Por Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores (CAIT) 25-6-2026
*Expresamos nuestro más firme respaldo y solidaridad con las familias trabajadoras afectadas*
*La naturaleza no distingue entre ricos y pobres al temblar; sin embargo, la tragedia y el desamparo posterior tienen un sesgo marcadamente económico* .
Dos potentes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron a Venezuela la tarde del 24 de junio, provocando graves daños en Caracas y La Guaira, así como afectaciones, derrumbes e interrupciones de servicios en Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, con reportes adicionales en Yaracuy y Trujillo. Mientras continúan las labores de rescate, la magnitud de la emergencia ha causado, de acuerdo con el más reciente balance preliminar, al menos 188 fallecidos y 1.520 heridos.
*Un fenómeno poco habitual*
Un doblete sísmico, como el registrado en Venezuela, es un fenómeno menos habitual que el de un terremoto principal seguido por réplicas menores. Este tipo de eventos ocurre cuando la rotura de una falla desencadena la de otro segmento de la misma estructura o de una falla muy próxima. En concreto, el doblete sísmico sucede cuando coinciden dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio. Venezuela está situada en una región donde la Tierra se mueve constantemente. Aunque no siempre se percibe ese movimiento, las placas tectónicas se desplazan lentamente a lo largo de años, décadas o incluso siglos. En el norte del país, la placa del Caribe y la placa Sudamericana se encuentran en una frontera compleja, caracterizada por fallas activas capaces de generar sismos significativos.
*El impacto económico del desastre sísmico*
El impacto económico de los sismos gemelos en Venezuela se proyecta en miles de millones de dólares. Según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las pérdidas totales podrían oscilar entre el 1% y el 7% del PIB nacional. Este desastre representa un golpe crítico para la infraestructura y para una economía que ya arrastraba una profunda vulnerabilidad, agudizada por los efectos de las sanciones internacionales, la corrupción en la gestión de fondos públicos, un modelo rentista excesivamente dependiente del petróleo, y esto se suma recientemente al control que ejerce Estados Unidos sobre los ingresos por la venta del crudo.
*El desastre nos afecta a todos, pero la pobreza lo sufre más*
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a la unidad nacional, decretó el estado de emergencia y anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción y a la atención inmediata de la crisis. Si bien el estado de emergencia agiliza el despliegue de recursos estatales y la acción conjunta de fuerzas civiles y militares, la concentración del poder ejecutivo abre tensiones políticas estructurales. El foco del conflicto radica en definir quién administra el capital, cómo se jerarquizan las necesidades de la población y qué agendas moldearán el proceso de reconstrucción. Esta situación no puede convertirse en una oportunidad para la especulación, ni en un pretexto para trasladar el costo de la reconstrucción a quienes ya cargan con el peso de la crisis.
El desastre dejó en evidencia una brecha estructural: los peores impactos se concentraron en las clases populares, más allá de colapsos puntuales en sectores de clase media. Las zonas más golpeadas se ubican en el Litoral Central y el centro-norte del país. La Guaira sufrió la destrucción masiva de hogares y residencias, con daños críticos en comunidades vulnerables de Catia La Mar (sectores de la Avenida El Ejército, La Lucha y Las Tunitas), Macuto (Punta Brava), Caraballeda (Los Corales) y Playa Grande.
_*Hasta junio de 2026, los fondos provenientes de la comercialización del petróleo venezolano bajo control y supervisión directa de Estados Unidos se estiman en unos 8.000 millones de dólares, correspondientes al volumen exportado desde inicios de año. Ante la gravedad de la situación, los trabajadores y todo el país debemos movilizarnos hoy mismo para exigir la entrega inmediata de estos recursos con el fin de atender la emergencia*_ .
El protagonismo que ha alcanzado en los últimos meses en el escenario político y público la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la ya famosa UCO, se compadece mal con la función que tiene asignada de investigar la delincuencia y corrupción ramificadas en el territorio nacional. Misión que debe desarrollarse con discreción para que sea eficaz, y por la exigencia legal de respetar el derecho de los investigados a la presunción de inocencia. Requisitos básicos que la ciudadanía tiene la impresión de que se incumplen cuando, un día sí y otro también, las televisiones ofrecen imágenes de sus agentes entrando en despachos profesionales, empresas y sedes de partidos políticos, acompañadas de titulares periodísticos en los que se dice que la UCO acusa a tal o cual investigado de, por ejemplo, estar al frente de una organización criminal.
Acciones periodísticas deliberadas cuyo objetivo es implantar en las mentes de la ciudadanía la idea de culpabilidad de los investigados que se convierten, sin haber sido juzgados ni condenados, en reos de la condena mediática, de la ordalía que intencionadamente se desata contra ellos por un interés político espurio. En este panorama embarrado de la política nacional, la UCO no puede, ni debe, formar parte del juego, y menos convertirse en el eje axial del enfrentamiento político, papel en el que parece haber incurrido, según la percepción de buena parte de la ciudadanía que, con lícito derecho, se pregunta: ¿por qué la UCO se presta a ese juego si no es su papel ni su función?, ¿son sus mandos operativos los que determinan que la UCO sea participe del mismo?, ¿se dan cuenta, o no, de que por el camino se degrada a la unidad y a la Guardia Civil?
La UCO fue creada en 1987 y está sometida a un control doble, orgánico y operativo, con el objetivo de garantizar la independencia de sus investigaciones sobre la corrupción y la delincuencia. Orgánicamente la UCO depende de la Jefatura de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil y, en última instancia, del Ministerio del Interior. Operativamente, la UCO actúa como policía judicial bajo la dirección estricta de jueces, tribunales o fiscales, por lo que no puede abrir investigaciones por iniciativa propia, sino con autorización judicial.
Así pues, la función de la UCO no es instruir sumarios judiciales, sino recoger pruebas sobre los investigados con las que redacta informes técnicos con datos recopilados en la investigación que entrega al juez que la encargó, en los que no puede, ni debe, imputar delitos a ningún investigado ni convertirlos en un remedo de sumario configurado con presunciones e inferencias—deducir algo y sacarlo como conclusión de otra cosa (RAE)— cogidas con alfileres que, en ningún caso, pueden tratarse como pruebas. Los informes técnicos que debe redactar la UCO, no deben tratar como elemento probatorio de la culpabilidad del investigado el mero hecho de que se haya reunido con tal o cual persona, sin saber de qué hablaron y su relación con la causa que se investiga.
Hasta hoy reunirse con una persona no es, en sí mismo, un delito, en todo caso podría ser un hecho sospechoso, pero la mera sospecha—imaginar algo por conjeturas fundadas en apariencias o indicios— es papel mojado si no puede confirmarse que esa reunión sirvió para articular o maquinar la comisión de un delito. Como tampoco es un delito tener apuntado en un cuaderno o agenda, nombres de distintos cargos públicos, sin saber ni tener confirmado el motivo ni la relación existente entre el propietario de la agenda y la persona a la que se refiere, o sin conocer con pruebas si esa reunión llegó a producirse y sin verificar de qué se habló en la misma.
Hechos que no deben servir para certificar la culpabilidad del investigado porque todos tenemos notas apuntadas de muchas cosas que se nos pasan por la cabeza, algunas surgidas de deseos inconfesables y otras con ilusiones infantiles, pero eso no nos hace responsables ni culpables de un delito. Sin embargo, esas presuntas pruebas, esos indicios, de la posible comisión de un ilícito, son tomados como hechos indubitables de la culpabilidad del investigado por los medios y pseudomedios que, en lugar de informar con objetividad, hiperbolizan con grandes titulares la culpabilidad del investigado, al convertir meros indicios en hechos consumados.
La concomitancia de la condena mediática a partir de la difusión de los informes que la UCO elabora para determinados casos y jueces, y el hecho de que una vez levantado el secreto del sumario se constate que la instrucción judicial es un calco del informe policial, desprende un cierto olor a conchabeo entre algunos de los miembros de la UCO que han realizado el informe y el juez que lo ha solicitado, por un interés político. El epitome de esta relación tóxica fue el informe elaborado por once agentes de la UCO que sirvió al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, para sentar en el banquillo al Fiscal General. Informe que, sin pruebas fehacientes que demostraran su culpabilidad, sirvió al Tribunal para condenarle. Informes que degradan la Justicia como han señalado numerosos catedráticos de derecho penal y magistrados como el emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, que recordó en una entrevista al medio digital Público el pasado mes de mayo: que los informes de la policía judicial no tienen más valor que el de una mera denuncia.
También degrada la justicia la diferente velocidad con la que la UCO elabora sus informes, y la filtración de las próximas operaciones que van a realizar en determinados casos. Hechos que solo pueden obedecer a el interés político de poner en la picota mediática a los investigados que, incluso llegan a enterarse por los medios de comunicación que agentes de la UCO están registrando sus despachos en búsqueda de pruebas de su participación en un presunto ilícito. Ya no nos sorprende que las cámaras y los periodistas se apelotonen en los portales a la espera de que lleguen los agentes judiciales que van a hacer un registro o a recabar información—que tiene significados judiciales diferentes—, que con deliberación los pseudomedios confunden con un interés político. El registro requiere de la presencia física de los agentes, mientras que reclamar o recabar información se puede solicitar de manera telemática.
¿Por qué se filtran sus actuaciones en unos casos y en otros no? ¿Buscaba el juez Pedraz la condena mediática del PSOE, con el espectáculo circense de los agentes de la UCO entrando en su sede para solicitar información de las andanzas de Leire Díaz? Preguntas, dudas, interrogantes sobre las diferentes decisiones judiciales, según sea el color político de los investigados, que es lícito formular y criticar públicamente, por mucho que el Consejo General de Poder Judicial haga pública su protesta porque se critica la labor de los jueces. Este enfado permanente—tienen la piel muy fina—, es la demostración de que se consideran intocables: un coto de poder cerrado, que coadyuva a la degradación de la Justicia. En una democracia cualquier poder puede ser objeto de crítica al amparo del derecho a la libertad de expresión, que el CGPJ siempre olvida.
Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas.
El 31 de mayo, por quinto año consecutivo, convocada por las asociaciones vecinales de Madrid y otros colectivos agrupados en el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, tuvo lugar una macro manifestación, bajo el lema “Salvar nuestra Sanidad Pública es salvarnos a Tod@a”. Movilización a la que se sumaron UGT, CCOO, CGT, PSOE, IU, Podemos… entre otras muchas organizaciones.
Decenas de miles de personas llenaron las calles de Madrid en todo el entorno de la plaza de Cibeles. Curiosamente, Delegación de Gobierno, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid coincidieron en minimizar esta gran manifestación, cada administración a su manera. Al margen de las cifras y los intentos de manipulación, los motivos de la protesta son incontestables:
No se contrata el personal necesario, ni con motivo del crecimiento de la población ni siquiera para dar cobertura a las jubilaciones que se producen cada año. La Comunidad de Madrid cerró 2025 con una población de 7.113.886, con unas ratios de personal sanitario por cada 1.000 habitantes muy por debajo de las europeas.
• Enfermeras. 6,54 por cada 1.000 habitantes, frente a 8,19 de media en la UE.
• Pediatras. 0,86 por cada 1.000 habitantes menores de 14 años, frente a 1,21 de media en el conjunto de las comunidades autónomas.
• Médicos de Familia. 0,77 por cada 1.000 habitantes, frente al 0,8 de la media en el Estado.
• Camas hospitalarias. 1,9 por cada 1.000 habitantes, frente a las 5,1 de media en la UE.
El déficit de personal sanitario provoca una carga de trabajo que pone en riesgo tanto la salud los trabajadores como la de los pacientes. Además, este déficit de personal, en la Atención Primaria particularmente, provoca que el tiempo de espera entre que el paciente solicita una cita en su Centro de Salud y que es recibido por su médico supere de media los 10 días de espera, frente a las 72 horas máximas recomendadas para medicina de familia.
El deterioro de las condiciones de trabajo del personal sanitario en Madrid ha llegado a tal extremo que los médicos internos residentes (MIR), cuando terminan su formación, se niegan a aceptar las plazas que les ofrece el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), siendo especialmente preocupante la situación en Medicina de Familia y Pediatría, especialidades en las que el 66% de las y los doctores rechazan trabajar en Madrid.
Aplaudo que los sindicatos y los partidos de la izquierda participasen en la convocatoria de movilización de las asociaciones vecinales. Sin embargo, pienso que, si la izquierda política y sindical quiere recuperar el prestigio y la confianza de la mayoría social, deberían asumir un compromiso, acompañado con hechos, para combatir lo que están haciendo las derechas, contrarias a que el Estado sea un elemento de equilibrio entre la clase pudiente y la clase trabajadora. Es decir, tienen que emitir un mensaje claro y en unidad contra la privatización de los servicios públicos.
Lo que está ocurriendo en la Sanidad no es diferente a lo que pasa en la Educación, en las Residencias de mayores o lo que pretenden hacer con las Pensiones. El capital financiero; los fondos de inversión, las aseguradoras y las entidades bancarias, buscan invertir sus grandes magnitudes de dinero para garantizar los beneficios para sus inversores y las astronómicas remuneraciones de sus directivos. Buscan explotar los servicios públicos, como el que encuentra una mina y destroza la montaña hasta que saca el último grano de mineral.
Quienes viven de su esfuerzo, de su salario, necesitan la red de servicios públicos del Estado. Unos servicios pagados con los impuestos para garantizar salud, educación, atención cuando somos mayores y una pensión digna tras una vida entera de trabajo. Los servicios públicos no se pensaron para el beneficio económico de unos pocos.
La mayoría social está dispuesta a movilizarse, las organizaciones que se reclaman de izquierdas tienen que cumplir con su parte.
Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE
Comunicado sobre reivindicaciones del colectivo médico en huelga (15/06/2026)
Ante la convocatoria de huelga médica indefinida por los sindicatos (CESM, SMA, METGES, OMEGA, SME y AMYTS) nuestras organizaciones y colectivos queremos hacer pública la postura que mantenemos en defensa del sistema sanitario público universal y de calidad.
Entendiendo que la huelga es un derecho de las trabajadoras y trabajadores, no compartimos algunas de las reivindicaciones:
ESTATUTO MARCO PROPIO
Siendo en Sanidad la base el trabajo en equipo, entendemos que la normativa debe integrar a todos los colectivos de trabajadores sanitarios, ya que todos son imprescindibles, por lo que el Estatuto Marco debe ser común.
RESPONSABILIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
Muchas de las reivindicaciones exigidas al Ministerio de Sanidad son competencia de las Comunidades Autónomas, como las condiciones de sobrecarga laboral y los salarios del personal médico , específicamente centrándonos en la Comunidad de Madrid que es la más rica y que menos dinero invierte por habitante y año, siendo la »locomotora de la privatización sanitaria” en nuestro país.
Echamos de menos en las reivindicaciones alguna alusión a un aumento de presupuesto »finalista» que se destine íntegramente a la Sanidad Pública.
INCOMPATIBILIDADPÚBLICO-PRIVADA
Desde nuestro principio básico en defensa de la Sanidad Pública nos parece necesaria la incompatibilidad de trabajo en ambos sistemas sanitarios, consideración imprescindible la compensación económica adecuada.
GUARDIAS
El Ministerio de Sanidad propone que no excedan de las 12-17 horas, si la Comunidad Autónoma lo decide. Para conseguir jornadas de guardia más cortas es imprescindible aumentar las contrataciones, competencia exclusiva de las Comunidades.
El precio de las horas de guardia lo define la Comunidad Autónoma, no el Ministerio de Sanidad.
JUBILACION ANTICIPADA
Según el Estatuto de los Trabajadores el tiempo trabajado se relaciona con los días trabajados, siendo independiente de la jornada laboral, en todo caso sería la entidad competente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Para finalizar, pensando en la atención médica que deberíamos recibir, apoyamos la jornada laboral de 35 horas para todas las categorías de la salud, así como la reducción de horas de guardia en el colectivo médico, coincidiendo en que las17 horas siguen siendo excesivas.
Deseamos que el conflicto tenga un fin cercano por el bien de todas y todos.
Desde la Junta Directiva de ASTRADE y el Comité de Redacción de Tribuna Socialista, vemos la necesidad de poner en marcha de manera inmediata esta iniciativa, en forma de carta abierta, para que sea suscrita por militantes del PSOE, socialistas no afiliados al PSOE, sindicalistas, activistas y progresistas (a título individual)
Presidente:
Nos dirigimos a ti, en abierto, militantes socialistas afiliados y no afiliados al PSOE, sindicalistas, activistas y progresistas, todas ellas y ellos a título individual, para compartir contigo una serie de consideraciones.
El 23 de julio se cumplirán tres años desde que las urnas dieron un resultado que legitimó al Gobierno actual. Sin embargo, esa legitimidad es cuestionada, antidemocráticamente, por la derecha de siempre de este país.
Los líderes del PP han lanzado consignas como “El que pueda hacer que haga” (Aznar), o más recientemente “Haré todo lo posible para acabar con el Gobierno, y todo es todo” (Feijóo). Son las consignas que han servido de ignición para desencadenar la secuencia: Denuncias en pseudomedios de comunicación-apertura de casos judiciales-actuaciones de policía y guardia Civil-utilización del poder legislativo, todo ello con el fin de derribar al Gobierno que presides.
Esta secuencia puesta en marcha por la derecha españolista no justifica el caso “Mascarillas”, en el que se ha hecho evidente que una cuadrilla de corruptos y puteros utilizaron el poder y los recursos del Estado para sus fechorías. Si bien no nos deja de llamar la atención el abultado número de años para José L. Ávalos y Koldo García, frente a la puesta en libertad -sin exigencia de devolución de lo sustraído- para Víctor Aldama, a quien, para más recochineo, se dice literalmente en la sentencia que el fallo, en su caso, es “un premio”.
Pocas cosas sorprenden ya de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, la misma que sentenció sin pruebas al ex Fiscal General del Estado, Álvaro García, e instauró la doctrina: “Si no has sido tú, habrá sido alguien de tu entorno.” Solo cabe reconocer que Ignacio Cosidó tenía razón cuando, siendo portavoz del PP en el Senado (noviembre de 2018), tranquilizaba a sus compadres de Partido aseverando que “la Sala 2ª del TS está controlada desde detrás”. Lo cierto es que percibimos que un importantísimo porcentaje de jueces, fiscales y magistrados están controlados por la derecha o militan para ella.
Otra consecuencia de la consigna lanzada por los líderes de la derecha españolista es la diferencia en la agilidad temporal en las actuaciones de organismos como la UCO o la UDEF y la instrucción judicial de según qué casos:
El caso “Pujol” comenzó a instruirse en 2014 y el juicio oral no comenzó hasta finales de 2025. Aun sin sentencia.
El caso Montoro ha estado siete años bajo secreto de sumario, y a fecha de hoy no está claro en qué ámbito judicial recaerá el proceso.
El caso abierto contra el ex Fiscal General del Estado se abrió en 2024 y en 2025 ya estaba juzgado y sentenciado.
El caso “Alberto Quirón” se inició con un fraude a la Hacienda pública en los ejercicios 2020 y 2021, pero no está previsto que se abra juicio hasta 2027, garantizando sus señorías que será tras las elecciones autonómicas en Madrid.
Podríamos citar más casos comparativos, en los que los ritmos y los tiempos se manejan según convenga ideológicamente. Unas veces para que el asunto prescriba, como el fraude fiscal atribuido a Juan Carlos de Borbón o pareciera que se espera a que el principal sujeto del caso haya cumplido tantos años que pueda alegar déficit cognitivo, como en el caso del fundador del Partido antecesor de Junts.
La última aberración judicial-policial a la que hemos asistido es al escarnio al que se está sometiendo al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al haberse filtrado sus conversaciones privadas: agendas, mensajes de whastsApp y Mail, aunque el contenido nada tenga nada que ver con la causa abierta. Un atentado a la privacidad, cuya única finalidad parece ser la destrucción personal y la provocación; mismos objetivos que buscan contra ti, al acosar judicialmente a tu compañera y a tu hermano.
A nuestro modo de ver, el problema parte de que en nuestro país nunca hubo un programa para erradicar la ideología franquista, al modo y manera que sí se llevó a cabo en Alemania tras la II Guerra Mundial. Un proceso que garantizase que los miembros del Movimiento Nacional no pudiesen mantener su influencia en las instituciones del Estado, la cultura o la política. Una prueba evidente de esto fue el tránsito de la gran mayoría de jueces y magistrados franquistas, incluyendo a los del Tribunal de Orden Público (TOP), a las instancias judiciales democráticas, destacando la Audiencia Nacional. Esto explica hechos como que decisiones judiciales dejasen escapar a Emilio Hellín, el asesino de la joven militante de izquierdas Yolanda González, asesinada a la edad de 19 años. O que torturadores policiales como González Pacheco, alisas “Billy el Niño”, continuasen siendo miembros de la policía nacional hasta 1982, quien murió en 2020 conservando su medalla al mérito policial.
El corporativismo ha conseguido que el nacionalismo españolista excluyente se conserve entre la mayoría de juezas, jueces y no pocos fiscales, por lo que el poder del Estado que tiene por función interpretar las leyes e impartir justicia interviene en política como un eslabón más de la secuencia antes mencionada.
Los herederos del franquismo llevan muchos años disfrazados de demócratas. No te perdonan que pusieses en marcha y sacases adelante la Ley de Amnistía, pues cuestiona su principio de “España Una, Grande y Libre”; solo que su concepto de libertad esta restringido a su minoría social.
No soportan que seas el presidente de la UE que no se pliega a los caprichos del déspota de la Casa Blanca.
No quieren consentir que des un solo paso hacia la democratización del acceso a la carrera de jueces y fiscales.
En definitiva, la democracia, por limitada que sea, les causa una reacción alérgica en cuanto atisban cualquier avance para la mayoría social.
Consideramos que:
Defender al actual Gobierno actual es defender que el Estado y su pluralidad de pueblos pueda seguir la senda de la democracia y la modernización.
El mejor antídoto contra la extrema derecha es satisfacer los derechos y aspiraciones de la mayoría:
Presentando un plan urgente de construcción de vivienda pública y poniendo coto a al precio de los alquileres, acorde con las necesidades vitales de millones de jóvenes y no tan jóvenes.
Combatiendo con contundencia la privatización de la Sanidad Pública, presentando de inmediato medidas legislativas y presupuestos extraordinarios y que tengan como destinataria única la Sanidad Pública, al objeto de dotar de personal sanitario y medios suficientes que, en un plazo corto, erradiquen las listas de espera hospitalaria y reduzca a no más de 72 horas en Atención Primaria, entre otros objetivos.
Del mismo modo, se actúe en defensa de la Educación Pública en todos sus escalafones: 0 a 3 años, infantil, primaria, secundaria, Bachillerato, FP y universitaria.
Asegurando la viabilidad de las pensiones públicas, encargando una Auditoría independiente, atendiendo a los estipulado en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 21/2021.
Exigiendo y utilizando todos los resortes a disposición del Gobierno para que se aplique la Ley de Amnistía
No tenemos intención de dictar lo que el Gobierno debe hacer, pero estamos convencidos que es en esta línea de gobernar, atendiendo las reivindicaciones sentidas por la mayoría de la sociedad, como en las urnas podremos doblegar a la derecha reaccionaria, se presenten bajo la sigla que se presenten.
astrayde@gmail.com
Suscriben esta carta a título individual:
Roberto Tornamira Sánchez, Presidente de ASTRADE, Madrid; Miguel Sagüés Navarro, Secretario de ASTRADE. Madrid; Enrique Dargallo Guerra, Director de Tribuna Socialista. Madrid; Gloria Mora Ridruejo, Vicepresidenta de ASTRADE. Madrid; María Iglesias Domínguez, Militante del PSOE en Andalucía. Sevilla; Eduardo Hernández Oñate, Militante del PSOE y de UGT. Madrid; Iñaki Merino Montes, Sindicalista de la UGT. Bizkaia; Juanfer Díaz-Mayordomo Martínez, Sindicalista de la UGT. Madrid; Silvia Font Jurado, Afiliada a UGT y PSOE. Madrid; Rafael Arévalo Gimeno, Miembro de ASTRADE. Madrid; Manuel Ruiz Robles, Ex Capitán de Navío, Fue miembro de la UMD. Madrid; Juan José Fuentetaja Olmos, Profesor de Tecnología Educación Secundaria. Madrid; Eduardo Sabina Blasco, Militante de UGT e Izquierda Socialista PSOE. Madrid; Antonio «Toño» Villa Antoñana, Socialista no afiliado. Madrid; Baltasar Santos Fernández, 1er. Secretario de la Agrupación PSC. El Vendrell-Tarragona; Isabel Cerdá Martín, Colectivo Mujeres Republicanas. Madrid; Antón Saracibar Sautúa, Ex Secretario de Organización de la UGT. Madrid; Fernando Plaza Ruíz, Movimiento Ético Social (MÉS). Madrid; Leonor Mogio Gabardino, Presidenta ADEPPU. Madrid; José Manuel Álvarez Morales, Militante del PSOE. Madrid; Dunya El-Sahoud Pérez, Ciudadana progresista. Barcelona; José Luis Pedreira Massa, Agrupación Socialista de Villa de Vallecas (Madrid). Palencia; Juan Manuel López-Nadal, Movimiento SUMAR. Mallorca; Ángel Viviente Core,Activista sin adscripción. Madrid; Maráa Reyes Caballero Martínez, Ciudadana progresista. Alicante; Ángel Alonso Calvo, Militante PSOE. Agrupación Socialista de Arganzuela. Madrid; María Barrón Cordero, Ciudadana progresista. Sevilla; Antonio López Gómez,Militante del PSOE. Madrid; Mar Díez Montero, Afiliada UGT. Madrid; Eduardo Rodríguez Núñez, Afiliado a CCOO. Madrid; Marisa Cuesta Arandilla, Afiliada PSE-EE y a CCOO. Profesora jubilada. Álava; Pedro Gómez Lozano. Ciudadano pensionista. La Rioja; Adoración Cañibano Hidalgo, Afiliada PSOE. Agrupación Usera. Madrid; Cristina Pereda Postigo, Exdiputada Regional PSOE Cantabria. Santander; Teodoro Piñuela Pérez, Secretario General del PSOE en Parcuellos del Jarama. Madrid; María Luz Galera Quereda, Militante del PSOE en Murcia; Antonia Graells Ferrer, Militante del PSOE en la Agrupación de Alicante; Juana Serna Masiá, PSOE local y Círculo Progresista de Alicante; Carmen Gris Llaurado, Socialista no afiliada. Barcelona; Jesús Pérez Martínez, Miembro de la CEC de UGT (de 1995 a 2009). Madrid; Antonio Cutillas Herrero, Militante socialista del PSOE en la Agrupación Alicante; Felisa Díez de la Rosa, Militante del PSOE en la Agrupación de Moncloa. Madrid; José Miguel Villa Antoñana, Sº de política municipal PSOE Villalba. Militante de UGT. Madrid; Mercedes Bedmar Pérez, Militante del PSOE en la Agrupación de Latina. Madrid; Yago de Ron Fernández-Mosquera, Militante PSOE-Arteixo. A Coruña; Iñaki Malda Fuentes, Militante del PSOE y la UGT. Asturias; Nieves Arroyo Pecino, Militante del PSOE en la agrupación de Avilés. Asturias; Ángeles Higueras Carpio, Militante del PSC-PSOE. Barcelona; María del Carmen Alonso Rodríguez, Militante del PSOE en la agrupación de Avilés. Asturias; Susana Alberdi González, Militante de la Agrupación Socialista de Langreo. Asturias; Miguel González Miranda, Militante PSOE. Agrupación Avilés. Asturias; Tomas López Arias, Militante PSOE en la Agrupación Socialista de Latina. Madrid; Pedro García Rodríguez, Militante del PSOE en la agrupación de Avilés. Asturias; Isabel Mora García, Sª de Organización del PSOE-Brunete y afiliada de UGT. Madrid; Julián Ordóñez Ropero, Militante PSOE y afiliado a UGT. Madrid; Francisca Fontalba Barba, Militante PSOE Puente Vallecas. Madrid; Francisco Arenas Murillo, Ex Secretario General Comarca Norte de UGT. Madrid; Luis Manuel Lobera García, Militante PSOE Gijón. Asturias; David Astorga González. Militante de la Agrupación Socialista de Langreo. Asturias; Magdalena Antuña Camblor, Militante PSOE Gijón. Asturias; Ana María Begoña Sariego Martínez, Militante de la Agrupación Socialista de Gijón. Asturias; Fernando Prendes Fernández-Heres, Militante de la Agrupación Socialista de Avilés. Asturias; Francisco García Jiménez, Pensionista. Ciudad Real; María Mercedes Huertas Aguilera, Activista progresista. Madrid; M. Gimena Camino Alcón, Militante de UGT. Madrid; José Antonio Fernández Guerras, Militantes de CCOO. Madrid; Elia Borbolla Díaz, Militante PSOE y UGT. Asturias; Olga Bravo Losada, Militante PSOE y UGT. Madrid; Miguel-Ángel Zamarrón Moreno PSOE y UGT. Madrid
Los días 19 y 20 de junio se ha celebrado en Londres una conferencia y un mitin internacional contra la guerra, en los que han participado 3.500 militantes de 23 países. Una representación de ASTRADE ha participado en ambos actos, porque consideramos que el combate contra la guerra es una prioridad para todo socialista. Eventos sobre los que damos cumplida cuenta en las páginas del presente número de Tribuna Socialista.
Países como Alemania o Francia están implementando modelos de servicio militar obligatorio para los jóvenes mayores de 18 años. Esto debería alarmar a la sociedad, en particular a la mayoría de la sociedad cuyos hijos han sido utilizados como carne de cañón en las guerras sufridas por la humanidad; como lo están siendo miles y miles de jóvenes rusos y ucranianos cada día en los frentes de batalla. Esto no es teoría, está tomando forma en Europa, en el seno de la UE.
Nuestros Gobiernos tienen la responsabilidad de mantener la paz, pero, lejos de eso, se dedican a fomentar la guerra. La OTAN es una estructura militar agresiva, muy lejos de sus discursos llenos de falsedades: en los últimos 25 años, la OTAN ha avanzado hacia el este de Europa, mientras que Rusia no ha avanzado en un solo país1, datos constatables. No se trata de exonerar de responsabilidad a Putin y sus oligarcas, se trata de no aceptar que nos mientan los que dicen ser los nuestros.
El capital financiero ha decidido buscar valores refugio para sus inversiones. Es la misma idea por la que quienes acumulan dinero, sean personas individuales o grandes corporaciones, compran pisos para convertir el dinero contante y sonante en propiedad inmueble. La misma mecánica está ocurriendo con la compra de oro. El resultado de esta dinámica es que el precio medio aprox. €/m² de la vivienda en España se ha incrementado en un 109,3%, en los últimos 25 años2. En el caso de la vivienda en alquiler, el precio del metro cuadrado -promedio en España- en 2000 era de 5,36 €/mes, mientras que en 2025 se fijó 15 €/mes, es decir, que el incremento ha sido del 180% en los últimos 25 años.
La rentabilidad de las empresas del armamento es mayor y más acelerado que el de la vivienda: tan solo en el año 2025, tres de las multinacionales del armamento, acumularon una revalorización en bolsa del 100%: Thyssenkrupp (alemana) +135,81%, Rheinmettal (alemana) +96,69% y Leonardo (italiana) +68,69%. En todos muchos países europeos hay empresas que se benefician de la industria de la muerte y la destrucción, como por ejemplo Thales (francesa) +51%. España no es una excepción, la empresa INDRA cotizaba en diciembre de 2024 a 17,08 €/acción y cerró 2025 con una cotización de 48,54 €/acción, lo que significa que obtuvo una revalorización del +184%.
Fuente: Cadena SER, 7mar2025 “Las empresas de armamento saborean el rearme europeo: el negocio de la guerra en cifras”3
Estos datos demuestran que, al capitalismo, la especulación, la maximización de los beneficios…, les da lo mismo destruir la vida de millones de mujeres y hombres jóvenes, al cercenarles la posibilidad de tener un futuro de emancipación digna, o que se le siegue la vida a 30.000 niñas y niños en Gaza.
Al desastre que produce la especulación en la vivienda o la industria de la guerra, le acompaña en paralelo la destrucción de los servicios públicos, por la vía del recorte económico y la privatización.
El deterioro de la educación y la sanidad públicas tiene como objetivo alimentar la voracidad de las empresas de la enseñanza y la salud; trasvasando cada día más dinero público a estas empresas, al darles más negocio. Cada euro que va al gasto militar es un euro que se deja de invertir en la sanidad, la enseñanza, la vivienda, la atención a los mayores, la inversión en infraestructuras. Y todos ellos necesitan desesperadamente fondos.
Las instituciones del Estado, todas, participan de esta “actividad económica”, sin pararse a pensar en las consecuencias, o, al menos, es lo que parece. El Gobierno de la nación ha incrementado el gasto en defensa en un 225%, en los último seis años, al pasar de 10.199 MM € gastados en defensa en 2020 a los 33.123 MM € ejecutados en 2025. Menos mal que “solo es el 2%” del PIB. Resulta sangrante que se entre en esta lógica impuesta por Trump y servida en bandeja por los Rutte y las Von der Leyen, con el acatamiento de las instituciones nacionales y europeas. Es evidente que esta no es la Europa de los pueblos, hoy, más que nunca, es la Europa de los mercaderes.
Ante este desastre social y el camino a la barbarie que han emprendido sin consultarnos, hay millones de jóvenes, activistas y militantes que se resisten.
En los debates hemos podido escuchar a un militante ruso y a otro ucraniano; interviniendo juntos, aunque haciendo cada uno se discurso libremente. Ambos coincidieron en señalar que la guerra en sus países nada tiene que ver con el pueblo ruso o el pueblo ucraniano, que es una guerra ajena a los intereses y necesidades de las mujeres y hombres que vivían de su trabajo antes de comenzar el conflicto. Denunciaron que miles de compatriotas son perseguidos para ir al frente forzosamente, ante lo que muchos huyen y son perseguidos por “desertores”; acaso los dirigentes políticos y los militares que prometieron o juraron defender a sus pueblos no son desertores de sus responsabilidades.
Esta conferencia de Londres enlaza en la historia con con las conferencias de Zimmerwald (21 de septiembre de 1915) y la de Kienthal (1 de mayo de 1916), en las que los reunidos rechazaron tajantemente la I Guerra Mundial. Los delegados en Zimmerwald dijeron: “…nos hemos reunido para recomponer los hilos rotos de las relaciones internacionales y para hacer un llamamiento a la clase obrera para que se recupere y luche por la paz”.
Han transcurrido 110 años y siguen corriendo ríos de sangre de los hijos de la clase trabajadora en los más de cien conflictos armados que hay en el mundo: Irán, Líbano, Palestina, Sudan, El Sahel, la República Democrática del Congo…y, a pesar de todo lo que el capitalismo ha hecho y hace contra la organización política y sindical de la clase trabajadora, los militantes y activistas están dispuestos a plantar cara, como los están haciendo los jóvenes alemanes y franceses contra el alistamiento, como lo están haciendo los jóvenes ucranianos y rusos que se revelan y se niegan a participar de una guerra que no es suya.
Estando aún la delegación de ASTRADE en Londres, la capital de la Gran Bretaña, conocimos el anuncio de la dimisión del primer ministro laborista, Starmer, quien ha caído tras dos años de incumplimientos de su agenda social y de aumento brutal del gasto en defensa. Es un buen aviso para quienes se preguntan por qué crece la extrema derecha.
Ahora se trata de dar continuidad al trabajo de la conferencia de Londres, y crear una coordinación permanente de las fuerzas de los 23 países que han participado en ella. Desde ASTRADE y Tribuna Socialista continuaremos contribuyendo a esta lucha por la libertad en Palestina y contra la guerra allá donde el capital la siembre.
Los poseedores de riqueza, la burguesía, los privilegiados, los rentistas…en definitiva, los capitalistas, nunca han dado nada a la sociedad de buena gana, aunque su riqueza haya sido conseguida de forma injusta. Los derechos nunca han sido regalados, ni negociados; siempre se han conquistado por la vía de la movilización social.
La vivienda es un derecho que debería figurar entre los artículos de la Constitución que agrupan los derechos fundamentales: entre el artículo 15 y el 29. Pero no, se sitúa en el Artº. 47, en el grupo de los “principios rectores de la política social y económica”.
Una de dos, la Constitución es mentirosa o las instituciones del Estado, con sus tres poderes incluidos, incumplen y consienten que no se cumpla el mandato constitucional, si es lo segundo, podría hablarse de prevaricación por parte de todos los poderes públicos:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación …”
El domingo día 24 decenas de miles de personas, muchas de ellas jóvenes, salieron a las calles de Madrid para decir, ¡alto y claro! que el acceso a la vivienda digna se ha convertido en una pesadilla, en algo imposible, para millones de jóvenes y no tan jóvenes.
Manifestación en Pº del Prado de Madrid por la Vivienda a precio asequible. Madrid 24/05/2026
Mientras el poder legislativo no consigue que las leyes respeten lo plasmado en los textos legales y el poder ejecutivo no termina de avanzar al ritmo que el problema requiere, el poder judicial parece más preocupado por interpretar las leyes en favor de los intereses de los fondos de inversión y los grandes tenedores de viviendas, esas y esos que viven de las rentas.
Es un problema económico, sin duda, pero por encima de todo es un combate de la lucha de clases: las hijas e hijos de las familias pudientes no tienen ningún problema para emanciparse, mientras que las y los jóvenes de familias trabajadoras sufren la ansiedad de ver cómo pasa el tiempo y los precios de la vivienda, sea en alquiler o sea en propiedad, les alejan sus expectativas de formar una familia o simplemente independizarse.
Tampoco es un problema generacional exclusivo de jóvenes. Son muchas las personas que, con 40 años y más, no pueden abandonar la casa de sus padres: el 85% de los jóvenes (entre 16 y 29 años) no pueden emanciparse, pues los que quieren hacerlo se encuentran con que deben dedicar el 98,7% de sus ingresos a pagar un alquiler. Quienes dan el paso de dejar la vivienda de sus padres, en el 43% de los casos, caen en riesgo de pobreza. Mientras que, en promedio, los jóvenes europeos se emancipan a los 26,2 años, en España, la edad media de emancipación se sitúa en los 30,3 años.
El origen del problema viene de lejos, de cuando el Estado dejó de construir vivienda social. Concretamente de la ley del suelo de 1998, cuando Aznar y Rato liberalizaron el suelo y abrieron la posibilidad de recalificar terreno para que los terratenientes de suelo agrario o de otro tipo lo recalificasen en suelo urbanizable, con la colaboración necesaria de sus ayuntamientos, sembrando la semilla de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 y las consecuencias de los siguientes años.
El problema viene de que, no solo ninguna administración ha puesto pegas a la venta de la vivienda social, sino que ayuntamientos como el de Madrid vendió a precio de saldo la vivienda social propiedad del Estado: Ana Botella “Lady cup of cofee”, vendió 1806 viviendas sociales al fondo de inversión Blackstone. Alcaldesa a la que la justicia exoneró de toda responsabilidad, a pesar de que su hijo, José María Aznar Botella, mantenía vínculos directos y laborales con los principales beneficiarios de la compra de aquellas viviendas sociales.
El problema radica sobre todo en que el precio de la vivienda en alquiler en nuestro país se ha disparado en promedio en todo el Estado un 94% en la última década, llegando en ciudades como Madrid a superar el 120%. El incremento del metro cuadrado en la vivienda en propiedad, en los 10 últimos años ha sido del 70% de media estatal y del 82% en Madrid. En tanto los precios de la vivienda se han disparatado, los salarios entre 2015 y 2025 han tenido una subida del 23,25% para los trabajadores con convenio colectivo (2,3% de media anual).
Esos son los datos estadísticos de quienes tienen trabajo y derechos regulados en convenio colectivo, pero la realidad para muchas trabajadoras y trabajadores llega a ser infernal, por ejemplo: quienes necesitan dos trabajos para poder vivir, los que trabajan en Mallorca o Ibiza, teniendo que vivir en caravanas, incluso coches, o los emigrantes que trabajan y viven hacinados en barracones o en chabolas de cartón en el entorno de las plantaciones e invernaderos.
La situación económica de crisis encadenadas desde principios de siglo: crisis hipotecaria y financiera, pandemia, guerras, ha derivado en que la vivienda se ha convertido en un valor refugio para el capital, de tal modo que las grandes acumulaciones de dinero ya no se invierten solo en bolsa, oro o diamantes: el Ministerio de Vivienda estima que más de un millón de viviendas vacías son propiedad de empresas y/o familias propietarias de 10 o más viviendas.
Especular con la vivienda es como especular con los medicamentos, con el pan o el agua. No podemos caer en la lógica del mercado libre, que solo es libre para someter al menesteroso y favorecer al poderoso. Especular con la vivienda es una guerra entre pudientes y no pudientes, desequilibrada porque los poderes del Estado protegen a los ricos contra la legítima reivindicación de las hijas e hijos de las familias trabajadoras.
Si los poderes del Estado no actúan estarán legitimando a que los demandantes de vivienda exijan en las calles su derecho a techo. Las organizaciones de la izquierda, políticas y sindicales tendrán que decidir si son freno de contención de estas aspiraciones o son el motor que en otros tiempos fueron para hacer realidad los derechos de la mayoría social.
Manifestación por la Vivienda a precio asequible, calle de Alcalá de Madrid. Madrid 24/05/2026
Cada día que pasa y vemos lo que ocurre, en ASTRADE estamos más convencidos de la necesidad de apoyar y participar en la Conferencia y el Mitin internacionales que van a tener lugar los días 19 y 20 de junio en Londres. Actos a los que acudirá una delegación de nuestra Asociación, para contribuir a fortalecer el movimiento mundial de quienes nos oponemos a la guerra y sus consecuencias.
El mundo está cambiando, pero en buena medida solo en apariencia. Fue el premio Nobel de literatura de 1929, Thomas Mann, alemán que tuvo que exiliarse en los Estados Unidos de América, quien, en el primer lustro de los años 40 del siglo XX, en plena Segunda Guerra Mundial, alertó de que el fascismo no era solo una amenaza italiana, española o alemana, sino que se trataba de un problema global. Y fue en esta etapa de su vida cuando dijo que “el fascismo no volvería con sus símbolos clásicos, sino instrumentalizando valores democráticos, como la libertad o la soberanía, apelando al miedo y al resentimiento popular”, reflexión que ha derivado en nuestros días en: “el fascismo llegará vestido de Armani”.
No sabemos si es Armani o Vicky Martín Berrocal, lo que es seguro es que adornan sus ricas vestimentas con medallas que pagamos los contribuyentes. Y constatamos la certeza de Mann cuando Trump, Milei o Ayuso hablan de “libertad”, “nación”, “arremeten contra el diferente”… e infunden miedo con cualquier excusa que se ponga a tiro; como el PP ha intentado hacer a costa del Hantavirus, llegando al más espantoso de los ridículos, importándoles un comino la vida de los afectados o poner en riesgo la vida de todos, como suele ser normal en los que ovacionaban al que comía en El Ventorro mientras su pueblo se ahogaba.
La afición a comprarse medallas con dinero público no es nueva, no la ha inventado Isabel Díaz Ayuso (IDA), ya lo practicó Aznar en diciembre de 2003, cuando el Consejo de Ministros aprobó un gasto de 2 millones de dólares, para que el lobby Piper Rudnick consiguiese la medalla del Congreso de los EE.UU., para Aznar. Ahora ha sido IDA quién, al parecer, ha pagado 300.000 € públicos al Estado mexicano de Aguascalientes, en concepto de “invitación de honor a la Feria Nacional de San Marcos”. ¿300.000 € para ser invitada? Lo que parece es que ese ha sido el precio de la “Medalla de la Libertad” que la ha otorgado el Congreso del Estado de Aguascalientes -institución análoga a la Asamblea de la Comunidad de Madrid-, Estado gobernado por la derechista del PAN, Tere Jiménez.
En junio de 2024, fue la Comunidad de Madrid la que otorgó la “Medalla Internacional de la región por su defensa de la libertad” a Milei, cuando en su visita a España, al igual que Ayuso estos días atrás en México hacia la presidenta Sheinbaum, se dedicó a insultar al presidente español, Pedro Sánchez. O cuando, hace poco más de un mes, en abril, el alcalde de Madrid concedía la “Llave de oro de la ciudad” a María Corina Machado, quien aderezó su visita con insultos y desprecios hacia las instituciones españolas.
Podríamos citar muchos más ejemplos de intercambios de premios y galardones entre los miembros del Cártel fascista. Sin perder de vista que “La Meca” del fascismo hoy está en Mar a Lago (Florida). En sus entregas de premios y galas se agasajan a costa del erario público y/o de los maletines que se intercambian en los “despachos de abogados” en paraísos fiscales, como veremos en nuestro país, si es que algún día se juzga a Alberto Quirón.
Este es un grupo muy limitado, pero con mucho poder; el poder que les otorga el capital financiero y especulativo que los financia a cambio de hacerse con los nichos de negocio en los servicios públicos: el problema es que los nichos pasaron a ser panteones y hoy pretende ser auténticos cementerios de la Sanidad, la Educación, las Residencias, las Pensiones y todos los servicios públicos.
El grupo Quirón, propiedad de la multinacional alemana Fresenius, es el principal pagador de “prebendas” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a través de los chanchullos con su, presunto, novio/testaferro. Por la multitud de casos de corrupción que hemos conocido en estas décadas pasadas, los corruptores están al frente de los grandes grupos de construcción de obra pública. O los fondos buitre que se han hecho con la propiedad de la vivienda pública que se construyó con dinero público; fondos buitre que son sustentados por sus accionistas: Estados sátrapas, entidades financieras, grandes empresas, corporaciones y, como no, también la Iglesia.
El fascismo innova poco, de hecho, Mussolini se inspiró y adoptó la simbología de la Antigua Roma. Fue financiado por la Confederación General de la Industria italiana. El nacionalsocialismo de Hitler fue apoyado económicamente por BMW, Bayer, Siemens, Volkswagen o Allianz. Y el franquismo lo fue por la Banca March o la Sociedad Azucarera Larios. No son todos, pero sí los más destacados.
Entre esta mafia hay escalafones: los hay de medio pelo, como IDA, y de campeonato mundial, como Trump; y estos últimos son los muy peligrosos, pues, sin menospreciar el daño que decisiones políticas como la de los “protocolos de la vergüenza”, que costaron la vida a 7.291 personas en las residencias de Madrid, Trump, Netanyahu o Putin, responden a los intereses de multinacionales, grandes fortunas y oligarquías; solo hay que hojear la revista Forbes del 17 de agosto de 2024, en el artículo titulado “Quiénes son los principales donantes multimillonarios de Trump”: Ilon Musk (propietario de Tesla), Woody Jhonson (Jhonson & Jhonson), Miriam Adelson (Casinos Sheldon Adelson), Timothy Mellon (Ferrocarriles Pan Am Systems), entre otros muchos y muchas.
Los fascistas de hoy organizan guerras por presión de los lobbies de la industria armamentística y petrolera; también de otras, para poder vender sus productos de la muerte y controlar los mercados. De esta manera se pone en marcha un macabro efecto dominó de muerte, destrucción y empobrecimiento: bombardean sin cesar y disparan sin miramiento contra civiles -hombres, mujeres y niños-, personal sanitario, periodistas… Arrasan poblaciones enteras para ocupar el territorio. Y desatan una ola de especulación que sube desmesuradamente los precios de los productos básicos, provocando el empobrecimiento de asalariados y pensionistas en todo el mundo, incluyendo a la interclasista clase media. Sin lugar a dudas, esto no sería posible si los estados e instituciones que dicen rechazar el genocidio en Gaza y las guerras, no mantuviesen relaciones comerciales y diplomáticas con los estados criminales.
En nuestro país tenemos una particularidad el fascismo tan rancio que anida en las instituciones heredadas de la dictadura, con la capacidad de impulsar juicios paralelos, como los que se han televisado estos días atrás; buscan no solo limpiar por enésima vez al partido fundado por el franquista Fraga Iribarne e inculpar a Sánchez, aunque sepan de antemano que las causas contra su hermano y su mujer tienen un efecto más mediático que judicial. Se afanan en limpiar de polvo y paja las instituciones que en buena medida dan continuidad al régimen predemocrático: resultado de que la «ruptura democrática» planteada después de la muerte de Franco NO se realizó, o sea sigue pendiente.
Mienten cuando apelan a la patria y la nación. La primera víctima de la política totalitaria de Trump o Putin es su propio pueblo, a quienes no dudan en reprimir salvajemente. Porque los intereses de esta minoría son contrarios a los intereses de la mayoría de la sociedad de cualquier país. Reaccionan con violencia cuando las reivindicaciones de los pueblos son contrarias a sus negocios y beneficios; por eso rechazan con intolerancia la reivindicación de renacionalización de los privatizado -un ejemplo claro lo tenemos aquí, en el rechazo de la derecha a la derogación de la Ley 15/97-.
Falsean la verdad cuando provocan una guerra para salvaguardar los intereses e inversiones se sus patrocinadores/corruptores: lo hizo George H.W. Bush al invadir Irak al inicio de la década de los 90 del siglo XX. Lo hizo su hijo una década después, destruyendo Irak, para someterlo y disponer de sus recursos. Lo vienen haciendo los distintos gobiernos de Israel desde 1948 en Palestina, donde, a nombre del terrorismo, han ocupado la mayoría del territorio palestino, y lo están haciendo ahora en Líbano. Como lo hace Putin en Ucrania, para defender los intereses de los oligarcas rusos, en su pelea por no perder el negocio energético con Europa.
Claro que el régimen teocrático de Teherán es criminal con su propio pueblo, pero los Estados son algo más que un régimen, por muy criminal que este sea. No se puede pretender “liberar” a un pueblo masacrando a ese mismo pueblo, y si las cosas no salen como les interesaban dejan a ese pueblo en la estacada, como en Afganistán.
Cada día se espera menos de las instituciones internacionales, despreciadas a su vez por esta ola de neofascismo: ONU, OMS, UE, incluso la OTAN está siendo vituperada, por mucho que su secretario general, el Sr. Rutte, se arrastre a los pies de Trump cada vez que se le presenta la ocasión.
Solo cabe esperar que la clase perjudicada, esa mayoría que paga las consecuencias de un sistema económico pensado por y para que unos pocos individuos exploten a los demás a nombre de su “libertad individual”, se organice y se movilice.
El congreso de la confederación alemana DGB se celebró del 10 al 13 de mayo de 2026 en un contexto político marcado por los preparativos de una guerra de agresión contra Rusia por parte del Gobierno de Merz/Klingbeil. La transición de la economía hacia una economía de guerra exige un desmantelamiento radical de todas las conquistas sociales y democráticas conseguidas con gran esfuerzo por el movimiento obrero. Para ello, el Gobierno pretende apoyarse en una dirección sindical «belicista».
En 2027, el presupuesto de guerra (incluido el fondo especial) debería alcanzar los 125 000 millones de euros. Este año se prevén 3 000 millones de euros adicionales en ayuda militar para Ucrania. Como medida de precaución, el ministro de Guerra, Pistorius, ha desplegado dos buques de guerra en el estrecho de Ormuz, implicando aún más al Gobierno en la guerra de agresión desencadenada por Trump. […]
Ya se trate del ataque contra nuestro seguro público de enfermedad (GKV), de la erosión de las pensiones públicas, de la ley sobre el tiempo de trabajo (supresión de la jornada de 8 horas)… y, sobre todo, del proyecto de servicio militar obligatorio, todo el programa del Gobierno federal se enfrenta a la oposición de todos los sindicatos de la DGB. Los abucheos con los que fue recibido el provocador discurso de Merz en el congreso reflejan el rechazo de la enfurecida mayoría de nuestros compañeros.
No cabe duda de que la dirección de la DGB tenía la intención de confirmar, durante el congreso, su acompañamiento y su apoyo «críticos» a la política del Gobierno. Pero ya desde la fase preparatoria, numerosas discusiones en las bases hacían presagiar una resistencia.
La dirección sindical negó que la guerra implicara necesariamente una guerra social. Existía una auténtica prohibición de debatir, en todos los sindicatos, cuestiones relativas a la política bélica del Gobierno federal. Durante las manifestaciones del 1 de mayo, algunos responsables locales de la DGB prohibieron llevar pancartas y estandartes con palomas de la paz.
LA BASE SINDICAL EXIGE DEBATE
Pero no se pudieron acallar las discusiones en la base. […] La juventud sindical lanzó una impresionante campaña contra el servicio militar obligatorio y apoyó las huelgas escolares en numerosos lugares, lo que llevó a 40 000 jóvenes a volver a salir a la calle unos días antes del congreso de la DGB. La iniciativa «¡Sindicatos contra el rearme y la guerra! ¡Capacidad para la paz en lugar de capacidad para la guerra!» se dirigió a los delegados mediante una carta abierta, en la que subrayaba, entre otras cosas, el vínculo entre el rearme y los recortes presupuestarios en el ámbito social.
En este contexto, dos días antes del congreso se presentó a los delegados una moción a iniciativa del comité federal de la DGB: «Ser capaces de paz en lugar de preparados para la guerra».
Y conviene destacar el claro rechazo a la reintroducción del servicio militar obligatorio, que los jóvenes califican acertadamente de servicio de guerra. Pero quizá el punto más importante sea que la moción encarga a todos los órganos sindicales que inicien un debate abierto sobre cómo podemos, «como sindicalistas […], contribuir eficazmente a un mundo sin guerra».
«¡VENID A LONDRES!»
A pesar de todas las cuestiones pendientes y las contradicciones, los debates durante este congreso de la DGB reflejan la voluntad de una amplia base de sindicalistas y jóvenes de romper con la política bélica del Gobierno. […]
Bajo un estruendoso aplauso, una delegada leyó una declaración del expresidente de IG Metall, Klaus Zwickel: «Los sindicatos ingleses nos llaman —a nosotros, sindicalistas— a ir a Londres. […] Es necesario y urgente que los sindicatos de cada país, a nivel europeo e incluso internacional, se unan contra el rearme, la militarización y los preparativos de guerra. Por eso pido a mis colegas que apoyen la conferencia de Londres contra la guerra, que la debatan y que acudan a Londres. »
Las inversiones en armamento son inútiles en cuanto a sus efectos sobre el crecimiento. ¡A menos que haya guerra!
Defraudar las expectativas con las que se llega a una posición de poder, a la dirección del principal partido de la derecha, el PP, es un continuo, es la vitola que viene caracterizando la ejecutoria política de Alberto N. Feijoo. Al cumplir cuatro años al frente del partido, la hoja de servicios del hombre que vino de Galicia con el mensaje de moderación para hacer una oposición racional y dialogante no solo se ha diluido como un azucarillo en el café, sino que ha mutado en beligerancia y frentismo que convierte al oponente en enemigo al que hay que batir, sin importar que por el camino se degraden las instituciones y, con ello, la democracia.
Feijoo viene demostrando desde que llegó a la sede de Génova que no le importa nada, ni ocho ni ochenta como decía mi abuela, más que cazar la pieza: el usurpador que habita en la Moncloa, el que le arrebató el poder, Pedro Sánchez, que de este modo convierte en una obsesión que nubla su capacidad de pensamiento y le sitúa en la realidad paralela en la que vive. Cerrazón mental obsesiva que trasmuta la acción política en mera táctica que se mueve al albur de cualquier acontecimiento que pueda utilizar y retorcer con la mentira para atacar al enemigo, que para fructificar necesita de una corte pretoriana que comulgue y diga amén a sus erráticas propuestas, con el efecto de convertir al PP en una formación política que no mira por las necesidades de la ciudadanía, centrada en conseguir el poder como sea: a costa de lo que sea.
Por eso, su PP carece de proyecto y estrategia política para el medio y largo plazo que aporte soluciones a los problemas de la ciudadanía, sino que se mueve por mero tacticismo a golpe de falsedades configuradas con titulares de periódicos y medios digitales afines, para elaborar un discurso puntual que le sirva para atacar al Gobierno a partir de un hecho circunstancial, por nimio que sea, que eleva de categoría hiperbolizando lo sucedido que le permite lanzar las muletillas siempre presentes en sus discursos: éste Gobierno genera caos porque no sabe gestionar los problemas, está inundado de corrupción y usa las instituciones en su propio beneficio.
Deslegitimar al Gobierno es el mensaje axial que permea toda la táctica que emplea Feijoo en sus intervenciones desde el inicio de la legislatura: usted es un presidente ilegitimo. Afirmación que levantó la veda para utilizar todo tipo de discursos disruptivos y faltones, mentirosos y falaces, para acabar con Pedro Sánchez convertido en un desalmado al que hay que disparar a toda hora y con lo que sea. Táctica que anuló, que mató, cualquier tipo de negociación e inauguro la polarización en el escenario político español.
En su obsesiva torpeza, Feijoo no cayó en la cuenta —o a lo mejor sí y nos tiene a todos engañados— de qué al deslegitimar la capacidad del Gobierno progresista para gobernar, deslegitima la democracia parlamentaria de la que nos hemos dotado, tal y como figura en la Constitución, donde se establece que gobierna el grupo político que obtiene el apoyo parlamentario mayoritario. Esta incapacidad para comprender, para aceptar las reglas del juego, por la razón egoísta de que no me conviene, degrada el sistema democrático— bien sea por acción deliberada o desconocimiento— que convierte al PP de Feijoo en un partido tóxico para la democracia.
Desde este punto, y en lugar de reflexionar sobre el porqué de la incapacidad de su PP para articular apoyos parlamentarios para alcanzar la mayoría, lo que le llevaría a tener que aceptar la diversidad de la sociedad española articulada en un Estado Autonómico, cuasi federal; Feijoo y sus secuaces, se empeñan en mantener una visión frentista con respecto a algunos territorios con una fuerte carga nacionalista y una cultura propia definida, que choca con su modelo uniformador y homogéneo de lo que es y debe ser España. Es este poso autoritario, franquista, que anida en el sector de la derecha más rancia y tridentina, el que opera en la mente de Feijoo y le impide situarse en el tiempo histórico en el que estamos, que reclama una derecha racional acorde con los parámetros de la derecha moderada europea capaz de llegar a acuerdos con la izquierda socialdemócrata que España necesita como el comer, para acabar de una vez con el frentismo y la polarización de la política nacional.
Quizá sea pedirle peras al olmo, ante la indignidad que supone acusar de ilegítimo al Gobierno, y por tanto de inconstitucional, por parte de una formación política que durante cinco años se nego a cumplir con el mandato constitucional de renovar el CGPJ. Formación que mantiene y utiliza un brazo judicial afín para acosar judicialmente al Gobierno, el Presidente y parte de su familia, a partir de denuncias sin pruebas fundamentadas en titulares de medios, financiados con dinero público de Ayuntamientos y CCAA gobernados por la derecha. Partido que rechaza la reforma del vetusto sistema judicial español, para mantener el reducto de poder de determinados jueces que les ayudan a opacar en la instrucción de sumarios, los desmanes y corruptelas de dirigentes del partido para que se vayan de rositas personajes como M. Rajoy o Cospedal.
PP de Feijoo que olvida, porque le beneficia, que el Fiscal General del Estado siempre es elegido por el Gobierno de turno, como los eligió Aznar y Rajoy cuando gobernaron, y no una usurpación de los poderes del Estado de la que acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez. Que hace más mal que bien a la democracia y a la ciudadanía cuando utiliza el mantra del sanchismo, para criticar las reformas sociales aprobadas por el gobierno que mejoran la vida de las clases medias y trabajadoras, para ocultar su voto en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, o su no a apoyar la declaración de zonas tensionadasen los barrios de las ciudades donde han subido tanto los precios del alquiler de vivienda, que obliga muchas personas a, en el mejor de los casos, compartir piso como sucedía en los años cincuenta del siglo pasado.
Y ya el sumun es la incapacidad del PP de Feijoo para presentar un proyecto de futuro a la ciudadanía que no sea el mantra de bajar impuestos, mientras pide de continuo al Gobierno progresista aumentar la inversión en cualquier sector económico o social donde surge un problema, o le acusa de no invertir lo suficiente; por ejemplo, aprovechando indignamente la tragedia de la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico. Feijoo utiliza sin tiento todo para atacar al Gobierno, pero oculta sus errores que no reconoce nunca, y ampara a los miembros del partido inmersos en procesos judiciales por malversación o abusos sobre la mujer.
La estrategia de estar al ataque de manera permanente, con y por lo que sea, no solo emponzoña el ambiente político que se hace irrespirable para sus propios protagonistas, sino que aburre a la ciudadanía que huye de los conflictos forzados e inventados, que dejan libre el espacio conservador a Vox. Éste es el actual PP, convertido por Feijoo en tóxico para la democracia española.
Vicente Mateos Sainz de Medrano
Periodista y profesor universitario. Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas
El espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid vuelve a llamar a las y los madrileños a manifestarse en defensa de la Sanidad Pública, como lo viene haciendo en estos últimos años. La manifestación tendrá lugar el domingo 31 de mayo.
Todas las organizaciones, políticas, sindicales y asociaciones de toda naturaleza deberían llamar a participar y volcarse en promover y hacer que esta manifestación sea un estallido social, en defensa de uno de los servicios públicos fundamentales: el que está diseñado para atender la salud de todas las personas que habitan en nuestro país.
Las organizaciones sociales, los partidos políticos particularmente, tienen una oportunidad para dejar a un lado los eslóganes y promesas electorales, para pronunciarse nítidamente contra la privatización de la Sanidad Pública, sin eufemismos, sin medias tintas; la colaboración público-privada se ha demostrado que no es más que una coartada para trasvasar dinero público a las cuentas de beneficios de las empresas.
Si la izquierda política y sindical quiere recuperar el prestigio y la confianza de la mayoría social, debería asumir un compromiso, acompañado con hechos, para combatir lo que están haciendo las derechas, contrarias a que el Estado sea un elemento de equilibrio entre la clase pudiente y la clase trabajadora.
Es una vergüenza lo que la derecha lleva muchos años haciendo para destruir la sanidad pública; método que también aplican a la educación, las residencias de mayores y las pensiones. Están planificando el deterioro de los servicios públicos para justificar la privatización. Esto no es exclusivo de la Comunidad de Madrid, aunque en Madrid se esté produciendo de forma más agresiva.
Cómo lo hacen: No se contrata el personal necesario, ni con motivo del crecimiento de la población ni siquiera para dar cobertura a las jubilaciones que se producen cada año. La Comunidad de Madrid cerró 2025 con una población de 7.113.886, con unas ratios de personal sanitario por cada 1.000 habitantes muy por debajo de las europeas:
Enfermeras. 6,54 por cada 1.000 habitantes, frente a 8,19 de media en la UE.
Pediatras. 0,86 por cada 1.000 habitantes menores de 14 años, frente a 1,21 de media en el conjunto de las comunidades autónomas.
Médicos de Familia. 0,77 por cada 1.000 habitantes, frente al 0,8 de la media en el Estado.
Camas hospitalarias. 1,9 por cada 1.000 habitantes, frente a las 5,1 de media en la UE.
El déficit de personal sanitario provoca una carga de trabajo en las y los trabajadores de la Sanidad Pública que pone en riesgo la salud tanto de trabajadoras y trabajadores como de pacientes. Además, este déficit de personal sanitario, en la Atención Primaria, provoca que el tiempo de espera entre que el paciente solicita una cita en su Centro de Salud y que es recibido por su médico supere de media los 10 días de espera, frente a las 72 horas máximas recomendadas para la medicina de familia.
Una derivada de lo anterior es la saturación de las urgencias hospitalarias; con pasillos llenos de camas, salas de espera atestadas y horas en espera de ser atendidos.
Toda esta situación tiene una traducción económica, pues la Comunidad de Madrid lleva años siendo la que menos presupuesto por habitante destina a la Sanidad Pública. En 2024 se ejecutó un gasto de 1.424 €/hab., el 61,59% menos que la que más gasta (Asturias 2.301€) y un 31,2% menos que la media de las comunidades (1868 €/hab).
A todo lo anterior hay que añadir que en la Comunidad de Madrid las listas de espera superan el millón de pacientes, lo que significa que el 14 % de la población madrileña está esperando para ser atendida, sin contar la espera en la Atención Primaria:
Consultas externas hospitalarias 730.322
Intervenciones quirúrgicas 86.540
Pruebas Diagnósticas 186.446
Hay que recordar que las competencias sobre la Sanidad Pública las posee la Comunidad de Madrid desde diciembre de 2001. Por lo que no cabe jugar con los ámbitos de responsabilidad.
Lo normal es que ese 26% de la población en España que tiene capacidad económica contrate una póliza de seguro de salud privado, cifra que en Madrid se ha disparado al 44,6%. Es de lo que se trata, de fomentar el negocio de las empresas privadas, empujando a las personas que económicamente pueden a caer en manos del negocio de la salud, aunque luego, debido al tratamiento o la complejidad en una intervención quirúrgica, sean devueltos a la Sanidad Pública.
La Ley 15/1997 y algunos artículos de la Ley 14/1986 es la legislación que permite, incluso anima, a la privatización de la sanidad. La falsa teoría de la bondad de la colaboración púbico-privada, en materia sanitaria, era que cuando el Estado no pudiese atender sus responsabilidades para con el derecho a la protección de la salud (Artículo 43 de la Constitución) se pudiese concertar con establecimientos de salud privados. Esto se ha convertido en que el Estado dimite de su responsabilidad, cada día más, para poner la salud de todas y todos en manos de especuladores que priman el beneficio de sus empresas y el dividendo a sus accionistas, en perjuicio de la mayoría social que no tiene capacidad económica para contratar servicios privados. Un mercado de casi 15.000 millones de euros anuales del que al menos un tercio es dinero de nuestros impuestos.
Espero que el día 31 de mayo sea un éxito de asistencia que contribuya a concienciar a toda la población para exigir de manera firme a los grupos parlamentarios que aprueben el proyecto de ley que frena la gestión privada de la sanidad pública; una pena que solo la pretenda frenar y no la elimine.
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