Ley de reducción de la jornada laboral, avances y vetos

En la actual situación de inestabilidad política y con una correlación de fuerzas parlamentarias completamente abierta se está tramitando en el Congreso uno de los compromisos más importantes del Gobierno del PSOE y Sumar para esta legislatura,la reducción la jornada laboral máxima de 40 horas semanales, vigente desde 1983, a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. El pasado mes de mayo el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. Se prevé que en el mes de julio se voten en el pleno del Congreso las enmiendas a totalidad presentadas por PP, Vox y Junts per Catalunya.

La mesa de diálogo social para la reducción de la jornada laboral, formada por del Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, se estuvo reuniendo para negociar prácticamente durante todo 2024 y a finales del mes diciembre se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales, que fue rechazado por las organizaciones empresariales. Según las previsiones del Ministerio de Trabajo y Economía Social esta medida beneficiará a unos 12 millones de personas trabajadoras, especialmente en los sectores con menor cobertura de los convenios colectivos. Actualmente la jornada máxima en cómputo anual es de 1.826 horas y 27 minutos y con la reducción prevista pasaría a ser unas 1.712 horas anuales. Por lo tanto, es una reducción moderada, pues serian 114 horas anuales, un 6,24% del total de horas efectivas de trabajo.

Para el Gobierno la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales beneficiará el incremento de la productividad y la creación de empleo. Resalta que esta medida que se enmarca en los estándares europeos mejorará la calidad de vida de las personas trabajadoras y favorecerá la conciliación personal, familiar y laboral. En el Anteproyecto se recogían medidas de apoyo a las pymes, que las patronales rechazaron y que se podrían recuperar en las negociaciones con los grupos parlamentarios. Se valora la mejora de las condiciones de trabajo por la instauración del registro horario digital e interoperable, con acceso desde Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y con sanciones cuantificadas por empleado y no por empresa y también por el derecho a la desconexión digital, prohibiendo respuestas fuera del horario laboral.

Tanto CCOO como UGT, que representan a más 67% del total de delegados y delegadas elegidas en todo el país, valoran positivamente el Proyecto de Ley, pues recoge el acuerdo del diálogo social alcanzado con el Gobierno y consideran que la reducción de jornada supone un avance social junto a las mejoras en los derechos laborales del registro horario y la desconexión. Estiman que la medida fomentará la igualdad y la conciliación, por la menor carga de horas de trabajo que puede ayudar a redistribuir las tareas domésticas. Reducirá la brecha de género, especialmente en el trabajo a tiempo parcial, en el que trabajan mayoritariamente mujeres, porque en muchos casos su jornada pasará ser a tiempo completo. También defienden los efectos positivos para la productividad y la creación de empleo.

En cambio, las organizaciones empresariales califican el Proyecto de Ley de intromisión en las competencias propias de la negociación colectiva y lo califican de inconstitucional, cuando en 1990 el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de la Ley de 1983 de reducción de la jornada máxima a 40 horas semanales. Tachan al proceso de diálogo social de una ficción y acusan al Gobierno de no buscar el consenso entre las distintas posiciones expresadas en la mesa. En algunas estimaciones sectoriales, sobre el impacto de la reducción de jornada, se alerta de que los costes laborales aumentarán de forma desorbitada para poder cubrir las necesidades de nuevo personal, y entre otras consideraciones, afirman que la productividad es insuficiente. Por todo ello las patronales han solicitado a los grupos parlamentarios a que veten el Proyecto de Ley.

Los grupos parlamentarios del PP y Vox ya habían anunciado su decisión de vetar el Proyecto de Ley, y ahora se les ha unido el grupo parlamentario de Junts per Catalunya con las enmiendas a la totalidad registradas en el Congreso. Las derechas y las patronales coinciden en los argumentos, pues denuncian que la medida presentada por el Gobierno supone una injerencia del Estado, que vulnera el diálogo social y la negociación colectiva, pues consideran que la reducción de la jornada máxima debe negociarse en el marco de los convenios colectivos y no establecerse por ley. Reiteran de nuevo, ya lo decían del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que la subida de los costes laborales pondrá en riesgo la competitividad empresarial, cuando en realidad han subido los márgenes empresariales de forma relevante. Alertan de las enormes dificultades que la ley provocará en las pymes, autónomos y en los sectores con márgenes más ajustados. Desde Junts per Cataluña alegan que la medida llega sin consenso territorial ni sectorial y critican que ha sido negociada solo con los sindicatos estatales, cuando en Cataluña CCOO y UGT tienen una representatividad superior al 75%.

No deja de sorprender la denuncia de las derechas acusando de injerencia del Estado en las relaciones laborales y el diálogo social con este Proyecto de Ley, cuando es el resultado de la mesa del diálogo social y está siendo debatido por todos los grupos parlamentarios. Por el contrario, el Gobierno del PP, con mayoría absoluta, en el 2012 impuso mediante un decreto ley su reforma laboral, sin contar con el diálogo social ni el debate parlamentario. El PP impuso de forma autoritaria un conjunto arbitrario de medidas regresivas y lesivas que recortaron los derechos laborales, incrementaron la precariedad laboral y la desigualdad, aumentaron los poderes empresariales en la negociación colectiva y provocaron la destrucción de empleo, al facilitar y abaratar los despidos.

Parece que los promotores de los vetos quieren ocultar que nuestro sistema legislativo establece que las leyes marcan los mínimos y la negociación colectiva en todos los ámbitos (tanto en las empresas como en los sectores) pueden mejorarlos sin contradecir la ley. De hecho, en la actualidad la ley fija como jornada máxima 40 horas semanales y según el registro de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social hay 3.512 convenios con jornada laboral inferior a la máxima legal, con 38,3 horas semanales de media. A su vez, la legislación faculta a la negociación colectiva a implementar la flexibilidad necesaria en cada sector o empresa, entre otras materias, para determinar la duración, ordenación y distribución del tiempo de trabajo.

Desde Gobierno, ante la posición de confrontación permanente de PP y Vox, se quiere negociar con Junts per Catalunya su apoyo al Proyecto de Ley, pues si prosperan las enmiendas a la totalidad el texto volvería al Gobierno, lo que retrasaría o podría impedir la entrada en vigor de la ley este año. Los sindicatos anuncian que van a presionar con movilizaciones y llaman a los grupos parlamentarios a facilitar la tramitación para despejar la incertidumbre de cara a los convenios colectivos que se tienen que negociar en 2026 e invocan el respaldo que la gran mayoría de la ciudadanía expresa en las encuestas y otros estudios sobre la implantación de la jornada laboral a 37,5 horas sin disminución del salario.

Toni Ferrer

El madrileñísmo de Ayuso no es Madrid ni España

Ante el Congreso Nacional del PP, del cinco y seis de julio, IDA lleva ya semanas segando la hierba bajo los pies de Feijóo, como quedó demostrado, de manera evidente, en la reunión de Presidentes de Comunidades Autónomas celebrado en Barcelona, y en la concentración del pasado día 8 en Madrid, para exigir al Presidente del Gobierno que convoque elecciones: ¡ya!, como si tuvieran en su mano la capacidad imperativa para imponer su deseo. Se van a cansar de tanto repetir lo mismo y van a cansar a la ciudadanía, ya saturada, del mensaje simplón que el PP ofrece como proyecto para España. Reunir a cien mil personas después de una campaña de tres semanas animando a la militancia a asistir poniendo autobuses gratuitos, es un magro resultado para las expectativas creadas. Incluso dando por buena esa cifra, que dobla la facilitada por la Delegación del Gobierno que reduce la asistencia a la mitad.

Más allá del número, lo mollar es la pugna abierta entre dos maneras de entender el liderazgo y el proyecto que debe plantear el PP a la ciudadanía tras su Congreso. Feijóo quiere un conclave plano, como es él, donde las disputas no se conviertan en ruido mediático, por eso lo plantea como una revisión somera del proyecto archiconocido basado en la reducción de impuestos y del gasto en el estado del bienestar para beneficiar al sector privado en detrimento del público. El objetivo: que el encuentro se convierta en una aclamación de su figura política como único líder de la derecha con capacidad para ganar, esta vez sí, piensa él, la Moncloa. El problema de Feijóo es su falta <<punch>>, de la garra que le exigen los más radicales que le impide desarrollar un discurso y proyecto propio; por eso vive al albur de los acontecimientos y las presiones que recibe.

Reclamar para sí la centralidad política, no pasa de ser una afirmación discursiva que se contradice con los acuerdos suscritos con Vox, para sacar adelante los presupuestos en Comunidades Autónomas, que implican aceptar las propuestas más radicales y antidemocráticas de la ultraderecha. No se puede estar en misa y repicando, como quedó claro en su discurso en la concentración de la Plaza de España, cuando tuvo que salir al paso de las afirmaciones previas de Ayuso, al señalar que en su partido hay maneras distintas de hacer política, para rebajar el mensaje beligerante y extemporáneo de la lideresa madrileña, lanzada a dar la batalla ideológica contra el proyecto socialdemócrata, izquierdista comunista, que representa el Gobierno de coalición.

Batalla ideológica que azuzan los mentores de Ayuso, la ex lideresa Esperanza Aguirre, que en declaraciones al diario El País se quitó la careta al punto de defender que, a la larga, la dictadura fue mejor que la II República. Declaración que apuntala el revisionismo auspiciado por las notas periódicas que publica FAES —el think tank (tanque de pensamiento) del gurú de la derecha más rancia, JM Aznar— para blanquear la dictadura franquista y hacer olvidar que fue fruto de un golpe de estado contra el poder legítimo obtenido en unas elecciones democráticas. El sentido de este discurso mendaz y antidemocrático, es equiparar el actual momento político a una dictadura encabezada por el sátrapa de Sánchez.

Ésta es la situación en la que IDA se desenvuelve como pez en el agua como elemento disruptivo, deliberado y sin tapujos, como quedo claro en sus últimas declaraciones en las que señaló que España no es un estado plurinacional, término que no figura como tal en la Constitución que sí reconoce en su articulado la existencia de nacionalidades y regiones dentro de la nación española. Negar la existencia de una pluralidad de lenguas y tradiciones seculares que conforman lo que entendemos como España, es desconocer la historia y negar, por una mera razón ideológica anclada en el franquismo más medieval, que el Estado de las Autonomías del que nos hemos dotado democráticamente, con diferentes niveles de competencias, es la demostración palmaria de que vivimos en una sociedad legítimamente plural en identidades, tradiciones y culturas. Realidad que no encaja con la visión homogénea y encorsetada de la sociedad que anida desde siempre en el nacionalismo reaccionario español, del que Ayuso enarbola la bandera como su principal adalid.

Éste es el trasfondo del debate ideológico que se cuece entre bambalinas en el PP, que Feijóo quiere esconder y Ayuso propalar a los cuatro vientos, desde el convencimiento de que eso es lo que quieren y piensan los españoles de bien que, según los organizadores, son las personas que asistieron a la concentración en la Plaza de España de Madrid. Dos maneras de entender el proyecto político que debe llevar adelante el PP, aunque en el fondo el alma de estas dos caras es la de siempre; defender los privilegios de los ricos y poderosos por la vía de rechazar cualquier tipo de reconocimiento de derechos y mejoras en la vida del ciudadano medio.

De ahí que el debate no esté en oponerse a la subida del salario mínimo, de las pensiones, a la intervención del mercado del alquiler, a la reducción de la jornada laboral, al reparto equilibrado de los emigrantes que llegan en pateras y otras vías huyendo de la guerra y hambre en sus países, o a todo lo que suponga reducir el desequilibrio entre las clases ricas y adineradas, y las medias y populares. El debate es cuál debe ser la estrategia para llevarlo adelante y con qué modelo de liderazgo, terreno en el que Feijóo naufraga, como se lo hicieron ver los que asistieron a la concentración madrileña al corear tú sí que vales, cuando Ayuso subió a la tribuna. Ingrato momento para Feijóo. que ya la había oído decir que ella es partidaria de primarias para elegir al líder del partido.

Griterío que no debe sumergirnos en la idea de que Ayuso es la llamada a llevar al PP a la Moncloa, porque lo que ella representa es la derecha filo franquista que anida en su entorno, haciéndola creer que liberará a España del comunismo bolivariano. Trampantojo que no la deja ver ni pensar que su discurso contra la diversidad cultural que conforma España no gusta, sino que disgusta, no solo a una mayoría de los barones autonómicos de su partido —que no la secundaron en su patochada en la reunión de Presidentes—; sino a la mayoría silenciosa de españoles que viven y se sienten a gusto con un sistema democrático que reconoce y da carta de naturaleza política y cultural, a sus peculiaridades.

Mayoría que no comparte las locuras y excentricidades de Ayuso, que solo buscan el enfrentamiento en lugar de la concordia que supone aceptar la diversidad de la sociedad española. Por eso, no pasa nada nada si Ayuso llega a hacerse con las riendas de su partido como pretende, porque su españolismo rancio y radical genera, fuera de su entorno de palmeros, anti madrileñismo y el rechazo social de lo que representa: la rémora mental que provocó el golpe de Estado contra la II República, que condujo a una guerra cruel y degeneró en una dictadura asesina que ha dejado heridas aún sin cerrar.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y
Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Marchas republicanas 2025

No sabría decir cuantos miles de personas participaron en las marchas republicanas del pasado 15 de junio, seguramente que muchas menos de las que tomarían partido por la República si tuviesen la opción de hacerlo ante una urna y muchísimas más de las que la Casa Real y sus serviles instituciones deseaban. En todo caso ha sido una gran manifestación que pone el foco en el epicentro de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, la Monarquía.

La decadencia política y de la propia institución monárquica estuvo marcada por la ridícula convocatoria de una carrera popular, convocada por el sumiso Ayuntamiento de Madrid, a nombre del X aniversario del reinado de Felipe VI, aunque hayan pasado once años, en lugar de diez, desde que Juan Carlos I El Comisionista se viese forzado a abdicar en su hijo.

En favor a la Corona y como siempre, infinitamente más importante que el esperpento de la carrera popular, el silencio sepulcral de la mayoría de los medios de comunicación, quienes no han reflejado como noticia que miles de personas se hayan echado a la calle a gritar ¡Viva la República! Es el mismo silencio cómplice que ha pretendido esconder los trapicheos del Emérito, finalmente sin éxito.

Marcha republicana con la sede del Ayuntamiento de Madrid al fondo 15 de junio de 2025

Quienes banalizan la reivindicación de la República como modelo de Estado, bien son ignorantes de sus propias contradicciones, bien son mal intencionados que intoxican en favor de la Monarquía, o ambas cosas.

Los malintencionados niegan la dictadura e inventan una historia alternativa, es decir, falsifican la historia. Son groseros en sus planteamientos, culpando a la II República de ser responsable de su caída y de la Guerra Civil. Es el mismo pensamiento pútrido de quienes culpan a la mujer violada de haber contribuido y provocado la violación. No es casualidad que unos y otros coinciden en el mismo espectro ideológico.

A mi modo de ver, el problema está en los ignorantes, pues muchos se reclaman de izquierdas, incluso dicen ser republicanos, pero solo de palabra y en días concretos del año. Enseguida precisan que España es una Democracia y que “a ver si al final vamos a conseguir que gobierne la extrema derecha”. Como si, por ejemplo, en la etapa de los gobiernos de Aznar no hubiese estado gobernando la extrema derecha o como si gobierno como los de Ayuso (Madrid), Mazón (País Valenciano), Prohens (Baleares)… no fuesen de extrema derecha y/o apoyados por la derecha abiertamente fascista. Claro que en una República no está garantizado que pueda gobernar un presidente muy de derechas, el ejemplo más cercano lo tenemos en la Francia de Macron. Hasta la abdicación de Juan Carlos I El Comisionista había quién decía que no se sentía monárquico, sino “juancarlista”. Debemos agradecer profundamente a Juan Carlos de Borbón que les bajase del guindo.

Una de las grandes contradicciones está en que decimos vivir en democracia, pero el pueblo no puede decidir en las urnas quién es su jefe del Estado. Además, asumimos una monarquía que Franco nos dejó dictada en las leyes de sucesión del jefe del Estado de los años 1947 y 1969. Y esta es una clave a tener en cuenta a la hora de quejarnos amargamente de la corrupción patológica que afecta a este país.

Basta con remontarse, por ejemplo, al reinado de Isabel II, la hija del Rey Felón, para ver que la corrupción es consustancial a los reinados de los Borbones, Autores como Jesús Cruz Valenciano, han catalogado el reinado de Isabel II como “uno de los más corruptos de la historia de España”. Esto no significa que otras dinastías sean puras y limpias, pues no es cuestión de los apellidos en el escudo, sino la falta de democracia y ausencia de verdaderos controles. De ahí que la figura del Rey, en el siglo XXI siga siendo “inviolable y no sujeto a responsabilidad” (Artº. 56.3 de la Constitución de 1978).

Poco ha cambiado la dinámica de esta dinastía desde Isabel II, o los Alfonso XII y XIII; estos últimos con sus intereses en la Compañía de Minas del Rif y de todos los parásitos de la Corte que se situaron en su Consejo de Administración ¿Por qué nos sorprende el caso Noos o los “regalos” de grandes empresas a los actuales habitantes de la Zarzuela? Véase como la empresa Navilot pagó una gran parte del viaje de novios de Felipe y Leticia.

Por lo anterior, para no caer en cínicas incongruencias, cuando se habla de eliminar los aforamientos a los políticos habría que comenzar por eliminar este blindaje de la figura del Rey, quien puede hacer lo que le venga en gana sin tener que responder ante la ley. Su padre, de la mano de jueces y fiscales, nos dio un masterclass al respecto.

El otro eslabón que engarza la Monarquía con la herencia franquista es que el jefe del Estado sea militar. Esta cualidad del rey es incluso anterior a la negociación y posterior proclamación del actual texto constitucional, pues por aquello de evitar vacíos de poder, Juan Carlos de Borbón heredó del franquismo la Corona y a la vez la gorra de plato, 48 horas después de la muerte oficial del dictador, el 22 de noviembre de 1975.

Son muchos los argumentos formales e históricos que podría aportar para defender que la pluralidad de pueblos que componen el Estado español avanzaría en democracia con un Estado republicano. Y también son muchos los que podría aportar para argumentar que muchos de los problemas que nos aquejan, como la corrupción, tienen su epicentro en la Monarquía.

Dos ejemplos para acabar:

  1. Sufrimos una gran confrontación social por la cuestión del independentismo; confrontación alimentada por la derecha heredera ideológica del franquismo y su concepto de la indivisibilidad de España, eso que ellos conocen como la España, Una, Grande y Libre. En esa misma orientación está la Casa Real, que no está dispuesta a que se ponga en cuestión quién es el amo del corral. De ahí la desafortunadísima intervención televisada de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, -infortunio al menos para la democracia que dicen que tenemos-, pues solo sirvió para echar más leña al fuego, si es que el Gobierno de Rajoy ya no había echado suficiente.
  1. Según el Artº. 56 de la CE, el Rey “asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales”. Es decir, que en un momento en el que los pueblos, no así sus gobiernos, se estremecen con el exterminio; genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino, el rey es el máximo representante en las relaciones internacionales y jefe de los tres ejércitos, pero no rompemos relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado sionista israelí.
  1. El Rey ha estado presidiendo, sin rubor alguno, durante cinco años, la apertura del año judicial, a pesar de que el CGPJ estaba fuera de mandato porque la derecha se negaba a renovarlo, sin con ello perdía su control. Esto solo es posible por la anacrónica estructura del Poder Judicial, anecdótica en Europa por su ligazón con la Casa Real; una situación cuasi medieval.

Hoy que vivimos tiempos de guerra que no sabemos dónde acabaremos, termino recordando la Constitución de 1931, aquella contra la que Franco y sus secuaces, con el apoyo del fascismo italiano y el nacismo alemán, atentaron derrocándola y provocando la muerte de más de 700.000 españoles y españolas.

Constitución de 1931 Artº 6: “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.”

Miembros de ASTRADE en las marchas republicanas del 15 de junio de 2025
Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE

Ante la jauría de la derecha, más apoyo que nunca a este Gobierno

La jauría franquista lleva intentando derribar al gobierno desde el minuto uno de la legislatura. No es novedoso, la derecha española nunca ha soportado que gobierne un partido ajeno a su minoría privilegiada; les ocurrió en 1874 y en 1936. Al pensar que son los dueños de España no respeta a quienes no piensen como ellos.

La derecha española difiere de otras derechas europeas, pues estos no perdieron la guerra, sino que Franco murió en la cama y los pactos para la transición garantizaron el continuismo de las estructuras franquistas, aunque algunas cambiaran el nombre. Incluso el jefe del Estado continúa siendo el jefe de los tres ejércitos, gracias a las leyes de sucesión de 1947 y 1969.

Mientras que la izquierda parece haber olvidado el internacionalismo y que es incapaz de hacer la unidad sin menoscabo de las discrepancias, la derecha lleva años revitalizando y fomentando ámbitos de coordinación internacionales de los que emanan criterios, consignas y dinero; de ahí que la derecha extrema esté en pleno ascenso.

Los garantes de la “España, Una Grande y Libre”, enviaron a los conservadores aperturistas un mensaje de advertencia al inicio de la década de los 80; misiva que fue directa para Adolfo Suárez e indirecta a Felipe González, que estaba en perspectiva de gobernar -quizás algún día sepamos quienes fueron todos los golpistas y los actores intelectuales del 23F-.

Contra José Luis Rodríguez Zapatero se alcanzaron límites propios de una distopía, todo para intentar tapar que los atentados de Atocha fueron consecuencia de la intervención de España en la Guerra de Irak, y, por supuesto, para deslegitimar al gobierno elegido en las urnas. Aun hoy continúan con la cantinela conspiranoica. Recientemente he sabido que la instrumental obsesión por ETA ya la usaba el franquismo: en 1960, tras el atentado en la estación de tren de Amara (San Sebastián) en el que murió la niña Begoña Urroz, con 20 meses de edad, el franquismo lo atribuyó a ETA, cuando en realidad fue obra del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación).

Como decía al inicio, no es nueva la acción de la derecha, cuando está en la oposición, en no hacer oposición y sí acoso y derribo del gobierno: “el que pueda hacer que haga”. Lo que ha cambiado es la virulencia y la pluralidad de escuadrones que se han incorporado a la actividad.

Es cierto que el “Caso Koldo” y el último giro con la presunta jefatura de Santos Cerdán al frente de la trama, al Gobierno y al PSOE se le complican las cosas. Pero como señala la editorial de Tribuna Socialista nº 167: la corrupción está cronificada en España y si las instituciones del Estado estuviesen limpias, de arriba hacia abajo, la corrupción tendría mucha menos cabida. Esto es una constatación y no pretender ser una justificación de lo injustificable.

Que la derecha extrema y el fascismo están en alza en todo el mundo es tan cierto como que en cada país toma sus formas concretas, por lo que debemos preguntarnos qué hace el Gobierno actual para que la derecha esté tan alterada.

Perciben que con la ley de Amnistía se tambalea el sacrosanto criterio de la “España, Una, Grande y Libre”. Pues como nacionalistas hegemónicos que son, no soportan que en lugar de “Una” pueda ser “Plural”, idea que atenta contra una realidad que configura el Estado español desde aun antes de ser el Estado español. En mi opinión, por encima de la historia y la tradición, debe prevalecer la convivencia entre los pueblos.

Contra la “Ley de Amnistía” entró en liza el “escuadrón judicial de la derecha”, liderado por el juez Llarena en el Tribunal Supremo; alto Tribunal cooptado mayoritariamente por la derecha, gracias a los nombramientos que durante 9 años ha estado haciendo un CGPJ militante y a que la extracción social de quienes pueden opositar a la carrera judicial, fiscal, notario… es mayoritariamente de clase pudiente. No aceptan ni la sentencia del TC que dice que la Ley de Amnistía es constitucional.

La judicatura heredera del TOP, no solo ataca, también ejerce de parapeto de las corruptelas de la derecha, como es el grosero caso del delincuente fiscal y presunto testaferro de Díaz Ayuso, para lo que no han dudado en abrir una confrontación brutal contra la Fiscalía General del Estado. O como cuando el juez Hurtado ejerció desde la presidencia de la Sala de abogado defensor de M. Rajoy. No merece la pena hablar de la aberración judicial del Juez Peinado.

Que el gobierno, en su legítima competencia, quiera democratizar el acceso a las carreras de servicio público está suponiendo otra afrenta para la derecha, hasta el punto de que las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga política para los días 1,2 y 3 de julio. Huelga que mantienen a pesar de que el CGPJ haya lanzado un comunicado invalidando la huelga. Para dejar claro que ellos son privilegiados, y que luchan por mantener sus privilegios de clase, las asociaciones de jueces y fiscales dicen que a ellos no se les puede detraer el dinero del salario por los días de huelga, como se le aplica a cualquier trabajador de nuestro país, y que a su huelga no se le pueden aplicar servicios mínimos, como ellos mismo validan desde sus salas judiciales contra las huelgas obreras.

El Gobierno tiene otros frente abiertos que no gustan a la derecha: cobra impuestos sobre beneficios a la banca y las empresas de la energía; pone condiciones a la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, condiciones justificadas por la alta concentración bancaria; señala a las empresas de la energía, y a Red Eléctrica, por sus incumplimientos que provocaron el apagón del 28 de abril…

Que a nadie dude de cuál hubiese sido la actitud de Feijóo en la cumbre de la OTAN: tan servil y rastrera como la de Rutte. Recordemos el vasallaje baboso del ministro de Economía de Rajoy, el Sr. De Guindos, cuando informó al presidente de la Comisión Europea en 2012, Olli Rehn, diciéndole que la reforma laboral del Gobierno del PP iba a ser “extremadamente agresiva”.

A la derecha le dan igual los motivos, aunque unos les jodan más que otros. Por esto, el Gobierno debiera gobernar sin titubeos en función de la necesidades de la mayoría social: derogando los preceptos que aun están en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012; encargando la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que mandata la Ley 21/2021, para saber cuánto dinero le debe el Estado a la Caja de las Pensiones Públicas desde 1967; continuar con su posición de rechazo al incremento del gasto militar impuesto por Trump y aceptado servilmente por el resto de países de la OTAN; rompiendo relaciones diplomáticas y económicas con Israel, a la vista de la complicidad programada de la Comisión Europea, etc.

A pesar todo, hay que apoyar al Gobierno, sin que eso signifique no discrepar. En ningún caso hay que adelantar elecciones, que solo llevarían a que la derecha gobernase, muy probablemente con el apoyo de un PSOE en manos de Felipe, Page y Cía.

Roberto Tornamira
Afiliado del PSOE-Madrid en la Agrupación de Arganzuela

Cruzando el abismo

El conflicto entre Israel e Irán es uno de los más complejos y peligrosos en Oriente Medio. Sus orígenes se remontan a décadas de tensiones políticas, religiosas y geopolíticas.

El primer punto clave en la relación entre ambos países es la Revolución Islámica de 1979 en Irán, que derrocó al sátrapa Reza Pahleví, último Sha de Persia, aliado incondicional de EE.UU. e Israel.

Tras la Revolución, la nueva República Islámica quedó bajo el liderazgo del ayatolá Jomeini, líder religioso y figura clave en aquel periodo. Fue el líder supremo de la República Islámica de Irán hasta su muerte en 1989. Jomeini promovió una visión militante y revolucionaria del Islam, estableciendo el primer estado islámico relativamente moderno.

La situación de la mujer en Irán es compleja, con avances notables en educación y participación laboral, pero también con importantes restricciones legales y sociales que limitan su autonomía y participación plena en la sociedad. El movimiento «Mujer, Vida, Libertad» ha puesto de manifiesto la lucha de las mujeres iraníes por la igualdad, los derechos humanos y la libertad, convirtiéndose en un símbolo de resistencia global.

El reciente ataque de Israel a Irán no es solo una de las manifestaciones violentas de una serie de disputas, que se vienen gestando desde la Revolución Islámica de 1979 en Irán, sino el inicio de un plan orientado a derrocar y trocear la actual República islámica; es decir, la eliminación por medios violentos del enemigo más poderoso de Israel en la región.

Prueba de ello ha sido la irrupción violenta de EEUU en el conflicto, bombardeando las instalaciones nucleares de Irán, lo que ha elevado vertiginosamente la tensión internacional hasta situarla al borde de un “abismo oscuro”, en palabras de nuestro presidente del gobierno Pedro Sánchez.

El bombardeo por sorpresa de las instalaciones nucleares de Irán en la noche del pasado sábado 21 de junio, prueba también la actuación aleatoria y errática de EE.UU., al margen de cualquier ley internacional.

Actuación basada en una falsedad análoga a la que se difundió como preludio de la invasión de Irak y posterior asesinato por ahorcamiento de Saddam Hussein, con la oposición de importantes países de la Unión Europea, como fue el caso de Francia. Crimen aún impune, que dio lugar a la vergonzosa foto del “trio de las Azores” y, posteriormente, al gravísimo atentado yihadista sufrido en España el 11 de marzo de 2004, en la estación de Atocha de Madrid, que provocó 193 víctimas mortales y más de 2000 heridos.

La principal razón formal por la que Israel e Irán están en desacuerdo radica en la oposición ideológica y religiosa. Irán es una república islámica chií y ve a Israel como una entidad impostora, ocupante ilegítimo de Palestina, y una amenaza a la seguridad de la región, por sus vínculos con Estados Unidos, principal aliado de Israel.

Una de las áreas más críticas es el programa nuclear iraní. Israel considera que Irán en posesión de este tipo de armamento sería una amenaza existencial para su seguridad. Las tensiones sobre tal programa, que comenzó en los años 80 y se intensificó a lo largo de las décadas siguientes, llevaron a Israel a realizar operaciones encubiertas y ataques a las instalaciones iraníes, sobre todo con el fin de retrasar el supuesto desarrollo de armas de destrucción masiva por parte de Irán. Estos ataques incluyen ciberataques, como el famoso caso de Stuxnet en 2010, y el asesinato de científicos nucleares iraníes. Sin embargo, no existe hasta la fecha pruebas fehacientes de que el programa nuclear iraní tenga objetivos diferentes de su aplicación pacífica con fines civiles.

El otro factor que contribuyó a las tensiones fue la presencia militar iraní en países como Siria y Líbano. Irán apoyaba al depuesto régimen de Bashar al-Assad en Siria, con aliados como Hezbollah en Líbano.

Israel ve la presencia iraní en la región como una forma de rodear su territorio con fuerzas hostiles y aumentar la posibilidad de ataques directos. Aunque Irán no tiene fronteras directas con Israel, apoya activamente a grupos militantes palestinos, como Hamas, que alcanzó el poder en la Franja de Gaza a mediados de 2007. Irán ve en el conflicto palestino, agravado por el criminal genocidio en la franja de Gaza, una causa fundamental para desafiar a Israel, mientras que Israel considera a Irán como su principal enemigo en la región.

El genocidio del pueblo palestino perpetrado por el gobierno sionista de Netanyahu, con el apoyo de los EE.UU. y la connivencia de la Comisión Europea, presidida por la conservadora Ursula Von der Layen, conmueve a la humanidad y presagia un sombrío panorama en la región.

El ataque de EE.UU. a Irán, sin previo aviso, sin informar a sus aliados, crea un grave precedente, convirtiéndose en el más grave problema de la Alianza del Atlántico Norte.

En efecto, la actuación unilateral y errática del presidente de los EE.UU. es un grave problema no solo para la OTAN, también para el conjunto de la Humanidad, pues comanda de hecho la Alianza más letal jamás conocida.

El siniestro precedente que supuso el lanzamiento de dos bombas nucleares sobre población civil, en el siglo pasado, con la trágica destrucción de Hiroshima y Nagasaki, cuyas secuelas sigue sufriendo parte de su población, nos sitúa en la antesala del infierno.

España debe cruzar el oscuro abismo que se abre a nuestros pies -tras los bombardeos de EEUU al complejo nuclear iraní- hasta alcanzar la otra orilla fuera de la OTAN, alejada de los graves riesgos que supone seguir manteniendo nuestro peligroso y humillante vasallaje.

Veamos la viabilidad legal de salida de España de la OTAN.

La salida de un miembro de la OTAN está regulada por el artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte, que establece el procedimiento para que un país se retire de la organización:

«Cualquier Parte podrá, después de transcurridos 20 años desde la firma del presente Tratado, notificando a los demás Gobiernos de los Países signatarios, su decisión de dar por terminado su compromiso.»

Por lo tanto, cualquier país miembro puede retirarse en cualquier momento, siempre que haya transcurrido ese plazo.

El proceso comienza con una notificación formal del país que desea retirarse. Esta notificación se debe hacer a los demás países miembros de la OTAN, indicando de manera oficial la intención de abandonar la organización. La notificación debe ser presentada por el gobierno del país en cuestión, y es generalmente a través de una carta diplomática o comunicación formal.

Una vez que se ha notificado la intención de retirarse, el Tratado establece que la salida no es inmediata. El país tiene que esperar un año después de la notificación antes de que su salida se haga efectiva. Este período de espera da tiempo para que se manejen las consecuencias políticas, estratégicas y diplomáticas de la salida.

Durante este período de espera, el país sigue siendo parte de la Alianza y sigue cumpliendo con sus obligaciones en términos de defensa colectiva y cooperación, salvo que se llegue a un acuerdo para una salida más rápida.

Una vez que transcurre el año, el país se considera oficialmente fuera de la OTAN. Desde ese momento, deja de estar sujeto a las disposiciones del Tratado, especialmente a la cláusula de defensa colectiva del Artículo 5, que establece que un ataque a un miembro se considera un ataque a todos los miembros.

Un proceso gradual sería también posible; por ejemplo, iniciando la salida inmediata del mando militar integrado, previamente a la salida definitiva.

La República francesa se retiró en 1966 del mando militar integrado de la OTAN, bajo el liderazgo del presidente francés, general Charles de Gaulle, regresando de nuevo a las estructuras militares de la OTAN en abril de 2009 bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, seis años después de la invasión de Irak.

La salida de un miembro tiene implicaciones estratégicas tanto para el país que se retira como para los demás miembros. Esto puede incluir reconfiguración de alianzas, redistribución de bases militares y la redefinición de objetivos y políticas de defensa.

El presidente Adolfo Suarez no era partidario del ingreso de España en la OTAN. Fue obligado a dimitir días antes del 23-F de 1981, presionado de forma amenazante por las intrigas palaciegas de la monarquía, secundadas por generales monárquicos (Armada, Milans). Dos días después, el nuevo presidente Leopoldo Cavo Sotelo, anunciaba en el Congreso de los Diputados el objetivo de ingresar en la Alianza del Atlántico Norte, iniciando el proceso de adhesión, consumado el 30 de mayo de 1982 con el ingreso de España en la OTAN.

Concluyendo. No existe, por tanto, ningún impedimento legal para la salida de España de la OTAN, tan solo es cuestión de voluntad política y de contar con una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados.

España debe seguir su tradición de neutralidad formal, mantenida en las dos guerras mundiales anteriores. En mi opinión, bastaría con el apoyo del “bloque de investidura”, y la adhesión de algunos diputados de centro moderado, que no deseen ver implicado directamente a nuestro país en los conflictos armados de la OTAN ni en la escalada armamentista. Una Alianza comandada de hecho por un errático e impredecible presidente de los EEUU que nos arrastra a una más que posible guerra mundial.

Manuel Ruiz Robles
Fue miembro de la Unión Militar Democrática.

Vasallaje de Europa

“Estás volando hacia otro gran éxito en La Haya esta tarde. No fue fácil, pero conseguimos que todos firmaran el 5%. Donald, has impulsado un momento realmente importante para América, Europa y el mundo… Vas a lograr algo que NINGÚN presidente estadounidense en décadas ha conseguido lograr” “Europa va a pagar, y de una forma GRANDE, como debe ser, y será tu victoria. Buen viaje y te veo en la cena de Su Majestad. Mark Rutte.”

El neerlandés secretario general de la OTAN, entiende su responsabilidad al frente de la organización militar oficiando de bufón ante el envanecido Emperador del Mundo, riéndole bravuconadas y alimentando la tendencia pendenciera del neurótico presidente de los Estados Unidos –“Felicidades y gracias por tu decisiva acción en Irán”, le reconoció–, también, y sobre todo, mostrándole un sumiso agradecimiento a quien inició su mandato al frente de la potencia norteamericana amenazando e insultando a Europa y a los europeos y situando al mundo contra las cuerdas.

Las frases pronunciadas por el conservador Mark Rutte en el curso de la cumbre atlántica, aparte de que debiera avergonzar a quien tan servilmente las ha pronunciado y a todos los que lo han consentido desde la sumisa alianza militar, muestran la espectacular pérdida de identidad de la Unión Europea y el bochornoso vasallaje que rinde a Estados Unidos al aceptar no sólo chantajes inadmisibles por la aplicación arbitraria de series de aranceles, cambiantes en su dimensión y efectos en las economías nacionales según el humor con el que se levante el vaquero matón, sino por la razón esencial de que el aumento del 2% al 5% del gasto en defensa exigido sin más preámbulos es inaceptable dada la dura repercusión en las condiciones de la ciudadanía.

Es por ello que los socialistas españoles, militantes y simpatizantes hoy vilipendiados por una derecha infame y tan pendenciera como Donald Trump, el sujeto en el que se miran, tenemos que sentirnos muy orgullosos –junto a todos aquellos ciudadanos que así lo conciban– por la dignidad mantenida por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la defensa de nuestros intereses y en la no claudicación ante una cumbre militar que va mucho más allá de la necesidad occidental de defensa conjunta, marcada por la chulesca e insolente pirueta de Trump sobre que el aumento del presupuesto militar impuesto servirá para sanear su industria bélica, que le permita así continuar en su papel de cherif matón con el aplauso de los súbditos.

FERNANDO RUIZ CERRATO
Militante del PSOE-Madrid en la Agrupación de Fuencarral

Movimientos sociales, movimientos vecinales

Cuando uno se aleja del ruido mediático afloran las verdaderas necesidades que las familias trabajadoras tenemos: un techo donde vivir, escuelas para llevar a nuestros hijos, centros de salud que atiendan nuestras enfermedades, equipamientos deportivos para que se formen los jóvenes, centros para nuestros mayores… etc. y, por supuesto, un salario digno que no limite el acceso a estas necesidades básicas. No estoy descubriendo la pólvora cuando pienso que es difícil hablar de democracia sin garantizar estos derechos.

Como relata la película “El 47”, el papel del movimiento vecinal fue decisivo para conseguir barrios dignos y habitables. En Madrid, los barrios de Orcasitas o El Pozo son también ejemplos de cómo los trabajadores mediante la movilización de sus vecinos consiguieron construir un barrio digno de ser llamado tal. El auge del movimiento vecinal en los años 70 fue un pilar fundamental en la lucha contra la dictadura. También, en el primer tercio del siglo XX, los vecinos asociados con los sindicatos se ocupaban de atender las necesidades de mobiliario y vivienda.

En los últimos años ha resurgido esa movilización vecinal, con fuerza en algunos casos, como la lucha del barrio Gamonal en Burgos o el Cabanyal en Valencia contra la especulación inmobiliaria. Tras la crisis de 2008 ha habido un fortalecimiento del movimiento asociativo, fundamentalmente por la falta o el encarecimiento de la vivienda que, paradójicamente, se le ha dado un carácter transversal cuando es un problema que afecta fundamentalmente a la clase trabajadora. Igualmente pasa con la defensa de la sanidad o la enseñanza públicas, cuyas víctimas son los trabajadores que ven limitado su acceso.

Desde hace unos meses participo en la asociación de vecinos de mi barrio, la Asociación Vecinal Puerta del Ángel en Madrid. Es una asociación independiente que se nutre únicamente de la voluntad de vecinas y vecinos para ayudar física y económicamente. En este periodo hemos conocido a través del vecindario todas y cada una de las necesidades que he enumerado.

La asociación trata de actuar de interlocutor con el Ayuntamiento, canalizando las reclamaciones concretas de los vecinos y vecinas, sin embargo, hay problemas que afectan al barrio en su conjunto. El caso de la vivienda, con fondos buitre que se hacen con edificios enteros, duplicando alquileres de un día para otro, encareciendo la compra o limitando el parque de viviendas, dedicándolas a usos turísticos. Es un problema que afecta a la clase trabajadora, un barrio popular convertido en un parque temático donde proliferan las franquicias de la hostelería y donde se abren calles peatonales para disfrute de los que vienen de fuera, en detrimento de la habitabilidad y en aras de una hospitalidad mercantilizada.

Aquí y allá surgen agrupaciones vecinales por aspectos reivindicativos concretos. Si, como es el caso, el Ayuntamiento recalifica las zonas deportivas para montar un negocio especulativo a favor de las grandes constructoras, los vecinos montan una asociación para defenderse. Si, como es el caso, un fondo buitre se hace con un edificio y pretende desahuciar a los vecinos, estos forman una asociación para defenderse. Si, como es el caso, la Comunidad pretende cerrar un centro de salud, vecinas y vecinos se agrupan y manifiestan por este motivo. A todos estos agrupamientos, además de parcelar los problemas, se les da un carácter transversal, cuando realmente afectan de manera agobiante y directa a la clase obrera. Desde la asociación del barrio apoyamos todos estos agrupamientos y de hecho en la reciente fiesta del barrio hemos dado cobertura y participación a todos los que han querido, pero ¿no sería más efectivo convocar a la vecindad en la lucha y defensa de nuestro barrio por todas y cada una de las reivindicaciones que defendemos?

Obviamente hay una responsabilidad en los partidos que dicen representar a los trabajadores. Esta forma de actuar es impulsada fundamentalmente por la abdicación de los partidos de izquierda en el terreno de las reivindicaciones a nivel de barrio o pueblo. Sin embargo, la fuerza y la experiencia del movimiento vecinal nos pide la unidad y dar un carácter de clase a las reivindicaciones.

Enrique Dargallo
Miembro de ASTRADE

Editorial: La única salida es girar a la izquierda

Lo que comenzó como “caso Koldo”, los trapicheos de un raterillo que estaba salpicando al ex secretario de Organización de la CEF y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a fecha de hoy, se trata de una trama de corrupción que viene de largo en el tiempo y que se salda, por el momento, con la expulsión de otro secretario de Organización Federal, Santos Cerdán. Esto es lo que sabemos hoy, por las filtraciones de la UCO a la prensa. Pero aun podemos asistir a varios giros de guion.

Este caso, uno más en largo historial de casos de corrupción en nuestro país, deja algunas conclusiones:

La primera es que la corrupción es un mal endémico en nuestro país, directamente proporcional al nivel de poder en que se desarrolla. Los casos de corrupción no son un problema moderno, la información sobre corrupción se remonta, como mínimo, al reinado de los Reyes Católicos, pasando por el de Felipe III y su Duque de Lerma, o los trapicheos del tatarabuelo y el bisabuelo de Felipe VI en Marruecos. De hecho, en la actualidad, la institución monárquica no solo no escapa a esta lacra, sino que es quizá de las instituciones más afectadas; por el volumen de “negocio” que Juan Carlos I El Comisionista ha movido a lo largo de su reinado, de cuyos frutos disfrutó toda la Familia, sin rechistar.

Es necesario reflexionar sobre si la corrupción sería posible en La Corona si hubiese transparencia absoluta en las instituciones que la rodean, en lugar de que estás se dediquen a cubrir y tapar los chanchullos reales. Del mismo modo, difícilmente habría corrupción en los poderes del Estado si la jefatura del mismo fuese íntegra.

La corrupción no es solo económica. También es corrupción que los poderes del Estado, como los jueces, o miembros de las fuerzas armadas, actúen al dictado de “Think Tank” como FAES. Y esto solo se explica porque tras la muerte del dictador, Franco, no se produjo una ruptura con el pasado; de hecho, se amnistió al franquismo. De ahí que el franquismo y los franquistas campen a sus anchas en las instituciones del Estado.

La segunda es que la corrupción se percibe de manera diferente si se produce en los partidos de la derecha o en los de la izquierda, y esto tiene coherencia. El hecho de que en un partido de izquierda se dé un caso de corrupción es contrario a una ideología que dice velar por las libertades colectivas e individuales, la igualdad, la justicia social, el pago de impuestos para sufragar los servicios públicos… Mientras que la ideología de la derecha defiende la “libertad de mercado” el enriquecimiento individual y la privatización de lo público… Por eso, si una alcaldesa del PSOE en Móstoles trocea contratos públicos para evitar los controles administrativos es juzgada por prevaricar e inhabilitada en los hechos, a expensas de sentencia firme. Mientras que, si la alcaldesa es del PP en Arroyomolinos, la imputada recibe todo tipo de “premios” en su partido y en las instituciones: diputada autonómica para estar aforada, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y miembro de la comisión organizadora del Congreso de Feijóo. Este no es más que un simple ejemplo de la “ley del embudo” que opera en este terreno, y en otros.

Queremos dejar claro que la corrupción es un delito deleznable, lo cometa quien lo cometa. Lo deplorable es que en esto tampoco haya igualdad.

La tercera es que un número importante de jueces, y al parecer también de mandos de la Guardia Civil, se vuelcan más o menos en los casos que les llegan en función de si son de una u otra opción ideológica. En los últimos años ha quedado claro que los jueces, los militares, los curas y las monjas, no dejan de ser personas y, por tanto, tienen ideología, por muy apolíticos que se declaren. Sin embargo, al menos de los funcionarios del Estado, cabía esperar que mostrasen asepsia en sus actuaciones profesionales.

Viendo las groseras actuaciones judiciales de jueces como los señores Peinado o Hurtado, lo que también cabe concluir es que hemos pasado de un CGPJ decantado hacia el PP, a un CGPJ pusilánime, que no se inmuta ante las atrocidades de ciertas señorías.

De estas tres conclusiones se desprende que el poder ejecutivo, al estar en poder de la izquierda, está cercado por una buena parte del poder judicial y por otra buena parte del poder legislativo. Y que si no termina de caer es porque los acosadores (PP y VOX) del legislativo solo tienen mayoría en el Senado; no tanto porque los partidos parlamentarios que vienen apoyando la legislatura estén convencidos o coincidan con el Gobierno, como por el rechazo que les provoca un líder de la oposición con un pasado muy oscuro, que preside un partido podrido hasta las trancas, que tiene su punto de apoyo en la derecha franquista y que de llegar al gobierno arrasarían con todos los avances y derechos conquistados y que cuestiona toda identidad que no sea la españolista, así como el concepto de Familia católica. Nada nuevo respecto a anteriores gobiernos del PP.

Para finalizar, abordemos por dónde debería salir el Gobierno.

A quienes ven en la moción de confianza una solución les decimos que habría que someter a confianza al Estado: institución a institución. Y si se le diese la oportunidad de pronunciarse al pueblo a este respecto, difícilmente iba a obtener la confianza alguna de ellas.

La confianza, como el respeto, el prestigio, etc., son fáciles de perder y difíciles de conseguir, pero lo que es seguro es que no se ganan para lo que voten sus señorías en el Congreso de los Diputados. El camino más certero que el Gobierno debiera tomar para recuperar la confianza es el de utilizar los dos años que restan de legislatura para consolidar derechos, como por ejemplo blindar el Sistema Público de Pensiones, defender la Sanidad Pública del desastre en la que la tienen incursa comunidades autónomas como la de Madrid derogando la Ley 15/97, derogar la “Ley Mordaza”, terminar de derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 y poner en marcha de forma urgente un plan de construcción de vivienda pública a medio y largo plazo para combatir el drama de la vivienda entre nuestros jóvenes. Estas entre otras cosas.

Es un paso en la dirección correcta el que Pedro Sánchez haya plantado cara ante la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en La Haya el 24 y 25 de junio, no asumiendo el incremento del gasto militar en un 5%; un antojo más del psicópata de la Casa Blanca. Una vez que la OTAN ha quedado al descubierto que es una estructura militar, al servicio de los USA y sus objetivos imperialistas, es hora de plantearse si esta Organización militar aporta seguridad o inseguridad, si es para la paz o es para la guerra. Así mismo, sería un buen comienzo la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, pues un país debe ser libre para elegir sus aliados, y dice mucho y malo de un Estado que mantiene alianzas con estados criminales y genocidas.

En la misma dirección positiva están las condiciones que el Gobierno ha puesto a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, dada la alta concentración bancaria que tenemos. Y que el Gobierno haya señalado a las grandes empresas de la energía, en las causas del apagón del 28 de abril, que parasitan de la naturaleza para enriquecerse, además de recibir contratos del Estado para servicios que después no cumplen.

Por último, el Gobierno tiene que terminar el proceso de normalización y avance en los derechos de las nacionalidades que comenzó con la valiente Ley de Amnistía, una vez que el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia sobre la constitucionalidad de la ley, desmontando los argumentos del PP y VOX.

Es mucho el trabajo que el Gobierno tiene emprendido y el que le queda por acometer. Mientras tanto, hay que defender al Gobierno y a todos los partidos de la izquierda frente a la jauría que la derecha tiene montada desde el primer minuto de la legislatura. Hoy más socialismo que ayer, pero menos que mañana.

El Comité de Redacción de TS

13 Canciones con Poder


Edición especial por el 20º Aniversario de TS

2005-2025

Presentación


Para celebrar el 20 aniversario de Tribuna Socialista hemos recuperado y compilado las 13 cancionesque hemos editado desde enero de 2022.
Reproducimos también los comentarios introductorios que a estas canciones elaboraron distintos colaboradores de Tribuna Socialista. Las canciones y los comentarios, guardan relación con los asuntos de preocupación social en el momento de su publicación: la guerra, la DANA en Valencia, el genocidio en Palestina, son algunos de los temas tratados, así como la recuperación y resituación de canciones que son seña de identidad de la izquierda y el movimiento obrero de nuestro país y/o internacional.
Junto al título de la canción reseñamos el número de Tribuna Socialista en el que fue publicada. Y al final de cada canción hay un enlace para visionar y escuchar cada tema, en versiones que en su momento nos parecieron las más originales.

Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE y miembro fundador de Tribuna Socialista

1.- La Internacional (TS-130 enero 2022)

Canciones con Poder: La Internacional

2.- Al Alba (TS-131 febrero 2022)

Canciones con Poder: Al alba

3.- “Bella Ciao” (TS-132 marzo 2022)

Canciones con poder: Bella Ciao

4.- Himno de Riego (TS-133 abril 2022)

Canciones con Poder: Himno de Riego

5.- “Grandola vila morena” (TS-134 mayo 2022)

Canciones con Poder: Grandola vila morena

6.- El pueblo unido jamás será vencido (TS-135 junio 2022)

Canciones con Poder: El pueblo unido jamás será vencido (otra vez)

7.- Vientos del pueblo me llevan (TS-136 septiembre 2022)

Canciones con Poder: Vientos del pueblo me llevan

8.- “Blowin in the Wind” (TS-137 octubre 2022)

Canciones con poder: Blowing in the Wind

9.- “Cuervo ingenuo” (TS-138 noviembre 2022)

Canciones con poder: Cuervo ingenuo

10.- “La Hoguera” (TS-139 diciembre 2022)

Canciones con poder: La Hoguera

11.- La Santa Espina (TS-158 septiembre 2024)

Canciones con poder: La Santa Espina.

12.- Nana urgente para Palestina (TS-159 octubre 2024)

Canciones con Poder: Nana urgente para Palestina

13.- “Al vent” (TS-160 noviembre 2024)

Canciones con poder: “Al vent” de Raimon

Los Borbones y sus guerras: nuestros muertos


Edición especial por el 20º Aniversario de TS

2005-2025

Presentación

Los borbones nunca dan la cara, pero borbonean para garantizar sus privilegios. Así lo han hecho a lo largo de más de tres siglos, a costa del sufrimiento y la sangre de los pueblos del Estado español.

Este trabajo no pretende desvelar nada que no esté en los textos de historia; de algunos de ellos he tomado los datos objetivos: fechas, guerras y cifras de muertos, para presentarlos de manera lo más objetiva posible, sin renunciar a mi punto de vista firmemente republicano. Tampoco es mi pretensión profundizar en todo lo acontecido en los tres siglos y cuarto últimos de nuestra historia.

Es mi intención, y la del Comité de Redacción de Tribuna Socialista, contribuir al fomento del sentir republicano en nuestro país, y hacerlo en concreto en la antesala de las marchas republicanas que se preparan una vez más, este año para el 15 de junio de 2025, coincidiendo con el 20ª aniversario de Tribuna Socialista.

Es también el objetivo poner el foco en las guerras y conflictos sufridos en este largo periodo, como consecuencia de las decisiones de esta mezquina dinastía. Si estos hechos fuesen de dominio de toda la sociedad, serían más que suficientes para volver a dotarnos en el Estado español de un espacio de avance y prosperidad bajo una República como modelo de Estado. Solo la ignorancia de los hechos históricos, la propaganda maquilladora de la institución monárquica y los partidos políticos que trabajan a favor de esta institución hacen posible que la monarquía continúe en pie.

Esta familia de migrantes franceses reinan en nuestro país desde 1700, apoyados en fuerzas reaccionarias y militares; una minoría social insaciable e insensible al sufrimiento de las personas que componen la mayoría de la sociedad, como han sido insensibles al sufrimiento y la muerte de los cientos de miles de hijos de las familias más humildes y trabajadoras, a quienes enviaron a sus guerra por ambición de poder, llegando en ocasiones a enfrentarse distintas facciones de entre el mismo clan: ellos creaban el enfrentamiento mientras los muertos los ponían los hijos de los pueblos que componen España.

Continúan siendo insensibles hoy ante el genocidio en Palestina o los miles de muertos en el Atlántico y el Mediterráneo de quienes se ven obligados a abandonar sus países, sus familias y sus entornos sociales; no migran por ambición, como fue el caso de Felipe de Anjou.

Intentemos comprender nuestra actualidad, a base de conocer nuestra historia.

Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE

Su llegada a España hizo correr ríos de sangre

Felipe V (1700 – 1746)

Felipe de Anjou fue el primer Borbón que reinó en España con el nombre de Felipe V desde 1700 a 1746. Los chalaneos de la corte francesa de Luis XIV para hacerse con la corona española contra la Casa de Austria, con la que tenían lazos de parentesco, costó a España y a buena parte de Europa una guerra de sucesión de casi 15 años (1). Este conflicto segó la vida de entre 400.000 y 1.250.000 víctimas, según los distintos historiadores. Fue en el Tratado de Utrech, con el que se puso fin a esta guerra, donde se consignó que España cedía Gibraltar a la corona británica, por tanto, una pérdida que debe atribuirse a la Casa Borbón, por si interesa a los archipreocupados por la integridad de la patria.

Fernando VI (1746 – 1759)

A Felipe V le sucedió su hijo, Fernando VI, quien reinó desde 1746 a 1759. Este monarca tiene el dudoso orgullo de haber dictado la “gran Redada” o “prisión General de gitanos” (2), orden que, en 1749, pretendía eliminar a todas las personas de raza gitana que habitaban en España. El encargo lo ejecutó el Marqués de la Ensenada; quien es honrado hoy en día con una calle cercana a la Plaza de Colón de Madrid. La idea consistía en separar a hombre y mujeres, para que no pudieran reproducirse. Esta orden real puede considerarse el origen del estigma de la población gitana en nuestro país, y un claro ejemplo de genocidio.

Carlos III (1759 – 1788)

A la muerte de Fernando VI recayó la corona en Carlos III, hermanastro del anterior, reinando desde 1759 a 1788. Lo primero que hizo, el considerado “el mejor alcalde de Madrid”, tras ser coronado fue establecer el Derecho Divino, es decir, que, por si alguien tenía dudas o pretendía cuestionarle, su autoridad para gobernar proviene de la voluntad de Dios (3).

El que mandó construir la actual Puerta de Alcalá, nos metió en la Guerra de los siete años (4) que libraban Francia y Gran Bretaña, para qué: para recuperar Menorca y Gibraltar, territorios perdidos por sus antepasados en la Guerra de Sucesión. Esto ocurrió entre 1761 y 1763. Una de las más sonoras derrotas fue el intento de invadir Portugal, en 1762. De esta aventura bélica salió España escaldada, perdiendo algunas colonias en América: las dos Floridas, en favor de Gran Bretaña y Sacramento (en Uruguay), en favor de Portugal. Las víctimas sumaron 13.000 muertos, heridos y prisioneros, entre soldados y marineros. Para financiar esta guerra se creó la Lotería Nacional que hoy se continúa jugando en España con tanta fruición.

Este rey belicista, déspota ilustrado, nos volvió a involucrar en un conflicto armado, esta vez en la Guerra de independencia de los Estados Unidos de América (5), respecto de su metrópolis: Reino Unido. Se estima que España perdió 9.000 soldados en esta nueva aventura entre 1776 y 1779. Aunque para el “honor” borbónico se recuperó Menorca, Florida y la costa de Honduras.

Carlos III nos dejó en herencia la bandera rojigualda, que tanto gusta a los nacionalistas españolistas.

Carlos IV (1788 – 1808)

Heredó el trono Carlos IV y reinó de 1788 a 1808. Ni que decir tiene que la Corona española cerró sus fronteras y tomó medidas represivas para impedir que el furor revolucionario que se desató en Francia pocos meses después de la coronación de Carlos IV. Además de intentar, como otras casas reales europeas, salvar la vida Luis XVI, cuya cabeza rodaría en 1793. La respuesta de las monarquías, incluida la española, fue la de crear una coalición para atacar a la recién nacida República francesa, embarcando la Casa Borbón a los

españoles en una nueva guerra “La guerra de los Pirineos”. En la que murieron, resultaron heridos o desaparecieron entre 10.000 y 45.000 hispano-lusos (6).

Los monarcas de la Casa Borbón siempre nos han metido en problemas, por su cobardía o por su tendencia a arrodillarse ante dictadores; es lo que ocurrió cuando Carlos IV puso a disposición de Napoleón la escuadra española, desatando un nuevo conflicto con la Corona británica y que entrásemos en guerra con Portugal: ”La Guerra de las Naranjas” (7), conflicto que duró 18 días y del que no he encontrado datos de bajas.

Después, aprovechando las condiciones del Tratado de Fontainebleau (8), Napoleón ocupó España a nombre de la invasión de Portugal, tras la que Francia y España se repartirían el territorio portugués, pero que desembocó en la guerra de Independencia española en respuesta a la ocupación francesa, consentida por el Rey.

Fernando VII (1808 – 1813 y 1814 – 1833)

Estos desastres militares y los escándalos en torno a Godoy y el príncipe de Asturias (9), llevaron a la abdicación obligada de Carlos IV en su hijo Fernando VII en 1808, quien por su devenir como príncipe y su desempeño como rey se ganó a pulso reinar bajo el apodo de “el Rey Felón” (10). Reinó en dos etapas: una primera, durante dos meses en 1808, y la segunda de 1814 a 1833: entre 1808 y 1813 reinó José Bonaparte, el hermano de caudillo francés (11).

Mientras los españoles y españolas se dejaban la vida luchando contra el ejército invasor -se estima que hubo entre 300.000 y 500.000 víctimas– Fernando VII vivía cómodamente con su familia en el Castillo de Valençay; una prisión más cómoda aún que la que se ha dispensado al corrupto Urdangarín. En su ausencia se promulgó la Constitución de Cádiz (1812); liberal para aquellos años. Nada como salida de los borbones de España para que haya avances.

“En agradecimiento”, Fernando VII regresó a España en marzo de 1814 para orquestar un Golpe de Estado desde Valencia, dirigido por el general Francisco de Eguía, poniendo fin a la primera experiencia constitucional española y restaurando el absolutismo. Ciertamente no hay mayor felonía. Se abrió así el sexenio Absolutista que finalizó con el alzamiento del teniente coronel Rafael de Riego, en enero de 1820,

dando paso al trienio Liberal. Y aquí nace el himno de Riego, que fue adoptado como “marcha nacional de ordenanza”, lo que hoy llamamos himno nacional.

El Felón apeló a la Francia de Luis XVIII en 1823 para que enviase un ejército, “los Cien Mil Hijos de San Luis” (12), que posibilitase la reacción monárquica que acabó nuevamente con el segundo periodo constitucional. A este ejército se sumaron unos 30.000 monárquicos al que llamaron “Ejército de la Fé”, para mayor gloria de la historia Real.

Tras lanzar a un ejército extranjero contra su propio pueblo se abrió la Década Ominosa; una etapa de represión brutal que Benito Pérez Galdós narró en uno de sus episodios nacionales: “El Terror de 1824” (13).

Del Absolutismo al Liberalismo

Isabel II (1833 – 1868)

El reinado de este Borbón dejó en herencia La Corona a su hija de tres años, Isabel II, reinó entre 1833 y 1868, asumiendo la regencia durante su minoría de edad -hasta 1843- la viuda de Fernando VII, María Cristina de Borbón Dos-Sicilias. También nos dejó en herencia una guerra civil entre monárquicos (14): una primera contienda entre 1833 y 1840, una segunda desde 1846 a 1849 y la tercera de 1872 a 1876, guerras que enfrentaron a los partidarios de Carlos María Isidro de Borbón y Borbón-Parma, hermano de Fernando VII, defensores de la monarquía tradicional, absolutista, que luchaban bajo el lema “Dios, Patria y Rey”; y a los “liberales” que es como se llama en la historia a los apoyos de la heredera del “insigne” Fernando VII. Se estima que estas contiendas se cobraron la vida de unas 130.000 víctimas.

Autores como Jesús Cruz Valenciano, han catalogado el reinado de Isabel II como “uno de los más corruptos de la historia de España” (15), tanto fue así que la corrupción de la clase minoritaria cercana a la institución monárquica cercenó la posibilidad de que España se subiese al tren de la industrialización.

Uno de los episodios más deplorables del reinado de Isabel II fue la conocida como “Noche del Matadero” (16), el 10 de abril de 1865, cuando la Guardia Civil y unidades del ejército reprimieron sangrientamente: murieron entre 15 y 20 estudiantes. El conflicto tuvo su origen en la orden emitida en octubre de 1864, por el gobierno del general Narváez -otro criminal con calle en Madrid- por la que se prohibía que las universidades hiciesen críticas al Concordato de 1851. Es un episodio muy ilustrativo, en el que no entro por cuestión de extensión y por estar fuera del objetivo de este artículo, pero que recomiendo a los lectores profundizar en él, pues se discutían conceptos educativos y de críticas a la monarquía realizadas por el republicano Emilio Castelar que hoy continúan de actualidad.

El conflicto armado del pueblo español al que nos arrastraron los borbones en sus peleas de familia -las guerras carlistas- no fue suficiente para Isabel II y sus gobiernos. Durante los años 1859 y 1860 tuvo lugar la primera guerra hispano-marroquí (17), motivada por la defensa de la ciudad de Ceuta -colonia española desde 1668 y la de Melilla -colonia española desde 1767-, aunque en realidad se trataba de una operación colonialista, aderezada por la codicia del generalato del ejército español, encabezada por el jefe del gobierno, el general O´donnell -otro “ilustre” en el callejero madrileño- y un intento de La Corona y sus apoyos de resarcirse del desastre de 1898. La contienda dejó 4.000 soldados españoles muertos.

En esta línea se desataron las guerras de la Conchinchina (Vietnam) entre 1858 y 1862 (18), con unos 1.000 muertos y heridos, y el intento de reanexión de la República Dominicana de 1861 (19) una aventura militar que costó la vida a 10.000 militares españoles y dominicanos proespañoles.

El sexenio democrático (1868 – 1874)

Al reinado de Isabel II le puso fin la revolución de septiembre de 1868. La reina salió para el exilio en París, bajo la protección de Napoleón III. Una vez más, la salida de los borbones de nuestro país abría un periodo democrático, el llamado sexenio democrático (1868 – 1874). A modo de contextualización, señalar solamente que en este periodo hay que distinguir tres etapas: (1868 – 1871) La del gobierno provisional, que promulgó la segunda Constitución española, la de 1869, que estuvo vigente hasta febrero de 1873; el reinado de Amadeo I de Saboya (enero 1871 a febrero de 1873); y la I República española (febrero de 1873 a diciembre de 1874).

Este paréntesis de esbozo democrático, -democrático si se compara con la historia anterior-, se vio cercenado por la restauración borbónica, de la mano, una vez más, de un general, Arsenio Martínez Campos, quien protagonizó un golpe de Estado, en diciembre de 1874, conocido como “El pronunciamiento de Sagunto”, que fue la vía que tomó la casa Borbón para regresar al poder, en la persona de Alfonso XII, hijo

de Isabel II y tatarabuelo de Felipe VI. Este golpe de estado militar puso fin a la I República española; una república que apenas la dejaron vivir 22 meses (Feb-1873 a Dic-1874).

Alfonso XII (1874 – 1885)

Con Alfonso XII la Casa Borbón había aprendido en la etapa de Isabel II que debían adaptarse a los nuevos tiempos y pactar con los liberales. Alfonso XII comenzó su reinado promulgando en junio de 1876 la tercera Constitución española, que estuvo vigente hasta el Golpe de Estado del general Primo de Rivera, con el visto bueno del rey, por no decir encargado por Alfonso XIII.

Es quizás el Borbón menos beligerante, salvo porque llegó al trono mediante un golpe de Estado militar y porque heredó de su madre la tercera guerra Carlista. En su reinado tuvo un escarceo colonial con Alemania, en 1883, en torno a las islas Carolinas y las islas Marshall (20).

Abriendo la puerta al fascismo

Alfonso XIII (1886 – 1931)

Tras su muerte por tuberculosis el 25 de noviembre de 1885, heredó la Corona su hijo Alfonso XIII, quien reinó entre 1886 y 1931. Este nació el 17 de mayo de 1886, tras la muerte de su padre. Ejerció la regencia su madre, la última de las muchas mujeres en la vida de Alfonso XII, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Siendo aún menor de edad -comenzó su reinado sin tutelas en 1902-, en años de la regencia ejercida por su madre, se produjo el conocido como “desastre del 98” (21), referido a la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam.

En 1909 comenzaron las escaramuzas con Marruecos. El detonante fue la actividad minera de la Compañía Española de Minas del Rif, que se había creado un año antes para explotar mineral de hiero en el protectorado español en Marruecos (22). En su Consejo de Administración se sentaban los pudientes empresarios de la época: Miguel Villanueva (ministro de Marina), Álvaro y Gonzalo Figueroa Torres (conde de Romanones y duque de las Torres), Juan Antonio Güell y López (conde de Güell) y Gerardo Roiz de la Parra y de la Pedraja (hijo de Jerónimo Roiz de la Parra), entre otros. Las tribus rifeñas consideraban, no sin razón, que España estaba usurpando las riquezas de su subsuelo, por lo que comenzaron a hostigar a la actividad minera, dejando 5 trabajadores muertos. La situación desembocó en la Guerra de Melilla y el desastre militar del Barranco del Lobo, que se saldó con la muerte de 150 españoles. Y como una de sus derivadas: La Semana Trágica de Barcelona (23). El rechazo social al conflicto, y en concreto al decreto por el cual el Gobierno de Maura movilizaba para la guerra a tropas reservistas, es decir, a los hijos y padres de la clase trabajadora. La represión se saldó con unos 160 muertos, 450 heridos y más de 1.700 arrestados.

Alfonso XIII y la minoría social privilegiada continuaron con sus pretensiones coloniales en Marruecos, intentando ocupar la Bahía de Alhucemas, en junio de 1921. Los rebeldes rifeños defendieron su territorio y plantaron cara al ejército español desembocando en el Desastre de Annual (24), con un coste de 13.000 vidas, solo en el bando español. Se abrió una investigación que redactó un expediente, conocido como el “Expediente Picasso” (25) considerado la mecha de ignición de la caída de la Monarquía borbónica en 1931, sin menospreciar la Huelga General de 1917 (26), la revolución de 1930 (27) y en medio la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera (28) y (29).

Una vez más, y como ya se ha visto en varios reinados borbónicos anteriores, un rey Borbón acude a un general del ejército para encargarle un golpe de Estado. Nunca lo reconocieron, aunque los hechos dejen clara su implicación.

El periodo de la Dictadura de Primo de Rivera no estuvo exento de conflicto armado. El 8 de septiembre de 1925 tuvo lugar el Desembarco de Alhucemas (30), con 200 muertos y 109 heridos, acción militar por la que España se hizo con el control del Rif.

En un nuevo acto “democrático” por parte de Alfonso XII, en enero de 1930 zancadillea a Primo de Rivera y nombra presidente del gobierno al general Máximo Berenguer, para que prosiguiera con un régimen dictatorial militar. Este nuevo periodo, conocido como “La Dictablanda” (31), tuvo dos presidentes de gobierno, ambos militares: el ya mencionado general Berenguer y el almirante Juan Bautista Aznar, tío-abuelo de José María Aznar.

De los crímenes más simbólicos del Alfonso XIII es el fusilamiento de los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, por el intento de pronunciamiento militar de Jaca (32).

Al tío-abuelo de Aznar hay que agradecer que el 12 de abril de 1931 convocase elecciones municipales, comicios que se decantaron con tanta claridad hacia los partidos republicanos que Alfonso XIII hizo las maletas y puso dirección a París. El 14 de abril se proclamó la II República abriendo con fuerza las ventanas del Estado para sanear el pútrido ambiente social que había generado el reinado de Alfonso XIII.

El texto de la Constitución de 1931, cuarta Constitución en España, es digno de ser leído en su integridad, para poder valorar en su justo alcance el grado de progreso de aquel periodo de nuestra historia (33). Reseño a modo de muestra los tres primeros artículos:

Artículo 1º .- España es una República de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia.

Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.

La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones.

La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.

Artículo 2º.- Todos los españoles son iguales ante la ley.

Artículo 3º.- El Estado español no tiene religión oficial.

Franco se encargó, con su camarilla de generales golpistas, de poner fin a 5 años de democracia, exceptuando el bienio negro (noviembre 1933 a febrero de 1936).

Alfonso XIII se ubicaba ideológicamente en el fascismo falangista, y no dejó de intentar un pacto con Franco, desde el exilio (34). Franco cumplió parte de los acuerdos que pudiera haber hecho con la Casa Borbón y abrió la puerta a una nueva restauración en la ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947 (35). Restauración monárquica a la que puso nombre en la Ley de Sucesión de 1969 (36).

Los borbones son una familia que no tiene ningún reparo traicionarse unos a otros, incluso enzarzarse en un conflicto armado, en el que ellos raramente mueren, con tal de ponerse la corona en la cabeza. Esto lo hemos visto a lo largo de los reinados, broncas sucesiones y abruptas abdicaciones. Tras la II República no ha sido diferente: En 1041, Alfonso XIII abdica en su hijo Juan de Borbón, padre del hoy vecino de Abu Dabi (37). Franco, no solo no devolvió el poder a los borbones, tal y como habían hecho los generales golpistas que le precedieron, sino que quiso dejar claro que la sucesión en el reino de España la imponía él. Ante esto, es posible que un buen hijo hubiese forzado que se respetase la línea sucesoria; sin embargo, El Campechano se dejó querer por el franquismo y esperó seis años -desde su designación en la Ley de sucesión de 1969 hasta la muerte del dictador en 1975-.

La transición y aquí siguen 325 años después

Daría para otro artículo abordar esta cuestión de la sucesión en el Trono y las luchas intestinas en el seno del franquismo, entre quienes se decantaban por la continuidad de la dictadura con una figura decorativa y quienes querían una figura real que gobernase en la sombra, empezando por el propio Juan Carlos de Borbón. Saque cada cual sus conclusiones a la vista de los hechos acaecidos y acontecidos en estos últimos 50 años.

Juan Carlos I (1975 – 2014)

No por ser historia reciente dejaré de reseñar las guerras del reinado de Juan Carlos I (1975 a 2014). El conflicto armado más señalado en el que se ha involucrado a los pueblos del Estado español en su reinado fue la invasión de Irak (38), en la que España formó parte aportando apoyo logístico a las misiones militares de los USA y formando sobre el terreno a miembros de las fuerzas armadas iraquíes de la época post Sadam Husein. Pero el principal apoyo que España dio fue político, aunque sería más acertado decir que España se prestó a hacer de mamporrera de los objetivos de los Estado Unidos de América. Distintas fuentes dando diferentes datos de muertes en las participaciones militares españolas durante el reinado de Juan Carlos I, pero las 192 víctimas de los atentados de Atocha no se deberían sacar de las estadísticas, pues, salvo los hooligans de la derecha españolista, nadie duda de la relación directa entre nuestra participación en aquella guerra y dichos atentados.

Sobre este miembro de la dinastía borbónica, y para evitar entrar en otros derroteros ajenos a este trabajo, recomiendo la lectura del libro “La Gran Desmemoria” de Pilar Urbano. Hay muchos libros editados sobre Juan Carlos I, pero este que recomiendo cuenta con el certificado de calidad de que no gustó en el Palacio de la Zarzuela.

Irak es quizá el conflicto más claro por la mezquindad de José María Aznar, sin embargo, el jefe de los tres ejércitos nos ha involucrado en su reinado en diferentes conflictos, por mucho que los mencionen eufemísticamente como “misiones humanitarias”: Afganistán, Kosovo, Líbano… (39).

Felipe VI

La abdicación de Juan Carlos I en su hijo, Felipe VI, el 19 de junio de 2014, no fue voluntaria, sino bajo presión del aparato del Estado, con la convivencia de la propia Casa Real, a modo de enroque, para salvaguardar los intereses del clan ante la catarata de escándalos acumulados por el padre del actual rey, de tal magnitud que ni los diques de contención de la prensa y los “servicios del Estado” fueron capaces de ocultar y maquillar, como venían haciendo desde antes de 1975.

Felipe VI continua fiel al impulso bélico heredado en sus genes, y, aunque sea a nombre de misiones de paz, internacionales, etc., desde 2014 nos ha involucrado en no menos de 15 conflictos (40), con un soldado muerto cada 22 días desde 2011 (41).

Pongo fin aquí a una mera relación de datos: guerras, muertes y golpes de Estado, que son la pauta de una familia que lleva más de tres siglos en el poder, quitando y poniendo gobiernos, enfrentando a los españoles unos con otros…con el objetivo de mantener en sus manos los designios de la pluralidad de pueblos que nos configuran como Estado. Solo la resistencia y la lucha de esos pueblos nos han dado respiros de dignidad a lo largo de este largo periodo de nuestra historia.

Estamos en 2025 en una etapa en la que afloran las guerras y la barbarie, alentadas en muchas ocasiones por estados que se dicen democráticos. Las instituciones europeas y cada gobierno en su país, están lanzados a una campaña para convencer a la ciudadanía de que hay que prepararse para la guerra, argumentando con una hipotética extensión del conflicto entre Ucrania y Rusia; conflicto en el que Ucrania

juega el papel de “interpuesto” por los USA. Claro que no es descartable una generalización de la guerra en todo el continente, máxime cuando los gobernantes asumen que hay complacer las necesidades de los imperialismos, a los que estamos atados por nuestra pertenencia a la OTAN, con el objetivo de garantizar el incremento sostenido de las multinacionales y oligopolios como el del armamento, la energía, etc.

De momento, venimos sufriendo desde 2022 la guerra social que nos empobrece y que se deriva de la guerra en Ucrania, una guerra a la que nos ha empujado EE.UU., y a la que de forma complaciente ha aceptado la UE.

Los gobiernos de la Unión Europea se han lanzado a una campaña de sensibilización, a base de miedo y rusofobia. El futuro nos dirá a qué nueva guerra nos envía la Casa Borbón, lo que es seguro es que, en caso de conflicto, los muertos los pondrán los pueblos, aunque la guerra no sea de los pueblos.

Roberto Tornamira Sánchez
Presidente de ASTRADE

Referencias:

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