Tribuna Socialista

Es complicado poner en una balanza dos actuaciones sobre el mismo tema, para poder valorar qué “pesa” más…  Es difícil, porque es evidente el peso de las medidas tomadas por el Gobierno actual para amortiguar el efecto de la crisis, para no dejar a nadie atrás, frente al ejemplo de lo que hicieron los gobiernos anteriores frente a la crisis de 2008.

Parece una declaración de parte, y lo es pues no somos neutrales, pero no es este solo el propósito de estas líneas. No obstante, pretender comparar medidas laborales que han incidido en evitar despidos masivos, situaciones de colapso empresarial, protección del desempleo, y recién salida del BOE, el Ingreso Mínimo Vital, una de las medidas de justicia social más dignas y avanzadas en nuestra historia reciente, es un objetivo imposible. ¿Qué ponemos en el otro lado de la balanza?

La actuación de la Comunidad de Madrid es, de manera evidente, inapreciable por incomparecencia: NADA. O MUCHO, según se mire a quienes beneficia: Madrid es un cuasi paraíso fiscal dentro de España, es la comunidad en la que menos impuestos se pagan, de ámbito autonómico; han sido abundantes las medidas de trasvase de medios económicos de la educación pública a la privada; es la comunidad en la que más lejos se ha ido en la privatización de la sanidad; y es la comunidad en la que más se ha colaborado con fondos buitre para liquidar vivienda social. Por poner unos ejemplos.

No sólo juzgamos los hechos incontestables y demostrados desde hace tiempo sobre el desmantelamiento del sector público en nuestra comunidad, la rapiña de lo público con innumerables casos de corrupción, la irrupción de fondos buitres en la gestión de hospitales, residencias, Samur, la ausencia de políticas sanitarias, educativas, o de prevención de la salud y seguridad en el trabajo, si no lo más grave, las consecuencias de esta crisis sanitaria sobrevenida: las muertes, los enfermos mal atendidos… ¿Cómo puede estar pasando esto hoy en día ?

 

 

 

 

 

Y continúa, «El Gobierno de España está haciendo más daño que nadie a la economía y a las familias que no ingresar un euro«, todo ello cuando en Madrid siguen muriendo personas (8.863 fallecidos y 71.595 positivos a fecha 31/5/2020. Fuente “El País”.)

Como colofón, podemos asegurar que su modelo económico «es el de Telepizza y el del Room Mate; véase apartahotel en el que ha estado alojada durante las semanas más duras de la pandemia en Madrid, hasta hace unos días; ahora dice que ha dejado el apartahotel de lujo, una vez que ha amainado la tormenta sobre su vergonzosa acción de refugiarse en una suite de lujo, mientras en los barrios obreros las colas ante las sedes de las asociaciones vecinales, para recoger comida, no han hecho más que crecer.

En fin, la Presidenta de un Gobierno en minoría, dislocado y enfrentado permanentemente que no ha podido aprobar ni una sola ley.

¿Qué pensamos desde Tribuna Socialista de Madrid? 

Opinamos modestamente, como personas comprometidas social y políticamente, que asistimos a una crisis sanitaria-económica sin precedentes históricos cercanos, de consecuencias aún desconocidas, en la que un gobierno de izquierdas, y de coalición, ha asumido una respuesta llena de humanidad, de justicia social, que está paliando las consecuencias de la misma y quiere cambiar el signo de la economía, para  reconstruir la sociedad mediante una decidida política de equidad social y respeto al medio ambiente, es decir, recuperar en profundidad el Estado de Bienestar.

¿Y en qué afecta esta opinión a la situación actual de nuestra comunidad autónoma?

En que es inaudito que siendo común esta opinión, compartida por muchas personas de todo el ámbito de la izquierda, con diferentes matices y distintos enfoques, no seamos capaces de obtener un gobierno del mismo carácter para Madrid.

Analizar la actuación del gobierno de nuestro país, compararlo con el ridículo político que significa la Presidenta Ayuso, el Partido Popular, su mal avenidos socios de Ciudadanos y el chantajista préstamo de votos de VOX, nos lleva tanto al orgullo de lo hecho como a la frustración de lo que tenemos en Madrid desde hace más de veinte años.

Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista en Madrid, como desde tantas organizaciones y partidos políticos, pedimos y animamos a que se inicien trabajos entre las organizaciones de izquierdas, de manera inmediata, para preparar un futuro gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid.

Creemos importante recalcar que no se trata de “unidad impuesta”, ni de uniformidad, al contrario, se trata de consensuar ideas, políticas, y alcanzar acuerdos que integren las diferentes formas de entender la política desde la izquierda.

Es una oportunidad poder observar, aprender de los aciertos y de los errores, para dotarnos de un gobierno genuino, innovador y de coalición, para afrontar futuro incierto ante el que nos encontramos. Tiene que servir el ejemplo, poco valorado, de haber afrontado en muy poco tiempo, una crisis de estas dimensiones con respuestas dignas que anteponen las personas al beneficio de unos pocos.

 

Tribuna Socialista Madrid

El COVID-19 ha puesto al descubierto muchas de las debilidades y fortalezas de nuestra sociedad. En las fortalezas destaca la gran labor de los trabajadores y trabajadoras; a la cabeza, el personal que presta servicio en hospitales y centros de salud: médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras… así como la de quienes trabajan en los demás servicios esenciales: agricultura, transporte, supermercados y otros sectores entre los que nos encontramos los trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras, las compañías de seguros, de prevención de riesgos, de contact center, la consultoría informática, la ingeniería…

Los trabajadores y trabajadoras de estos sectores han llevado a cabo su labor con gran escasez de medios de protección; en los primeros días del estado de alarma prácticamente sin protección. Aún hoy no se puede hablar de que, en los centros de trabajo, haya una dotación suficiente de medios para la protección y prevención frente al coronavirus. La protección de los compañeros y compañeras ha sido el caballo de batalla de los sindicalistas: otro colectivo esencial. Además de velar porque la avalancha de ERTEs se ajusta a la legalidad y negociar las mejores condiciones para los trabajadores, hemos estado exigiendo que dichos elementos de prevención se facilitasen con agilidad y en cantidad suficiente.

La capacidad de disciplina y adaptación de la gran mayoría de la sociedad para acatar el confinamiento y el distanciamiento de nuestras familias y amigos; única herramienta en la actualidad para frenar al virus, es otra gran fortaleza, tanto que podría calificarse de ejemplar.

En el lado de las debilidades, hemos descubierto que no estamos preparados para el ataque de un nuevo virus, como no estuvimos preparados para los estallidos de burbujas financieras e inmobiliarias.

La Sanidad está absolutamente volcada en paliar los efectos del coronavirus y aun así no se han podido evitar las 27.650 muertes que el COVID-19 se ha cobrado: datos a 16 de mayo. La Sanidad está colapsada, en unas semanas veremos a qué fecha se trasladan las citas médicas, las intervenciones quirúrgicas no urgentes, etc., que han quedado en suspenso y eso contando que no se produzca una nueva ola de contagios que según los expertos la habrá.

En el plano financiero, se ha agrandado la dependencia que sufre el ICO, respecto de las entidades financieras privadas. Hay dificultades para hacer llegar de forma rápida y eficaz las líneas de crédito que lanza; poniéndose en evidencia, una vez más, la necesidad de un polo de banca pública, algo que venimos defendiendo en UGT desde hace años. Es gracias al intenso trabajo llevado a cabo por los trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras que el objetivo del Gobierno se está realizando, es por ello que autónomos y microempresas están pudiendo acceder a la financiación

El sistema educativo está paralizado, lógicamente. Pero en tiempos de desescalada se genera un problema que impide conciliar la vida personal y la laboral. En España hay más de 3 millones de niños entre 6 y 14 años. La solución que se ofrece a los trabajadores y trabajadoras es que: tomen vacaciones, pidan una excedencia, reduzcan su jornada…Todas son medidas que van contra “la cuenta de resultados del trabajador”.

Si en la fase 1 de desescalada se pueden reunir grupos de 10 personas, guardando la distancia mínima de 2 metros, parece razonable que en la fase 2 o en la 3, grupos de 15 niños y niñas pudieran volver a las aulas, guardando la distancia mínima de 2 metros y con las restricciones que establecieran las autoridades sanitarias. Pero el problema de llevar a cabo un retorno a las aulas no está en las medidas sanitarias, está en la escasez de profesorado para desdoblar los grupos de alumnos y en la escasez de espacio para acoger dicho desdoble. Es decir que esa ratio que el informe PISA nos señalaba como deseable de 15 alumnos/as por aula, ahora no es solo un indicador de calidad de la enseñanza sino un requisito para que pueda haber enseñanza con las medidas de protección necesarias.

La reconstrucción de nuestro país no se puede abordar a golpe de bonificaciones y exenciones a las empresas, ni flexibilizando las condiciones de trabajo ni abaratando el despido, ni… como ocurrió en la crisis financiera de 2008. Hay que invertir en los sistemas públicos: en el sanitario, en el educativo, en el de la dependencia –tener en palmitas a nuestros mayores no es solo ponerles bancos para que se sienten en los parques, como propone simplistamente la Presidenta de la Comunidad de Madrid-.

La conciliación no puede ser un concepto decorativo, ni un deseo o una buena voluntad expresada en un texto. Necesitamos poder conciliar la vida laboral y la personal, pero de verdad. Y eso solo será posible con una legislación que la garantice –la que hay es insuficiente-, con unos convenios colectivos sectoriales que la ajusten a las condiciones propias de cada sector –lleva mucho tiempo siendo urgente la derogación de la reforma laboral, en particular la hegemonía del convenio de empresa sobre el de sector-. La inversión social, que dé soporte a los trabajadores y trabajadoras en su condición de padres y madres ayudará a reconstruir económicamente nuestro país.

Alertamos desde el Sector Financiero, Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT que todo no se resuelve con el teletrabajo, pues parece ser que los empresarios han descubierto ahí un nuevo filón de productividad: trasladan costes de suministros e instalaciones a sus trabajadores y estos, a nombre de que están en su casa, se olvidan de la jornada y el horario que tienen establecido en su contrato individual y en el colectivo (el convenio).

Es evidente que el binomio pandemia-digitalización, va a dar como resultado un incremento notable del teletrabajo, pero eso habrá que regularlo legal y convencionalmente; no vale todo. Hay que pensar en los costes económicos para los trabajadores y también en los riesgos sicosociales del teletrabajo, en el distanciamiento del centro de trabajo y el entorno laboral.

La digitalización y el teletrabajo no pueden traducirse solo en beneficio empresarial, tiene que redundar en mejora de la calidad de vida y de la salud de toda la sociedad, de los trabajadores también.

Roberto Tornamira Sánchez

Secretario Federal del Sector Financiero,

De FeSMC-UGT

Ha tenido que llegar una pandemia para que muchos reconozcan como esencial el trabajo de las limpiadoras y los limpiadores.

Pero a María la esencialidad de su trabajo no le llena la nevera. Sobre todo desde que en 2012 el gobierno regional de Ramón Luis Recortes decidió que en Murcia éramos muy curiosos y había que limpiar menos horas porque la cosa estaba muy mal, y además, como faltaban ocho años para que llegara el coronavirus, nadie se iba a dar cuenta de que el trabajo de la limpieza era esencial. Así que  les recortaron un 16,5% de su jornada y de su salario, y a los trabajadores de limpieza de las dependencias de la Comunidad Autónoma les dieron a elegir entre recortar su jornada o perder su trabajo.

María, como todos sus compañeros que están pero no se ven, sigue acudiendo cada día a la residencia de mayores a realizar su trabajo, son tareas ingratas en muchas ocasiones, pero siempre con una palabra amable y una sonrisa que reconforta a sus viejecicos, eso sí, conversaciones las justas, porque ya le han dicho sus jefes que tiene que limpiar lo mismo con menos jornada. Sin embargo en estos meses de coronavirus, sobrecogida por el semblante que muestran sus mayores,  siempre busca un ratico para intentar aliviarles la angustia y la ansiedad que les rodea. Tal es así, que en estas semanas en que los residentes no han podido comunicarse entre ellos, que no han podido ni tan siquiera salir de su habitación, estaban deseando que María entrara a limpiar y temiendo que terminara, porque por unos minutos habían aparcado la tristeza.

Al terminar su reducida jornada, a pesar de salir con prisa y desconcierto, María se para a contarles como están sus abuelos a los familiares que no pueden visitarlos.  Con la prisa de quien sale corriendo de trabajar para ir a trabajar, pero con el desconcierto de quien al salir recuerda en la puerta que ya no tiene un segundo trabajo, que ha cerrado ese local en el que para poder llenar dignamente la despensa, trabajaba unas cuantas horas y le cotizaban casi ninguna.

Ustedes perdonen por anticiparlo, pero este cuento no tiene final feliz, de momento. Siete años después, en 2019 gracias a la presión de los sindicatos, recuperaron la mitad de lo que les quitaron. Pero a día de hoy en plena pandemia, doblando turnos y con jornadas maratonianas de trabajo siguen teniendo su jornada reducida, eso sí, con promesas y promesas de que lo recuperarán.

No habrá reactivación justa sin eliminar esta ignominia, sin que recuperen su jornada completa las que limpian mientras dormimos, los que limpian antes de que empecemos a trabajar, las que siguen limpiando cuando nosotros volvemos a casa.

No caeremos en la tentación, como hacen otros con otro gobierno, de decirle al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, “señor Miras, ¿por qué no te piras?” Pero sí le diremos que antes de pirarse de vacaciones deje esta injusticia resuelta. 

Sería muy bonito terminar el artículo diciendo eso de ¡todos somos María! Pero no es verdad. La desigualdad es un virus para el que nunca llega la vacuna. Porque no es verdad que la crisis económica nos golpee a todos por igual. Tampoco el virus golpea a todos por igual. Porque no todos han tenido que coger transporte público para ir a su trabajo porque tienen un empleo mal pagado. Porque no todos han tenido que trabajar sin medidas de protección. Porque no todos al volver exhaustos de su trabajo, han tenido que ver carteles en el buzón o en su propia puerta, pidiéndoles que se fueran a vivir a otro sitio mientras durara la pandemia para no contaminarles sus cacerolas.

Hace 8 años ya que les robaron en la despensa, pero siguen trabajando con el mismo orgullo. No pararemos hasta conseguir que recuperen lo que les quitaron, por todo eso nuestro homenaje y reconocimiento a los que, como escribió Benjamín Prado, llenan de orgullo las neveras vacías.

José Hernández Aparicio

Secretario General de FeSMC-UGT-Murcia

Han pasado dos años desde que Pedro Sánchez alcanzara la presidència del gobierno tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy y sus políticas de la Moncloa. Hoy, dos años después , preside el primer gobierno de coalición de la democracia y se enfrenta a la derecha más rància, más nostàlgica del franquismo, y con actuaciones más impunes que nunca.

El 1 de junio de 2018, Mariano Rajoy se despedía, tras la sentencia del caso Gürtel, que sentenciaba al PP como un partido corrupto;  tras haber agravado el conflicto catalán con los líderes independentistas en prisión o huídos de la justícia, y tras dejar un país recortado en derechos laborales y sociales,

La mayoría del parlamento reclamaba una acción política libre de corrupción, con el diálogo como bandera para resolver el encaje territorial de los pueblos, y que abordara los principales problemas de desigualdad, y de pérdida de derechos, que hoy la crisis de la COVID-19 ha acentúado.

La debilidad del gobierno es evidente. Seguimos con los mismos presupuestos prorrogados que aprobó Rajoy, y a pesar de las constantes llamadas a la unidad de los partidos, se está sudando la gota gorda para sacar adelante cada prórroga del estado de alarma y las medidas para afrontar esta crisis sanitaria y econòmica.

Dos años después de la moción de censura a Rajoy es necesario revivir el espíritu que posibilitó que aquélla saliera adelante, y más necesario si cabe, tras analizar las carencias de nuestro tejido productivo y las primeras consecuencias económicas de la pandemia.

La coalición del gobierno presidido por Pedro Sánchez prometía estabilidad y un programa claro para los próximos cuatro años, pero a los dos meses de iniciar su andadura se topó con dos virus: uno, el coronavirus, que hasta el momento se ha llevado la vida de más de 27.000 personas, El otro virus, el del capitalismo Financiero que ya antes de la COVID-19 anunciaba una crisis más grave que la anterior, y que está aprovechando la liberación de fondos públicos para dejarlo todo como un desierto, menos sus cuentas de resultados.

La recesión es ya una realidad y mucho mayor que la de 2008. La mayoría social de este país requiere medidas urgentes. Si queremos que la crisis no vuelva a caer sobre la clase trabajadora, el gobierno de Pedro Sánchez deberá empezar a hacer cosas diferentes a las del gobierno Rajoy en asuntos económicos.

El Ingreso Mínimo vital no es la panacea, ni puede ser el eje central de esta legislatura recién iniciada. Es más, el IMV puede convertirse en una ayuda a las empresas, al permitirse que su cobro sea compatible con el salario, complementándolo….desde el Estado.

Es necesario recuperar el espíritu de unidad de la moción de censura, el espíritu de ilusión con que la mayoría de este país recibíamos a este gobierno de coalición. Es necesario abordar el conflicto catalán desde el diálogo, es necesario que se deroge en su integridad las últimas reformas laborales, es necesario que las ayudas lleguen a los parados, pero sobretodo es necesario que no haya más parados. Necesitamos con urgència una moratoria indefinida para los despidos, al tiempo que se aborda una política industrial que aproveche las fortalezas de nuestro país para fabricar barcos, para producir energía eòlica, solar y mareomotriz, para fabricar respiraderos, mascarillas, y todo aquéllo que hoy importamos.

Es necesario proteger lo público, fortaleciendo el sector sanitario, la investigación, la enseñanza, y protegiendo el dinero público de la Seguridad social de las zarpas de los especuladores ansiosos por liberalizar las pensiones y por seguir avanzando en la privatización de la sanidad y de los Servicios sociales, para mayor pesar de nuestra salud y la de nuestros abuelos.

Hemos de olvidar los grandes pactos de estado con esta derecha retrógrada y facha, que vive de la confrontación y se alimenta de nuestras debilidades para tirar adelante con las reformas que todos esperamos de este gobierno. El tiempo se agota. La derecha se crece apoyada en sus lobbies (Iglesia, sector Financiero, y especuladores de distinto pelaje), y amparados en una judicatura que necesita una urgente renovación democràtica y democratizadora.

El Gobierno de coalición no tiene los votos suficientes y necesita seguir negociando todos y cada uno de los asuntos que tiene que sacar adelante, por ello es necesario recuperar la unidad de la moción de censura.

No hay mejor aval para la consolidación del gobierno de coalición que hacer políticas para la mayoría social, cerrando la Puerta a la demagogia y al populismo franquista y fascista.

 Baltasar Santos

TS Tarragona

El COVID-19 sigue golpeando con extrema dureza al Planeta (“Aldea Global”), con el agravante de que no tenemos precedentes ni estudios comparados que nos indiquen la culminación del proceso. Está afectando a todos los países y ha puesto bajo la lupa a nuestra organización social y a nuestra forma de vivir y actuar: la globalización (deslocalizaciones salvajes), la democracia, las libertades (circulación de personas), el crecimiento de la economía, el empleo, las migraciones, el cambio climático, el Estado de Bienestar Social…

La Pandemia ha afectado también a la política y está poniendo en serias dificultades a la mayoría de los gobiernos y a muchos líderes políticos. El concepto más frecuentemente utilizado por los analistas globales es el de “incertidumbre política” como consecuencia de las “pocas certezas” que existen sobre la salida de la crisis y la supervivencia final de los gobiernos que la están gestionando. España no es ajena a esta situación- y eso explica que esté aún inmersa de lleno en un Estado de  Alarma sanitaria, económica y social, agravada por la fragmentación política del Parlamento y la irresponsabilidad de algunas fuerzas políticas-, que ha producido miles de muertos, el confinamiento de la población, centenares de miles de desempleados y un  severo retroceso de la economía y, en concreto, de la industria, el comercio y los servicios.

En este contexto político la prioridad del Gobierno y de las CCAA está siendo la salud pública y la protección de las personas. En concreto, combatir el virus, proteger a nuestros sanitarios (con severas carencias de EPIS), disponer de UCIS y de tecnología punta, proteger a las residencias de mayores (con resultados muy negativos), organizar la desescalada y, finalmente, evitar el rebrote en el próximo otoño. Además de frenar en lo posible los despidos colectivos, proteger a los desempleados y mantener abiertos los servicios públicos esenciales.

En todo caso, el Estado de Alarma ha demostrado la eficacia del confinamiento de la población y, por el momento, el buen funcionamiento del Acuerdo entre el PSOE y UP (que soporta al Gobierno de coalición). Pero también la fragilidad de los apoyos con que cuenta el Gobierno, la fuerte influencia política que están teniendo los procesos electorales abiertos en Galicia y País Vasco (12 de julio) y el pendiente de Catalunya, la actitud carroñera y hostil del PP, el populismo demagógico de VOX y una moderada evolución de Ciudadanos hacia la centralidad política que, si se confirma, neutralizaría las exigencias independentistas de ERC.

Efectivamente, subyace una actitud mezquina en algunos partidos políticos que no dudan en utilizar todas las armas a su alcance para desgastar al Gobierno y desprestigiar a Unidas Podemos (UP) y, en concreto, a Pablo Iglesias. El propósito final no es otro que alcanzar el poder y condicionar la salida progresista de la crisis, lo que explica su desmedido esfuerzo por mantener la iniciativa política y una fuerte presencia en los medios de comunicación.

Lo más grave de la situación es que el principal partido de la oposición y los ideólogos de FAES son los que encabezan esta escalada para evitar que el actual Gobierno agote la legislatura, amparándose en la crisis y en el miedo que atenaza a la ciudadanía. Para ello cuentan con fuertes apoyos: gobiernos de diversas CCAA (sobre todo en Madrid, a pesar de que, según Rosa Medel, de UP, “la gestión sanitaria en Madrid no es una privatización sino un fraude”. CTXT. Revista Contexto y Acción. Gorka y Miguel Mora. 10.05.2020), una notable presencia en el Parlamento (PP, VOX y Ciudadanos), el apoyo del poder económico, financiero y de diversos medios de comunicación, así como un número muy importante de redes sociales dedicadas a propagar bulos y mentiras de todo tipo, a lo que hay que añadir los obscenos alborotos de unos pocos secundando el esperpéntico llamamiento de las derechas en las instituciones.

Ante esta ofensiva irresponsable, el Gobierno está gestionando la crisis con mucha cautela evitando caer en la confrontación política. Sin embargo, los partidos de izquierda (supeditados a las instituciones) no deben tolerar esta brutal ofensiva de las derechas y deben hacer un llamamiento enérgico, junto a los sindicatos y las organizaciones sociales, a la regeneración moral y a la movilización social. Nos jugamos mucho. No sólo la continuidad del Gobierno. Nos jugamos el último acuerdo sobre los ERTES, el Ingreso Mínimo Vital, aumentar los ingresos fiscales, potenciar los servicios públicos, la supervivencia de muchas empresas y, lo que es más importante, la salida progresista de la crisis que, en ningún caso, debe estar presidida por el dumping social.

Incluso nos jugamos poner en valor la intervención del Estado, la idea de Comunidad,  el concepto de lo público y el desarrollo de las ideas socialdemócratas, que deberían salir reforzadas de la crisis. La alternativa a estas ideas se conocen: más políticas neoliberales, al margen de las personas, que ponen en riesgo el Estado de Bienestar Social y acrecientan el sentido patrimonial del Estado. Por eso es muy oportuno y conveniente recordar lo que representan estas ideas en la actualidad:

a).- Un crecimiento sostenible de la economía- en el marco de las decisiones económicas que tome la UE- respetuoso con los trabajadores y el medio ambiente.

b).- Políticas encaminadas al pleno empleo: políticas activas, formación, intermediación (servicios públicos de empleo) y nuevos yacimientos de empleo.

c).- Inversión pública del Estado en función de las necesidades económicas y sociales  (empresas estratégicas, impulso a la economía social y al consumo de proximidad).

d).- Sector público fuerte. Responder a la crisis y a las  dificultades de sectores y  empresas y, en coherencia con ello, estudiar sus demandas para que el Estado pueda cubrir las necesidades- si es preciso formando parte del capital- de la industria, transportes, energía, comercio, hostelería y agricultura (despoblación e industrialización del campo y de la ganadería).

En la actualidad, la UE estudia ayudar a las empresas en dificultades. A pesar de ello, Alemania baraja tomar el 25% del capital de Lufthansa, cuando los problemas afectan a la UE y no a los países por separado. En todo caso, el Gobierno no debe limitarse en ningún caso a socializar pérdidas de empresas como ha venido ocurriendo hasta ahora.

e).-  Protección social (pensiones, desempleo y dependencia). Además de acelerar la aplicación del Ingreso Mínimo Vital para disminuir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Incluso,  por encima de la reducción del déficit y la deuda pública.

f).-  Mercado de trabajo estable y con derechos: salarios dignos, contratación fija, condiciones adecuadas de trabajo y salud, jornada de trabajo pactada en convenio. Potenciar la negociación colectiva y la autonomía de las partes.

g).-  Servicios públicos. Fortalecer la presencia del Estado en la sanidad y en la enseñanza. El Estado no puede, en ningún caso, ser subsidiario en estos servicios esenciales como ha manifestado recientemente el presidente de la Conferencia Episcopal (Nueva Economía Forum).

h).- Fiscalidad justa y sostenible. Lucha contra el fraude y la economía sumergida, potenciar los impuestos directos (altos ingresos y rentas de capital) sobre los indirectos, combatir la elusión,  la evasión fiscal y los paraísos fiscales y acelerar la aplicación de los impuestos especiales comprometidos (transacciones financieras, verdes, empresas digitales…)  para alcanzar la media de los ingresos fiscales de la UE.

i).- Combatir el cambio climático y sus efectos devastadores. Aprobar medidas severas contra la contaminación de las ciudades, potenciar el transporte público, combatir la sequía y abordar la transición energética.

j).- Digitalización 5-G, robótica e inteligencia artificial para empresas y personas.  Fiscalizar  el funcionamiento de las empresas tecnológicas y el uso de los datos en red. Regular el trabajo a distancia (teletrabajo).

k).- Igualdad de género. También en salarios, contratación, protección social e igualdad de oportunidades.

l).-  Garantizar las libertades individuales. Caminar hacia un Estado Federal como respuesta a las exigencias de las CCAA y, en concreto, al problema de Catalunya.

Con estas ideas se protege a las personas, se ayuda a las empresas y se apuesta por un crecimiento sostenible de la economía. Además, estas ideas son capaces de comprometer y movilizar a la izquierda sociológica y a los jóvenes, sin recurrir a políticas de centro (siempre acomodaticias), que nunca crean ilusión y confianza en el electorado. También con estas políticas se pueden ganar unas elecciones- a pesar de algunos politólogos y expertos en comunicación-, sólo faltan partidos fuertes que las defiendan y las expliquen a todos los niveles de nuestro tejido social. Incluso, son las más eficaces para defender los intereses de los más desfavorecidos a los que se debe dirigir una política de izquierdas. En todo caso, es un mensaje ilusionante ante el discurso montaraz, catastrofista y sin alternativas que nos ofrecen las derechas, a las que hay que poner en evidencia recordando sus fuertes carencias y limitaciones (sobre todo en la Comunidad Autónoma de Madrid).

Finalmente, el Gobierno en la desescalada debe potenciar la “gobernanza” con las CCAA y redoblar y concentrar sus esfuerzos en salir de la crisis para acelerar las políticas de cambio, como demandan los ciudadanos, de acuerdo con las enseñanzas que nos ha deparado la crisis. La propuesta del Gobierno a los partidos políticos en el Parlamento para llegar a acuerdos sobre la UE, la salud pública, la reactivación económica y las políticas sociales ha sido bien recibida por la ciudadanía. Lo mismo ha ocurrido con las reuniones celebradas entre los interlocutores sociales y el Gobierno, que han sido muy bien valoradas y nos anuncian nuevos encuentros esperanzadores.

En todo caso, es comprensible que los ciudadanos sean escépticos sobre los resultados finales. A pesar de ello, el Gobierno debe insistir en el Acuerdo, al margen de los logros que se consigan. Sin embargo, para que la propuesta sea creíble, el Gobierno debe presentar documentos detallados con su correspondiente memoria económica. Debemos recordar que es sumamente recomendable acudir unidos a la UE para alcanzar las ayudas que precisamos, en coherencia con los principios que inspiran a la UE y con nuestras propias necesidades. Una vez más, el ejemplo de la oposición en Portugal debería ser tenido muy en cuenta por todos, principalmente por el PP y Ciudadanos. A la izquierda en estos momentos le corresponde gobernar con eficacia y comunicar con empatía, sin cometer errores, como exigen los ciudadanos…

Antón Saracíbar

Desde noviembre de 1975 hasta las elecciones de junio del 77, la derecha estuvo muy alterada, después también; no olvidemos el intento de golpe militar de febrero de 1981. Se negaban a legalizar partidos de izquierdas, no querían desarticular el Sindicato Vertical, pretendían que la reforma legal solo fuese estética…Fraga y otros exministros de Franco, y miembros del continuista Gobierno de Arias Navarro, azuzaban a los mandos de las fuerzas armadas, también vinculados al régimen dictatorial, para que no se avanzase por una “peligrosa” (peligrosa para sus intereses, prebendas y privilegios) democratización de España.

Esa obsesión de la derecha, contra la posibilidad de que un partido de izquierdas gobierne “SU España”, en contra de que los trabajadores reconquisten derechos, de que los pueblos y nacionalidades que componen el Estado español puedan decidir su destino, continúa viva, no se han curado. Esa tara mental colectiva es el resultado del miedo que tienen a perder sus privilegios; a pesar de que, más allá de los estéticos, como acompañar a “SU Caudillo” bajo palio y los festejos del 18 de julio para celebrar la criminal victoria genocida contra su propio pueblo, pocos privilegios han perdido.

La derecha está nuevamente rabiosa, con una rabia que, al parecer, han tenido en conserva durante cuatro décadas. Olfatean que esta vez va a ser complicado que la crisis la paguen las rentas del trabajo, pues la resistencia de la mayoría social es evidente. Temen que este Gobierno no sea capaz o no tenga la voluntad de tomar medidas agresivas en “SU favor”, como las que tomó Aznar con su ley de liberalización del suelo, que desembocó en la burbuja inmobiliaria, o la agresiva reforma laboral que impuso Rajoy.

Quieren desestabilizar al Gobierno. Desean llevar a este país a una situación insostenible sin importarles los costes económicos ni humanos, para forzar un gobierno de unidad nacional, de coalición o como sea, pero que les dé la tranquilidad de que no se van a subir impuestos para cubrir las necesidades sanitarias (eso sí, a las 8 aplauden para guardar las apariencias ante sus vecinos. Apariencias que quedan claras una hora después cacerola en mano), ni se van a establecer mecanismos de afianzamiento del Estado de Bienestar, al que no están dispuestos a contribuir.

La música es la misma de siempre, aunque AP y Fuerza Nueva o PP y VOX le pusieran y le pongan letra algo diferente. Sin embargo saben que la presencia del PSOE en cualquier tipo de gobierno que se forme es imprescindible, ningún partido por si solo tiene la suficiente credibilidad para aplicar las políticas que las instituciones financieras internacionales les requieren.

Somos solidarios del Presidente, Pedro Sánchez, de los ministros socialistas, de la coalición que han formado, pues representan a muchos millones de trabajadores y ciudadanos que quieren cambiar el país. Reivindicamos que tengan libertad para atender a las demandas de millones de trabajadores y ciudadanos en difícil situación, para aplicar el mandato de los electores, sin las abrumadoras exigencias de la patronal, a la que nadie ha elegido, de la Guardia Civil, a la que nadie ha elegido, del Banco de España y la Airef, que tienen prohibido recibir instrucciones de los que representan la soberanía del pueblo. De la misma manera que reivindicamos el derecho a gobernar de los que han sido elegidos para ayuntamientos y autonomías. Exigimos que se deje gobernar al Gobierno, para que pueda cumplir con los compromisos de investidura y de los programas electorales. Es legítimo que el Gobierno satisfaga las reivindicaciones pendientes de la mayoría social, no hay mejor forma de combatir a la derecha franquista que fortaleciendo derechos y libertades. Sabemos que es un Gobierno que aún no ha cuajado, apenas llevaba dos meses formado cuando estalló la pandemia, es un Gobierno de coalición con distintas sensibilidades en su seno y encima les ha tocado lidiar con la peor crisis sanitaria de los últimos cien años. El resto de dificultades ya las pone la derecha.

No se trata de apoyar incondicionalmente al Gobierno, pues solo de sí mismo dependerá si se debilita, cayendo y arrojándonos a las fauces del gobierno que añoran los nostálgicos rabiosos o si se fortalece demostrando que gobierna para la mayoría social. Una medida así sería que el acuerdo del PSOE, UP y Bildu se hiciese extensivo a otras fuerzas políticas: ERC, BNG, Compromís, Mas País…para derogar íntegramente la reforma laboral de 2012, la reforma de pensiones de 2013, la LOMCE, la derogación del Artº 135.3 de la Constitución…

El Gobierno se verá fortalecido si no aplica las recomendaciones que el Gobernador de Banco de España hizo en su reciente comparecencia ante las Cortes, en la que recetó: nuevos recortes, más despidos, etc. Las recetas de siempre.

La alternativa de los de la cacerola rojigualda es la regresión, otra vuelta de tuerca a la reforma laboral. La alternativa al Gobierno actual es otro ataque al sistema público de pensiones, es otra andanada de leyes restrictivas contra los derechos fundamentales, no por el estado de alarma; Rajoy no necesitó un estado de alarma para abusar del artículo 315.3 del Código Penal para criminalizar el derecho de huelga, ni para la Ley Mordaza contra la libertad de expresión y movilización.

La deuda aumenta; los expertos la sitúan por encima del 115%, y de otra parte el  PIB desciende -9 puntos, es la previsión. Las posibilidades de entrar en una recesión fuerte son más que reales. El Gobierno se fortalecerá si no titubea, si se enfrenta a los que quieren que la crisis la paguen los de siempre, si impide los despidos, si reactiva la economía con todos los productos que les son necesarios a la sociedad e interviene, si hace falta, las entidades financieras y las fábricas que considere necesario. Competir con China no puede ser a base de bajar los salarios.

Con el anuncio de cierre de la planta de Nissan de Barcelona se corre el riesgo de dejar sin sustento a 23.000 familias, entre trabajadores directos e indirectos. Ante esto, el Gobierno debe actuar sin medias tintas. Alguna vez habrá que pararle los pies a las multinacionales. Los patriotas lo comprenderán; no se puede mentir al Presidente de un país que está dándote ayudas económicas por los cuatro costados y que no pase nada. Si se metieron más de 60 mil millones para sanear entidades bancarias que después fueron entregadas gratis o baratas a otras entidades financieras, no es descabellado expropiar una fábrica que te hace un roto laboral del tamaño de Nissan, máxime cuando es evidente que este país no puede depender en exclusiva del sector servicios. Más aún cuando ha quedado claro que tenemos carencias básicas como la fabricación de respiradores hospitalarios, por poner solo un ejemplo.

Nissan, a pesar del tremendo drama que representa, puede que sea la primera parte de la punta del iceberg que se nos echa encima. Los despidos se están produciendo en la mismísima sanidad pública; por ejemplo en la Comunidad de Madrid –icono del PP de lo que debiera ser un Gobierno- se está despidiendo a los sanitarios que fueron contratados para paliar el déficit de personal, y se está contratando con cuentagotas en la atención primaria. Como dicen los católicos: “desvestir un santo para vestir a otro”. Las compañías aéreas están anunciando despidos masivos. El 30 de junio termina la protección a los trabajadores que han caído en la desgracia de los ERTE de fuerza mayor, los cuales suman más de tres millones y cuyos salarios han descendido por este hecho entre un 30% y un 50%. Todo hace temer una ola de ERE, por eso es muy urgente la derogación íntegra de la reforma laboral. El turismo se va a resentir sin duda, y así un largo listado de sectores y empresas a las que el Gobierno está ayudando con multimillonarias cifras, pero que no garantizan el empleo. Por ende, las ayudas económicas deben ir destinadas a impedir la destrucción de puestos de trabajo y sólo a las empresas que aseguren el mantenimiento del empleo.

Hay que recordar nuevamente que el Gobierno de quienes enarbolan la cacerola, soltó más de 60.000 millones de euros solo para un solo sector, el Financiero; cuyo “agradecimiento” a la sociedad fue la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo de los que no han devuelto ni el 10% de esa deuda con el Estado. 60 mil millones equivalen al 50% del coste económico estimado de la actual pandemia.

La mayoría social debe percibir, tiene que ser tangible, que el gasto público se destina a las prioridades de la mayoría: el Ingreso Mínimo Vital, aunque insuficiente, lo es; siempre que no se termine utilizando para complementar salarios, lo que sería una manera indirecta de financiar a las empresas. Necesitamos que se refuerce y se asegure como un derecho, como una conquista histórica, un subsidio de desempleo que cubra todas las necesidades de una unidad familiar media. Reforzar el sistema sanitario con infraestructuras, medios técnicos y personal bien remunerado lo es. Desdoblar las aulas y contratar profesorado para que el septiembre se inicie el curso con normalidad y con medidas de prevención para alumnos y profesores lo es…Esas son, entre otras muchas, las prioridades que hay que abordar.

Ante todo esto, que es mucho, no basta con salir a aplaudir a las ventanas. Las organizaciones que representan a la mayoría social, sean de la naturaleza que sean: partidos, sindicatos o asociaciones, deben aunar una respuesta por y para la mayoría social. No tenemos los medios de comunicación, carecemos del dinero para financiar campañas como hace Steve Bannon, no tenemos los medios de producción, pero seguimos siendo la mayoría que trabaja para llevar un salario a casa con el que mantener a nuestras familias, la que cotizó y recibe una pensión, la que estudia para tener opción a un futuro digno, y cada día esos sueldos, esas pensiones y ese futuro están más devaluados.

 El Comité de Redacción

Este 28 de abril nos enfrentamos a una crisis mundial de salud pública, como no se recordaba desde hace más de un siglo por ello elegido el lema elegido por UGT y CCOO “Paremos la Pandemia en el Trabajo” cobra plena actualidad este año.

Pero este año tiene muchas diferencias con otros en los que se reivindicaba poner en los primeros puestos  de la agenda de la clase política la prevención de riesgos laborales, se pedía acabar con la siniestralidad laboral, entre otras reivindicaciones…Este e 28 de abril, el de la crisis sanitaria mundial rinde  homenaje a las víctimas del #Covid19 , pero también  a las personas trabajadoras, que aún a riesgo de su salud, han combatido la pandemia en primera línea y es que  los trabajadores y trabajadoras  de los servicios esenciales han demostrado la importancia de la clase trabajadora para garantizar el funcionamiento de nuestra sociedad.

Y es que si algo ha puesto de manifiesto esta pandemia a la que nos enfrentamos, es que la Salud Laboral es indisociable de la salud pública; ha revelado el error de las políticas que han priorizado los beneficios empresariales sobre derechos prioritarios como es la Salud y el Trabajo digno.

A pesar de los avisos de que las políticas de austeridad impuestas por el PP,  diezmaron los servicios públicos, que ahora se revelan imprescindibles, como la Sanidad Pública, ha tenido que venir una pandemia de estas características para que todo quede visible a los ojos de la sociedad.

Desde 2008, se redujeron las inversiones en Prevención de Riesgos Laborales en las empresas y las políticas públicas activas en materia preventiva, 2012 y la reforma laboral del PP dejaron la prevención muerta, la excusa de la crisis valía para todo.

La consecuencia de los recortes, ha dejado mayor precariedad laboral, y un repunte de los accidentes de trabajo que cada año va en aumento.

La siniestralidad laboral mata, esto es así de claro y además produce accidentes que deja con secuela a las trabajadoras y los trabajadores para toda su vida.

Este 28 de abril Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, es el momento de ser rotundos y afirmar que “no se puede mercantilizar la Salud Pública, ni la Salud Laboral. Hay que garantizar que este derecho sea prioritario y que llegue a todo el mundo.

Y es que desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hace más de  25 años, se ha desvirtuado la prevención y en muchos casos se ha contemplado como un negocio, no como un derecho, ello ha hecho que los servicios de prevención, en muchos casos parecieran ausentes y en un caso tan grave como el actual,  mostraran sus  limitaciones.

En una crisis sanitaria sin precedente en nuestra historia moderna, nos encontramos con que los servicios de prevención ajenos prácticamente han desaparecido y algunos han solicitado ERTEs para parte de sus plantillas, mientras, ofrecían test de COVID-19 a sus clientes.

Otra de las grandes ausencias inexplicable durante esta pandemia, han sido las Instituciones públicas en el ámbito laboral.

Este 28 de abril Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo  debe servir además de para marcar errores para intentar poner el dedo en la llaga de la situación de la Salud Laboral en nuestro país.

Es necesaria una mayor coordinación entre los departamentos de Sanidad y de Trabajo tanto en la Administración General del Estado como en las CCAA y Ayuntamientos.

Es inadmisible  la reducción que se hizo de la plantilla del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, muy necesario ahora para liderar la prevención ante esta pandemia.

Son necesarios más  Inspectores de Trabajo, pues  España  tiene la ratio más baja de Europa.

Es fundamental  para afrontar esta crisis sanitaria y velar por la seguridad y salud de las personas trabajadoras, apostar por la prevención y cumplir con la normativa marcada por las autoridades sanitarias, usando los Equipos de Protección Individual ( EPI) en los centros de trabajo para evitar accidentes  y contagios.

Es imprescindible el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

En este 28 de abril tan especial, es importante señalar la labor de los sindicatos y sobretodo   destacar  la inestimable labor  que están llevando a cabo los miles de Delegados y Delegadas de prevención y los Comités de Seguridad y Salud que trabajan cada día en los centros de trabajo para cuidar de todxs y que en momentos como el actual, se han convertido en verdaderos héroes a los que sin embargo, no se les aplaude desde los balcones y es que el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez ha puesto  el acento en una situación que más pronto que tarde tendremos que afrontar, los sindicalista de este país hacen una labor esencial  y los liberados sindicales,( esos tan denostados que han sido los primeros en volver a sus puestos de trabajo antes incluso de que se declarara el estado de alarma)  realizan sus trabajos en sus centros de trabajo y luego siguen atendiendo a sus compañeros y compañeras durante 24 horas al día; en definitiva, es fundamental cambiar la visión de lo sindicatos y los sindicalistas que durante todo el mandato popular han venido sufriendo campañas de acoso insoportables.

Lo que sí está claro es  que tras el covid-19, debe configurarse un mundo más justo y solidario, donde la Salud y la Seguridad de las personas se conviertan en un eje central en las relaciones laborales y en las políticas, no podemos consentir que el sistema económico se contraponga a lo importante, la Salud y la Vida.

 María Iglesias Domínguez- Periodista- Redacción Tribuna Socialista

El pelotazo de la Sanidad privada en Catalunya y en todo el estado sigue haciendo su agosto en plena pandemia del COVID_19. La actual pesadilla que vivimos los catalanes y catalanas es consecuencia directa de años de recortes en sanidad y en servicios públicos.

El President Quim Torra, abonará a cargo de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya a los hospitales privados y concertados que funcionan fuera de la red sanitaria pública más de 43.000 euros por cada paciente de coronavirus que ingrese en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

La cifra llama poderosamente la atención, ya que según la patronal Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) los costes de hospitalización por enfermo de coronavirus oscilan entre 250 euros diarios en caso de hospitalización normal y hasta 750 euros en caso de internamiento en UCI (unidades de cuidados intensivos).

Según el director general de la Asociación Catalana de Entidades de Salud, Lluís Monset, el tratamiento “son poco más de 1.000€ al día». Haciendo las cuentas, el coste de atención a un enfermo que está 21 días internado en UCI podría alcanzar la cifra de 21.000 €, lejos de los 43000 €.

El modelo de salud catalán preveía hasta ahora un coste por enfermo de 23000 € cuando se derivaban pacientes de la sanidad pública a la concertada.  La crisis del Covid_19 en Catalunya quasi duplica esa cantidad. Un gran negocio para la sanidad privada por decisión directa del President de la Generalitat, que con una mano exige más dinero del Estado (es decir, del dinero de todos) y con la otra mano transfiere el dinero a la sanidad privada.  El zorro al cuidado de las gallinas.

Una aclaración posterior de los técnicos y asesores de Torra ha puesto de manifiesto que  “Únicamente se obligará a los hospitales privados a devolver dinero si han obtenido un beneficio excesivo (…) se devolverán si estos son superiores a lo razonable». El cinismo es completo. ¿qué es un beneficio razonable?

La derecha catalana y la escabechina a la sanidad pública

Los recortes en Catalunya empezaron antes que en el resto del Estado. El Govern del derechista Artur Mas (CiU) aplicó un recorte global en sanidad y educación públicas, protección social, ocupación y vivienda de ni más ni menos que 4.500 millones de euros. Los sucesivos gobiernos de JxSí, PDeCAT/JxCAT y ERC no han revertido ni mucho menos estos recortes, hecho que sitúa a Catalunya en la cola del Estado en atención sanitaria, como apunta el estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP): listas de espera interminables, masificación, plantillas insuficientes y cada vez más precarizadas, cierre o reducciones de servicios en CAPs y hospitales…

El Institut Català de la Salut (ICS) ha pasado de 6.600 facultativos a 5.700.  De 2010 a 2017, la derecha catalana ha recortado 1.000 millones de euros el presupuesto de la sanidad pública.

A finales de enero de 2020, cuando todavía observábamos como algo ajeno a nosotros la pandemia, el «Círculo de Salud» publicó un estudio «la enfermedad de la sanidad catalana: financiación y gobernanza». Dicho estudio concluye que el presupuesto para el gasto sanitario público en Catalunya se tendría que incrementar en más de 5.000 millones de euros cada año para equipararse al gasto de salud público de países con sistemas de salud homologables.

Aunque desde el gobierno de la Generalitat se anunció a bombo y platillo que los nuevos presupuestos de la Generalitat revertían los recortes en sanidad, desde el sindicato «Metges de Catalunya» se dice que “En el año 2010 teníamos un presupuesto para sanidad de 9.875 millones de euros, y en 2020, dispondremos de 86 millones menos. sin contar una inflación del 16,3% en Catalunya, que se debe restar a las cuentas, siendo que de esta manera el presupuesto real es de aproximadamente 8.190 millones de euros, es decir 1.685 millones de euros menos en 10 años.

Eso sí, la sanidad privada ha avanzado en época de recortes. Por ejemplo, la Generalitat entregó 300 millones de euros al holding sanitario IDCsalud, controlado por un fondo de capital riesgo, conformando el grupo Quirónsalud, mientras recortaba un 16% el presupuesto del CatSalut. Y es que el 76% de los hospitales y el 56% de las camas hospitalarias catalanas son gestionadas por empresarios privados:

• El 42% del total de camas hospitalarias de Catalunya son propiedad del grupo Quirónsalud.
• Catalunya se ha convertido en el territorio que regala más dinero público a las clínicas privades.

La derecha catalana ha hecho enfermar a la sanidad pública.

Los presupuestos de la Generalitat para 2020 pactados por JxCat y ERC con los Comuns, presentados como un gran avance, solo destinan 913 millones a incrementar la dotación de los hospitales públicos, lo cual, según Metges de Catalunya “no permite recuperar los niveles de gasto del ejercicio de 2010, previo a los recortes, y continúa alimentando la infrafinanciación crónica del sistema”.

¿Y el caso de las residencias de gente mayor?

Lo mismo ocurre con las plazas de residencia, que se han convertido en verdaderos «mortuorios» para nuestros abuelos.  En 2016, de 57.000 plazas de residencia en Catalunya, solo 5.000 (9%) eran gestionadas directamente por la Generalitat, según datos de la propia patronal del sector.

En muchos de estos centros los ancianos se contagian y no hay medios para atenderles, ni a ellos ni a sus cuidadores y cuidadoras. Faltan mascarillas, no se hacen test al personal ni a los demás ancianos salvo que muestren síntomas graves, permitiendo que siga el contagio.

Por poner solo un ejemplo. un conocido y prestigioso centro privado de la comarca del Baix Penedès, integrado en la ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española),  cuyo origen se remonta a 1941. Nace como centro de pacientes agudos, pero amplia su cobertura asistencial a los pacientes crónicos en el año 1983, con su incorporación al Programa “Vida als anys” de la Generalitat de Catalunya. Se convierte así en centro proveedor del CatSalut y es nombrado Centro Sociosanitario de referencia de la Comarca del Baix Penedès, con un pabellón y 120 camas sociosanitarias, además de las 24 camas de Residencia Asistida, también concertadas con el ICASS.

Durante el inicio de la crisis del COVID-19, la dirección del centro prohibió a algunos trabajadores llevar mascarilla para no crear alarma social. Más adelante, cuando las mascarillas se hicieron obligatorias, dan una mascarilla por semana al personal. Algún enfermero había comunicado que su pareja había dado positivo por COVID_19, pero sin embargo, la dirección obligó al trabajador a seguir trabajando, sin hacerle prueba alguna, y asumiendo el riesgo de contagio a compañeros y pacientes.  Según fuentes de trabajadores a los que hemos tenido acceso, la mayoría de personal sanitario ha sido contagiado, y del centro sociosanitario, en el que existen 120 camas, al menos 80 ancianos han sido contagiados, y han muerto, al menos, 60 personas entre los meses de marzo y abril, cifra muy superior a la de otros años por la misma fecha. No existent datos oficiales al respecto, o de existir están en un cajón del departamento de salud.

A gran parte del personal, sanitario y no sanitario, se les ha obligado a hacer uso de sus vacaciones para hacer rotar al personal, algo expresamente prohibido por la legislación laboral. Algunos de los trabajadores contagiados han retornado al trabajo activo después de superar los síntomas de la enfermedad, sin hacerles ninguna nueva prueba de detección del virus.

Según comentan algunos familiares en redes sociales, la mezquindad roza lo inimaginable, cuando se discrimina a los pacientes que son atendidos en virtud del régimen de concertación. A estos pacientes no se les da merienda, mientras que a los privados sí. ¡Negarle la merienda a un abuelo!.

El último gran escándalo ha saltado a los medios de comunicación estatales el 20 de abril, cuando una familiar de un abuelo hospitalizado fallece dos días después de habérsele dado el alta médica. El paciente en cuestión era residente de otra residencia de la comarca, se contagió por coronavirus, y fue llevado al hospital del Vendrell. Superada la enfermedad, el Hospital del vendrell deriva al paciente a este centro privado para pasar la cuarentena. Es ingresado en la sección de agudos (no de residencia). Según el familiar, el abuelo es ingresado el 2 de abril y desde entonces permaneció encamado hasta el alta de la policlínica el 17 de abril. En esa fecha, el paciente, ya con el alta médica, es derivado a su residencia de origen, quienes alertan a los familiares de las llagas y necrosis con que el paciente llega a la residencia, signo de no habérsele practicado los cambios posturales exigidos en estos casos. El paciente fallece 2 días después por una infección de orina. Fuentes profesionales a las que hemos accedido dicen que las llagas y necrosis pueden causar asepsis, infección en la sangre, y causar complicaciones como las que han acabado con la vida de este usuario. Venció el coronavirus pero no resistió la desatención sufrida en un centro privado.

Este es el tipo de centros privados con los que el Govern de Quim Torra hace negocios. Mientras tanto, la Consellera de Salut, Alba Vergés, ha recomendado limitar «el esfuerzo terapéutico» de los pacientes mayores de 80 años con coronavirus Covid-19 y proceder a tratamientos de confort (morfina). Si tienes más de 80 años, la sanidad no hará por ti más que sedarte. ¿Es esto lo que merecen todos esos abuelos que han sido el soporte económico de miles de familias durante la anterior crisis económica?.

Sin duda, la izquierda política y social tiene que reaccionar ante este atropello.

Tenemos que recuperar los hospitales y residencias para el sistema público.

La rápida propagación y las muertes causadas por el SARS-CoV2 en Catalunya son consecuencia directa de las privatizaciones y recortes masivos en la red pública de hospitales, centros de atención a mayores y otros servicios sociales realizados por los representantes políticos de la derecha catalana. La falta de voluntad de Torra y su Gobierno para dotar a la sanidad pública de recursos suficientes y enfrentarse a sus colegas empresarios de la privada es más que evidente.

No vale excusarse, como suele hacer el President Torra, en la falta de competencias de la Generalitat, ni en el «España nos roba», ni la eterna promesa de que cuando alcancemos la independencia nos sobrarán hospitales. Ya está bien de mentiras. Para entregar todas esas clínicas, hospitales y residencias de ancianos a sus amigos de la burguesía catalana no le han faltado competencias.

Y cuando a finales de 2018 los médicos fueron a la huelga exigiendo más medios y personal, la respuesta de los gobiernos de CiU y JxCat-ERC fue enviar los Mossos d’Esquadra a reprimirles y negarse a tomar medidas que hoy habrían servido para afrontar la pandemia de otra manera.

Pero es que incluso el argumento de “falta de competencias” se deshace por sí solo. El pasado 15 de marzo Pedro Sánchez declaraba el estado de alarma y entregaba a las Comunidades Autónomas el control de los centros privados y ponerlos al servicio de lo público.

De esta manera, la Generalitat podría haber controlado la sanidad privada, podía haberla expropiado sin indemnización, podía haber dotado la sanidad pública de los recursos humanos necesarios, abrir todas las plantas hospitalarias cerradas, comprar material médico, quirúrgico y de protección, pero nada de eso…..lo que hace en realidad es incrementar la cuenta de resultados de los empresarios del sector privado sanitario y sociosanitario, sus amigos y protegidos, entregándoles 43.000€ por cada paciente que pase por una UCI, independientemente del tiempo que permanezca ingresado en ella.

Para los pacientes menos graves, los centros privados serán recompensados con 2.500€ para hospitalizaciones inferiores a los 3 días, y  5.000€ a partir de los 4 días. La Generalitat también abonará 93€ por cada test PCR que realice la sanidad privada, y en centros privados como el del ejemplo, se comercializan estos tests, incluso para los trabajadores con mutua, por 150 €, eso sí, previamente tienen que pasar por consulta, y abonar la consulta médica para que el médico dictamine la necesidad de practicar la prueba. Claro que sí, negocio sin escrúpulos.

¡No, President Torra!. Así no. Deje de invertir en los negocios de sus amigos, e invierta en la sanidad pública que es de todos y todas las catalanas.

Baltasar Santos

TS Tarragona