Categoría: TRIBUNA ABIERTA

ATIFCYL. Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León

Comunicado

Nos sentimos impotentes cuando nuestros compañeros que están trabajando en la extinción de estos incendios nos reportan, una vez mas, las terribles deficiencias en los avituallamientos, los turnos interminables en primera línea de fuego y las carencias para buscarles un lugar digno donde dormir, porque suponemos que El Consejero Suárez-Quiñones, además de tener la sana costumbre de comer a mediodía, también tendrá el privilegio de dormir en una cama.

Nos sentimos impotentes ante el trato tercermundista que sufren la mayoría de nuestras cuadrillas de tierra que regresaran de estos terribles incendios sin tener un lugar al que llegar, con una taquilla y una ducha, pues no cuantas ni con lo más básico en su trabajo.

Nos sentimos impotentes ante el exceso abusivo y peligros de horas continuadas en incendio que tienen que realizar nuestros compañeros de camiones autobomba, maquinistas de buldócer, cuadrillas de tierra, y helitransportadas por falta de personal suficiente para cubrir todas esas horas.

Nos sentimos impotentes porque a pesar de nuestra vocación, seguimos con un alarmante déficit de formación por parte de la administración, la cual suplimos con la formación que buscamos y sufragamos de forma individual. Mientras tanto la Junta de Castilla y León lleva varios años en la mayoría de las provincias, contratando personal del paro, ya que las bolsas de empleo están agotadas y no se convocan nuevas. Personal del paro que recibe una formación mínima, en algunos casos ni siquiera presencial, con la que han de desempeñar su trabajo.

Y, aunque nos sentimos impotentes ante la desgracia de nuestros vecinos que lo han perdido todo, seguiremos luchando.

EL BAÑADOR

Relatos veraniegos por Vicente Mateos

El bañador es protagonista sin igual del veraneo e indicador de la evolución en la liberalidad social a la hora mostrar el cuerpo. Cuando solo veraneaban los aristócratas y burgueses ricos, finales del siglo XIX, bañarse suponía embozarse en bañadores de cuerpo entero por pudor, y porque la piel morena estaba mal vista por ser propia de trabajadores menestrales. Tener la epidermis sin mácula por el impacto del sol era un signo de clase social, por eso en las playas había cabinas unipersonales de madera o tela de rayas azules y blancas o rojas y blancas, para salir de la playa perfectamente vestidos tras un chapuzón. Así lo vi en la playa de la Victoria en Cádiz, desde la borda del barco que me traía a la península desde Canarias (1971).

Con el tiempo, veranear se popularizo y el bañador ajustado se convirtió en una necesidad insustituible durante la canícula lo que supuso un cambio radical: estar moreno paso a ser un signo belleza, por la evolución en la ampliación de las partes del cuerpo expuestas al sol y a las miradas, al compás de las modas que no han ido a la par en mujeres y en hombres. Si los femeninos se han ido reduciendo, los masculinos han evolucionado al revés desde los sesenta cuando estaban de moda los pequeños y ajustados, los famosos Speedo de los nadadores olímpicos, que con el tiempo han acrecentado su tamaño hasta el bañador bermuda, incluso, hasta la rodilla.

En cambio, los femeninos han ido reduciendo sus dimensiones desde el bañador de cuerpo entero, pasando por el bikini y el trikini, hasta los de una sola pieza que cubre el sexo y dejan al aire senos y nalgas, convirtiendo la playa en una pasarela de sensualidad, con un punto de inocencia juguetona. Esa es la fuerza telúrica del bañador la de ser árbitro en el juego eterno de los sexos al inducirnos la disyuntiva de enardecer el deseo de tocar, acariciar o amasar con delicadeza el poder sexual de las partes que están al descubierto; o estimular la imaginación sobre lo que, con un punto de picardía, no se ve, paro se intuye en turgencia y dimensión. Qué es más gustoso: ¿lo evidente o lo imaginativo? En la playa todos somos observadores y observados.

Que la piel luzca un cierto grado de coloración cutánea aumenta el sexapell, ya lo sabían las mujeres de los años sesenta y setenta del siglo pasado, que se aplicaban ungüentos auto preparados a base de aceite y yodo, para que los rayos solares las tostaran. Aunque hoy pica más y hay que protegerse de él, lo cierto, es el estímulo para los sentidos que es ver los cuerpos impregnados del aroma salino que aporta el baño y el moreno que imprime la brisa marina —regulado siempre por el bañador— tras pasear por la orilla con los pies mojados por el oleaje, que llega, muere y rehace, sin fin, al borde del mar.

Movimientos sociales, movimientos vecinales

Cuando uno se aleja del ruido mediático afloran las verdaderas necesidades que las familias trabajadoras tenemos: un techo donde vivir, escuelas para llevar a nuestros hijos, centros de salud que atiendan nuestras enfermedades, equipamientos deportivos para que se formen los jóvenes, centros para nuestros mayores… etc. y, por supuesto, un salario digno que no limite el acceso a estas necesidades básicas. No estoy descubriendo la pólvora cuando pienso que es difícil hablar de democracia sin garantizar estos derechos.

Como relata la película “El 47”, el papel del movimiento vecinal fue decisivo para conseguir barrios dignos y habitables. En Madrid, los barrios de Orcasitas o El Pozo son también ejemplos de cómo los trabajadores mediante la movilización de sus vecinos consiguieron construir un barrio digno de ser llamado tal. El auge del movimiento vecinal en los años 70 fue un pilar fundamental en la lucha contra la dictadura. También, en el primer tercio del siglo XX, los vecinos asociados con los sindicatos se ocupaban de atender las necesidades de mobiliario y vivienda.

En los últimos años ha resurgido esa movilización vecinal, con fuerza en algunos casos, como la lucha del barrio Gamonal en Burgos o el Cabanyal en Valencia contra la especulación inmobiliaria. Tras la crisis de 2008 ha habido un fortalecimiento del movimiento asociativo, fundamentalmente por la falta o el encarecimiento de la vivienda que, paradójicamente, se le ha dado un carácter transversal cuando es un problema que afecta fundamentalmente a la clase trabajadora. Igualmente pasa con la defensa de la sanidad o la enseñanza públicas, cuyas víctimas son los trabajadores que ven limitado su acceso.

Desde hace unos meses participo en la asociación de vecinos de mi barrio, la Asociación Vecinal Puerta del Ángel en Madrid. Es una asociación independiente que se nutre únicamente de la voluntad de vecinas y vecinos para ayudar física y económicamente. En este periodo hemos conocido a través del vecindario todas y cada una de las necesidades que he enumerado.

La asociación trata de actuar de interlocutor con el Ayuntamiento, canalizando las reclamaciones concretas de los vecinos y vecinas, sin embargo, hay problemas que afectan al barrio en su conjunto. El caso de la vivienda, con fondos buitre que se hacen con edificios enteros, duplicando alquileres de un día para otro, encareciendo la compra o limitando el parque de viviendas, dedicándolas a usos turísticos. Es un problema que afecta a la clase trabajadora, un barrio popular convertido en un parque temático donde proliferan las franquicias de la hostelería y donde se abren calles peatonales para disfrute de los que vienen de fuera, en detrimento de la habitabilidad y en aras de una hospitalidad mercantilizada.

Aquí y allá surgen agrupaciones vecinales por aspectos reivindicativos concretos. Si, como es el caso, el Ayuntamiento recalifica las zonas deportivas para montar un negocio especulativo a favor de las grandes constructoras, los vecinos montan una asociación para defenderse. Si, como es el caso, un fondo buitre se hace con un edificio y pretende desahuciar a los vecinos, estos forman una asociación para defenderse. Si, como es el caso, la Comunidad pretende cerrar un centro de salud, vecinas y vecinos se agrupan y manifiestan por este motivo. A todos estos agrupamientos, además de parcelar los problemas, se les da un carácter transversal, cuando realmente afectan de manera agobiante y directa a la clase obrera. Desde la asociación del barrio apoyamos todos estos agrupamientos y de hecho en la reciente fiesta del barrio hemos dado cobertura y participación a todos los que han querido, pero ¿no sería más efectivo convocar a la vecindad en la lucha y defensa de nuestro barrio por todas y cada una de las reivindicaciones que defendemos?

Obviamente hay una responsabilidad en los partidos que dicen representar a los trabajadores. Esta forma de actuar es impulsada fundamentalmente por la abdicación de los partidos de izquierda en el terreno de las reivindicaciones a nivel de barrio o pueblo. Sin embargo, la fuerza y la experiencia del movimiento vecinal nos pide la unidad y dar un carácter de clase a las reivindicaciones.

Enrique Dargallo
Miembro de ASTRADE

Ley de reducción de la jornada laboral, avances y vetos

En la actual situación de inestabilidad política y con una correlación de fuerzas parlamentarias completamente abierta se está tramitando en el Congreso uno de los compromisos más importantes del Gobierno del PSOE y Sumar para esta legislatura,la reducción la jornada laboral máxima de 40 horas semanales, vigente desde 1983, a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. El pasado mes de mayo el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. Se prevé que en el mes de julio se voten en el pleno del Congreso las enmiendas a totalidad presentadas por PP, Vox y Junts per Catalunya.

La mesa de diálogo social para la reducción de la jornada laboral, formada por del Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, se estuvo reuniendo para negociar prácticamente durante todo 2024 y a finales del mes diciembre se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales, que fue rechazado por las organizaciones empresariales. Según las previsiones del Ministerio de Trabajo y Economía Social esta medida beneficiará a unos 12 millones de personas trabajadoras, especialmente en los sectores con menor cobertura de los convenios colectivos. Actualmente la jornada máxima en cómputo anual es de 1.826 horas y 27 minutos y con la reducción prevista pasaría a ser unas 1.712 horas anuales. Por lo tanto, es una reducción moderada, pues serian 114 horas anuales, un 6,24% del total de horas efectivas de trabajo.

Para el Gobierno la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales beneficiará el incremento de la productividad y la creación de empleo. Resalta que esta medida que se enmarca en los estándares europeos mejorará la calidad de vida de las personas trabajadoras y favorecerá la conciliación personal, familiar y laboral. En el Anteproyecto se recogían medidas de apoyo a las pymes, que las patronales rechazaron y que se podrían recuperar en las negociaciones con los grupos parlamentarios. Se valora la mejora de las condiciones de trabajo por la instauración del registro horario digital e interoperable, con acceso desde Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y con sanciones cuantificadas por empleado y no por empresa y también por el derecho a la desconexión digital, prohibiendo respuestas fuera del horario laboral.

Tanto CCOO como UGT, que representan a más 67% del total de delegados y delegadas elegidas en todo el país, valoran positivamente el Proyecto de Ley, pues recoge el acuerdo del diálogo social alcanzado con el Gobierno y consideran que la reducción de jornada supone un avance social junto a las mejoras en los derechos laborales del registro horario y la desconexión. Estiman que la medida fomentará la igualdad y la conciliación, por la menor carga de horas de trabajo que puede ayudar a redistribuir las tareas domésticas. Reducirá la brecha de género, especialmente en el trabajo a tiempo parcial, en el que trabajan mayoritariamente mujeres, porque en muchos casos su jornada pasará ser a tiempo completo. También defienden los efectos positivos para la productividad y la creación de empleo.

En cambio, las organizaciones empresariales califican el Proyecto de Ley de intromisión en las competencias propias de la negociación colectiva y lo califican de inconstitucional, cuando en 1990 el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de la Ley de 1983 de reducción de la jornada máxima a 40 horas semanales. Tachan al proceso de diálogo social de una ficción y acusan al Gobierno de no buscar el consenso entre las distintas posiciones expresadas en la mesa. En algunas estimaciones sectoriales, sobre el impacto de la reducción de jornada, se alerta de que los costes laborales aumentarán de forma desorbitada para poder cubrir las necesidades de nuevo personal, y entre otras consideraciones, afirman que la productividad es insuficiente. Por todo ello las patronales han solicitado a los grupos parlamentarios a que veten el Proyecto de Ley.

Los grupos parlamentarios del PP y Vox ya habían anunciado su decisión de vetar el Proyecto de Ley, y ahora se les ha unido el grupo parlamentario de Junts per Catalunya con las enmiendas a la totalidad registradas en el Congreso. Las derechas y las patronales coinciden en los argumentos, pues denuncian que la medida presentada por el Gobierno supone una injerencia del Estado, que vulnera el diálogo social y la negociación colectiva, pues consideran que la reducción de la jornada máxima debe negociarse en el marco de los convenios colectivos y no establecerse por ley. Reiteran de nuevo, ya lo decían del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que la subida de los costes laborales pondrá en riesgo la competitividad empresarial, cuando en realidad han subido los márgenes empresariales de forma relevante. Alertan de las enormes dificultades que la ley provocará en las pymes, autónomos y en los sectores con márgenes más ajustados. Desde Junts per Cataluña alegan que la medida llega sin consenso territorial ni sectorial y critican que ha sido negociada solo con los sindicatos estatales, cuando en Cataluña CCOO y UGT tienen una representatividad superior al 75%.

No deja de sorprender la denuncia de las derechas acusando de injerencia del Estado en las relaciones laborales y el diálogo social con este Proyecto de Ley, cuando es el resultado de la mesa del diálogo social y está siendo debatido por todos los grupos parlamentarios. Por el contrario, el Gobierno del PP, con mayoría absoluta, en el 2012 impuso mediante un decreto ley su reforma laboral, sin contar con el diálogo social ni el debate parlamentario. El PP impuso de forma autoritaria un conjunto arbitrario de medidas regresivas y lesivas que recortaron los derechos laborales, incrementaron la precariedad laboral y la desigualdad, aumentaron los poderes empresariales en la negociación colectiva y provocaron la destrucción de empleo, al facilitar y abaratar los despidos.

Parece que los promotores de los vetos quieren ocultar que nuestro sistema legislativo establece que las leyes marcan los mínimos y la negociación colectiva en todos los ámbitos (tanto en las empresas como en los sectores) pueden mejorarlos sin contradecir la ley. De hecho, en la actualidad la ley fija como jornada máxima 40 horas semanales y según el registro de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social hay 3.512 convenios con jornada laboral inferior a la máxima legal, con 38,3 horas semanales de media. A su vez, la legislación faculta a la negociación colectiva a implementar la flexibilidad necesaria en cada sector o empresa, entre otras materias, para determinar la duración, ordenación y distribución del tiempo de trabajo.

Desde Gobierno, ante la posición de confrontación permanente de PP y Vox, se quiere negociar con Junts per Catalunya su apoyo al Proyecto de Ley, pues si prosperan las enmiendas a la totalidad el texto volvería al Gobierno, lo que retrasaría o podría impedir la entrada en vigor de la ley este año. Los sindicatos anuncian que van a presionar con movilizaciones y llaman a los grupos parlamentarios a facilitar la tramitación para despejar la incertidumbre de cara a los convenios colectivos que se tienen que negociar en 2026 e invocan el respaldo que la gran mayoría de la ciudadanía expresa en las encuestas y otros estudios sobre la implantación de la jornada laboral a 37,5 horas sin disminución del salario.

Toni Ferrer