Categoría: sindical

Ley de reducción de la jornada laboral, avances y vetos

En la actual situación de inestabilidad política y con una correlación de fuerzas parlamentarias completamente abierta se está tramitando en el Congreso uno de los compromisos más importantes del Gobierno del PSOE y Sumar para esta legislatura,la reducción la jornada laboral máxima de 40 horas semanales, vigente desde 1983, a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. El pasado mes de mayo el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. Se prevé que en el mes de julio se voten en el pleno del Congreso las enmiendas a totalidad presentadas por PP, Vox y Junts per Catalunya.

La mesa de diálogo social para la reducción de la jornada laboral, formada por del Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, se estuvo reuniendo para negociar prácticamente durante todo 2024 y a finales del mes diciembre se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales, que fue rechazado por las organizaciones empresariales. Según las previsiones del Ministerio de Trabajo y Economía Social esta medida beneficiará a unos 12 millones de personas trabajadoras, especialmente en los sectores con menor cobertura de los convenios colectivos. Actualmente la jornada máxima en cómputo anual es de 1.826 horas y 27 minutos y con la reducción prevista pasaría a ser unas 1.712 horas anuales. Por lo tanto, es una reducción moderada, pues serian 114 horas anuales, un 6,24% del total de horas efectivas de trabajo.

Para el Gobierno la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales beneficiará el incremento de la productividad y la creación de empleo. Resalta que esta medida que se enmarca en los estándares europeos mejorará la calidad de vida de las personas trabajadoras y favorecerá la conciliación personal, familiar y laboral. En el Anteproyecto se recogían medidas de apoyo a las pymes, que las patronales rechazaron y que se podrían recuperar en las negociaciones con los grupos parlamentarios. Se valora la mejora de las condiciones de trabajo por la instauración del registro horario digital e interoperable, con acceso desde Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y con sanciones cuantificadas por empleado y no por empresa y también por el derecho a la desconexión digital, prohibiendo respuestas fuera del horario laboral.

Tanto CCOO como UGT, que representan a más 67% del total de delegados y delegadas elegidas en todo el país, valoran positivamente el Proyecto de Ley, pues recoge el acuerdo del diálogo social alcanzado con el Gobierno y consideran que la reducción de jornada supone un avance social junto a las mejoras en los derechos laborales del registro horario y la desconexión. Estiman que la medida fomentará la igualdad y la conciliación, por la menor carga de horas de trabajo que puede ayudar a redistribuir las tareas domésticas. Reducirá la brecha de género, especialmente en el trabajo a tiempo parcial, en el que trabajan mayoritariamente mujeres, porque en muchos casos su jornada pasará ser a tiempo completo. También defienden los efectos positivos para la productividad y la creación de empleo.

En cambio, las organizaciones empresariales califican el Proyecto de Ley de intromisión en las competencias propias de la negociación colectiva y lo califican de inconstitucional, cuando en 1990 el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de la Ley de 1983 de reducción de la jornada máxima a 40 horas semanales. Tachan al proceso de diálogo social de una ficción y acusan al Gobierno de no buscar el consenso entre las distintas posiciones expresadas en la mesa. En algunas estimaciones sectoriales, sobre el impacto de la reducción de jornada, se alerta de que los costes laborales aumentarán de forma desorbitada para poder cubrir las necesidades de nuevo personal, y entre otras consideraciones, afirman que la productividad es insuficiente. Por todo ello las patronales han solicitado a los grupos parlamentarios a que veten el Proyecto de Ley.

Los grupos parlamentarios del PP y Vox ya habían anunciado su decisión de vetar el Proyecto de Ley, y ahora se les ha unido el grupo parlamentario de Junts per Catalunya con las enmiendas a la totalidad registradas en el Congreso. Las derechas y las patronales coinciden en los argumentos, pues denuncian que la medida presentada por el Gobierno supone una injerencia del Estado, que vulnera el diálogo social y la negociación colectiva, pues consideran que la reducción de la jornada máxima debe negociarse en el marco de los convenios colectivos y no establecerse por ley. Reiteran de nuevo, ya lo decían del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que la subida de los costes laborales pondrá en riesgo la competitividad empresarial, cuando en realidad han subido los márgenes empresariales de forma relevante. Alertan de las enormes dificultades que la ley provocará en las pymes, autónomos y en los sectores con márgenes más ajustados. Desde Junts per Cataluña alegan que la medida llega sin consenso territorial ni sectorial y critican que ha sido negociada solo con los sindicatos estatales, cuando en Cataluña CCOO y UGT tienen una representatividad superior al 75%.

No deja de sorprender la denuncia de las derechas acusando de injerencia del Estado en las relaciones laborales y el diálogo social con este Proyecto de Ley, cuando es el resultado de la mesa del diálogo social y está siendo debatido por todos los grupos parlamentarios. Por el contrario, el Gobierno del PP, con mayoría absoluta, en el 2012 impuso mediante un decreto ley su reforma laboral, sin contar con el diálogo social ni el debate parlamentario. El PP impuso de forma autoritaria un conjunto arbitrario de medidas regresivas y lesivas que recortaron los derechos laborales, incrementaron la precariedad laboral y la desigualdad, aumentaron los poderes empresariales en la negociación colectiva y provocaron la destrucción de empleo, al facilitar y abaratar los despidos.

Parece que los promotores de los vetos quieren ocultar que nuestro sistema legislativo establece que las leyes marcan los mínimos y la negociación colectiva en todos los ámbitos (tanto en las empresas como en los sectores) pueden mejorarlos sin contradecir la ley. De hecho, en la actualidad la ley fija como jornada máxima 40 horas semanales y según el registro de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social hay 3.512 convenios con jornada laboral inferior a la máxima legal, con 38,3 horas semanales de media. A su vez, la legislación faculta a la negociación colectiva a implementar la flexibilidad necesaria en cada sector o empresa, entre otras materias, para determinar la duración, ordenación y distribución del tiempo de trabajo.

Desde Gobierno, ante la posición de confrontación permanente de PP y Vox, se quiere negociar con Junts per Catalunya su apoyo al Proyecto de Ley, pues si prosperan las enmiendas a la totalidad el texto volvería al Gobierno, lo que retrasaría o podría impedir la entrada en vigor de la ley este año. Los sindicatos anuncian que van a presionar con movilizaciones y llaman a los grupos parlamentarios a facilitar la tramitación para despejar la incertidumbre de cara a los convenios colectivos que se tienen que negociar en 2026 e invocan el respaldo que la gran mayoría de la ciudadanía expresa en las encuestas y otros estudios sobre la implantación de la jornada laboral a 37,5 horas sin disminución del salario.

Toni Ferrer

1º de mayo 2025: mucho que reivindicar

Un año más conmemoramos el 1º de mayo. Un día de celebración reivindicativa, que no festiva.

Las crisis encadenadas que venimos sufriendo desde principios de siglo están produciendo una pérdida de poder de compra, tanto para salarios directos (sueldos) como diferidos (pensiones). El capital se ha acostumbrado a apropiarse de parte de las rentas del trabajo subiendo los precios de los productos, con cualquier excusa.

El ataque a los servicios públicos, y su deterioro es una forma de reducir el salario, en este caso el indirecto; la parte de las rentas del trabajo que dedicamos a pagar impuestos para que nos revierta en forma de servicio público.

Esta dinámica produce un trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital que explica por qué a pesar de las crisis económicas y sociales los ricos son cada día más ricos y, por el contrario, cada día hay más pobreza entre la clase trabajadora.

Otra reivindicación fundamental es la defensa de la vida de los trabajadores y trabajadoras. En 2024 se produjeron en España 796 muertes en accidente laboral 2,2 muertos cada día. Demasiadas muertes que son provocadas, en la mayoría de las ocasiones, por la vulneración de las leyes de prevención de riesgos laborales y porque el empresariado antepone la maximización del beneficio a la vida de las personas que tienen contratadas.

La precariedad laboral de los y las jóvenes trabajadoras no es una cuestión menor. Se abusa de las contrataciones vinculadas a la edad: contratos de aprendizaje con un 25% menos de salario, por ejemplo. Rotación en el empleo, temporalidad; por mucho que las estadísticas hayan mejorado a consecuencia del cambio en la consideración del contrato fijo discontinuo como un contrato no temporal, etc. Todo ello, unido al alto coste de la vivienda, conlleva que incluso las y los jóvenes con puesto de trabajo tengan muchas dificultades para poder emanciparse.

El empeño de los líderes mundiales y de los gobiernos de prepararse para la guerra no hace que la clase trabajadora pueda un futuro de prosperidad. El incremento de los presupuestos para defensa, ponen en riesgo los presupuestos para esos servicios públicos que pagamos con nuestros salarios; al menos, así lo indican las previsiones y dictados del FMI, por mucho que el calculo electoral haga decir otras cosas a los dirigentes políticos.

A los trabajadores y sus organizaciones no nos queda otra salida que la movilización unida en la defensa de los derechos de nuestra clase. Atomizar las luchas, posponerlas o no darlas es un error que nos costará derechos y vidas.

Defender las Pensiones públicas, la Sanidad, la Educación o las condiciones laborales, como por ejemplo están haciendo los trabajadores de la recogida de residuos sólidos de Madrid es la única manera de garantizar nuestros derechos como clase y el futuro de nuestros hijos e hijas.

Roberto Tornamira
Ex Secretario General de FeS-UGT-Madrid

1º de mayo 2025: proteger lo conquistado y ganar el futuro

El manifiesto unitario de UGT y CCOO para este 1º de mayo declara su compromiso con un sindicalismo internacionalista y solidario como herramienta esencial para construir sociedades más justas y democráticas, rindiendo homenaje a quienes han sido perseguidos o asesinados por defender derechos laborales y sociales.
Se condena la invasión rusa de Ucrania y se exige el fin de la ocupación en Palestina, apoyando el derecho del pueblo palestino a un Estado propio que conviva pacíficamente con Israel.
Ante la guerra comercial promovida por la administración Trump, llaman a una respuesta coordinada de la Unión Europea, destacando la necesidad de enfrentar las políticas de la extrema derecha que socavan el Estado del bienestar.
Se pide un refuerzo de la cooperación entre los estados miembros para avanzar hacia una Europa unida, priorizando la justicia social y la reducción de desigualdades.
En España, se enfatiza la importancia del diálogo social para promover el empleo digno y mejorar salarios mediante negociación colectiva.
Se exige la aprobación legislativa que ha de regular el acuerdo sobre la jornada máxima legal de 37,5 horas semanales.
También se aboga por el derecho a la vivienda y por avance en la igualdad de género y en la lucha contra la violencia machista.
Este Primero de Mayo, hacen un llamado a la movilización en defensa de derechos laborales y sociales, y en apoyo del proyecto europeo como base para la democracia social y el progreso. Se plantean diversas demandas, como la reducción de la jornada laboral, la mejora de salarios, la igualdad de género y el fortalecimiento de los servicios públicos, todos esenciales para lograr un futuro mejor.
Sin embargo, ninguna alusión a los compromisos del gobierno para dedicar el 2% del PIB a políticas de defensa y seguridad nacional.

No hacer alusión alguna, significa acuerdo tácito con los planes de inversión en industria de la seguridad y la defensa. Significa acuerdo tácito con la inversión de 10.471 millones de euros que podrían estar destinados a otras prioridades sociales como el reclamado derecho a la vivienda, la reclamada lucha contra la violencia machista y por la igualdad de género, o la reactivación de la industria española o la mejora de las pensiones.
Creo que es una oportunidad perdida por los sindicatos para ofrecer un punto de vista diferente del gobierno, poniendo el acento en las inversiones que son prioritarias para nuestra economía y para la clase trabajadora, y que bajo mi punto de vista y el de muchos socialistas, no pasa por prepararse para la guerra, sino para mejorar nuestros servicios públicos y producir bienes y servicios que nos permitan ser autosuficientes respecto de ese loco mundo dislocado y probelicista. Es la forma de proteger lo conquistado y ganar el futuro.

Baltasat Santos
1er Secretario PSC-el Vendrell

45 años de lucha y compromiso.

El legado de UGT Andalucía


Con cuatro décadas y media de historia, UGT Andalucía celebra su 45 aniversario como pilar esencial en la defensa de los derechos laborales y la construcción de una sociedad más justa. Desde sus inicios, el sindicato ha evolucionado con los cambios políticos, económicos y sociales, adaptándose para seguir siendo la voz de la clase trabajadora andaluza.

Los inicios de la lucha sindical

La historia de UGT Andalucía se enmarca en la transición democrática. Tras años de exilio, represión y clandestinidad, en 1976 UGT celebró su 30º Congreso en Madrid, el primero celebrado en España tras la Guerra Civil, bajo el lema “A la unidad sindical por la libertad”, marcando un paso decisivo hacia su reconocimiento oficial. En 1977, con la legalización de las centrales sindicales, UGT se consolidó como abanderada de la defensa de los derechos laborales en una España en plena apertura democrática.

Paralelamente, Andalucía vivía un periodo de profundas transformaciones, marcado por la consolidación de la democracia, la crisis económica y el avance del Estado de las Autonomías. En este escenario de incertidumbre y esperanza, se hizo patente la necesidad de contar con una organización sindical fuerte y autónoma, capaz de defender con voz propia los derechos de la clase trabajadora andaluza. Desde mediados de la década, un grupo de sindicalistas comenzó a articular una estructura regional de UGT, coordinando a las uniones provinciales para sentar las bases de un proyecto común que respondiera a las problemáticas específicas de la comunidad.

El 12 y 13 de enero de 1980, en la localidad malagueña de Fuengirola, se celebró el primer Congreso Regional de UGT Andalucía, bajo el lema “Nuestra lucha, Andalucía”, en el que se aprobaron los estatutos y las resoluciones que marcarían el rumbo del sindicato en los años venideros, estableciendo líneas de actuación claras en la lucha contra el desempleo, la precariedad laboral y la desigualdad social. Además, UGT Andalucía desempeñó un papel fundamental en el referéndum del 28 de febrero, promoviendo el voto favorable al Estatuto de Autonomía.

Consolidación en los años 80

Durante los 80, UGT Andalucía se consolidó como fuerza sindical de referencia. La aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980 y la firma de los acuerdos como el Acuerdo Nacional sobre Empleo en 1981 y el Acuerdo Económico y Social en 1984 sentaron bases para relaciones laborales más justas. Además, el sindicato demostró su compromiso con la defensa de la democracia tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

La huelga general del 14 de diciembre de 1988, convocada junto a CCOO, evidenció la fuerza de la unidad sindical y obligó al Gobierno a retirar un plan que precarizaba el empleo juvenil. Este hito marcó un punto de inflexión en la acción sindical y reforzó la posición de UGT como actor clave en la defensa de los derechos laborales.

UGT Andalucía impulsó la igualdad de género con la creación del Departamento de la Mujer en 1986 y dio voz a la juventud trabajadora mediante el Departamento de Juventud, creado en 1983.

Desafíos de los años 90

Los 90 estuvieron marcados por movilizaciones y la consolidación de UGT Andalucía como la primera fuerza sindical de la región. La huelga general del 28 de mayo de 1992, en respuesta al “Decretazo”, reafirmó la capacidad de movilización del sindicato para defender los derechos laborales.

Durante esta década, UGT Andalucía también jugó un papel clave en la seguridad laboral, la igualdad de género y la protección de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Los acuerdos de concertación social entre sindicatos, administración autonómica y empresarios consolidaron un modelo de diálogo que garantizaba avances en empleo, formación y desarrollo económico.

Adaptación a los nuevos retos del siglo XXI

Desde el año 2000, el sindicato afrontó nuevos desafíos derivados de la globalización y la digitalización del mundo laboral. La concertación social siguió siendo clave, logrando avances en la regulación del empleo temporal, la reforma del PER y la integración de trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Hubo también momentos de fuerte movilización, como la huelga general de 2002 contra la reforma de la protección por desempleo.

UGT Andalucía reforzó su compromiso con la igualdad de género y la memoria histórica, y en 2002 creó la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) para conservar y difundir su patrimonio sindical.

Resiliencia ante la crisis de 2008

La crisis económica global de 2008 puso a prueba la capacidad de resistencia del sindicato. Con un desempleo creciente y recortes en derechos laborales, UGT Andalucía desplegó su capacidad de negociación y movilización para proteger a la clase trabajadora. Las huelgas generales de 2010 y 2012, bajo lemas como “Así, no” y “Nos dejan sin futuro”, fueron la respuesta del sindicato a reformas que facilitaban el despido y precarizaban el empleo.

A pesar de la difícil situación económica, el sindicato logró avances significativos, como la revalorización del salario mínimo, la firma de acuerdos para mejorar la estabilidad laboral y la promoción de la igualdad de género. Además, reforzó su compromiso con los servicios públicos, liderando movilizaciones en defensa de la sanidad, la educación y la protección social.

Renovación y compromiso social en la actualidad

En la última década, UGT Andalucía ha iniciado una etapa de modernización y adaptación a los nuevos retos del mundo laboral. La incorporación de una mujer a la Secretaría General en 2014 marcó un hito en la historia del sindicato, consolidando su apuesta por la igualdad de género. Durante este periodo, el sindicato ha reforzado su papel en la negociación colectiva, logrando mejoras en los salarios, las condiciones laborales y la protección social.

La pandemia de COVID-19 en 2020 fue un desafío sin precedentes. UGT Andalucía jugó un papel esencial en la defensa de los trabajadores y trabajadoras, promoviendo y negociando los ERTE para garantizar la protección social. También participó en el diseño del Ingreso Mínimo Vital para combatir la pobreza.

En 2024, la lucha sindical sigue avanzando y en julio se firma el Acuerdo para el Impulso de la Participación Institucional en Andalucía, reafirmando la importancia del diálogo social. El sindicato también ha intensificado su compromiso con la sostenibilidad, promoviendo empleos verdes y medidas para mitigar el cambio climático. Asimismo, defiende la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Hacia el futuro: desafíos y compromisos

UGT Andalucía afronta nuevos retos para garantizar el bienestar de la clase trabajadora y la sociedad andaluza en los próximos años. En el ámbito digital, busca adaptar la negociación colectiva al impacto de la inteligencia artificial, la robotización y las plataformas digitales. Ante la transición ecológica, reclama un Pacto de Estado contra el Cambio Climático que fomente las energías renovables y genere empleo de calidad en los sectores verdes.

La igualdad y la diversidad siguen siendo objetivos prioritarios. El sindicato trabaja para eliminar las barreras que dificultan la inclusión de jóvenes, mujeres, migrantes y colectivos vulnerables, promoviendo condiciones laborales justas. Asimismo, defiende el acceso a una vivienda asequible como un derecho social y laboral esencial para el bienestar de la clase trabajadora.

La protección de los servicios públicos, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, continúa siendo una de sus principales líneas de acción. En el ámbito del empleo juvenil, lucha contra la precariedad y la temporalidad mediante políticas de formación y fortalecimiento de los derechos laborales. Además, apuesta por un cambio en el modelo productivo, impulsando la innovación, la reindustrialización y el desarrollo tecnológico para crear empleo estable y de calidad.

En su compromiso con la Memoria Democrática, UGT Andalucía reivindica la verdad, la justicia y la reparación para quienes defendieron los derechos laborales y la democracia. A través de diversas iniciativas, mantiene viva la memoria de las personas represaliadas y refuerza los valores democráticos en la sociedad.

Con la mirada puesta en el futuro, el sindicato impulsa a una nueva generación de sindicalistas jóvenes, comprometidos con la justicia social, la sostenibilidad y la innovación. Tras 45 años de lucha y compromiso, UGT Andalucía continúa avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.

En los siguientes enlaces podéis ampliar la información:

Video 45º Aniversario: https://www.youtube.com/watch?v=69KXrPWid64

Exposición: https://fudepa.org/principal/galeria/ugt-andalucia-45-anos-de-historia

Pepa Castillejo Martín
Gerente de la Fundación para el Desarrollo
de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA)

Hacer sindicalismo no es delito

En junio de 2023, una gran manifestación (más de 10.000 personas), recorría las calles de Madrid, desde San Bernardo hasta Atocha, (convocada por la CNT), al grito de «HACER SINDICALISMO NO ES DELITO».

                El Juez de Instrucción Número 1 de Gijón había condenado a 6 sindicalistas de CNT (5 mujeres y 1 hombre) a 3,5 años de cárcel cada uno y al pago de 125.000€ de multa a su sindicato, la CNT. El Juez aplica estás condenas en base a dos delitos del Código Penal (obstrucción a la justicia y coacciones).

                Condena a los sindicalistas a 3,5 años de cárcel, tratándoles como delincuentes comunes, desligando los hechos del ejercicio sindical a la vez que condena al sindicato al pago de 125.000€ de multa.

                Hoy, el TRIBUNAL SUPREMO, ratifica la condena del Juez de Gijón y seis personas jóvenes verán truncadas sus vidas con un encarcelamiento de 3,5 años de prisión, porque son trabajadores que han tenido la osadía de defender los derechos de una compañera trabajadora de la pastelería «La Suiza» de Gijón, a la que se debían salarios a la vez que sufría acoso laboral por parte del jefe.

                Con esta indignante noticia, pretendo zarandear las conciencias de toda la clase obrera de este país y de todas las organizaciones obreras, políticas y sindicales, para que se den cuenta de que en esta llamada democracia no hay ni Constitución ni leyes que nos protejan, siempre que cualquier juez conservador pueda retorcer los hechos para acomodarlos a su ideología.


                Está sentencia es contra la clase trabajadora de este país y como tal debe entenderlo la clase trabajadora y sus organizaciones.

                Ahora, los que pueden y deben hacer algo contra está ignominia, que hagan.

Yo me adhiero.

Carmen Alonso
Militante socialista (Trujillo-Cáceres)

Lo denuncia en su TikTok CGT Metal Madrid

Editorial: 1º de Mayo, lo que nos preocupa y lo que nos debería preocupar

Balance de situación de las condiciones de vida y trabajo         

                El día internacional de los trabajadores y trabajadoras, el 1º de Mayo, es buen momento para realizar un balance de situación de las condiciones de vida y trabajo de las asalariadas y los asalariados.

                El primer cuarto s. XXI es un periodo que pasará a la historia como el de las calamidades en cadena: crisis financiera e inmobiliaria (2008-2018), pandemia COVID (2020 y 2021), Guerra de Ucrania (2022-…) y Genocidio en Gaza (2023-…). Veremos que nos depara el futuro inmediato.

                El común denominador de esta secuencia de hechos históricos es el empobrecimiento de la clase trabajadora, producto del austericidio al que fuimos sometidos para paliar la crisis que provocó el capital financiero y especulativo con sus políticas económicas e inmobiliarias, pasado por los largos meses de parón económico que la imprevisión e indecisión de los gobiernos, que aumentó los efectos sociales de la pandemia; por ejemplo,quedó retratada la política de recortes económicos y privatización en la Sanidad Pública y en las Residencias de mayores, finalizando el periodo con dos conflictos armados, a nombre de los cuales los especuladores de los oligopolios más potentes: banca, energía, telecomunicaciones, alimentación, etc., ha decidido incrementar sus fortunas brutalmente, a costa de restar poder adquisitivo a los salarios y las pensiones.

AñoIPC medioPensionesSalarios
20102,99%1%1,30%
20112,38%0%1,59%
20122,87%1%1,31%
20130,25%1%0,57%
2014-1,04%0,25%0,57%
20150,02%0,25%0,74%
20161,57%0,25%1,06%
20171,11%0,25%1,43%
20181,18%1,60%1,72%
20190,79%1,60%2,24%
2020-0,53%0,90%1,75%
20216,55%0,90%1,47%
20225,70%3,00%2,78%
20233,10%8,50%3,46%
26,94%20.50%21,99%
Fuente: INE, Elaboración propia para TS

               

La inflación en los últimos 13 años provoca que las pensiones acumulen una pérdida de poder de compra del 6,5%, en buena medida por los años en los que el Gobierno del PP aplicó las ridículas subidas de pensiones del 0,25%, y por los desfases entre IPC e incremento de las pensiones en los años 2021 y 2022. Los mismos datos nos dicen que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es del 5%. Si la comparativa la hiciésemos con el incremento del precio de los alimentos la pérdida de capacidad de compra es mucho mayor, pues ha sido del 4,9% en 2021, 15,7 en 2022 y del 11,8% en 2023; un acumulado en tres años del 32,4%. Por su parte, la vivienda, se ha incrementado un 29% en los diez últimos años.

                El resultado es que en el Estado español hay casi 13 millones de personas que son pobres o están en riesgo de exclusión social, el 26,5% de la población.

                Es de esto de lo que habría que hablar en los procesos electorales y en las sesiones parlamentarias. De esto y del profundo deterioro de la Sanidad Pública y del derroche de dinero público que supone la privatización que lleva aparejada la corrupción. Lo mismo podemos decir de la situación de la Educación Pública y del pernicioso efecto que el adoctrinamiento religioso tiene para la formación de las futuras generaciones, directamente con la asignatura de religión en los programas educativos e íntegramente en la enseñanza concertada que, a la par que resulta un negocio para las órdenes religiosas, supone una hemorragia para el presupuesto público educativo.

Lo que preocupa a la mayoría social

                Los resultados de las elecciones en el País Vasco han estado parejos a las previsiones que hizo el CIS a primeros de mes. Las urnas han precisado lo que el electorado vasco quiere: El PNV ha obtenido 27 diputados, por lo que ha perdido 4 respecto a los comicios de 2020; Bildu también ha obtenido 27 diputados, 6 más que en las anteriores elecciones; PSE-PSOE ha conseguido 12 diputados, sube 2, lejos de los 25 que tuvo en las elecciones de 2009, aunque en ascenso desde 2016 en las que cayó a 9; PP sube 1 diputado, al pasar de 6 a 7; Sumar consigue 1 diputado, al igual que VOX.Salvo por la desaparición de Podemos, que tenía 6 diputados en la legislatura anterior, la composición del Parlamento vasco no ha cambiado demasiado, por lo que no cabe esperar grandes cambios en la relación de los partidos vascos que vienen apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez. Así que, todos contentos.

                La campaña si se ha centrado en los asuntos sociales que más preocupan a la sociedad vasca, con la salvedad del intento de intoxicación al introducir la cuestión de ETA. Según la demoscopia, lo que más preocupa a la sociedad vasca es: el Empleo, la Sanidad y la Vivienda. La cuestión es si al votar al PNV, de ideología conservadora, ¿estaría el PNV a favor de la derogación de la Ley 15/97, ley que abre puertas y ventanas a la privatización de la Sanidad Pública?

                La misma pregunta, sobre la necesidad de defender la Sanidad Pública desprivatizándola, habría que hacérsela a Junts de cara a las elecciones en Cataluña para el 12 de mayo.

Lo que nos debiera preocupar a las trabajadoras y a los trabajadores

                Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Salud se define como: “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

                Es muy difícil tener un buen estado de “bienestar físico, mental y social”con salarios o pensiones de miseria. Cuando tienes que echar cuentas de a qué renuncias para llegar a final de mes. Es muy complicado gozar de buena salud mental, cuando tienes un trabajo precario, oa tiempo parcial y tienes que buscar cómo complementar los ingresos, cuando tu empresa te aplica un ERE o un ERTE porque prevé no ganar tanto como el año anterior, etc. Es difícil tener Salud.La Confederación de Salud Mental en España, en su informe de 2023, llegaba a conclusiones como las siguientes:

                “El 44,9% de la población afronta la situación actual con preocupación. Este sentimiento está más presente en          las personas adultas mayores de 55 años.”

                “Un 47,5% y un 39% de las personas están muy o bastante preocupadas por no poder hacer frente al pago de          sus facturas y el de su alquiler o hipoteca, respectivamente.”

                La falta de un futuro claro; precariedad en el empleo combinada con el excesivo precio de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, hacen que las y los jóvenes no vean a su alcance la emancipación, con la ansiedad que esa oscura perspectiva provoca.

                La sociedad está sometida a una barbarie que no es teórica.Cada vez son más los conflictos armados y más brutales. Lejos de trabajar por evitar la barbarie, vemos como los gobiernos y los partidos políticos se alinean con las posturas militaristas, en nuestro caso con los dictados de la OTAN y los USA, que es quien mueve los hilos en esa estructura militar.

                Observamos con preocupación que por parte del Gobierno no se verbaliza lo que es una evidencia, el Genocidio que se está perpetrando en Gaza contra el pueblo palestino. Las organizaciones sindicales tampoco parecen dar el paso de nombrar a las cosas por su nombre, Genocidio. Y ya de volcarse en la movilización ni hablemos. Se está tan pegado a la lógica del imperialismo hegemónico que nadie quiere verdaderamente ponerse al frente de la lucha contra la barbarie, la lucha contra la Guerra.

                Muchas son las preocupaciones de los trabajadores y a buen seguro serán reflejadas en la pancartas y lemas de las manifestaciones del 1º de mayo. El problema es que la mayoría social, la clase trabajadora, no parece tener las organizaciones políticas que defiendan sus intereses ni que estén dispuestos a luchar por ellos.

El Comité de Redacción

La Brecha Salarial entre mujeres y hombres, la gran discriminación.

El pasado 8 de marzo, como cada año, celebrábamos el Día de la Mujer Trabajadora, un día lleno de simbolismos que nos recuerda las diferencias existentes entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, también en lo laboral.

                Y es que, en 2021, último año que tenemos datos en la actualidad, las mujeres ganaron 5.212.74 euros menos que los hombres, situándose la brecha salarial en el 18,36%.Estos datos apuntan además que ha sido tremendamente importante la subida del SMI, 15 euros de subida, para las mujeres, ya que lo datos apuntan 0,36 puntos menos que en 2020.

                El pasado 22 de febrero celebrábamos el Día por la Igualdad Salarial y es importante señalar para las y los  que aún tienen dudas que para acabar con la brecha salarial hay que tapar los agujeros negros que persisten en el ámbito laboral: pues las mujeres siguen ocupando peores empleos, están peor pagadas y ocupan mayoritariamente los contratos a tiempo parcial (un 70% de ellos, además el 52% trabaja en esta modalidad de jornada, de manera involuntaria, al no haber podido encontrar un trabajo a tiempo completo).

                Los datos que conocimos en esos días nos indican que los 3 millones de personas que cobraron como máximo 965 euros, el 69% eran mujeres y es que la brecha salarial se da en todas las edades, pero ser mujer y joven está doblemente penalizado. Una mujer entre 25 y 34 años cobra de media 3.364,17 euros menos que sus compañeros de la misma edad (a pesar de haber más tituladas universitarias que hombres) y 4.109 euros menos que la media de las mujeres trabajadoras en España.

                Pero cuando llega a su límite de injusticia la brecha salarial es cerca de la jubilación donde se dispara una vez las mujeres alcanzan la edad de jubilación, resultado de toda una vida de discriminaciones (la brecha salarial en pensiones se eleva hasta el 33,13%). Además, hay más mujeres que hombres trabajando más allá de los 65 años, en concreto unas 20.000 más y con una brecha salarial del 27,73%, si traducimos todos estos datos nos encontramos con que las mujeres no nos podemos jubilar a los 65 y por tanto tenemos que continuar trabajando.

                La discriminación salarial se da prácticamente en todas las ocupaciones y actividades e independientemente del nivel de cualificación.

                Por Comunidades Autónomas, la brecha varía de unas otras, pero ninguna se libra. Donde hay más brecha es en Asturias, Navarra y Murcia. Este es el peor caso porque tiene los segundos salarios más bajos de toda España y la tercera brecha salarial más elevada. Por el contrario, la Comunidad Autónoma donde las mujeres tienen los salarios más altos y están algo menos discriminadas en relación a los hombres es el País Vasco.

                Otro dato es que la brecha salarial se produce en contratos indefinidos y en temporales. Así las mujeres con contrato indefinido reciben una quinta parte menos de media de salario que los hombres con este tipo de contrato. Aún, así los salarios de las personas con contrato indefinido están por encima del salario medo bruto anual.

                Son muchas las medidas necesarias para acabar con esta situación de injusticia que afecta al 50% de la población, por eso es importante poner en valor las subidas del SMI porque impulsan la reducción de la brecha salarial, al ser las mujeres las principales perceptoras de los sueldos más bajos.

                Sin embargo, es el momento de decir que no basta, hay que abordar la contratación a tiempo parcial en nuestro país, porque penaliza a las mujeres como indica el dato de que 1 de cada 4 mujeres trabaja a tiempo parcial y sus salarios medios se sitúan en torno a los 11.650,36 euros.

                El 23,25% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, en el caso de los hombres, este porcentaje se reduce hasta el 6,70% y aun así sus salarios siguen siendo mayores, casi 13.000 euros.

                Otra de las medidas necesarias para conseguir la igualdad salarial, es la de vigilar el cumplimiento, por parte de las empresas, de la normativa en materia de Igualdad Retributiva; convocar una mesa de diálogo social para trasponer la Directiva Europea de Transparencia Salarial a la legislación española para reforzar el principio de igual retribución por trabajos de igual valor; y establecer estadísticas desagregadas por sexo, que analicen la ocupación y el nivel de estudios.

                Y no podemos olvidar la importantísima labor de la Inspección de Trabajo, una inspección de trabajo que necesitarecursos y tener planes de actuación en materia de igualdad retributiva, para poder intervenir en aquellas empresas donde se infravalora el trabajo de las mujeres. Para ello son necesarios criterios claros sobre registros retributivos, valoración de los puestos de trabajo y auditorías retributivas.

                Es el momento de pedir al Gobierno que destine fondos para la formación de las personas negociadoras de convenios colectivos y planes de igualdad, ya que, si queremos reducir la brecha salarial, de una vez por todas, hay que abordarla desde muchos puntos de vista y seguir trabajando en modificaciones legales para que la igualdad retributiva sea un hecho en las empresas.

La igualdad real no será una realidad mientras sigan existiendo diferencias fundamentales entre mujeres y hombres que les favorezcan siempre a nuestros compañeros,  es fundamental promover la corresponsabilidad para que los hombres, de una vez por todas, se impliquen en los cuidados y que cuando hablemos de permisos, no tengan cara de mujer y es que las  estadísticas demuestran que los permisos para cuidado de menores o mayores o las excedencias siguen siendo solicitados mayoritariamente las mujeres. Tan mayoritariamente, que los datos arrojan unos porcentajes del 80% de mujeres frente al 20% de hombres”.

                Y sin embargo, esas mismas estadísticas apuntan a que cuando los permisos son remunerados, como el permiso por nacimiento, el porcentaje se equipara y llega casi al 50% – 50% por eso es importante que los permisos sean remunerados para que los hombres también los vayan solicitando porque esto no es una cuestión de que ellos no los quieran solicitar, sino que tiene su origen en la brecha salarial que existe en nuestro país y en el hecho cierto de que, por regla general, los salarios de las mujeres son más bajos en nuestro país por lo que una pareja, a la hora de decidir quién reduce su jornada o solicita una excedencia, lo determinan por el que menos ingresos tiene. Hay que ir cambiando esta tendencia y que los hombres se vayan incorporando cada vez más a esos cuidados.

                Es necesario avanzar en la corresponsabilidad, en ese sentido, nos preocupa especialmente, el permiso de 8 semanas hasta que el niño o la niña tienen 8 años, que, en principio,no está remunerado por lo que mayoritariamente lo van a solicitar las mujeres, por eso la importancia de que ese permiso sea totalmente remunerado. Y es que España es uno de los países europeos con más permisos para el cuidado, sobre todo, en edades tempranas, pero que estos nuevos permisos, que son la trasposición de una directiva europea que entró en vigor el 1 de julio en nuestro país, tienen que tener un desarrollo reglamentario.

                La OIT calcula que invertir en la atención infantil universal y en los servicios de cuidados de larga duración permitiría generar 280 millones de empleos de aquí a 2030, aumentaría la tasa de empleo de las mujeres en un 78% y lograría que el 84% de estos empleos fueran formales’.

                Resulta alentador constatar la labor que los sindicatos están llevando a cabo en todo el mundo en favor de la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, ya es hora de que todos los gobiernos del mundo hagan lo mismo.

                En España, a pesar de los avances legales en materia de igualdad retributiva, fruto del diálogo social y la brecha salarial se sitúa en el 18,4% una cifra aún demasiado alta que nos debe llevar a poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para que las mujeres y los hombres seamos iguales de verdad, es de agradecer las medidas puestas en marcha como señalábamos antes como la subida del SMI pero tenemos mucho camino que recorrer y la seguridad de que sí no es este Gobierno quien las pone en marcha, tenemos pocas esperanzas.

María Iglesias Domínguez
Periodista, Tribuna Socialista

Encuentro Sindicalistas por la Auditoria

El 14 de marzo, en el salón de actos de la Unión Comarcal Sur de CCOO en Getafe, se celebró el Encuentro de Sindicalistas por la Auditoria a las cuentas de la Seguridad Social. Este encuentro de sindicalistas, el primero que se realiza de manera presencial, se dio cita para debatir, organizar y dar continuidad en la lucha por la Auditoria. Una Auditoria que fue aprobada por la mayoría delos grupos parlamentarios en las Cortes, incluyéndose en la Disposición Adicional sexta de la Ley 21/2021, pero que a día de hoy sigue sin cumplirse.

                Es necesario insistir, ya que para muchos es una cuestión desconocida, que fue el movimiento de pensionistas, junto con  la COESPE, apoyado por miles de trabajadores y sindicalistas de todo el Estado español,los que con susluchas y movilizaciones llevaron al Gobierno a comprometerse en la realización de dicha auditoria, mediante la que quedaría demostrada la viabilidad del sistema de reparto de las pensiones públicas, terminando con el mantra de la insostenibilidad, y  demostrando así, que las reformas que se vienen realizando y las que están en la mente dela actual ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, o de su antecesor, José Luis Escrivá, reformas que, aparte de ser innecesarias, están llevándose a cabo con el  propósito de abrir la puerta a la privatización, con el riesgo que supone para el  sistema público de reparto, siendo este una de las mayores conquistas de la clase trabajadora.

                Entre las distintas intervenciones que tuvieron lugar en el transcurso del acto, resaltó la importancia de que esta lucha no puede ser llevada a cabo únicamente por los pensionistas. Los jóvenes, las trabajadoras y trabajadores en activo deben estar muy presentes en esta reivindicación, y por eso se hace un llamamiento a todo el movimiento obrero y a sus organizaciones, para  que informen, expliquen, organicen y movilicen  a sus representantes sindicales, llevando a todos los centros de trabajo este asunto, para que sea motivo de debate y discusión en los comités de empresa  y las secciones sindicales, teniendo en cuenta que para la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras en activo esto es, sorprendentemente, un tema desconocido.

                Por todo esto es prioritario explicar a todos los trabajadores y trabajadoras la importancia que tiene que el Gobierno cumpla la Ley y encargue una auditoria a las cuestas de la seguridad social, una auditoría independiente del Gobierno, que abarque el periodo 1967 a 2019. Pero, mientras tanto, debemos exigir al gobierno la devolución a la caja de la Seguridad Social el importe de 140.000 millones de euros que, en abril de 2023 reconoció el ministro de Seguridad Social del primer Gobierno de coalición progresista. Hay que recordar que en 2020, el Tribunal de Cuentas cifró esa deuda en 103.690 millones de euros para el periodo 1989 a 2018. Por esta razón se decide dar continuidad a la lucha, relanzando la campaña para dirigirnos al gobierno y a las diputadas y los diputados del Congreso que representan a la población trabajadora para que exijan al Gobierno el cumplimiento de la ley. Se propone organizar delegaciones que se reúnan con los diputados de cada provincia.

Súmate y pide información sobrela campaña a través del correo sindicalistasxauditoria@gmail.com

Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez
Sindicalista UGT en Madrid

Solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Schneider Electric en Griñón

Tras varios años de lucha de los trabajadores y las trabajadoras, la dirección de Schneider Electric ha anunciado el cese de actividad en la planta de Griñón en la Comunidad de Madrid, especializada en gestión de energía y transformación digital.

Una decisión que lleva dos años sobre la mesa de la dirección, pese a que los sindicatos defienden la viabilidad y rentabilidad del centro y denuncian la deslocalización de la producción a otras plantas del grupo en España e Italia. La medida afectará a unos 200 empleados directos y otros centenares de indirectos, según fuentes sindicales.

Desde CCOO han indicado que «están completamente en contra de la decisión de la empresa y no aceptan que se detenga la producción en la planta». Así mismo, CCOO se ha comprometido a revertir la situación y negociar con Schneider Electric una mayor inversión en la fábrica, ya que cuenta con una plantilla «altamente preparada» y es una planta «rentable y productiva».

El Comité de Redacción de Tribuna Socialista se solidariza con los trabajadores y trabajadoras de la planta de Griñón en su lucha por mantener los puestos de trabajo y el futuro de la planta. Con tal objetivo, el 10 de febrero hemos redactado una nota de rechazo a la decisión de la empresa.

Comité de redacción de TS

¡Tractoradas!, separando el grano de la paja

Las movilizaciones del campo que han paralizado las grandes ciudades del Estado y de toda Europa son movilizaciones del empresariado del sector agrícola, y ganadero, entre ellos, pequeños agricultores, pero también grandes latifundistas, sin la participación de los trabajadores del campo, sin la participación de los sindicatos de clase, y con algunas reivindicaciones justas y razonables y otras que no tanto (Unai Sordo dixit). Separemos el grano de la paja.

¿Qué es la Política Agraria Común?

La Política Agraria Común (PAC) es la politica europea más antigua, ya que data de 1962 y su principal objetivo, según explica el Consejo de Europa en su página web, es «unificar criterios en materia de producción y distribución agrícola, centrando su atención en proporcionar alimentos asequibles, seguros y de alta calidad a los consumidores, conservar los recursos naturales y garantizar el nivel de vida de los trabajadores del sector». A priori, encomiable.

Las ayudas provinientes de la UE destinadas a agricultores y ganaderos son una tercera parte del presupuesto de la UE. Hay tres tipos de ayudas:

-La ayuda a la renta mediante pagos directos que garantizan la estabilidad de los ingresos y remuneran a los agricultores por practicar una agricultura respetuosa con el medio ambiente y por prestar servicios públicos que los mercados no suelen recompensar, como el cuidado del campo;

-Las medidas de mercado para abordar situaciones difíciles, tales como una repentina caída de la demanda a causa de una alarma sanitaria o una caída de precios debido a exceso de oferta temporal en el mercado;
-Las medidas de desarrollo rural consistentes en programas nacionales y regionales para atender a las necesidades y retos específicos de las zonas rurales.

Para España, la PAC prevé destinar más de 47.724 millones de euros a agricultores, ganaderos e iniciativas de desarrollo rural en el periodo 2023-2027. Sin embargo, la concesión de las ayudas se supedita a la puesta en marcha de prácticas medioambientales que condicionan la concesión de parte de las ayudas de la PAC, más cargas burocráticas y el cumplimiento de directrices que van dirigidas a la sostenibilidad medioambiental pero que reducen la productividad de las explotaciones (una de ellas, por ejemplo, es dejar parte de la tierra en barbecho).

Estas medidas se unen a una difícil situación del sector, causada, entre otros factores, por la bajada de la producción generalizada debido a la grave sequía, al encarecimiento de los costes de producción (sobre todos fertilizantes), y una burocracia excesiva que implica tiempo y aumento de gastos para agricultores y ganaderos.

Entre las reivindicaciones del campo se encuentra la eliminación o flexibilización de las medidas medioambientales, a las cuales la UE ya ha accedido, la regulación de un gasóleo profesional agrario que tenga el descuento en el lugar de abastecimiento, como se había hecho en la época poscovid para toda la ciudadanía, en lugar del sistema actual, que consiste en una desgravación de impuestos a fin de año, cuando se presentan los gastos anuales, y que se tomen medidas para erradicar la competencia de las importaciones de países que no cumplen las mismas condiciones exigidas en las producciones de los países miembros de la Unión Europea, compartiendo la petición de diseñar un nuevo marco en las negociaciones de libre comercio con el Mercosur o con terceros países para que no tengan tan fácil vender sus productos en la Unión, como sucede con la entrada de productos ucranianos, que antes de la guerra tenían una política arancelaria más fuerte o los que llegan de países del norte de África,

¿Cuál es la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez?

El mensaje compartido es que al campo se le escucha y no se le da la espalda. De momento, se han tomado algunas medidas y se han prometido más. Pedro Sánchez ha asegurado en una entrevista en La Sexta que “estamos con el campo, con los agricultores, los ganaderos y el sector pesquero”. El presidente del gobierno reconoce que el sector del campo ha sido muy castigado por la evolución de los costes y ha recordado que en los últimos dos años, el Ejecutivo ha aprobado ayudas por valor de 4.000 millones.

Por su parte, el ministro de Agricultura ha prometido defender los intereses del campo en Bruselas, por ejemplo, a la hora de modificar la exigencia de un 4% de tierras en barbecho, disminuir la burocracia, dar voz al sector en Bruselas o mejorar la Ley de la Cadena alimentaria.

Queda por ver si cambiarán los términos de las negociaciones comerciales con terceros países o el Mercosur y cómo será la futura Ley de la Agricultura Familiar, que tiene que ver la luz en esta legislatura.

¿Qué dice el PSOE?

Mi partido (y el de muchos de nuestros lectores) reconoce que los sectores agrario y pesquero constituyen uno de los principales pilares de la economía española y sostienen la balanza comercial de nuestro país. En los últimos 12 meses, las exportaciones agroalimentarias superaron los 70.000 millones de euros.

Sin embargo, como consecuencia de situaciones como la guerra en Ucrania o la prolongada sequía (más de dos años) y la elevación de las temperaturas, atraviesan una difícil situación, que compromete las producciones y la rentabilidad, y de la que el Gobierno es plenamente consciente.

El Gobierno está firmemente comprometido con los sectores agrario y lo demuestra con hechos:

Entre los años 2022 y 2023 ha habilitado ayudas extraordinarias por un valor superior a los 4.000 millones de euros. Nunca hasta ahora se habían movilizado tantos fondos públicos del Estado en apoyo al sector primario.

Además de ayudas directas extraordinarias (unos 1.400 millones de euros para agricultores y ganaderos), se han arbitrado medidas de apoyo fiscal, laboral, social, financiero y de ayuda a la contratación de seguros agrarios, entre otras.

Estas ayudas han beneficiado sobre todo a los sectores ganaderos, tanto de leche como de carne, que se han mostrado más vulnerables a las dificultades de la situación (casi 700 millones de euros), así como para el sector citrícola (38,7 millones de euros).

También se habilitaron 300 millones de euros destinados a paliar los efectos del incremento del coste de los fertilizantes; así como 5 millones de euros para el sector apícola.

Los agricultores de cultivos herbáceos de secano y de determinados cultivos industriales (tomate de industria y arroz) contarán con 268,7 millones de euros para apoyarles por la sequía.

Otros 8 millones de euros han ido a los productores de la cereza del Valle del Jerte (Cáceres), mientras que otros 81 millones de euros procedentes de la reserva agrícola -concedidos a España por la Comisión Europea- irán a los productores de determinados cultivos leñosos (frutales de pepita, de hueso, tropicales, cítricos y frutos de cáscara).

Además, se han arbitrado medidas de alcance en materia fiscal, como rebajas en el rendimiento neto del IRPF, exenciones en el IBI rústico para las explotaciones con pérdida de rendimiento, entre otras.

En materia de ayuda a la financiación se han ampliado los presupuestos para los préstamos bonificados de la línea ICO-MAPA-SAECA y para las subvenciones de avales.

También se ha ampliado el apoyo a la contratación de seguros agrarios. Para este 2024 las ayudas suman 284,5 millones de euros y eleva de forma considerable el presupuesto con el que se encontró en 2018.

En el ámbito laboral se aprobaron aplazamientos en los pagos de las cuotas a la Seguridad Social y reducciones en los dos ejercicios en el número de jornales necesarios para acceder al subsidio por desempleo.

En materia hidráulica, se han adoptado medidas de exenciones de cánones de agua y reducción de precio de agua desalada para el uso agrario.

Y como anunció el ministro Planas en el Congreso, durante la presente legislatura se mantendrá la devolución del impuesto sobre hidrocarburos para el gasóleo de uso agrícola.

La propiedad de la tierra

Hasta ahora he hablado de qué es la PAC? qué objetivos tiene? qué reivindican los agricultores y ganaderos? y qué respuesta damos desde el gobierno y desde el PSOE. Sin embargo, hay cuestiones importantes que no se abordan y que son importantes para el campo, y para tener una provisión de alimentos saludables y variados.

La primera de esas cuestiones es la propiedad de la tierra, que en muchas ocasiones no es de quién la trabaja, sino de latifundistas y grandes corporaciones del sector alimentario que configuran un oligopolio.

El ejemplo de Alemania: En Alemania, como en toda Europa, se está dando una especulación inmobiliaria con las tierras agrícolas. Entre otros inversores privados, están la Fundación Aldi-Nord o «Deutsche Wohnen», uno de los mayores propietarios de tierras de Alemania. Pero eso no es todo. Estas empresas dictan los precios y reducen los ingresos de los agricultores. En Alemania, cuatro grandes grupos se reparten el mercado de la alimentación: los grupos Edeka, Rewe, Aldi y Schwarz. Su participación ha aumentado constantemente en los últimos veinte años, y en 2021 el cuarteto representó más del 85 por ciento de las ventas en el comercio minorista de alimentos, un total de más de 218 000 millones de euros.

El mercado es un oligopolio de facto. Los pequeños agricultores se enfrentan al gran comercio de la alimentación. Debido a su poder de mercado, Edeka, Rewe, Aldi y Lidl pueden dictar los términos y condiciones de los proveedores más pequeños, igual que Mercadona hace en España.

Lo que está en juego es la concentración de la propiedad de la tierra en manos de los grandes monopolios internacionales. Esa es una de esas cuestiones de las que casi nadie habla.

La competencia desleal y la especulación de precios

Una de las quejas de los agricultores es la competencia desleal de productos provinientes de países externos a la UE. En Alemania y en los países del este de la UE se señala directamente al libre comercio con Ucrania, con la que se ha relajado la política arancelaria desde la guerra. En España, se señala a los productos marroquies y a los procedentes de libre comercio con Australia o latinoamerica.

Pero esta competencia «desleal» tiene, al menos, dos componentes. El primero de ellos es que ciertamente, los requisitos de entrada de productos de fuera de la UE son menores que los que se exigen a productores de la UE. Reforzar la trazabilidad de los productos y los controles sanitarios es una necesidad. El segudo de los factores es que esos productos «desleales» son introducidos en el mercado por las mismas multinacionales del sector de la distribución.

También algunos fabricantes de alimentos que procesan productos agrícolas deciden los precios a los que van a comprar los productos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, Dr. Oetker, Tönnies, Ferrero, Coca-Cola, Nestlé, Procter & Gamble, Tchibo, Unilever, Mars y Danone. Ellos marcan los precios.

Entonces…las ayudas a los agricultores y ganaderos sirven en gran medida para compensar la política de fijación de precios de las grandes distribuidoras y fabricantes multinacionales; pero esas mismas ayudas no atacan el problema de raíz: la especulación de la tierra y sus productos que el capital financiero promueve a través de las multinacionales del sector.

El oposicionismo a la transición verde

Es bien conocido que las tractoradas en la UE están sirviendo a los negacionistas del cambio climático a cargar contra las políticas medioambientales, a la par que suman adeptos para la causa negacionista que lidera la extrema derecha.

Una de los objetivos a conseguir es que se debe hacer un uso racional de la tierra y de los recursos naturales, así como de los procesos utilizados en la agricultura y en la ganadería para que nuestra sociedad disponga de productos alimentarios saludables y variados. Por tanto, la solución para agricultores y ganaderos europeos no debería pasar por relajar las medidas medioambientales para competir con terceros países, sino impedir que se comercialicen productos que no cumplan con las normas medioambientales y sanitarias.
Por ejemplo, la apuesta por la ganadería extensiva e intensiva es muy productiva…para su empresariado, pero muy nociva tanto para el medio ambiente como para la calidad alimentaria de sus productos. Lo mismo podemos decir de los productos agrarios manipulados genéticamente, con grandes corporaciones como Monsanto (hoy Bayer) que incluso fabrican semillas estériles, para que una vez den lugar a una cosecha, se tenga que volver obligariamente a comprar semillas. O el uso de pesticidas y fertilizantes nocivos para la salud animal y humana.

La apuesta por los pequeños productores, por los sistemas de producción cooperativa respetuosa con el medio ambiente y que vele por la calidad alimentaria de los productos debería imponerse a las políticas especulativas de las grandes multinacionales.

El socialismo debe ofrecer alternativas transnacionales a la libertad de mercado

En toda Europa, la extrema derecha ha tratado -y está tratando- de capitalizar este malestar, sobre todo en países como Francia, Alemania o también España. Pura demagogia y oportunismo. Ya sabemos que lo que quiere la ultraderecha es sembrar el caos, destruir el medio ambiente y la libertad…de empresa y del capital financiero (y si no que se lo pregunten a los argentinos)

Por ello, es más necesario que nunca, una alternativa socialista para el campo para proteger a los que trabajan la tierra, para poner fin a la especulación del capital financiero, para acabar con el oligopolio de la distribución y las grandes marcas de fabricantes que fijan los precios, sobreexplotan la tierra y la ganadería y someten a los trabajadores de la tierra a condiciones de trabajo precarias; y para acabar con la guerra de ucrania que favorece esa especulación y los intereses espúreos de las grandes corporaciones.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de T.S

Más claro que el agua: lo que dicen los agricultores de verdad

(Clica sobre la imagen para reproducir el video)