El oligopolio bancario español saquea a sus cautivos clientes

Las entidades financieras en nuestro país -Las 24 entidades agrupadas en la Asociación Española de Banca (AEB) + las 9 de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) + las 42 de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), las conocidas como cajas rurales – suman un volumen de activos que multiplica por 2,66 el PIB español, a diciembre de 2024; PIB que se situó en 1.594.330 millones de euros.

Con datos de los anuarios de AEB, CECA y UNACC de 2024, el volumen de activos de sus entidades asociadas, expresado en millones de euros, es el siguiente:

  • Las 24 entidades de AEB aglutinan el 74% 3.133.938
  • Las 9 entidades de la CECA aglutinan el 22,66% 959.485
  • Las 42 entidades de UNACC aglutinan el 3,34% 141.640

El total de activos de las entidades financieras suma 4.235.063

Hago esta introducción para ayudar a entender uno de los ejes de este artículo: la concentración bancaria en España. Esta concentración se mide internacionalmente tomando la suma de los activos de las 5 entidades más grandes (índice Herfindahl-Hirschman (IHH), que en nuestro caso son:

Las cinco entidades más grandes conforman un oligopolio financiero que concentra el 85,05% del total de activos del sector -en 2008, la concentración bancaria en España era del 42%-. La concentración bancaria en la UE, en promedio, en 2024 era del 67,28%. Si algún lector tiene interés, no tendría ningún inconveniente en desagregar estas macro cifras por entidad y/o asociación patronal bancaria.

A la vista de estos datos, es comprensible la posición del Gobierno al mostrarse en contra de la operación hostil que el BBVA ha intentado para hacerse con el Banco Sabadell. De haber salido adelante la pretensión del BBVA, la concentración bancaria hubiese alcanzado el 87,35%, al unificarse BBVA y Sabadell, y pasar Ibercaja a formar parte del Top 5.

Es importante entender y tomar conciencia del nivel de concentración bancaria, pues, con las reglas del libre mercado, las cinco grandes entidades marcan la tendencia al resto del sector financiero. Aunque las entidades se agrupen básicamente como lo han hecho a lo largo de su historia, exceptuando: Caja de Ahorros y MP de Ontinyent y Colonya Caixa d`Estalvis de Poyença, el resto de entidades que se organizan en CECA pasaron de ser cajas de ahorros a bancos.

Esto puede parecer una cuestión menor; que sean cajas o sean bancos, pero no lo es, pues la diferencia es si los beneficios se reparten en dividendos o si se destinan a obra social, como ocurría antiguamente. El cambio lo señaló políticamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la década de los 90 del pasado siglo y lo voceó en España el “prestigioso” Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía con el Señor Aznar. El Sr. Rato decía que “las cajas de ahorro no puede ser entidades sin dueño”, es decir, no puede haber empresas que no tengan accionistas. Esta orientación política, puramente liberal, contra las cajas de ahorro llevó a una campaña de desprestigio de las cajas; en muchas de las ocasiones merecido, pero que la finalidad era que el sector bancario, puramente privado, fagocitase al sector de cajas de ahorro, que eran entidades sin ánimo de lucro propiedad de los impositores, las entidades sociales y municipales.

Antes de la crisis financiera e inmobiliaria de 2008, el sector financiero se dividía del siguiente modo: 50% de los activos los acaparaban los bancos, las cajas el 45,4% y las cajas rurales el 4,6%. La comparativa deja claro hasta qué punto el objetivo del capital financiero internacional se ha conseguido: el 96,6% del volumen de activos está en manos de bancos, independientemente de la asociación patronal en que se organizasen las entidades.

El proceso de concentración bancaria en España no comenzó con la crisis de 2008, ni ha finalizado tras darla oficialmente por cerrada. Un par de ejemplos:

  • En 1982, el Estado puso 291.000 millones de pesetas (1.750 millones de euros), para sanear Banca Catalana, el Banco que en 1959 se montó la familia Pujol; entidad que terminó siendo absorbida en 1984 por el Banco de Vizcaya ´hoy inserto en el BBVA-.
  • En 1978, Banesto adquirió el Banco Coca. En diciembre de 1993 Banesto fue intervenido por el Banco de España y en 1994 fue adquirido por el Banco Santander.

Podría citar otros ejemplos, como el de Banco de Valencia, hoy digerido por Caixabank, los 18 bancos del Grupo RUMASA o Banco Simeón. Estos y otros muchos casos configuran la historia de la concentración de la banca en España, pagada, la mayoría de las ocasiones, con dinero público. En este sentido, cabe concluir que la viabilidad de una entidad financiera no reside en si es de naturaleza pública o privada, sino de cómo es gestionada. Por ende, con los mismos motivos que se entregaron las cajas a los bancos, podrían haber entregado los bancos a las cajas, o haberlos nacionalizado a todos, a fin de cuentas, todos lo hemos pagado.

En el año 2000 había 206 entidades financieras, entre bancos, cajas de ahorro y Coop. de Crédito. Hoy suman 75, por lo que la crisis de 2008 y los años posteriores tiene la peculiaridad de que la concentración bancaria se ha acelerado brutalmente, reduciéndose el número de entidades en un 64%.

Lo peor de este proceso acelerado de concentración, ha sido que por el camino se han destruido más de 120.000 puestos de trabajo y se han cerrado más de la mitad de las oficinas bancarias que había antes de 2008. Y todo esto nos ha costado 65.000 millones de euros públicos para el saneamiento de las entidades, más los 35.000 millones de la SAREB; al hacerse cargo el Estado de los inmuebles de las entidades. Un total de 100.000 millones de euros que bancos y banqueros no han devuelto a los contribuyentes.

El Estado, todos los gobiernos, tiene su responsabilidad en este devenir y en la cautividad que sufren los clientes de los bancos, pues no tenemos opciones públicas para domiciliar la nómina o la pensión, para pagar los recibos de los suministros domésticos, para depositar nuestros ahorros o para acceder a un préstamo hipotecario. Renunciar a dotar al Estado de banca pública, no para competir con las entidades privadas, sino para dar una solución a la sociedad que está siendo esquilmada a base de comisiones bancarias e intereses.

Hay unos gobiernos que tienen más culpa que otros, sin duda. Por ejemplo, Felipe González fue quién abrió la puerta a la privatización de la banca pública agrupada en Argentaria; operación de privatización que completó Aznar. Zapatero y Rajoy, muy particularmente este último y su ministro de Economía, Industria y Competitividad, el Sr. De Guindos, remaron a favor de la banca en la concentración bancaria de la crisis de 2008. Y el gobierno actual, habiendo que reconocer que se ha opuesto a que la concentración bancaria continúe, ha dilapidado en buena medida la posibilidad de dotar al país de una banca pública, que cubra las necesidades básicas de la mayoría social, al integrar Bankia en Caixabank, pues Bankia era una entidad 100% pública, saneada con 22.000 millones del erario público.

Entre las tres primeras entidades: Caixbank 18,5 + Santander 15 + BBVA 11, suman 44,8 millones de clientes. Es decir, que el 99% de la sociedad estamos cautivos y desarmados, en manos de un sector de actividad privada privilegiado.

Roberto Tornamira Sánchez
Fue Secretario Estatal del Sector Financiero,
Seguros y Oficinas de la FeSMC-UGT

La IA, artificial pero poco inteligente

La primera dificultad de los mayores de 45 años (media de edad de la población española) pudiera ser entender de que diablos hablamos cuando oímos o leemos el término ese de Inteligencia Artificial.
Empeñado con entenderlo a mis 63 años he visto que casi todas las multinacionales tecnológicas, que son las que pintan algo en este asunto coinciden en algo parecido a esto:
« La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas y tecnologías capaces de realizar tareas que, normalmente, requerirían inteligencia humana. Esto implica dotar a las máquinas de capacidades como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la comprensión del lenguaje natural y la creatividad »

La primera pregunta que podemos y debemos hacer para actuar inteligentemente es la de siempre cuando uno es un trabajador1, un estudiante, un ciudadano consciente de que vivimos en el capitalismo: ¿Esto es útil, me debo interesar en ello? Y mi punto de vista en ese sentido es radicalmente claro, SI, debes tenerlo en cuenta, y lo puedo argumentar.
¿Dejarías de utilizar el teléfono, el tren, la imprenta, las herramientas que los avances tecnológicos han proporcionado a la humanidad por el hecho de que sean utilizados para destruir el pueblo palestino, para exterminar a más de un millón de ucranianos y rusos, para incrementar hasta el paroxismo el beneficio capitalista llevando a miles de millones de personas al hambre física2? Obviamente, no, porque las herramientas, los avances tecnológicos, en la medicina, en la agricultura, en la industria, en el transporte, son la base de una futura sociedad basada en la búsqueda de la felicidad para la propia humanidad.3

La I.A. y su burbuja

No es solamente en los medios de comunicación donde puedes hablar e incluso debatir sobre si este campo de la informática va a sufrir una cosa llamada burbuja financiera, incluso te hablarán de ello en los infinitos cursos que te ofrecen empresas privadas, unos directamente y otros a través de cursos financiados con dinero público pero que serán organizados por esas u otras empresas privadas (sin ir más lejos, los del Servicio Público de Empleo Estatal [SEPE]).
¿Se refieren a eso cuando nos hablan de burbuja de la IA? Buscando con la ayuda de la propia IA (porque no te queda más remedio, porque ya los buscadores en internet la utilizan te guste o no), se encuentran algunas explicaciones, de las cuales amigo lector te dejo la que me ha parecido más comprensible.4

La IA y los despidos masivos

No es nada difícil encontrar sesudos economistas, políticos e incluso burócratas sindicales que explican los planes de despidos brutales de Amazón o las tecnológicas5.
Cualquiera puede preguntarse: si los beneficios empresariales de estas empresas son gigantescos incluso con la creciente aplicación de la IA, ¿porque despedir?.
Utilizando una aplicación de IA ligada a Google hemos preguntado:
¿Como justifican las empresas punteras en IA sus miles despidos cuando anuncian al mismo tiempo miles de millones en beneficios?Y entre otras cosas nos ha respondido:
(…) Existe un escepticismo considerable sobre si la IA es la causa real de todos los despidos o si se está utilizando como una «cortina de humo» conveniente para justificar recortes de personal por razones financieras más tradicionales, como la codicia corporativa o la subcontratación. Algunas empresas incluso admiten que la IA es solo uno de los factores, y no el principal, detrás de las decisiones de reducción de plantilla. (…)6

Una vez más, imprescindible el socialismo

Si, como la electricidad de la que no disponen en Gaza o en la Cañada Real de Madrid7 es imprescindible para la supervivencia de la humanidad también la inteligencia artificial puede ser un elemento de gran ayuda para el desarrollo de esta hacia un mundo pleno donde la libertad, la igualdad y la fraternidad sea una realidad que la burguesía cono clase social ha sido incapaz de implementar.
Por duro que parezca, aunque el escepticismo ataque una y otra vez, hay que mirar de frente, empezando por eso que llamamos estado y que supuestamente ahora nos llevaría en España a defender al Fiscal General, hombre de estado defenestrado por otros hombres de estado.
Usando IA nos resulta lo siguiente:
Pregunta:
¿Quien y cuando alguien definió al estado como destacamentos de hombres armados? Respuesta:
La frase de que el Estado consiste fundamentalmente en»destacamentos especiales de hombres armados» (o «cuerpos especiales de hombres armados») proviene de las obras de Vladimir Ilich Lenin. Lenin atribuye esta idea aFriedrich Engelsy la desarrolla ampliamente en su libro fundamentalEl Estado y la revolución. 

Mikel González, diseñador gráfico de oficio,
socialista revolucionario y aprendiz de IA

Las universidades públicas madrileñas ante la encrucijada de una infrafinanciación crónica

Por Miguel Albalá
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

El 26 y 27 de noviembre de 2025, las seis universidades públicas madrileñas (UCM, UAM, UPM, UC3M, URJC y UAH) fueron a la huelga. No fue un gesto simbólico ni una simple “batalla cultural” sino la respuesta del estudiantado, PDI y PTGAS a una política sostenida de infrafinanciación y mercantilización que pone en riesgo la supervivencia de la universidad pública en Madrid.

Desde hace más de una década los campus madrileños sobreviven entre precariedad, sobrecarga y deterioro, aunque no todos los actores analizan igual la situación. Parte del PDI y del estudiantado cuestiona la necesidad del paro, alegando que los problemas son estructurales en todo el país y que las movilizaciones deberían ser estatales. Reclaman una hoja de ruta nacional que garantice: por un lado, la igualdad de oportunidades en un sistema con cada vez menos plazas en sus titulaciones pese a la creciente demanda; y por otro lado, que recupere el papel de la universidad como ascensor social, responsabilidad que atribuyen al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (aunque las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas).

Sin embargo, el caso de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la mayor del país, simboliza la asfixia financiera específica de la región. En octubre la UCM reconoció públicamente que su crisis deriva de una infrafinanciación continuada desde 2008 (compartida con el resto de universidades públicas madrileñas) y reclamó un modelo de financiación adecuado. La universidad ha tenido que verse sometida al endeudamiento con la propia Comunidad de Madrid mediante un préstamo de 34,5 millones (con 4,4 de estos en intereses), viéndose obligada a mantener hasta 2028 una retención del 35 % del gasto de facultades. Este patrón reproduce el seguido por el gobierno autonómico en otros servicios públicos: debilitarlos e infrafinanciarlos hasta su deterioro y desprestigio, para luego promover la colaboración público-privada como única alternativa.

La infrafinanciación no siempre es visible para toda la comunidad universitaria en lo inmediato, pues a menudo se camufla con el esfuerzo del personal y el propio estudiantado de las facultades. Pero sus efectos son claros: menos plazas en grados y posgrados, grupos masificados, peores condiciones docentes, infraestructuras deterioradas, descenso de becas y apoyos, y una calidad educativa sostenida a base de malabarismos que suelen terminar frustrados. En definitiva todo ello supone una ruptura con la igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad formativa a través de la universidad pública.

Ante esto, la Coordinadora de Plataformas en defensa de la Universidad Pública convocó la huelga para toda la comunidad universitaria. Sus motivos principales son:

  • La Comunidad de Madrid destina menos del 0,5 % del PIB a sus universidades, pese al objetivo del 1 % fijado en la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario).
  • Presenta como grandes logros incrementos en el presupuesto del 3,8 % en 2025 (42 millones adicionales frente a los 200 millones que reclaman los rectores) y del 6,5 % en 2026 (75,3 millones), insuficientes para revertir la congelación (y recortes a efectos prácticos) desde 2008.
  • Es la región más rica del Estado, pero la que menos invierte por estudiante.
  • Impulsa una nueva ley universitaria (LESUC) que refuerza la lógica empresarial, limita la autonomía universitaria, endurece el régimen disciplinario y abre la puerta a nuevas formas de privatización y restricciones a la protesta.

Las plataformas reclaman: 1) Financiación estable y suficiente para cubrir costes reales y revertir recortes; 2) Retirada o modificación profunda de la LESUC por su impacto en la autonomía, la libertad de expresión y las condiciones laborales; y 3) Un plan contra la precariedad y la temporalidad que afecta al PDI joven, becarios, investigadores y personal subcontratado.

La convocatoria que contó con el respaldo de los principales sindicatos (CCOO, UGT, STUM, CNT, CGT, Sindicato de Estudiantes, entre otros) fue un éxito: alcanzando un seguimiento medio del 72% en el paro y la huelga (según CCOO), así como una asistencia de 55.000 manifestantes (según las plataformas organizadoras).

Embargo de armas integral y  Ruptura total de relaciones con Israel. El Genocidio continua

Declaración de la DSA tras la victoria de Zohran Mamdani  

Declaración emitida por la organización estadounidense Democratics Socialists of America (DSA) el 4 de noviembre tras la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York. 

La victoria del socialista demócrata Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York es una victoria para la clase trabajadora. Los neoyorquinos han logrado la victoria electoral más monumental del movimiento socialista estadounidense en el último siglo, a pesar de los millones de dólares invertidos para impedirlo. 

En la actualidad, los multimillonarios tienen más dinero que nunca. El resto de nosotros tenemos dificultades para llegar a fin de mes. Y la clase política se encarga de que siga siendo así. La campaña de Zohran prometió una alternativa: una ciudad que funcione para los trabajadores. 

Gracias a la victoria de Zohran, el pueblo ha derrotado a la oligarquía; la clase trabajadora ha derrotado a las grandes empresas; el socialismo democrático ha derrotado al statu quo del Partido Demócrata. Este movimiento ha sido impulsado por más de 99 000 voluntarios y millones de votantes. Miles de miembros de la DSA en Nueva York han desempeñado un papel fundamental en la campaña como personal y voluntarios: han llamado a las puertas, han llamado a los votantes, han hablado con sus compañeros de trabajo y han organizado acciones en nuestros sindicatos y comunidades. 

Estas elecciones demuestran que las ideas socialistas democráticas son populares y que las personas organizadas pueden vencer el poder del dinero. Zohran no ha tenido miedo de decir con valentía lo que piensan sus votantes y la mayoría de los estadounidenses: que Palestina debe ser libre y que Estados Unidos no debe ser cómplice del genocidio perpetrado por Israel. 

Nuestro movimiento ha obtenido una victoria decisiva, pero las verdaderas luchas no han hecho más que empezar. Los ricos y poderosos se opondrán en todo momento a la DSA y a Zohran, y ya hemos visto que no dudarán en recurrir a la islamofobia y al racismo más burdo para conseguirlo. Solo conseguiremos las reivindicaciones de esta campaña si construimos un movimiento de masas compuesto por personas corrientes de la clase trabajadora para derrotar a los políticos corruptos del establishment. 

Estamos deseando luchar junto al alcalde Mamdani para conseguir una congelación de los alquileres, autobuses rápidos y gratuitos y una guardería universal. Seguiremos luchando por una Palestina libre, por sacar a la ICE de nuestras ciudades, por encontrar alternativas a la policía que garanticen realmente la seguridad de las comunidades y por resistir los ataques de Donald Trump contra nuestros servicios sociales. 

La DSA seguirá apoyando a los socialistas demócratas que se presentan a las elecciones en todo Estados Unidos, mientras construimos un movimiento político surgido de la clase trabajadora y al servicio de esta, capaz de derrotar a la oligarquía y ganar la revolución política. Los socialistas no se conforman con ganar y disputar las elecciones en Nueva York. 

Este año hemos apoyado a 18 candidatos de la DSA de más de 11 secciones de todo el país que se presentaban a las elecciones locales. Nuestra comisión electoral nacional también ha lanzado una campaña nacional de recaudación de fondos, titulada «Socialist Cash Takes Out Capitalist Trash» (El dinero socialista elimina la basura capitalista), con el fin de apoyar a nuestra lista de candidatos aprobados a nivel nacional, y recaudó 100 000 dólares en solo 7 meses. 

Esta noche, la DSA de Nueva York y Zohran han demostrado que un mundo mejor es posible. Únete a la DSA para ayudarnos a construirlo. 

Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid para la defensa de la Sanidad Pública

NOTA INFORMATIVA


La noticia de la gestión de los cribados para la detección del cáncer de mama en Andalucía evidencia, una vez más, las consecuencias de la privatización y el deterioro presupuestario de la Sanidad Pública. Unos hechos que han creado alarma social en todo el Estado, y gran desconfianza en Madrid; dada la experiencia respecto a los métodos y decisiones políticas en esta Comunidad.

Las asociaciones vecinales y los colectivos que componen nuestro espacio (VVByP) enviamos todo nuestro apoyo y solidaridad con las mujeres andaluzas que han sido puestas en riesgo por la desastrosa gestión sanitaria llevada a cabo por el Gobierno de Andalucía.

Lo que ocurre en Andalucía es muy probable que sea la punta del iceberg de lo que puede estar pasando en el conjunto de las comunidades autónomas; por lo que la negativa de los gobiernos autonómicos a poner en común los datos de cribados es un claro indicio de ocultación de un problema generalizado. Hay que recordar que los datos no son de las administraciones ¡Son propiedad de las pacientes!


Los cribados son un método necesario en la detección temprana de la enfermedad: mejoran el pronóstico, posibilitan tratamientos menos agresivos, aumentan la tasa de supervivencia; a condición de que haya una buena coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria. Sin embargo, el tiempo de espera medio en Madrid para Atención Primaria multiplica por tres el tiempo que todos los expertos establecen: 72 horas. A esto hay que añadir que las listas de espera en Madrid están desbocadas: 744.000 pacientes esperan 77 días a ser atendidos por un especialista, 185.000 esperan 72 día a que les realicen una prueba diagnóstica y 81.000 esperan 60 días a una intervención quirúrgica. Más de 1 millón de madrileños y madrileñas esperan más de dos meses a ser atendidas.

Datos de la Comunidad de Madrid dicen que las mamografías para la detección del cáncer realizadas se han reducido en un 15% en los 2 últimos años, al pasar de las 232.789 pruebas diagnósticas para cáncer de mama en 2022 a 198.672 en 2024. Las mujeres de la Comunidad de Madrid tienen una espera media de dos meses para que les realicen estas pruebas.

Estas son las estadísticas. Luego está la realidad, como es el caso de una vecina del Este de Madrid, asignada al Hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares: acude de urgencia a su médico de Familia quien la prescribe una mamografía urgente. Su hospital de referencia le ha dado cita para marzo de 2026.

Nos alarma saber que la Comunidad de Madrid ha otorgado un contrato a una empresa estadounidense, para la compra de test de detección de cáncer de cuello uterino, siendo el producto más barato y con peor calidad de los licitados por las empresas que se presentaron al concurso. Nos recuerda la gestión de compra de mascarillas en Madrid, muchas de ellas inservibles. Las autoridades sanitarias que dependen del gobierno que preside la señora Ayuso, y su gobierno mismo, tienen para nosotras un plus de desconfianza. La preocupación se convierte en estupefacción viendo la agresividad del Ayuntamiento de Madrid y de la propia presidenta de la Comunidad con la agresividad con la que atacan el derecho de las mujeres a abortar.

Exigimos:

  • Que se ponga en marcha una campaña de cribado de cáncer de mama extraordinaria e inmediata para la horquilla de edad de 40 a 75 años.
  • Que la comunidad de Madrid comparta los datos de cribados con el Ministerio de Sanidad.
  • Que la fiscalía abra un expediente de investigación para esclarecer si en Madrid también se están dando fallos en el programa de cribado del cáncer de mama.
  • Que se hagan públicos los contratos con las empresas que realizan los cribados en Madrid.
  • Que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid nos reciba para explicar la situación de los cribados de cáncer de mama en Madrid, entre otros asuntos relacionados con los problemas que presenta la gestión de la Sanidad Pública madrileña. Petición que le hicimos por carta a la consejera, hace ya meses, de la que no hemos obtenido respuesta.
  • Que el Ministerio haga actuar a la Alta Inspección Sanitaria.

Adjuntamos tabla con el déficit de radiólogos y los tiempos de espera para mamografías, resonancias y tomografías computarizadas.

Publicidad aturdidora

La publicidad está adherida de tal manera a nuestras neuronas que resulta imposible desprendernos de ella, estés donde estés, hagas lo que hagas, mires donde mires. Es una sombra artificial pegada a nuestras suelas que, en determinados momentos, se convierte en un asedio insoportable para la mente por lo reiterativo de su mensaje que se introduce durante un tiempo en nuestra vida cotidiana, aunque lo que se publicite nos importe un bledo o esté muy alejado de nuestras posibilidades económicas. Y, también de la ideología que rezuman algunos de sus mensajes que solo son la extensión de una estrategia política que se publicita como si fuera un producto que se puede comprar con un chasquido de los dedos.

La publicidad es ante todo un negocio, para el anunciante que espera vender más y mejor su producto y, sobre todo, para los medios de comunicación cuyas cuentas y supervivencia se sustenta en los ingresos publicitarios que percibe, en especial, con las campañas que periódicamente ponen en marcha las grandes marcas. Relación de dependencia que muchos analistas de los medios de comunicación consideran un condicionante de su independencia informativa. Todos sabemos que hay determinadas marcas muy conocidas de las que nunca se informa sobre sus problemas y dificultades internas, por la ingente cantidad de dinero que invierten en los medios. Por eso nunca encontraremos una información, crítica o no, sobre las interioridades de gestión del El Corte Inglés, MAPFRE, Mutua Automovilística, y otras muchas que están en la memoria de todos.

Asedio que creció sin límite con internet por la facilidad de la compra a distancia y la difusión masiva de videos publicitarios, hasta el punto de convertir la publicidad en un fenómeno insertado en nuestras vidas como un elemento más de nuestro existir en el que ya ni reparamos en cuanto a su influencia en la mente. Influencia que condiciona nuestro comportamiento desde lo más básico que es estimular el deseo de compra, a lo más oculto en lo que solemos pensar: la acentuación de la estratificación clasista de la sociedad a través del valor de los objetos que se publicitan que definen el nivel de vida y de clase de su poseedor.

Publicidad que ya no se centra en las características funcionales del objeto en cuanto a los beneficios que ofrece para facilitar tareas cotidianas de todo tipo, sino que se nos presentan asociados a anhelos humanos. De ahí la expansión de términos como aspiracional, exclusivo o exclusividad que el mensaje publicitario utiliza para asociar el objeto que se publicita con el triunfo, el éxito y el ascenso social. Mensajes que se propalan en campañas masivas y machaconas que usan estas herramientas para ocultar un objetivo político o mercantil de quienes las pagan que, en el fondo, esconde una lucha por el control de su sector estratégico del mercado y sus efectos sociales.

Un ejemplo de bombardeo de impactos publicitarios ha tenido lugar estos meses pasados, con el enfrentamiento entre dos de los cinco grandes bancos: BBVA y Sabadell. El primero para convencer a los accionistas del Sabadell de las bondades de canjear sus acciones por las de la entidad vasca, y el segundo justamente para lo contrario; convencer a sus accionistas para que no aceptasen la oferta del BBVA. Ha sido una guerra mediática que ha machacado a los accionistas del banco catalán y a todas y todos los que, sin tener acciones de ninguna de las entidades, ni interés en el asunto, hemos tenido que soportar los machacones mensajes.

Los medios de comunicación utilizados por estas dos entidades financieras han sido agraciados con una lluvia extra de dinero sobre los ingresos ordinarios por publicidad. Según la web de “Infoperiodistas”, entre los dos bancos han gastado en torno a 70 millones de euros extraordinarios en esta campaña: 40 Sabadell y 30 BBVA ¿Estará en los 10 millones de diferencia el resultado de la OPA, a favor de la entidad catalana?

Como señalábamos más arriba, los medios ya se cuidan muy mucho de no informar de cuestiones relativas a las consecuencias que para la sociedad tiene el contenido del producto anunciado y las estrategias políticas de las marcas anunciantes.

La operación bancaria aludida tiene consecuencias para la sociedad; que el sector financiero continúe su proceso de concentración. No informar de algo tan importante es una contradicción con la naturaleza misma y la razón de ser de los medios de comunicación. La consecuencia es que los medios de comunicación dejan de ser independientes, dejando por ende de cumplir con su supuesta vocación de informar verazmente, con pluralidad e independencia.

Algunos datos de interés que, quizá, no estén al alcance de todos; porque los medios de comunicación de masas no se hacen eco de ellos, o no suficientemente:

  • En España se ha conformado un oligopolio financiero en el que más del 70% del sector se concentra en cinco entidades, por volumen de activos: Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter.
  • La concentración bancaria no es nueva en nuestro país, viene produciéndose desde el pasado siglo, sin bien se ha acelerado desde 2008:

En 1980 había en España 192 bancos comerciales y 84 cajas de ahorros. 2024 se cerró con 46 entidades bancarias y 2 cajas de ahorros -sin contar las 58 cajas rurales existentes-.

  • La reducción de entidades financieras ha provocado un oligopolio de 5 entidades con consecuencias muy perjudiciales para la sociedad, al ser el bancario un negocio cautivo, en ausencia de una banca pública que preste servicios básicos y de depósito:

Desde la crisis de 2008 han cerrado en España el 60% de las oficinas existentes -unas 28.000 sucursales-. Y se ha perdido el 47% de los puestos de trabajo en el sector -unos 128.000 trabajadores y trabajadoras menos-.

Como consecuencia de lo anterior, en estos 17 años ha aparecido el fenómeno que conocemos como “la España vaciada”. La banca no es la responsable única de este fenómeno, pero sin lugar a duda el cierre masivo de oficinas ha contribuido en gran medida, pues el 29% de los municipios (2.341 pueblos) no tienen oficina bancaria, ni tan siquiera un cajero automático.

A los datos anteriores habría que añadir que el erario público prestó a las entidades más de 100.000 millones de euros de dinero público (65.000 en dinero para el saneamiento + 35.000 de los pisos de la Sareb), para salvarlas de la crisis financiera de 2008, de la que ellos mismo, los banqueros habían contribuido a crear. Dinero que las entidades no han retornado al Estado, aunque el entonces Ministro de Economía del Gobierno de Rajoy, y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindós, aseguró que el rescate no le costaría un euro a los españoles.

Esto no son más que algunos retazos de lo que hay detrás de los productos y estrategias de un sector, que se publicita como si fuese muy beneficioso para la sociedad en general y sus clientes en particular.

El consumidor está desvalido ante la oferta si los medios de comunicación no ponen a su disposición la información completa. La información que damos, a colación del intento fallido de OPA del BBVA al Banco Sabadell bien podría aplicarse al sector farmacéutico, a las empresas de la salud, a las del automóvil o a las de la energía, entre otras muchas; incluso en la política.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario
y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas
Roberto Tornamira Sánchez
Ex Secretario Estatal de la FeSMC-UGT
del Sindicato del Sector Financiero, Seguros y Oficinas

Situación y estado actual de la Justicia española: su presunta independencia

En este artículo quiero reflexionar sobre la situación y la calidad de la justicia en España, el grado de aceptación/satisfacción de los españoles sobre ella y sobre todo y fundamentalmente, sobre el grado de independencia de nuestros jueces y magistrados y su dependencia, muchas veces prevaricadora, de determinados partidos políticos.

Antes de entrar en el meollo de la cuestión, tenemos que reflexionar sobre las causas de esta situación. Y entre las causas, pues es un asunto multicausal, hay una que es la principal: “De aquellos barros vienen estos lodos” y me refiero fundamentalmente a que en el inicio de la, en absoluto modélica y tranquila, transición española, del paso de las Leyes Fundamentales del Dictador Franco a las leyes democráticas y la Constitución de 1978, no se renovaron ni se sustituyeron (no se purgaron) a los jueces y magistrados franquistas, (en connivencia los franquistas y partidos supuestamente progresistas, como PSOE y PCE que abdicó de todos sus postulados marxistas, pero no del estalinismo), cuya gran parte de su cúpula servía o había servido en el funesto TOP, que pasaron, en su gran mayoría, a las cúpulas de la pirámide judicial, arrastrando su ideología franquista, sus errores funcionales y sobre todo su prepotencia, siendo muchos ascendidos, condecorados y galardonados.

La falta de renovación de jueces y magistrados que procedían del Franquismo, del Movimiento Nacional y del ultracatolicismo conservador, no fueron sustituidos por jueces progresistas y demócratas (seguramente habría sido muy difícil encontrarlos en ese momento). Muchos jueces procedentes del TOP, pasaron a ocupar altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Presidencias de Salas de Audiencias Territoriales y luego Tribunales Superiores de Justicia e incluso Tribunal Constitucional, y a partir de ahí, la dependencia ideológica de nuestros jueces y su servilismo a partidos conservadores y de extrema derecha, está servida, sin que afirmemos que esa sea la generalidad, pero sí la nota más acusada y cada vez más abundante sumada a un corporativismo exacerbado.

A lo expuesto hasta aquí, se suma la acusada falta de jueces y magistrados lleva a una situación caótica de acumulación de asuntos sin resolver que ya es insostenible y puede llegar a ser inabordable. Es por ello, que, el aforismo “la justicia o es inmediata o no es” y que “la justicia tardía es justicia denegada”, tiene absoluta actualidad en España.

El CGPJ, aunque tras más de ocho años paralizado y aunque se consiguiera renovar finalmente, sigue sin funcionar y no se corrige sino todo lo contrario, a jueces que prevarican a sabiendas en asuntos de corrupción o claramente políticos, que favorecen a la extrema derecha, PP y VOX.

Los Juzgados españoles acumulan cada año cantidades ingentes de sumarios y asuntos sin resolver, y es que España cuenta solo con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 17 y en países de alta tradición democrática, como los países nórdicos o Francia, se supera netamente esta cifra. Esta situación refleja una crisis estructural de la justicia española, que sufre retrasos crónicos y casi irrecuperables, protestas históricas y un órgano de gobierno paralizado por la política (Redacción El Diario de Madrid, 24/jun/25).

Sin embargo, cuando desde el Gobierno se presenta un proyecto de Ley de reforma del Poder Judicial, y acceso a la carrera judicial, además de regularizar la caótica situación de los jueces sustitutos, se encuentra con una férrea oposición de todas las asociaciones profesionales conservadoras y de extrema derecha de los jueces y una incomprensión, solo explicada, por su corporativismo y defensa acérrima de sus privilegios. Los jueces se creen y se sienten figuras intocables que pueden hacer lo que les viene en gana con absoluta impunidad, pero lo cierto y verdad es que los jueces no son más que nadie, habiendo protagonizado jornadas de huelga, cuando constitucional y legalmente les está vedado, eso sí, sin que se les descontara el sueldo por cada día de huelga, e incluso interrumpiendo juicios que se estaban celebrando, para acudir a las concentraciones, con toga, por supuesto.

Con datos del informe que emite el CGPJ, en el segundo trimestre de 2024, la justicia española cerró con 4.181.669 asuntos pendientes, sobre un total de asuntos de 7.799.166. Esto supone un incremento del 14,2% respecto al mismo periodo de 2023. Este dato marca un récord de casos sin resolver.

Lo que nos lleva a la conclusión de que hay un colapso estructural y una desconexión de la realidad, por parte de la justicia española.

En cuanto al grado de descontento y hartura de los españoles respecto de la justicia española, salvo los informes propios e intencionados del CGPJ y de sus medios acólitos, el rechazo es descomunal.

Según el HuffPost/EFE, nueve de cada diez españoles considera que la justicia no es igual para todos. El tercer estudio ‘Calidad de la Democracia’ realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge que el 78,5% de los ciudadanos considera que no se trata del mismo modo a ricos y pobres. (Redacción 08/05/2025).

La justicia, queda muy mal parada.

En las preguntas del CIS referidas al funcionamiento del sistema judicial, los encuestados se muestran muy críticos: una abrumadora mayoría del 89,9 % no comparte que trate igual a los políticos que a los ciudadanos y el 78 % tampoco está de acuerdo con que la justicia sea imparcial en los procesos que afectan a los partidos, especialmente en temas de corrupción y que afectan al PP y a VOX.

Según “El País”, dos de cada tres encuestados están poco o nada satisfechos con el funcionamiento de los tribunales. La Administración de Justicia se mantiene como el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio que menos satisfacción genera —la asistencia sanitaria en los centros de salud públicos—, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La agencia que dirige José Félix Tezanos ha retomado las encuestas sobre calidad de los servicios públicos que el organismo había dejado de hacer en 2018, justo tras la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez. Y la justicia sigue en la cola, como entonces, cinco años después. El sondeo muestra que el 66,2% de la población está totalmente en desacuerdo e insatisfechos con la justicia española.

Vayamos ahora con reflexiones sobre la tan denostada y presunta independencia de los jueces y magistrados en España. Vaya por delante que la democracia y el sentido de la responsabilidad y decencia, exige que los jueces sean rabiosamente independientes, a la hora de analizar hechos, enjuiciar asuntos y dictar sentencias, neutralidad que no deberá interferir en su integridad e independencia, a la hora de emitir sus Fallos en los asuntos de que conozcan.

Según Fernando Ull Barbat, “El ojo crítico”, 02/10/25, “por mucho que una gran parte de los jueces españoles se empeñen en hacernos creer que son poco menos que figuras intocables que pueden hacer lo que les venga en gana, la realidad constitucional de nuestro país les obliga a estar al servicio de los españoles”. Y yo añado, y si así no lo hicieren, prevaricarían dolosamente.

Los jueces tienen que aplicar la ley, lo que quiere decir que no pueden interpretar las leyes como les parezca, ni dictar las sentencias que quieran, sin que puedan ser objeto de la menor crítica. No pueden interpretar las leyes según su ideología y para favorecer y adaptarlas al ideario de un partido político, que es lo que muchos hacen. (Fernando Ull Barbat).

Fundación Sistema: Cae la confinza en la Justicia en España

El artículo 117 de la Constitución señala que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

Pero, ¿qué ocurre cuando esa justicia pierde legitimidad ante los ciudadanos porque una parte de esta situada en puestos estratégicos, entra en conspiraciones para derribar gobiernos, intenta condicionar procesos electorales o aparecen noticias como: “El Tribunal Superior de Cataluña absuelve a Dani Alves de un delito de agresión sexual”; “Un juez procesa al humorista Quequé por bromear con “dinamitar” el Valle de los Caídos y “apedrear” a curas pederastas”; “El TSJC permite que un padre pueda impedir la eutanasia del hijo (de 54 años) aunque no tengan relación”?

Ocurre, que la confianza en la justicia cae porque, parte de ella, en lugar de ser y actuar como un árbitro neutral, actúa y se comporta como un actor político más, saltándose la legalidad constitucional. Algo muy inquietante en una sociedad democrática y en un Estado de derecho, porque la población interioriza que la justicia no es igual para todos.

En una escala de valoración donde 1 representa la mínima confianza y 10 la máxima confianza, los españoles en el año 2021 valoraban la justicia con una media de 4,76. En el año 2024, esa valoración descendió hasta un 4,67. Este dato es una señal de advertencia sobre la situación institucional de España, máxime si tenemos en cuenta que la valoración de los partidos políticos, los sindicatos, el gobierno, el Parlamento y los medios de comunicación es aún menor, según las encuestas sobre Tendencias Sociales realizadas por el Centro de investigaciones Sociológicas entre 2021 y 2024.”

En definitiva, lo que nos dice entre líneas el artículo transcrito y que comparto, es que una parte importante y poderosa de los jueces y magistrados, no son independientes, sino que están y han estado al servicio del PP e incluso de VOX y prevarican, al hacer de sus juzgados y tribunales baluartes para, de la mano de la extrema derecha, descalificar y hacer caer al gobierno de la nación, al que ab initio, consideran ilegítimo, y sobre el que lanzan bulos, mentiras y todo tipo de basura, como hicieron con Pablo Iglesias y su familia. Van a por Pedro Sánchez, para hacer caer al gobierno, con el CGPJ a la cabeza, con jueces y magistrados significados, desde el TS, la AN y Salas de los TSJ, mediante la prevaricación, que impiden o atenúan el procesamiento de corruptos, como Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso, M. Rajoy, Feijoo y el propio Aznar, y tantos otros, acosando al presidente del Gobierno, procesando a su hermano y a su mujer con delitos inventados y en instrucciones claramente prevaricadoras y falsas. Delitos gravísimos por los que tienen la más absoluta impunidad, pues se creen por encima del bien y del mal.

Lo que subyace es el ataque sostenido de la derecha extrema y la extrema derecha (en España no existe una derecha democrática), contra el actual Gobierno al que consideran, antes incluso de constituirse, como ilegítimo, sin que sigan sin asumir la democracia con todas sus consecuencias (Fernando Ull Barbat), porque piensan que España es solo suya y la quieren UNA GRANDE Y LIBRE constituyendo una UNIDAD DE DESTINO EN LO UNIVERSAL.

Compartiendo la tesis de Fernando Ull Barbat, se trata, de un golpe de estado mantenido y permanente, para conseguir el agotamiento y caída del gobierno y la convocatoria de elecciones generales, que, por supuesto, están convencidos de que ganarán, recuperando lo que consideran que es suyo por la gracia de dios y ab natura, el poder en todos los órdenes y España su cortijo.

Al juez Garzón, lo procesaron por enjuiciar al franquismo y lo expulsaron de la carrera. Se jactaban de manejar a la Segunda del TS por la puerta de atrás, en fin, todos tenemos en mente tantas cosas, que ratifican lo que vengo sosteniendo; que una parte significativa de jueces y magistrados no son independientes, prevarican impunemente y están al servicio de la extrema derecha del país, siendo las salas en las que sirven, poltronas para hacer política contra el Gobierno legítimo y hacerlo caer provocando nuevas elecciones generales.

Estoy convencido de que triunfará la democracia, que el Gobierno va a aguantar y va a agotar la legislatura y que los cambios legislativos sobre el nombramiento y elección de los vocales del CGPJ y jueces y magistrados, acceso a la carrera judicial, regularización del cuarto turno y cuarto turno para fiscales, regularización y estabilidad de los jueces sustitutos, harán que se sanee la justicia española, aumente el número de jueces independientes, se desatasque el atraso judicial y poco a poco, se normalice y se recupere la confianza en el sistema judicial, hoy tan justamente deteriorada.

Miguel Sagüés Navarro

Defendiendo las pensiones públicas

Un año más, el movimiento de pensionistas se ha echado a la calle para defender el Sistema Público de Pensiones, como lo lleva haciendo desde que el gobierno del PP, presidido por M. Rajoy, reformará la Ley General de la Seguridad Social de 2013 y comenzase a revalorizar las pensiones con un ridículo 0,25%, haciendo perder poder adquisitivo a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país.

El sábado 25 de octubre miles de pensionistas, y también jóvenes trabajadores y trabajadoras conscientes de que llegará un día en que vivirán de su salario diferido, se desplazaron a Madrid desde distintas comunidades autónomas, para exigir que:

  • El Gobierno encargue una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, en cumplimiento de la Ley 21/2021.
  • El Estado deje de fomentar la privatización de las pensiones.
  • El fin de la brecha de género en salarios y pensiones.
  • La elevación de la pensión mínima al SMI.

Además de los lemas de la convocatoria, fue muy general el rechazo de los manifestantes al incremento de los gastos militares, que nadie duda, excepto el Gobierno, que irán en detrimento de los gastos sociales, como la Sanidad, las Educación, la Dependencia y las Pensiones públicas. Para entender esta preocupación, basta con ver las consecuencias de la gestión público-privada de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la gestión de las residencias en pandemia en Madrid, o el déficit de plazas en FP.

Manifestantes pasando por la puerta del Congreso de los Diputados

El Gobierno y los grupos parlamentarios que le apoyan aprobaron la Ley 21/2021, publicada en el BOE del 28 de diciembre de 2021, bajo el título “garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones”.

Esta Ley modificó la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 58 para garantizar que el importe de las pensiones contributivas y de la pensión mínima se revalorizan con el IPC medio interanual. Y que si el IPC fuese negativo, como ocurrió por ejemplo en 2020, el importe de las pensiones no se reducirá.

Esta medida está bien, pero no garantiza que el poder de compra verdadero no se vea perjudicado, algo que saben bien las y los pensionistas sin necesidad de estadísticas ni estudios técnicos, pues tienen una experiencia empírica cada día que tienen que hacer la compra de los alimentos.

Los técnicos y los defensores a ultranza del Pacto de Toledo dirán que la garantía es técnicamente correcta, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen otra cosa. Por ejemplo, en IPC acumulado desde 2021 a 2024, ambos inclusive, es del 16,85% pero la revalorización de las pensiones ha sido en el mismo periodo del 15,20%. Este no sería el problema si el índice de referencia para la revalorización de las pensiones fuese el IPC de los productos habituales en el consumo de la mayoría de los y las pensionistas, por ejemplo: los alimentos. El IPC de los alimentos y las bebidas no alcohólicas ha crecido en el cuatrienio 2021 – 2024 un 25,57%, con lo que, frente a la revalorización de las pensiones, estas han perdido un 10,37% de poder adquisitivo.

Otro elemento importantísimo de la Ley 21/2021 es el recogido en la Disposición Adicional Sexta, en la que el Gobierno asumía la obligación de encargar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:

En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de Auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social […]”

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”.

Este incumplimiento de la Ley, por parte del Gobierno de Coalición, lleva cuatro años silenciado por toda la prensa y por todos los partidos parlamentarios, pues el periodo que mandata la ley para dicha auditoría (1967 – 2019), afecta a todos los gobiernos, incluidos los últimos 8 años del franquismo.

Es posible que este silencio obedezca a los mismos motivos por los que nadie parece hacer hincapié en la devolución por parte de la banca de los 65.000 millones de euros que el Estado puso para su saneamiento más los 35.000 que el Estado español ha tenido que computar como deuda pública, por mandato de la Unión Europea, correspondiente al coste de los pisos de las entidades financieras agrupados en la Sareb.

La auditoría de a las cuentas de la Seguridad Social, comprometida en la Ley 21/2021, obedece a que el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020, puso de manifiesto que el Estado había utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros, al pagar con dinero de las cotizaciones los complemento a mínimos que el Estado está obligado a pagar con dinero procedente de los impuestos. Poco tiempo después, el actual Gobernador del Banco de España, en sus funciones de ministro de la Seguridad Social, concretamente en abril de 2023, reconocía en la prensa económica que la deuda del Estado ascendía a más de 140.000 millones de euros, por los mismos motivos que los señalados por el Tribunal de Cuentas.

Esa tremenda cantidad de dinero, que se generó en el periodo 2013 -2018, será mucho mayor si el periodo de análisis es el que fija la Ley 21/2021: 1967 – 2019.

Si el Estado devolviese a la caja de las pensiones el dinero que, en palabras del tribunal de Cuentas: se ha utilizado indebidamente, la falsa discusión de la insostenibilidad de las pensiones públicas quedaría resuelto.

Hay que celebrar que cada año el movimiento de pensionistas recuerde este incumplimiento y reivindique el avance en igualdad del Sistema Público de Pensiones.

Pascual Sánchez
Socialista no afiliado.