Categoría: Socialismo

El pasado jueves 4 de abril, el Parlament de Cataluña aprobó una moción presentada por el PSC, con 62 votos a favor y 61 en contra; con el apoyo de todos los grupos de la oposición, y la abstención de la CUP. Dicha moción insta al gobierno de Quim Torra a presentar una moción de confianza o convocar elecciones autonómicas, dada la paràlisis del Govern de la Generalitat y la inacción en la resolución de los problemas de los catalanes y catalanas.

La inactividad del gobierno catalán es un clamor popular. No hay nadie al volante. Los partidos que forman parte de ese gobierno están centrados únicamente en el tema identitario, en la batalla de símbolos y banderas, y su acción de gobierno más relevante ha sido la concesión del tercer grado penitenciario al exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol, condenado a dos años y medio de cárcel por delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil en el caso ITV.

El gobierno de Quim Torra no solo no ha presentado presupuestos para 2019, sinó que además, està permitiendo que crezca la desigualdad, aumenten las listas de espera en sanidad o por ejemplo, que peligren 10000 puestos de Trabajo del tercer sector, que hoy día están gestionando el 97% de la cartera de Servicios sociales, por no hacer frente al pago de las subvenciones a las entidades que lo gestionan.

En la defensa de la moción presentada, Eva Granados se dirigió al President de la Generalitat para manifestarle  “que la situación en nuestras escuelas, en servicios sociales de atención a la infancia esté así es su responsabilidad. Y si no saben, no quieren o no pueden arreglarlo, convoque elecciones y que la ciudadanía decida quien los debe gobernar. Fundamentalmente, un gobierno debe ser útil. Útil para las personas, especialmente para las más vulnerables. Y con ustedes estamos perdiendo, cada día que pasa un poco más”.

 

Quim Torra, que ya ha anunciado que hará caso omiso a esta moción, al no tener carácter vinculante, seguirá apoltronado en el Govern de la Generalitat consciente de la debilidad de la oposición, a la que retó a presentar una moción de censura. De hecho, la mayor fortaleza del gobierno de Quim Torra es que la oposición está liderada por C’S, incapaz de haber formado gobierno a pesar de haber sido el partido más votado en las últimas elecciones autonómicas en Catalunya, y centrado solo en la judicialización de la política, en la aplicación de un 155 permanente, y en hacer de la confrontación identitaria el caballo de batalla que les permite presentarse en las elecciones generales, como los grandes defensores (junto a VOX y PP) de la rancia “España grande y libre” de Franco.

 

Los socialistas catalanes debemos seguir trabajando, codo a codo, con el resto de socialistas del estado español, en la recuperación democrática, en hacer compatible el derecho a decidir de los pueblos con la defensa y mejora de los derechos sociales, en la lucha por la recuperación de las libertades y derechos perdidos en la última década (derogación de la reforma laboral, derogación de la ley Wert, de reforma de la justicia y las instituciones herederas del franquismo, y caminar hacia una España federal que defienda con fuerza los valores republicanos de igualdad, libertad y fraternidad.

 

Si en el conjunto de España es necesario un partido socialista fuerte comprometido con los intereses y derechos de la mayoría social, también en Catalunya es igualmente necesario desalojar a la burguesía catalana del Parlament y comenzar a hacer políticas sociales para revertir los años de desgobierno y mal gobierno del cada vez más fraccionado frente independentista.

 

 

Baltasar Santos

TS Catalunya.

Hoy, Abril de nuestros recuerdos, nos encontramos inmersos en otro período electoral como hacía tiempo que no veíamos, con una polarización política en todo el país agravada con una ruptura socio-política interna en  Cataluña.

El proceso político independentista que fracasó, y la respuesta, decididamente provocadora y  fallida del gobierno del Partido Popular nos ha situado en un panorama preocupante, donde una parte de Cataluña está enfrentada a una parte de España, y el resto, la inmensa mayoría de los ciudadanos que estamos en medio asistimos asombrados, cada uno desde su posición política, a un proceso que no resuelve nuestros problemas pero que hace que discutamos sin pausa ni solución, y que se mantenga constante  el volumen de ruido,  en todo lo alto…

La imagen, los discursos desde la derecha son tremebundos, con acusaciones de una gravedad tan extrema como artificial recordando  otros  tiempos  oscuros  para regocijo de nostálgicos,  y sin embargo estos  mismos problemas, lejos de encontrar propuestas de solución y diálogo solo se exhiben para echarlos en la cara del otro.

Es  evidente el “rostro” de los responsables máximos de este disparate y de quien está encantado con este enfrentamiento: Vox, PP, y Ciudadanos por parte de la derecha españolista y PdeCat y otros de la derecha catalana. Pero también alguna izquierda, a veces,  que participa abandonando la política con rostro humano, la política social de defensa de derechos y libertades económicas , sociales y laborales  colaborando, en consecuencia,  en este sainete.

Desde TRIBUNA, siempre hemos defendido los derechos y libertades de los ciudadanos, sean de donde sean, vivan donde vivan y se sientan de donde quieran. Hemos proclamado el derecho de los Pueblos, de sus ciudadanos a ser libres de decidir su futuro, y a hacerlo por cauces democráticos y constitucionales garantizados mediante procedimientos urídicos  transparentes, legales y  adecuados; y  lo decimos claramente, que aunque la actual redacción de nuestra constitución lo hace inviable, y  determinados partidos de la derecha la  utilicen como un «obstáculo»,  los procedimientos son inseparables de las garantías democráticas y de los derechos fundamentales recogidos en nuestras normas legales,  pero no como un simple voluntarismo roussoniano, sino como algo intrínseco a las decisiones políticas que tomemos sobre este o cualquier otro tema.

De ahí que nos reafirmamos en que es necesaria una REFORMA CONSTITUCIONAL , que ésta debe abordarse en el Parlamento, en una comisión encargada, conformada por todos los que decidan participar, cuantos más, mejor,  y si fueran todos, perfecto.

No es el camino más sencillo, ni es el mejor momento con esta derecha rampante , pero es evidente que es el camino “más corto”. Y lo es porque no sirven atajos con declaraciones unilaterales,  utilizaciones de órganos jurídicos para solucionar problemas políticos, soflamas patrioteras de cada lado del muro, y mucho menos dar carpetazo mediante elecciones mediatizadas por una ultraderecha a caballo, y un centro-derecha acomplejado o meramente oportunista.

Los socialistas, la izquierda en general, y seguro que también  alguien en el centro-derecha, tenemos esperanza, una esperanza real afianzada en nuestra historia reciente, donde en circunstancias más difíciles , con gravísimos intentos de involución desde los dos lados del nacionalismo, como siempre el propio y el ajeno, con vidas humanas sacrificadas, fuimos capaces  de “enterrar” una cruel dictadura  fascista, de construir una DEMOCRACIA,  de hacer frente y vencer al nacionalismo pistolero-mafioso de ETA,  y alcanzar, entre todos, una paz en libertad y JUSTICIA.

¿Como no vamos a ser capaces de resolver un problema de desarrollo constitucional, de reforma necesaria tras años de experiencia y juego democrático?

Nuestra Transición, a pesar de sus defectos y la extrema derecha, demostró que en el peor de los momentos, la inteligencia y el deseo de convivir en paz y democracia, y el respeto a todos los ciudadanos, a sus derechos y libertades,  demostró que era el único camino, un camino donde las leyes deben proteger, amparar a las personas y sus derechos, no encadenar ni encorsetar, ni mucho menos convertir ordenamientos democráticos-constitucionales en algo inamovible, sagrado, o por encima de  quienes hacemos la propia democracia y a quien ésta debe proteger.

Se nos exige a todos, no solo a la izquierda,  por tanto, dialogar, negociar, y plasmar  los acuerdos que permitan configurar un nuevo estado donde todos tengan cabida en paz y libertad, transformar la norma para que sea útil y efectiva, y conseguir que todos puedan participar sin cortapisas.

Incluso en TRIBUNA tenemos  la  ESPERANZA de que una vez cerrado este capítulo importantísimo de nuestra democracia, haya tiempo por fin, de atender los “pequeños “ problemas de los ciudadanos , el trabajo decente, la educación pública, la sanidad, los derechos sociales como la vivienda, la Seguridad Social, las pensiones, la banca publica…etc.

Estamos firmemente convencidos.

Eduardo Hernández Oñate.

La izquierda necesita espacios de debate y reflexión, donde con libertad de expresión se puedan plantear las respuestas y propuestas que hacen un gobierno de izquierdas, desde su defensa de las libertades y derechos pasando por sus políticas económicas y sociales, que sean para la mayoría de la ciudadanía.

Hoy,  con el relanzamiento de los fascismos, vía populismos de derechas, VOX y, Liga, etc… Debemos generar opinión para confrontar con  esos planteamientos  neoliberales y arrasadores del Estado de Bienestar, unido a la negación de derechos políticos y sociales, restricciones de voto o exclusión de grandes bolsas de población por diversos mecanismos.

Es fundamental para su supervivencia, que la izquierda se renueve o reinvente, pues se enfrenta a un capitalismo que ha mutado en este mundo cambiante y globalizado; no sólo estamos hablando de grandes corporaciones, localizadas y focalizadas, hablamos de compañías transnacionales, planetarias y con capitales desconocidos, vía fondos de inversión, sin sentido creativo y social, solo especulativos que están marcando el ritmo de un mundo que han pintado adaptado a sus necesidades y en ese escenario, el rearme ideológico es imprescindible y el único modo de subsistencia.

Todo lo anterior acompañado de un mundo donde las FAKE NEWS imponen sus verdades, donde la capacidad de reflexión y explicación de la idea ha sido desplazada por los 280 caracteres, donde el titular enmascara la realidad y con una creciente pérdida de la realidad en la que vivimos;  ante la inmediatez y los continuos flases informativo… es por lo que espacios como Tribuna Socialista tienen Razón de ser, hay que explicar, que dotar de líneas permanentes la noticia, la reflexión, lo hecho y desarrollado…sirva como ejemplo ilustrativo : Las medidas del Gobierno del PSOE actual.

El próximo día 28 de abril, nos enfrentamos en España a unas Elecciones trascendentales, este país se  juega mucho, no solo que gobierne la izquierda socialdemócrata, sino el futuro democrático y social, el modelo construido desde la transición política de finales de los 70 hasta la crisis económica de 2008, que han supuestos los mejores de la historia en desarrollo económico y social. Esto es lo que está en juego, unas derechas que pretende implantar modelos neo liberales y excluyente y un izquierda que intenta mantener el proyecto socialdemócrata y avanzar en una mejor redistribución de la riqueza, una izquierda que está recuperando sus raíces ideológicas después de un periodo donde sus coqueteos con el social liberalismo le han hecho perder apoyos de sus bases sociales permitiendo abrir espacio a populismo de izquierda, ideologizados pero sin un proyecto político real, muchas veces un proyecto cortoplacista y fácilmente adaptado por otros populismos demagógicos de signo semifacistoides.

Para completar este análisis de la realidad política actual, debemos analizar la situación de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, unos trabajadores-as  que han caído en la sociedad de consumo y en el encantamiento de las ideologías que venden los que nos son, ni emprendedores, ni autónomos ni liberados de explotación.

Las ideologías neoliberales han jugado con el lenguaje, ha utilizado esos términos para romper la fuerza de los trabajadores, los sindicatos de clase han sido injuriados y se ha usado contra ellos campañas de desprestigio con el fin de acabar con el único reducto que queda a los trabajadores y trabajadoras contra la explotación;  junto a este desprestigio, la creación de sindicatos gremiales y que diferencia a los trabajadores, unos de otros, funcionarios y obreros, especialistas y manuales, urbanos y agrarios…  los trabajadores, todos desde especialistas y cualificados hasta lo menos cualificados necesitan sindicatos fuertes, vinculados a partidos socialdemócratas y de izquierdas, para poder defender sus derechos, sus condiciones de trabajo, de vida, ante la globalización y la creciente  explotación que se está produciendo en este mundo global.

Hemos de recuperar el significado de las palabras que iniciaron el camino de la revolución  en el S.XVIII, Libertad, Igualdad y Fraternidad, palabras al que el socialismo añadió, Solidaridad.

Avancemos hacia una sociedad más Justas e Igualitaria, ante la creciente desigualdad, solo la izquierda y su ideología, pueden y son la respuesta al Capitalismo cada vez más salvaje.

Juan Gómez Colomera

Redacción Tribuna Socialista Andalucía

España está celebrando la Semana Santa inmersa en la recta final de una bronca y reñida campaña electoral como no se conocía desde hace muchos años. Con el agravante de que no se tiene ninguna certeza de los posibles resultados finales y, por lo tanto, sin ninguna seguridad sobre el signo y la composición del próximo gobierno, a pesar de la última macro encuesta del CIS y de la ventaja que otorga al PSOE.

En estas circunstancias, la influencia de Catalunya: referéndum, aplicación indefinida del artículo 155- CE, exhibición y defensa de la Bandera, la Unidad de España… está siendo menos importante de lo esperado (como pretendía Pedro Sánchez). El protagonismo que todavía tiene se debe más bien a que el “Procés” sigue abierto y los presos siguen en la cárcel. En todo caso, la impresión de muchos es que el problema no ha empeorado desde las últimas elecciones en Catalunya y que la actitud de Puigdemont y de los exilados voluntarios preocupan muy poco a los ciudadanos. Por otra parte, su partido (PxCat) está atravesando una profunda crisis de identidad y observa con preocupación el fuerte ascenso en las encuestas que está experimentando Esquerra Republicana (ERC) y su previsible mayoría electoral, el próximo 28 de abril, dentro del bloque independentista.

En relación al bloque de derechas, todo indica que las soluciones extremas que está presentando el PP (propias de un partido perdedor) están llamadas a fracasar, Ciudadanos no está cumpliendo con sus expectativas electorales y Vox continúa con sus manifestaciones extravagantes, cuando no absolutamente reaccionarias. Por otra parte, dentro del bloque progresista, Podemos no acaba de perfilar una política comprensible para el conjunto del Estado sobre el referéndum de independencia de Catalunya y sólo el PSOE, al ocupar el espacio de centro político, abandonado incomprensiblemente por Ciudadanos, espera mejorar los resultados electorales de las anteriores elecciones generales, lo que explica la campaña moderada de Pedro Sánchez. Todo ello al amparo de una política dialogante que reconoce el problema catalán y busca soluciones pactadas- en un futuro marco federal- respetando la Constitución y oponiéndose con firmeza al referéndum y a la independencia.

Al margen de Catalunya, la gran mayoría de las propuestas electorales de la derecha, en particular las del PP, carecen de rigor y son claramente electoralistas y regresivas, sobre todo las que tienen relación con la reducción de impuestos. Debemos recordar que España está 7 puntos por debajo de la media europea en recaudación fiscal; debe cumplir con las exigencias de la UE sobre el déficit  y pagar los intereses de la deuda; corregir las desigualdades, la pobreza y la exclusión social que sufren muchos ciudadanos; además de seguir financiando el Estado de Bienestar Social y, en particular, las pensiones, la dependencia, los servicios públicos, la vivienda social y las infraestructuras.

Por eso resultan más justas, creíbles y acordes con la realidad  económica y social, las propuestas del PSOE y de Podemos. La pretensión es avanzar en el desarrollo del concepto de justicia social y por ello  proponen desarrollar una fuerte actividad contra el fraude fiscal (dotando de medios económicos, técnicos y humanos a la Inspección fiscal), la evasión y los paraísos fiscales; en este último caso de acuerdo con la UE. Además de apostar por la progresividad y el establecimiento de un mayor impuesto a los que más ganan y a los que más contaminan.

En relación con el empleo y la intolerable precariedad (la mayor preocupación de los ciudadanos), las propuestas de la derecha que se conocen son lamentables, cuando no profundamente regresivas, al reforzar y profundizar en las reformas laborales y despreocuparse de cambiar nuestro modelo productivo y de aumentar el tamaño de las plantillas de las PYMES, que es donde se pone más de manifiesto el desempleo y la escasa productividad de nuestro tejido empresarial. Por lo tanto, en esta importante materia, sólo cabe esperar un compromiso del PSOE y de Podemos en cuanto a derogar definitivamente las reformas laborales, luchar contra la temporalidad y el trabajo a tiempo parcial no deseado, cambiar nuestro modelo productivo y, finalmente, elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que responda a los cambios que se están produciendo en un mundo digital y globalizado.

Otros asuntos importantes tienen  relación directa con la igualdad de género, las migraciones (Vox desbarra proponiendo “muros en la frontera con Marruecos”) y el cambio climático. La derecha, sobreactuando en estos asuntos, está desnortada, sin propuestas y sin proyectos para abordar estos tres asuntos mayúsculos llamados a ocupar la atención de nuestros jóvenes, muy preocupados por su futuro y, en concreto, por la igualdad, la salud pública afectada por la contaminación y las libertades individuales. No es extraño que el bloque de derechas genere miedo con unas propuestas que nos remiten a un pasado rancio, intolerante y tabernario, lo que demuestra la baja calidad democrática de la derecha. En cambio, las políticas de la izquierda en estos puntos están bien argumentadas y son aprobadas por los ciudadanos, que las han valorado muy positivamente, sobre todo las propuestas medio ambientales elaboradas por la ministra Teresa Ribera.

Finalmente, en este somero recuerdo de los temas más acuciantes, que se deben tratar en la campaña electoral, no está de más recordar las propuestas que los sindicatos y el mundo de la cultura (representantes de la sociedad civil) han presentado a los partidos políticos progresistas. En concreto, hacen un serio llamamiento a la participación de los ciudadanos y plantean 10 grandes propuestas encaminadas a dar un profundo giro social a la política económica del próximo gobierno y a priorizar la centralidad del trabajo en el desarrollo de nuestra democracia.

1º. Modelo productivo. Plan estratégico para la industria, que desarrolle actividades de alto valor añadido y mejore la competitividad de las empresas. Incentivar una política de apoyo a la innovación, la investigación y el desarrollo. Establecer una banca pública y de calidad basada en las experiencias de la UE. Impulsar la transición energética y medio ambiental. Movilizar a las zonas rurales implementando la cohesión social y un Plan de regeneración y cuidado del entorno natural.

2º. Empleo de calidad. Derogar las reformas laborales de 2010 y 2012. Apostar por el diálogo social y la negociación colectiva. Combatir la precariedad laboral y recuperar la causalidad en la contratación, la ultra actividad y la prevalencia del convenio sectorial frente al convenio de empresa. Duplicar la dotación económica de las políticas activas de empleo. Establecer nuevas formas de organización del tiempo de trabajo. Luchar contra el fraude laboral, particularmente en las plataformas digitales.

3º. Recaudar más y de manera más justa. Apostar por una reforma fiscal que reduzca en la próxima legislatura a la mitad la diferencia que nos separa, en presión fiscal, de la UE.  Elevar la tributación sobre el capital, el IRPF de los salarios más elevados y el impuesto de sociedades de las grandes empresas. Recuperar  el impuesto de sucesiones y de patrimonio. Acometer un Plan de Choque contra el fraude fiscal y la economía sumergida, así como contra la elusión y los paraísos fiscales de las grandes empresas.

4º. Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Reducir la brecha salarial. Implementar  el Pacto de Estado contra la violencia de género. Fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar y el cuidado de las personas en situación de dependencia.

5º. Impulsar las políticas sociales y la lucha contra la pobreza. Establecer un suelo de gasto social en la Constitución. Derogar el artículo 135-CE (reforma de 2011). Establecer una prestación de ingresos mínimos de inserción. Reformar el sistema de protección por desempleo. Garantizar el derecho a la vivienda y apostar por el alquiler a un precio razonable. Acabar con los desahucios de primeras viviendas. Establecer un mínimo social de suministro que permita combatir la pobreza energética.

6º. Garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas. Recuperar el Pacto de Toledo. Derogar la reforma de 2013 (factor de sostenibilidad y revalorización del 0,25% de las pensiones). Garantizar la financiación del sistema de pensiones aportando si es preciso dinero vía impuestos. Completar la separación de fuentes  del Sistema.

7º. Garantizar unos servicios públicos de calidad. Incrementar los recursos públicos en sanidad, educación, vivienda y protección social. Aplicar y financiar la Ley de Dependencia. Derogar la LOMCE y sustituirla por una Ley asentada en un Pacto social y político por la educación.

8º. Garantizar         la salud integral de los trabajadores. Implementar planes y campañas de inspección. Promover en las empresas una correcta gestión de la prevención de la salud. Clasificar por su gravedad los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

9º. Igualdad de trato y de oportunidades. Aprobar una Ley de trato y no discriminación para todas las personas. Extender a las personas extranjeras víctimas de explotación laboral la posibilidad de residir en España. Facilitar el retorno de los que emigraron al exterior y su incorporación al mercado de trabajo. Garantizar los derechos de las personas LGTBI en cualquier ámbito de la sociedad.

10º. Mejorar la calidad de nuestra democracia. Derogar la Ley Mordaza;  el artículo 315. 3 del Código Penal, que criminaliza facultades esenciales para ejercer el derecho de huelga; la Ley 10/2012 de tasas judiciales; y la modificación de la Ley de Extranjería que permite el rechazo de inmigrantes en frontera.

Estos puntos, relacionados con la Agenda Social, deberían incorporarse al ideario socialdemócrata y ser motivo de debate en la campaña. Su pretensión, sobre todo, es secundar las exigencias de justicia social que, particularmente, reivindican los jóvenes en sus aspiraciones de encontrar un empleo digno y con derechos, construir una familia y, como consecuencia, un futuro esperanzador e ilusionante. Por eso es muy importante la participación de los jóvenes en las urnas y, de la misma manera, que los numerosos indecisos perfilen definitivamente su voto, sobre todo los que tienen que acudir a las urnas por primera vez. El título de esta tribuna resume fielmente lo que nos depararán las elecciones del 28-A: involución o progreso; no hay más alternativas…

Antón Saracíbar   

Las elecciones del 28 de abril son de una trascendencia fundamental. Hay que terminar con la derecha franquista de una vez por todas.

Después de 8 meses con Pedro Sánchez en el gobierno y sin que se hayan cubierto muchas de las expectativas que generó la moción de censura, nos encontramos, seguramente, ante la campaña electoral en la que los electores desconfían más de las instituciones del Estado y de las candidaturas que tienen opción de gobernar. El 41% del electorado no tiene definido su intención de voto.

Corresponde a toda la izquierda diferenciarse con propuestas claras y sin ambigüedades de las propuestas que representan a los intereses de los poderes financieros, de sus planes económicos y de sus políticas de recortes de libertades.

El PSOE es, una vez más, la fuerza política de referencia que concentra las expectativas de la mayoría social. Detener a los partidos de la derecha es defender los derechos fundamentales de la inmensa mayoría. Los intereses que PP, C’s y VOX representan, son contrarios al mantenimiento del Sistema de Pensiones públicas y son incompatibles con el mantenimiento de la Sanidad y la Educación públicas. Por ello, debemos volcarnos en la campaña electoral, para conseguir el máximo de votos; esta es la principal tarea que tenemos los militantes socialistas.

Desde Tribuna Socialista contribuiremos para conseguir el triunfo necesario.

La precampaña se está librando en paralelo a los juicios contra los políticos catalanes, por donde están desfilando, policías y guardias civiles con declaraciones que carecen de la veracidad requerida en cualquier juicio que se precie de democrático, contando además con la complicidad de la presidencia de la sala del Tribunal Supremo, quien, como si de un director de escena se tratase, dirige a los actores para que el juicio parezca justo.

La campaña también coincide con el escándalo de la “policía patriótica”, eufemismo de “policía franquista”, que no ha cambiado ni un ápice las formas y modos mafiosos y criminales de la dictadura de la que provienen; las escuchas y audios de las conversaciones grabadas, sobre los espionajes a partidos en los que aparecen implicados el ex ministro Jorge Fernández Díaz y el mismísimo Mariano Rajoy y su Gobierno.

Hay una necesidad perentoria de cerrar el paso a las posiciones extremistas de las tres opciones de la derecha que se disputan la representatividad de los franquistas y que quieren imponer verdaderos retrocesos en derechos y libertades.

Todos quieren acorralar al PSOE para que no ofrezca ninguna resistencia a los planes de los poderes financieros y mucho menos se pueda ofrecer una salida democrática al “problema de Cataluña”.

No podemos desentendernos de nuestra responsabilidad; derechos y libertades están siendo cuestionados continuamente por PP, C,s y Vox. Quieren hacer retroceder e incluso derogar todas las conquistas y libertades conseguidas. La realidad demuestra que la defensa de los derechos y de las libertades es inseparable.

En estas elecciones generales no cabe la ambigüedad, y es por ello que desde posiciones socialistas cualquier acercamiento a C,s  significará abrir la vía a la crispación y el enfrentamiento entre pueblos; además de generar dudas y quiebras de confianza entre los votantes socialistas.

Debemos defender con firmeza el diálogo y la negociación como la seña de identidad socialista frente a los que impulsan el enfrentamiento entre los pueblos y la judicialización de la política.

La mayoría social sigue esperando que se deroguen las reformas laborales, que tanto daño sigue haciendo, mientras tanto repuntan de nuevo los expedientes de regulación que provocan la destrucción de miles de empleos. Derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, para recuperar y garantizar los derechos laborales arrebatados a las trabajadoras y trabajadores tiene que ser un compromiso claro de los partidos de izquierda.

La defensa de la industria garantizando el empleo digno y con derechos, debe ser permanente para un gobierno socialista.

Establecer una política fiscal de forma progresiva que pague más el que más tiene y no exima a las grandes fortunas ni reduzca a su mínima expresión la presión fiscal sobre las empresas.

Es urgente la derogación del artículo 315.3 del código penal mediante el cual hay encausados más de 300 sindicalistas por ejercer el derecho de huelga para defender los derechos colectivos.

La defensa de los servicios públicos pasa necesariamente por la derogación del artículo 135.3 de la Constitución, por el que se da prioridad al pago a acreedores y entidades financieras que al mantenimiento de los servicios públicos. Hemos de volver a situar la economía al servicio de las personas y no al revés.

La derogación de la ley Mordaza debe ser un compromiso firme y sin ambigüedades, no hay país democrático que meta en la cárcel a raperos, artistas y titiriteros por expresarse libremente o aludir a la Casa Real, institución cada vez más desprestigiada al haberse hecho evidentes las corruptelas que todos sospechábamos. Una institución, La Corona, anacrónica, aparece cada vez más incomprensible ante las demandas de la mayoría social.

También ha llegado el momento de concretar nuestro compromiso en la defensa un estado federal en que podamos proponer y defender nuestro modelo de Estado, en un referéndum en el que la mayoría pueda elegir libremente entre Monarquía o República..

Comité de Redacción

 

Las medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, desde su toma de posesión el pasado mes de junio, han sido decisivas para recuperar una parte importante, pero aún incompleta, de derechos laborales y sociales suprimidos o recortados durante los cerca de siete años de gobiernos del Partido Popular (PP) con la connivencia de Ciudadanos (Cs).

El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, basado en el acuerdo establecido por el Gobierno socialista con Unidos Podemos y sus confluencias, tenía entre sus objetivos revertir las políticas de austeridad y los recortes, con medidas orientadas tanto a impulsar las políticas de inversión en los servicios públicos esenciales y en la actividad productiva, como a recuperar los derechos sociales y laborales y potenciar las políticas sociales para que la recuperación económica llegue al conjunto de la sociedad, especialmente a las personas  más vulnerables, junto con aumentar los ingresos con un fiscalidad más equitativa. Pero fue rechazado por las derechas al igual que por los independentistas catalanes, lo que delata que se guían por sus intereses partidistas frente a los intereses generales. Los argumentos esgrimidos por el PP y Cs eran completamente ajenos a los principios de equidad, equilibrio y responsabilidad de los contenidos recogidos en el propio Proyecto de Ley: estos comportamientos insolidarios solo están inspirados por el cálculo electoral y la búsqueda de réditos partidarios. Ello obligó al Presidente del Gobierno a convocar Elecciones Generales y, por lo tanto, disolver las Cámaras.

Por ello, el Gobierno socialista, para cumplir con sus deberes con la ciudadanía, se ha visto obligado a promulgar varias iniciativas dirigidas a restablecer los  derechos sociales que fueron arrebatados por el PP a partir de 2012 con el pretexto de la crisis económica con las medidas de ajustes y recortes impuestas de forma autoritaria. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente  diferentes medidas urgentes a través de la figura del Real Decreto Ley (RDL). Entre otras materias aprobadas son de resaltar las siguientes: la revalorización de las pensiones con el IPC; recuperar la sanidad universal; la reversión de los recortes en educación y dependencia; facilitar el alquiler de viviendas; potenciar el empleo de calidad y los salarios dignos de los empleados públicos; mejorar las prestaciones y el sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos; combatir la pobreza infantil o la ley hipotecaria.

También se ha aprobado un potente paquete de medidas para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, junto a algunas disposiciones para impulsar la lucha contra la violencia de género.  Otras medidas relevantes son la subida de un 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijándolo en 900 euros mensuales por catorce pagas en 2019, que beneficia a los trabajadores sin convenio colectivo de aplicación y fundamentalmente a jóvenes y mujeres, y supone acercarse de forma importante al 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea;  la recuperación del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años suprimido por el PP en 2012; ampliar el sistema de Garantía Juvenil y obligar a las empresas a registrar la jornada laboral de sus trabajadores.

Ante estas estas iniciativas que benefician a las mujeres, los jóvenes, pensionistas, los trabajadores ocupados o desempleados y a una gran mayoría de  las familias, la reacción del PP y Cs ha sido acusar, de forma deleznable e injustificada, al Gobierno socialista de todo tipo de prácticas de fraudulentas y antidemocráticas. Es la continuación del bloqueo al que tiene sometidos los Proyectos y Proposiciones de Ley en la XII Legislatura, unas cincuenta, con el mecanismo de prorrogar de forma abusiva los periodos de enmiendas, como ha ocurrido en la Iniciativa Legislativa Popular de CCOO y UGT para instaurar una prestación de Ingresos Mínimos a la personas desempleadas sin recursos económicos.   

A la vez, ambas fuerzas de la derecha no tienen ningún tipo de rubor de  instrumentalizar partidariamente las instituciones públicas, como viene haciendo la Presidenta del Congreso con su flagrante obstrucción de la labor parlamentaria de los grupos: ahora quiere boicotear que la Diputación Permanente del Congreso ejerza las funciones que tiene atribuidas, como es la de convalidar los Reales Decretos Leyes aprobados por el Consejo de Ministros para recuperar los derechos sociales e impulsar la igualdad y la cohesión social cuando, según los servicios jurídicos de la propia Cámara y también muchos expertos, el Gobierno está plenamente legitimado para utilizar la vía de los Reales Decretos Leyes. El PP haría bien en recordar sus conocidos como viernes de “dolores” donde aprobaba los recortes y contrarreformas laborales y de pensiones mediante RDL, con una gran diferencia entre la actual práctica del Gobierno Socialista y la de  los gobiernos del PP, diametralmente opuestas: éstos utilizaban los RDL para recortar derechos a las clases trabajadoras y el PSOE utiliza esa vía, por obligación legal, para reponer de forma urgente derechos sociales.

La reforma laboral del 2012 y sus desarrollos, junto con las políticas económicas y sociales aplicadas por los gobierno del PP en estos años, han originado que la recuperación económica y la creación de empleo se basen masivamente en la precariedad y los bajos salarios. Para los socialistas, la derogación de la reforma laboral es necesaria, pues sus medidas autoritarias y lesivas para los derechos de los trabajadores son un freno para el desarrollo económico y el progreso social.

En el acuerdo alcanzado para los PGE entre el Gobierno socialista y Unidos Podemos y sus confluencias se definían las materias que se querían derogar de la reforma laboral de forma urgente como la supresión de la  ultra-actividad de los convenios colectivos o la supresión de la unilateralidad empresarial en las inaplicaciones de los convenios colectivos y en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, que están siendo tratadas en las mesas de diálogo social junto con otras materias como la recuperación de la prevalencia de los convenios sectoriales. También se formulaban compromisos sobre el propio escenario presupuestario para el próximo año, como que los firmantes se comprometían a concluir la tramitación parlamentaria de cuestiones como la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (ET) sobre la regulación de las contratas y subcontratas; la modificación del artículo 34 del ET sobre el registro diario de la jornada de trabajo; la igualdad retributiva entre mujeres y hombres para acabar con la brecha salarial o el impulso a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación. La falta  de tiempo, el veto de las organizaciones empresariales y la relación de fuerzas parlamentarias son los argumentos que han impedido hasta ahora culminar su tramitación para revertir los derechos laborales.

Quizás la propuesta de mayor peso estratégico del acuerdo era la voluntad compartida de modernizar y reequilibrar las relaciones laborales y recuperar de forma completa los derechos de los trabajadores recortados por la reforma laboral. Para ello se establecía que en 2019 se iniciara la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, de forma consensuada a través del diálogo social, y también se acordaba crear un comisión de expertos que participe en su redacción, de modo que se pueda dotar al país de un marco de relaciones laborales moderno y participativo, basado en un sistema de negociación colectiva fuerte y equilibrada que dé respuestas a la internacionalización de la economía, a las nuevas realidades en la organización del trabajo y a la creciente implantación de la digitalización. El Boletín Oficial del Estado del 12 de marzo publicó el Real Decreto Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Una de las medidas que recoge es la que establece que el Ministerio de Trabajo nombre un grupo de expertos para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

En los actuales tiempos políticos, condicionados por los sucesivos procesos electorales, es necesario que todos los socialistas y progresistas junto con el conjunto de la izquierda, trabajemos para conseguir el respaldo de la mayoría social en las urnas y realizar un esfuerzo a la hora de situar correctamente las prioridades políticas que permitan dar respuestas a las aspiraciones de la sociedad, es decir, lograr una mejor disposición parlamentaria para conseguir, a su vez, un periodo extenso donde acometer reflexivamente las reformas de calado que necesita nuestro país para volver a cohesionarlo socialmente. Por ello es imprescindible la construcción de una alternativa sólida y fiable ante las políticas neoliberales y desreguladoras de la derecha y la extrema derecha.

Toni Ferrer

 

El mismo Fiscal, en situación idéntica, recurrió ante el Tribunal Supremo la absolución de Arnaldo Otegi que por ello fue condenado.

El Presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha venido vertiendo en los medios de comunicación y en distintos foros públicos una sarta de improperios contra el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, llegando al extremo de señalarle como “traidor” y como autor de la comisión de “alta traición”, entre otras. La imputación pública de un tipo penal, sin corresponderse con hechos, corresponde al tipo penal de calumnia. Entre lo expuesto por Pablo Casado destaca:

1.- «El presidente del Gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad».

2.- «El presidente está cometiendo un acto de felonía, está siendo un felón contra la propia continuidad histórica de la democracia española».

3.- «Es lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23 de febrero de 1981».

La comisión de traición por parte de un miembro del Gobierno no es poca cosa, pues se trata de una de las pocas situaciones en las que la Constitución Española, CE, entra a determinar el modo de proceder en tal caso para proceder penalmente. En efecto, el art. 102 CE establece, en relación a la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno:

“Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo”

¿Cabe entender que lo actuado en cuanto a las relaciones del Estado con la Generalitat de Catalunya concurren graves comisiones penales imputables al Presidente del Gobierno? Eso es algo que prima facie le parece evidente a una parte del arco parlamentario pues si el Presidente del Partido Popular lo ha proclamado intensa y extensamente es porque en su opinión se ha incurrido en ese tipo de conducta y no imaginamos que los restantes 135 diputados de ese partido piensen de otro modo. Otra cosa es que sea cierto.

Entonces ¿por qué esos diputados, que superan el cuarto necesario para plantearlo, no lo han hecho? ¿Será, acaso, porque no creen alcanzar la mayoría absoluta para conseguir que se procese al Presidente del Gobierno? ¿O será porque saben que es una imputación sin fundamento, falso sin más?

La “ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN DEFENSA DE LA ACCIÓN PÚBLICA”, ACODAP, ante la firmeza de las proclamas del Presidente del Partido Popular, entendió que era necesaria una ratificación del mismo en un procedimiento penal, dando cuenta de lo que pudiera sustentar sus imputaciones ante la Fiscalía General del Estado y por ello procedió a registrar un escrito en dicha Fiscalía, solicitando:

En su virtud, es inaplazable que se abra una investigación penal que aclare los hechos gravísimos que se imputan públicamente al Presidente del Gobierno, para lo cual es inexcusable que se convoque para ratificarse en sus manifestaciones, aportando las pruebas que justifiquen sus imputaciones, al Presidente del Partido Popular.

Ante lo cual la Fiscalía, en decreto de fecha 14 de febrero de 2019, firmado por el Fiscal Luis Navajas, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, procedió a comunicar que no existe una relación circunstanciada de los hechos imputados al Presidente del Gobierno -aquí el Fiscal entiende, erróneamente, que sería ACODAP quien debiera de aportar indicios o pruebas de la “traición” de Pedro Sánchez, cuando lo que debía de hacer la Fiscalía era llamar a concretarlo a  Pablo Casado, como se decía precisamente en la denuncia-. Dice también el Fiscal:

“… con base a meras afirmaciones vacías y carentes de solidez”

En otras palabras, que para el Fiscal lo afirmado por Casado es simplemente falso que también debe de ser lo que en definitiva deben de pensar los restantes diputados de su partido en el Congreso. Y ante ello ¿por qué el Fiscal no reacciona y le llama a declarar para que, como mínimo, aclare el fundamento de sus declaraciones que de entrada el propio fiscal viene a considerar falsas? ¿Es que el Fiscal no intuye esa misma falsedad como sustrato de la comisión de presunta calumnia?  Sigue el Fiscal, para fundamentar su inacción:

“… tales afirmaciones han sido pronunciadas por un representante político en uso del derecho fundamental del art. 18 CE…”

Pues bien, este artículo, en relación al asunto denunciado, precisamente protege el derecho al honor y a la propia imagen, así que el Fiscal, en un evidente error, fundamenta incorrectamente su decreto. Lo que debió de invocar es el art. 20.1.a  “…expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de comunicación” sobre lo que además el mismo artículo dice que “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

El Fiscal, en un evidente error impensable en alguien que ocupa su puesto, proclama, de forma implícita, el derecho de libertad de expresión del artículo 20 CE, como un derecho absoluto pues no lo contrapone o relativiza en relación al art. 18, protección al honor.

Antes el Fiscal no pensó ni actuó del mismo modo. En efecto, el caso es que este Fiscal, precisamente, fue el que recurrió ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación a las manifestaciones del parlamentario regional Arnaldo Otegi contra el Rey de España. Y fue este Fiscal el que alegó ante el alto tribunal que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto teniendo como límite derechos como el de la protección al honor. Así se recoge en la sentencia 6649/2005 del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal,

“Entiende el Ministerio Fiscal que el Tribunal que ha dictado la sentencia recurrida ha procedido con olvido de la constante jurisprudencia que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han venido formulando en relación con los límites del ejercicio de la libertad de expresión, y en el desarrollo del motivo se recogen sentencias correspondientes a esa jurisprudencia.

Sigue diciendo el Ministerio Fiscal, en defensa de su recurso, entre otros extremos, que reconociendo que el ejercicio de la libertad de expresión debe contemplarse con preferencia; especialmente cuando se trata de ejercer en el debate político y como crítica a las instituciones, no obstante la sentencia que se recurre al identificar los derechos fundamentales en juego, por un lado el derecho al honor que como Monarca y persona tiene SM el Rey de España, y de otra el derecho a la libertad de expresión que corresponde al acusado, el Tribunal de instancia no ha efectuado con corrección legal, ni constitucional, la preceptiva ponderación en la confrontación de tales derechos. Sigue diciendo el Ministerio Fiscal, que el relato fáctico contiene expresiones claramente calumniosas e injuriosas para el Monarca habida cuenta de su carácter claramente innecesarias y desproporcionadas a la finalidad de crítica política que podía perseguir el Sr. Enrique al formularlas y que la sentencia recurrida ignora la especial protección que el tipo penal en cuestión ofrece normativamente, para con los bienes jurídicos protegidos, por un lado el honor y por otro la dignidad de la Institución, lo que por otra parte no es sino la expresión de la consideración que la Constitución española tiene para el papel moderador de una monarquía constitucional y parlamentaria como la que se dibuja en los artículos 56- 64 de  la Constitución y cuya expresión última supone además la inviolabilidad de la figura del Monarca.

Los ataques, presuntamente calumniosos de Pablo Casado, quedan amparados de modo absoluto en relación al Presidente del Gobierno por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión mientras que la misma conducta en relación al Rey queda relativizada y hace prevaler los límites que se establecen para el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión.

¿Emplea el Fiscal Luis Navajas una doble vara de medir?  Valore el lector.

ACODAP, “ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN DEFENSA DE LA ACCIÓN PÚBLICA”

Marzo, 2019.

 

¡Madre española, pensando en vuestros hijos, votad España!

Eslogan de la propaganda electoral de Acción Popular. II República. Madrid 1933.

Sin lugar a duda, las masivas movilizaciones en torno al 8 de marzo han abierto (por la vía de los hechos) la campaña electoral relacionada con las elecciones generales del 28 de abril. La decisión de poner fin a la legislatura se ha producido después de que la derecha y los independentistas votaran, de manera irracional e incomprensible, en contra de los PGE-2019 presentados en el parlamento por el gobierno socialista.

Mucho se ha escrito sobre la conveniencia de la convocatoria electoral en esa fecha- incluso se barajaron otras fechas-, ante el argumento de que pudiera condicionar el resultado final dadas las incertidumbres que vienen provocando las encuestas publicadas. Sin embargo, para los intereses del país- y también para los del PSOE en el gobierno, todo hay que decirlo- la fecha está ajustada a lo que demanda en estos momentos nuestra realidad política, económica y social. Sobre todo, cuando existe un consenso generalizado de que el país no puede perder más tiempo del estrictamente necesario en conjeturas de esta naturaleza.

Los resultados de Andalucía van a ser una referencia constante en la campaña electoral, así como la vergonzosa formación del gobierno andaluz con el apoyo de la ultraderecha. También la deriva del PP hacia la derecha más extrema (apología de la “Reconquista” y la “Cruzada”, además de aplicar permanentemente el artículo 155-CE). Y, desde luego, el abandono manifiesto del centro político de Ciudadanos en su particular pugna por liderar la derecha y encabezar un hipotético gobierno en nuestro país. En este escenario, no es una buena noticia que Podemos no acabe de resolver sus problemas internos y que, según las encuestas, sufra un cierto revés electoral, con las consecuencias que ello podría tener para la izquierda a la hora de configurar una mayoría en el parlamento que le permita gobernar.

Estas circunstancias han situado al PSOE en el centro del tablero político y jugando (al ajedrez) con Blancas, lo que puede desplazar hacia el PSOE el voto útil en estas elecciones en detrimento del PP. Incluso, en el Senado, la izquierda puede mejorar sustancialmente los resultados actuales evitando con ello la instrumentalización y el bloqueo bochornoso y partidista que ha ejercido el PP en los últimos años. Por otra parte, el PSOE ya no debe preocuparse de los posibles pactos con Ciudadanos, escorado definitivamente hacia la derecha más rancia y, por lo tanto, al margen de la centralidad política, como lo demuestra su veto a Pedro Sánchez por cálculos exclusivamente electorales, lo que consolida tres grandes bloques en litigio: derecha, izquierda e independentistas. En todo caso, se trata de una posición idónea para la izquierda, a pesar de que no debe olvidar los brutales ataques que sufrirá (sobre todo el PSOE) desde todos los frentes abiertos: político, económico, financiero, mediático…

Efectivamente, la derecha, instalada en una confrontación permanente, se dedicará a embarrar el campo de juego de manera sistemática y para ello no dudará en verter todo tipo de mentiras y descalificaciones hacia el PSOE y Podemos. Sabiendo, además, que para defender sus posiciones no necesitará esforzarse en presentar alternativas ni ofrecer soluciones a los problemas que más preocupan a los ciudadanos: les bastará con insistir en la “Unidad de la Patria”, al grito de “Santiago y cierra España”. Además de reiterar la demagógica y populista bajada de impuestos; cuando, precisamente, España necesita todo lo contrario: equipararnos fiscalmente a la UE (España recauda siete puntos del PIB por debajo de la media de la eurozona), mejorar la inversión y superar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

Por el contrario, la izquierda, y en concreto el PSOE, debe apostar por una política que responda a las expectativas de la mayoría de las personas y divulgar sus propuestas más significativas, lo que aconseja evitar enfrentamientos y fracasos como se produjeron en el Pacto de Toledo y en la convalidación del Decreto Ley sobre los alquileres. En primer lugar, debe ofrecer alternativas sobre Catalunya, a pesar de que el juicio al Procés (en plena campaña electoral) pueda perder intensidad, interés y produzca hartazgo en la ciudadanía. En todo caso, el PSOE debe rentabilizar la política emprendida y seguir ofreciendo diálogo en busca de la consecución de acuerdos, al margen de los resultados que se obtengan. Sólo la Constitución Española, el Estatut, el imperio de la Ley y el respeto a las resoluciones que tome el Poder Judicial deben constituirse en líneas rojas para todos en la perspectiva de un Estado Federal.

En segundo lugar, el PSOE debe defender una política socialdemócrata y, por lo tanto, apostar por el Estado de Bienestar Social en la UE y, en coherencia con ello, concretar en su programa electoral sus cuatro alternativas prioritarias: pensiones y dependencia (sobre todo después del fracaso del Pacto de Toledo), mercado de trabajo (desempleo, precariedad, tiempo de trabajo y reformas laborales), servicios públicos (educación y sanidad) y la imprescindible política fiscal. Precisamente, estas son las políticas que se deben discutir en la campaña electoral y, en particular, en los debates previstos que esperan con redoblado interés los ciudadanos.

Mientras tanto, de acuerdo con los sindicatos, el gobierno debe apurar todas las posibilidades existentes de aprobar algunas medidas de indiscutible importancia contempladas en los PGE-2019 y, sobre todo, en la Agenda Social. En este sentido, la última decisión del Consejo de Ministros de aprobar dos  decretos leyes -que debe convalidar la Diputación permanente del Congreso de los Diputados-, representa una buena noticia: la equiparación de los permisos de paternidad (16 semanas pagadas al 100% a partir de 2021) y maternidad; la obligación de que las empresas registren sus salarios para evitar la discriminación de sexos; el ampliar el número de empresas obligadas a tener planes de igualdad; la reforma de la vivienda y el alquiler; y la creación de un salario mínimo para los jóvenes investigadores.

Sin embargo, todavía siguen pendientes otras medidas de superior calado social, como vienen exigiendo los sindicatos desde hace meses en las mesas del diálogo social: el subsidio para los parados de más de 52 años, las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores de las personas discapacitadas, además de corregir las medidas más regresivas de la reforma laboral (primar el convenio de sector sobre el de empresa, restaurar la ultra actividad y el control horario en las empresas) y de las pensiones del PP (derogar el factor de sostenibilidad y garantizar la revisión automática de las pensiones). La oposición de la CEOE-CEPYME a que se apliquen estas medidas resulta inaceptable y, además, totalmente rechazable si su actitud significa capacidad de veto.

Al margen de todo ello, y desde el punto de vista electoral, será fundamental movilizar a la izquierda, ilusionar a los más jóvenes, reafirmar la voluntad de cambio en relación con las políticas de austeridad extrema, no cometer errores ni sobreactuar con ideas y ocurrencias incomprensibles para la gran mayoría de los ciudadanos y, por último, no caer en las provocaciones populistas y absurdas de una derecha montaraz y “sin complejos”. Estas actitudes se deben traducir en una participación masiva en las urnas y, por lo tanto, en una lucha despiadada contra la abstención, sobre todo en las provincias de la España del interior, de la España mesetaria y profunda, donde la influencia de la Ley de Hondt en la asignación de escaños está llamada a ser muy importante. Particularmente hay que tener en cuenta a los jóvenes, utilizando para ello las redes sociales y la comunicación digital a todos los niveles, a los que se deben ofrecer soluciones a sus problemas y desafíos más urgentes, con el propósito de superar su profundo descontento social y de garantizarles un futuro digno: desempleo, precariedad, bajo salarios, alquiler y precio de la vivienda, educación (becas), igualdad de oportunidades, pensiones futuras…

En definitiva, la izquierda en España, junto a Portugal y Grecia, debe aspirar a liderar en la UE la defensa de una socialdemocracia ilusionante, que canalice el malestar social de la ciudadanía, tanto en el ámbito político, como en el económico y social. Para conseguirlo, los partidos que la componen deben ser creíbles, coherentes y honestos, en su apuesta decidida por la democracia, el empleo de calidad, la protección social (pensiones, dependencia y desempleo), la lucha por la igualdad, la modernización económica (modelo productivo, democracia económica y reparto de los beneficios que genera el aumento de la productividad), el cambio climático y una política fiscal mucho más  justa, encaminada a garantizar  la justicia social, a la que todos aspiramos en un mundo digital y globalizado. Por eso, tanto las elecciones del 28 de abril como las del 26 de mayo están llamadas a ser muy importantes en el camino emprendido hacia la consolidación de la UE y de la propia socialdemocracia.

Por último, para que esto ocurra, los partidos de izquierda deben acudir unidos a las próximas confrontaciones electorales y, posteriormente, afanarse en alcanzar acuerdos entre ellos en busca de la necesaria gobernabilidad. En esta gran tarea pueden contar con la complicidad de los sindicatos de clase, siempre y cuando dichos partidos recojan sus reivindicaciones más importantes en sus programas electorales. No debemos olvidar que los sindicatos representan el último baluarte de la democracia y que, además, resultan imprescindibles en la redistribución de la riqueza y el progreso social. Por eso, en estos momentos, están llamados a aportar sensatez y equilibrio en defensa de la centralidad del trabajo, la igualdad de género, el combate a fondo contra un lenguaje mediocre, descorazonador y periclitado- cuando no reaccionario-, que practica la derecha política en la actualidad y, finalmente, de una política económica y social que tenga en cuenta en primer lugar a las personas. No podemos defraudarlas…

Antón Saracíbar

En momentos como estos, es interesante y necesaria más que nunca la reflexión política, sobre los hechos que se producen y el porqué de estos hechos.

Es relevante el generar opinión, para alimentar y enriquecer el debate, como también es importante el que esto se haga desde un prisma inequívoco de izquierdas, desde una visión de la izquierda abordar diferentes temáticas, porque yo creo que Francis Fukuyama en su libro «El fin de la historia y el último hombre» en el que insinúa que la ideología liberal ha ganado y ha impuesto su marco mental, habiendo acabado la discusión por ausencia de alternativa.

 

Yo opino que sí que hay alternativa al liberalismo y es desde la izquierda, desde la vuelta a las ideas y no solo al pragmatismo que hay que librar esta batalla, es por cosas como estas que hay que agradecer a Tribuna Socialista la tarea que desarrolla, generando debate y difusión de ideas, y lo más importante, siempre desde la izquierda.

 

Marc Aguilà Esteve

Concejal de juventud en el Ayuntamiento de Sant Boi y Responsable de política municipal en la Comisión Ejecutiva del Baix Ll.