¡No al cierre de la fábrica de Schneider en Griñón!

Son más de dos años de lucha desde que en septiembre de 2021 la dirección de Schneider Electric nos comunicó, de manera sorpresiva, la “decisión estratégica” del grupo de deslocalizar. La decisión se ejecutaría a lo largo del año 2022. La decisión afecta a la principal línea de producción de nuestra factoría, esto es, la gama de nuestra solución de media tensión SM6-24 a otra fábrica del grupo, concretamente a Stezzano, en Italia, y que esto supondría el despido de un número de trabajadores que no nos concretaron en aquel momento.

Veníamos de una situación anterior de baja carga de trabajo, que supuso una serie de despidos, aplicados por la dirección, en los primeros cuatro meses de 2021. Contestamos con movilizaciones y huelgas en defensa de nuestros empleos.

Meses después, concretamente en la reunión trimestral de junio de 2021 con la dirección de la empresa, esta nos informó de una subida de producción que nos alejaba de los números negativos y nos garantizaba una carga de trabajo a largo plazo… Menos de tres meses después nos anunciaron la deslocalización de nuestro trabajo.

Desde entonces, hemos convocado más de una veintena de jornadas de huelga para defender nuestros empleos y por un plan industrial que garantizase el futuro de nuestra planta, además, de paralizar la producción ante la visita de los responsables de la deslocalización de nuestro trabajo. Nos hemos concentrado y manifestado frente a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, ante el ministerio de industria y frente al congreso de los diputados, para exigir a las administraciones compromiso con el mantenimiento del empleo y la industria de nuestro país. Incluso llevamos nuestra lucha ante la Embajada Francesa en Madrid, donde conseguimos reunirnos con el embajador para explicarle cómo se comportan las empresas como Schneider, de capital francés, en nuestro país.

Desde el principio elaboramos una estrategia de movilización que no se circunscribiese al ámbito de la fábrica, buscando la solidaridad con otras luchas obreras, secciones sindicales, organizaciones políticas y ciudadanas, para sumar todos los apoyos posibles, además de la no colaboración con la empresa. Llevamos adelante una recogida de firmas en los pueblos de la zona sur de Madrid en defensa de la industria y el empleo, donde recabamos más de 4.500 firmas que luego dirigimos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la dirección a nivel ibérica de la compañía. También hemos denunciado públicamente desde el primer minuto que la verdadera intención de Schneider Electric, no era otra que la de cerrar nuestra planta de trabajo, descapitalizándola poco a poco para justificar finalmente el cierre, aunque la multinacional francesa lo haya negado sistemáticamente; no solo a nosotros, sino también a las administraciones a las que hemos acudido para denunciar este acto de terrorismo patronal contra el empleo y la industria de nuestra región.

Y no nos quedamos cortos calificando la decisión de la multinacional de acto terrorista contra el empleo y la industria, porque con este cierre no sólo peligran los 200 puestos de trabajo de nuestra fabrica, sino los casi 400 empleos de la treintena de las industrias auxiliares que dependen de nuestra actividad. Es un acto terrorista contra la industria, porque se destruye una empresa estratégica y necesaria para la Comunidad de Madrid, situada en el sur del sur de nuestra región, en donde la desindustrialización y el paro campan por sus fueros.

En las reuniones que hemos mantenido con la secretaria de estado del ministerio de industria y con los responsables de industria y empleo de la Comunidad de Madrid hemos exigido una verdadera implicación y compromiso de ambas administraciones contra estas arbitrarias decisiones tomadas por compañías que, como Schneider Electric, solo buscan maximizar sus ya pingues beneficios, como la propia compañía reconoce.

Ha sido una movilización larga que ha conseguido retrasar las pretensiones de la multinacional durante más de dos años, pero que ha supuesto un duro desgaste para el conjunto de la plantilla, con muchos momentos en los que nos flaqueaban las fuerzas y cundía el desaliento, pero que superábamos con la solidaridad y el apoyo que hemos recibido en nuestra lucha y que, esto es lo más importante, nos ha hecho tomar conciencia de que la unidad en las reivindicaciones de la clase trabajadora es la única forma posible para defender nuestros derechos. Vamos a seguir combatiendo por nuestros empleos hasta el final. No sabemos hacerlo de otra manera. No hay otra manera de hacerlo.

Comité de Empresa de Schneider Electric Griñón.

Sequía, procés y gestión privada del agua

La sequía pertinaz que sufre gran parte de nuestro país desde hace dos años vuelve a poner de relieve la importancia de las políticas en la gestión del agua y cómo la mala gestión puede llevarnos a la confrontación entre comunidades o incluso entre diferentes regiones dentro de una misma comunidad.

La cuestión de la falta de agua no es nueva. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) impulsó la creación de Confederaciones Hidrográficas por Real Decreto de 5 de marzo de 1926, con el objetivo de “explotar de forma coordinada el potencial hidráulico del país», considerando el agua como un «bien público» haciendo pagar a los ciudadanos un simple canon, plan que fue desarrollado posteriormente por la II República. La construcción de pantanos con Franco tenía esta base.

Desde entonces, la representación en las Confederaciones Hidrográficas ha obedecido a diferentes intereses contrarios a los de la mayoría social, agravándose con la privatización de las eléctricas y con la división en autonomías tras la Constitución de 1978.

Los Ayuntamientos tienen competencias sobre el abastecimiento de agua potable y el saneamiento y alcantarillado. Por tanto, tienen responsabilidad sobre la reparación de fugas de la red y el control de los consumos de agua urbanos, pero en Cataluña, una de las regiones más afectadas por la sequía, los municipios que abastecen de agua al 78% de la población lo hacen a través de empresas privadas o mixtas, que no han invertido en la reparación de fugas y han sobre explotado los pozos y acuíferos.

Para abundar más en el drama de la falta de agua, la agencia catalana del agua (ACA) no ha hecho sus deberes. Observamos como el agua tratada en la gran mayoría de depuradoras se tira al mar puesto que no es útil ni para el consumo humano, ni para la jardinería ni para la agricultura. Ahora hay que ponerse las pilas y convertir las depuradoras en plantas de regeneración de agua para que su reutilización sea posible.

Ante la falta de agua, la respuesta del Govern de la Generalitat ha sido la declaración de emergencia por sequía en las províncias de Barcelona y Girona, que afecta a un total de 202 municipios y a una población de 6 millones de habitantes. Tarragona, que se abastece del agua del Ebro y del Pantano de Mequinenza, presenta un panorama menos desolador.

Esta declaración de emergencia conlleva una reducción del consumo de «agua de boca» a 200 litros por habitante, y serias medidas de restricción para la industria, los servicios y el sector primario. Además de las restricciones, el aumento generalizado del precio del agua es una constante en todos los municipios.

El Govern de ERC se niega a plantear un trasvase del Ebro a Barcelona, probablemente porque sería incoherente con su negativa histórica a ese trasvase, que le ha hecho ganar mucho rédito electoral que aún conserva en las comarcas tarragoninas del Ebro.

Finalmente, tras la negativa de Las Cortes de Aragón (con mayoría de PP y el apoyo de VOX) para llevar agua a Cataluña, el Gobierno central ha propuesto llevar agua por barco desde la desalinizadora de Sagunto (de propiedad estatal) hasta Cataluña.

El tema de las desalinizadoras es importante porque ya en el año 2009, el Gobierno tripartito de Josep Montilla (PSC) elaboró el Plan de gestión de las cuencas internas de Cataluña 2009-2017 y planificó la construcción de 2 desalinizadoras, una en la desembocadura de la Tordera (en Blanes) y otra en el Foix (en Cubelles). Si ese plan se hubiera implementado, Barcelona y Girona tendrían el agua garantizada desde hace siete años pese a la falta de lluvias. Pero en 2009 volvió a llover, llegó la crísis financiera -con una Agencia Catalana del Agua (ACA) que acumuló una deuda de 1.381 millones de euros- después el procés, y el proyecto de desalinizadoras se quedó en el cajón.

Ahora, ese plan se ha recuperado y parece que están comprometidas esas desalinizadoras. A lo que no parece que se le va a poner coto es a la gestión privada del agua que se ha demostrado incapaz de dar respuesta a las necesidades de abastecimiento de agua y reparación de las fugas.

Joan Martí
Militant PSC

Cada vez es más clara la necesidad de Banca Pública

Por tercer año consecutivo, los bancos españoles han batido récord de beneficios. Solo eloligopolio que concentra más del 70% del mercado financiero, compuesto por: Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter, ha ganado más de 26.000 millones de € en 2023.

Un incremento medio del 18,22% en 2022 y del 26,71% en 2023, en tanto que sus plantillas, como muchos otros trabajadores, tienen una pérdida acumulada de poder adquisitivo de entre el 9% y el 12%. Es más que comprensible que los sindicatos del sector financiero se estén movilizando y que hayan convocado una huelga para el 22 de marzo.

                Los banqueros, en las juntas de accionistas venderán que los resultados obedecen a la magnífica labor de los equipos directivos y los consejos de administración, justificando así que la presidenta del Santander gane 11,7 millones de euros, que el presidente del BBVA 8,29 millones de euros o que el presidente de Caixabank 2,2 millones de euros al año (datos de 2022, pues aún no se han publicado las retribuciones de 2023).

                Nada dirán de las horas de trabajo no pagadas a sus trabajadores y trabajadoras, ni de los procesos de ansiedad que hacen padecer a sus plantillas por la carga de trabajo y la consecución de objetivos. No cuantificarán los recortes de personal o los obtenidos por cierre de miles de sucursales. Ni explicarán que los beneficios proceden de las comisiones abusivas a los clientes. Mucho menos pondrán el acento en que por un préstamo personal están cobrando entre un 5% y un 12% TAE, según la entidad y la cuantía.Como no han dudado a la hora de subir el coste de las hipotecas, llevando al límite a muchos de los hipotecados.

                Estos emperifollados banqueros viven en su burbuja de avaricia, pues por un lado saquean a sus clientes y cada día les dan un peor servicio, y por otro se hacen los remolones para pagar intereses por los depósitos. Cómo será de escandaloso que, hasta el Banco Central Europeo (BCE), llama la atención a los bancos españoles por “quedarse atrás a la hora de retribuir los depósitos”.

                Frente a esta orgía de beneficios económicos, los banqueros lloran lágrimas de caimán porque el Gobierno les ha hecho pagar 637 millones de euros, – las compañías energéticas han pagado 817- del gravamen extraordinario.Pero no recuerdan que para obtener esos beneficios fueron dopados con más de 100.000 millones de euros de dinero público; entre el dinero para el saneamiento bancario, 65.000 millones, más los 35.000 de la Sareb que la Comisión Europea obligó a que el Estado lo cubriese con deuda pública, de esa que pagamos todos.

                Si a lo expresado hasta aquí añado la exclusión financiera que el cierre de oficinas bancarias ha ocasionado en la “España vaciada”, a lo largo de los tres últimos lustros, la conclusión es que se hace más necesario que nunca que el Estado se dote de Banca Pública. Una prueba cuantitativa de ello es que los ahorradores se están llevando el dinero de los depósitos a los productos de ahorro que ofrece el Banco de España: desde noviembre de 2022 a noviembre de 2023 se ha pasado de 950 millones en Letras del Tesoro, a 23.977, es decir, que se ha experimentado un crecimiento del 2.424%. Los pequeños ahorradores, los que necesitan un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda, los que necesitan banca básica, requieren que el Estado les dé una solución.

                Incluso el propio Estado necesita una solución para no depender de las entidades privadas, a la hora de hacer llegar a sus destinatarios las campañas de ayuda que lanza el Instituto de Crédito oficial (ICO). Esto ya ocurrió en la etapa de pandemia, cuando el Gobierno lanzó las líneas de avales para facilitar liquidez a empresas y autónomos. Más de 91.000 millones de euros que se gestionaron a través de las entidades financieras. Los bancos aprovecharon para colocar sus productos condicionando a los beneficiarios de las ayudas públicas. Ocurre otro tanto de lo mismo ahora, con la línea de 2.500 millones de euros en avales que el Gobierno ha lanzado para la adquisición de vivienda para jóvenes menores de 35 años; las entidades pretenderán colocar los seguros de protección hogar de sus aseguradoras.

                Este país tiene muchos problemas y retos pendientes de resolver: política de vivienda, que no decaiga aún más la industria, apostar decididamente por la investigación… además de blindar los pilares básicos del Estado de Bienestar: Pensiones, Sanidad, Educación y Dependencia.

                Una herramienta fundamental para las necesidades del Estado y para las de los ciudadanos de a pie es tener una Banca Pública que no compita con la privada, que no entre en su lógica.

                No vale decir que en Europa no hay banca pública. Países como Alemania, Francia, Italia o Finlandia la tienen. Es tan solo un problema de valentía política para apostar por fortalecer el Estado. Ya sé que eso no gusta a los de siempre, a los que pretenden jibarizar el Estado hasta su mínima expresión, ni gustará a los banqueros que incrementan insultantemente sus fortunas cada año. Pero que le vamos a hacer, la democracia consiste en respetar las decisiones de la mayoría del pueblo soberano, si no es así, entonces no le llamemos democracia.

Roberto Tornamira Sánchez
Fue Secretario General de FeS-UGT-Madrid

El bloque democrático

El modelo “bipartidista”de la llamada Transición hizo implosión bajo los efectos derivados de la crisis económica de 2008: 15M, Marchas de la Dignidad, emergencia de Podemos… lawfare.

                Es decir, el régimen bipartito entró en crisis por las contradicciones inherentes al modo de producción capitalista, único modo de producción realmente existente en el primer cuarto del siglo XXI.

                El temible artefacto político-militar diseñado por la reforma de la dictadura, el llamado régimen del 78, nació de la simbiosis entre las élites político-militares del régimen franquista y los partidos previamente legalizados, que aspiraban a gobernar.

                Tras aceptar a la monarquía y su bandera bicolor, impuestas por la dictadura, fueron legalizados con anterioridad a las elecciones generales del 15 junio de 1977, constituyendo el armazón del sistema del 78.

                Estos partidos fueron ensamblados por una constitución redactada ad hoc bajo el dictado de los poderes de hecho, encabezados por el último jefe dela dictadura: un rey Borbón inviolable, impuesto por Franco.

                La simbiosis bipartita promovida en la Transición por los citados poderes ajenos a la soberanía del pueblo español y,sobre todo,ajenos ala soberanía de los pueblos de Catalunya, Euskadi y Galicia-ha entrado definitivamente en crisis. El espejismo de una “gran coalición” antidemocrática PP-PSOE, deseada por los poderes financieros, no es viable por vías democráticas. Solo podría ser impuesta mediante una dictadura de nuevo cuño.

                La actual mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno, pese a sus contradicciones internas, es la única salida a la grave crisis de legitimidad de una monarquía pretendidamente parlamentaria, impuesta por la reforma de la dictadura. El fracaso del bloque democrático implicaría una grave involución, de consecuencias imprevisibles.

                La derecha y ultraderecha franquistas, instrumentalizadas por los poderosos resortes reaccionarios que perviven en el Estado español -fundamentalmente en el seno de las fuerzas armadas, la judicatura y los principales medios de comunicación- son utilizadas bárbaramente como ariete contra el Gobierno, y, por tanto, contra la coalición de hecho que lo sustenta.

                El citado bloque reaccionario, incluye no solo a los partidos de la derecha franquista, que también, sino además a destacados miembros de la izquierda política.

                Envalentonados por supeligrosa influencia sobre la Judicatura,están imponiendo todo su fanatismo teocrático en los tribunales a fin de agudizar las contradicciones internas del bloque democrático,en particular mediante la llamada lawfare (guerra sucia desde tribunales prevaricadores),con el fin de destruirlo.

                La gran pregunta que se plantea, sobresu futuro inmediato, esla siguiente:

¿Tendrá éxitoel presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez,en su empeño -necesario y valiente- de dar un impulso definitivo a la Ley de Amnistía?

                Theanswerisblowin’ in thewind/ La respuesta está flotando en el viento.

                Desde el colectivo de militares demócratas le deseamos mucho éxito en esta decisiva etapa, pues es constitucionalmente imposible que el Rey se resista a promulgar la necesaria Ley de Amnistía de 2024, como consecuencia del procés democràtic català, toda vez que haya sido definitivamente aprobada por el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional.

                Por el contrario, la Ley de Amnistía de 1977 fue un bodrio envenenado,cocinado tras la tramoya parlamentaria, cuyo único fin fue el de satisfacer al bloque franquista. El nuevo régimen borbónico excluyó de la falsa Ley de Amnistía a los “terroristas y traidores a la patria” de la Unión Militar Democrática (UMD), que pagaron un alto precio personal, familiar y profesional por su actitud democrática.

Manuel Ruiz Robles
Fue militante de la disuelta UMD

Galicia 2024

Los socialistas nos hemos llevado un revolcón en las elecciones autonómicas gallegas, celebrada el domingo 18 de febrero. No nos puede extrañar en absoluto, pues entre otras cosas nuestras fratricidas guerras internas no dan pie a otra cosa, una vez más el candidato elegido es simplemente un aspirante a una poltrona que le permita vivir holgadamente hasta el final de sus días, cuando lo que se espera de un candidato al que se le suponen unos valores socialistas, es la vocación de construir una sociedad mejor, pero esa vocación desgraciadamente se está perdiendo en nuestro partido.

Es tan asqueroso el lodazal en que se ha convertido la política en los últimos tiempos, que resulta muy difícil que alguno de nuestros compañeros con valores, que los hay, quieran posicionarse y trabajar por una sociedad justa, porque los abundantes trepas se lo impedirán con las sucias maniobras a las que nos tienen acostumbrados.

Siento ser tan duro en mis apreciaciones, pero a mis 78 años no pienso callar mis opiniones, sobre lo que veo todos los días ya que soy demasiado mayor para otras cosas, al menos me desahogo diciendo lo que pienso, aun a riesgo de equivocarme con alguno que pueda que sí ejerza de político socialista.

Me resulta muy triste pero realmente necesario admitir, que muchos compañeros en estas elecciones emitieron su voto a favor del BNG, ya que nuestro candidato no nos ofreció ninguna confianza pues ni siquiera nosotros sabíamos lo que quería hacer si entraba en el gobierno de la Xunta, pues los mítines fueron estatalistas, sin ofrecer ninguna alternativa a las problemáticas autonómicas.

También me resulta triste y doloroso que mi nieta que hace unos días cumplió la mayoría de edad, con la evidente ilusión por emitir su voto por primera vez, no pudiera obtener el consejo de su abuelo a petición del mismo, ya que seguramente mi consejo no sería comprendido por ella.

Son muchas las ocasiones últimamente, que mis reflexiones me llevan a pensar una vez más, en que la única forma de que nuestro partido, que una vez fue socialista, vuelva a la senda de la justicia social, es la refundación, dejando al margen a los dinosaurios que nos han llevado a este conservadurismo encubierto. Por otra parte, esta enfermedad parece que está extendiéndose por toda la izquierda, haciendo misión imposible la unión de los partidos que se autoproclaman progresistas. Quizás sea porque el progreso que desean, es su propio progreso personal e individual y no tanto el de la sociedad.

Esta campaña, que debería haber sido autonómica, a mi al menos me ha puesto de manifiesto el deseo de estatalizarla, lo cual en mi opinión es una estrategia estúpida, o peor aún, que se consideró perdida de antemano y por lo tanto mejor emplear las energías de forma torticera, para esconder lo que algunos quieren mantener a la sombra, tan es así que nuestro querido partido en esta campaña, de forma incomprensible, ni siquiera ha presentado un programa, mediante el cual los votantes supieran lo que los socialistas teníamos pensado hacer.

Quizás se hizo así, porque ya sabíamos que una vez más nuestros diputados se mantendrán cómodamente en sus escaños, eso cuando asistan a los plenos, no vaya a ser que nos conozcan y que la gente sepa que el partido socialista nació para conseguir una sociedad justa.

Me da mucha pena, que no nos volquemos en ser nosotros la locomotora de la sociedad y que, por el contrario, siempre permanezcamos sometidos a los caprichos particulares, de quienes, sin moral, ni valores, ni la más mínima ética, nos exigen aberraciones, sin que la mayoría de las veces sirvan para potenciar el bien común.

No sé si el hecho o la intención de ayudar al BNG, pudiera haber representado un avance social para Galicia, yo quiero pensar que sí, por eso creo que con las cartas que el PSdG., tiene en las manos, es lo mejor que podemos hacer, mientras no nos concienciamos que la política es un arte, un medio para mejorar la vida de los ciudadanos en general y no la nuestra individual y si hacemos uso de las herramientas que nos da la filosofía socialista, podremos conseguirlo.

Paco ascón
Xares, 19 de febrero de 2024

Alerta en Galicia

El voto a la izquierda aumenta pero el PSdG deja de ser su referencia

Los resultados de las elecciones gallegas han permitido que el PP renueve la mayoría absoluta aún perdiendo 2 diputados, ante una izquierda que en su conjunto suma casi tantos votos como la derecha, pero con una aportación muy desigual de los distintos partidos.

Mientras el BNG consigue el mayor número de escaños de su historia (25), los 9 diputados/as del PSdG representan el peor resultado de su historia. Podemos desaparece (solo votan su 2500 militantes y 1000 personas más), y SUMAR solo es capaz de recoger una parte del voto que cede el partido socialista.

Con una participación más de un 18% superior a la del 2020, el PSOE pierde 46059 votos, obteniendo 207691 (poco más de un 14% del electorado).

La culpa no es de la amnistía como algunos medios de comunicación pretenden, ya que el BNG también es partidario. La culpa no es de los acuerdos con Bildu. El BNG también tiene importantes coincidencias programáticas. Posiblemente, la pérdida de apoyo al PSdG se deba a la combinación de una serie de factores: el liderazgo, el programa, los problemas internos del PSdG o la influencia de la política estatal.

En cualquier caso, en 2020 hubo un retroceso importante del PSOE y de los partidos a la izquierda del PSOE.

En 2024 se alcanza el peor resultado de la historia del PSdG, la práctica desaparición de Podemos y un SUMAR que no ha sumado. Los nacionalistas de izquierdas del BNG cogen el testigo de convertirse en la referencia de izquierdas, alternativa al PP.

Probablemente, los problemas internos del PSdG sean una de las claves de la devacle. La gente queremos liderazgos naturales, basados en valores socialistas y de progreso y capaces de catalizar una respuesta clara a las necesidades de la mayoría social, y la participación de las bases del partido para debatir propuestas y elegir candidatos ha brillado por su ausencia.

La historia se repite. En Madrid, el PSOE sufrió el sorpaso de Mas Madrid. En Euskadi, Bildu concentra el voto de izquierda por encima del PSE;

La cuestión no es qué le pasa al PSdG, sino ¿qué le pasa al PSOE en estas regiones, dónde no solo no gana, sino dónde además hemos dejado de ser la referencia de izquierdas?


Xose Revestido. Ourense

Entrevista: Ana Usero

Por Roberto Tornamira
para Tribuna Socialista

Ana Usero es Secretaria General de la Sección Sindical de la UGT en CaixaBank en Madrid. Es representante de los trabajadores y trabajadoras desde 2012. Trabajadora del sector financiero desde enero de 1997.Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III.

Pregunta:Hace muchos años que los sindicatos del sector financiero no convocaban movilizaciones sectoriales ¿qué motiva que comencéis hoy día 8 de febrero con esta Manifestación y anunciéis huelga de 24 horas para el 22 de marzo?

La plantilla del Sector financiero lleva desde el 2008, el comienzo de la crisis, asumiendo con gran responsabilidad cambios en los modelos de gestión del negocio y relación con el cliente. Estos cambios han sido impuestos por las direcciones de las entidades sin contar ni con el cliente ni escuchar a los empleados. Hemos sufrido no solo el rechazo social por una gestión política que en muchos casos no compartimos, sino una persecución laboral interna para cambiar el modelo de negocio y conseguir los beneficios que el modelo anterior no conseguía. Cuando hablamos de persecución, no exageramos. La vigilancia de producciones individualizadas casi cada hora es habitual. Nos solo hablo de producción en el sentido de ventas, sino también en imponer un autoservicio al cliente y una digitalización obligada sin tener en cuenta la sensibilidad de cada cliente. Los seguimientos de autoservicio y de operaciones por ventanilla han establecido también una calificación de tu rendimiento laboral.  Esto ha generado un clima laboral insostenible para cualquier empresa saludable y socialmente responsable. Además, escudados en esta “crisis”, han metido la tijera en cada uno de los convenios negociados. Los convenios del sector financiero eran probablemente de los mejores convenios de este país. Esto no nos lo ha regalado nadie. Son fruto de años de lucha, de negociaciones y de un excelente trabajo de la representación sindical.

Cuando ha tocado apretarse el cinturón, nosotros lo hemos hecho. En los últimos 5 años hemos perdido un enorme poder adquisitivo directo en tablas, pero además el sector ha establecido de forma unilateral complementos salariales absorbibles con las subidas en salario base, que provocan que la subida salarial real sea muy inferior a la pactada en convenio.

Toda esta situación ha generado una gran frustración en las plantillas que ve como año tras año se duplican los beneficios, los salarios de los consejos y los dividendos a los accionistas. Mientras sus salarios son congelados y la presión laboral crece de forma exponencial.

Sinceramente, no podemos más. Tenemos la sensación de que en cada presentación de resultados se ríen de nosotros.No nos han dejado ninguna otra salida que comenzar con movilizaciones.

Pregunta: Las entidades financieras en nuestro país, se han concentrado en las últimas dos décadas hasta conformar un oligopolio financiero ¿Qué porcentaje del volumen de activos se reparten las cinco entidades más grandes? ¿Piensas que esta concentración financiera va a continuar incrementándose?

Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter concentran casi el 95% de los activos financieros de este país, pero solo entre las tres primeras se agrupa más del 85%.

Cuando hablaban de mejorar la productividad del sector financiero vía fusiones, en realidad hablaban de un mayor control no solo del aspecto económico, sino de la capacidad de intervenir en las políticas económicas más profundas de un país. Si controlas las políticas de financiación a empresas y particulares, los flujos de inversión que se destinan a unos sectores u otros, o los proyectos privados de inversión, consigues un poder político y económico muy importante.

Imaginemos que los tres bancos no apuestan por financiar parques solares, mucho más atomizado en pequeños inversores y solo apuestan por eólicos o energías no renovables, controladas por empresas del Ibex, empresas que dominan el sector y que tienen más intereses económicos. El Ibex, vía cruce de accionariado, puede controlar sectores estratégicos de este país controlando los flujos de capital hacia determinadas inversiones.  Aunque parezca ciencia ficción puede pasar. Quien domina el capital domina un país. Por eso la intervención de Bankia fue una oportunidad perdida para crear un Banco Público de calidad y con capacidad no solo para dar servicio a colectivos que no son rentables desde el punto de vista económico, sino para evitar de alguna forma el exceso de control sobre la economía de este país del sector privado.

Cuando desaparecieron las antiguas Cajas de Ahorro, se las acusaron de estar “politizadas” y tomar este tipo de decisiones en base no a criterios económicos, sino en base a factores sociales importantes.  Pues eso es justo lo que acaban de conseguir con el oligopolio financiero: eliminar la intervención pública y la decisión democrática vía elecciones de proyectos de inversión socialmente rentables.

La concentración financiera hoy por hoy es imparable. Seguirán engullendo a los pequeños que aún sobreviven en España y después, si nada cambia, veremos fusiones de bancos fuera de nuestras fronteras.

Pregunta: El sector ha perdido mucho empleo, desde la crisis de 2008, y paralelamente se han cerrado miles de oficinas ¿en cuanto cifras esta contracción de plantilla y de sucursales? Aunque no lo perciba la opinión pública, la carga de trabajo está llevando a los trabajadores y trabajadoras del sector financiero a situaciones de presión, estrés y ansiedad ¿puedes describir cómo se está viviendo internamente en las oficinas?

Las cifras aproximadas desde el 2008 sitúan esta pérdida en más de 128.000 empleos, lo que supone un 47% de la plantilla total.

Como el número de clientes no ha disminuido podemos afirmar que la carga de trabajo a los trabajadores del sector se ha incrementado al menos en ese porcentaje. Esto unido a que la diversificación del negocio ha llevado al sector a un intrusismo en comercializar productos de otros sectores como el de seguros y el del pequeño electrodoméstico hacen que la carga de trabajo impuesta sea muy superior a la de épocas anteriores. Donde antes atendías las necesidades financieras de un cliente, ahora tienes que sumarle atender y provocar artificialmente una necesidad de coberturas de seguros y de móviles, colchones, televisores….

La presión comercial que sufren los empleados es difícilmente imaginable. Hay reportes de actividad casi cada hora, reuniones para priorizar los 20 productos del día. Seguimientos individualizados y rankings públicos.

El número de bajas laborales por la presión comercial es el secreto mejor guardado del sector.Las empresas se niegan a analizar y hacer público este dato, porque nos encontraríamos con una sorpresa de magnitudes socialmente inasumibles.

Cada día recibimos llamadas de ataques de ansiedad, depresiones y enfermedades derivadas del exceso de estrés laboral y la carga de trabajo.Muchos compañeros están al borde del colapso y ese pesimismo es contagioso.

La ciudadanía además nos percibe como cómplices de unas decisiones políticas y empresariales que ni hemos provocado ni compartimos, con lo que a la sobrecarga de trabajo y el exceso de presión comercial se une una relación con tus clientes complicada.  El resultado es un polvorín que siempre explota del lado del empleado.

Otro gran secreto de la banca es el número de horas trabajadas fuera de horario laboral no recogidas ni reguladas. Un gran porcentaje de los compañeros amplían sistemáticamente su jornada laboral para suplir esa reducción de plantilla y el aumento de carga de trabajo. La presión para que “cumplas tus objetivos” es tremenda. Esto solo se consigue ampliando jornada.

Tenemos un control horario ficticio donde al empleado que teclea la jornada real se le recrimina y se le hostiga para que confirme el horario establecido y evite poner la jornada real. 

El cierre de oficinas se sitúa en 28.000 oficinas en todo el sector, un 61% aproximadamente.

Hay una concentración oficinas que aleja al cliente, especialmente en las plazas más pequeñas.

La exclusión financiera se agranda especialmente por dos vías. Una la geográfica: pueblos sin oficinas ni acceso a servicios financieros y otra por una digitalización impuesta especialmente a raíz de la pandemia que la sociedad no ha sido capaz de seguir.

Pregunta: Las entidades financieras llevan tres años consecutivos batiendo récord de beneficios ¿repercuten esos beneficios en los salarios de los trabajadores y trabajadoras del sector?

Los beneficios del sector que hemos visto anunciados a bombo y platillo estas semanas, son lo esperado con un escenario de subidas de tipos de interés. En muchos casos se ha duplicado la cuenta de resultados conseguida como he comentado a costa de la salud de sus empleados.

La diversificación del negocio que supone una sobrecarga de trabajo al empleado revierte beneficios millonarios a los bancos. Donde antes se suponía que eran ingresos extraordinarios, ahora son recurrentes, gracias a su plantilla. Esto hace que, con tipos de interés altos, los beneficios aumenten de forma exponencial.

Los empleados esperábamos que la misma responsabilidad que hemos tenido nosotros en épocas difíciles, la tuvieran nuestros directivos ahora que todo sonríe.

Pues esa responsabilidad que deberían tener con la plantilla y con la sociedad se les ha olvidado enterrada por la codicia de sus altos directivos.

El acuerdo para el empleo y la negociación colectiva firmado por la CEOE, UGT y CCOO en 2023 recogía subidas salariales marco del 4%, 3% y 3% en los siguientes años.  Este acuerdo marco está pensado para una red de empresas muy diverso y a él han hecho referencia empresas con estructuras mucho más precarias que la banca.  Nuestras patronales se han descolgado de este acuerdo y las subidas salariales que proponen son un insulto a los trabajadores del sector.

Mientras sus consejos de administración y sus directivos se aprueban subidas para 2024 del 5% como es el caso de Goirigolzarri y Gortázar de Caixabank. Entre 2021 y 2022 estos mismos directivos han tenido subidas totales del 28% en el caso de Gorigolzarri y del 11% en el caso de Gortázar según la CNMV.

Pregunta: Por terminar por donde comenzamos ¿Qué pedís en las mesas de negociación?

Lo que pedimos es básicamente dos cosas:

  1. La posibilidad de recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos años y tener revalorizaciones acordes a la inflación actual y a los beneficios obtenidos por nuestras empresas. Nuestra propuesta es una recuperación salarial en tablas del 9% el primer año más 1% en función del beneficio de la entidad y ¡% en función de la subida del IPC, y para el segundo y tercer año un 4% más 1% en función del beneficio de la entidad y ¡% en función de la subida del IPC respectivamente. Con estas subidas recuperaríamos el poder adquisitivo perdido en los últimos dos convenios y cubriríamos las posibles subidas de inflación de los siguientes.
  •  Reducir la presión comercial existente en oficinas para conseguir un clima laboral digno y saludable.

Declaración de blanquerna

Redoblar la lucha por la Amnistía

Reunidos en Madrid el 27 de noviembre en la Librería Blanquerna de Madrid a iniciativa del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), con el objetivo de redoblar el combate por obtener una verdadera ley de amnistía que afecte a «todos los perseguidos por el Proces» y para acabar con toda la legisla- ción represiva de herencia franquista, en particular la Ley Mordaza.

Hemos considerado que para conseguir esta ley es necesaria la implicación y movilización de todas las organizaciones obreras y democráticas, que no podemos confiar en los meros mecanismos parlamentarios e institucionales.

Que la consecución de estos objetivos, así como la defensa de las organizaciones, los militantes y elegidos del pueblo que luchan por ellas, exige que en todo el Estado, en todos los pueblos de este país, se desarrolle un amplia campaña al respecto con el objetivo de vencer a la reacción impulsada por los franquistas amparándose en la instituciones heredadas de la dictadura.

La lucha por la amnistía es inseparable de la lucha en defensa de todas las libertades y los derechos sociales.

Redoblar la lucha por la Amnistía

Getafe 8 de febrero

El debate sobre la Amnistía se ha instalado en la sociedad, sin que eso signifique que este sea un tema de máxima preocupación del conjunto de la ciudadanía. Según el barómetro del 17 de enero, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo al 2,3% de los encuestados sitúan la amnistía como uno de los tres principales problemas del país.

                En el acto que tuvo lugar en Getafe el pasado día 8, en el que tuve el honor de compartir mesa de debate con Gloria Elizo, Ana González y Jesús Béjar, pudimos debatir sobre a quién y por qué le preocupa la amnistía, y qué beneficios puede tener para el conjunto de la sociedad.

                Una cuestión previa que se planteó fueron los antecedentes del conflicto en Cataluña. Se señaló que no se puede olvidar que en septiembre de 2005 el Parlament de Catalunya aprobó democráticamente la reforma del Estatut. Este documento fue enviado a las Cortes para su aprobación, lo que ocurrió en marzo de 2006. Una vez aprobado, también democráticamente por el poder legislativo, se procedió a convocar un referéndum en Cataluña en junio de 2006, siendo aprobado por los y las votantes. Hasta aquí todo normal.

                Este proceso legítimo fue rechazado por la derecha españolista, el PP principalmente, y por los “hombres de Estado del PSOE”, esos que acompañan a la derecha siempre que tienen ocasión. El PP, judicializó el Estatut llevándolo al Tribunal Constitucional, alto tribunal que, en 2010, cercenó 14 y modificó 23 de los artículos de la ley aprobada por el legislativo autonómico y estatal.

                Este proceder, con prácticamente los mismos protagonistas: PP, Ciudadanos, VOX y la corte de Felipe González, la hemos visto en 2006 y 2007, cuando Zapatero aceleró el proceso de paz en el País Vasco, que devino en fin de la violencia, o cuando en 2021 Pedro Sánchez procedió a indultar a los presos políticos catalanes del “procés”.

                Tanto los protagonistas de la refracción como los contenidos refractados delatan a un nacionalismo hegemónico que lleva muchas décadas camuflado detrás de la rojigualda, a nombre de “salvar España”.

                Solo el 2,3% de la ciudadanía ve en este asunto una preocupación prioritaria. Porcentaje este que debe ser coincidente con quienes en 1978 se consignaron para dar continuidad al franquismo. Los que, en enero de 1977, por el real Decreto Ley 1/1977 le cambiaron el nombre al Tribunal de Orden Público y lo rebautizaron con el de Audiencia Nacional.

                Están preocupados muchos del estamento armado, quienes se consideran un Estado dentro del Estado, cuyo jefe en la cadena de mando es el jefe del Estado, como el dictador. Siempre han dicho que la institución monárquica es “decorativa”, pero se pongan como se pongan ostenta la jefatura del Estado, y así lo han demostrado los dos borbones de la democracia, la última en el discurso del 3 de octubre de 2017, en el que echó gasolina al fuego.

                A mi modo de ver, los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos que componen el Estado español, en su inmensa mayoría, no se consideran nacionalistas: ni vascos, ni catalanes ni gallegos, menos aún quienes hemos nacido en cualquiera de los demás territorios del Estado. Asistimos a la confrontación de intereses de las minorías privilegiadas que pugnan por controlar el dinero de los impuestos y los resortes del poder en los distintos territorios. De entre esos grupos destaca el nacionalismo español, heredero del nacionalcatolicismo franquista, que fue el nacionalismo imperante durante los cuarenta años de dictadura y que ahora continua siendo excluyente hacía los demás nacionalismos. En su pugna, estos grupos de interés, no dudan en utilizar los símbolos, como la bandera, o la lengua, como elementos de confrontación.

                Los ciudadanos y ciudadanas que componemos la pluralidad de pueblos del Estado español, necesitamos una convivencia pacífica y no de confrontación permanente, para avanzar en los retos comunes a todos los pueblos del Estado.

                Según el aludido último barómetro del CIS, las principales preocupaciones de la sociedad son la Economía, la Sanidad y el Empleo.

                Efectivamente, necesitamos que el Gobierno gobierne para que la especulación inflacionaria deje de esquilmar sueldos y pensiones. Especulación que toma su forma concreta en el conflicto de los agricultores, con los diferenciales entre los precios en origen y los precios de venta a los consumidores.

                Necesitamos que los gobiernos: central, autonómicos y municipales, cumplan con lo establecido en el artº 43 de la Constitución:

                “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

                La privatización de la Sanidad Pública ha llevado el sistema de salud a una situación que, lejos de “prevenir” asegura el caos cada vez que la situación se tensa. Esto fue brutal en la pandemia y acaba de ser nuevamente evidente en la epidemia anual de gripe invernal. Es por ello fundamental derogar los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, de 1986 y la ley 15/97, que habilitan a las comunidades autónomas a poner la Sanidad Pública en manos de las empresas privadas, trasladando el objetivo de “la Salud de los ciudadanos” a “los Beneficios de los accionistas”.

                Necesitamos que las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y trabajadoras deje de precarizarse, por lo que es preciso que el Gobierno derogue de verdad las reformas laborales de 2010 y 2012, las que han destruido y precarizado el empleo en este país, facilitando el despido, desregulando las condiciones laborales y abaratando los salarios.

                Por estos motivos, la amnistía debe servir para cerrar la brecha de convivencia que la política represiva del Gobierno de Rajoy abrió con Cataluña. No es una cuestión formal, es una necesidad democrática.

Roberto Tornamira
Miembro de la Junta Directiva de ASTRADE

¡La amnistía es necesaria para la mayoria social!

El proyecto de ley de amnistía fue rechazado el martes 30 de enero en el Congreso de los Diputados con el voto en contra a última hora de los 7 diputados de Junts. La Comisión de Justicia del Congreso decidirá cuando se volverá a presentar el Proyecto.

El riesgo de que no haya amnistía pondría en serio riesgo la legislatura, al romperse la mayoría que votó la investidura de Pedro Sánchez. Flaco favor se hacen a si mismos los diputados de Junts al votar lo mismo que PP y VOX y dar alas al franquismo político y judicial.

Por su parte, el juez García -Castellón – incapaz de averiguar quién era un tal M. Rajoy en el caso Gurtel, incapaz de no ver nada de lo que sucede en Marbella, y que ha organizado más de 20 procesos e investigaciones contra Podemos (todos archivados), se ha dedicado las últimas semanas a intentar acusar de terrorismo a Carles Puigdemont y otros dirigentes.

Otro juez, Joaquín Aguirre acusó en la TV pública alemana, las presuntas conexiones rusas del Procés (operación Voloh) saltándose a la torera el secreto del sumario, dando argumentos y opiniones esperpénticas, y dictando el mismo día un auto acusando a Puigdemont de alta traición.

No son unos pocos jueces politizados. Es la cúpula judicial, el CGPJ que lleva 5 años caducado quien encabezan la ofensiva. No quieren que se hable de Lawfare, pero, la confabulación del aparato judicial más rancio y la política de PP y VOX no parece una casualidad. No es casual que en la manifestación del 28E, el PP ensalzara a estos jueces como héroes nacionales. No es casual tampoco que el PP exija que la elección del CGPJ corresponda a los propios jueces y no al parlamento votado por el pueblo. De esta forma, podrían bloquear todas las decisiones del Parlamento y del gobierno contrarias al ideario político de estos jueces.

El Rey, Felipe VI tampoco es neutral en este tema. Lejos de cumplir con su obligación de arbitrar y moderar “el funcionamiento regular de las instituciones”, el día 14F, en Barcelona, en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, Felipe VI ha apelado al «respeto» a las resoluciones del Poder Judicial porque tiene atribuida, en exclusiva, la función de juzgar como poder «independiente y plenamente separado» de los demás. A pesar de que sus resoluciones excedan de las funciones democráticas que tienen atribuídas los jueces y a pesar de que la cúpula del CGPJ lleve más de cinco años usurpando el cargo. De hecho, en el mismo acto, el presidente del CGPJ elevó su voz para gritar a los políticos «dejennos en paz», ante la connivencia del monarca. Por tanto, el Rey, en nombre de quien se firman las sentencias, también forma parte del problema.

Es necesario restablecer la fraternidad entre los pueblos y su unidad ante un enemigo común, la herencia del franquismo que atenta contra la igualdad, contra el medio ambiente, contra la libertad y contra los derechos de los trabajadores y los pueblos. Por eso es necesaria la amnistía.

Espero que la amnistía sea aprobada. Espero que la apuesta por la convivencia, la política y los derechos de trabajadores y pueblos se abra camino. Que la política se normalice, y que podamos tener una legislatura de avances sociales, económicos y democráticos avalada por la mayoría parlamentaria que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez.

Carles Arroyo
Militante PSC