisis, y por su silencio frente a la evidencia, el CGPJ permite y ampara que la balanza de la justicia se incline siempre a favor del poderoso y el delincuente de cuello blanco.

III.EL CIRCO DE LA ULTRADERECHA Y LA SENTENCIA DECIDIDA

La paciencia del pueblo ha llegado a su fin. Hemos escuchado los audios indecentes que demuestran, sin lugar a dudas, que la sentencia ya estaba decidida mucho antes de que se celebrase el juicio.

¡El juicio ha sido un circo, una farsa vergonzosa montada por las ultraderechas de este país! El Partido Popular y Vox, mano a mano con esta casta judicial, han convertido la sala de vistas en un teatro político, mancillando la dignidad de las víctimas y de la propia Democracia.

¡Basta ya de sentencias prefabricadas! ¡Basta ya de jueces prevaricadores!

IV.COMPROMISO EN EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Hoy, Día de la Constitución, el pueblo soberano, que es la única fuente de legitimidad, se levanta para rechazar esta justicia que nos oprime.

Nuestra promesa en este día es no cejar en nuestro empeño hasta que se depuren todas las responsabilidades, se reforme el sistema de elección del CGPJ para garantizar su independencia real, y se devuelva la integridad a las instituciones.

¡Nuestra democracia es más fuerte que sus corruptelas!

¡El pueblo no olvida ni perdona!

¡Viva la Constitución! ¡Pero solo si se cumple en favor del pueblo y no de los corruptos!

La farsa de Trump: ni acuerdo, ni paz, ni alto el fuego

El pasado sábado 29 de noviembre, aniversario de la Resolución 181 de la ONU que dividió Palestina a cuenta del imperialismo, volvieron a movilizarse las organizaciones palestinas en más de 40 ciudades de todo el Estado español.

La movilización en solidaridad con la lucha y la resistencia palestina, por los derechos humanos, por la paz, unió a colectivos palestinos, partidos de izquierda, estudiantes, pensionistas y organizaciones sindicales que salieron a las calles de pueblos y ciudades exigiendo un alto el fuego definitivo en Gaza y Cisjordania, y a nuestro Gobierno, el embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones económicas y políticas que el Estado español mantiene con el Estado criminal y genocida de Israel.

La estrategia de Trump y Netanyahu de intentar quitar del foco mediático el genocidio que están perpetrando en Gaza mediante la publicación de un falso acuerdo de paz no ha sido suficiente para desmovilizar a la ciudadanía que no se ha dejado engañar. Madrid, Barcelona, y hasta cuarenta localidades, han respondido de manera clara y masiva a la farsa, dejando claro que la lucha por la libertad y el derecho a decidir del pueblo palestino sigue estando en el centro de las reivindicaciones de la clase trabajadora.

Mientras muchos militantes de partidos y sindicatos participan masivamente en las movilizaciones, los partidos que se reclaman de la izquierda deberían participar de manera organizada con consignas claras. Es lo que ellos esperan de las organizaciones sindicales confederales de las Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), que tras la pasada convocatoria para la jornada de lucha y huelga del pasado 15 de octubre, parecía que iban a continuar participando, y no ha sido así .

Pese a todo, la base militante política y sindical continúa saliendo a las calles dando ejemplo de lucha a todas las organizaciones de izquierda, reivindicando con su solidaridad un derecho tan legítimo como es la libertad de decidir del pueblo palestino.

La mayoría social quiere una paz justa para Palestina, sin falsos pactos, y así se ha reflejado en las calles de todo el Estado español y de muchos otros países en la Jornada Internacional por Palestina en el 78º aniversario de la partición. Porque la lucha es el único camino, debemos continuar con la lucha y las movilizaciones si queremos una Palestina libre desde el rio hasta el mar.

J. FER
Miembro del comite por la alianza de trabajadores y pueblos (CATP)

La esperanza está viva


Zohram Mamdani, el 26 de octubre en un mitin de campaña en el estadio Forest Hills, en Queens.
A su derecha el senador Bernie Sanders y a su izquierda la congresista Alexandria Ocasio-Cortez

“La esperanza está viva”, es una de las frases que Zohran Mamdani dijo la noche del 4 de noviembre, al ser proclamado vencedor en las elecciones municipales de Nueva York. Una esperanza que también revivió esa jornada electoral en otras grandes ciudades y estados; es el caso de Abigail Spanberger en el Estado de Virginia o de Mikie Sherill en el Estado Nueva Jersey. La última victoria demócrata ha sido la de la socialista Katie Wilson, perteneciente a la DSA, quien el 14 de noviembre ganó la alcaldía de Seattle -una ciudad con más de 800.000 habitantes-.

Esta oleada de derrotas del partido Republicado hay que atribuírselas a Trump y sus políticas destructivas, con todo el catálogo de agresiones de corte filofascista, pero no solo a eso.

No debemos obviar que también están siendo derrotadas las dinastías políticas en el seno del Partido Demócrata. El impulso que hace revivir la esperanza viene de los Socialistas Democráticos de América (DSA en sus siglas en inglés), que, no es un partido político, es una organización con 90.000 afiliados que actúa bajo el paraguas del Partido Demócrata. Esta organización política no es nueva; nace en 1982, tras la fusión de Democratic Socialist Organizing Committee (DSOC) y New American Movement (NAM). DSA celebró su último congreso en el mes de agosto pasado, en el que llegó a plantearse la posibilidad de separarse del Partido Demócrata y constituir un Partido de los Trabajadores; opción que no salió adelante.

Esta ola de entusiasmo y esperanza tiene dos elementos importantes en política: respuesta a las necesidades de la mayoría social y la renovación.

El eje de campaña de las victoriosas candidaturas demócratas ha sido, por ejemplo, por parte de Mamdani: crear una cadena municipal de tiendas de alimentación, congelar los alquileres, falta de protección social, transporte público gratuito, entre otras preocupaciones de la mayoría social. Y, en general, el Partido Demócrata pelea por dar continuidad a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio –Affordable Care Act, abreviada (ACA)-, conocida como “Obamacuidados” (Obamacare), promulgada con carácter de ley el 23 de marzo de 2010.

El eje de campaña ha sido crear una cadena municipal de tiendas de alimentación, congelar los alquileres, falta de protección social, transporte público gratuito, entre otras preocupaciones de la mayoría social incluyendo la sanidad
(Obamacare)

En nuestro país, el 21 de diciembre se abre un periodo electoral con las elecciones autonómicas extremeñas que ha anticipado el PP, pensando que la debilidad de sus oponentes les dará una victoria contundente en Extremadura que ejerza de motor de arrastre para otras contiendas electorales. Como si el 13,56% de paro o el 32,4% de tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social no fuesen elementos de responsabilidad del gobierno de la señora Guardiola. Y como si los extremeños y extremeñas fuesen a olvidar las 50.000 hectáreas quemadas el pasado verano, con una gestión de los incendios más pensada como nicho de negocio para las empresas dedicadas a la extinción que una gestión pública con la prevención como objetivo; una óptica coincidente en Galicia y Castilla y León -el fuego ha devastado el pasado verano más de 330.000 hectáreas en la suma de las tres comunidades-.

Los problemas de la mayoría social en nuestras ciudades y pueblos no son muy diferentes a las de los y las estadounidenses: sanidad, carestía de la vida, vivienda inasequible, educación…Estos y otros problemas son los que se deberían abordar en los procesos electorales autonómicos, así como en los municipales y en las generales, cuando se convoquen.

En España: sanidad, carestía de la vida, vivienda inasequible, educación…son los problemas que se deberían abordar en las distintas campañas electorales que vienen en los próximos meses

La Sanidad pública en España está años luz, en positivo, de la red de mínimos que tiene la sociedad en los USA, pero eso no puede ni debe de ser un elemento para conformarnos e impedirnos ver que se está privatizando a marchas forzadas en favor de las grandes corporaciones que ven un negocio en la Salud de las personas, encarrilándonos hacia el modelo de beneficencia que le gustaría a la derecha. El trasvase de dinero público hacia las empresas privadas es una auténtica hemorragia en el Sistema Nacional de Salud: en 2024, las empresas privadas gestionaron 4.655 millones de euros públicos, un incremento del 4% sobre 2023, a través de los conciertos que consienten leyes como la 14/86 y la 15/97. Imaginemos que los candidatos no quemados de un partido propusiesen la derogación de estas leyes y la desprivatización de la Sanidad Pública.

En nuestro país. el trasvase de dinero público hacia las empresas privadas de salud es una auténtica hemorragia

Pensemos cuál sería la respuesta del electorado si esos candidatos propusiesen la creación de una red de supermercados municipales o autonómicos en los que poder adquirir productos alimenticios de proximidad y a precios no abusivos; haciendo frente a la especulación a la que se han entregado las grandes superficies de la alimentación.

Y si esos candidatos y candidatas abogasen por la creación de un banco público que nos salvase de los abusos de la banca privada, esa banca que ha tenido al cierre del tercer trimestre del presente año un beneficio récord, comparado con el mismo periodo de 2023, de 25.417 millones de euros, principalmente por el saqueo que nos hacen con las comisiones bancarias.

Supongamos que la campaña electoral de un partido estableciese la congelación de los alquileres, la construcción de 500.000 viviendas públicas anuales hasta 2030 y que las viviendas públicas fuesen públicas de por vida y que no puedan ser vendidas, jamás, ni por personas físicas ni administraciones.

Imaginemos que el candidato de un partido propusiese que los 7.500 millones de euros que en 2024 fueron a parar a los colegios concertados -el 60% de la oferta educativa concertada en España está en manos de la Iglesia-, se destinase a contratar profesorado en los colegios e institutos públicos, con el objetivo de reducir las ratios del número de alumnos en las aulas y a garantizar que ninguna alumna o alumno de FP se queda sin plaza -solo en la Comunidad de Madrid, más de 62.000 alumnos/as se han quedado sin plaza para estudiar en la Formación Profesional-.

¿Cómo respondería la clase trabajadora si nuestros candidatos defendieran una red de supermercados municipales o autonómicos como alternativa a la especulación de los precios de los alimentos…o un banco público…o la congelación de los alquileres y la construcción de vivienda pública…o destinar el dinero que se le da a la escuela concertada (el 60% en manos de la iglesia) a la educación pública?

En Extremadura, en Castilla y León, en Andalucía o en Valencia, y en el resto de comunidades cuando toque, así como en el Estado central, no olvidaremos a los 7291 de las residencias de Madrid, ni a los 229 de la DANA en Valencia, ni a las mujeres puestas en riesgo con la gestión de los cribados de cáncer de mama, ni a los muertos y damnificados por los incendios forestales… A la memoria hay que añadir la esperanza de que se aborden soluciones a los problemas que sufre la mayoría, en eso consiste la verdadera democracia.

Mamdani y sus compañeras y compañeros no lo han imaginado, lo han propuesto y el electorado se ha entusiasmado, por mucho que el depravado que ocupa la casa Blanca les llame socialistas y comunistas. La experiencia de estas victorias nos dice que con una plataforma de reivindicaciones claras y una organización vinculada a las masas se puede vencer a las derechas. Escuchar y atender sin defraudar, las reivindicaciones que están en la calle, es el giro deberían dar las organizaciones que se reclaman de izquierdas.

Comité de Redacción

Golpe togado

El adelanto del fallo de la sentencia, al ya ex Fiscal General de Estado, es inédito en la forma de proceder del Tribunal Supremo (TS). Como lo es también la rapidez: 7 días, en pronunciarse este alto Tribunal, en un país en el que la ¿Justicia? es lenta, muy lenta; solo hay que ver los 11 años que ha tardado en abrir juicio oral a la Familia Pujol.

A expensas de conocer la literalidad de la sentencia contra García Ortiz, incluidos los argumentos de los dos votos particulares, condenan sin pruebas rigurosas y dando valor a la suposición de la UCO de que el FGE borró sus mensajes de guasap para ocultar pruebas, dando más valor a lo que sin pruebas manifiesta la acusación, en contra de lo que ha defendido el Ministerio Fiscal.

Por ende, se han pasado los principios jurídicos y su propia doctrina por el forro de sus togas, pues la carga de la prueba en un proceso penal parte de la base del principio de presunción de inocencia, que se han cargado. En el caso contra el fiscal general del Estado se ha partido de la “presunción de culpabilidad”, exonerando a los demandantes de probar dicha culpabilidad.

Recordemos que el magistrado Eduardo Muñoz Baena, absolvió al PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de su propio Tesorero, apelando a la «doctrina Botín»: una interpretación del Tribunal Supremo de diciembre de 2007 que establece que una acusación popular por sí sola no es suficiente para llevar a una persona a juicio si la acusación particular y el Ministerio Fiscal no sostienen la acusación.

Esta forma de hacer, por parte de los magistrados de la Sala 2º del TS, evidencia la sincronización política de la ¿Justica?, al menos del 70% de judicatura, que es la proporción de magistrados -5 de 7- que avalan el fallo de la sentencia, con las necesidades del PP, quienes necesitaban tapar, intentarlo al menos, la situación en Valencia y la indignación que provoca su pacto con VOX para evitar convocar elecciones, en la pretensión de echar tierra encima de sus responsabilidades políticas respecto a las consecuencias de la Dana del 29 de octubre de 2024. Recordemos que con 229 muertos.

En las últimas semanas tampoco le ha ido bien al PP con el escándalo de la nefasta gestión de los cribados de cáncer en mama en Andalucía, ni que toda la cúpula del PP en la Diputación de Almería esté detenida o imputada por el juez, junto al alcalde de Tíjola. A lo que hay que sumar la detención del alcalde, también del PP, de Villar del Humo (Cuenca) por tenencia de una plantación de marihuana. Demasiadas cosas, y eso que no gobiernan el Estado.

La fecha elegida para adelantar el fallo de la sentencia ha sido el 20N, un mensaje claro de chulería franquista, al menos así lo percibimos en Tribuna Socialista y es un recordatorio de que es el Poder Judicial quien mantiene atada y bien atada la democracia y el Estado de Derecho.

No es la primera vez que ¿la Justicia? sale al quite de los problemas de la derecha y/o que envía mensajes ideológicos. Esto deja en agua de borrajas la separación de poderes, la pone al mismo nivel que el derecho al trabajo y el deber de trabajar de todos los españoles y españolas (Artº 35 de la CE) o el derecho a una vivienda digna y adecuada (Artº 37).

La instrucción del caso y el juicio contra el Fiscal General del Estado es una vuelta a los Tribunales de Orden Público y a los juicios sin derecho efectivo a la defensa. Esta fracción mayoritaria de la ¿Justicia? es la misma que está boicoteando la Ley de Amnistía, en una clara afrenta al Poder legislativo e incluso al Tribunal Constitucional.

Esta sentencia, con los cinco votos a favor, para condenar al FG supone una prevaricación con mayúsculas porque los magistrados saben y les consta que no ha existido la menor prueba inculpatoria. Han llenado el TS de deshonor e indignidad, se han cargado la poca confianza que restaba en el Sistema Judicial y supone una continuidad del golpe de Estado que se viene perpetrando, al menos desde la investidura del presidente del Gobierno, por parte de los conservadores y fascistas del CGPJ.

Los que llevan 50 años conmemorando con pena y nostalgia la muerte del criminal de masas y dictador, Franco, demuestran que para ellos la transición, los pactos de la Moncloa y la Constitución misma son una formalidad que había que hacer, pero no que cumplir. En los hechos, esto significa que vivimos en una farsa y en una realidad inversa; en la que los ladrones acusan a los fiscales y los jueces correligionarios de los chorizos les dan la razón. Mal vamos.

Comité de Redacción

La Justicia española: entre la toga y la trinchera


La independencia judicial en España es, en demasiadas ocasiones, una ficción. Tras la Transición, el poder judicial se consolidó como un bastión conservador, corporativo y opaco, que hoy actúa como actor político decisivo. Desde el lawfare hasta la resistencia a la Ley de Amnistía, los ejemplos abundan y revelan una realidad incómoda: sin una justicia verdaderamente independiente, la democracia está incompleta.

En el número 170 de TS reflexioné sobre la presunta independencia de la Justicia española y concluí que existe un sector de la judicatura, especialmente en los puestos más altos, cuya vinculación con el Partido Popular —y en algunos casos con postulados cercanos a VOX— es evidente. Hoy doy un paso más: el problema es estructural. Lo que se presenta como independencia judicial es, en demasiadas ocasiones, una ficción que oculta un poder corporativo, conservador y profundamente politizado.

Lo que se presenta como independencia judicial es, en demasiadas ocasiones, una ficción que oculta un poder corporativo, conservador y profundamente politizado

La falta de depuración tras la dictadura permitió que magistrados del Tribunal de Orden Público franquista se reciclaran en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo. Así nació un CGPJ conservador, endogámico y opaco, que no rinde cuentas y que, lejos de ser imparcial, se ha convertido en un actor político decisivo. Como señala Miguel González Mendoza en La batalla por la Amnistía, este poder judicial ha sido “el verdadero azote, no solo del Procés, sino también del resultado electoral del 23 de julio de 2023”.

La falta de depuración tras la dictadura permitió que magistrados del Tribunal de Orden Público franquista se reciclaran en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo. Así nació un CGPJ conservador, endogámico y opaco, que no rinde cuentas y que, lejos de ser imparcial, se ha convertido en un actor político decisivo

La judicatura española se enfrenta ahora a un desafío histórico: la validación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la Ley de Amnistía. Desde el CGPJ hasta el Supremo, pasando por asociaciones judiciales y fiscales, se han opuesto frontalmente a esta norma, intentando bloquearla mediante recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. Pero todo indica que el TJUE ratificará el informe favorable del Abogado General, obligando al Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont, Rovira y otros dirigentes del Procés. Será un golpe para quienes han instrumentalizado la justicia con fines políticos.

Conviene repasar algunos casos que ilustran la falta de independencia judicial y el uso del lawfare:

Baltasar Garzón es el ejemplo más claro: expulsado de la carrera judicial en venganza por investigar los crímenes del franquismo. Aunque fue absuelto en ese proceso, el Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Gürtel. En 2021, la ONU declaró que sus juicios fueron arbitrarios y exigió su reincorporación, pero el CGPJ ignora la resolución. Este caso evidencia el carácter corporativo y vengativo del poder judicial, al servicio de un posicionamiento ideológico algo más que conservador.

Otro ejemplo es el juez García Castañón, artífice de una ofensiva judicial contra Podemos con más de veinte causas archivadas, y protagonista de maniobras para imputar a Puigdemont por terrorismo, buscando excluirlo de la amnistía. También blindó a dirigentes del PP en el caso Bárcenas y se declaró incapaz de identificar al famoso “M. Rajoy” en los papeles de la Gürtel. Su actuación resume la lógica del lawfare: perseguir a adversarios políticos y proteger a aliados.

El juez Joaquín Aguirre llevó el esperpento a otro nivel al intentar vincular a líderes independentistas con Putin, alegando que Rusia les prometió dinero y soldados para lograr la secesión.

Por su parte, Ángel Luis Hurtado, que se inició como juez de distrito, bloqueó preguntas incómodas a Rajoy en la Gürtel, se opuso a condenar al PP y fue ascendido al Supremo por un CGPJ caducado. Hoy procesa al fiscal general del Estado sin pruebas

en un juicio aún pendiente de sentencia.

No hablamos del Juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid, por falta material de espacio, sólo decir que, sin base acusatoria alguna tiene procesada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y según se le van cayendo las imputaciones, en una instrucción prospectiva, sigue buscando un motivo para mantenerla encausada.

Del mismo modo, Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, ha procesado por una denuncia de la organización fascista, HAZTE OIR, al hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias, con una base acusatoria muy endeble.

Estos ejemplos no son anécdotas; son síntomas de un poder judicial que actúa como un poder autónomo, ajeno al control democrático, y que utiliza la justicia como herramienta política. La resistencia a la Ley de Amnistía y la persecución selectiva de adversarios confirman que la independencia judicial en España es, en muchos casos, una ficción. El CGPJ, sigue condicionando la vida política del país desde su perspectiva, claramente conservadora y afín al PP y mientras tanto, los medios afines amplifican cada maniobra, alimentando una narrativa que criminaliza la disidencia y protege a las élites conservadoras.

Cuando estoy finalizando la redacción del presente artículo, ha saltado la noticia de la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El Tribunal Supremo, con el peor estilo fascista, adelanta con toda celeridad el Fallo de la Sentencia, sólo siete días desde que quedó visto para sentencia el juicio, sin que ni siquiera esté redactada, pero lo han querido sacar para hacerlo coincidir con una fecha tan significada como el 20 N, 50º aniversario de la muerte del asesino, Franco. Nos recuerdan que todo sigue atado y bien atado y que son ellos, Magistrados del Supremo, los encargados de seguir afianzando los nudos que atenazan la democracia Y El Estado de Derecho.

La Sala de lo Penal no ha condenado al fiscal general de forma unánime: dos magistradas progresistas de los siete integrantes del tribunal han anunciado votos particulares para oponerse a esa decisión.

Han fallado que García Ortiz queda inhabilitado durante dos años para ejercer como fiscal general y tiene que pagar 10.000 euros a la pareja de Ayuso.

El Tribunal Supremo, con el peor estilo fascista, adelanta con toda celeridad el Fallo de la Sentencia,,,para hacerlo coincidir con el 20N y recordarnos que todo sigue atado y bien atado

Los votos de los magistrados conservadores -yo diría fascistas- que han votado condenarle han sido: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.

Las magistradas que votaron en contra y van a emitir sendos votos particulares son: Susana Polo y Ana Ferrer.

El Tribunal Supremo, sin la menor prueba inculpatoria, ha seguido la estrategia del Partido Popular y de los fascistas, condenando al fiscal general, que, no obstante, podrá seguir actuando como fiscal de Sala, porque había que cargarse al fiscal, a toda costa, como se cargaron a Garzón, para intentar que el presidente del Gobierno se achique y convoque elecciones. Han cometido la mayor indignidad y el mayor delito de prevaricación de toda la historia de la Judicatura Española, se han cargado toda confianza posible en el sistema judicial y han atentado contra la democracia y el Estado de Derecho.

Esta sentencia ha sido la guinda en el golpe de estado judicial que el CGPJ viene perpetrando desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente de Gobierno, en 2023.

Los nombres de los cinco magistrados prevaricadores que han condenado al fiscal general, pasarán a la historia como los magistrados fasciogolpistas del Tribunal Supremo.

Por último, en ese golpe de Estado togado, que se viene dando de forma permanente, los conservadores y fascistas del CGPJ, han tensionado el Consejo hasta llegar a la ruptura y conseguir que los progresistas vuelvan a quedar en minoría. En efecto, los vocales progresistas del CGPJ han vuelto a quedar en minoría tras una ruptura del consenso y una reestructuración de las comisiones llevada a cabo por la presidenta, Isabel Perelló, y apoyada por vocales conservadores y uno de los vocales progresistas, Carlos Hugo Preciado, nominado por SUMAR, ahora, traidor, que se ha desmarcado de la disciplina de voto de su grupo. Los progresistas acusan a Perelló de modificar deliberadamente las comisiones para incluir a los conservadores y excluir a sus representantes, lo que consideran una estrategia que ha quebrado el equilibrio plural del órgano. 

Esta sentencia ha sido la guinda en el golpe de estado judicial que el CGPJ viene perpetrando desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente de Gobierno, en 2023

Como afirma González Mendoza, luchar por la transparencia y la independencia judicial es luchar por la depuración del aparato del Estado, una tarea pendiente desde la Transición. Y esa lucha, en última instancia, es inseparable de la lucha por la República.

Luchar por la transparencia y la independencia judicial es luchar por la depuración del aparato del Estado, una tarea pendiente desde la Transición. Esa lucha es inseparable de la lucha por la República

Porque solo en una República que garantice la separación real de poderes y la democratización de la justicia podremos hablar de un Estado verdaderamente libre y soberano.

Miguel Sagüés Navarro.
Noviembre/2025

El brazo político judicial

Nadie duda de que la mayoría de jueces, magistrados y fiscales actúan con justicia conforme a la Ley en sus resoluciones y sentencias. Pero ningún observador de la actualidad política podrá negar que hay un grupo de ellos que no cumplen con ese principio y actúan con un sesgo ideológico: la derecha rancia y españolista de poso franquista. Nido de togados retrógrados que germinó y pervive porque no hubo transición democrática en la administración de justicia —ni en los Cuerpos de Seguridad del Estado— que la limpiara de franquistas que dictaron largas condenas de cárcel y sentencias de muerte contra los opositores al régimen de Franco en los Tribunales de Orden Público, los temibles TOP. Jueces que, instaurada la democracia, pasaron limpios de polvo y paja como titulares de juzgados y tribunales hasta su jubilación.

Aún hoy, ningún político de la época ha dado una explicación a esta anomalía democrática, lo que da pie a especulaciones de todo tipo, como el miedo a que se produjera una revuelta de jueces y magistrados para los que no había recambio por el inveterado sistema, caro y clasista, de acceso a la carrera judicial que convirtió la administración de justicia en un coto cerrado para los hijos de las clases adineradas, dando lugar a estirpes familiares presentes durante décadas en los niveles más altos de la judicatura.

Viene a cuento este recordatorio para entender la sorprendente sentencia, dictada en ocho días por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación sin una sola prueba que demuestre la culpabilidad por la que se le condena. Juicio que ha subvertido el principio básico del proceso judicial de que debe ser el juez instructor quién busque y presente las pruebas acusatorias, y no que el acusado tenga que demostrar su inocencia. Juicio basado en la instrucción del juez Hurtado plagada de errores y sin elementos probatorios —como han reconocido insignes jueces y magistrados—, que dejó fuera la declaración de los periodistas que tiraron por tierra la presunción del juez de que el acusado había filtrado el famoso correo en el que el abogado de González Amador, reconocía los fraudes cometidos y pedía un acuerdo con Hacienda.

Sentencia que no ha tomado en consideración el principio de in dubio pro reo que beneficia al acusado en caso de duda sobre su culpabilidad, pero da por buena la mentira que esparció Miguel Ángel Rodríguez, como él mismo reconoció en el juicio, y que utilizó González Amador para denunciar al Fiscal General por revelación de secretos de su vida personal. Datos que no figuran en la nota de prensa que emitió la Fiscalía General para desmentir la mentira del mentiroso confeso MAR. Pero a la Sala 2ª no le ha importado que su sentencia —que cuenta con dos votos particulares en contra— condene la verdad y deje sin sanción la mentira. Hechos que confirman que estaba dictada de antemano con el objetivo de hundir al Gobierno, a través del Fiscal General utilizado como peón de lo que se puede calificar de golpe de estado judicial promovido por un núcleo de jueces y magistrados de la derecha más rancia y tridentina, que ha contado con el apoyo de la derecha política y mediática.

Sentencia que huele a varapalo contra el Gobierno por los cambios y reformas que ha puesto sobre la mesa para acabar con sus privilegios, cuyo el objetivo es agilizar, reducir la burocracia y hacer el sistema judicial más operativo y funcional. Objetivos plasmados en la Ley Orgánica aprobada en enero de 2025, que reestructura el funcionamiento de los juzgados con la creación de Tribunales de Instancia en cada partido judicial que reemplaza a los juzgados unipersonales y centralizará la administración de justicia, con el objetivo de acabar con los reductos de poder en que algunos jueces han convertido sus juzgados en los que actúan como pequeños reyezuelos contraviniendo, incluso, resoluciones del Tribunal Supremo como la de que no se pueden abrir sumarios con titulares y noticias de prensa. El juez Peinado es un ejemplo palmario.

Cambios como la creación de las Oficinas de Justicia en los municipios que no sean sede de un Tribunal de Instancia, o de las Oficinas Judiciales para unificar y equilibrar la carga de trabajo del citado Tribunal. O medidas para reducir el número de casos que llegan a los tribunales como impulsar los Medios para la Solución de Controversias (MASC), a los que será obligatorio acudir para resolver conflictos entre las partes antes de iniciar un proceso civil o mercantil. O ampliar a cinco años el mandato del Fiscal General del Estado, que no será renovable, para favorecer una mayor independencia del Gobierno de turno.

Reformas aprobadas que se irán implementando progresivamente, como la del sistema de acceso a la carrera judicial para hacerlo más práctico y menos memorístico, que amplía el número y la cuantía de las becas para que ciudadanos de toda condición puedan llegar a ser jueces, y reducir el carácter clasista del estamento judicial. Y otras contenidas en la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que cambiarán el tradicional sistema judicial al sustituir a los jueces por los fiscales en la instrucción de sumarios, para acabar con una anomalía que nos diferencia de los sistemas judiciales de los países de la UE, en los que el fiscal investiga e instruye el sumario, y el juez controla que no se vulnere la ley en ese proceso. Cambios que, de ser aprobados en el Congreso, entrarán en vigor en 2028, sin afectar a los procesos judiciales en curso.

Modificaciones que buscan eliminar las actuaciones libérrimas y vejatorias de algunos jueces en los interrogatorios a investigados y testigos. O que utilizan la instrucción como herramienta política estirándolos mediante una investigación prospectiva, para prolongar la condena mediática en los medios ideológicamente afines: el Low Faire. De ahí que la Reforma prohíba ejercer la acción popular a partidos políticos, sindicatos y administraciones públicas, limitándola a los directamente afectados en el caso, para evitar la instrucción de sumarios con denuncias de claro interés político de organizaciones filo fascistas, tipo Hazte Oír o Manos Limpias, fundamentadas en recortes de prensa.

Estratagema que utiliza el brazo judicial de la derecha, para instruir sumarios al compás del acontecer político que más beneficie a los partidos de derecha, con el objetivo de degradar la imagen y tumbar a un Gobierno que detestan, porque quiere acabar con su parcela de poder que utilizan políticamente invistiéndose de un poder omnímodo. Sería largo para este artículo enumerar los casos que el brazo político judicial retuerce para apoyar la estrategia de la derecha, y a la ultraderecha, que llega al desiderátum insólito de manifestarse ante las sedes de sus Juzgados y Audiencias, contra el plan de reformas propuesto por el Gobierno que supone un cambio fundamental en la administración de justicia que pone fin al chiringuito de poder que han configurado a lo largo de los años. De ahí su beligerancia contra este Gobierno y su Presidente, porque representan todo lo que aborrecen: el progreso y el cambio necesario de un sistema judicial que han degradado y convertido en un reino de Taifas.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor
en Teoría de la Comunicación de Masas

El oligopolio bancario español saquea a sus cautivos clientes

Las entidades financieras en nuestro país -Las 24 entidades agrupadas en la Asociación Española de Banca (AEB) + las 9 de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) + las 42 de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), las conocidas como cajas rurales – suman un volumen de activos que multiplica por 2,66 el PIB español, a diciembre de 2024; PIB que se situó en 1.594.330 millones de euros.

Con datos de los anuarios de AEB, CECA y UNACC de 2024, el volumen de activos de sus entidades asociadas, expresado en millones de euros, es el siguiente:

  • Las 24 entidades de AEB aglutinan el 74% 3.133.938
  • Las 9 entidades de la CECA aglutinan el 22,66% 959.485
  • Las 42 entidades de UNACC aglutinan el 3,34% 141.640

El total de activos de las entidades financieras suma 4.235.063

Hago esta introducción para ayudar a entender uno de los ejes de este artículo: la concentración bancaria en España. Esta concentración se mide internacionalmente tomando la suma de los activos de las 5 entidades más grandes (índice Herfindahl-Hirschman (IHH), que en nuestro caso son:

Las cinco entidades más grandes conforman un oligopolio financiero que concentra el 85,05% del total de activos del sector -en 2008, la concentración bancaria en España era del 42%-. La concentración bancaria en la UE, en promedio, en 2024 era del 67,28%. Si algún lector tiene interés, no tendría ningún inconveniente en desagregar estas macro cifras por entidad y/o asociación patronal bancaria.

A la vista de estos datos, es comprensible la posición del Gobierno al mostrarse en contra de la operación hostil que el BBVA ha intentado para hacerse con el Banco Sabadell. De haber salido adelante la pretensión del BBVA, la concentración bancaria hubiese alcanzado el 87,35%, al unificarse BBVA y Sabadell, y pasar Ibercaja a formar parte del Top 5.

Es importante entender y tomar conciencia del nivel de concentración bancaria, pues, con las reglas del libre mercado, las cinco grandes entidades marcan la tendencia al resto del sector financiero. Aunque las entidades se agrupen básicamente como lo han hecho a lo largo de su historia, exceptuando: Caja de Ahorros y MP de Ontinyent y Colonya Caixa d`Estalvis de Poyença, el resto de entidades que se organizan en CECA pasaron de ser cajas de ahorros a bancos.

Esto puede parecer una cuestión menor; que sean cajas o sean bancos, pero no lo es, pues la diferencia es si los beneficios se reparten en dividendos o si se destinan a obra social, como ocurría antiguamente. El cambio lo señaló políticamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la década de los 90 del pasado siglo y lo voceó en España el “prestigioso” Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía con el Señor Aznar. El Sr. Rato decía que “las cajas de ahorro no puede ser entidades sin dueño”, es decir, no puede haber empresas que no tengan accionistas. Esta orientación política, puramente liberal, contra las cajas de ahorro llevó a una campaña de desprestigio de las cajas; en muchas de las ocasiones merecido, pero que la finalidad era que el sector bancario, puramente privado, fagocitase al sector de cajas de ahorro, que eran entidades sin ánimo de lucro propiedad de los impositores, las entidades sociales y municipales.

Antes de la crisis financiera e inmobiliaria de 2008, el sector financiero se dividía del siguiente modo: 50% de los activos los acaparaban los bancos, las cajas el 45,4% y las cajas rurales el 4,6%. La comparativa deja claro hasta qué punto el objetivo del capital financiero internacional se ha conseguido: el 96,6% del volumen de activos está en manos de bancos, independientemente de la asociación patronal en que se organizasen las entidades.

El proceso de concentración bancaria en España no comenzó con la crisis de 2008, ni ha finalizado tras darla oficialmente por cerrada. Un par de ejemplos:

  • En 1982, el Estado puso 291.000 millones de pesetas (1.750 millones de euros), para sanear Banca Catalana, el Banco que en 1959 se montó la familia Pujol; entidad que terminó siendo absorbida en 1984 por el Banco de Vizcaya ´hoy inserto en el BBVA-.
  • En 1978, Banesto adquirió el Banco Coca. En diciembre de 1993 Banesto fue intervenido por el Banco de España y en 1994 fue adquirido por el Banco Santander.

Podría citar otros ejemplos, como el de Banco de Valencia, hoy digerido por Caixabank, los 18 bancos del Grupo RUMASA o Banco Simeón. Estos y otros muchos casos configuran la historia de la concentración de la banca en España, pagada, la mayoría de las ocasiones, con dinero público. En este sentido, cabe concluir que la viabilidad de una entidad financiera no reside en si es de naturaleza pública o privada, sino de cómo es gestionada. Por ende, con los mismos motivos que se entregaron las cajas a los bancos, podrían haber entregado los bancos a las cajas, o haberlos nacionalizado a todos, a fin de cuentas, todos lo hemos pagado.

En el año 2000 había 206 entidades financieras, entre bancos, cajas de ahorro y Coop. de Crédito. Hoy suman 75, por lo que la crisis de 2008 y los años posteriores tiene la peculiaridad de que la concentración bancaria se ha acelerado brutalmente, reduciéndose el número de entidades en un 64%.

Lo peor de este proceso acelerado de concentración, ha sido que por el camino se han destruido más de 120.000 puestos de trabajo y se han cerrado más de la mitad de las oficinas bancarias que había antes de 2008. Y todo esto nos ha costado 65.000 millones de euros públicos para el saneamiento de las entidades, más los 35.000 millones de la SAREB; al hacerse cargo el Estado de los inmuebles de las entidades. Un total de 100.000 millones de euros que bancos y banqueros no han devuelto a los contribuyentes.

El Estado, todos los gobiernos, tiene su responsabilidad en este devenir y en la cautividad que sufren los clientes de los bancos, pues no tenemos opciones públicas para domiciliar la nómina o la pensión, para pagar los recibos de los suministros domésticos, para depositar nuestros ahorros o para acceder a un préstamo hipotecario. Renunciar a dotar al Estado de banca pública, no para competir con las entidades privadas, sino para dar una solución a la sociedad que está siendo esquilmada a base de comisiones bancarias e intereses.

Hay unos gobiernos que tienen más culpa que otros, sin duda. Por ejemplo, Felipe González fue quién abrió la puerta a la privatización de la banca pública agrupada en Argentaria; operación de privatización que completó Aznar. Zapatero y Rajoy, muy particularmente este último y su ministro de Economía, Industria y Competitividad, el Sr. De Guindos, remaron a favor de la banca en la concentración bancaria de la crisis de 2008. Y el gobierno actual, habiendo que reconocer que se ha opuesto a que la concentración bancaria continúe, ha dilapidado en buena medida la posibilidad de dotar al país de una banca pública, que cubra las necesidades básicas de la mayoría social, al integrar Bankia en Caixabank, pues Bankia era una entidad 100% pública, saneada con 22.000 millones del erario público.

Entre las tres primeras entidades: Caixbank 18,5 + Santander 15 + BBVA 11, suman 44,8 millones de clientes. Es decir, que el 99% de la sociedad estamos cautivos y desarmados, en manos de un sector de actividad privada privilegiado.

Roberto Tornamira Sánchez
Fue Secretario Estatal del Sector Financiero,
Seguros y Oficinas de la FeSMC-UGT

La IA, artificial pero poco inteligente

La primera dificultad de los mayores de 45 años (media de edad de la población española) pudiera ser entender de que diablos hablamos cuando oímos o leemos el término ese de Inteligencia Artificial.
Empeñado con entenderlo a mis 63 años he visto que casi todas las multinacionales tecnológicas, que son las que pintan algo en este asunto coinciden en algo parecido a esto:
« La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas y tecnologías capaces de realizar tareas que, normalmente, requerirían inteligencia humana. Esto implica dotar a las máquinas de capacidades como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la comprensión del lenguaje natural y la creatividad »

La primera pregunta que podemos y debemos hacer para actuar inteligentemente es la de siempre cuando uno es un trabajador1, un estudiante, un ciudadano consciente de que vivimos en el capitalismo: ¿Esto es útil, me debo interesar en ello? Y mi punto de vista en ese sentido es radicalmente claro, SI, debes tenerlo en cuenta, y lo puedo argumentar.
¿Dejarías de utilizar el teléfono, el tren, la imprenta, las herramientas que los avances tecnológicos han proporcionado a la humanidad por el hecho de que sean utilizados para destruir el pueblo palestino, para exterminar a más de un millón de ucranianos y rusos, para incrementar hasta el paroxismo el beneficio capitalista llevando a miles de millones de personas al hambre física2? Obviamente, no, porque las herramientas, los avances tecnológicos, en la medicina, en la agricultura, en la industria, en el transporte, son la base de una futura sociedad basada en la búsqueda de la felicidad para la propia humanidad.3

La I.A. y su burbuja

No es solamente en los medios de comunicación donde puedes hablar e incluso debatir sobre si este campo de la informática va a sufrir una cosa llamada burbuja financiera, incluso te hablarán de ello en los infinitos cursos que te ofrecen empresas privadas, unos directamente y otros a través de cursos financiados con dinero público pero que serán organizados por esas u otras empresas privadas (sin ir más lejos, los del Servicio Público de Empleo Estatal [SEPE]).
¿Se refieren a eso cuando nos hablan de burbuja de la IA? Buscando con la ayuda de la propia IA (porque no te queda más remedio, porque ya los buscadores en internet la utilizan te guste o no), se encuentran algunas explicaciones, de las cuales amigo lector te dejo la que me ha parecido más comprensible.4

La IA y los despidos masivos

No es nada difícil encontrar sesudos economistas, políticos e incluso burócratas sindicales que explican los planes de despidos brutales de Amazón o las tecnológicas5.
Cualquiera puede preguntarse: si los beneficios empresariales de estas empresas son gigantescos incluso con la creciente aplicación de la IA, ¿porque despedir?.
Utilizando una aplicación de IA ligada a Google hemos preguntado:
¿Como justifican las empresas punteras en IA sus miles despidos cuando anuncian al mismo tiempo miles de millones en beneficios?Y entre otras cosas nos ha respondido:
(…) Existe un escepticismo considerable sobre si la IA es la causa real de todos los despidos o si se está utilizando como una «cortina de humo» conveniente para justificar recortes de personal por razones financieras más tradicionales, como la codicia corporativa o la subcontratación. Algunas empresas incluso admiten que la IA es solo uno de los factores, y no el principal, detrás de las decisiones de reducción de plantilla. (…)6

Una vez más, imprescindible el socialismo

Si, como la electricidad de la que no disponen en Gaza o en la Cañada Real de Madrid7 es imprescindible para la supervivencia de la humanidad también la inteligencia artificial puede ser un elemento de gran ayuda para el desarrollo de esta hacia un mundo pleno donde la libertad, la igualdad y la fraternidad sea una realidad que la burguesía cono clase social ha sido incapaz de implementar.
Por duro que parezca, aunque el escepticismo ataque una y otra vez, hay que mirar de frente, empezando por eso que llamamos estado y que supuestamente ahora nos llevaría en España a defender al Fiscal General, hombre de estado defenestrado por otros hombres de estado.
Usando IA nos resulta lo siguiente:
Pregunta:
¿Quien y cuando alguien definió al estado como destacamentos de hombres armados? Respuesta:
La frase de que el Estado consiste fundamentalmente en»destacamentos especiales de hombres armados» (o «cuerpos especiales de hombres armados») proviene de las obras de Vladimir Ilich Lenin. Lenin atribuye esta idea aFriedrich Engelsy la desarrolla ampliamente en su libro fundamentalEl Estado y la revolución. 

Mikel González, diseñador gráfico de oficio,
socialista revolucionario y aprendiz de IA