Categoría: Socialismo

El debate entre si lo público o lo privado es más o menos eficaz, incluso eficiente, es un viejo debate en el que la concepción ideológica marca la diferencia. Para un defensor de la iniciativa privada siempre será mejor externalizar servicios y descargar a la Administración, mientras que para alguien convencido de la necesidad de lo público siempre será mejor que la Administración preste el servicio de forma directa.

Probablemente, desde un planteamiento técnico existan ventajas y desventajas en ambos planteamientos, pros y contras. Por tanto, comienzo por decir que dependerá de qué servicios o sectores de la actividad y de qué objetivos y qué eficacia se busque: social o económica, incluso un equilibrio entre ambas.

El planteamiento sirve tanto para la Administración Central, la autonómica o la municipal, pues hay sectores de la actividad que comenzaron a externalizarse en la década de los 80 del pasado siglo que se producen en todos los ámbitos; un ejemplo claro es la limpieza de las dependencias públicas: de igual modo hay que limpiar un colegio, una universidad, los locales de una junta municipal o la sede del Ministerio de Defensa.

Desde un punto de vista económico, “a priori”, no parece que externalizar un servicio sea rentable, pues la empresa encargada de prestar el servicio, como todas las empresas que desarrollan una actividad económica, buscan obtener un beneficio. Por tanto, ese margen de beneficio vendría a sumarse al coste de la prestación del servicio. Esto que parece tan obvio es el factor que ha desencadenado la situación que vive la limpieza de las calles del municipio de Madrid, o la de los hospitales de la Comunidad, aunque en dependencias cerradas los efectos sean menos visibles.

El factor económico en un escenario de crisis como el que sufrimos desde al menos 2008, llevó a los gobiernos, particularmente del Partido Popular, a someter los pliegos de condiciones con las empresas a una auténtica “subasta al peor postor”, es decir se viene otorgando el contrato a la empresa que por menor importe puja. De tal manera que nos hemos encontrado con cuantías para prestar el servicio (la cantidad que el empresario pide, y recibe de la Administración por prestar el servicio) inferiores a la masa salarial incluyendo las obligaciones con la Seguridad Social y la Hacienda Pública; una auténtica temeridad.

Esta situación llegó a su punto más aberrante en el Ayuntamiento de Madrid en el periodo de la Alcaldesa Ana Botella (2011-2015), cuando la diferencia entre lo pagado por el Ayuntamiento y lo ofertado por la empresa adjudicataria se ha zanjado con despidos colectivos (EREs) y/o despidos temporales (ERTEs).

En el ejemplo aludido, la reducción de costes por el servicio de limpieza estuvo en torno a un 20% para la arcas del Ayuntamiento, sin embargo el deterioro del servicio es evidente, además del tremendo coste económico para los trabajadores y trabajadoras. La eficacia social saltó por los aires, en aras de reducir costes por parte de la Administración y el mantener el beneficio por parte empresarial.

Está claro que los contribuyentes pagamos impuestos para recibir servicios dignos, prestados en condiciones dignas.

Tras las elecciones municipales de mayo de 2015 se ha abierto en muchos municipios el debate sobre Remunicipalización de servicios como la seguridad privada, la limpieza, los “Call Center”, etc.

 

Es evidente que a la vista de los resultados, teóricos y prácticos, en el ejemplo conocido de la limpieza de jardines y calles de Madrid Capital bien merecería la pena remunicipalizar dicho servicio, sacrificando el beneficio empresarial en lugar del empleo, los salarios de los trabajadores y trabajadoras y la calidad del servicio recibido por la ciudadanía.

Dejando claro que no está en discusión la capacidad de los ayuntamientos, dentro de su autonomía, a municipalizar, externalizar o remunicipalizar servicios, nos encontramos con otro factor que también hay que tener presente, como es el jurídico, más concretamente el jurídico laboral. Pues son muchas las incertidumbres laborales que se abren ante la remunicipalización de un servicio público: ¿cabe la subrogación de los trabajadores que prestan el servicio? ¿en qué condiciones pasarían los trabajadores y trabajadoras contratados por una empresa privada a depender de un organismo público?

A la primera cuestión, y atendiendo al Informe del profesor Juan Carlos García Quiñones, de la Universidad Complutense de Madrid, de noviembre de 2015, solicitado por la UGT, “Líneas de actuación jurídicas y sindicales en torno a la remunicipalización de servicios”, queda claro que sí cabe la subrogación en base a lo expuesto en el apartado v) de las conclusiones del mencionado informe, apoyado en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo:

“Una conclusión, en orden a la existencia de una transmisión de empresa, con la entrada en juego del régimen jurídico dispuesto en el artículo 44 del E.T. que entendemos debería defenderse desde el interés sindical, también, en el caso de implementarse un hipotético proceso de remunicipalización de servicios,…”

El problema es que la subrogación recogida en el Artº. 44 del Estatuto de los trabajadores se enfrenta a lo estipulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, por el cual debe garantizarse la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de procesos selectivos transparentes, aspecto este último también abordado por el profesor García Quiñones en el informe antes aludido, en cuyo punto 5.1 En relación con el acceso al empleo público dice:

“…para el acceso al empleo público por cualquier modalidad contractual sometida al régimen laboral, deben respetarse los mismos principios que si se accede a la función pública, por alusión a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Con el deber, además, de garantizar la publicidad de las convocatorias y de sus bases,…”.

Desde mi punto de vista, debe primar, por encima de todo, la garantía del empleo y el respeto de las condiciones sociales y salariales de los trabajadores afectados por la remunicipalización. Pues se produciría un rotundo fracaso si con la pretensión de aplicar el concepto de gestión directa de los servicios públicos, y tras criticar los efectos nocivos para el empleo y los salarios por la vía de la gestión indirecta, la consecuencia fuese la pérdida del puesto de trabajo de los actuales trabajadores de esos servicios, aunque estos tendrían la oportunidad de concurrir a las plazas que la Administración convocase para cubrir las plazas de empleo público; sea como funcionario sea como personal laboral.

Por otra parte, los trabajadores de las empresas que prestan este tipo de servicios tienen unas condiciones salariales sujetas a convenios colectivos, los cuales gracias al trabajo sindical, a lo largo de los años, han ido acumulando avances y mejoras que tiene como resultado una mejor retribución que la existen en el ámbito municipal. Con lo que además del riesgo de la pérdida del puesto de trabajo, hay que calcular la pérdida de poder adquisitivo que podría devenirse de una hipotética remunicipalización.

Existe la experiencia, quizás la más equilibrada, de las empresas de carácter privado pero de propiedad 100% públicas; un ejemplo cercano lo tenemos en el municipio madrileño de Alcobendas, donde la empresa Seromal S.A (Sociedad Anónima municipal de construcciones y conservación de Alcobendas), presta servicio de reparación de calles y dependencias municipales, limpiezas de las dependencias públicas y jardines, sin que intermedie la iniciativa privada y sin que los trabajadores y trabajadoras sean plantilla directa del consistorio.

En todo caso, la remunicipalización es una cuestión compleja, difícil de aplicar si se pretende dar satisfacción a todas las partes.

Roberto Tornamira Sánchez

Militante Arganzuela PSM-PSOE

El Instituto Nacional de estadística (INE) publicó recientemente el Índice de Precios al Consumo (IPC) del pasado mes de diciembre (aumentó el 0,6%) que, finalmente, situó la inflación del año 2.016 en el 1,6%. Este inesperado incremento rompe la senda descendente de los precios en los últimos cuatro años superando claramente la media europea, aleja el riesgo de una caída generalizada de los precios (deflación) y confirma la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y de los pensionistas, además de reducir los ingresos de la Seguridad Social. Debemos recordar que el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos- hasta diciembre de 2.016- se situó en el 1,06%, lo que significa, según UGT, que los salarios perdieron en concreto medio punto de su poder adquisitivo.

Estos datos y la previsión de inflación del gobierno para el año 2.017 (en torno al 1,5%) descalifican la actitud de la CEOE- CEPYME y, particularmente, su oferta de crecimiento de los salarios para este año: “desde el 0% hasta el 1,5%”. Lo más grave es que los pensionistas también perderán poder adquisitivo en el presente año; en este caso perderán como mínimo el 1,3%, dado que el aumento para este año de las pensiones se ha situado en el 0,25%, así como, previsiblemente, los empleados públicos si no se modifican al alza sus retribuciones en el proyecto en discusión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE- 2.017). Por lo tanto, no es extraño que los sindicatos mantengan con firmeza la defensa de sus reivindicaciones que contemplan un moderado incremento de los salarios entre el 1,8% y el 3% para el presente año (en Alemania reivindican subidas del 4,5% al 6%) y sigan exigiendo el incremento de la cuantía de las pensiones, así como de las retribuciones de los empleados públicos.

En concreto, los sindicatos no sólo pretenden aumentar el poder adquisitivo de los salarios en este año; también pretenden recuperar la pérdida del poder de compra de los salarios (9,4 puntos entre los años 2.008 y 2.014), así como recuperar, cuando menos, una parte de los beneficios que se generan por el aumento de la productividad, al margen de su aspiración a converger en salarios con la UE. Resulta evidente que, con estas cifras y porcentajes, el crecimiento y la recuperación económica esgrimida por el gobierno no llega de ninguna manera a los trabajadores (y menos a los más vulnerables), ni tampoco a los pensionistas y empleados públicos.

Por eso resulta comprensible la actitud sindical y, por el contrario, lamentable y cicatera la actitud de algunos empresarios. La CEOE-CEPYME sigue esperando que el gobierno resuelva sus problemas y, en coherencia con ello, no tienen ninguna urgencia en defender la autonomía de las partes y el diálogo social con los sindicatos. Eso explica que siga defendiendo que la totalidad de los beneficios obtenidos- por el aumento de la productividad en las empresas- vayan a parar exclusivamente a manos de los empresarios, lo que les permitirá mantener su actual (y favorable) participación en la renta nacional. También explica el retraso de las negociaciones para acordar con los sindicatos una referencia para negociar los convenios colectivos del presente año y su oposición crítica a que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido en los años más duros de la crisis o que aumente el SMI, las retribuciones de los empleados públicos, las pensiones, la prestación por desempleo y la dependencia para nuestros mayores. En este contexto, y si nadie lo remedia, el choque de trenes resultará inevitable y la negociación colectiva en sectores y empresas, muy condicionada por la reforma laboral, se llevará a cabo sin una referencia salarial a nivel del Estado.

En este caso, los sindicatos no lo tendrán nada fácil (aunque se fortalecerá el músculo sindical en las empresas) ante una relación de fuerzas muy desfavorable por la fuerte oposición que ejerce el poder económico y financiero a sus reivindicaciones, así como por los poderes fácticos y el propio gobierno (la reciente, absurda y exagerada sobreactuación de la policía en Asturias es un ejemplo significativo) y, desde luego, por su propia debilidad orgánica y sus carencias y limitaciones en cuanto a su capacidad para movilizar a los trabajadores en torno a la negociación colectiva.

Como consecuencia, y si esta circunstancia se confirma, la nueva pérdida del poder adquisitivo de los salarios, pensiones, prestación por desempleo y dependencia tendrán una repercusión muy negativa en la problemática social, pero también en el crecimiento económico, el consumo interno y, lo que es más importante, en el empleo (el incremento salarial que proponen los sindicatos en absoluto es incompatible con el empleo). Efectivamente, el desempleo actual corre el riesgo de que se consolide en los próximos años, sobre todo cuando todo indica que el crecimiento económico en la UE se ralentizará en 2.017 al verse afectado por el Brexit, el precio del petróleo, el tipo de cambio, el estancamiento de la competitividad y el previsible empeoramiento del comercio internacional (efecto Trump y auge de los ultra populismos). No debemos olvidar que en 2.015 la UE soportaba 22,9 millones de desempleados, de los cuales 10,9 eran parados de larga duración (al margen del terrible desempleo juvenil) y que, a este ritmo, para volver a las cifras de paro anteriores a la crisis, necesitaríamos nada menos que 7 años más, sin mencionar el dramático desempleo y la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo, que nos sitúa a la cabeza, junto a Grecia, de la UE.

Además del actual desempleo, preocupa mucho la grave crisis estructural relacionada con el incierto futuro del empleo. Según un estudio de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT (UTC- UGT), los procesos ya comenzados de automatización destruirán millones de empleos en el mundo en los próximos años. España es uno de los países peor parados en las proyecciones de la UE, junto a Austria y Alemania, y afectará a más de dos millones de puestos de trabajo de los existentes en la actualidad (12%). Esto se producirá no sólo en el sector industrial (el grado de robotización alcanza el 100% en algunas áreas de fábrica y sectores: por ejemplo el automóvil) sino también en el sector servicios y, en concreto, en tareas administrativas e, incluso, en el sector financiero. A pesar de estas cifras negativas, no faltan informes que hablan del potencial de la Revolución 4.0 en la creación de empleo. Según Randstad Research, la digitalización y la robotización crearán 1.250.000 empleos netos en los próximos cinco años de los que 390.000 serán puramente STEM, término en inglés que hace referencia a las especialidades que tienen relación con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En concreto, serán beneficiados los trabajadores del Big Data (almacenamiento y gestión de grandes cantidades de datos); Cloud Computing (información en la nube); seguridad informática; mantenimiento de redes; diseño de aplicación de móviles; e ingeniería robótica inteligente con tasas de paro Cero y que seguirán siendo los más demandados. En relación con este asunto es muy ilustrativo que la Asociación Española de Robótica (AER) haya llegado a incorporar a su imagen pública el lema por demás positivo: Robots, ¡Create Jobs! (Robots, ¡cread empleo!). En resumen, y examinando la velocidad de estos cambios, resulta relevante que el Instituto McKinsey haya llegado a la conclusión de que la revolución de la información de hoy es 10 veces más rápida que la primera revolución industrial.

Ello nos lleva a la conclusión de que la rápida transformación de nuestras economías desafiará también el futuro del trabajo, lo que obligará a los interlocutores sociales a repensar su actividad  y a los sindicatos en particular a examinar su relación con unos trabajadores- dentro y fuera de los centros de trabajo- más flexibles, dispersos, digitalizados y sobre todo muy cualificados, al margen de que el 45% de los asalariados en la UE (en España el 35%) responden al perfil de técnicos, cuadros, mandos intermedios y directivos. Es comprensible que la UTC-UGT insista en que debemos responder a estos múltiples desafíos y amenazas, algunas ya presentes en la actualidad: destrucción de empleos debido a la robotización; aumento del trabajo sin horas fijas (contrato a cero horas); pérdida del control por `parte de los trabajadores al convertirse en simples herramientas de una máquina; alta precarización de los trabajos; dependencia de los servidores informáticos y proveedores de datos; debilitamiento del derecho del trabajo y de los sindicatos; combate a la centralidad del trabajo; incremento del autoempleo; aumento de las desigualdades; estancamiento de los salarios… Esta nueva realidad terminará también por abrir un debate (inevitable) sobre la reducción del tiempo de trabajo, el ocio y la cultura en un mundo nuevo y apasionante que, por sí solo, merece un comentario monográfico aparte.

En todo caso, para responder a estos retos en un mundo globalizado es necesario recuperar el internacionalismo sindical en contraposición con el capital globalizado, transformar a fondo nuestro modelo productivo y avanzar hacia la transformación de la industria, los procesos formativos y la cultura, con el propósito de que los trabajadores estén preparados para afrontar los cambios que se avecinan. Debemos recordar que el 16,1% del PIB que representa la industria en España está muy por debajo del 40% alcanzado en la década de los ochenta y lejos también del 20% fijado por la Comisión Europea para el año 2.020.

Ofrecer alternativas a estos fenómenos inexorables requerirá el concurso de todos: partidos políticos, sindicatos, empresarios, universidad y expertos de todo tipo. El objetivo no puede ser otro que situar a España a la cabeza de la UE, de acuerdo con su PIB, lo que sólo será posible compitiendo a base de inversión tecnológica, conocimiento, cualificación, innovación y empleos de calidad contrastada y con derechos. En este papel resultan decisivos para bien y para mal los empresarios (consolidar el tejido empresarial); por lo tanto deben trabajar con altura de miras y abandonar la tentación de obtener beneficios a corto plazo a base de practicar el dumping social: bajos salarios, baja protección social y alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo. Además, deben asumir con todas las consecuencias el concepto de responsabilidad social en las empresas.

Por su parte, y en este escenario, el gobierno debe poner en marcha un Plan de Choque por el Empleo (jóvenes y parados de larga duración), fomentar el cambio y la inversión productiva y apostar por el conocimiento y el diálogo con los interlocutores sociales, dando por hecho que en esta tarea tendrá el apoyo y el compromiso ilusionante de todos. Estas consideraciones desbordan el marco mediocre y sin alternativas que nos ofrece en estos momentos el gobierno Rajoy, incapaz de encabezar en la UE la lucha contra el desempleo. Tampoco la oposición política está a la altura de las circunstancias, al estar muy condicionada por una discusión agotadora sobre sus problemas internos y de liderazgo- que nadie sigue ni a nadie importa-, al margen de una realidad social tozuda y muy marcada por el desempleo, la precariedad, la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Incluso, el Banco de España reconoce esta intolerable y grave situación sin respuesta conocida y creíble…

Antón Saracíbar

Cuando los y las militantes del Partido Socialista Obrero Español hemos secundado a Pedro Sánchez en el No es NO era para decir No a un Gobierno del Partido Popular que pretende continuar con su política de empobrecimiento de los asalariados, de deterioro del poder adquisitivo de los pensionistas, de negar un futuro digno para la juventud, de ruina para los autónomos, una política de ataque constante a la clase trabajadora y a sus organizaciones.

Decíamos No a mantener la reforma laboral. No queremos maquillajes que permitan mantener los daños fundamentales de un cambio legal lesivo para los trabajadores; hay que derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, para echar atrás la prevalencia del convenio colectivo de empresa sobre el convenio sectorial; queremos derogar esas reformas para recuperar el principio de ultractividad de los convenios, para evitar que las patronales mantengan convenios paralizados durante años y años provocando la decadencia y deterioro de las condiciones de trabajo. De igual manera hay que derogar las facilidades contractuales, que llevan a que se tengan que celebrar 20 millones de contratos para que se genere ½ millón de nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.

Decíamos y decimos No a las tarifas planas y al conjunto de bonificaciones de la Seguridad Social a los empresarios, porque están llevando premeditadamente a la bancarrota al Sistema Público de Pensiones.

Decíamos No porque no estamos de acuerdo con los pretendidos copagos farmacéuticos que propone el PP.

El PSOE no puede ser la coartada permanente del Gobierno del Sr. Rajoy, para mantener la ley Mordaza a base de pequeñas concesiones a la galería. Ahí continua el Artº. 315.3 del Código Penal, mediante el cual continúan amenazados de cárcel casi 300 trabajadores por haber ejercido su derecho a la huelga. Es una manera directa de criminalizar un derecho constitucional.

El PSOE no puede continuar dando cobertura al PP en relación con el conflicto provocado tanto por el nacionalismo catalán como por el nacionalismo españolista. No podemos continuar “mareando la perdiz”, con juegos semánticos para que nada cambie.

Pedro Sánchez fue en 2014 una de las dos alternativas del viejo aparato. El mismo aparato que dejó inmediatamente de confiar en él por criticar el Artº 135.3 de la Constitución. Ese aparato que una vez más ha salido a defender a las instituciones del Estado, “costase lo que costase al Partido”; olvidando que la misión histórica del PSOE es velar por los intereses de la mayoría social desfavorecida.

Ante la rebelión democrática de las bases militantes, organizándose en plataformas, se viene a dinamitar este movimiento que representa ese NO es NO al Gobierno del PP y sus políticas, se “dinamita” el movimiento ilusionante generado tanto dentro como fuera del Partido.

No se trata por tanto de posiciones personales en torno a este o aquel candidato. Es una cuestión de posición política: es la necesidad de recuperar el partido para el socialismo, desde posiciones políticas socialistas y no de acompañamiento de las políticas del PP.

Comité de Redacción

El Comité Federal previsto para el 7 de enero se ha pospuesto una semana, y se celebrará finalmente el 14 de enero, según ha anunciado Susana Díaz. A estas alturas de la película no es de extrañar que Susana sea la que anuncie la fecha del Comité Federal, y que el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez, sea quien confirme la noticia. Ese es el estado de la democracia interna del PSOE.

La previsión de la gestora es que el Comité Federal fije «el conjunto de la agenda política» para los próximos meses, y que adopte «decisiones de carácter organizativo», entre las que parece encontrarse la reformulación del protocolo de relación PSC y PSOE, para evitar que la militancia de Catalunya pueda participar del próximo congreso federal, que se plantea para no antes de Junio.

Mientras nuestro partido sigue hundiéndose en las encuestas, la Comisión Gestora, cuyo papel debiera ser la convocatoria de un Congreso urgente, convoca un Comité federal para definir la agenda política y plantear la expulsión de los socialistas catalanes de los órganos federales por defender lo que la gran mayoría de la militancia en todo el estado quería: No es No. Este es un nuevo ejemplo, ya no solo de falta de democracia interna, sino también de falta de visión política: una dirección federal que no acepta la discrepancia ni la pluralidad no merece seguir dirigiendo los designios del partido.

Día que pasa, el PSOE se hunde más, pero cueste lo que cueste, la actual dirección política que no ha sido elegida por la militancia, parece empecinada en proponer una agenda política, que en lo que se refiere a la política estatal va a pasar por dar el apoyo a los presupuestos generales del gobierno Rajoy.

A principios de diciembre ya se ha acordado el techo de gasto, acordando un límite del déficit del 0,6% en lugar del 0,5% que proponía el PP. No se trata ahora de discutir si aumentar una décima el déficit de gasto público es positivo o negativo, cuando lo que el PSOE debería hacer es no apoyar ni el techo en el gasto público ni apoyar los presupuestos generales que traerán nuevos recortes. No se puede fijar techo de gasto público mientras la sociedad siga lastrando con las políticas austericidas encomendadas por la Unión Europa.

Manos libres para seguir apoyando al gobierno de Rajoy en los presupuestos, para renunciar a cualquier posibilidad de gobernar para transformar la sociedad, expulsar o sancionar a todo aquel que no se discipline a los dictados de la gestora, y dejar pasar el tiempo para que cuando se convoque el congreso puedan contar con una mayoría de votos, dividiendo el partido, fragmentándolo y diluyendo la historia de nuestro partido y de la gente que ha dado la vida por el socialismo, en favor del poder financiero y la “estabilidad” de unas instituciones caducas y contrarias a los intereses de la mayoría social.

El combate más feroz en nuestra lucha de clases se libra hoy dentro del Partido Socialista. La militancia debe tomar la palabra, organizarse en plataformas coordinadas y dispuestas a recuperar el PSOE para el socialismo. Defender la unidad de los socialistas de todo el Estado y empoderar a la militancia de las decisiones fundamentales es la prioridad.

Baltasar Santos

 

El resultado del referéndum en Italia no deja lugar a dudas: el 59,1% de los votantes han rechazado la reforma de la Constitución italiana, un rechazo que se sitúa en el 81% si cogemos a los jóvenes menores de 25 años como universo estadístico, lo cual indica claramente que Italia ha vivido un nuevo episodio de rechazo al “establishment” o poder establecido.

Con la mayoría de bancos italianos al borde de la quiebra, y una política que sigue los mandatos austericidas de la Unión Europea, el gobierno de Renzi buscaba un banderín de enganche en una reforma de las instituciones reformando la constitución, que si buscáramos paralelismos en nuestro país seguramente no nos sería difícil encontrarlos:

• Pérdida del poder legislador de senado: Las leyes no necesitarían de la aprobación en el senado, con algunas pocas excepciones.
• Disminución del número de senadores: Los senadores pasarían de 315 a 100 y serían elegidos entre los consejeros autonómicos y los alcaldes metropolitanos y no dispondrían de un salario por ejercer de senador.
• Nueva ley electoral: Doble vuelta como en Francia para favorecer la “gobernabilidad” sin necesidad de acuerdos electorales.
• Menor control parlamentario en las leyes que aprobara el ejecutivo.
• Centralización del Estado: Se sustraían poderes a las autonomías en materia fiscal, energía, transportes e infraestructuras.
• Supresión de las provincias (Diputaciones).

En definitiva, la reforma se apoyaba en una disminución de la administración pública, y un mayor poder centralizado en el gobierno, que permita aplicar más fácilmente las directrices de la Unión Europea y del capital financiero.

No es extraño que la central sindical mayoritaria y los jóvenes votaran No, como expresión de rechazo a la reforma pretendida pero también como rechazo a la política de Matteo Renzi, que aprobó una reforma laboral, contra la que se han convocado innumerables huelgas.

El resultado del Referéndum en Italia no es sino la manifestación clara de resistencia ante el desmantelamiento de los sectores públicos enmascarados en reformas institucionales cuyo único objetivo era convertir la Administración italiana en un mejor instrumento para aplicar las directrices del capital financiero representado en la UE.

Baltasar Santos

La primera reunión del presidente del nuevo gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos y empresarios sorprendió a muchos por la rapidez de su convocatoria y, en no menor medida, por los escasos resultados obtenidos, al margen de la voluntad y de la declaración solemne de las partes de seguir apostando por el diálogo social. Todo indicaba que el gobierno, sin mayoría en el parlamento, estaba dispuesto a hacer algunas concesiones a los sindicatos ante la fuerte presión que ejercía la oposición, en asuntos relacionados con la legislación laboral y, en todo caso, en asuntos que no tuvieran gran repercusión en el gasto fiscal, en su afán por secundar los planteamientos y exigencias de Bruselas relacionados con el déficit público, al amparo recurrente del techo de gasto y el recurso al Tribunal Constitucional.

Ante semejante fracaso, los sindicatos reaccionaron con prontitud y contundencia denunciando la continuidad de la política económica y social y, más en concreto, la posición regresiva del gobierno en torno a la reforma laboral, el SMI y la protección social (pensiones, dependencia y seguro de desempleo). La única concesión de Rajoy fue su disposición a asumir y llevar a la práctica un hipotético acuerdo entre los sindicatos y la CEOE sobre materias que, precisamente, fueron aprobadas unilateralmente por su anterior gobierno. Rajoy sabe que será difícil que la CEOE pacte con la UGT y con CCOO eliminar los puntos más controvertidos de la reforma laboral, el aumento de las pensiones y de la protección por desempleo y, mucho menos, la referencia salarial reivindicada por los sindicatos (1,8% al 3%) para el año 2017.

Como respuesta a la actitud de Rajoy, los sindicatos convocaron concentraciones en las capitales de provincia para el próximo día 15 de diciembre y una gran manifestación para el día 18 en Madrid, en coherencia con la defensa de un sindicalismo de base, pegado a la realidad de las empresas y al sentir mayoritario de los trabajadores (“las peleas con los empresarios no se ganan pisando moquetas ni tampoco en los despachos…”). Sin embargo, estas movilizaciones no están exentas de riesgos, sobre todo después de la experiencia del movimiento sindical francés (en el verano pasado) en contra de su reforma laboral (ley El Khomri): “las huelgas y las grandes movilizaciones generales tienen un gran efecto mediático pero escasa influencia real en el adversario…” Lo que está obligando a los sindicatos a preparar a conciencia la protesta del 18-D, con el propósito de que las movilizaciones sean ampliamente secundadas por los trabajadores y conseguir así sus justas reivindicaciones.

Para ello los sindicatos cuentan con el apoyo explícito del PSOE y de Podemos, que han prometido participar en las movilizaciones programadas. Por lo tanto, estamos ante la primera experiencia de unidad de la izquierda y de los sindicatos en la etapa moderna- en su oposición a la política económica y social del gobierno- y en la primera protesta conjunta del PSOE con Podemos y los sindicatos. En todo caso, el reto de los sindicatos tiene relación directa con la acción sindical en torno a una negociación colectiva muy maltratada por la reforma laboral. Por eso, y al margen de las dificultades, es fundamental fortalecer la negociación colectiva en todos los ámbitos sectoriales y territoriales, articulando para ello los convenios a todos los niveles (de arriba hacia abajo). Además, los sindicatos deben trabajar a fondo para dotar de un mayor contenido a la negociación colectiva (superando su secular empobrecimiento y el destacado protagonismo que tienen los salarios en la actualidad), además de mejorar la cobertura de la negociación colectiva para que todos los trabajadores estén amparados por un convenio.

Por eso, se debe hacer hincapié en apoyar el convenio nacional de sector y mantener la ultra actividad, con el fin de evitar la fragmentación del mercado de trabajo; abordar el mantenimiento del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo; revisar los sistemas de contratación para reducir la precariedad de nuestro mercado de trabajo (temporalidad y trabajo a tiempo parcial); y, finalmente, apoyar la salud laboral, la cualificación profesional, la solución de conflictos y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones en las empresas (democracia económica), entre otras materias. En definitiva, los sindicatos tienen que apostar con firmeza por la consolidación de un modelo de relaciones laborales basado en la autonomía colectiva de las partes y en los convenios nacionales de sector, única manera de superar la relación individual defendida por los empresarios (relegar al sindicato a los centros de trabajo) y evitar la indefensión de los trabajadores; puesto que, dada la debilidad y la relación de fuerzas del movimiento sindical en España, sería ilusorio pretender desarrollar acuerdos equilibrados para los trabajadores en las empresas…

No será nada fácil que se acepten las reivindicaciones sindicales; simplemente porque los enemigos de los sindicatos son muchos y poderosos. Al margen de la actitud beligerante del gobierno, las reivindicaciones sindicales no serán asumidas por la UE, tampoco por Ciudadanos, los poderes fácticos y, sobre todo, por los empresarios en general. La CEOE, amparándose en la actual legislación laboral, se opondrá a cualquier propuesta de modificación que pretenda reducir sus privilegios en materia de negociación colectiva; se opondrá también al incremento salarial propuesto por la UGT y CCOO; al SMI aprobado por la mayoría de la oposición parlamentaria; a eliminar las bonificaciones a la Seguridad Social y las desgravaciones fiscales que disfrutan los empresarios; así como a colaborar activamente para erradicar el fraude fiscal y la economía sumergida.

La CEOE nunca ha está interesada en el cambio de nuestro modelo productivo, en dimensionar las plantillas de las pequeñas empresas, en apoyar la investigación, la introducción de nuevas tecnologías y mucho menos en exigir la Responsabilidad Social (RS) a las empresas y esforzarse en modernizar nuestro tejido industrial para facilitar que nuestras empresas sean más competitivas en un marco globalizado. Como se viene demostrando desde hace años, la CEOE lo viene fiando todo a los bajos salarios, a la baja protección social y al alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo (dumping social). Por eso, cuando en la actualidad se alzan voces pidiendo la adaptación y modernización de los sindicatos, estas mismas voces deberían analizar también la escasa participación de la CEOE y de muchas empresas en la modernización del tejido social de nuestro país y su exagerado y recurrente recurso a la precariedad (temporalidad) para evitar los contratos fijos y a tiempo completo.

Por eso, en la actual situación, el firme apoyo del PSOE y de Podemos a las movilizaciones es una decisión esperanzadora, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que aquejan a un partido (PSOE) dividido entre sus dirigentes y una aparente mayoría de sus afiliados que están en estos momentos estudiando qué hacer ante el próximo futuro. Efectivamente, las dos partes en litigio están velando sus armas de cara al próximo congreso ordinario (previsiblemente se celebrará antes del verano). Ambas partes tienen dificultades para nominar a sus candidatos porque, tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez, han salido muy malparados del último comité federal del PSOE y deben decidir si dan definitivamente el paso al frente o buscan a otros candidatos que defiendan sus posiciones. En cualquier caso, todo indica que se presentarán cuando menos dos candidatos que confrontarán en las próximas Primarias. El secretario general elegido en Primarias deberá ser ratificado por el congreso ordinario que, a su vez, elegirá al nuevo equipo de dirección y aprobará las resoluciones en torno a la política socialdemócrata, el modelo de partido, el cambio climático y, finalmente, el debate territorial, con la esperanza de que la nueva comisión ejecutiva integre a miembros de las partes enfrentadas, lo que debería poner fin al conflicto actual y dar paso a una nueva etapa donde se trabaje por mejorar la escasa credibilidad que tiene actualmente el PSOE delante de los ciudadanos.

El gobierno, ante la protesta organizada por los sindicatos, ha reaccionado con inusitada rapidez acordando con el PSOE el techo de gasto de las CCAA y un incremento notable del SMI-2017 del 8% (si bien alejado de las reivindicaciones sindicales). El acuerdo menosprecia a Ciudadanos; deja en fuera de juego a Podemos; golpea la proposición de ley sobre el SMI aprobada por toda la oposición; evita que los sindicatos negocien el SMI para el año 2017; representa un considerable avance en el proceso encaminado a aprobar los PGE-2017; y, finalmente, resucita el bipartidismo duramente combatido en los últimos años, además de generar expectativas sobre la duración completa de la legislatura. Al margen de la cintura del gobierno y del triunfo que ello representa para el PP, la actitud del PSOE ha sido confusa, cuando no contradictoria, sin que ello signifique que tenga que renunciar a hacer oposición y echarse en brazos del PP. Por eso, en estas circunstancias, el PSOE ha tenido que dar explicaciones a los sindicatos y las debe dar también al resto de la oposición, porque estos cambios de rumbo siempre producen dudas sobre el comportamiento que pueda tener en la manifestación programada para el 18-D y sobre su apuesta por futuros acuerdos que ratifiquen su compromiso con la socialdemocracia y, desde luego, con los más desfavorecidos.

No es extraño que estos acontecimientos estén abriendo nuevamente el debate sobre el comportamiento y la credibilidad del PSOE. Debemos recordar que muchos esperan con ilusión que el día 18-D confirme el necesario entendimiento en el seno de la izquierda y de ésta con los sindicatos (los sindicatos no han desaparecido como algunos afirman), lo que debería servir para que Rajoy tome nota de la desfavorable relación de fuerzas que tiene en el parlamento. En cualquier caso, el riesgo de que el PP amague, una vez más, con el miedo y con el posible adelanto de las elecciones generales, no debería de ninguna manera hacer mella en la firme voluntad de la izquierda y de los sindicatos por construir un mundo mejor, menos desigual, más justo y más solidario…

Antón Saracíbar.

No es casualidad el auge de la ultraderecha en el mundo, incluida primera potencia mundial. Vivimos un momento en el que cada cual cree que puede resolver sus problemas por su cuenta, una creencia no siempre bienintencionada. Parece que el mundo ha entrado en desbandada.

Unos argumentan que solos les irá mejor ante la crisis económica, otros que se tienen que proteger de la inmigración, otros que tienen que recuperar su soberanía. Cada uno con sus razones, pero todos proponen la división, la exclusión, etc. Con un común denominador que es la reacción.

La pregunta que cabe hacerse es: ¿por qué se da este fenómeno reaccionario?

Cuando las cosas van mal, todos buscan culpables y soluciones a los problemas inmediatos. Culpables, puede que seamos todos un poco: los corruptores en primer lugar, los corruptos, acto seguido; también, quienes ostentando el poder en las instituciones se han limitado a hacer críticas sin actuar –quizás porque la podredumbre la tenían tan cerca que ya estaban familiarizados con ella-. También la ciudadanía en general, por muchos años de apoliticismo consciente. Y por supuesto, los dirigentes de las organizaciones de la izquierda, partidos y sindicatos, por su inacción y en algún caso por su acción contraria a lo que se esperaba de ellos.

Esta respuesta a la pregunta, no sin ser verdadera, sería la fácil. No hay una sola respuesta. En mi opinión, sin pretender tener todas las claves, la primera respuesta es que esto viene de muy lejos, no ha sido repentino, y hay que enfocarlo desde distintas ópticas interrelacionadas:

–el sistema económico imperante ha llegado al límite de sus posibilidades, puede que en unos países concretos aun tenga margen, pero en la mayoría de los casos la situación es insostenible.

Nos contaron que la globalización era una nueva revolución que iba a interconectar a los pueblos, llevado la democracia y el avance económico a todas partes, en una especie de contagio positivo, desde el primer mundo al tercer mundo.

La realidad es otra, lo que se ha extendido es la explotación. La economía se ha mundializado buscando maximizar el beneficio empresarial. Como resultado tenemos el colapso de los mercados; los productos y servicios ya no encuentran consumidores al ritmo que el sistema necesitaría. Ante la caída, o no incremento, del beneficio empresarial se pretende mantener la tasa de beneficio reduciendo los salarios, reduciendo los derechos laborales, obteniendo bonificaciones y reducciones en las cotizaciones sociales, etc.

El agotamiento de los mercados ha llevado al mundo empresarial a buscar atajos, bordeando la ley y en muchas ocasiones trasgrediéndola –es la acción de los corruptores-; esos que junto a políticos predispuestos a corromperse han hipotecado a las administraciones con infraestructuras muchas veces innecesarias, faraónicas, cuyos costes engrosan la insultante deuda pública que condiciona el gasto social. Esto es lo que motivó la reforma constitucional que dio lugar al artículo 135.3, mediante el cual se garantiza el pago de la deuda y sus intereses, subordinando cualquier otro gasto del Estado, en particular los que conforman el Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones.

Otras formas de generar beneficio rápido han llevado a sectores, como el financiero, a “inventar” productos tóxicos, como por ejemplo las hipotecas subprime, que fueron la aguja que hizo estallar la burbuja inmobiliaria.

No pretendo mencionar ni denunciar todos los movimientos que el mundo empresarial ha hecho en estos años, baste decir que la economía especulativa supera en más de 125 veces el dinero en metálico que circula en el mundo, o que las inversiones especulativas alcanzan el 95% de las inversiones, frente a un 5% de las productivas.

-desde la década de los años 80 del pasado siglo, hemos entrado en una “cultura” de consumo impuesta por los mercados, a través de los medios de comunicación y del sistema educativo de “usar y tirar”, “nada a largo plazo”, concepto que explica muy bien Richard Sennett en “La corrosión del carácter” (Editorial Anagrama), por la que hemos asumido que los productos tienen cada vez menos vida útil y por el cual hemos aceptado que el trabajo no es para siempre. Nos han instalado en la incertidumbre, y lo peor es que no hay respuesta, al menos no ordenada. La repuesta es reaccionaria, lo que sirve de excusa a la minoría beneficiaria de este sistema para proteger sus intereses, refugiándose tras formas autoritarias. Nada nuevo si echamos la vista atrás, para ver cómo se fraguaron los fascismos del siglo pasado.

La izquierda tiene que encontrar su sitio, sin perder los valores que identifican lo colectivo frente a lo individual, la solidaridad frente a la caridad, compartir frente a la acumulación, en definitiva el reparto de la riqueza de forma estructural y no por coyunturas.

La socialdemocracia tuvo sentido cuando el sistema generaba riqueza, pero ahora la destruye y la poca que genera se reparte de forma tan injusta que genera desigualdad a raudales. Demasiados años acompañando al sistema han institucionalizado a las organizaciones de la izquierda y a sus direcciones. No es un problema único en España, es un problema internacional, por ello la solución ha de ser internacional.

Ha y visos para la esperanza y la ilusión en la rebeldía que la militancia del PSOE está demostrando, los hay en el movimiento que el en Partido Laborista británico ha llevado a Jeremi Corbyn al liderazgo del Partido. Son demostraciones de que la parte más consciente, los militantes activos de los partidos, incluso ciudadanos no afiliados a los partidos, se suman y animan estos movimientos de respuesta.

Han sido también fogonazos de respuesta la experiencia de Siryza en Grecia o la conformación de un Gobierno de izquierdas en Portugal. Si bien es cierto que la reacción de los organismos internacionales del capital, como el FMI, el BCE y la Comisión Europea (la troyka, aunque el mote haya pasado de moda), han actuado con contundencia con el chantaje sobre la exigencia de la deuda externa y la negación a cualquier forma autónoma de gestionar la economía.

Nada indica que desde el mundo de la economía oficial lleguen soluciones a esta situación. Por ello, hay que recuperar los valores de la izquierda, el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos de la misma clase social, la trabajadora.

 

Roberto Tornamira

Afiliado al Partido Socialista de Madrid-PSOE