Lo que comenzó como “caso Koldo”, los trapicheos de un raterillo que estaba salpicando al ex secretario de Organización de la CEF y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a fecha de hoy, se trata de una trama de corrupción que viene de largo en el tiempo y que se salda, por el momento, con la expulsión de otro secretario de Organización Federal, Santos Cerdán. Esto es lo que sabemos hoy, por las filtraciones de la UCO a la prensa. Pero aun podemos asistir a varios giros de guion.
Este caso, uno más en largo historial de casos de corrupción en nuestro país, deja algunas conclusiones:
La primera es que la corrupción es un mal endémico en nuestro país, directamente proporcional al nivel de poder en que se desarrolla. Los casos de corrupción no son un problema moderno, la información sobre corrupción se remonta, como mínimo, al reinado de los Reyes Católicos, pasando por el de Felipe III y su Duque de Lerma, o los trapicheos del tatarabuelo y el bisabuelo de Felipe VI en Marruecos. De hecho, en la actualidad, la institución monárquica no solo no escapa a esta lacra, sino que es quizá de las instituciones más afectadas; por el volumen de “negocio” que Juan Carlos I El Comisionista ha movido a lo largo de su reinado, de cuyos frutos disfrutó toda la Familia, sin rechistar.
Es necesario reflexionar sobre si la corrupción sería posible en La Corona si hubiese transparencia absoluta en las instituciones que la rodean, en lugar de que estás se dediquen a cubrir y tapar los chanchullos reales. Del mismo modo, difícilmente habría corrupción en los poderes del Estado si la jefatura del mismo fuese íntegra.
La corrupción no es solo económica. También es corrupción que los poderes del Estado, como los jueces, o miembros de las fuerzas armadas, actúen al dictado de “Think Tank” como FAES. Y esto solo se explica porque tras la muerte del dictador, Franco, no se produjo una ruptura con el pasado; de hecho, se amnistió al franquismo. De ahí que el franquismo y los franquistas campen a sus anchas en las instituciones del Estado.
La segunda es que la corrupción se percibe de manera diferente si se produce en los partidos de la derecha o en los de la izquierda, y esto tiene coherencia. El hecho de que en un partido de izquierda se dé un caso de corrupción es contrario a una ideología que dice velar por las libertades colectivas e individuales, la igualdad, la justicia social, el pago de impuestos para sufragar los servicios públicos… Mientras que la ideología de la derecha defiende la “libertad de mercado” el enriquecimiento individual y la privatización de lo público… Por eso, si una alcaldesa del PSOE en Móstoles trocea contratos públicos para evitar los controles administrativos es juzgada por prevaricar e inhabilitada en los hechos, a expensas de sentencia firme. Mientras que, si la alcaldesa es del PP en Arroyomolinos, la imputada recibe todo tipo de “premios” en su partido y en las instituciones: diputada autonómica para estar aforada, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y miembro de la comisión organizadora del Congreso de Feijóo. Este no es más que un simple ejemplo de la “ley del embudo” que opera en este terreno, y en otros.
Queremos dejar claro que la corrupción es un delito deleznable, lo cometa quien lo cometa. Lo deplorable es que en esto tampoco haya igualdad.
La tercera es que un número importante de jueces, y al parecer también de mandos de la Guardia Civil, se vuelcan más o menos en los casos que les llegan en función de si son de una u otra opción ideológica. En los últimos años ha quedado claro que los jueces, los militares, los curas y las monjas, no dejan de ser personas y, por tanto, tienen ideología, por muy apolíticos que se declaren. Sin embargo, al menos de los funcionarios del Estado, cabía esperar que mostrasen asepsia en sus actuaciones profesionales.
Viendo las groseras actuaciones judiciales de jueces como los señores Peinado o Hurtado, lo que también cabe concluir es que hemos pasado de un CGPJ decantado hacia el PP, a un CGPJ pusilánime, que no se inmuta ante las atrocidades de ciertas señorías.
De estas tres conclusiones se desprende que el poder ejecutivo, al estar en poder de la izquierda, está cercado por una buena parte del poder judicial y por otra buena parte del poder legislativo. Y que si no termina de caer es porque los acosadores (PP y VOX) del legislativo solo tienen mayoría en el Senado; no tanto porque los partidos parlamentarios que vienen apoyando la legislatura estén convencidos o coincidan con el Gobierno, como por el rechazo que les provoca un líder de la oposición con un pasado muy oscuro, que preside un partido podrido hasta las trancas, que tiene su punto de apoyo en la derecha franquista y que de llegar al gobierno arrasarían con todos los avances y derechos conquistados y que cuestiona toda identidad que no sea la españolista, así como el concepto de Familia católica. Nada nuevo respecto a anteriores gobiernos del PP.
Para finalizar, abordemos por dónde debería salir el Gobierno.
A quienes ven en la moción de confianza una solución les decimos que habría que someter a confianza al Estado: institución a institución. Y si se le diese la oportunidad de pronunciarse al pueblo a este respecto, difícilmente iba a obtener la confianza alguna de ellas.
La confianza, como el respeto, el prestigio, etc., son fáciles de perder y difíciles de conseguir, pero lo que es seguro es que no se ganan para lo que voten sus señorías en el Congreso de los Diputados. El camino más certero que el Gobierno debiera tomar para recuperar la confianza es el de utilizar los dos años que restan de legislatura para consolidar derechos, como por ejemplo blindar el Sistema Público de Pensiones, defender la Sanidad Pública del desastre en la que la tienen incursa comunidades autónomas como la de Madrid derogando la Ley 15/97, derogar la “Ley Mordaza”, terminar de derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 y poner en marcha de forma urgente un plan de construcción de vivienda pública a medio y largo plazo para combatir el drama de la vivienda entre nuestros jóvenes. Estas entre otras cosas.
Es un paso en la dirección correcta el que Pedro Sánchez haya plantado cara ante la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en La Haya el 24 y 25 de junio, no asumiendo el incremento del gasto militar en un 5%; un antojo más del psicópata de la Casa Blanca. Una vez que la OTAN ha quedado al descubierto que es una estructura militar, al servicio de los USA y sus objetivos imperialistas, es hora de plantearse si esta Organización militar aporta seguridad o inseguridad, si es para la paz o es para la guerra. Así mismo, sería un buen comienzo la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, pues un país debe ser libre para elegir sus aliados, y dice mucho y malo de un Estado que mantiene alianzas con estados criminales y genocidas.
En la misma dirección positiva están las condiciones que el Gobierno ha puesto a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, dada la alta concentración bancaria que tenemos. Y que el Gobierno haya señalado a las grandes empresas de la energía, en las causas del apagón del 28 de abril, que parasitan de la naturaleza para enriquecerse, además de recibir contratos del Estado para servicios que después no cumplen.
Por último, el Gobierno tiene que terminar el proceso de normalización y avance en los derechos de las nacionalidades que comenzó con la valiente Ley de Amnistía, una vez que el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia sobre la constitucionalidad de la ley, desmontando los argumentos del PP y VOX.
Es mucho el trabajo que el Gobierno tiene emprendido y el que le queda por acometer. Mientras tanto, hay que defender al Gobierno y a todos los partidos de la izquierda frente a la jauría que la derecha tiene montada desde el primer minuto de la legislatura. Hoy más socialismo que ayer, pero menos que mañana.
Tribuna Socialista 
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