Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

EL IMPERIALISMO, LA GUERRA Y EL DERECHO INTERNACIONAL

Cómo el imperialismo disfraza el genocidio de «Derecho Internacional»

Israel ataca posiciones de la ONU en Líbano

El derecho internacional se confirma como un compromiso de la humanidad, para evitar que el mundo volviera a desangrarse, tras dos guerras mundiales: la Primera 1914-1918 y la Segunda 1939-1945. Sin embargo, desde entonces hasta la actualidad, ahora incluso muy agravado, no ha habido ni un día de paz, ni un día sin guerras, en el mundo.

Se nos vende la idea de que instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son los árbitros imparciales de la paz mundial, guardianes de la soberanía de los pueblos y defensores de los derechos humanos. La realidad nos demuestra todo lo contrario: las instituciones internacionales, en manos de las potencias imperialistas, no son un escudo para los débiles, sino un arma arrojadiza contra ellos, para que grandes multinacionales capitalistas sigan enriqueciéndose con una presunta legitimidad que disfrazan de derecho internacional. Es el ropaje jurídico con el que se disfrazan invasiones, matanzas y auténticos genocidios.

La gran paradoja del orden mundial contemporáneo es que, quienes se autoproclaman defensores de la legalidad internacional, son, precisamente, quienes la vulneran. El diseño de las instituciones internacionales está viciado desde su origen. No estamos ante un foro democrático de naciones iguales, sino ante una estructura oligárquica controlada por los Estados imperialistas. El Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano con capacidad para autorizar el uso de la fuerza, está secuestrado por el derecho al veto de cinco potencias: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, que son las que desarrollan un imperialismo más brutal.

Este derecho al veto no es más que la legalización de la impunidad. Si un aliado de estas potencias, o alguna de las mismas, cometen una atrocidad decidiendo asfixiar o invadir a un país soberano, el veto paraliza cualquier acción, la institución no tiene instrumentos ni argumentos para oponerse y se consuma la impunidad, porque el veto está normativizado y vigente en la Institución.

Es el caso, entre otros muchos, de Venezuela, atacada por EEUU y secuestrando a su presidente, el caso del Estado sionista de Israel, que invaden Palestina y Líbano, ejecutando a miles de personas, en un auténtico genocidio y una limpieza étnica, con apropiación del territorio de estados soberanos. Es el caso del ataque e invasión de Rusia a Ucrania, y más recientemente, el ataque de EEUU a Irán, pretendiendo, además, ignorando el derecho internacional, cometiendo atrocidades, violaciones de los derechos humanos impunemente, quebrando el derecho internacional, al que apelan cuando les conviene.

Así, la ONU, deja de ser un instrumento de paz y garantía del respeto global de los derechos humanos y se convierte en una herramienta geopolítica que los imperios utilizan según sus conveniencias, invocando resoluciones del derecho internacional cuando les interesa y cuando no, pisoteándolas con toda impunidad. La Corte Penal Internacional, tampoco funciona, con la complicidad de muchos países de Europa y otros lugares del mundo, que cuidan intereses propios y que no tienen el menor interés en que se procese a ninguno de los altos representantes de tales Estados imperialistas, que pisotean el derecho internacional y de todo sentido humanitario.

Insistimos en la constante agresión contra la soberanía en América Latina, bajo una cínica apelación a la «democracia» y la «asistencia humanitaria» -conceptos retorcidos hasta la náusea-. Estados Unidos ha justificado intervenciones, bloqueos criminales e incluso operaciones de desestabilización flagrantes, como los intentos de intervención armada y el secuestro fáctico de la soberanía en Venezuela, los 67 años bloqueando a Cuba, o persiguiendo, deteniendo o eliminando físicamente a los líderes que no se someten a sus dictados, bajo acusaciones fabricadas en Washington.

Para los imperialistas, el derecho internacional se resume en un mandamiento simple: lo que beneficia a sus intereses energéticos y geopolíticos es legal; lo que los impide o desafía, debe ser destruido.

Sin embargo, el caso más sangriento y prolongado de cómo se manipula la legalidad internacional para cometer un genocidio, lo encontramos en Oriente Medio. La tragedia de Palestina es la crónica de un abuso histórico legalizado y ampliado en el tiempo.

En 1947, la ONU dictó la Resolución 181, que pretendía repartir el territorio palestino para crear dos Estados, otorgando de manera desproporcionada más tierra y de mejor calidad a la minoría judía, en detrimento de la población autóctona palestina.

Lo flagrante de la historia es que el liderazgo sionista, a pesar de usar esa resolución como el certificado de nacimiento formal de su Estado, no la respetaron nunca, y dio lugar en 1948, a la invasión de Palestina por las tropas sionistas, con apoyo militar y logístico por parte del UK.

Rechazada la división, por injusta, por los palestinos y utilizada de forma oportunista por los sionistas, estos últimos iniciaron de inmediato-1948- una campaña militar de expansión y limpieza étnica. Hoy, décadas después, Israel sigue apropiándose por la fuerza no solo de Palestina, sino extendiéndose e invadiendo el Líbano. Todo esto bajo una interpretación retorcida del supuesto derecho a la «legítima defensa”, un concepto que el imperialismo occidental acepta y financia con miles de millones en armas, mientras califica de terrorismo cualquier intento de resistencia del pueblo ocupado.

Asistimos en pleno siglo XXI a auténticos genocidios retransmitidos, incluso, en directo, donde escuelas, hospitales y campos de refugiados son borrados del mapa bajo el pretexto de «objetivos militares legítimos». Es la denigración absoluta del derecho internacional humanitario. Las potencias occidentales miran hacia otro lado o emiten tibias declaraciones de preocupación, mientras siguen vendiendo armas y enviando misiles a los genocidas sionistas, que ejecutan la matanza. La legalidad internacional se convierte así, en una macabra farsa: se aplica con rigidez implacable contra los países del Sur global que no se someten al imperio, pero es invisible cuando los perpetradores son los imperialistas habituales y sus aliados protegidos.

Reclamar, como hace Pedro Sánchez, el respeto al derecho internacional, aunque hay que valorarlo como un enfrentamiento a la impunidad que representa la invasión de Irán o el genocidio en Gaza, no puede ocultar la aceptación de un sistema que, en los hechos, niega la soberanía de los pueblos, y beneficia a los Estados y a los poderosos, que en cada momento histórico, se imponen sobre países y poblaciones.

Podemos decir claramente que el derecho internacional ha muerto y lo que siguen llamando tal, no busca la justicia, sólo busca la estabilidad de los estados poderosos, es una estructura que santifica el statu quo colonial e imperialista.

Cuando las potencias hablan de un «orden internacional basado en reglas», no se refieren al derecho internacional de la Carta de la ONU, sino que se refieren a sus propias reglas, a las normas impuestas por Washington, Bruselas, Tel Aviv o Moscú.

No podemos seguir tolerando esta situación. Desenmascarar el uso hipócrita del derecho, es el primer paso para construir una verdadera justicia global. Mientras las instituciones sigan en manos de quienes provocan las guerras, el derecho internacional no será más que la tinta con la que los imperialistas firman las sentencias de muerte de los pueblos sometidos.

Es hora de decir basta a la normalización del horror y del genocidio y clamar muy alto NO A LA GUERRAS, SÍ A LA PAZ.

Es por este llamamiento del NO A LA GUERRA, por el que los días 19 y 20 de junio, se celebrarán en Londres, impulsado en España, entre otros, por el COMITÉ PARA LA ALIANZA DE TRABAJADORES Y PUEBLOS-CATP- una conferencia-día 19 y un mitin-día 20- al que asistirán miles de trabajadores y sindicalistas de todo el mundo, habiendo confirmado su asistencia representaciones de 27 países. Vamos a debatir nuestra oposición y cómo vamos a parar la guerra, cómo vamos a organizarnos, a luchar y a movilizarnos de forma global y masiva en todo el mundo, pero especialmente en el mundo occidental.

La clase obrera internacional, los trabajadores y pueblos de todo el mundo, están hartos de poner siempre los muertos en las guerras de los imperialistas (vuestras guerras, nuestros muertos) y claman fuerte NO A LA GUERRA, SÍ A LA PAZ.

Miguel

Rusia: las armas de los débiles

La principal amenaza para Putin no procede de la oposición abierta, sino del sabotaje y la deserción

Por Aleksei Sakhnin1

«Evidentemente, no soy el primero en decírtelo. Pero está claro que algo está pasando en Rusia. Se nota en el ambiente. Caminas por la calle, coges el metro, te paras a tomar un café… y en todas partes oyes lo mismo». Este es el mensaje que me envió recientemente un camarada de Rusia. Este tipo de estados de ánimo son difíciles de medir mediante encuestas. Pero a menudo captan el inicio de los cambios con mayor precisión que los institutos de opinión.

El punto débil del régimen de Putin no está donde lo busca la prensa dominante occidental. No es ni la oposición liberal, ni las intrigas en la cúpula dirigente. La fisura ha aparecido más abajo: se manifiesta en el rechazo masivo, a menudo silencioso, de la sociedad a servir a la guerra.

Desde 2024, en el Kremlin estaban convencidos de que el triunfo en Ucrania era inevitable. Moscú había resistido las sanciones, dominaba en el frente y en la industria militar, disponía de una ventaja en recursos y parecía tener el tiempo de su parte. La coalición occidental se fragmentaba, Donald Trump manifestaba su voluntad de acercamiento al Kremlin, mientras que Ucrania carecía de dinero, armas y hombres.

Pero en la primavera de 2026, la expectativa de la victoria dio paso bruscamente al presentimiento de una crisis inminente.

LA ECONOMÍA ASFIXIADA POR LA GUERRA

Según las cifras oficiales, el déficit del presupuesto federal para el primer trimestre de 2026 alcanzó los 4,6 billones de rublos (unos 46 000 millones de euros, nota del editor), mientras que el plan anual preveía 3,7 billones. Es más que el total de las reservas de divisas líquidas restantes, cuando el año apenas acaba de empezar. Al mismo tiempo, el propio Vladímir Putin ha reconocido que la economía se ha contraído un 1,8% desde principios de año. El «milagro militar-keynesiano» de tres años, que había sostenido el crecimiento de 2023 a 2024, llega a su fin. A pesar de ello, el Estado sigue aumentando el gasto militar. La economía se ajusta cada vez más a una vieja fórmula: cañones en lugar de mantequilla.

Desde enero —por segunda vez desde el inicio de la guerra— se ha subido el IVA. Las tarifas de los servicios públicos se incrementarán dos veces en 2026. El Banco Central mantiene un tipo de interés de referencia prohibitivo: hace que el crédito sea casi inaccesible para las pequeñas y medianas empresas, pero sostiene un rublo fuerte, indispensable para comprar los componentes importados, sobre todo chinos, de los que depende la industria militar. La maquinaria bélica recibe los recursos a costa de asfixiar la economía civil.

Resultado: un número récord de quiebras y cierres de pequeñas empresas. Los trabajadores así liberados se dirigen hacia donde aún subsisten el dinero y los salarios estables: las empresas del complejo militar-industrial, financiadas directamente con cargo al presupuesto. El Estado está desviando, literalmente, los recursos humanos y financieros del consumo hacia la guerra. El catastrófico déficit presupuestario ha obligado al Gobierno a aplicar recortes. Se está reduciendo la plantilla de las administraciones, las escuelas y los hospitales. Los proyectos de construcción, infraestructuras y urbanismo se han ido al traste. Esto priva de ingresos no solo a los trabajadores, sino también a miles de funcionarios, subcontratistas, directores y empresarios dependientes del Estado. El descontento crece incluso entre las capas leales.

EL ESPECTRO DE 1917

El líder de los comunistas del sistema (del Partido Comunista de la Federación Rusa, nota del editor) ya ha advertido del peligro de una nueva revolución comparable a la de 1917. «¡No tenemos derecho a repetir eso!», ha declarado. Los ciudadanos y las pequeñas empresas intentan escapar de la presión fiscal entrando en la economía sumergida. En respuesta, el Estado endurece el control de las transferencias, limita las operaciones con criptomonedas y refuerza las sanciones por fraude fiscal. Independientemente de la eficacia real de estas medidas, amplían los poderes de las fuerzas de seguridad en el ámbito económico.

El régimen sigue una lógica simple: todo para el frente, todo para la victoria. Pero el mantenimiento de la maquinaria militar debilita su propia base social. Y en el frente también se acumulan los problemas.

El ritmo de la ofensiva rusa, que se mantenía desde hacía dos años y medio, se ha ralentizado considerablemente desde enero de 2026. En febrero, el ejército ucraniano liberó, por primera vez desde 2023, más territorio del que había perdido. Las bajas rusas, a juzgar por las publicaciones de los blogueros belicistas, aumentan. Se ha asestado un duro golpe con la desactivación, a petición de Ucrania, de los terminales rusos Starlink. Al mismo tiempo, Kiev ha reforzado sus posiciones en el ámbito de los drones con la ayuda de sus aliados europeos. La ampliación de la «zona muerta» en profundidad detrás del frente ha incrementado las bajas rusas y reducido sensiblemente la importancia de su ventaja numérica.

DECENAS DE MILES DE DESERTORES

Agotados por una guerra interminable, los soldados desertan cada vez más a menudo: simplemente no regresan de los permisos o del hospital. Investigadores independientes estiman

el número de desertores y de insumisos en al menos entre 100 000 y 120 000 en cuatro años de guerra, de los cuales más de la mitad solo en el último año. Todo indica que la dinámica sigue acelerándose: a finales de abril, las autoridades clasificaron las estadísticas judiciales relativas a los delitos militares.

Al mismo tiempo, el ejército compensa cada vez peor sus pérdidas. Según las estimaciones de Janis Kluge, basadas en los gastos de los presupuestos regionales destinados a las primas por la firma de contratos, el número de nuevos reclutas se ha reducido en aproximadamente un 20% durante los primeros meses de 2026. Es probable que los efectivos del ejército hayan comenzado a disminuir por primera vez desde el inicio de la guerra.

Hasta ahora, el Kremlin resolvía estos problemas mediante mecanismos de mercado: aumentaba las primas pagadas a la firma. Esto funcionaba para los habitantes de las regiones pobres

Pero la creciente crisis presupuestaria ya no permite reclutar indefinidamente a nuevos soldados. El poder recurre cada vez más a la coacción. Las administraciones regionales obligan a los directores de empresa —a veces bajo amenaza de acciones penales— a reclutar a sus asalariados para el frente. Las universidades convierten el alistamiento de los estudiantes en una prioridad central.

Pero la coacción no siempre funciona.

En una grabación filtrada en Internet en Buriatia, un responsable local reprocha a los directores de empresa que no cumplan las cuotas de envío de hombres al ejército. Estos responden: «No podemos obligarlos. Nadie quiere ir». Cuando exige a los empresarios que sean ellos mismos quienes vayan a combatir, le responden: «¿Y por qué no va usted?»

CONTROL DE INTERNET

En esta escena se concentra la esencia del problema del régimen. Formalmente, el poder ejecutivo es todopoderoso. En realidad, sus órdenes quedan cada vez más en el aire.

La falta de hombres y de material, las elevadas bajas, el flujo ininterrumpido de declaraciones mentirosas de los responsables militares y la desaparición de toda confianza en la victoria irritan no solo a los soldados y a los oficiales, sino también al influyente círculo de blogueros belicistas, corresponsales militares y activistas ultranacionalistas. Hasta hace poco, constituían un instrumento central de la movilización patriótica y militarista. Ahora, critican cada vez más abiertamente al poder. Por primera vez en años, algunos incluso se refieren al presidente en términos negativos. Cerca de un millón de soldados descontentos encuentran así una representación pública a través de estos ultranacionalistas cada vez más furiosos. El Kremlin ya vio adónde podía llevar esto en 2023, durante el motín de Yevgueni Prigozhin, que puso al régimen de Putin al borde del abismo. Por eso las autoridades han decidido reforzar brutalmente el control de Internet.

En primer lugar, las autoridades intentaron bloquear Telegram, la principal plataforma de comunicación del país, utilizada por los militares, las familias de los movilizados, los funcionarios, los empresarios y millones de usuarios comunes. El Kremlin esperaba empujar a esta audiencia hacia la aplicación de mensajería «nacional» Max, totalmente transparente para los servicios de seguridad.

En lugar de eso, decenas de millones de rusos descargaron VPN y siguieron utilizando Telegram. La regulación de Internet se confió entonces al Servicio de Protección del Orden Constitucional, una rama del FSB encargada de la lucha contra la disidencia. Las consecuencias no se hicieron esperar: en marzo, en numerosas regiones, incluida Moscú, el internet móvil simplemente se cortó.

Las aplicaciones bancarias dejaron de funcionar con normalidad, al igual que los taxis, los servicios de reparto y muchos servicios en línea. Millones de personas ya no podían ponerse en contacto con sus seres queridos. Miles de pequeñas empresas perdieron su volumen de negocio. Los bloqueos afectaron a la economía y perturbaron incluso el funcionamiento cotidiano de las estructuras del Estado. El descontento se generalizó. De enero a marzo, el número de búsquedas relacionadas con la emigración casi se cuadruplicó. Incluso figuras consideradas leales comenzaron a criticar al poder. El intento de sofocar el descontento no hizo más que ampliar su base social.

Muchos politólogos liberales vieron en estos escándalos los signos de una fractura en el seno de las élites. Pero la fuente de la crisis se encuentra probablemente más abajo: no en la cúspide, sino en la propia sociedad. James C. Scott, al estudiar a los campesinos malayos, demostró que cuando la gente no tiene la fuerza para rebelarse abiertamente, resiste de otra manera. Aceptan de palabra, pero sabotean con los hechos. Alargan las cosas, mienten a los superiores, ocultan recursos, fingen obediencia, eluden el control, desertan. Todo ello constituye las «armas de los débiles».

Es precisamente esto lo que se está haciendo cada vez más visible en Rusia.

LA RESISTENCIA PASIVA HACE QUE LAS ÓRDENES SEAN INAPLICABLES

Los soldados no regresan de permiso. Los obreros se niegan a enrolarse, incluso por mucho dinero y bajo presión. Los empresarios eluden las exigencias de movilización. Los funcionarios locales maquillan las cifras y envían a las altas esferas informes tranquilizadores. Los oficiales ocultan las pérdidas reales y la falta de efectivos.

La resistencia pasiva procedente de las bases hace que las órdenes resulten inaplicables. Una epidemia de sabotaje y evasión asciende entonces por la pirámide social, piso tras piso. Las clases de abajo transmiten sus «armas de los débiles» a quienes se encuentran por encima de ellas. El propio aparato del Estado se transforma poco a poco en una máquina de sabotaje.

Putin aún tiene la capacidad de encarcelar a tal o cual funcionario, oficial o empresario. Pero no tiene nada con qué sustituir a todo este sistema. La escalada de la violencia también conlleva sus riesgos: a la larga, puede transformar a los desertores en insurgentes y a los saboteadores en revolucionarios.

Paradójicamente, la confrontación exterior sigue siendo una de las principales fuentes de estabilidad del régimen. Es la guerra —presentada como una lucha en la que lo que está en juego es la derrota total del enemigo— la que cimenta el sistema político y mantiene a una parte importante de la población en la lealtad.

Los rusos recuerdan bien el precio social que se pagó por la derrota en la Guerra Fría. El triunfo geopolítico de Occidente se tradujo, para la mayoría de los antiguos ciudadanos soviéticos, en desindustrialización, pobreza, delincuencia y desigualdades. Tampoco trajo la democracia: las reformas impopulares se impusieron mediante métodos autoritarios. Con el pleno apoyo de los dirigentes occidentales, el presidente Boris Yeltsin ordenó que los tanques dispararan contra el Parlamento en 1993, amañó las decisivas elecciones de 1996 y luego cedió el poder a Vladimir Putin, sentando las bases del sistema actual. El miedo a revivir esa catástrofe sigue impidiendo hoy en día que millones de personas protesten abiertamente.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS EUROPEOS

Si el punto débil del régimen reside en las personas que no quieren ni luchar ni obedecer, entonces una estrategia internacional racional debería precisamente profundizar esa fisura.

El golpe más duro asestado al régimen de Putin sería una oferta clara de paz, basada en la autodeterminación de los pueblos, en garantías de seguridad y en el rechazo tanto de la lógica de los bloques militares como de la hegemonía imperial. Una iniciativa de este tipo minaría la legitimidad interna de la guerra.

Pero, en lugar de eso, los gobiernos europeos se embarcan ellos mismos en una militarización acelerada. En lugar de apoyar a los desertores rusos, los países de la UE se preparan para imponerles una prohibición formal de entrada. Es difícil imaginar una medida más eficaz para apoyar la maquinaria bélica de Putin. Deriva directamente de la lógica de la escalada y de la estrategia de victoria en el campo de batalla: cada soldado enemigo debe ser considerado no como un aliado potencial de la paz, sino como un enemigo existencial al que hay que aplastar y castigar.

1 Aleksei Sakhnin es un militante ruso contra la guerra, miembro de la red «La Paz desde abajo» y participante en la campaña internacional contra la guerra (mitines internacionales en París, el 5 de octubre de 2025, y en Londres, el próximo 20 de junio).

Elecciones Andalucía: la abstención obrera determinante en la victoria del PP

Puede parecer contradictorio, pero a pesar de que ha aumentado un 8,71 % la participación en las recientes elecciones autonómicas andaluzas (en votos 482.134 votantes nuevos a diversas candidaturas), la abstención representa el 35,15 % del electorado (2.287.141 se han quedado en casa).

Hay que señalar que la desafección electoral había ido aumentando progresivamente en las últimas tres convocatorias (2015, 2019 y 2022) y que el incremento de participación puede explicarse por un mayor interés de la ciudadanía, probablemente debido al progresivo enconamiento de la vida política a nivel nacional, pero también internacional, a la vista de cómo se desenvuelve el imperialismo impunemente con agresiones sociales y guerras por doquier. No es la primera vez, ni será la última, que el electorado se muestra remiso o directamente contrario, cuando se le consulta sobre cualquier tema.

El Partido Popular había planteado una escenografía electoral con cuatro elecciones autonómicas —adelantando las de Extremadura y Aragón— para poner de manifiesto el derrumbe del Partido Socialista, y de paso liberarse de pactos con Vox. No se han conseguido ninguna de estas dos pretensiones: depende de Vox tras las cuatro elecciones, más que antes de estos comicios, y el PSOE se ha mantenido y sigue siendo la referencia principal para la clase trabajadora, a pesar de las derrotas electorales regionales. Además, se han servido de un cierto despertar en el electorado de izquierda. Tras los sucesivos pactos con Vox, es indudable que la mayoría nos sentimos preocupados por la deriva armamentística o las amenazas a derechos individuales, que sentimos en peligro, o por el avance privatizador de servicios públicos y el arrinconamiento de derechos sociales.

Tras las elecciones andaluzas, cinco formaciones tendrán representación en el nuevo parlamento: el PP, a pesar de ganar 146.547 votantes, pierde 2 parlamentarios; el PSOE gana 59.388 y pierde 2 parlamentarios; Vox gana 80.017 y un parlamentario; Adelante Andalucía gana 232.772 y gana 6 parlamentarios; y Por Andalucía, —coalición de IU, Sumar y Podemos—, pierde 20.412 votantes y sigue con 5 parlamentarios. Es decir, entre los cinco se reparten 498.312 de los cuales 271.748 se los lleva la izquierda (54,53%), un aumento escaso del que es Adelante Andalucía el partido que se lleva la parte del león.

Cabe destacar que la abstención es notablemente más alta en las zonas obreras. Los apoyos al PP se dan en las zonas acomodadas, donde la participación ha sido mayor. En los barrios sevillanos de Los Remedios o Nervión, donde la participación ronda el 80%, el PP supera el 73% y el 62% de los votos, respectivamente. En barrios mixtos, como el sur de Sevilla, la participación supera el 66%, pero mientras las zonas altas se colocan por encima del 80% y en las más pobres no alcanzan el 50%. En las zonas más empobrecidas la abstención llega hasta el 70%, llamando la atención el alto porcentaje que obtienen Vox o SALF.

Como es lógico el PSOE obtiene sus mejores porcentajes, superando ampliamente el 30%, en barrios con mayoría trabajadora, pero en líneas generales, en estos barrios la abstención ha sido mucho más alta y, además hay un voto de rechazo del que se beneficia Adelante Andalucía, pero también Vox y SALF.

También es destacable que el voto trabajador ha primado Adelante Andalucía sobre la coalición Por Andalucía, saliendo de su nicho en Sevilla y Cádiz para extenderse por el resto de las provincias andaluzas. Adelante Andalucía, con un programa más apegado al terreno, con reivindicaciones más locales, al estilo Zohran Mamdani1. La coalición Por Andalucía, aunque ha mantenido sus escaños debido a los “restos”, producto del método D’Hondt, pierde más de veinte mil votos, demostrando que la “unidad” por sí misma no es bastante para arrastrar su base electoral a las urnas, y que los pactos por arriba no son percibidos como una solución a los problemas a los que se enfrenta.

Por otro lado, Adelante Andalucía acierta al proponer, por ejemplo, la obligación de que la vivienda, en manos de fondos buitre o grandes tenedores, se ponga en alquiler al 20% del salario mínimo. Aunque hay que señalar que este es el único elemento que rompe con el entramado jurídico por el que se rige nuestro país, que sigue quedando atado y bien atado. Ningún partido habla de romper con la OTAN, o dedicar el gasto militar a servicios públicos esenciales para la población…

El PSOE, aunque recupera votos, pierde 2 parlamentarios y sigue sin poder movilizar el granero de votos del que ha gozado históricamente (en los últimos 11 años ha perdido más de 463.565 votantes). De cualquier modo, sigue siendo el partido más votado en pueblos pequeños y con menores niveles de renta, mejorando sus resultados en zonas con mayor número de pensionistas y en general en poblaciones envejecidas, siendo superado ampliamente en ciudades grandes y, claro está, entre las rentas más altas. La asunción de un papel institucional ha alejado a los socialistas de ciudades y pueblos —numerosas Casas del Pueblo permanecen cerradas y la militancia se ha funcionarializado, perdiendo la conexión con un tejido social esencial para reivindicarse ante el Gobierno de Moreno Bonilla en el día a día.

En resumen, si la izquierda quiere recuperar su natural base social se debe aplicar en atender las necesidades más perentorias en vivienda, salarios, servicios públicos, pero no con promesas si no con hechos.

Enrique Dargallo

Director de Tribuna Socialista

1 Zohran Mamdani, alcalde de New York, ha derrotado en las primarias a los candidatos demócratas ligados al aparato del partido, y posteriormente a los republicanos en la elección a la alcaldía de New York

Torturas en las prisiones israelíes

Un artículo publicado en el New York Times denunciando las torturas contra presos palestinos en las prisiones israelíes provoca una onda de choque sin precedentes

François Lazar

La conmoción provocada por el artículo de opinión de Nicholas Kristof en el New York Times —« El silencio que rodea la violación de palestinas y palestinos» – no se debe a la revelación de hechos desconocidos, sino al hecho de que lo que antes se relegaba a los informes de ONG (cabe citar los del PCHR1 en mayo, de B’Tselem en enero, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2025, de Euro-Med Human Rights Monitor, de la asociación israelí Physicians For Human Rights…), a los relatos de supervivientes y a escasas tribunas militantes en la prensa israelí, lo desvele el periódico de referencia del liberalismo estadounidense. En una tribuna publicada por el periódico británico The Guardian, Yuli Novak, dirigente de B’Tselem, la organización israelí de defensa de los derechos de los palestinos, afirma que «la violenta reacción suscitada por las revelaciones sobre las torturas sexuales infligidas a los presos palestinos tiene como objetivo hacer que sea más costoso denunciar estos hechos. La respuesta de Israel a los recientes artículos del New York Times que detallan los horribles abusos sexuales infligidos a los detenidos busca silenciar a quienes afirman el simple hecho de que los palestinos son seres humanos». Para ella, retomando las conclusiones del último informe de su organización que detalla los malos tratos sufridos en las cárceles israelíes, «la tortura de los detenidos palestinos se inscribe en el marco de un ataque israelí más amplio contra la vida de los palestinos. En Gaza, el genocidio continúa. En Cisjordania, la violencia ejercida por el ejército y las milicias de colonos se intensifica, expulsando a comunidades palestinas enteras de sus tierras. En los centros de detención, los palestinos son torturados sistemáticamente. El patrón es el mismo en todas partes: escalada de la violencia, levantamiento de las restricciones y normalización de un sistema que priva a los palestinos de toda protección».

UN SISTEMA DE VIOLACIÓN Y TORTURA, NO DE «EXCESOS»

El informe de Euro-Med Human Rights Monitor sobre la detención de los habitantes de Gaza es inequívoco y ha sido recogido por el New York Times: desde el 7 de octubre de 2023, el sistema penitenciario israelí «ha sobrepasado su función de seguridad declarada para convertirse en una estructura oficial que institucionaliza la tortura sistemática y la destrucción generalizada de los palestinos». Los centros de tortura como Sde Teiman se describen como «agujeros negros jurídicos y físicos», lugares de «genocidio tras los muros» donde leyes de excepción como la ley sobre los «combatientes ilegales» han «suprimido las últimas garantías procesales de los presos y detenidos palestinos, en particular los de la Franja de Gaza».

Euro-Med habla explícitamente de «patrones generalizados de violencia sexual contra los detenidos de Gaza, utilizados como herramienta para quebrantar la voluntad individual y colectiva e infligir graves daños físicos y psicológicos». No se trata de simples tocamientos: «Estas violaciones van más allá del acoso sexual e incluyen la violación, la violación con objetos, el uso de perros adiestrados para agresiones sexuales y la desnudez forzada permanente». Numerosos testimonios, todos ellos insoportables, ilustran el informe de Euro-Med.

La comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU resume así la situación: formas específicas de violencia sexual y de género —desnudez pública forzada, acoso, amenazas de violación, violaciones y mutilaciones genitales— «se practican de manera sistemática y forman parte efectiva de las políticas de trabajo y los procedimientos estándar» del ejército y los servicios israelíes.

CUANDO LOS MÉDICOS SE CONVIERTEN EN CÓMPLICES

Euro-Med señala que parte del personal médico «ya no se limita a ejercer la atención sanitaria, sino que se convierte en facilitador de la legitimación y la continuación de la tortura». Esto se traduce en la expedición de certificados de «buena salud para el interrogatorio» a detenidos que presentan signos evidentes de tortura; el ocultamiento, en los expedientes, de lesiones relacionadas con la violencia sexual; la omisión de los nombres de los médicos y de los autores de los malos tratos, lo que imposibilita cualquier trazabilidad; amputaciones impuestas tras lesiones provocadas por la tortura, bajo chantaje —«firme aquí para aceptar la amputación de sus dos piernas o morirá», como informa B’Tselem.

POR LA LIBERACIÓN DE LOS REHENES PALESTINOS

Euro-Med no se limita a describir los horrores. El informe analiza cómo esta violencia sexual se inscribe en una política más amplia: «Desde el punto de vista del derecho internacional, los actos generalizados de tortura y violencia sexual… considerados en el contexto más amplio de la ofensiva y las políticas asociadas, violan la Convención sobre el Genocidio. Esto incluye causar graves daños físicos o mentales a los miembros del grupo y aplicar medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo, todo ello con el objetivo más amplio de destruir, total o parcialmente, la comunidad palestina de la Franja de Gaza». Entrevistado en el canal independiente estadounidense Democracy Now sobre el artículo del New York Times, Omer Bartov, historiador israelí, especialista en la historia de genocidios, afirma: «Me alegro de que el New York Times haya publicado información al respecto. Pero en Israel, todo el mundo lo sabe desde hace tiempo. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, fue fotografiado mientras visitaba prisiones israelíes, humillando —ante las cámaras de televisión— a presos palestinos. Se ha convertido en la política del país: maltratar, humillar, violar de forma sistemática. Y lo que me parece especialmente repugnante es que en Israel —y esto forma parte de lo que ocurre cuando una sociedad se convierte en una sociedad genocida—, en general, salvo algunos artículos en Haaretz y en +972, nadie se pronuncia. La Asociación Médica Israelí no se ha pronunciado. El Colegio de Abogados de Israel no se ha pronunciado. Las asociaciones universitarias no se han pronunciado. Los rectores de las universidades tampoco. A los medios de comunicación no les interesa realmente».

En el mismo programa, el periodista palestino Muhammad Shehada recuerda que «las agresiones sexuales contra los palestinos se remontan a 1948. Existen declaraciones oficiales de David Ben-Gurión, el padre fundador de Israel, en las que se hace constar la comisión de múltiples violaciones contra palestinos. Benny Morris, el eminente historiador israelí, también ha documentado las violaciones sistemáticas de palestinos en 1948. Y desde entonces, estos incidentes no han dejado de producirse». Señala que «tan pronto como Kristof publicó su artículo en el New York Times, Israel se vio amenazado en su propia existencia, ya que el New York Times se considera una especie de biblia para los liberales. Así pues, estamos asistiendo, en esencia, a una crisis de pánico israelí como reacción».

1 Centro Palestino de Derechos Humanos.

Declaración del Comité “Ugetistas por Palestina” sobre la escalada militar en Oriente Medio.

El Comité de “Ugetistas por Palestina”, fiel a los valores fundamentales de la UGT -la solidaridad entre pueblos y personas trabajadoras, la defensa de la dignidad humana, la justicia social, la democracia y los derechos de las personas trabajadoras-, y tal y como hemos estado haciendo de forma sostenida ante el genocidio en Gaza y la ocupación de Palestina, considera que el movimiento sindical tiene el deber de alzar la voz ante cualquier conflicto que ponga en riesgo la vida de la población civil y agrave la desigualdad, la precariedad, la inseguridad y el estado de vulnerabilidad de las personas.

Está claro que mientras esta administración estadounidense siga en esta dinámica belicista, no hay país ni pueblo a salvo de diferentes represalias, desde la imposición de aranceles hasta los bombardeos. La paz no puede entenderse como una pausa táctica, sino como un compromiso firme con la diplomacia, el respeto al derecho internacional y la seguridad de las poblaciones civiles.

  1. Denunciamos con rotundidad la ofensiva militar de Estados Unidos y de Israel contra Irán, en tanto que vulnera los principios básicos del derecho internacional y la prohibición del uso de la fuerza. Rechazamos cualquier acción que atente contra la soberanía de los pueblos y ponga en peligro a la población civil.
  2. Expresamos nuestra plena solidaridad con las poblaciones afectadas y denunciamos tanto la represión interna como las injerencias militares externas. Las personas trabajadoras y sus familias son siempre las primeras víctimas de la guerra. La situación en Irán, marcada por la falta de derechos democráticos, las sanciones y la crisis económica, son un ejemplo claro, aunque esto no justifica una agresión ilegal, ni el asesinato de civiles. La escalada militar sólo profundizará en este sufrimiento. Advertimos también que la escalada de agresiones ilegales se complementa con el avance militar de Israel en el Líbano, país que está sufriendo los efectos devastadores de la guerra sobre la población civil en manos del estado sionista de Israel que declaró su intención de proceder con los mismos métodos genocidas que en Gaza.
  3. Exigimos un alto el fuego inmediato, una efectiva reducción de las hostilidades y la recuperación de la vía diplomática, con la participación activa de la sociedad civil. Las soluciones impuestas por la fuerza sólo cronifican los conflictos, evitando que la actual escalada se extienda y se consolide en otros escenarios como el Líbano.
  4. Reclamamos el cumplimiento riguroso del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, así como el refuerzo de los espacios multilaterales, especialmente el papel de Naciones Unidas, como marco legitimo para la resolución de conflictos. Ya son demasiadas veces que este organismo permanece mudo o mirando hacia otro lado ante conflictos ilegales, lo que pone en cuestión su papel actual y futuro.
  5. Instamos a la comunidad internacional, y en particular a la Unión Europea, a no avalar ni tolerar actuaciones que puedan constituir crímenes internacionales. En este sentido, y tal y como han pedido los gobiernos catalán y español, instamos una vez más a que la UE rompa el acuerdo de asociación con Israel, lo que tiene la obligación de hacer según el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea.
  6. Pedimos al Gobierno que adopte medidas concretas para evitar cualquier contribución a la guerra, incluyendo la suspensión del comercio de armas con Israel, así como el refuerzo de políticas de acogida para las personas afectadas por el conflicto.
  7. Instamos al Gobierno de Cataluña a reforzar su compromiso con la paz en los ámbitos internacionales donde participa y desplegar acciones alineadas con los acuerdos del Parlamento de Cataluña del 24 de julio de 2025 sobre Palestina, orientadas a la defensa de los derechos humanos, la legalidad internacional y la no colaboración con prácticas que la vulneren.
  8. Hacemos un llamamiento a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a los sindicatos y personas trabajadoras a implicarse activamente en la defensa de la paz, la justicia global y los derechos humanos, promoviendo una mirada crítica y comprometida ante los conflictos.

Nos solidarizamos igualmente con los sindicatos de Irán y de los países de Oriente Medio que, a pesar de las dificultades, siguen siendo un bastión en la defensa de los derechos de la clase trabajadora y de las libertades. Afirmamos nuestra solidaridad incondicional con la Federación Nacional de Sindicatos Obreros y Empleados del Líbano, y denunciamos la masacre cometida estos días sobre población civil.

Cataluña, país de larga tradición en el trabajo por la paz y la defensa de la justicia global, puede y debe posicionarse en la escena internacional como un actor de paz y no de guerra, impulsando soluciones negociadas y el respeto al derecho internacional.

El movimiento sindical reafirma su compromiso con la paz, los derechos humanos, la democracia y el trabajo digno como bases imprescindibles para una seguridad y prosperidad duraderas. Por eso decimos hoy más que nunca NO A LA GUERRA. Del mismo modo, el sindicato defiende que se mantengan las políticas económicas que protegen a la clase trabajadora ante las consecuencias de la inestabilidad geopolítica, incluyendo medidas para contener los precios de la energía y reforzar los sistemas de protección social.

Comunicado de la Federación Nacional de Sindicatos de Obreros y Empleados del Líbano (FENASOL)

La Federación Nacional de Sindicatos de Obreros y Empleados del Líbano condena la espantosa masacre perpetrada ayer por el enemigo sionista contra
nuestro pueblo en Beirut y en todas las regiones del Líbano, que ha convertido este día sangriento en un día negro, cobrándose la vida de mártires inocentes entre los trabajadores y ciudadanos en sus lugares de trabajo, los conductores en las carreteras, los niños, las mujeres y las personas mayores en sus hogares, dejando cientos de heridos y causando daños considerables en los barrios residenciales.

Nosotros, desde la FENASOL, expresamos nuestro más sincero pésame a las familias de los mártires, nos inclinamos en homenaje a sus sacrificios y
deseamos una pronta recuperación a los heridos, así como seguridad para nuestras familias y nuestros trabajadores en todo el Líbano, afirmando que
este crimen no quebrantará la voluntad y la resistencia de nuestro pueblo.
Esta agresión bárbara y brutal solo puede calificarse de crimen de guerra, reflejo de la criminalidad organizada y de la sed de sangre, en la que se han
utilizado miles de toneladas de armas letales, con el apoyo y el armamento estadounidenses, y bajo la cobertura política directa de la administración
estadounidense, lo que constituye una complicidad total en estos crímenes cometidos contra nuestro pueblo.

La FENASOL considera a la entidad sionista plenamente responsable de la masacre, en colaboración con la administración estadounidense en la
prosecución de esta agresión.

Ante estos crímenes contra la humanidad, la FENASOL hace un llamamiento a los Estados árabes y a la comunidad internacional para que asuman sus responsabilidades morales, humanitarias y jurídicas.

Asimismo, hace un llamamiento a las organizaciones internacionales y humanitarias, en primer lugar a las Naciones Unidas y a las organizaciones
de defensa de los derechos humanos, para que califiquen esta masacre de crimen de guerra y la condenen de manera clara y explícita.

Pedimos asimismo a la Organización Internacional del Trabajo, al movimiento sindical mundial y a las organizaciones de trabajadores que
declaren su solidaridad con los trabajadores y el pueblo libanés, y que actúen para poner fin de inmediato a la agresión.

Hacemos asimismo un llamamiento a imponer un boicot total a la entidad sionista, a romper toda relación con ella y a anular todos los acuerdos
firmados con ella.

La FENASOL exige asimismo que los responsables de estos crímenes sean perseguidos y llevados ante los tribunales internacionales competentes, para
que respondan por sus crímenes contra la humanidad.

La FENASOL, al tiempo que reafirma su compromiso con el derecho de nuestro pueblo a la vida, la dignidad y la seguridad, subraya que la sangre de
los mártires seguirá siendo una mancha de infamia en la frente de todos aquellos que se han aliado contra nuestro pueblo, que aspira a la libertad, la
independencia y el progreso.

Beirut, 9 de abril de 2026
Buró Ejecutivo

Desde ASTRADE hemos enviado nuestro apoyo a los compañero de FENASOL.

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Carta abierta a organizaciones y militantes

¡No a la guerra! ¡Gastos militares para escuelas, viviendas, hospitales!

Os invitamos a participar en la conferencia y mitin internacional contra la guerra que se preparan en Londres para los días 19 y 20 de junio.

Nos hemos reunido en Madrid sindicalistas, militantes, cargos electos, venidos de distintos rincones del Estado, convocados por el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, y hemos debatido libremente sobre la guerra, el genocidio, las amenazas de guerra.

Constatamos que, en todos los países, los gobiernos dedican enormes cantidades de dinero a alimentar e incrementar el gasto militar. Trump pide un incremento de casi el 50%, hasta la aterradora cifra de 1.600.000 millones de dólares. España ha gastado 89.000 millones de euros, como ha expuesto el diputado de ERC Jordi Salvador. Todos sabemos –y hasta el propio FMI lo reconoce en un reciente informe- que ese aumento del gasto militar es incompatible con las necesidades sociales. Ese dinero se desvía de la sanidad, la enseñanza, la vivienda, las infraestructuras. Es incompatible defender el gasto social, dar satisfacción a las reivindicaciones de la población trabajadora y someterse al aumento del gasto militar.

Constatamos que ese incremento del gasto militar se está traduciendo ya en muerte y destrucción. En el genocidio de Gaza, en el asesinato de niñas en una escuela en Irán, en la destrucción de varios países africanos, en el bombardeo y limpieza étnica en Líbano, en la guerra de Ucrania, que ha devorado ya las vidas de cientos de miles de jóvenes rusos y ucranianos, y que está destruyendo Ucrania. Una guerra que es alimentada por los EEUU y los gobiernos europeos, incluyendo el gobierno español, aunque éste, al mismo tiempo, se opone a la guerra contra Irán y al genocidio en Palestina.

Constatamos que los pueblos no quieren la guerra. Que millones se han movilizado en los cinco continentes contra el genocidio en Gaza, y se movilizan ahora contra el bombardeo a Irán y Líbano. Que tampoco la quiere el pueblo de Ucrania, donde cerca de dos millones de jóvenes se esconden de los reclutadores, son más de 200.000 los desertores. Donde se multiplican las acciones de resistencia –e incluso las agresiones- a los reclutadores que intentan capturar por la fuerza carne de cañón para el frente. O en Rusia, de donde miles de jóvenes huyen para no ser reclutados a la fuerza. Declaramos nuestra solidaridad con los jóvenes de Ucrania y Rusia. En Alemania, los jóvenes han ido a la huelga contra el servicio militar obligatorio: En Francia, centenares de jóvenes han lanzado un llamamiento contra esa reintroducción, que está teniendo amplia difusión.

Constatamos que, pese al rechazo de la población, los gobiernos se implican en la marcha a la guerra. Además del incremento de los gastos militares, numerosos países, como Alemania, Francia, los EEUU, toman medidas para volver a implantar el reclutamiento militar obligatorio.

Constatamos que la marcha hacia la guerra es la marcha hacia la barbarie, hacia la destrucción de las conquistas sociales y democráticas, hacia la imposición de gobiernos autoritarios. Guerra y guerra social contra las conquistas sociales son dos caras de la misma moneda.

En toda Europa, militantes y organizaciones se ponen de acuerdo para luchar contra la guerra. Desde 24 países europeos, se prepara una conferencia y mitin europeos contra la guerra, previstos para los días 19 y 20 de junio, organizados por la coalición Stop the War, con el apoyo de numerosos sindicatos del Reino Unido.

Todo militante, todo sindicato, toda organización que quiera de verdad defender la sanidad, la enseñanza, las pensiones, el derecho a la vivienda, los salarios, el propio futuro de la juventud y la población trabajadora, tiene el deber de oponerse al aumento del gasto militar, a la militarización de la sociedad, y a quienes, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, proponen que se destinen todos esos recursos a reforzar el gasto militar, y deben oponerse a la marcha hacia la guerra. Tien el deber de exigir al gobierno medidas inmediatas para paliar las consecuencias de la guerra de Irán en la población trabajadora, medidas como topes de precios a bienes esenciales. Es necesario organizar en nuestro país amplias movilizaciones unitarias, como la que se desarrolló el 21 de marzo en Valencia o la que se prepara en Barcelona para el 26 de abril. Proponemos organizar movilizaciones unitarias a escala europea.

Llamamos a todos los militantes, a todas las organizaciones que quieren defender los derechos de la población trabajadora, a participar en la conferencia y mitin de Londres, a organizar delegaciones, a apoyar materialmente su realización, para que pueda ser un paso adelante en la organización del movimiento obrero contra la guerra.

Coordinar y organizar la lucha contra la guerra

Una delegación de ASTRADE hemos asistido a un encuentro organizado por el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) durante la mañana del sábado 18 de abril celebrado en la Fundación Anselmo Lorenzo en Madrid, con el objetivo de aunar esfuerzos de resistencia ante las guerras declaradas, la orientación armamentística de numerosos países y las consecuencias para la mayoría social.

La mesa estuvo integrada por Cristina Serna, regidora de Podem Catalunya en la localidad de Sant Boi, Jordi Salvador diputado por ERC en el Congreso de los Diputados, Luis González sindicalista de sanidad de CCOO, Isabel Cerdá del Colectivo de Mujeres Republicanas, Damián Rodríguez portavoz COESPE, Ángel Pasero miembro de UCR, Xabier Arrizabalo, miembro del CATP, sindicalista y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, y nuestro compañero en ASTRADE y Tribuna Socialista Miguel Sagüés, abogado laboralista jubilado y sindicalista en CCOO.

Abrió el acto Luis González enmarcándolo en la preparación e impulso del mitin y la conferencia internacionales que se celebrarán en Londres el 19 y 20 de junio, cuya convocatoria, por iniciativa de la coalición Stop the War, ha sido secundada por militantes, colectivos políticos y sindicales de más de 24 países, y en concreto en el Reino Unido por más de 20 organizaciones sindicales. Luis González anunció que desde el Estado español se están preparando delegaciones con el eje “contra la guerra, contra la guerra social”, y que ya se ha comprometido con los organizadores la presencia de más de 100 asistentes al mitin y 20 a la conferencia. Animó a los asistentes en la sala a, si no lo han hecho ya, adquirir un ticket para asistir o apoyar la celebración de estos eventos1. En las últimas páginas de nuestra revista encontraréis documentación acerca de ellos.

Luis González, como portavoz de los organizadores del acto, presentó una “Carta abierta a organizaciones y militantes” con el lema “¡No a la guerra! ¡Gastos militares para escuelas, viviendas y hospitales!”, invitando a la participar en la campaña de resistencia ante la guerra, y que adjuntamos a continuación.

En su exposición puso cifras al incremento del gasto militar. A nivel mundial alcanza la mareante cifra de 2,718 billones de dólares (un 9,4% más interanual) y que la OTAN, a pesar de representar el 12% de la población mundial, concentra el 55% del gasto militar, esto sin contar el incremento hasta el 5% del PIB de los países miembros que pretende imponer Trump.

Se estima que el Estado español ya gasta el 2,5% (más de 40.000 millones de euros), sin contar los gastos colaterales destinados a Defensa a través de otras partidas del presupuesto. Por otra parte lamentó que, a pesar del superávit fiscal actual, no se destine mayor presupuesto para el sistema sanitario a pesar del proceso de desmantelamiento que este sufre.

Según recientes encuestas el 65% de la población española rechaza la guerra. Según el CIS de abril, más del 83% está preocupada o muy preocupada con los bombardeos de Israel y EE.UU. en Irán, y más del 86% señala que ponen en riesgo la paz internacional. En este sentido hay que destacar la multitudinaria manifestación celebrada en Valencia contra la guerra como ejemplo a seguir en otras ciudades del Estado.

No estamos solos, hay que constatar que la población mundial observa y rechaza como los Gobiernos se implican cada vez más en las guerras, en un camino hacia la barbarie.

Los integrantes de la mesa fueron interviniendo uno tras otro tras la apertura de Luis González. Señalar a continuación algunas pinceladas de sus intenciones:

  • Jordi Salvador, diputado de ERC, se preguntaba ¿para qué la unidad de la izquierda? Es necesario dar contenido a la unidad, ¿para aprobar los 94.000 millones destinados a la guerra de Ucrania? ¿por qué debemos ahora creer que vamos en serio en la unidad? Debemos apoyar la unidad a partir de reivindicaciones no de liderazgos personales.

La única manera de acabar con la guerra es el internacionalismo, pero sobre la base de compromisos concretos.

  • Ángel Pasero, miembro de UCR, dijo que la república de izquierda es sinónimo de paz, y que es necesario denunciar los acuerdos con la OTAN y EE.UU.

También señaló que es el momento de la República ante una Monarquía cada vez más desprestigiada.

  • Isabel Cerdá, del Colectivo de Mujeres Republicanas. Para ella las mujeres son víctimas principales de las guerras, y su colectivo responde a una triple condición: de sometimiento como mujeres, de explotación como trabajadoras, y como participantes de una sociedad limitadamente democrática, y recordó que las mujeres siempre han estado en la vanguardia contra la guerra2.
  • Damián Rodríguez, habló como portavoz estatal de la COESPE, señalando que el movimiento de jubilados está contra la guerra y que en este sentido mandarán una delegación de la COESPE a la conferencia de Londres.
  • Miguel Sagüés de ASTRADE, representando también a nuestra revista, pidió extender el combate contra la guerra a la clase obrera, a sus organizaciones confederales, que de momento han mostrado una actitud marginal, limitándose a posicionamientos puntuales, locales o personales.

También pidió que, en esta lucha, avancemos a la celebración de un mitin en Madrid, con una posición de ruptura ante la guerra.

  • Xabier Arrizabalo, portavoz del CATP, denunció la situación límite de las universidades, ahogadas en sus presupuestos, mientras se dedican miles de millones a la guerra. En concreto y en primera persona, señaló que en la Comunidad de Madrid, Ayuso había destinado a la Complutense un 35% menos.

Por otro lado saludó que se haya celebrado el 8 de marzo un encuentro en México por el derecho a migrar.

Finalmente, desde la mesa, se leyó un mensaje de Manuel Ruiz, miembro de la extinta UMD, de apoyo al mitin de Londres3.

Tras estas intervenciones se abrió un breve debate para que interviniera quien lo deseara. Destacamos la intervención de Víctor Iniesta recordando que la juventud es perseguida para que sirva de carne de cañón para los infames planes de oligarcas y demócratas de salón en el altar de los beneficios. Señaló que en Ucrania hay alrededor de 200.000 jóvenes escondidos que se niegan a ir al frente, y que en Rusia decenas de miles de jóvenes se niegan a ir a la guerra: “son los verdaderos héroes”.

También recordó la resistencia, con huelgas y manifestaciones, que hay en Alemania ante la pretensión del Gobierno de restablecer el servicio militar, que hoy llaman voluntario pero que en caso de no conseguir reclutamiento suficiente se haría obligatorio. Y también el rechazo a la pretensión del Gobierno de que las personas de entre 20 y 45 años tengan que avisar a las autoridades militares cuando quieran ausentarse del país durante más de tres meses.

Anunció que en Francia, 500 jóvenes han publicado un manifiesto “¡Los jóvenes no vamos a ir a la guerra!” que concluye “Nosotros, estudiantes de secundaria, universitarios y jóvenes trabajadores, respondemos: ¡No al servicio militar!, ¡Macron, no queremos la guerra!”4.

Finalmente, el encuentro concluyó con un llamado a los presentes para que extiendan la convocatoria de la conferencia y el mitin del 20 de junio en Londres, y la preparación de delegaciones.

Enrique Dargallo, corresponsal de TS

1 https://www.tickettailor.com/events/stopthewarcoalition/2029668

2 Podéis encontrar un artículo de Isabel Cerdá en este sentido en la página 24 del n.º 174 de Tribuna Socialista: “8M 2026 – Mujeres contra la guerra”

3 Manuel Ruíz es un colaborador habitual de nuestra revista, y podéis encontrar un artículo suyo en este número en la sección “La Voz del Militante”.

4 Reproducimos este llamamiento en este número en el apartado “Especial contra la guerra”.

El “Destierro” de Marcelo. Castigado por denunciar la mala alimentación

«Marcelo es residente en Colmenar Viejo. Recientemente ha sobrevivido a 25 días de huelga de hambre para pedir comida digna en la Residencia en la que habita. Hoy, la Comunidad de Madrid responde con un expediente de traslado forzoso a Collado Villalba. No es un caso aislado; es un patrón de castigo.»

Soy hija de una de las 7.291 víctimas que la gestión de Isabel Díaz Ayuso dejó atrás durante la pandemia.

Conozco bien el dolor del silencio institucional, pero lo que está ocurriendo hoy en la residencia pública de Colmenar Viejo es un paso más en la crueldad: el uso del traslado forzoso como castigo.

En enero, Marcelo, un residente de dicho centro, me contactó desesperado. Llevaba diez días en huelga de hambre. ¿Su petición? Algo tan básico como comer dignamente. Las fotografías que me envió hablaban por sí solas: patatas y frutas podridas, pescados que daban mal olor, ultra procesados constantes y raciones que apenas calman el hambre. Un maltrato nutricional en toda regla.

A pesar de que mi denuncia ante la Fiscalía de Alcobendas y el Defensor del Pueblo provocó que estas instituciones se personaran y levantaran acta de la situación, la respuesta del Gerente del AMAS fue el desprecio, intentando tildar de mentiroso a un hombre que estaba poniendo en riesgo su vida por su dignidad. Marcelo abandonó la huelga a los 25 días por salud y por consejo de quienes le queremos, creyendo que su voz había sido escuchada.

Sin embargo, la “justicia” de la Comunidad de Madrid ha llegado en marzo en forma de expediente sancionador. El castigo para Marcelo no es una mejora en su menú, sino el destierro: una orden para deslocalizar a Marcelo forzosamente a una residencia en Collado Villalba, lejos de su entorno y sus apoyos.

Este no es un caso aislado. En pocas semanas hemos asistido a tres “expulsiones” similares en Madrid: un residente en el centro Colisée Vallecas, quien denunció la situación tras quejarse de la calidad del servicio, otra residencia vinculó la expulsión a la actuación del hijo de la residente, quien repartió hojas informativas entre otros familiares para denunciar deficiencias en el centro y animar a reclamar, y ahora Marcelo. Es un patrón claro de represalias. En la Comunidad de Madrid, si denuncias el maltrato, te eliminan del mapa.

Como sociedad, no podemos permitir que las residencias sean agujeros negros de derechos, sean públicas o privadas, pero máxime sin pertenecen a la Administración. Un residente no es un preso ni un objeto a merced de la gestión pública-privada; es un ciudadano con pleno derecho a denunciar una atención deficiente sin miedo a ser represaliado.

El deterioro del modelo de cuidados es una herida abierta en nuestra democracia. Necesitamos una gestión 100% pública y de calidad donde la voz del residente sea protegida, no castigada. Seguiremos luchando para que el traslado-castigo de Marcelo no se produzca. Porque si nos callan a uno, nos silencian a todos.

M.ª Mercedes Huertas Aguilera

Activista por la dignidad en las residencias

Ejército europeo ¿para qué? Federalismo, soberanía y poder democrático

Hablar de un ejército europeo exige a mi parecer ir más allá del debate superficial sobre seguridad y defensa. La cuestión central no es militar, sino política: ¿qué tipo de poder se construye en Europa y al servicio de qué intereses? En el contexto actual, la creación de un ejército propio de la Unión Europea solo puede tener sentido si forma parte de un proceso constituyente más amplio que transforme la Unión en una estructura verdaderamente democrática y federal, que responda a los intereses de la mayoría social.

Las guerras de Ucrania y Oriente Próximo han puesto de manifiesto una contradicción fundamental: La Unión Europea es un gigante económico, pero política y estratégicamente irrelevante. Su dependencia de la OTAN pone en evidencia su debilidad militar y su déficit de soberanía. Esta dependencia implica subordinación a los intereses de los USA, cuya actitud prepotente y belicista está siendo mayoritariamente rechazada por la opinión pública mundial, incluida la del papa León.

Proceso constituyente

Sin embargo, responder a esta situación con una simple integración militar sería un error. Un ejército europeo construido sobre las actuales estructuras de la Unión reproduciría las mismas lógicas tecnocráticas, intergubernamentales y poco transparentes que hoy limitan su legitimidad democrática. Por eso, la creación de un ejército común debe ir inseparablemente ligada a un proceso constituyente que redefina las bases políticas de la Unión Europa.

Este proceso constituyente implicaría, en primer lugar, una ruptura con el actual entramado institucional establecido en tratados como el Tratado de Lisboa. Dicho marco, basado en el consenso entre Estados y en una distribución compleja del poder, dificulta la toma de decisiones rápidas y, sobre todo, limita el control democrático. Para que un ejército europeo sea coherente con los intereses de la mayoría social, es imprescindible avanzar hacia una estructura federal en la que el poder emane directamente de la ciudadanía.

Gobierno europeo

Esto supone dotar al Parlamento Europeo de competencias plenas en materia de defensa, incluyendo la capacidad de autorizar o rechazar intervenciones militares bajo el mandato de Naciones Unidas, aprobar presupuestos y supervisar al poder ejecutivo. A su vez, sería necesario crear un verdadero Gobierno europeo, responsable ante el Parlamento, que asuma las funciones de política exterior y de defensa. Solo en este marco tendría sentido la existencia de un “ministerio de defensa europeo” que no responda a los intereses de los Estados más poderosos, sino al conjunto de la población representada en sus instituciones.

Esta mutación federal no debería enfocarse como una mera reorganización institucional, sino como una oportunidad para reconfigurar las relaciones de poder en Europa. La Unión Europea ha sido, en gran medida, un espacio funcional a la libre circulación de capitales y a la “disciplina fiscal”, con un déficit crónico en derechos sociales. El llamado “estado del bienestar” está seriamente amenazado por la deriva armamentista de la Unión. La apertura de un proceso constituyente permitiría introducir mecanismos de redistribución, armonización fiscal y protección de derechos laborales.

Ejército europeo

En este contexto, un ejército europeo podría desempeñar un papel distinto al de las fuerzas armadas tradicionales. Su función no sería la proyección de poder imperial, sino la defensa, a las órdenes del Gobierno, de un modelo social basado en la igualdad, la democracia y la sostenibilidad. Esto exige también redefinir su doctrina: priorizar la prevención de conflictos, la seguridad humana y la cooperación internacional, en lugar de la lógica de confrontación entre bloques que rige en la OTAN.

La integración militar, además, tendría efectos económicos relevantes. Actualmente, el gasto en defensa en Europa está fragmentado, duplicado y, en muchos casos, orientado por intereses industriales privados. Iniciativas como PESCO han comenzado a coordinar esfuerzos, pero siguen operando dentro de un marco limitado. Un ejército europeo en un contexto federal permitiría planificar de manera conjunta, reducir costes y, sobre todo, someter la industria de defensa a un estricto control público.

Aquí se abre una cuestión clave: la relación entre el Estado (o en este caso, una estructura federal europea) y el complejo militar-industrial. Sin mecanismos de control democrático, existe el riesgo de que este sector capture el proceso y lo oriente hacia sus propios intereses. Por eso, la construcción de un ejército europeo debe ir acompañada de políticas que garanticen la transparencia, eliminen la influencia de los lobbies y aseguren que los recursos se destinan a fines socialmente útiles.

Otro elemento fundamental es la dimensión internacional. Un ejército europeo en un marco federal podría contribuir a redefinir el papel global de la Unión Europea. En lugar de actuar como un miembro subordinado dentro de la OTAN -en crisis terminal- podría impulsar un enfoque basado en el multilateralismo, el respeto al derecho internacional, los derechos humanos y la cooperación pacifica con otros Estados. Esto no elimina las tensiones inherentes al sistema internacional, pero sí abre la posibilidad de una política exterior más coherente con los valores democráticos y progresistas.

Reflexiones finales

Es fundamental que este proyecto no se construya “desde arriba”, sino que cuente con la movilización y participación de amplios sectores ciudadanos. Un proceso constituyente europeo debería incluir mecanismos de deliberación pública, referendos y formas de democracia participativa que permitan a los pueblos de Europa decidir sobre su futuro común. Solo así se podrá dotar de legitimidad a una transformación de tal magnitud.

España, en este contexto, puede desempeñar un papel relevante. Un gobierno de coalición, de amplia base progresista, que concite el apoyo y participación de sus viejas naciones históricas, tiene la posibilidad de impulsar este debate. Defender un ejército europeo no significa aceptar sin más la lógica actual de la Unión, sino trabajar para transformarla. Esto implica tejer acuerdos con otros grupos europeos afines, buscando una amplia alianza de fuerzas democráticas; promoviendo profundas reformas de sus instituciones y, sobre todo, conectando el proyecto europeo con las demandas sociales internas.

En última instancia, la cuestión del ejército europeo remite a una pregunta más amplia: ¿puede la clase trabajadora ejercer poder en un mundo globalizado sin construir estructuras políticas a la misma escala que el capital? La respuesta es obviamente negativa. Sin instrumentos de poder supranacional, las conquistas sociales quedan expuestas a la competencia entre Estados y a las presiones de los mercados.

Por ello, la construcción de una Europa federal, democrática y social no es a mi parecer una opción, sino la respuesta concreta a una necesidad existencial, que dé sentido, propósito e identidad al proyecto europeo. En ese marco, un ejército europeo puede ser una herramienta más -no la principal, pero sí relevante- para garantizar la soberanía popular, proteger derechos y contribuir a un orden internacional más justo. Es esencial que su construcción no se separe del proyecto político progresista que le da sentido.

Sin proceso constituyente, un ejército europeo corre el riesgo de ser simplemente una nueva capa de poder al servicio de las oligarquías. Mediante tal proceso, la creación de un ejército europeo puede formar parte de una transformación más profunda: la construcción de una Europa de los pueblos, capaz de decidir su propio destino en un mundo convulso y en disputa. El desarme nuclear universal habría de ser una finalidad irrenunciable, no solo para la viabilidad de este proyecto, sino, sobre todo, para la supervivencia de nuestra especie.

No quisiera finalizar la redacción de este modesto artículo, hoy 14 de abril, aniversario de la II República española, sin recordar a mi amigo y compañero de la UMD, Fernando Reinlein (1945-2026), que hoy cumpliría 81 años.

Manuel Ruiz Robles

Capitán de navío de la Armada (retirado)

Ex miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).