Categoría: Conferencia

Avanzar hacia el federalismo

Referencias al federalismo en la ponencia base del 41º congreso del PSOE

En el TS 158, Eduardo Hernández y Baltasar Santos, publicábamos en esta misma sección un artículo sobre federalismo: https://wordpress.com/post/tribunasocialista.com/5064 En él hacíamos un recorrido histórico del federalismo en nuestro país, y llamábamos la atención sobre la necesidad de avanzar en el federalismo, evitando el dumping fiscal y la deslealtad entre autonomías; la necesidad de avanzar en un modelo de financiación más justo; y la necesidad de avanzar en un modelo de país en el que se garanticen los derechos sociales y los servicios públicos. La ponencia base del 41º congreso del PSOE sitúa esos mismos temas en el texto. Analizamos

“Una España cohesionada en la diversidad

(…) España aún tiene mucho que hacer para convertirse en ese país territorialmente justo y cohesionado con el que soñamos todos y todas las socialistas.

Destacan cuatro grandes desafíos de aquí al 2030.

El primero y más urgente es lograr un sistema de financiación autonómica que sea más justo y sostenible. Cada reforma ha incrementado los recursos disponibles para todas las Comunidades Autónomas, ha profundizado en su autogobierno, ha mejorado la corresponsabilidad fiscal, y ha garantizado la solidaridad. Sin embargo, este modelo sigue presentando deficiencias en términos de equidad y eficiencia que deben ser corregidas. Persisten desigualdades injustificadas en la financiación por habitante ajustado, lo que genera una redistribución donde las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal acaban recibiendo menos recursos que otros territorios.

Además, el sistema actual tiene una fuerte descentralización del gasto, pero una corresponsabilidad limitada en los ingresos, lo que desincentiva una gestión tributaria responsable y permite que algunos gobiernos autonómicos jueguen al populismo fiscal, practicando el dumping y bajando los impuestos a sus élites económicas mientras solicitan más fondos al Gobierno central. Por último, el actual sistema tampoco resuelve adecuadamente el problema de las singularidades territoriales, y nos impide recaudar los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas realidades demográficas y climáticas, que exigen mayores niveles de inversión en servicios básicos e infraestructuras.

El segundo desafío al que nos enfrentamos es profundizar la cohesión económica y social del territorio. La apertura comercial y la integración del Mercado Único europeo han permitido a las regiones y ciudades capitales explotar sus ventajas competitivas, mientras que los territorios menos industrializados y densamente poblados han comenzado a quedarse rezagados. Esta dinámica –que se da en toda Europa– ha generado la paradoja de que, mientras los Estados miembros han seguido un proceso de convergencia, internamente las diferencias entre Comunidades Autónomas han aumentado. Si queremos ser un país verdaderamente cohesionado que saca lo mejor de sí mismo y que trata a todos sus ciudadanos y ciudadanas por igual, tendremos que ser capaces de corregir esta tendencia y alcanzar un mejor equilibrio territorial. Para lograrlo, tendremos que ahondar en el proceso de federalización del Estado.

España es un caso de éxito en su proceso de descentralización. En muy poco tiempo, hemos pasado de ser un Estado fuertemente centralizado a ser considerado un país casi federal. Sin embargo, quedan pendientes de desarrollar herramientas federales de coordinación, armonización y participación territorial en las cuestiones estatales que mejoren el funcionamiento de nuestro modelo territorial, la co-gobernanza y la prestación de servicios a los ciudadanos. Es necesario mejorar la claridad del reparto competencial, el papel del Senado como cámara de representación territorial, o institucionalizar las relaciones entre comunidades autónomas. No es razonable, por ejemplo, que pacientes graves tengan que trasladarse cientos de kilómetros para recibir un tratamiento, cuando pueden hacerlo más cerca en la comunidad autónoma vecina.

Objetivos y medidas

Para responder a los desafíos mencionados, los y las socialistas pensamos que España debe avanzar en esa federalización justa y solidaria que recoge la Declaración de Granada y construir un modelo autonómico más descentralizado y con mayor capacidad de integrar su diversidad.

Reducir a la mitad la diferencia de recursos por habitante ajustado que recibe cada CCAA del sistema de financiación en el marco del nuevo modelo que se acuerde (hoy, la brecha entre la comunidad mejor y peor financiada es del 30%).

Impulsar la convergencia de la renta per cápita entre todas las CCAA.

Estos objetivos son ambiciosos, pero podemos alcanzarlos si seguimos avanzando por la senda de los últimos años, redoblamos nuestra ambición y actuamos en tres frentes prioritarios.

I. Reforma de los Sistemas de Financiación Autonómica y Local.

Impulsaremos una reforma del sistema de financiación autonómico que 1) aumente los recursos disponibles de todas las Comunidades Autónomas para que todas dispongan de más recursos que en la actualidad; 2) revise la composición y armonización de la cesta de tributos para evitar la competencia a la baja en impuestos como Patrimonio, Sucesiones o los tramos más altos del IRPF; 3) optimice el cálculo de los pagos a cuenta y retenciones de IRPF para que el impacto de las decisiones de las CCAA sea más inmediato; 4) modifique la fórmula de población ajustada para mejorar el cálculo de necesidades y de la capacidad fiscal normativa a competencias homogéneas; 5) negocie un alivio de la deuda pública de las Comunidades Autónomas generada durante la crisis financiera; 6) federalice la dirección de la AEAT para dar más capacidad de decisión a las Comunidades Autónomas y despliegue una estrategia en red con las haciendas autonómicas; y 7) compatibilice multilateralidad y bilateralidad con un común denominador del sistema perfectamente conciliable con el adecuado, que no privilegiado, tratamiento de las singularidades y el mantenimiento de la solidaridad a igual esfuerzo fiscal.

Para mejorar la financiación de las Entidades Locales, 8) reequilibraremos los recursos disponibles entre Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Consejos y Cabildos insulares; 9) determinaremos el mapa de sus competencias para mejorar la prestación de los servicios de proximidad; 10) modernizaremos sus fuentes de financiación locales y les dotaremos mayor previsibilidad para la elaboración de sus presupuestos; 11) avanzaremos en su corresponsabilidad fiscal, reduciendo la condicionalidad de sus recursos e incorporando de forma explícita el principio de lealtad institucional, y 12) apoyaremos el uso de inversiones financieramente sostenibles para la ejecución de proyectos de viviendas sociales y asequibles.

II. Impulso de un modelo menos centralista y más solidario, que ayude más a los territorios menos desarrollados. El centro de la Península es un motor clave del crecimiento económico de nuestro país, pero en modo alguno puede o debe ser el único. Los y las socialistas creemos en un país en el que las oportunidades se reparten por todo el territorio y la riqueza se genera de forma descentralizada, colaborativa y transversal, aprovechando las ventajas competitivas de cada Comunidad Autónoma. Por eso, 13) seguiremos usando los Fondos Europeos para generar industria y redinamizar el tejido productivo en todos los territorios más allá de la capital; 14) duplicaremos la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial; y 15) lo convertiremos en un verdadero Fondo de Desarrollo Autonómico, tan ambicioso como los PERTE, que compense la pérdida de fondos estructurales europeos por las Comunidades Autónomas menos desarrolladas, parta del diseño de planes de desarrollo regional holísticos, y adopte la perspectiva de las “políticas basadas en lugares” que recomiendan los principales estudios.

III. Más federalismo, autogobierno y co-gobierno.

Al mismo tiempo, seguiremos avanzando hacia la federalización del Estado 16) mejorando los mecanismos de cooperación vertical y horizontal, definiendo formalmente la Conferencia de Presidentes como órgano director de las actuaciones de co-gobernanza, creando nuevas vías para la participación de las Comunidades Autónomas en asuntos estatales de su interés, y reforzando las comisiones bilaterales como órgano de resolución de desacuerdos. También 17) apostaremos por reformar el Senado y convertirlo en una Cámara de representación territorial que refleje de forma equilibrada la voluntad de las Comunidades Autónomas; 18) continuaremos transfiriendo competencias a aquellos gobiernos autonómicos que lo soliciten; 19) trabajaremos para actualizar los Estatutos de Autonomía pendientes de reformar; y 20) seguiremos apostando por la protección, el estudio y el uso de las lenguas co-oficiales en todos los ámbitos, dentro y fuera de nuestro territorio.

Si adoptamos estas medidas de aquí a 2030, tendremos una España más descentralizada y cohesionada, capaz de convertir la diversidad de sus territorios en su máxima fortaleza, y de armonizar las particularidades de cada Comunidad Autónoma con el interés colectivo de todas.”

(hasta aquí el texto de la ponencia)

Comentarios al texto de la Ponencia

Coincidiendo con algunos de los aspectos del diagnóstico sobre la situación actual, como el dumping fiscal, las consecuencias negativas de la integración europea para los territorios menos industrializados, o la necesidad de encontrar un sistema de financiación autonómica y local más justo… deberemos plantear algunas cuestiones sobre las que será necesario profundizar:

Defender lo público

La primera de las cuestiones es garantizar que tanto la recaudación de impuestos con una futura agencia tributaria descentralizada sirve al propósito de mejorar los servicios públicos para los ciudadanos, y no una nueva herramienta para bajar impuestos a los más ricos mientras que se privatizan los servicios públicos.

Tenemos experiencias sobradas de utilización indebida del dinero con el que los trabajadores contribuimos al Estado para fines que no son la mejora de los servicios públicos. Por ejemplo:

-La utilización de las cotizaciones a la seguridad social para fines espurios sigue pendiente de auditoría; mientras se duda continuamente de la no sostenibilidad del sistema de pensiones.

– En materia tributaria, hemos asistido a que el margen tributario sobre el que deciden las autonomías es utilizado para bajar impuestos a las rentas más altas y a las empresas, en una práctica conocida como dumping fiscal, mientras se privatizaban o eliminaban servicios públicos. Los casos más sangrantes son la privatización de la sanidad en la comunidad de Madrid (con influencia directa en la muerte de las personas mayores en la residencia), o la eliminación del servicio de emergencias en Valencia, que podría haber salvado decenas de vidas, ante desastres como la DANA.

Los servicios públicos son los garantes de la justicia social, y para su financiación son necesarios los impuestos.

Por tanto, estando de acuerdo en una federalización de la recaudación de impuestos, y en una clarificación de las competencias, no es menos cierto que es necesario garantizar que la gestión de los impuestos debe servir para financiar los servicios que la mayoría social necesita. Por tanto, deben introducirse principios como lealtad institucional y justicia social para que la reforma federal signifique una mejora para los derechos de la ciudadanía.

Defender la industria y los puestos de trabajo

El propio texto de la ponencia base reconoce dos cuestiones básicas:

– Que el mercado único europeo ha traído consecuencias negativas para las regiones menos industrializadas y más densamente pobladas.

– Que los Fondos Europeos se han utilizado para generar industria y redinamizar el tejido productivo, sobre todo en Madrid.

Dicho de otra manera, faltan planes de desarrollo regional que hagan llegar los fondos europeos a todas las regiones. Lo cual requiere una planificación de nuestro tejido productivo, no solo industrial, sino en todos los sectores: el campo, la extracción y el aprovechamiento de las materias primas, el abastecimiento energético, las infraestructuras… y que las inversiones públicas (el texto habla solo de los fondos europeos) se repartan equitativamente por todo el territorio, y déjenme decirlo: que dejen de ser inversiones que las empresas aprovechan para «modernizarse» automatizando procesos y despidiendo a los trabajadores.

Por tanto, una federalización del Estado ciertamente debe incidir en la cohesión territorial vía desarrollo de la actividad económica e industrial de forma coordinada, planificada y equilibrada territorialmente, pero también por la vía de que la inversión pública se dedique a un sistema productivo público que garantice el abastecimiento energético, el desarrollo sostenible y el mantenimiento y creación de empleo digno, bien retribuido y con derechos.