Europa Nos Necesita


Foto del mural “El Futuro es Europa”, en frente de la Comisión y del Consejo Europeo
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En estas elecciones europeas, la Historia, caprichosa, parece querer repetirse. Hace un año, después de unas elecciones generales muy disputadas, la izquierda resistió en España, contra viento y marea, para seguir transformando la sociedad en favor de la mayoría social. ¿Quién nos iba a decir que un año más tarde, tendríamos que librar la misma batalla, pero esta vez, para preservar la Europa de los derechos humanos?

En esa situación estamos. Tenemos que disputar un partido de vuelta, a una escala mayor, para evitar que la extrema derecha, en pleno ascenso, desfigure el proyecto europeo en el que tanto hemos soñado tantas generaciones de españoles. Y, si bien es cierto que hablamos muchas veces del peligro que supone la extrema derecha por los horrores inolvidables que ha provocado, creo que es necesario comprender concretamente la desgracia que supondría una coalición con la extrema derecha para la Unión Europea, una vergonzosa posibilidad a la que se abre Von der Leyen. Esto nos llevaría a una Europa menos respetada en el mundo, a una Europa antisocial totalmente incapaz de hacer frente al cambio climático, y a una Europa en la que los derechos humanos estarían en peligro.

En primer lugar, iríamos hacia un bloqueo de la política exterior europea, o incluso peor, hacia el inmovilismo frente a violaciones del derecho internacional. En efecto, yo he visto con mis propios ojos, como países gobernados por la extrema derecha han vetado en las instituciones iniciativas europeas destinadas a condenar y actuar frente a regímenes autoritarios. Con un ejecutivo comunitario en manos de la extrema derecha, ni hay esperanza para Palestina, ni hay coalición con las democracias del mundo, ni habrá ningún tipo de duda en mirar hacia otro lado cuando sucedan genocidios si hacerlo conviene a los negocios. Iríamos entonces hacia una Europa aislada en el mundo multipolar que nos acusa de tener una doble vara de medir frente a las catástrofes que suceden a escala internacional. El ejemplo global de coherencia y justicia que España ha dado con el reconocimiento de Palestina no salvaría a Europa de ser vista con desprecio por su hipocresía. Europa se quedaría definitivamente sin voz en el mundo y dejaría de ser un modelo de democracia inspirador para otros continentes. La Europa que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2012 se desvanecería.

En segundo lugar, se pondría en peligro nuestra capacidad colectiva de resolver el mayor desafío que enfrenta la humanidad en la actualidad: hacer frente a la crisis climática y ecológica con una transición justa cuya ambición esté a la altura. Con la extrema derecha en el ejecutivo europeo, la lucha contra el cambio climático dejaría de ser una prioridad a causa del negacionismo de estos partidos y de la preocupación por el color de piel como única agenda política. Al mismo tiempo, las debilitadas políticas ambientales diseñadas por lo que quedase de la derecha convencional europea acabarían suponiendo una transferencia regresiva de rentas de los que menos tienen a los que más. Con la derecha, la austeridad siempre es para el pueblo, mientras las élites se forran. La mayoría social acabaría pagando no ya la transición de todos, sino la de los más ricos que no quieren contribuir con sus suculentos beneficios al interés general. Incluso los agricultores vivirían peor, porque después de cincuenta años de comisarios europeos de agricultura de derechas (y el último además de extrema derecha), sus problemas no harían más que crecer. Una Comisión sin una política climática firme no podría reducir la inflación ligada a la pérdida del rendimiento agrícola a causa del cambio climático. Una Comisión con una política comercial ambigua sería una doble condena para los agricultores, al desprotegerlos frente a productos que vienen de fuera, mientras ponen barreras dentro de Europa reduciendo así la capacidad exportadora de una potencia agrícola como España. Una Comisión y un Parlamento que no se ocupen de los problemas reales del medio ambiente y de los agricultores simplemente nos harán la vida más difícil a todos, con un impacto a largo plazo preocupante e impredecible.

En tercer lugar, los derechos humanos y la democracia estarían bajo amenaza en una Europa que nada tendría que ver con la visión de sus fundadores. La Comisión dejaría de ser un contrapeso para países como Hungría que intentan saltarse el Estado de derecho y controlar los tribunales constitucionales para aplicar su agenda involutiva. Si Meloni es una aliada de la Comisión, los derechos del colectivo LGTBIQ+ no sólo se verían atacados en Italia, sino en todo el continente. Del mismo modo, podemos esperar que el feminismo, la lucha contra la desinformación y todas aquellas cuestiones relacionadas con profundizar nuestras democracias y avanzar en derechos, acabarían en el cajón del olvido. Europa ya no sería aquella idea moderna de rechazo unánime al fascismo como condición para poder construir un continente basado en normas justas y en una convivencia democrática.

Frente a esta Europa oscura, existe un modelo capaz de resolver los conflictos territoriales, capaz de acabar con la austeridad para gobernar en favor de la mayoría social, capaz de acelerar la transición ecológica con un despliegue récord de energías limpias, y capaz de ampliar la democracia con nuevos derechos. Es el mismo modelo que ha logrado que la extrema derecha retroceda en España porque ha puesto en práctica soluciones justas a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Ese modelo se llama socialismo democrático, y liderado por el PSOE en España, ha logrado avances colectivos inimaginables hace sólo unos años.

Nos encontramos ahora ante unas elecciones cruciales para el futuro de Europa. Y tenemos que ser conscientes de que la situación no es “que viene el lobo”, porque el lobo ya gobierna en países como Italia, Hungría, Suecia y, en breve, Holanda, y ahora está a punto de tocar poder en Europa. Nuestra movilización es la única que puede frenar a los que quieren acabar con la Europa de democracia, de paz y de fraternidad. Por eso, en estas elecciones, debemos votar masivamente al PSOE, porque necesitamos Más Europa y porque el socialismo es el único modelo que funciona para la mayoría social en un mundo tan complejo. Este 9 de junio, llenemos las urnas de esperanza. Europa nos necesita.

Joaquín Gonsálvez Castillo
Sº de Organización de las Juventudes Socialistas de Benalmádena (Málaga).Fue becario en el Consejo de la Unión Europea

Tribuna Socialista entrevista a Ana Rosa Encinas Gilarranz

Ana Rosa Encinas es madrileña, se licenció en Medicina en la Universidad Complutense. Realizó la especialidad de Medicina del Deporte y cursó la formación de Psicoterapia en la Escuela Madrileña de Terapia Gestalt. Madre de 2 hijos. Comienza su activismo en defensa de la Sanidad pública en las movilizaciones de la Marea Blanca. Participa en la Plataforma de Centros de Salud y en varios colectivos en defensa de la Sanidad pública.
Desde hace 38 años, ha desempeñado su trabajo como médica de Atención Primaria, 20 en el barrio de Usera y los 18 últimos años en Carabanchel, donde continúa siendo testigo del deterioro progresivo de nuestro sistema sanitario público.

Pregunta: El domingo día 19 hubo en Madrid una nueva manifestación muy multitudinaria en defensa de la Salud Pública ¿qué sensaciones te quedan tras esta repuesta de la ciudadanía a la convocatoria?

Vivimos en una sociedad que nos empuja al individualismo y a la falta de empatía, potenciando el aislamiento y la soledad, un buen caldo de cultivo para enfermar, en la que se intenta dinamitar vínculos.

Las movilizaciones ciudadanas no son fáciles y la resignación y falta de esperanza en un posible cambio, son nuestros peores enemigos.

Partiendo de esta premisa, creo que debemos sentir alegría y orgullo al ver a tantos miles de personas inundando nuestras calles, exigiendo que nuestro sistema sanitario público reciba la inversión necesaria y la gestión adecuada, evitando la privatización, para poder hacer sostenible el sistema y tener una atención digna, de calidad y universal.

P: El espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid lleváis varios años en movilización ¿por qué hay que movilizarse para defender la Sanidad Pública? ¿qué está ocurriendo en Madrid?

Todas las personas que aquí vivimos (aunque no se padece de igual manera según las zonas y clases sociales) vemos el deterioro de la atención sanitaria recibida. La ciudadanía tiene dificultades de acceso a su Centro de Salud: en algunos lugares les derivan a otras localidades, sin tener en cuenta que para algunas personas resulta complicado el traslado y siempre rompe la relación terapéutica; el aumento del tiempo de espera con su profesional (de hasta 20 o 30 días); la falta de pediatría en muchos centros (agrupan y deben desplazarse a los centros referentes, perdiendo longitudinalidad y seguimiento); la falta de profesionales en horario de tarde (el futuro será cierre a las 18 horas, sin valorar que muchos horarios laborales terminan tarde) También sufrimos la falta de médico/a en la mitad de nuestros centros de urgencias extrahospitalarias (aquí debemos hablar de las muertes ocurridas en estos centros sin médicx, ya son 5 muertes publicadas que quizá se hubieran evitado con equipo completo).

A nivel hospitalario padecemos una lista de espera interminable para revisiones, pruebas diagnósticas o cirugía hospitalaria (hemos superado el millón de personas en lista de espera y desconocemos el número de personas que fallecen esperando su cita).

La Sanidad Pública es un derecho social que nos iguala a todas las personas, un derecho humano básico contemplado en la Constitución y en las leyes centrales y autonómicas.

Es necesario defenderlo porque nos va la vida en ello.

P: Es evidente que los vecinos y las vecinas tienen derecho a expresar su opinión, señalar los problemas y exigir soluciones ¿qué y quién puede aportar soluciones a la situación que está sufriendo la Sanidad Pública madrileña?

La enfermedad se ha convertido en uno de los negocios más rentables. Todas las personas somos pacientes cautivos, debido a ello la privatización de la Sanidad pública se extiende a todo el Estado y ocurre lo mismo en otros países.

A Madrid le transfirieron las competencias en Sanidad en 2001 y es el Gobierno autonómico quien decide los presupuestos raquíticos y la despiadada desviación de dinero público a empresas privadas: de cada 2 € presupuestados para la sanidad pública, 1 € termina en manos privadas.

Es nuestra Consejera de Sanidad la que debería tener la intención política de hacer sostenible el sistema público, con inversión adecuada e impidiendo la sangría que supone la privatización.

Somos conscientes de que las leyes que permiten la privatización tienen rango estatal: Ley 15/86 (artículos 66,67 y 90) y Ley 15/97, leyes que, por coherencia, deberían ser derogadas.

La ciudadanía debe exigir la reversión de todo lo privatizado porque somos los titulares de nuestro sistema sanitario.

P: Como trabajadora de la Sanidad Pública ¿cuál es el problema más grave al que os enfrentáis los y las profesionales sanitarias?

Comenzaré explicando que hay déficit de plantilla de todas las categorías y en todos los niveles asistenciales, esto conduce a una sobrecarga laboral generalizada.

En el caso de medicina de familia y pediatría hay 500 plazas vacantes, por lo que los pacientes son repartidos entre los profesionales que estamos, las agendas son interminables y tenemos insuficiente tiempo para poder escuchar, diagnosticar, tratar y acompañar a los pacientes, así como maltrato e incumplimiento de nuestros derechos laborales.

En Madrid faltan profesionales porque se van de aquí, buscando mejores condiciones de trabajo. Aumentar las plazas en Universidades y en la formación de especialidad no soluciona totalmente el problema. Madrid es un lugar frecuentemente elegido para la formación, tenemos muy buenos centros y prestigiosos profesionales, el problema son las condiciones laborales: habrá que igualar la oferta a la que encuentran en sus lugares de destino.

P: Las trabajadoras de la Sanidad Pública, como todas y todos los trabajadores, también enfermáis. En calidad de paciente ¿Cuál es el problema más grave?

A raíz de la pandemia hemos tenido que atravesar momentos muy dramáticos, sosteniendo mucho sufrimiento de muchas personas. Para algunos compañeros y compañeras ha sido un shock postraumático, que arrastran y se suma a la sobrecarga en el trabajo, precisando medicación y/ o baja laboral.

Muchas sentimos que están profanando nuestro trabajo, es difícil dar la atención humana adecuada.

P: Por último, ¿qué le dirías a una persona que piensa que no se pueda hacer nada?

Le recordaría que la Marea blanca impidió la privatización de 6 hospitales y 27 Centros de Salud e impidió que el Hospital de la Princesa se convirtiera en un geriátrico. Más actualmente, nuestras movilizaciones han obligado a reabrir los 37 servicios de urgencia urbanos, aunque no todos con equipo completo. Hemos frenado el cierre de la tarde por ahora…

La ciudadanía debería tomar conciencia de la gravedad del tema. Sería muy interesante que fuéramos capaces de aumentar la red de vínculos y de implicación, hacer una Auditoría ciudadana manejando la información que pretenden ocultar los responsables de nuestra gestión sanitaria, los que nos despojan de lo que es nuestro.

Roberto Tornamira para Tribuna Socialista

16 de junio: Marcha Republicana

Este mes de junio, concretamente el día 18, se cumplen diez años desde la abdicación de Juan Carlos de Borbón en la persona de su hijo Felipe, pues, como todos y todas debemos saber, para ser rey en España solo se tiene que cumplir con el requisito de ser descendiente de la familia Borbón. Y en ese chollo llevan desde 1700, con Felipe V.

No es mi intención hacer un relato de la historia de la Casa Borbón, pero no me resisto a no hacer mención de algunos prendas de este clan de migrantes franceses.

Esta dinastía no ha escatimado en sangre ajena para consolidarse en el trono. Comenzó Felipe V metiéndonos en la Guerra de Sucesión (1701-1713) en su disputa con la Casa de Austria. Tras hacerse con el trono, este primer rey Borbón, impuso los decretos de Nueva Planta, derogatorios de las leyes que regían los reinos de Valencia, Aragón y Mallorca, así como con las del Principado de Cataluña. Es decir, que se le puede apodar perfectamente Felipe V “El Español”, como fundador del nacionalismo españolista excluyente que hoy conocemos.

En 1746 llegó Fernando VI, un racista consumado que se dedicó a perseguir a la etnia gitana. Este individuo destruyó familias enteras; separando a hombres por un lado y mujeres e hijos por otro, con dos destinos: trabajos forzados o prisión. Vamos, que cuando llegaron los nazis ya se había inventado bastante.

Carlos III, fue un déspota ilustrado que al menos no nos metió en demasiados líos bélicos, más allá del que lio su ministro de Hacienda y de la Guerra, el Marqués de Esquilache, quien a nombre de la seguridad impuso normas represivas que prohibían el uso del sombrero de tres picos y la capa, aunque la historia no deja claro si el motín no estuvo más bien motivado por los altos precios del pan y los productos básicos. Este Borbón también nos dejó en herencia la rojigualda, el himno y las Cibeles, entre otras muchas cosas.

En 1788 comenzó a reinar Carlos IV, conocido como “El títere de Godoy”. A este Borbón no se le ocurrió otra cosa que intervenir contra la Revolución francesa que comenzó 1789, en la que “rodaron cabezas”, y no es en sentido figurado. La aventura tuvo severas consecuencias para la España borbónica, y, a posteriori, abrió las puertas de par en par al clan Bonaparte.

Termino el somero repaso histórico con Fernando VII, del que bastaría decir que se le apodó “El Rey Felón”. Entre las muchas barbaridades que cometió está la de derogar la primera Constitución, “La Pepa”, la de 1812. Además, restauro el absolutismo en dos ocasiones, la 1ª entre 1814 y 1820 y la 2ª entre 1823 y 1833. Este segundo periodo es conocido históricamente como “la Década Ominosa” (abominable), por la represión y persecución que aplicó contra los precursores del trienio liberal.

Son muchos las sombrías páginas de nuestra historia que han firmado los miembros de esta dinastía. No sería del todo exagerado decir que a los españoles y españolas nos va la marcha. Pues aquí tenemos a los dos últimos ejemplares de esta familia; el Emérito, heredero directo de las leyes de sucesión del dictador y el hijo, que nada sabía del fortunón y los Ferrari, de lo que ha disfrutado en su juventud, ni de los inmuebles en Londres y vaya usted a saber qué más. Todo, producto de la práctica del deporte nacional por parte de su papá: “el comisionismo”.

Somos una sociedad que avanza y que mayoritariamente quiere evolucionar y no quedar anclados en el cepo del anacronismo. Por eso República es futuro y Monarquía rancio pasado. República con derechos sociales, con un fuerte y consolidado Estado de Bienestar, en el que Sanidad, Educación Pensiones y Dependencia no sean tajada para el beneficio privado. República para la convivencia, en la que los derechos, leguas, tradiciones y culturas de los pueblos que componen el Estado sean respetados y no excluidos ni perseguidos. República para la paz con otros pueblos, rompiendo con la dinámica de guerra en la que nos tienen sumidos.

Por todo eso, por la III República, saldremos a las calles de Madrid el 16 de junio.

Rogelio Obrador
Socialista, Laico y Republicano

Europa, España y las Repúblicas necesarias

«Es ineludible (…) un proceso constituyente en el continente, impulsado por una alianza entre trabajadores y pueblos, que alumbre una Unión Europa federal o confederal. Una unión que habría de incluir a la Federación de Rusia -el Estado más extenso del planeta- junto al conjunto de pueblos europeos; solo así podrá alcanzarse un futuro de paz estable y de prosperidad en la región»

Ante las inminentes elecciones al Parlamento Europeo, expongo algunas reflexiones urgentes sobre lo que entiendo como Repúblicas necesarias.

Las izquierdas soberanistas de las naciones sin Estado que actualmente forman parte del Reino de España -es decir, Catalunya, Euskadi y Galicia-, constituyen de hecho la principal fuerza republicana, pues el republicanismo español, fuertemente nacionalista, no alcanza por ahora a tener la coherencia ni la unidad necesarias para hacer caer la monarquía, sin las cuales jamás podrá proclamarse una República federal o confederal.

El nacionalismo españolista contribuye, en todo caso, a la continuidad del Estado borbónico impuesto por la dictadura, validado por la Transición, y, por tanto, a su proceso de descomposición. Un proceso histórico que conduce inexorablemente a su desmembración, con el consiguiente riesgo, a medio plazo, de una nueva confrontación civil.

Es obvio que estas naciones hermanas son mayoritariamente republicanas, y reivindican, por tanto, su derecho a decidir.

Muestran con cierta recurrencia su indignación de naciones oprimidas, ocupadas por un ejército franquista, que hirió de muerte a la II República española en el siglo pasado, e impuso una dictadura genocida.

Por ello, los pueblos soberanistas del Estado español, representan una opción netamente patriótica de ruptura democrática, al oponerse de forma efectiva a la forma de Estado impuesta durante la llamada Transición.

Una Transición dirigida por un rey Borbón, franquista e inviolable, fugado a Abu Dabi; sucedido por su hijo, también un rey Borbón, franquista e inviolable; es decir, impune, aunque delinca.

Por si fuese poco, detenta una jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas sustentada en las leyes fascistas de sucesión decretadas por Franco.

La alianza electoral de ERC, BNG y EH Bildu al Parlamento Europeo prueban su coherencia republicana y federalista, trasladando un potente mensaje democratizador, desde el Sur de Europa, al corazón de la Unión.

El nacionalismo no es algo intrínsecamente malvado, en tanto se constituye como expresión de la cultura, de la literatura, del arte, de la lengua de un pueblo. Sin embargo, es preciso distinguir entre sus aspectos culturales y sus aspectos políticos.

En efecto, respecto a lo primero, hay mucho que admirar en los nacionalismos, pues preservan la diversidad: diferentes modos de ver el mundo y de expresar el pensamiento que enriquecen el patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, en política, el nacionalismo puede derivar en el mal absoluto.

Los movimientos de extrema derecha son una reacción a la ruina, cuando las capas populares se sienten abandonadas a su suerte. En el siglo pasado dio lugar al nazi-fascismo: una forma de nacionalismo intrínsecamente malvado; el mal en estado puro.

El nacionalismo, cuando oprime a otros pueblos, e inculca el odio proclamando su supremacía racial, religiosa, económica, militar o política, acaba imponiendo regímenes totalitarios.

Es el caso, actualmente, del Estado Israelí que, al oprimir sanguinariamente al pueblo palestino, ha derivado en un estado de características neonazis, causando un auténtico genocidio. La solución a este conflicto solo puede provenir de la imposición por parte de la comunidad internacional de una solución análoga a la que se alcanzó en Sudáfrica. Es decir, un Estado democrático único, laico, de ciudadanos libres, con los mismos derechos y deberes ante la ley, que acoja en paz y harmonía a ambos pueblos.

El nacionalismo español -que se materializó tras la llegada de los Borbones a España en 1700- tiene una componente fuertemente reaccionaria y ridículamente imperialista.

Así lo prueba el himno de la Armada española: “El imperio a España vendrá por los caminos del mar. Hay que morir o triunfar…” cuya letra fue escrita por José María Pemán, ferviente escritor monárquico, distinguido en 1981 con el Toisón de Oro, que ocupó en septiembre de 1936 la presidencia de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la incipiente dictadura.

Historiadores como Paul Preston afirman que este personaje celebraba la represión, alentando así la matanzaque llenó de fosas comunes cunetas y cementerios de España. Un horror aún impune.

El imperio a España vendrá… Afirmación cuando menos ridícula, pues el Reino de España es un Estado sometido al yugo imperialista, al igual que el resto de la Unión Europea, cuyas bases militares sobre nuestro suelo ponen en grave riesgo a los pueblos del Estado y a la paz mundial, al formar parte de una alianza militar compulsivamente agresiva, puesta al servicio del complejo militar-industrial de los USA.

Como es bien sabido, la OTAN, no es ni mucho menos una organización pacifista, pues constituye el instrumento principal de dominio político-militar sobre los pueblos de la Unión Europea, y de agresión directa a otros pueblos. Así es en el caso de Ucrania, utilizada, junto al resto de la Europa occidental, como ariete contra Rusia. Una guerra imperialista entre dos potencias, motivada por intereses económicos y geoestratégicos de los dos bloques realmente enfrentados: USA y Rusia.

Se trata de una guerra por el dominio de los mercados, de las fuentes de energía y de los minerales especiales. Es una guerra iniciada, de hecho, en 2014 por el llamado “golpe del Maidán” en Kiev, propiciado por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Guerra imperialista que está provocando una auténtica guerra civil en el corazón de Europa, de forma análoga a lo que ocurrió en 1914, con el riesgo de extenderse al resto del continente; a fin de cuentas, una pequeña península del gran continente euroasiático.

Solo una Europa federada, sobre la base de una alianza entre trabajadores y pueblos, de Tarifa a los Urales, podrá asegurar una paz estable en el continente, pues Rusia es parte esencial de nuestro futuro y prosperidad, y no es ni ha sido nuestro enemigo, sino parte primordial de la cultura y de la ciencia europeas.

Por el contrario, los USA sí estuvieron en guerra contra España a finales del siglo XIX y, posteriormente, en la segunda mitad del siglo pasado, instalaron bases militares extranjeras en nuestro suelo. Una humillación impuesta al pueblo español por el gobierno norteamericano, como tributo imperial en pago a su apoyo al dictador genocida Francisco Franco, hipotecando de este modo la soberanía de nuestros pueblos; odiosa humillación ratificada una vez más por el régimen borbónico del 78.

Las instituciones de la Unión Europea padecen un grave déficit democrático; tan solo su Parlamento goza de cierta legitimidad, pues es la única institución cuya composición emana directamente de la voluntad popular; aunque sus poderes son muy limitados y no representa, en absoluto, la soberanía de sus pueblos.

Europa debe emanciparse del dictado de los USA y de los grupos de presión financieros, creando una defensa propia unificada, a las órdenes de un gobierno federal, o confederal, emanado de la voluntad popular.

Es ineludible, por tanto, en un futuro no lejano, un proceso constituyente en el continente, impulsado por una alianza entre trabajadores y pueblos, que alumbre una Unión Europa federal o confederal. Una unión que habría de incluir a la Federación de Rusia -el Estado más extenso del planeta- junto al conjunto de pueblos europeos; solo así podrá alcanzarse un futuro de paz estable y de prosperidad en la región.

Manuel Ruiz Robles
Capitán de navío retirado, ex miembro de la disuelta UMD
Portavoz de militares demócratas (Anemoi).

La República cada vez más cerca

Encuesta monarquía

Un 40,9% de los españoles APOYARÍA la república en un referéndum frente a un 34,9% que VOTARÍA POR la monarquía

La encuesta de 40dB, impulsada por 16 Medios Independientes, apunta hacia una importante división sobre la forma de Estado. Un 47,8% esta a favor de la celebración de un referéndum y un 36,1% en contra. La mayoría de los encuestados suspenden a la institución monárquica, aunque creen que proporciona orden y estabilidad política.

El republicanismo crece en España. Afirmación sustentada en la percepción de que existe una corriente de fondo en la sociedad favorable al advenimiento de la III República; que no se puede verificar con datos actuales desde que en 2015 el CIS dejó de preguntar en sus encuestas sobre la disyuntiva Monarquía o República. Los últimos son de 2020, cuando el gabinete demoscópico Sináptica realizó un muestreo para el diario Público, que señalaba que el 51,6% de los encuestados optaban por la República, frente al 34,6% que preferían la Monarquía. Mayoría republicana que era transversal entre los sexos y franjas de edad.

Datos que, a falta de otros más actuales, confirmaban que una creciente mayoría de españoles consideran la monarquía como un régimen obsoleto, propio de un pasado remoto donde la incultura de las personas fomentada desde el poder, en comunión con la creencia religiosa de que las personas no tenemos capacidad ni conocimiento para auto organizarnos, forjaban la idea perversa de que debemos ser dirigidos por un ser superior, un Rey, encarnación del poder divino, con libertad para hacer y deshacer a su antojo y sin control. Imagen que pervive como poso mental, a pesar de que las monarquías se hayan trasformado en parlamentarias y hayan perdido parte de su poder omnímodo, aunque mantienen un oropel de cuento de hadas que encandila e infantiliza a un sector de población cegado ante su obsolescencia.

La República no es solo una necesidad, una demanda, propia de una sociedad moderna, sino una exigencia para que la ciudadanía recupere el poder de representarse a sí misma, por un igual elegido libremente y por sufragio, entre una oferta de candidatos que no están tocados por ninguna varita divina. República que en la sociedad española está asociada históricamente a la ampliación de derechos y libertades para las personas, y a la reducción efectiva de la influencia social y los privilegios de los que viene gozando la Iglesia católica de manera inveterada. Hoy el Rey de España sigue siendo inimputable, y la Iglesia recibe una fuerte subvención del Estado, y prebendas en cuanto al pago de impuestos por sus inmuebles, a lo que hay que sumar la fuerte implantación de las órdenes y congregaciones religiosas en la Educación, por la vía de los colegios concertados, con lo que ello supone de trasvase de dinero público a la Iglesia y, lo que es peor, el alto grado de adoctrinamiento del alumnado.

Al cumplirse diez años de la abdicación de Juan Carlos I, justo es reconocer que nadie ha hecho tanto como él para incrementar el número de republicanos, una vez descubiertos sus desmanes económicos y amorosos, propios de quien se siente libre de tener que justificarse y dar explicaciones a nadie. Trayectoria que confirma la falsía de la llamada monarquía parlamentaria, donde el Rey, además de tener manos libres para hacer y deshacer, porque es inimputable, tiene la potestad —no solo divina, sino devenida de un dictador que le colocó ahí— de sancionar con su firma lo que deciden los españoles a través de sus representantes. Demostración de la pervivencia de la visión candorosa y simple de la sociedad que necesita que un Rey dé por buenas las decisiones que, los súbditos, adoptan a través de sus representantes, no vaya a ser que estén equivocados. Floración de republicanos fruto de la confirmación de su ambición de Tío Gilito, por almacenar riquezas, privilegios y amistades peligrosas. Por no hablar de su papel en el Golpe del 23F como defensor único de la Constitución y la democracia, hoy cuestionado por periodistas e historiadores, a pesar de los meapilas que han forjado la imagen de hombre bonachón y sociable. El “padrecito” llamaban los campesinos y empobrecidos obreros rusos al Zar.

Frente a los desmanes de su padre, Felipe VI, intenta no ser tan protagonista ni disoluto en su vida privada y pública, a tal punto que su papel se limita al meramente representativo abriendo el debate sobre la necesidad de mantener a un figurón, sostenido por un nutrido grupo de corifeos mediáticos que ven en él el puntal necesario, imprescindible, que acentúa y mantiene el modelo clasista que estratifica la sociedad entre los de arriba y los de abajo, los tocados con el poder económico, y los menestrales. Defensores de la monarquía con el argumento de que su papel arbitral garantiza que no volveremos al “Duelo a garrotazos” que expresó Goya en su cuadro, como metáfora de una sociedad inculta que no sabe dialogar. Hoy la sociedad es otra y diferente a esa visión maniquea que maniata cualquier cambio sustancial del orden social, aunque la estrategia de la derecha nos teledirija de continuo a la dicotomía clásica: la Monarquía encarna a los buenos, a la gente de orden, frente a la República que representa a los desarrapados y revolucionarios que quieren “dar la vuelta a la tortilla”. Un árbitro que dice garantizar la convivencia, pero que si es preciso se pone la gorra de plato que a su padre le fue entregada junto con la corona, herencia de las leyes de sucesión dictadas por el inquilino de El Pardo.

Exigir una consulta para saber si preferimos una República o una Monarquía no es un radicalismo asentado en la ilusión romántica de lo que pudo ser y no fue; porque la República no es un simple cambio en la estructura del Estado, sino la necesidad de desprendernos de una vez la moralina rancia y fuera de tiempo que representa la Monarquía. República necesaria para abrir las ventanas al nuevo tiempo, al siglo XXI, que oreé la sociedad y liberare las mentes del simbolismo arcaico de un tiempo que ya nunca volverá.

Vicente Mateos Saiz de Medrano
Periodista, doctor y profesor universitario
Madrid

Defender la justicia social en Europa

Mientras decenas de miles de personas se manifestaban en Madrid en defensa de la sanidad pública, la ultraderecha se concentraba en Vistalegre bajo el lema ¡Europa Viva 24! con la presencia presencial o telemática de los principales líderes de la ultraderecha europeos y mundiales, incluído el provocador Javier Milei. De lo que más se ha hablado en los medios es de los insultos proferidos contra la esposa de Pedro Sánchez, abriendo incluso una crisis diplomática con el pais hermano Argentina. Sin embargo, lo más grave de las intervenciones de Milei fue el ataque furibundo al concepto de justicia social.
La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz.
Todas las personas tenemos necesidades básicas comunes, que se traducen en derechos humanos fundamentales: el derecho a la propia identidad, a la supervivencia, a la salud, a la educación, a expresarnos con libertad y a ser tratados con dignidad y respeto… Atacar el concepto de justicia social es arremeter contra la salud, contra la educación, y contra todos los servicios públicos que nos permiten mantener unos mismos derechos independientemente del nivel de renta de las personas.
El liberalismo económico ha cargado reiteradamente contra las políticas sociales que garantizan esta justicia social, permitiendo que sea el mercado quien regule. Quien pueda pagar un médico privado permanecerá sano, quien pueda pagarse una carrera universitaria podrá acceder a un trabajo más cualificado…y quién no, pues se siente.
Cuando las necesidades fundamentales no se satisfacen se genera desigualdad, pobreza, guerra y muerte, y por eso la socialdemocracia siempre ha defendido las políticas sociales, los servicios públicos y la redistribución de la riqueza, frente a quienes quieren dejarlo todo en manos del mercado, la desregulación y favoreciendo al más poderoso económicamente.
Lo que defienden Orban en Hungría, Meloni en Italia, Milei en Argentina, LePen en Francia, o Abascal y Feijoo en España son políticas de recortes sociales. Lo que proponen para Europa y para el mundo es la guerra, el conflicto, la desigualdad y la libertad de mercado extrema, creando zonas francas, sin derechos para que las empresas exploten a los «zurdos», los «descamidados», en definitiva, a la clase trabajadora.
Defender la socialdemocracia y defender Europa es defender la justicia social, defender los servicios públicos, los derechos colectivos, las políticas de redistribución de la riqueza, y eso hoy está en claro peligro, por la tibieza de las propuestas de políticas sociales europeas, por la falta de unas instituciones europeas que se centren en la justicia social y por el ataque furibundo de la extrema derecha que se aprovecha de la debilidad institucional europea y del populismo que arraiga cuando no hay propuestas sociales.
A la clase trabajadora de España, de Europa, del mundo, no nos basta hoy con avisar «que viene el lobo». El lobo ya está aquí hace años, privatizando la sanidad, la educación y las pensiones. El lobo ya está aquí hace años creando división entre pobres y más pobres.
Para el futuro de la clase trabajadora en España, en Europa y en el mundo es necesario fortalecer la socialdemocracia pasando a la acción con políticas de fortalecimiento de los servicios publicos y de nacionalización de los sectores estratégicos hoy en manos privadas. Con políticas de redistribución de la riqueza. Con impuestos…sí, con impuestos progresivos que hagan que contribuya más el que más tiene y que permitan financiar la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, las infraestructuras. Con políticas de recuperación del poder adquisitivo de los salarios y de contención de los precios. La receta está inventada pero hay que ponerse a cocinar porque sino la barbarie irá a más.
Los signos distintivos de la vieja Europa, la Europa de los derechos que soñaban Willy Brandt y Olof Palme se contruía bajo el paradigma de la Justicia Social. Eso es lo que se quieren cargar esta gente de la derecha y la extrema derecha. El 9J piensa qué, a quién y por qué votas.

¡Más justicia social!

Baltasar Santos
Primer Secretari agrupació PSC-El Vendrell

¡Madrid sigue en pie en defensa de la sanidad pública!

Una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos tiempos

Convocada y organizada por el espacio “Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid” el pasado día 19 tuvo lugar una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos tiempos, se movilizaron decenas de miles de personas bajo el lema ¡Madrid sigue en pie por la Sanidad Pública!

Ocurrió lo mismo en noviembre de 2022 y en febrero de 2023, y ha vuelto a suceder el 19 de mayo de este año, que miles de personas salieron a las calles para defender su Sistema Público de Sanidad en Madrid. Dijese lo que dijese Delegación de Gobierno, estas movilizaciones, las mayores vistas en Madrid desde 2003, cuando los partidos de izquierda y las dos grandes confederaciones sindicales organizaron la movilización para rechazar la brutal Guerra de invasión de Irak, urdida por los USA con la complicidad de Gran Bretaña, en la que Aznar nos implicó. Y en los tiempos más cercanos solo son comparables a la movilización del 8M.

Son varios los factores que otorgan mayor valor a la tremenda riada de personas que se echaron a la calle a defender un derecho básico, el derecho a la Salud: por un lado, las anteriores manifestaciones fueron convocadas en fechas previas a periodos electorales locales o autonómicos, lo que siempre activa a la opinión pública y anima la movilización; otro elemento es que en esta ocasión los sindicatos médicos no estaban reivindicando mejoras laborales, cosa que si ha coincidido en anteriores convocatorias; y la coincidencia de manifestaciones y movilizaciones en el mismo momento temporal, como han sido las huelgas laborales en Educación, las manifestaciones de rechazo al Genocidio en Gaza o, el mismo día 19, la concentración antifascista que se celebró cerca de la Plaza de Cibeles el mismo día y a la misma hora que tenía lugar la manifestación por la Sanidad Pública. Por tanto, objetivamente, a pesar de estos factores que normalmente no ayudan al éxito de una movilización de masas, se ha superado la adversidad con un éxito más que notable.

Esta capacidad de movilización pone en evidencia a quienes argumentan frívolamente que “la gente no quiere luchar”. Pone en evidencia la dimisión de la izquierda en su forma de hacer y relacionarse con la mayoría social, fomentando una distancia cada vez mayor entre quienes dirigen las organizaciones de la clase y esa mayoría social: trabajadores, pensionistas, desempleados, autónomos y estudiantes.

El éxito no tiene fórmulas mágicas, solo mucho trabajo y la firme determinación de personas convencidas de que defender lo público es cosa de todas y todos. Sin financiación ajena a los propios vecinos, sin aparatos, sin nada más que tiempo y dedicación militante. El asociacionismo vecinal independiente está fuerte y ha demostrado nuevamente que la política sana también existe; la de quienes viven de su trabajo, los que pagan sus impuestos, las y los ajenos a corrupciones e intrigas.

La carcoma de la privatización y los recortes presupuestarios están destruyendo la Sanidad Pública. No son políticas nuevas, llevamos muchos años asistiendo a ajustes en presupuestos con la excusa de las crisis: 2008 inmobiliaria y financiera; 2020 pandemia COVID; 2022 Guerra en Ucrania, todo vale para justificar que hay que cumplir con el artículo 135.3 de la Constitución, el que dice: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Y cuando dice absoluta, es por encima de cualquier otra necesidad de gasto social. Las deudas hay que pagarlas, excepto si eres la Banca y el Estado te da más de 100.000 millones de euros y no te los reclama.

Ante nuestras narices, detraen dinero público de la Sanidad, la Educación, las Pensiones o la Dependencia y no se cortan en incrementar los gastos militares. Recortan dinero para curar y educar, para destinarlo a matar.

La privatización en la Sanidad está legalizada desde 1986, cuando en la Ley 14/86 Ley General de Sanidad, en sus artículos 66, 67 y 90, estableció los convenios singulares y conciertos con hospitales privados. Fue la Ley 15/97 la que abrió de par en par puertas y ventanas a la entrada de las empresas privadas en la gestión de la Sanidad Pública, sin ninguna restricción, tal como establece el artículo único de esta Ley del primer Gobierno del PP de Aznar: “a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho” ¿Acaso lo coherente no es exigir la derogación de esta legislación? Además, no es casualidad que en torno a la gestión privada de los servicios públicos florezca con frecuencia la pestilente corrupción.

La Manifestación del 19 de mayo ha puesto el foco en los problemas de la Sanidad en Madrid, que no son muy diferentes de los que ocurren en otras comunidades autónomas, pues la legislación antes citada habilita la privatización en todo el Estado.

Sigamos luchando, continuemos organizando a la mayoría que quiere resistir.

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid


Reproducimos el Manifiesto que fue leído al final de la Manifestación del 19 Mayo

¡Vecinas y vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid volvemos a salir a la calle para defender la Sanidad Pública! Lo hicimos el 13 de noviembre de 2022, el 12 de febrero de 2023 y aquí estamos, porque

¡Madrid sigue en pie por la Sanidad Pública!

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ni escucha ni oye la reivindicación de la ciudadanía en defensa de la Sanidad Pública; pero sí cede ante las exigencias de las empresas privadas de la salud, a las que engorda con dinero público. Recordar que más de 350.000 madrileñas y madrileños avalaron la Defensa de la Sanidad Pública, en la Consulta Ciudadana de abril de 2023.

La política privatizadora del Partido Popular está destruyendo la Sanidad Pública.

¡Se ha superado el millón de pacientes en lista de espera!

Esta insoportable situación es consecuencia de las irresponsables políticas del Gobierno de la Comunidad, que se resumen en una mezcla de privatización y racanería en la inversión en recursos humanos y materiales. Somos la Comunidad que menos dinero destina por habitante a la Sanidad Pública, un 30% menos que la media de las comunidades autónomas. Madrid no puede estar a la cola en la inversión. Exigimos un sustancial aumento en el presupuesto de Sanidad, acorde a las necesidades actuales, y que ese presupuesto sea destinado íntegramente a la Sanidad Pública.

Las condiciones de trabajo de las y los profesionales de la sanidad pública madrileña son malas: alta responsabilidad y jornadas de trabajo extenuantes, provocan un déficit de profesionales en Pediatría y en Medicina Familiar y Comunitaria, así como en Enfermería. No se cubren las bajas cuando caen enfermos, ni cuando toman sus vacaciones, ni ante cualquiera otra circunstancia habitual en otros sectores de actividad. La política de no cubrir las vacantes por jubilación está destrozando los cuadrantes y las jornadas de trabajo. Por eso:

  • Para que cuando pidamos cita no tengamos que esperar meses.
  • Para que cuando acudimos al Centro de Salud, la médica o médico que nos atienda no sea diferente en cada visita.
  • Para que haya pediatras que atiendan a nuestras niñas y niños.
  • Para que en las urgencias extrahospitalarias de barrios y pueblos haya médicos y médicas, y que los equipos estén completos.
  • Para que cuando acudamos a las urgencias de un hospital no tengamos que esperar horas en los pasillos.

Si queremos una Sanidad de calidad, el personal sanitario no puede trabajar en precario. Por coherencia, apoyamos la exigencia de las asociaciones profesionales y sindicatos en la Sanidad Pública de equiparar las condiciones laborales con las mejores condiciones que se aplican en otras comunidades autónomas. Madrid es la comunidad más rica y la que peor trata a sus profesionales.

Los nulos esfuerzos de la Consejería de Sanidad por fidelizar a las y los MIR, junto con la alta tasa de jubilaciones, provoca un déficit de profesionales en Medicina Familiar y Comunitaria. Según datos de las asociaciones de profesionales, al finalizar el periodo 2021-2025, se habrá producido una reducción del 27%, pues se jubilarán 12.600 doctoras y doctores de Medicina Familiar y Comunitaria, pero solo accederán a una plaza 9.900 Médicos Internos Residentes.

Es inaceptable la falta de apoyo que tienen las decenas de miles de personas afectadas por COVID persistente en esta Comunidad.

El escándalo del cobro de 500 euros a las y los estudiantes de Formación Profesional Sanitaria, priorizando a los centros de estudios privados, delata y retrata las nocivas políticas de quien nos gobierna en Madrid.

La situación en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria es terrible y ofrece una de las versiones más dramáticas de la política del Gobierno autonómico. Que el 40% de los SUAP no tenga médico o médica, supone un riesgo para la población.

Los Servicios de Atención Rural, con frecuencia, carecen de personal médico en el 35% de los casos, quedando bajo la responsabilidad del personal de enfermería y celadores. Son muchos los pueblos de la Comunidad de Madrid en esta lamentable y peligrosa situación. Recordemos que el 27 de enero, un vecino de Majadahonda fallecía tras acudir al Centro “Cerro del Aire”, donde no había médica ni médico que pudiese administrarle la medicación necesaria.

El 86% de las madrileñas y madrileños piensan que faltan enfermeras y enfermeros en el Sistema Sanitario de Madrid, lo dice el estudio realizado por el Colegio de Enfermería. La política del Gobierno de la Comunidad está haciendo que los profesionales de enfermería tengan que migrar a otras comunidades u otros países, donde las condiciones laborales sean dignas.

En los tres últimos años el número de pediatras ha caído en un 30%, por eso es habitual encontrar Centros de Salud sin pediatra o saturados de pacientes cuando acudimos con nuestras hijas e hijos.

El caos en la Atención Primaria colapsa las urgencias en los hospitales. Urgencias hospitalarias que sufren la reducción del número de camas. Hoy, en Madrid, estamos un 33% por debajo de la media de la UE en camas por cada 1.000 habitantes.

Estamos muy lejos de cumplir con el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud, quien señala que el presupuesto destinado para la Atención Primaria tiene que ser el 25% del total del presupuesto sanitario; en Madrid estamos en el 10%. Exigimos que se alcance el 25% fijado por la OMS.

A la escasa financiación y la decisión de privatizar todo lo público, hay que añadir la falta de previsión. Lo hemos vuelto a vivir este pasado invierno, cuando muchos servicios de Salud, tanto extrahospitalarios como hospitalarios han colapsado ante la gripe estacional. De la misma manera, ¡el Gobierno de la señora Ayuso, hizo caso omiso del Artº 43 de la Constitución en 2020, al renunciar a organizar y tutelar la salud de miles de residentes en las Residencias de mayores de esta Comunidad, dejando morir y en absoluto abandono a 7.291 personas, fallecidas de forma indigna! al negárseles la asistencia sanitaria hospitalaria, siguiendo las directrices marcadas en los “protocolos de la vergüenza”.

El artículo 43.2 de la Constitución, dice:

“Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios…

La otra cara de la moneda son las empresas y aseguradoras de la salud privada. Por ejemplo, la empresa Quirón ha crecido en sus ingresos hasta los 4.770 millones de euros en 2023, un 8% más que en el ejercicio anterior. Por su parte, las aseguradoras del sector sanitario han aumentado sus ingresos un 6,6% en 2023, alcanzando los 11.238 millones de euros.

La bicoca del negocio de la sanidad privada tiene su raíz en los convenios y conciertos con hospitales privados establecidos en la Ley 14/1986. Once años después, la Ley 15/97, amplió las “formas” de gestión del Sistema Nacional de Salud a “cualquier entidad admitida en derecho”.

Con la Ley 15/97, el negocio de la salud se puso a disposición incluso de empresas ajenas a la sanidad: consorcios, fundaciones, constructoras, etc. Con esas leyes se pusieron las pistas de aterrizaje para la privatización de la Sanidad Pública en Madrid. El entramado de la colaboración “público-privada” que ha posibilitado estas leyes ha llevado a su vez a la insoportable corrupción que se viene produciendo desde hace décadas. No es por casualidad que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya disparado un 1.900% el montante de los pagos realizados a la Empresa Quirón, pasando de 20 millones de euros en 2020 a 393 en diciembre de 2022. Tampoco es casualidad que en julio de ese mismo año fuese fulminada la Interventora General, la profesional pública encargada de fiscalizar estos pagos.

Las Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid decimos ¡Basta ya de destruir nuestra Sanidad Pública! Los servicios públicos no son propiedad de los gobiernos, son de los pueblos y su ciudadanía, de las generaciones de trabajadoras y trabajadores que han contribuido para que la red de servicios públicos sea posible y sea de calidad.

Decimos alto y claro que defender la Sanidad Pública es defender nuestra Salud, la de nuestras hijas e hijos y la de nuestros mayores. Es lo que vamos a seguir haciendo y os llamamos a todas y a todos a que os unáis a las asociaciones vecinales y plataformas de vuestros barrios y pueblos.

Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid

siempre con la Sanidad 100% Pública, de Calidad y Universal

con la Sanidad de todas y todos

Editorial: Antes de votar, pensemos.

El día 9 de junio volvemos a ser llamados a las urnas. El acto de poder votar es un hecho democrático básico, pero no debe convertirse en una liturgia por y para el hecho en sí, sino que debe suponer un periodo de reflexión más allá del día previo al que acudimos a introducir la papeleta en la urna.

Es necesario pensar en los cuatro años previos a los comicios para evaluar cuales son las consecuencias de nuestro voto, incluso, deberíamos pensar en el devenir de la Unión Europea en las últimas décadas, para intentar ver hacía donde vamos. Claro que cada cual tiene el derecho de votar a quién le plazca, de la misma manera que en nuestra libertad de expresión podemos y debemos reflexionar sobre las consecuencias del voto.

Por ejemplo, en 2009, nuestro gobierno socialista apoyó a Durão Barroso a la presidencia de la Comisión Europea, el mismo señor de centro-derecha -aunque su partido se hiciese llamar Social Demócrata, que el 16 de marzo de 2003, siendo presidente de la República de Portugal, había albergado la reunión de las Azores en la que Bush, Blair y Aznar lanzaron al mundo la vergonzante y criminal invasión de Irak, bajo la “fake” de las armas de destrucción masiva.

Traemos este episodio a colación, porque no está del todo claro que la izquierda no vaya a apoyar, o a abstenerse, ante la candidatura de la señora Ursula von der Leyen, del PP europeo, tras su exceso en apoyo incondicional al Estado sionista de Israel, cuando dio su “apoyo al derecho de Israel a defenderse” olvidando por completo cualquier otra consideración histórica en relación con la ocupación de Palestina por parte de Israel o del derecho internacional. Apoyo que la convierte en cómplice del Genocidio que Netanyahu lleva cometiendo desde hace 8 meses. El derecho a defenderse no da derecho al exterminio de un pueblo.

No debemos olvidar la guerra de Irak, que como podemos ver en la gráfica anterior dejó más de 100.000 muertos civiles; sabiendo que en esta cifra solo cuentan los cuerpos de fallecidos llegados a los hospitales o fallecidos en los hospitales, no así los desaparecidos bajo los escombros de los edificios, ni los muertos por consecuencias derivadas de la falta de alimentos y medicamentos; consecuencias impuestas por los bloqueos económicos. En el caso de Irak, esta es la cifra de muertes de civiles más baja, pues hay estudios que la elevan a 600.000. Una masacre a la que ninguna estancia judicial le ha abierto causa para juzgar a quienes promovieron o ayudaron a promover aquella guerra. Por ello, no miramos hacia otro lado en lo que está ocurriendo en Gaza, donde ya se han rebasado los 36.000 muertos, a los que habrá que añadir los más de 10.000 desparecidos.

En lo económico, la UE está tan subordinada a los Estados Unidos de América. Potencia que está poniendo en riesgo la propia supervivencia de la Unión Europea. No es solo una cuestión de necesidad de desarrollar una defensa propia, es la necesidad de defender y recuperar una industria propia, de apostar por un desarrollo tecnológico propio y la necesidad de desarrollar nuestro potencial de investigación científico, entre otras materias. El problema es que la UE es más un club de mercaderes en busca de rentabilidad que una Unión de Pueblos, donde los derechos sociales siempre quedan en segundo o tercer plano tras los intereses de los sectores como la banca, la energía, las farmacéuticas, etc., sectores que tienen a sus lobbies permanentemente defendiendo sus intereses económicos.

Recordemos que la Comisión Europea formó parte de “La Troika”, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE). El trabajo de La Troika fue sometido a revisión en marzo de 2014, por parte de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetario del Parlamento Europeo, así como por la Comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales. Las conclusiones fueron que “los países que solicitaron un rescate económico, aplicaron ajustes presupuestarios y reformas económicas”. ¿Tantos recursos para llegar a esa conclusión? También concluyeron, en particular la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que: “los programas de ajuste no deben servir para debilitar los acuerdos colectivos suscritos por los interlocutores, ni para recortar o congelar los salarios mínimos ni los sistemas de pensiones -poniéndolos en algunos casos por debajo del umbral de la pobreza-, ni para dificultar el acceso a la atención sanitaria, a las medicinas o una vivienda asequible”.

Todo eso está muy bien, pero las reformas laborales criticadas continúan en vigor en gran medida y son las que han provocado un pronunciado descenso en las rentas del trabajo que se plasma en el incremento de los índices de pobreza y exclusión social, que cerró 2023 con una tasa del 26,5% y que las carencias materiales de carácter severo han alcanzado el 9%, mientras, como vemos en la gráfica, en 2009 se situaba en el 4,5%.

Otros aspectos de las conclusiones se comentan solos, como por ejemplo la destrucción sistemática de la Sanidad Pública, por la vía de la privatización, la cual habría que revertir comenzando con la derogación de las leyes que la hacen posible, como la Ley 15/97. Y qué decir del drama que para los las jóvenes supone la imposibilidad de acceso a la vivienda y la precariedad en el empleo, factores que cercenan su emancipación.

La percepción de todo esto es que el Parlamento Europeo -único órgano sobre el que los ciudadanos deciden de forma directa, en las elecciones- así como sus Comisiones delegadas, pinta más bien poco y es la Comisión la que toma todas las decisiones, aunque luego sean criticadas por las propias comisiones parlamentarias. Suena a una puesta en escena en la que se salvaguardan los intereses económicos en detrimento de los intereses de la mayoría social de los pueblos de Europa.

En la misma línea, asistimos a una campaña electoral en la que, pretenden hacernos ver, que todo el problema es que viene la “extrema derecha”, para así hurtar el debate a la ciudadanía sobre la política de guerra, dictada desde Washington y aplicada por la OTAN, que nos pone en riesgo a todos los pueblos de Europa y que está empobreciendo a la mayoría de la sociedad.

Desde Tribuna Socialista lo hemos manifestado en muchas ocasiones, no somos neutrales, llamamos a votar a las candidaturas de la izquierda. Y, a la par, llamamos a los partidos de la izquierda a que sean nítidos en sus planteamientos y objetivos.

Ante las próximas citas electorales volveremos a reflexionar sobre ¿para qué sirve el voto?

El Comité de Redacción

Declaración Especial elecciones 12M en Cataluña

Por un gobierno catalán que le sirva a la mayoría social

A falta de conocer los resultados definitivos en detalle, en el momento de escribir esta declaración el PSC es el claro ganador de estas elecciones, con 42 diputados (nueve más que en las elecciones de 2021) por delante de Junts con 35 diputados; 20 diputados para ERC (-13) que se convierte en tercera fuerza y pierde la batalla independentista con respecto a Junts. ERC ha sido la principal castigada por el desgobierno de Catalunya. La bajada de En Comú Sumar y la CUP contrastan con la vuelta del PP (15) y la consolidación de VOX (11) y la irrupción de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana.
Este crecimiento de los movimientos de ultraderecha es una consecuencia típica en situaciones de confusión política donde se refugian aquellos sectores de la sociedad menos formados cuando no se ven atendidas su necesidades sociales. El cuadro de las elecciones se completa con la desaparición de C’S del Parlament de Catalunya, cuyos votos han vuelto al PP mayoritariamente.
Tiempo habrá de analizar en profundidad los resultados, pero una de las primeras conclusiones es que la mayoría social de este país ha votado opciones políticas que han defendido la amnistía y que apuestan por no judicializar conflictos que nuca debieron estar judicializados. Un mínimo de 107/135 diputados electos están en esta posición.
Una segunda conclusión es que la mayoría de los votos ha ido a partidos de izquierda y deberían entenderse buscando aquello que nos une, sin que lo que nos diferencia sea un obstáculo insalvable.
Otra de las conclusiones es que la independencia ha perdido fuelle, lo que no es óbice para obviar las razones por las que una gran parte de la población no se siente atada a la monarquía española (indepes y no indepes).
La apuesta por los indultos, la amnistía y la vía del diálogo han recibido el respaldo mayoritario de la sociedad, y por ello deben establecerse acuerdos con el resto de fuerzas políticas no solo para gobernar Cataluña sino también para tejer alianzas con el gobierno de Pedro Sánchez que permita sacar a los franquistas de las instituciones y abordar la agenda social que necesita la clase trabajadora en el conjunto del Estado.
Es decir, el PSC vuelve a ganar las elecciones en Catalunya pero para formar gobierno tendrá que llegar a acuerdos que permitan mejorar los servicios públicos, las infraestructuras que la región necesita, y para que los derechos sociales vayan acompañados de los derechos nacionales

Por un gobierno de izquierdas que defienda y mejore los servicios públicos
Por un gobierno que defienda y avance en el autogobierno de Catalunya
Por un gobierno que mejore el empleo y potencie la industria
Por un gobierno que atienda las reivindicaciones de los agricultores
Por un gobierno que apueste por el diálogo y la convivencia
Por un gobierno que gobierne para que derechos sociales y derechos nacionales vayan de la mano.
Por un gobierno que haga todo lo posible por saca a los franquistas de las instituciones
Por un gobierno que se pronuncie por romper relaciones con Israel, por un alto el fuego indefinido, y que ponga todos los medios a su alcance para que el pueblo palestino pueda vivir en paz y dignamente en su tierra.

Especial Genocidio en Gaza

Llámenlo por su nombre: GENOCIDIO

35.000 muertos, la mayoría mujeres y niños; más de 10.000 desaparecidos, probablemente muertos bajo los escombros; 1,4 millones de personas desplazadas; hospitales, escuelas y viviendas arrasadas a lo largo de toda la Franja de Gaza; la práctica totalidad de las infraestructuras han sido reventadas. Este es el balance cuando se acaban de cumplir 7 meses de asedio al pueblo palestino por parte de uno de los ejércitos mejor armados del planeta.

                Celebramos la respuesta que los pueblos vienen dando contra este Genocidio y que en estos últimos días ha prendido entre los y las jóvenes universitarias, comenzando en las universidades de los Estados Unidos y en las últimas horas también en varias universidades de Europa y del Estado español. La indignación recorre los pueblos, mientras los gobiernos están instalados en una contención vergonzante. Es evidente que si la inmensa mayoría de la sociedad no se ha echado a la calle aún es por la sordina que los grandes medios de comunicación le tienen puesta a la masacre que el Gobierno criminal que preside Netanyahu está perpetrando en Gaza.

                El doble rasero que las potencias occidentales están aplicando a la invasión del territorio ucraniano por parte de Putin y la impunidad con la que el Estado sionista de Israel está machacando Palestina, les pone en evidencia, en particular a los gobiernos de la UE, en connivencia clara con los intereses espurios de la Administración norteamericana.

                La aberración a la que estamos asistiendo es inaceptable, como lo es la usurpación planificada de un territorio que se viene produciendo desde hace más de 75 años. Un plan urdido tras la 1ª Guerra Mundial por Gran Bretaña y la Sociedad de Naciones.

                Es una salvajada a la que los gobiernos europeos, incluido el nuestro, se abstiene de llamar por su nombre: Genocidio. No bastan las palabras de condena. Resulta extemporáneo hablar en este momento de los dos Estados, misma martingala con la que vienen intentando engañar al mundo desde 1947. Israel es un Estado artificial, impuesto a sangre y fuego, contra el que el pueblo palestino tiene derecho a la defensa; una defensa que ha devenido en resistencia, dado que se trata de un pueblo desarmado, frente a un Estado militarizado.

                Es necesario que las grandes organizaciones, partidos y sindicatos que se dicen de izquierdas, estén al frente de la movilización. De lo contrario, continuarán instalados en la contradicción de hablar de respeto de los derechos humanos y ser a la vez cómplices de hecho, por no tomar ninguna medida contra el agresor e incluso mantener el mercadeo de armamento y tecnología para la guerra con el Estado israelí.

                Como ciudadanos de la pluralidad de pueblos que componen el Estado español, no nos sentimos identificados con el mantenimiento de la relaciones diplomáticas y comerciales de nuestro gobierno con el Estado sionista, por eso compartimos la exigencia de su ruptura. Aún menos coincidimos con el cinismo de los partidos franquistas, quienes se identifican con la matanza que Israel está cometiendo, llegando a la mezquina decisión política de otorgar medallas de “honor” al Estado israelí, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid.

                Llamamos a participar en la Manifestación del sábado día 11 y apoyamos las acampadas decididas por las y los estudiantes universitarios en nuestro país.

El Comité de Redacción