Comunicado de Juristas por Palestina, de 2 de mayo de 2025

ante el ataque armado contra el buque humanitario Conscience, de la Flotilla de la Libertad

Juristas por Palestina expresa su más enérgica condena ante el ataque armado perpetrado en la madrugada del 2 de mayo contra el buque Conscience, perteneciente a la Flotilla de la Libertad. Según la información suministrada por distintas agencias y medios, el buque, que navegaba bajo pabellón de Palaos, llevaba a defensores de derechos humanos de distintas nacionalidades como miembros de su tripulación y transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza. El buque fue atacado a las 00:23 horas locales, a unas 14 millas náuticas (25,9 km) al este de Malta, dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), espacio en el que rige el derecho de libertad de navegación, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas (CNUDM).

La acción armada tuvo lugar a través de drones (también armados), de los cuales al menos dos impactaron el buque, provocando un incendio a bordo, la destrucción de su sistema eléctrico y una brecha en el casco que lo dejó en grave riesgo de hundimiento. Este acto de violencia, presuntamente estatal, de Israel, podría haber costado vidas humanas, como ya sucedió en una ocasión anterior.
Aunque en esta ocasión la acción armada no haya causado muertes, constituye también una flagrante violación del Derecho Internacional, en particular del Derecho de los Derechos humanos, el Derecho del Mar y el Derecho internacional Humanitario.

Consideramos necesario destacar los aspectos siguientes. En primer lugar, el cometido del barco en sí, así como la misión de las personas que iban a bordo, eran de carácter sencillamente humanitario, pues se trata de defensores de derechos humanos que se dirigían a llevar ayuda humanitaria a Gaza. En segundo lugar, una agresión de este tipo no es la primera que se produce, pues el 31 de mayo de 2010 las fuerzas israelíes ya habían abordado otro buque de la Flotilla de la Libertad en aguas internacionales, el Mavi Marmara, que enarbolaba pabellón de Islas Comoras, y era parte de una flotilla de seis embarcaciones. Aquel ataque resultó en el asesinato de una decena de defensores de derechos humanos y más de 50 heridos. En tercer lugar, lejos de constituir un hecho aislado, esta acción armada forma parte del contexto más amplio de asedio y exterminio contra la población palestina, dado que además de bombardearse sistemáticamente personas e instalaciones civiles en Gaza, como hospitales, escuelas y refugios, sin respetar los principios básicos del Derecho internacional humanitario de distinción, proporcionalidad y precaución, se vienen cometiendo masacres documentadas fehacientemente por múltiples organismos. Y, en cuarto lugar, que este buque iba a intentar paliar en algo las dramáticas consecuencias del actual bloqueo de Israel, que impide el acceso de la población de Gaza a alimentos, medicinas y suministros esenciales, a consecuencia del cual, según han alertado diversos organismos de las Naciones Unidas, incluidos la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la UNRWA, la población civil de Gaza enfrenta niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, falta de acceso a agua potable, medicinas y atención médica básica, en lo que califican como una crisis humanitaria sin precedentes. El riesgo inminente de hambruna masiva ha sido documentado como de Fase 5, es decir, de «catástrofe», el nivel más alto de emergencia alimentaria.

En definitiva, el acto del ataque armado contra un buque humanitario de la Flotilla de la Libertad no puede desvincularse de los graves crímenes, atroces y sistemáticos, realizados por Israel contra la población de Gaza, que reúnen los elementos definitorios de los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra (como en relación con ambas categorías ha dejado claro la Corte Penal Internacional, a través de sus órdenes de arresto ya emitidas contra el primer ministro israelí, B. Netanyahu y el ex ministro de Defensa, Y. Gallant) y el crimen de genocidio.

Si bien la Corte Internacional de Justicia todavía no se ha pronunciado sobre el fondo en el asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (iniciado por Sudáfrica c. Israel), no es necesario esperar a la sentencia que el Tribunal de la ONU dictará en su día para calificar los actos cometidos hasta la fecha por Israel en Gaza como genocidio. Ciertamente, se trata de actos encajables en el Artículo II de la Convención de 1948 y el Artículo 6 del Estatuto de Roma, dado el reguero de pruebas que distintas autoridades y miembros de las fuerzas armadas de Israel han ido dejando sobre la intención de buscar la destrucción parcial o total del pueblo palestino como grupo nacional y étnico. Pruebas que han sido examinadas por distintos organismos expertos independientes y de prestigio, como, entre otros, la Relatora Especial de las NU para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados u organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Recordemos además que la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio impone a todos sus Estados parte la obligación de prevenir y reprimir la comisión de este horrendo crimen.

En adición a lo ya dicho, Juristas por Palestina recuerda que la ocupación israelí de los Territorios Palestinos, incluyendo Jerusalén Este, ha sido calificada reiteradamente como contraria al Derecho Internacional por, entre otros, distintos organismos de las Naciones Unidas, en particular por la Corte Internacional de Justicia (a través de sus Opiniones Consultivas de 2004 –sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado– y de 2024 –sobre las Consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental–). Conclusiones que se alinean con múltiples resoluciones de la Asamblea General (como la 77/247) y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigen el fin de la ocupación y el respeto al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

Junto a lo anterior, Juristas por Palestina se ve en la obligación de llamar la atención, así como de denunciar, también el doble rasero de muchos Estados, pues, mientras movilizan recursos para ayudar a Israel en catástrofes naturales como los incendios que actualmente está sufriendo (por ejemplo, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil), permanecen cómplices del bloqueo ilegal a Gaza y de los crímenes aludidos, pese a su gravedad. Por ello, debemos recordar una vez más que el Derecho internacional exige a todos los Estados que cumplan y hagan cumplir el Derecho internacional humanitario, pues así lo impone el Derecho consuetudinario y el art. 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra para la protección de los conflictos armados, que han sido ratificados por todos los Estados de la sociedad internacional, y forma parte por tanto también de sus Derechos internos. La utilización de la doble vara de medir reseñada implica una jerarquía de vidas humanas en contravención de las normas más elementales del Derecho internacional, e interno, consagradas entre otros instrumentos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La falta de reacción de los Estados supone un gravísimo incumplimiento que trasciende el plano de lo meramente político, en la medida en que tiene perniciosos efectos jurídicos, pues puede impedir la rendición de cuentas, institucionalizar la impunidad cuando se trata de Israel, facilitar el camino para que la intolerable comisión del genocidio por su parte siga su curso en Gaza y erosionar el Derecho existente, lo cual sin duda repercutirá mucho más allá de Oriente Medio, generando sin duda otros impactos negativos en nuestra sociedad global.

A la luz de todo lo anterior, en relación con este último ataque a un buque de la Flotilla de la Libertad, proponemos que:

  • se constituya una investigación internacional independiente que esclarezca los hechos, de modo que pueda allanarse el camino para que pueda llevarse ante la justicia a los autores materiales e intelectuales del ataque.
  • la Fiscalía de la Corte Penal Internacional incluya este ataque en su examen sobre la situación en Palestina (Caso ICC-01/18) y actúe sin dilaciones.

Más allá del ataque al buque de la Flotilla de la Libertad, nos remitimos a las acciones que venimos solicitando a través de nuestras declaraciones e iniciativas anteriores, las cuales, en síntesis, pueden reconducirse a medidas que se incardinan en los frentes siguientes:

  • adopción de sanciones efectivas contra Israel, tanto a nivel estatal como en el marco de la Unión Europea y otros organismos multilaterales, inclusive un embargo total de armas;
  • suspensión inmediata de toda cooperación militar, comercial y diplomática con Israel, especialmente aquella que pueda facilitar o legitimar violaciones del Derecho Internacional Humanitario, en tanto persista la situación de ocupación;
  • exigencia a los Estados parte de los Convenios de Ginebra de que cumplan su obligación de «respetar y hacer respetar» el Derecho Internacional Humanitario (art. 1 común a las cuatro Convenciones de Ginebra), adoptando, entre otras medidas, acciones concretas para la protección efectiva de las misiones humanitarias internacionales, incluyendo la exigencia de garantías de no repetición de ataques a convoyes civiles en tierra, buques en el mar o vehículos en el espacio aéreo;
  • apoyo institucional y jurídico a las iniciativas en curso ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, incluyendo el caso presentado por Sudáfrica contra Israel por genocidio.
  • medidas de los Estados y de las empresas para impedir que el sector privado pueda seguir apoyando la ocupación ilícita por parte de Israel de territorios palestinos.

Juristas por Palestina reafirma su compromiso con la defensa del Derecho Internacional, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, incluyendo la dignidad de todos los pueblos y personas.

No podemos permanecer en silencio mientras Israel perpetra con impunidad violaciones sistemáticas del orden jurídico internacional, que constituyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de genocidio.

Se precisa poner fin a tanta pasividad, y que tenga lugar una reacción adecuada. El Derecho, así como los principios de justicia y humanidad, nos exigen a todos una respuesta firme y coherente.

2 de mayo de 2025
Juristas por Palestina

Libertad par el Dr Abu Safiya

El pleno del Ayuntamiento del Vendrell aprobó el pasado 26 de mayo una moción exigiendo la liberación del Dr Abu Safiya, con los votos a favor de PSC, ERC, Comuns, Primer el Vendrell y Fem Vendrell, y los votos contrarios de PP y VOX.

La moción no solo se centró en la liberación del Dr Safiya, sino en la situción de hambruna y de falta de asistencia humanitaria así como la condena del genocidio del gobierno sionista de Israel, y la necesidad de que la comunidad internacional deje de mirar hacia otro lado y actúe de forma contundente contra el gobierno Israelí, rompiendo relaciones con el mismo, embargando las armas y exigiendo un alto el fuego inmediato y el fin del conflicto.

Baltasar Santos
1er Secretario PSC el Vendrell

Contra el genocidio en Palestina

El genocidio en Palestina fue el eje central de la reunión de la comisión ejecutiva del PSC del Vendrell del pasado sábado 31 de mayo.

Ante la opinión unánime sobre la tibieza de la comunidad internacional sobre la situación en Gaza, la ejecutiva local resolvió actuar a nivel comarcal y provincial con alianzas con todos los partidos políticos y entidades para exigir el Alto el fuego en Palestina, la liberación de todos los palestinos secuestrados por el régimen sionista de Israel (entre ellos, el director de Hospital Abu Safiya), y que la comunidad internacional actúe de forma contundente contra los genocidas.

Entre las acciones anunciadas, a consensuar con otros participantes, está la constitución de un comité contra el genocidio en Palestina, una manifestación en el Vendrell, una cacerolada popular, y la presentación de una moción tanto en el pleno del consejo comarcal del Baix Penedés como en el Consejo de Federación del Camp de Tarragona.

Baltasar Santos
1er Secretario PSC el Vendrell

Sobre la Mocion presentada…

Habemus Papam

Pocas veces ha habido tanta especulación política y debate en los medios de comunicación, sobre la identidad y tendencia del Papa que tenían que elegir el mayor número de Cardenales en la historia de los Cónclaves, 133, que al final han optado por el cardenal Robert Francis Prevost, que gobernará de ahora en adelante la Iglesia católica con el nombre de León XIV. Elección que se ha producido con mayor rapidez de la pronosticada por una mayoría de todógos y, en menor medida, por los conocedores de la prosopopeya e intríngulis con el que se mueven los asuntos políticos en el pequeño Estado Vaticano donde nunca manca fineza.

La Manca fineza ha faltado en el espectáculo informativo televisivo en el que las cadenas españolas han convertido el largo, larguísimo, proceso de las exequias fúnebres del Papa Francisco: primero la preparación del cadáver para su exposición pública en el funeral celebrado en la Plaza de San Pedro, al que asistieron Reyes, Jefes de Estado y Jefes de Gobierno, después el paseíllo del féretro por el centro de Roma, hasta la Basílica de Santa María Mayore, donde descansan ya sus restos. Luego vinieron las nueve misas, una diaria, en su memoria, y todo el trámite protocolario previo al inicio del Conclave, y el desarrollo del mismo.

Y todo retransmitido en directo desde el día del fallecimiento del Papa Francisco, con horas de emisión que era necesario rellenar sin más información que la repetida hasta la saciedad, que dio lugar a un sinfín de pleonasmos sinsentido y reiteración en los mismos contenidos; por ejemplo, sobre el protocolo que se sigue en cada evento y, esto es lo peor, con preguntas ilocutivas vacuas, por genéricas, que ponían en un compromiso a los periodistas que estaban a pie de micro en diferentes puntos del Vaticano, del tipo: ¿qué ambiente se respira en la plaza de San Pedro a esta hora?, ¿hay mucha gente?, ¿qué se comenta en la plaza?, ¿cómo matan el tiempo de espera? Preguntas que les ponían en un compromiso porque les obligaba a improvisar un discurso descriptivo de una situación que apenas variaba nada, repleto de respuestas simplonas y muletillas centradas en lo mismo, repetidas una y otra vez: el ambiente es de espera, de emoción contenida, hay personas venidas de muchas partes del mundo, etc.

Junto a la desinformación, por reiterativa, que provoca convertir la información en un espectáculo televisivo que obliga a estirar el chicle sin nada nuevo noticiable durante horas; está la falta de criterio por parte de los programadores que, abducidos por la pugna mediática por estar presentes allí donde se produce un hecho de alcance planetario, olvidan que su función informativa no es estar por estar en un punto noticiable, sino estar si tienes algo novedoso que contar que no sea siempre lo mismo: lo poco gusta y lo mucho cansa y agota la mente; por eso hubiera sido mejor realizar conexiones puntuales cada vez que hubiera una información nueva de interés.

Que olvidan que estar emitiendo durante horas todos lo mismo, supone reducir la posibilidad de los espectadores para elegir otros contenidos, en lugar de obligarles a ver, sí o sí, un espectáculo que termina por devaluar, para los devotos, la espiritualidad que debería ser la característica principal que empapa la muerte de un Papa y su sustitución por otro, al dar pábulo a un debate centrado en el carácter más o menos progresista del que se va y de su sucesor.

Programadores que olvidan, y aquí la mayor responsabilidad está en la televisión pública, el artículo 16 la Constitución donde se establece que el Estado español es aconfesional; esto es, que no privilegia unas creencias religiosas sobre otras. Que los canales públicos, en especial RTVE, se lancen a competir con las televisiones privadas, que no están obligadas a mantener un equilibrio en los contenidos a este respecto, supone una dejación de su función de velar por este principio constitucional, que ya olvidó en la pasada Semana Santa donde hubo más retransmisiones en directo que nunca de procesiones. En concreto L2 dedicó durante el jueves y viernes santo tres cuartas partes de su programación a la retransmisión en directo de las procesiones más significativas en diferentes ciudades de España.

El nuevo jefe de RTVE, José Pablo López, no debe tener claro todavía que la televisión pública es para todos los ciudadanos y no para una parte, y desconoce que la mayoría social ya no es creyente debido al proceso imparable de secularización de la sociedad española desde el comienzo de este siglo. Igual no ha debido leer el informe de 2019 del CIS en el que, por primera vez, se apuntaba que el número de ateos, agnósticos y no creyentes superó al de católicos practicantes, con un 29% de la población. Caída que se agudizó en el informe de 2021 en el que el porcentaje de creyentes cayó hasta el 16,7%. Datos corroborados por la propia Conferencia Episcopal Española, que en su informe de 2019 ya confirmaba el descenso en picado, desde 2007, de la práctica de sacramentos como los bautizos y comuniones, un 40% menos, y los matrimonios religiosos, 45.000 menos en la última década. Guarismos que confirman la caída sostenida de la influencia del catolicismo en la sociedad.

Alguien debería recordarle también que la televisión pública no debería ser el foro para la especulación no fundamentada en hechos y datos, como se ha especulado en las largas horas de retransmisión en directo, en las que los periodistas se han lanzado, sin criterio alguno, —error en el que han caído todos los medios— a ofrecer quinielas sobre las Cardenales más papables, para no ser menos que el resto de medios. Mimetismo absurdo que genera confusión que desinforma y desvía el mensaje informativo para centrarlo en un nominalismo de candidatos: ¿cómo están las apuestas? Mejor hubiera sido con tantas horas de emisión por delante que alguien, con criterio periodístico, hubiera preparado dossiers informativos para los presentadores y redactores, con datos curiosos u originales sobre el Estado Vaticano y su funcionamiento, siempre tan opaco, o sobre lo que doctrinalmente estaba en juego en esta elección.

Hemos oído hablar de continuidad o no en el mensaje doctrinal del Papa Francisco, pero han sido pocos los expertos que han explicado cuales son los puntos fuertes de ese mensaje. Como tampoco nos han aclarado cuales eran los argumentos de los opositores al papado de Francisco, y qué es lo que querían exactamente. Ni se ha profundizado en contar a la audiencia el impacto que ha tenido en la estructura de poder en el Vaticano, los cambios acometidos por el Papa Francisco. Contenido que hubiera permitido dotar de información interesante para la audiencia en las largas horas de retransmisión, sin tener que caer en las informaciones y expresiones simplonas y hueras resultado de optar por hacer un espectáculo televisivo.

Ahora todo está centrado en cuál será la dimensión doctrinal y pastoral del nuevo Pontífice—constructor de puentes—, León XIV, qué en sus primeros mensajes dirigidos a los fieles, parece seguir la estela aperturista de su antecesor, aunque con maneras menos entusiastas y más distantes que su predecesor, y con un gusto mayor por los rituales litúrgicos clásicos. Veremos.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario
y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Crónica del acto del 13 de mayo. ASTRADE

Guerra en Ucrania: antecedentes y consecuencias de la paz impuesta por los USA

ASTRADE organizó el día 13 de mayo un acto debate bajo el título que encabeza esta crónica. Participaron como ponentes: Manuel Pardo de Donlebún, Manuel Ruiz Robles y Baltasar Santos Fernández, quienes intervinieron en el orden en el que figuran en el cartel de la convocatoria.

El acto fue dirigido y moderado por Miguel Sagüés Navarro, socio fundador de ASTRADE y miembro de su Junta Directiva. Abogado laboralista de CCOO, jubilado.

Los ponentes coincidieron en la visión general de que Europa lleva más de tres años sufriendo una guerra en territorio ucraniano, de la que la opinión pública sabe poco y lo poco que sabe llega intoxicado por los intereses de los protagonistas reales de esta confrontación: Rusia y la OTAN, aunque los muertos los estén poniendo el los pueblos ruso y ucraniano.

Se hizo alusión a la historia de lo que es hoy la República de Ucrania, desde el s. IX con la Rus de Kiev, pasando por la invasión mongola del s. XIII, hasta su incorporación a la URSS en el s. XX, tras la Revolución proletaria de 1917. Su devenir histórico no es ajeno a su posición geoestratégica en la Europa oriental. Un territorio habitado por gran diversidad de poblaciones de distintos orígenes, que hablan distintas leguas de origen eslavo, siendo mayoritarios los hablantes de ucraniano (lengua oficial) y los ruso-parlantes muy mayoritarios en el este del país.

Igual que el resto de países de la esfera del extinto Pacto de Varsovia, Ucrania ha recibido presiones por parte de “occidente” desde los años 90 del pasado siglo, para que se desligase de la influencia rusa y que se acercase a la esfera de la Unión Europea. Se recordó que la OTAN comenzó su expansión hacia el Este europeo en 1990 pocos meses después de la caída del Muro de Berlín, empezando por la reunificación alemana y la incorporación de la Alemania unificada a la OTAN; la incorporación de Polonia, Hungría y la República Checa a la OTAN en 1999; de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia en 2004; Albania y Croacia en 2009; Montenegro en 2017; y Macedonia del Norte en 2020. Países a los que se han añadido Finlandia y Suecia en 2023 y 2024, respectivamente, ya iniciada la guerra en territorio ucraniano.

Esta expansión de la OTAN en dirección a la frontera rusa se ha producido a pesar del compromiso que el presidente de los EE.UU., George H.W. Bush alcanzó con Gorvachov; compromiso que quedó plasmado en el memorándum que Helmut Kold envió, en nombre de la OTAN, al líder soviético en febrero de 1990.

En paralelo a esta evolución histórica, las relaciones comerciales con Rusia se mantuvieron durante los tres primeros lustros del presente siglo, ya con Putin en el poder, desde diciembre de 1999.

Un punto de inflexión tuvo lugar en 2014, en paralelo a la expansión de la estructura militar (OTAN) hacia el Este, cuando se abrió el debate en Ucrania entre pro rusos y pro europeistas, y el gobierno de Yanukóvich (pro ruso) se negó a firmar el tratado de Asociación con la UE -tratado de carácter comercial que Putin intentó desactivar, por ejemplo, con la compra por parte de Rusia de 15.000 millones de dólares en eurobonos ucranianos y un precio especial en el gas ruso suministrado a Ucrania-, quedando claro que el trasfondo de este conflicto siempre ha sido económico.

Estos hechos desataron una espiral de acción reacción, con la participación de los interesados de una y otra parte: el imperialismo norteamericano (en diciembre de 2013, dos senadores estadounidenses: Christopher Murphy y John McCain alentaron a la multitud contra el gobierno ucraniano desde la tribuna de la manifestación. Dirigentes de las instituciones de la subordinada UE también se volcaron en presionar en favor de los intereses de las multinacionales de la energía. Enfrente, la oligarquía liderada por Putin.

En noviembre de 2013 comenzó la revuelta del Maidán: protestas animadas por los pro-UE, que duraron tres meses y costaron la vida a un centenar de personas, por el exceso represivo de la policía, aunque hay quién se lo imputa a francotiradores al servicio de los “pro europeos” para decantar el movimiento contra el gobierno ucraniano del momento.

La destitución de Yanukóvich en febrero de 2014 fue interpretada por los pro-rusos como un golpe de Estado. Sin entrar a tomar posición, a los participantes en el debate no se les ha escapado que la espontaneidad no es precisamente un elemento real en este tipo de hechos.

Tras la destitución del presidente, se desencadenó el conflicto armado entre el ejército ucraniano, con el gobierno en manos de los pro-UE: Truchínov (22 de febrero a 7 de junio de 2014), Poroshenko (7 de junio de 2014 a 21 de abril de 2021) y Zalenski (21 de abril de 2019 hasta la fecha). Y las milicias populares de Donetsk y Lugansk; conflicto que dejó más de 14.000 muertos, todos ellos ucranianos.

Por finalizar con los antecedentes, se hizo mención a la anexión de Crimea por parte de Rusia, tras las “también espontaneas” movilizaciones de la población ruso-parlante de Crimea, en marzo de 2014.

Europa abrió el debate de la necesidad de reducir su dependencia del gas y el petróleo ruso que venía consumiendo, mientras iba adoptando compromisos comerciales con los Estados Unidos de América para el suministro de Gas Licuado. Se recordó la voladura de los gaseoductos Nord Stream 1 y 2; sabotaje que nadie ha reivindicado, pero cuyo resultado fue el de la ruptura física del comercio de gas y petróleo de Rusia con Europa.

Sin entrar en el desarrollo de la guerra abierta que se inició en febrero de 2022 con la ocupación de territorio ucraniano, a lo que Rusia denomina “operaciones militares especiales”, el resultado es que el mercado de la energía en Europa se ha volteado en favor de los EE.UU. Un mercado de más de 40.000 millones de euros anuales. EE.UU., los mismos que ahora pretenden aparecer como mediadores para la paz imponiendo un acuerdo por el que los USA dispondrán de la explotación de las tierras raras ucranianas, fundamentales para el desarrollo tecnológico -es un contrasentido hablar de acuerdo cuando en realidad es una imposición, por lo que “acuerdo” no es más que un eufemismo-.

Es evidente que Ucrania tiene poca voz y voto en la necesaria paz. Así lo atestigua la grosera intervención de Trump y su chulesco propósito de parar la guerra a los dos días de llegar a la Casa Blanca. Las formas para imponer la paz y las humillaciones hechas a Zelenski, junto con el devenir de los acontecimientos, demuestran que esta es una guerra de la OTAN, teledirigida por los USA, frente a la Rusia atenazada por Putin y el puñado de oligarcas que se han hecho con la propiedad de las riquezas del pueblo ruso. Con un deplorable papel de los gobiernos de la UE y sus instituciones que, como dice el refrán: “Encima de puta, apaleada”, pues ha trabajado para los intereses su ¿aliado?, y este la paga con una guerra de aranceles y la dicta cuánto tienen que gastar en armamento; compras que en un 60% de la multimillonaria factura se paga en los EE.UU. Es evidentemente el “juego” con las cartas marcadas por parte de uno de los jugadores.

Los ponentes y las intervenciones de los asistentes fueron en línea de un compromiso con la paz, rememorando en este sentido Manuel Ruiz el artículo 6 de nuestra Constitución de 1931: “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”.

Este acto ha pretendido y pretende contribuir al necesario debate contra la guerra, sabiendo que la sociedad solo es libre para comprender en ausencia de miedo, justo lo contrario a lo que estamos recibiendo a diario con las campañas gubernamentales, que buscan construir un enemigo que nos infunda terror, un método necesario para justificar el incremento de los presupuestos para la guerra. Esto no sería posible sin la participación necesaria de los medios de comunicación de masas. Mientras parece no importar la insoportable masacre, un genocidio brutal que, Israel; aliado prioritario de los USA, está cometiendo en Palestina, cebándose particularmente con la población de Gaza.

El debate, si es libre, ayudará sin duda a vislumbrar cual es el verdadero enemigo de los pueblos de Europa que sufren una guerra paralela de saqueo de sus salarios y pensiones, una guerra de destrucción de derechos sociales que amenaza de forma directa a los servicios públicos, levantados con el esfuerzo de generaciones de trabajadores y trabajadoras.

Decir ¡No a la Guerra! y ¡Ni Putin ni OTAN! No es una posición equidistante, pues desde ASTRADE no caemos en la trampa de lo malos que son unos u otros. Tomamos posición a favor de los pueblos, únicos perdedores en esta y en todas las guerras. Conscientes de que solo la movilización social puede traer la paz duradera y preservar los derechos.

El enemigo de los pueblos es el sistema económico que preserva los derechos de una minoría privilegiada frente a las necesidades la gran mayoría de la sociedad, acudiendo a la guerra y la destrucción para conseguir sus objetivos.

Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE

El blindaje de las pensiones

El 26 de mayo se celebró el acto que tuvo que ser suspendido el 28 de abril, con motivo del apagón sufrido en la península Ibérica. Acto organizado por ADEPPU, al que fui invitado en calidad de presidente de ASTRADE. Compartí debate con los compañeros y compañeras de cartel, sobre un tema tan importante y complejo como el Sistema Público de Pensiones.

El acto se celebró en el Centro de Mayores “Infante Don Juan”, en el distrito de Moncloa. Como quedó patente en el debate mantenido, las pensiones es un asunto que atañe de forma directa 31 millones de habitantes, más del 63% de la población: cotizantes + pensionistas, e indirectamente a las familias de todos ellos y ellas. El hecho haberse celebrado en un centro de Mayores no significa que este sea un asunto de la sola incumbencia de los y las pensionistas.

Los intervinientes coincidimos en la necesidad de blindar las pensiones como derecho; hubo quién planteó que el texto constitucional debe mencionar explícitamente que las pensiones públicas no se puedan privatizar, en concreto el compañero, de la MERP, aludiendo al caso de Chile y las AFP, un sistema de capitalización individual gestionado por fondos de inversión internacionales. Un modelo impuesto por la dictadura pinochetista al inicio de la década de los años 80 de pasado siglo. Curiosamente, cuando comenzaron a publicarse artículos y libros de “expertos” teorizando la insostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones. Para quienes no creemos en las casualidades, esos “expertos” no pasan de ser asalariados al servicio de entidades financieras, aseguradoras y fondos de inversión. 45 años después, el pueblo chileno comprueba que aquello fue un atropello más de la dictadura; a la vista de la situación de las pensiones en Chile y la de otros sistemas como por ejemplo el español. Los análisis de dichos “expertos” han ido modificándose a medida que iban venciendo las fechas pronosticadas y se verificaban como falsas, pues los sistemas públicos de pensiones continúan sanos y son perfectamente viables. Por el contrario, los planes de pensiones privados están sufriendo los vaivenes de las bolsas, según sople la ventolera en la Casa Blanca o las crisis económicas periódicas intrínsecas al sistema económico liberal.

Continuando con la necesidad de blindar las Pensiones Públicas, en mi opinión, y así lo expuse en el acto, es necesario concretar y que esta voluntad política se plasme en una reforma constitucional que sitúe el derecho a la pensión en la sección 1ª del Capítulo Segundo, de manera que sea un derecho fundamental; reforma constitucional y en el mismo sentido que debería extenderse a derechos como la Sanidad, la Educación y la Dependencia, si queremos, de verdad que cada vez que cambiamos de gobierno no nos cambien la ley -en Educación es fácil de entender a qué me refiero-.

También plantee que se deberían blindar las pensiones culturalmente, es decir, haciendo una campaña desde donde corresponda: el Gobierno de España, el Ministerio de Seguridad Social o el de Educación, informando y formando a la sociedad en su conjunto, a los y las jóvenes en particular, sobre la naturaleza de las pensiones y como se nutren. Desgraciadamente, un elevado porcentaje de la sociedad tiene una gran confusión a este respecto. La campaña que sugiero, debería dejar claro que el sueldo de los trabajadores asalariados por cuenta ajena, y también las percepciones de los autónomos, tienen tres partes: el salario directo, el neto a percibir cada mes; el salario indirecto, el que recibimos cuando somos atendidos en un hospital, por nuestro médico de Atención Primaria o cuando el profesorado educa a nuestros hijos e hijas, servicios que son pagados con el IRFP y el ajuste anual en la campaña Renta, o sea, con los impuestos; y el salario diferido, que se compone de la cotización del trabajador y del empresario, detraídas ambas del salario mensual.

Si lo anterior quedase claro, al menos para 21.765.400 de ocupados (dato de la EPA del primer trimestre de 2025), quedarían blindadas las pensiones en el conocimiento colectivo.

Mantengo mi afirmación de que las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad, son salario de los trabajadores, en nuestro sistema de solidaridad y reparto, del que los gobiernos solo tienen la competencia de gestionar, nunca de disponer de un dinero que es de las pensiones, es decir, de los y las cotizantes.

A partir de lo anterior, se abordó la necesidad de que el gobierno cumpla con el mandato establecido en la Disposición Adicional sexta de la Ley 21/2021, de encargar un Informe de Auditoría, que debería de llevar a cabo el Tribunal de Cuentas del Estado, por ser una institución del Estado independiente de quién debe encargar el informe y por ser quien en 2020 hizo público un informe sobre la Seguridad Social en el que se determinaba que, del periodo 1989 – 2013, el Estado le debe a las pensiones más de 103.000 millones de euros, en concepto de gastos indebidos, concretamente porque los gobiernos de ese periodo utilizaron indebidamente el dinero de las pensiones de jubilación para pagar los complementos a mínimos, cuando esos complemento deben pagarse con dinero de los impuestos. Recordé que el ministro de Seguridad Social, en el periodo 2020-2023, el señor Escrivá, dijo en abril de 2023 que la deuda del Estado con las pensiones ascendía ya a 140.000 millones de euros.

El Secretario Federal del PSOE para el Pacto de Toledo, Iván Fernández, informó en este punto que el actual gobierno está poniendo 25.000 millones cada año para evitar la utilización indebida del dinero de las pensiones, información que todos los presentes celebramos. Sin embargo, y siendo importante que el actual gobierno no esté ampliando la deuda del Estado con la caja de las pensiones, recordé que la Ley 21/2021 establece que el informe de Auditoría, pendiente de encargar, abre el periodo de 1967 a 2020, por lo que cabe pensar, en buena lógica aritmética, que la deuda con el Sistema Público de Pensiones debe ser bastante más elevada que 140.000 millones de euros. Realizar la Auditoría es por tanto blindar las pensiones desde el punto de vista económico, siempre y cuando el Estado haga efectiva la devolución del dinero.

Por último, Elena Asensio, de MPM, criticó que el Gobierno haya abierto la ley a que las empresas puedan acordar Fondos Complementarios en los convenios colectivos; lo que siempre se ha conocido como “previsión social”, y que las empresas se puedan estar beneficiando de ello.

Todos estuvimos de acuerdo en que este es un asunto complejo, que daría para un debate en sí mismo. No obstante, como conocedor del tema, por haber sido representante sindical del sector financiero, además de trabajador de este sector, el cambio sustancial que ha aparecido es que, antaño los trabajadores de las grandes empresas, en sus convenios sectoriales, recibían aportaciones anuales a estos Fondos, mientras que ahora se está haciendo que los trabajadores aporten dos veces: una de forma directa, detrayendo del sueldo una cantidad mensual, y otra como siempre ha sido; haciendo la empresa la aportación al 100% siendo salario diferido, complementario a la cotización a la Seguridad Social.

Con esto se abre la puerta a posibles bonificaciones y/o exenciones en las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social, lo que equivaldría a decir que las empresas reciben dinero de las pensiones, lo cual es como poco una imprecisión, propia de un tema arduo.

Termino dando las gracias a los organizadores, y a la compañera Leonor Moggio en particular, por organizar estas reuniones de trabajo y por tener siempre en cuenta a la Asociación Trabajo y Democracia.

Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE

Entrevista: Belén Guirao Segrelles

Secretaria General de RUGE-UGT

Belén Guirao es graduada en Derecho por la Universidad de Murcia y egresada del Máster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 11 de abril, es Secretaria General de la organización de jóvenes de UGT, RUGE – Revolución Ugetista.

Su trayectoria en RUGE incluye una sólida experiencia en la Comisión Permanente, donde fue responsable de las áreas de Internacional y Asociacionismo. Además, ha tenido la oportunidad de representar a UGT y RUGE en espacios de relevancia tanto a nivel europeo, formando parte del Comité de Jóvenes de la CES, como en ámbitos nacionales relacionados con la juventud.

Estas experiencias le han permitido defender con firmeza la lucha por la igualdad, la solidaridad antifascista internacional, así como un profundo compromiso con las causas sociales y laborales.

Pregunta.- El pasado mes de abril fuiste elegida responsable de la Asociación juvenil confederal de la Unión General de Trabajadores ¿Cuáles son tus tres principales objetivos al frente de RUGE – Revolución Ugetista?

Respuesta – Sí, efectivamente. El pasado 11 de abril, tuvo lugar la III Asamblea General de RUGE – Revolución Ugetista, la organización de jóvenes de UGT-. En, renovamos la Comisión Permanente Confederal, nuestro órgano interno de dirección y representación, y en el que salí elegida como Secretaria General para los próximos 3 años.

El nuevo equipo está integrado además por Juan Antonio Báez, como Secretario de Organización, Socioeconómica y Comunicación; Alejandro Braña, Secretaría de Administración y Memoria histórica; Sara González, Secretaría de Relaciones Internacionales, Igualdad y Transición Ecológica; Samuel Martín, Secretaría de Acción Sindical; Antoni Mestre, Secretaría de Empleo e Institucional; y Ana María Sánchez, Secretaría de Juventud Rural y Formación.

También aprobamos el Programa de Acción, en el que plasmamos como objetivo fundamental continuar el trabajo para mejorar las condiciones sociolaborales de las personas jóvenes. Desde la nueva Comisión Permanente, nos hemos propuesto trabajar, no solo dentro de los centros de trabajo, a través de la incorporación de la perspectiva juvenil en la negociación colectiva con la participación activa de jóvenes delegadas y delegados de UGT y de la formación continua de nuestros cuadros sindicales, sino también a nivel externo, superando las lacras socioeconómicas que tenemos que afrontar las personas jóvenes simplemente por nuestra edad, como es claramente el problema de la vivienda y la emancipación juvenil.

Pregunta.- En los países de la UE, en promedio, los y las jóvenes plantean emanciparse de sus padres a los 26,4 años. En España, este propósito no comienza a ser posible hasta los 30,3 años ¿Cuáles crees que son los motivos para que haya este desfase desfavorable para nuestra juventud?

Respuesta – Históricamente, en España, se ha achacado el problema de la emancipación de las personas jóvenes a una serie de factores, entre los que tenían más valor los factores culturales, que los socioeconómicos. Bajo mi punto de vista, este argumento era muy simple y nada justo para las y los jóvenes.

Es cierto que, en otros países de Europa como Alemania, Austria o los países nórdicos, las personas jóvenes se emancipan a edades tempranas o, incluso, recién cumplida la mayoría de edad. Sin embargo, en esa comparación, a veces olvidamos que en estos países se fomenta una emancipación gradual, a través de sistemas de bienestar, políticas públicas de vivienda y ayudas a la educación, que, en conjunto, facilitan esa emancipación de las personas jóvenes.

En cambio, en España, hasta hace unos años, se seguía diciendo que «quién no se emancipa, es porque vive muy bien en casa de sus padres» o que las jóvenes nos quedamos en casa por lazos familiares. Lo cierto es que hay multitud de factores que influyen como: los sueldos, el precio de la vivienda, la gentrificación de nuestros barrios y alquileres por las nubes, falta de oferta…

El resultado, no es solo una juventud cada vez más dependiente, que debe retrasar sus proyectos vitales, sino que este problema afecta ya a la clase trabajadora en general, tengan 25 o 45 años.

Pregunta.- Por continuar comparándonos con el mismo entorno, la vivienda pública y/o destinada a alquiler social en los 27 miembros de la UE es del 9,3%, mientras que en nuestro país no llega al 3% ¿Qué políticas concretas debiera aplicar el Gobierno para paliar este déficit?

Respuesta – El porcentaje actual de vivienda pública y/o destinada a alquiler social, responde a la falta de política social y pública de vivienda, y creo que incluso reafirma lo que he dicho anteriormente. El problema que tenemos actualmente en materia de vivienda ya no solo las personas jóvenes, sino en general cualquier persona trabajadora, teniendo en cuenta el inasumible precio de los alquileres o compra, se debe a la ausencia de políticas decididas y ambiciosas por parte de otros Gobiernos durante legislaturas anteriores.

En otros países, como Austria en 1919, los socialdemócratas adoptaron un programa de construcción de vivienda pública, mediante el gravamen de bienes de lujo. En tan solo unos años, se habían construido más de 50.000 viviendas, financiadas por un impuesto a los más ricos.

En España, necesitamos medidas similares, medidas que no tengan miedo a perjudicar a la clase social que hace negocio con la vivienda. Y aquí, en tanto tienen las competencias sobre la materia, juegan un papel fundamental las Comunidades Autónomas y municipios. Ambos deben actuar como promotores de vivienda, bien sea comprando suelo, promoviendo la rehabilitación y/o adquisición de las ya construidas y cerradas.

Por lo que hace a las medidas por parte del Gobierno, hay múltiples opciones, pasando desde haciendo efectivo el acuerdo en el Pacto de Gobierno de dedicar el 1% del PIB a ello, como establecer incentivos fiscales y ayudas directas para promover la inversión privada en vivienda social, facilitar el acceso a jóvenes y colectivos vulnerables.

Belén Guirao en distintas facetas de la actividad sindical

Pregunta.- Entre 2018 y 2021 el salario más frecuente en España se estancó en torno a los18.500 euros brutos anuales. Hoy, se ha desplomado hasta los 16.495,84 € brutos anuales, en septiembre del pasado año (datos del INE), es decir, igual al SMI actual ¿Cómo afecta este avance de la precariedad salarial a los y las trabajadoras jóvenes?

Respuesta – En España, gracias a la Reforma Laboral de 2021, junto con otras medidas de estimulación de la economía y del empleo, hemos visto como los datos de empleo joven han ido mejorando. Ahora mismo tenemos una tasa de paro del 19,1%, hemos alcanzado un récord histórico de jóvenes menores de 30 años afiliados a la Seguridad Social, tan solo 1 de cada cuatro jóvenes trabaja a tiempo parcial, etc.

Sin embargo, en los últimos años, las posibilidades de emancipación de las personas jóvenes se han visto fuertemente condicionadas como consecuencia del aumento desorbitado de los precios de la vivienda y la precaria situación salarial que tienen algunas jóvenes en el mercado laboral. A pesar de que en tan solo unos años el SMI haya subido de 735 € mensuales, a 1.184 € al mes, viéndose especialmente beneficiadas las personas jóvenes, los salarios de las personas jóvenes siguen siendo muy bajos. Desde el año 2020, los ahorros de la población joven se han recortado un 26%. Actualmente, tenemos una brecha salarial del 33% entre una persona joven y la media nacional. Esta brecha salarial, junto con la continuada subida de precios – que, por cierto, a las grandes cadenas y empresas se les están empezando a acabar las razones y se les están empezando a ver los intereses- perpetúa la dependencia de la familia y la incertidumbre sobre el futuro.

Pregunta.- UGT encabezó el movimiento contra la guerra de Irak en 2003. Hoy, 22 años después, hace tres años que sufrimos una guerra en suelo europeo y desde hace más de año y medio asistimos a un genocidio brutal en Gaza, por parte de Israel ¿Piensas que se está haciendo todo lo posible para parar esta barbarie?

Respuesta- La situación en Palestina ya era grave hace tres años, pero ha alcanzado un nivel inconcebible: estamos hablando de un verdadero genocidio. Por esto mismo, y por el más puro sentimiento de humanidad, tanto UGT como RUGE siempre han estado con Palestina. De hecho, ya en 1989, Nicolás Redondo entregó el Premio a la Paz a Yaser Arafat, lo que demuestra ese compromiso histórico.

A día de hoy, seguimos apoyando la causa palestina tanto en el ámbito nacional como internacional. En España, hemos impulsado múltiples plataformas, incluida la del Reconocimiento del Estado Palestino, que se logró hace más de un año y que era una reivindicación sindical desde hacía décadas.

En el plano internacional, promovimos junto a la LO Noruega una resolución histórica en la CSI, lo que permitió a nuestra organización adoptar una postura clara en defensa de los trabajadores palestinos. Y, además, en Europa llevamos meses defendiendo la revisión del acuerdo de asociación, logrando que en el movimiento sindical europeo se esté avivando ese debate.

UGT hasta ha estado hace unas semanas en el Congreso de la PGFTU en Ramallah, el único sindicato español presente. En cualquier caso, cuando se trata de un genocidio, de la impunidad de una masacre como esta, siempre parece que queda mucho más por hacer, si bien, no creo que eso ya depende de nosotras.

Pregunta.- ¿No crees que haya margen para intensificar la movilización social en España contra el genocidio en Gaza?

Respuesta- Sí, totalmente. Creo que concretamente hay un margen grande para trabajar de forma unitaria.

De hecho, UGT y RUGE participan en el Grupo Libertad para Palestina, una plataforma que se centraba en lo que compartimos todas las organizaciones y entidades con la causa palestina, el fin del genocidio. Lamentablemente, creo que muchos colectivos de este Grupo se han enfocado en las diferencias y en querer ser los únicos en un espacio, la defensa palestina, que creo que nos pertenece a todos y debe ser compartido.

En cualquier caso, RUGE y UGT siguen a favor del trabajo y compromiso conjunto por Palestina, sin exigencias ni búsqueda de protagonismo. La única forma de intensificar la movilización social es abriendo el espacio a todos los que creemos en una Palestina libre y que no tenemos interés en ponernos medallas de pureza ideológica ni similares.

Pregunta.- A tu modo de ver ¿no ha llegado la hora de romper relaciones con el Estado de Israel, por las atrocidades genocidas que está cometiendo? Obviamente corresponde al Gobierno dar ese paso.

Respuesta – Considero que en la situación Palestina se debe hacer un análisis claro y frio de cuál es la mejor fórmula para ayudar al pueblo palestino. Creo que la única salida a este conflicto es a través del diálogo y la diplomacia, no solo por nuestra defensa de la paz – que también – sino porque llegados este nivel es la única oportunidad que tiene el pueblo palestino de existir.

Creemos en la coexistencia pacífica de dos Estados, situación que ahora es imposible por culpa de las actuaciones genocidas de Israel. Sin embargo, romper relaciones con Israel nos invalida para estar en las mesas de negociación y diplomacia, nos invalidaríamos a nosotros mismos en la Unión Europea para cuestionar el acuerdo de asociación con Israel. La pregunta es si queremos que haya una voz que defienda los derechos palestinos en esas reuniones o que en estas negociaciones el Gobierno español, que tiene mucha más sensibilidad con Palestina que la mayoría de sus socios europeos, no esté presente. Es muy difícil que eso llegue a beneficiar a Palestina.

Una organización grande y con capacidad de influir en la política internacional del Estado como la nuestra debe tener un planteamiento serio y preguntarse si sus actuaciones tienen un impacto real en la situación del pueblo palestino o si solo quiere perseguir un objetivo romantizado, muy coherente pero ineficiente para la transformación de la realidad del pueblo palestino. Creo que tanto RUGE como UGT apuestan por la primera cuando se trata de la solidaridad con las compañeras.

Pregunta.- Es evidente que son muchos los problemas sociales que vive vuestra generación

¿Qué mensaje le quieres lanzar a las y los jóvenes, trabajadores y estudiantes, desde el ala joven de la UGT?

Respuesta – Desde la nueva Comisión Ejecutiva de RUGE – Revolución Ugetista, la organización de jóvenes de UGT, queremos enviar un mensaje de esperanza y tranquilidad a todas las personas jóvenes, trabajadoras, estudiantes o paradas. Es lícito que nuestro futuro nos preocupe, genere ansiedad o malestar, sobre todo al tener que enfrentarnos continuamente a barreras como la precariedad laboral, periodos de prácticas fraudulentos o la dificultad para acceder a una vivienda digna.

Sin embargo, también queremos recordar que organizaciones como RUGE o UGT, trabajamos todos los días por mejorar nuestra situación y acabar con estos problemas endémicos. La reivindicación, la lucha de clases y el sindicalismo son las herramientas que tenemos las personas trabajadoras para cambiar las cosas. Por ello, os animamos a seguir luchando por vuestros – nuestros – derechos y a participar activamente en las organizaciones sindicales.

La juventud tenemos la fuerza, la energía y la determinación para transformar nuestro entorno. No nos conformamos con abanderar el cambio, lo hacemos posible. Así que os animamos a que sigamos luchando, reivindicando y organizándonos porque, como dijo Miguel Hernández, “la salvación de España, de su juventud depende”.

Comisión Permanente Confederal de RUGE-UGT 11 de abril de 2025
Roberto Tornamira
para Tribuna Socialista

Defendiendo la Sanidad Pública

4ª macro manifestación en Madrid

Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid han salido a las calles para defender la Sanidad Pública. Es el cuarto año consecutivo que lo hacen. Una vez más, la manifestación ha sido secundada por decenas de miles de madrileños y madrileñas que le han dicho a Ayuso que rechazan la privatización y que invierta más en la Sanidad Pública madrileña, en lugar de regar con dinero público a las empresas privadas como Quirón.

Madrid dedicó 1.423 € por habitante, en 2024, a la sanidad madrileña; la Comunidad que menos dinero dedica a proteger la salud de sus ciudadanos de entre todas las comunidades.

El Gobierno de Ayuso destinó en 2024 un 12% del Presupuesto sanitario. Es decir, entregó más de 1.200 millones de euros a las empresas privadas que se acogen a los conciertos que legaliza la Ley 14/1986, en su artículo 90.

La lucha de las empresas privadas por hacerse con esos cientos de millones explica la corrupción que se mueve en torno a la colaboración público-privada, de la que se nutre el entorno más cercano de la presidenta.

La manifestación del 25 de mayo, ha sido una vez más muy numerosa en participación. En ella han participado las asociaciones vecinales, plataformas y colectivos convocantes, así como partidos y sindicatos con una buena afluencia en sus cortejos, lo cual es de celebrar, pues la defensa de un servicio público esencial, como lo es la Sanidad Pública, su defensa, no puede recaer exclusivamente en la responsabilidad de las estructuras sociales de base. Políticamente, más allá de la cuestión cuantitativa, es muy importante la unidad de las organizaciones de todo tipo en la defensa de un derecho fundamental como la Sanidad Pública.

Hay algo que se pone de manifiesto en el caso que el gobierno de Madrid hace de esta expresión popular y mayoritaria, es decir ningún caso. Cuatro años consecutivos, cuatro manifestaciones multitudinarias y lo único que queda claro es la insensibilidad de las instituciones autonómicas, pero también estatales, pues el ministerio de Sanidad y el Gobierno, no han hecho en esta etapa nada nuevo, más allá de aplaudir estas manifestaciones, como si las leyes que permiten y alientan la privatización no fuesen leyes ordinarias de rango estatal.

Decir que se defiende la Sanidad Pública pero no se derogan las leyes que las están entregando de pies y manos a las empresas privadas. Que menos, someter a debate la derogación de leyes como la Ley 15/97. No hacerlo, es poco menos que jalear la movilización que denuncia el problema, pero no querer hacer nada por resolverlo.

La insensibilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid es equiparable a la decisión de este mismo gobierno, cuando 2020 dictó los protocolos de la vergüenza, privando a 7291 ancianos y ancianas de su derecho a la asistencia médica hospitalaria, provocando la muerte de no menos de 4.000 de aquellos 7291. Es la misma insensibilidad que ha demostrado el gobierno de la Comunidad valenciana en octubre del pasado año, cuando esperó a que el presidente del gobierno autónomo terminase sus actividades, aún no aclaradas, mientras decenas de vecinos y vecinas se ahogaban arrastrados por el agua.

Lo que todo esto deja claro es que las instituciones del Estado tienen unas prioridades que no coinciden con las necesidades y las prioridades de los pueblos.

En la manifestación había una colorida variedad de banderas y estandartes, destacando la bandera Palestina. Tanto la manifestación como los organizadores desde la tribuna, han tenido palabras de apoyo al pueblo de Gaza y de rechazo contundente al criminal Genocidio que Israel lleva 20 meses perpetrando, y que muchos pensamos que los gobiernos europeos llegan 53.000 muertos tarde para romper relaciones diplomáticas y de todo tipo con el gobierno sionista, o lo que es lo mismo: fascista, de Israel.

La clase trabajadora, pues por muy “transversal” que se quiera presentar este movimiento de masas no deja de ser la clase trabajadora movilizada en defensa de sus derechos, ha cumplido con su responsabilidad saliendo a la calle, una vez más. La contundencia de estas manifestaciones debería calar en todos los movimientos sociales, partidos, sindicatos… En defensa de lo público: Educación, Pensiones, Dependencia, Sanidad. Esas organizaciones fueron fundadas para la defensa de los intereses de quienes dependen de un salario y cada día son más quienes con su salario no pueden emanciparse, en el caso de la juventud, ni llegar a fin de mes dignamente; es lo que le ocurre a 23 millones de españoles y españolas: https://fundacionsistema.com/mas-de-23-millones-de-espanoles-tiene-dificultades-para-llegar-a-fin-de-mes/

Movilizarse en defensa de los servicios públicos, manifestarse contra la barbarie sionista, salir a las calles a exigir la paz y decir basta de guerra, es una necesidad imperiosa, por salud pública. Las masas demuestran una y otra vez que están por la labor de resistir y dar la batalla. Ahora depende de las grandes organizaciones políticas y sindicales organizar esa resistencia. Cada día que no se hace es un día más de envalentonamiento de la derecha extrema y la extrema derecha.

Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE

Un genocidio sostenido en el tiempo

Lo que está ocurriendo en Gaza provoca planteamientos profundos en cómo percibimos nuestro contexto vital y político. Me explico.

La intoxicación mediática impide que las masas salgan a la calle a exigir la ruptura de relaciones diplomáticas, y de todo tipo, con el Estado de Israel -la ausencia de información también intoxica a la opinión pública-. Además, lo impide que las grandes organizaciones políticas y sindicales tengan una posición clara y contundente frente al exterminio de gazatíes que está cometiendo Israel, pero que no decidan ponerse al frente de esa exigencia. Las dos cosas juntas, combinadas: intoxicación mediática e indecisión de las direcciones de las organizaciones de la izquierda, es la única explicación que encuentro a que la sociedad no esté movilizada contra el genocidio en Gaza.

La BBC informaba el 23 de marzo que ya eran más de 50.000 los muertos en Gaza -hace dos meses- y que los ataques en el sur de la franja se estaban intensificando tras la ruptura de la última tregua, por parte de Israel. Más de una cuarta parte de esos 50.000 muertos son niños y niñas, no menos de 15.000.

Aunque resulte una obviedad, no me resisto a no comentar la actitud asesina de la derecha española, al apoyar abiertamente a Netanyahu, en el caso de VOX, y el cínico balbuceo del PP para no condenar este genocidio. No cabe esperar otra cosa de los añorantes del franquismo y la División Azul.

La situación me lleva al sentimiento de que cada día me cuesta más apoyar al gobierno de coalición, pues siento que mantiene un doble lenguaje, en tanto que, por un lado, dice ser solidario y reconocer el Estado palestino; cosa cierta, pues ha sido un gobierno pionero en Europa en el reconocimiento del Estado palestino, pero por otro lado mantiene lazos comerciales, incluso de armamento y munición, con el gobierno sionista de Netanyahu. Este crimen de masas, este exterminio de un pueblo que se está cometiendo, no puede justificarse con diplomacias ni con atenerse a consensos en Europa, ni por intereses comerciales ¡es una cuestión de principios! Un genocidio no puede consentirse ni abordarse con paños calientes.

Ya sé que el criminal es el gobierno de Israel y las instituciones de ese Estado que merece cualquier calificativo excepto el de democrático. Ya sé que la prepotencia asesina de Israel sería imposible sin el apoyo que viene recibiendo de Washignton, tanto de la actual Administración con Trump como de la anterior con Biden. Pero me causa asco el cinismo que llevan implícitas las buenas palabras de los gobiernos europeos y que nadie plantee la ruptura con esos criminales genocidas, con ese estado fascista-sionista.

Estas reflexiones me llevan a la cuestión de a quienes estamos considerando nuestros aliados: ¿es EE.UU., nuestro aliado? ¿es correcto continuar en una estructura militar como la OTAN, comandada por los cómplices de una atrocidad del tamaño de lo que Israel está cometiendo? ¿Es esta Europa la que los pueblos europeos necesitan, cuando sus instituciones miran para otro lado o incluso, a la mínima oportunidad justifica el sionismo?

Resulta triste pensar que si estuviese gobernando la derecha las grandes organizaciones políticas y sindicales de este país estarían movilizando a la sociedad, como correctísimamente hicieron en 2003 para mostrar el rechazo de la sociedad española a la guerra de Irak en la que nos involucró el PP de Aznar, con consecuencias trágicas.

La brutalidad de lo que está ocurriendo en Gaza hizo posible que miles de personas, llagadas de distintos lugares, se manifestasen el día 10 de mayo por las calles de Madrid y que llenasen hasta rebosar la Puerta del Sol.

Miles de personas que viajaron a Madrid desde distintas comunidades autónomas: Euskadi, País Valenciano…, y por supuesto muchas y muchos madrileños. Convocados por partidos minoritarios, asociaciones y colectivos que, a falta de los grandes partidos y sindicatos de la izquierda, convocaron por redes sociales y en sus círculos próximos en un contexto de bochornoso silencio de los medios de comunicación de masas; más ocupados por dar aire a la concentración filofascista que el mismo día y a la misma hora se había convocado a poca distancia, en la Plaza de Colón. Concentración que se saldó con un estruendoso fracaso, silenciado también.

Como conclusión he de decir que me embarga un sentimiento de orfandad política. Una ausencia de organizaciones que no están a la altura de lo que representan ante las cuestiones de principios; revindicar el embargo de armas y bienes de un Estado ocupante que está exterminando a la población del territorio ocupado lo es. El hecho de que en el gobierno estén los partidos de la izquierda tradicional (PSOE, IU y Sumar) debería favorecer la movilización social desde estos partidos, y si me apuras desde las instituciones del Estado, pues estas no pueden ser ajenas a esta cuestión, salvo que La Corona, los jueces… se inscriban abiertamente entre los fascistas que apoyan el sionismo y la matanza de inocentes que está cometiendo Israel.

En todo esto no cabe argumentar ignorancia, pues este es un crimen sostenido en el tiempo: desde que la Sociedad de Naciones avaló la ocupación de Palestina, por parte de Gran Bretaña, a principios del s. XX, pasando por la vulneración de las resoluciones de la ONU, del derecho internacional y de todas las normas de defensa de los derechos humanos.

El pueblo palestino lleva décadas resistiendo opresión, asesinatos, exilio, así como los gazatíes llevan 20 meses resistiendo la lluvia de bombas, drones e incursiones de un ejército armado hasta los dientes y la hambruna que está provocando la negativa de Israel a que entre ayuda humanitaria en Gaza. Su resistencia es un aval para la libertad de todos los pueblos del mundo, por eso todos los pueblos del mundo tienen que salir a las calles a exigir a su gobiernos el embargo de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

Pascual Sánchez
Militante Socialista no afiliado
Dos planos diferentes de la Manifestación del 10 de mayo a su llegada a la Puerta del Sol (Madrid)

Editorial: Israel es un Estado genocida: rompamos relaciones con Israel.

El miércoles 14 de mayo, en sede parlamentaria, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que Israel es un Estado genocida, en el contexto de una respuesta al diputado de ERC, Gabriel Rufián. Y tras la farsa de la gala de Eurovisión, el Gobierno ha solicitado una auditoría del voto telefónico, dejando en evidencia que es un programa en el que, por encima de la música, prima el dinero de los sponsor -Israel es uno de los que más invierte en imagen a través de este “concurso” amañado-.

En primer lugar, apoyamos al presidente del Gobierno frente a la enésima tormenta de críticas que recibe. Si hay algo que reprochar a Pedro Sánchez es que haya tardado diecinueve meses en reconocer que Israel es un Estado genocida. Es ciertamente contradictorio que se hayan mantenido, o se mantengan, contratos de compra-venta de armas, munición o tecnología armamentística con un Estado genocida.

Lo importante es que el contrato de compra de balas a Israel, firmado por el Ministerio del Interior, por valor de 6,6 millones de euros fuese paralizado por el presidente del gobierno, aunque inexplicablemente aún no ha sido anulado por el ministerio del Interior, por encima de las consecuencias legales y/o burocráticas que tenga la ruptura; resulta execrable mantener o establecer contratos de productos militares con un gobierno que ha matado a más de 53.000 personas, de entre ellas a más de 17.000 niños y niñas, más las decenas de miles que aun se encuentran desaparecidas bajo los escombros.

Adquiere mucha importancia que el Congreso de los Diputados haya tomado en consideración la reforma de la Ley 53/2007 que permitirá, si la reforma se hace efectiva, el embargo integral de armas a Israel, por ser un Estado investigado por Genocidio y crímenes de guerra. Un debate que se ha extendido a la Unión Europea, donde se abre la posibilidad de reconsiderar el Acuerdo Comercial con Israel.

Lo lamentable es que estas consideraciones y revisiones legales se hagan 53.000 muertos después, y con la perspectiva de que cuando las instituciones europeas o la comisión parlamentaria de nuestro país terminen sus deliberaciones y trabajos, la Franja de Gaza sea un erial, pues hoy ya es un sembrado de cadáveres y destrucción.

En segundo lugar, la sociedad no debería aceptar que la derecha: sus partidos y sus medios de comunicación, justifiquen, incluso hagan campaña a favor de la matanza sistemática que Israel está cometiendo contra la población palestina en la franja de Gaza. Que justifiquen que la población gazatí esté siendo empujada a una hambruna. Esta actitud de la prensa de la derecha no es nueva: el 6 de abril de 1923, ABC publicaba una entrevista a Adolf Hitler, como el 29 de marzo de 1939, este mismo periódico, jaleaba a Franco. Esta y otras portadas están en las hemerotecas. La derecha española y mundial no apoya a Netanyahu por ser judío lo apoyan por ser sionista: una tipología de fascismo excluyente y criminal, creada para la justificación ideológica de la ocupación de Palestina.

No debería ser necesario recordar que Israel es una potencia ocupante de un país que no es suyo. Lo que lo viene haciendo desde hace más de 75 años, a base de guerras, asesinatos, persecuciones, expulsiones y ocupaciones de tierras, a pesar de las resoluciones de la ONU y vulnerando el derecho internacional. Si bien es cierto que, a lo largo de todo este tiempo, ha contado con el apoyo económico y militar de los Estados Unidos de América y con la pasividad de los gobiernos europeos, de todos.

Volviendo al reconocimiento de que Israel es un Estado genocida, por parte del presidente del Gobierno, hay que resaltar la importancia de estos nuevos pasos de nuestro Gobierno y de los grupos parlamentarios, excepto los franquistas de PP y VOX, pues el hecho de que hasta ahora no se reconociese explícitamente esta obviedad ha provocado que muchas movilizaciones no se celebrasen en unidad, o al menos de forma coordinada, pues unos días convocaban los que desde octubre de 2023 han visto en la reacción genocida de Israel a los hechos del 7 de octubre una justificación para avanzar en la ocupación de Palestina y quienes convocaban en fecha diferente por la paz y para llamar a parar la guerra -una guerra inexistente, en tanto que no hay dos ejércitos, pues la inmensa mayoría de las víctimas son civiles inocentes e indefensos-, pero sin calificar de genocida los bombardeos y ataques del ejército de Netanyahu. Bienvenida sea la afirmación del presidente Sánchez si ayuda a que la unidad en la movilización se imponga.

Dado el paso de reconocer que lo que Israel está cometiendo es un genocidio y tras haber sido amonestada la embajadora de España en Israel, por coherencia, y para pasar de las palabras a los hechos, lo que corresponde es que España rompa relaciones diplomáticas, y de todo tipo, con ese Estado criminal. Porque no se puede justificar que un país democrático mantenga relaciones comerciales, militares, deportivas, diplomáticas o culturales con un Estado que practica el genocidio. De la misma manera, el Gobierno español debería sumarse plenamente a la demanda por genocidio que Sudáfrica interpuso contra Israel en la Corte Penal Internacional.

La izquierda, política, sindical y asociativa debe salir unida a la calle a rechazar esta tropelía histórica. La actitud contemplativa de la izquierda es lo que está permitiendo en avance de la derecha y la extrema derecha. Es muy importante que las organizaciones sindicales de clase comiencen a discutir la necesidad de convocar una movilización unida, estatal, por el fin del Genocidio.

Si la mayoría de la sociedad no percibe a los partidos de izquierdas difícilmente les va a votar mayoritariamente en las contiendas electorales. Es lo que ha ocurrido en Rumanía y en Portugal este mismo mes de mayo, y lo que está ocurriendo en toda Europa. La izquierda está difuminada, tanto que aparece como una opción política subordinada al ideario de la derecha.

No son cuestiones menores o de forma, son cuestiones de principios donde no se percibe la determinación necesaria. Por citar algunos ejemplos:

  • En relación con la paz y el respeto a los derechos humanos, es clarísimo el caso del genocidio al que está siendo sometido el pueblo palestino, más concretamente los y las habitantes de Gaza.
  • Ocurre lo mismo con la defensa de los servicios públicos, como la Sanidad ¿por qué no se deroga la ley 15/97 que permite la privatización de la Sanidad Pública?
  • ¿Por qué se sigue fomentando y avalando la Educación concertada? ¿por qué el Estado continúa dando dinero público a la Iglesia (382,4 millones de euros en 2024, vía IRPF. En 2020, los centros educativos vinculados a la Iglesia recibieron 4.326 millones de euros, el 62% de todo el dinero público destinado a la Educación concertada).
  • ¿Por qué no se exige a la banca que devuelva los más de 100.000 millones de euros de dinero público que se les dio para el saneamiento -65.000 en dinero a distintas entidades más los 35.000 millones de la SAREB-?
  • ¿Por qué no se realiza la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal como establece la ley 21/2021, para devolver a la caja de las pensiones públicas todo el dinero que el Estado ha utilizado indebidamente desde 1967?

Son demasiados “por qué” sin responder que unidos al deterioro de las condiciones de vida y trabajo que sufre la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras, junto al drama de la vivienda que soporta la juventud, hace que la percepción mayoritaria sea de orfandad política para esa mayoría social que, por su condición económica, debería ver defendidos sus intereses por las organizaciones que fueron creadas para ello.

Con todo esto y en las condiciones actuales resulta insensato el aumento del gasto militar, máxime cuando Ucrania y Rusia comienzan a hablar para iniciar negociaciones de paz. Continuar enviando armas es alimentar la guerra, es decir, es ir en sentido contrario. Y no solo por el hecho de que incrementar los gastos en Defensa vaya en detrimento de los gastos en servicios públicos fundamentales, sino porque se lanza el mensaje de que la guerra es inevitable. Ya conocemos quienes ponen los muertos en las guerras; como en los frentes de Ucrania y Rusia, los muertos los ponen las familias trabajadoras para salvaguardar los intereses y beneficios de oligarcas y multinacionales, para beneficio de los fabricantes de armas, etc.

Dice el proverbio que “rectificar es de sabios”. Estamos a tiempo de rectificar, aunque ya nadie le vaya a devolver la vida a las decenas de miles de muertos que ha provocado el Estado sionista de Israel.

El Comité de Redacción