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Socialdemocracia sin nostalgia ni privilegios

En política no hay nada más legítimo que el debate de ideas. Lo que resulta más discutible es el lugar desde el que se ejerce. El reciente manifiesto firmado por Jordi Sevilla y otros antiguos referentes socialistas invita a una reflexión necesaria: ¿quién puede arrogarse hoy la representación de la socialdemocracia y con qué autoridad moral?.

Muchos militantes y votantes socialistas —los que sostienen el partido con cuotas, trabajo voluntario y compromiso cotidiano— observan con desconcierto cómo determinadas voces, alejadas desde hace años de la vida orgánica y social del PSOE, reaparecen para dictar sentencias sobre la supuesta deriva del proyecto socialdemócrata. Resulta cuanto menos llamativo que esas advertencias procedan, en no pocos casos, de trayectorias profesionales desarrolladas en los consejos de administración de grandes corporaciones, especialmente del sector energético.

El fenómeno no es exclusivo de España. En buena parte de la socialdemocracia europea se repite un patrón: dirigentes que hace tiempo abandonaron la política activa, integrados plenamente en las élites económicas, reivindican una socialdemocracia cada vez más despojada de contenido material.

Una socialdemocracia de discurso, pero no siempre de hechos. Más cercana a la tertulia que a la realidad social de millones de trabajadores.

El manifiesto sostiene que las políticas del actual Gobierno estarían alimentando el auge de la extrema derecha. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que ese crecimiento no nace de un exceso de derechos sociales, sino de la frustración que generan décadas de precarización, desigualdad y desprotección. Difícilmente puede responsabilizarse de ese fenómeno a un Ejecutivo que ha impulsado la subida del salario mínimo, reforzado la negociación colectiva, protegido las pensiones y ampliado el escudo social en los momentos más duros.

Conviene recordar que la socialdemocracia no es una etiqueta estética ni un ejercicio de nostalgia.

Es una práctica política concreta. Se mide en políticas públicas, no en columnas de opinión. En decisiones que afectan a la vida real de la gente, no en diagnósticos abstractos formulados desde posiciones de evidente comodidad social.

Como advirtió Julián Besteiro, el socialismo no se define por las palabras, sino por los hechos. Y los hechos, hoy, siguen hablando de derechos laborales, servicios públicos, cohesión social y redistribución. Defender eso no es populismo ni desviación ideológica: es socialdemocracia en estado puro.

El PSOE no pertenece a camarillas ilustradas ni a salones bien alfombrados. Es un partido popular, con raíces profundas en la clase trabajadora. Conviene no olvidarlo. Porque la socialdemocracia, si quiere seguir siendo útil, no puede permitirse el lujo de confundirse con el privilegio ni de hablarle al país desde la distancia.

J. Berjano,

Socialista “Chaparrilla” de la puta base

Manifiesto de Izquierda Socialista

Izquierda Socialista de Castilla La Mancha sobre las manifestaciones realizadas y publicadas de Sara Simón, consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla La Mancha y secretaria de Política municipal del PSOE-CLM

A la atención del compañero Secretario General del PSOE de Castilla La Mancha, Emiliano García Page Sánchez

Los miembros de la Coordinadora Regional de Izquierda Socialista PSOE de Castilla La Mancha (IS-PSOE-CLM) hemos recibido atónitos la declaración extemporánea y malintencionada que la Consejera de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha realizado en relación a las primarias en las que la militancia, sin manejar ningún resorte de poder interno federal, ni regional, devolvió al compañero Pedro Sánchez Pérez Castejón a la Secretaría General del PSOE.
Las palabras de Sara Simón Alcorlo suenan a “puñalada de pícara” por cuanto dichas a estas alturas de los acontecimientos, pretenden abrir un falso debate sobre la ilegitimidad de un proceso de primarias que fue ejemplar, en el que Pedro Sánchez ganó limpia y sobradamente, incluso en Castilla La Mancha.
En cualquier caso, el PSOE de Castilla La Mancha, usted mismo como Secretario general del PSOE REGIONAL debería aclararle a su Consejera a este tenor, en este sentido, si usted mismo dio alguna orden para llevar a cabo algún tipo de cambio o alteración de los comicios, presionando a los militantes, modificando el censo o las papeletas, … en fin, lo cierto y verdad es que usted y solo usted controlaba el aparato del partido para poder llevar a cabo alguna modificación en el proceso de elección de candidatos. Sólo usted disponía de los resortes de poder necesarios que garantizaban unas elecciones limpias en nuestro territorio. Quizás debería hablar más con su Consejera de Igualdad sobre este particular.
Desde IS-PSOE-CLM no creemos conveniente que la compañera ponga en tela de juicio la democracia interna del partido socialista en aquellas primarias para ganar puntos personales aprovechando el ruido mediático actual y mezclándolo todo como en una ensalada deslegitimadora del partido, este bulo de la compañera Consejera tiene demasiada cocina y enjundia como para dejarlo pasar.
Solicitamos del compañero secretario general la destitución inmediata de la Consejera Sara Simón Alcorlo, o su dimisión voluntaria, como parte del Gobierno Regional de CLM.
IS-PSOE-CLM deja abierta la posibilidad de llevar a la compañera Simón Alcorlo al Comité de Garantías del partido, en caso de que la Consejera o usted no actúen en alguna de las direcciones expuestas.


Toledo a 14 de Diciembre de 2025.
Coordinadora Regional de IS-PSOE-CLM.

Apoyo al Manifiesto por parte de la Comisión permanente federal

COMUNICADO

Comisión Permanente Federal
de Izquierda Socialista-PSOE

La comisión permanente federal de Izquierda Socialista-PSOE manifiesta:
Su apoyo al manifiesto emitido por nuestros compañeros de Castilla La Mancha sobre las manifestaciones realizadas y publicadas de Sara Simón, consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla La Mancha y secretaria de Política municipal del PSOE – CLM, cuestionando la limpieza de las primarias celebradas en 2017, para la elección a la secretaria general del PSOE que conllevaron la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General.
Esta declaración se ha producido en la línea de otras realizadas en distintos medios o insinuaciones vertidas por diversas “fuentes” diversas, donde se ha cuestionado la legitimidad de la elección, en una campaña de deslegitimación del actual liderazgo del PSOE.
Con estas declaraciones se hace daño al PSOE y a sus militantes pues no solo se cuestiona su liderazgo, sino que a la vez están cuestionando la honradez de los compañeros que participamos en el proceso y con ello a la organización.
Nuestros militantes y la honradez del PSOE no pueden ser cuestionada de forma irresponsable, hay declaraciones que no son asumibles ni aceptables, no son errores de interpretación, son realizadas con intención de que tengan incidencia en nuestra organización y cuestionar por intereses políticos la legitimidad de nuestros procesos, contribuyendo a la desafección de nuestra militancia y a la imagen de partido ante la ciudadanía.
Estas actuaciones creemos que son dañinas y perjudiciales para el PSOE, por ello, pedimos a la secretaria de Organización de nuestro partido que estudie como se enmarcan o puedan vulnerar el Artículo 8 de nuestros estatutos y, si así fuera, las remita a la comisión de garantías para su estudio y toma de decisiones en consecuencia.


Comisión Permanente Federal de IS – PSOE
izquierdasocialista@psoe.es

Retos para el socialismo en la sociedad actual

Las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas de las últimas décadas han alterado profundamente las condiciones en las que se desarrolla la vida democrática y el propio papel del socialismo como proyecto político. No asistimos al fin de la democracia, pero sí a un debilitamiento de su base social y material, que exige una reflexión honesta y estratégica por parte de las fuerzas socialistas.

La globalización, la digitalización y los cambios en los modelos productivos han generado crecimiento y avances tecnológicos, pero también han provocado precarización laboral, concentración de riqueza, inseguridad vital y una creciente sensación de injusticia entre amplios sectores de la clase trabajadora. Esta percepción se ve agravada cuando el esfuerzo individual —trabajo, cotización, cumplimiento de normas— no encuentra una correspondencia clara en las políticas públicas, erosionando la confianza en el sistema democrático y en la política como herramienta de mejora colectiva.

Desde una perspectiva socialista, resulta imprescindible reafirmar una idea central: el Estado social se sostiene sobre el trabajo, la contribución y la reciprocidad. Las políticas públicas deben proteger a quienes lo necesitan, pero también reforzar el vínculo entre derechos y participación en la comunidad política. Todo el mundo debe recibir en función de sus necesidades, pero también todo el mundo debe aportar en función de sus posibilidades. Cuando las ayudas sociales se perciben como desvinculadas de cualquier compromiso de contribución a la sociedad, se genera desafección entre la clase trabajadora activa, se expande el concepto de «parasitarismo» que fracciona la clase trabajadora y se cuestiona y debilita la legitimidad del propio Estado del bienestar, dejando el terreno abonado a la ultraderecha que pesca en los caladeros de los barrios obreros, donde la desigualdad se da la mano con la desinformación.

Este mismo principio debe aplicarse a ámbitos clave como la vivienda, la inmigración o la seguridad. Defender el derecho a la vivienda exige políticas públicas ambiciosas, pero también garantizar seguridad jurídica y equidad para quienes, con grandes esfuerzos, cumplen sus obligaciones.

En materia migratoria, una política progresista debe combinar derechos, integración laboral y exigencia de convivencia cívica, diferenciando con claridad entre quienes vienen a trabajar y aportar y quienes vulneran las normas comunes. No hacerlo favorece discursos simplistas que la extrema derecha instrumentaliza con facilidad. De la misma manera que se lucha por la convivencia y la cohesión social, se deben redoblar los esfuerzos por eliminar las causas que obligan a la gente a ejercer el derecho a la emigración para sobrevivir y prosperar.

Junto a estas cuestiones, el socialismo debe reabrir debates estratégicos que han quedado relegados o tratados de forma tímida. Entre ellos, el papel de la propiedad pública en sectores estratégicos como la energía y la banca. La experiencia reciente demuestra que dejar estos ámbitos exclusivamente en manos del mercado limita la capacidad del Estado para garantizar precios justos, seguridad de suministro y orientación del crédito hacia objetivos productivos y sociales.
Plantear fórmulas de propiedad pública, participación estatal o control democrático no es una reliquia ideológica, sino una respuesta pragmática a fallos estructurales del mercado.

Asimismo, resulta imprescindible situar en el centro las políticas públicas de vivienda, transporte y regulación de los mercados.

El acceso a una vivienda digna, a un transporte público eficiente y a mercados regulados que eviten abusos no son políticas accesorias, sino pilares materiales de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social. Sin estos elementos, la democracia pierde contenido real y se convierte en un marco formal cada vez más frágil.

Un reto específico de nuestro tiempo (o quizás no tanto) es el impacto de la automatización y de la inteligencia artificial en el empleo. La introducción de nuevas tecnologías puede aumentar la productividad, pero también destruir puestos de trabajo y debilitar la base contributiva del sistema de protección social. El socialismo no puede limitarse a celebrar la innovación ni a demonizarla: debe gobernarla.

En este sentido, resulta legítimo y necesario abrir el debate sobre nuevos sistemas de cotización y fiscalidad que tengan en cuenta el impacto de las decisiones empresariales sobre el empleo. Un modelo en el que las empresas que destruyen empleo de forma sistemática mediante automatización contribuyan más al sistema, mientras que aquellas que mantienen o crean empleo estable sean incentivadas, permitiría adaptar el Estado del bienestar a la nueva realidad productiva. No se trata de frenar el progreso tecnológico, sino de repartir de forma justa sus costes y beneficios.

El papel de las grandes empresas tecnológicas y de las plataformas digitales refuerza esta necesidad de regulación democrática. Su capacidad para influir en la economía, el empleo y el debate público supera con creces los marcos regulatorios actuales. Defender la democracia implica someter estos poderes a control público y garantizar que su actividad contribuya al interés general.

En el ámbito europeo e internacional, estos debates se entrelazan con las discusiones sobre seguridad, gasto público y autonomía estratégica. Una política socialista coherente debe rechazar falsas dicotomías entre seguridad y derechos sociales, y defender que la verdadera seguridad se construye sobre empleo digno, servicios públicos fuertes y cohesión social.

Y es en el marco de los servicios públicos, donde los mal llamados «liberales» y la ultraderecha abonan el terreno para desprestigiar la sanidad y la educación públicas para que los mercados privados que ellos mismos favorecen e incentivan, emerjan, ganen cuota de mercado a lo público, y lo que es incluso peor….exista una transferencia cada vez mayor de dinero público al sector privado, que hasta ahora, ha sido, tristemente tolerado, cuando no defendido, por políticos de izquierda, que intentan convencernos de que sería imposible mantener un sector únicamente público porque sería insostenible económicamente.

La transición ecológica es un objetivo irrenunciable, pero su diseño actual plantea problemas de justicia social que el socialismo no puede ignorar. Las políticas de ayudas a la compra de vehículos eléctricos, tal como están concebidas, benefician de manera desproporcionada a las rentas más altas, capaces de adelantar inversiones elevadas y acceder a infraestructuras privadas de recarga, mientras dejan al margen a amplios sectores de la clase trabajadora que dependen de vehículos antiguos o del transporte público insuficiente.

Lo mismo sucede con las zonas de bajas emisiones que prohiben la circulación de vehículos «contaminantes» sin que las políticas de transporte público cubran las necesidades de los trabajadores y trabajadoras.

O con las nuevas regulaciones de las tasas de recogida y tratamiento de residuos, que encarecen nuestra contribución a la limpieza del planeta y al aprovechamiento de los recursos mientras el planeta es destruido por bombas, misiles altamente contaminantes o mientras consumimos gas licuado estadounidense extraído con técnicas contaminantes como «fracking», tan del gusto de Donald Trump. Eso sí, cerramos las minas, seguimos siendo un país energéticamente dependiente de otros, y regalamos la producción de energía renovable a las mismas empresas que se lucraron con las energías no renovables.

Al mismo tiempo, la descarbonización de sectores industriales y productivos tiene un impacto directo sobre el empleo y las condiciones de vida en determinados territorios, generando incertidumbre y miedo al empobrecimiento. Reconocer estos efectos no es negacionismo climático, sino una condición necesaria para que la transición sea socialmente sostenible. Sin políticas públicas que garanticen alternativas reales de empleo, formación, movilidad asequible y reparto equitativo de los costes, la transición ecológica corre el riesgo de percibirse como un proyecto impuesto desde arriba, debilitando el apoyo social necesario para afrontarla con éxito.

En definitiva, los retos del socialismo en la sociedad actual no son nuevos, son la evolución del viejo capitalismo, tan documentado y predictible para los marxistas, tan denostados por los socio-liberales y liberales.

A la socialdemocracia no le basta con resistir el avance de discursos autoritarios, sino que debe reconstruir un proyecto político reconocible para la mayoría social trabajadora. Dicho de otra manera, los populismos y la ultraderecha no crecen espontáneamente, sino que lo hacen ante la falta de una respuesta eficaz a las preocupaciones y necesidades de la mayoría social.

Un proyecto debe combinar derechos y deberes, protección y responsabilidad, innovación y justicia social. Abrir estos debates sin miedo ni consignas es una condición necesaria para fortalecer la democracia y renovar el compromiso socialista con la transformación social.

Baltasar Santos
1er Sec PSC el Vendrell

Editorial: Tiempos convulsos

Mapa de guerra y conflictos armados en curso en 2024. Fuente: wikipedia

Vivimos tiempos convulsos, más de lo que la sociedad percibe; probablemente porque problemas inmediatos como la necesidad de vivienda, las dificultades para llegar a fin de mes, la intranquilidad por la espera en la atención sanitaria cuando se está enfermo o la educación de los hijos e hijas, junto a la desinformación de los medios de comunicación de masas, nos impide valorar en sus justos términos lo que está ocurriendo en el contexto internacional.

Los problemas más inmediatos de nuestra sociedad y la desinformación de los medios nos impide valorar lo que está ocurriendo en el contexto internacional

En febrero del año próximo se cumplen tres años de la guerra que mantienen Ucrania y Rusia, desde que en febrero de 2022 el ejército de Putin ocupara el Este de Ucrania. Un conflicto en el que la OTAN, comandada por los EE.UU., ha involucrado a las naciones de Europa en una espiral de incremento de los presupuestos para armamento, alimentando una guerra que amenaza con extenderse a todo el continente.

Se cumplen 3 años de la guerra de Ucrania. Un conflicto que ha disparado el incremento de los presupuestos de armamento en toda Europa

En paralelo, se ha desatado una ola inflacionaria que ha reducido profundamente la capacidad adquisitiva de salarios y pensiones que está provocando pobreza:

  • En el XIV (2024) informe elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, se detalla que el 35,8% de los pensionistas en nuestro país está en riesgo de pobreza o exclusión social. Y el 14,3% están por debajo del umbral de la pobreza severa. La tasa de pobreza o exclusión social para el conjunto de la población se ha situado en el presente año en el 26,5%, o lo que es lo mismo, 12,7 millones de personas están al borde de la pobreza y la exclusión. Entre los y las asalariadas, son 3 millones los que viven en riesgo de pobreza o exclusión, a pesar de tener un empleo.

En España, 12,7 millones de personas están al borde de la pobreza y exclusión social, incluyendo pensionistas, desempleados y 3 millones de asalariados

El 7 de octubre se ha cumplido un año de la incursión de Hamas en los territorios ocupados por Israel, que se saldó con más de 1200 muertos y 250 rehenes. A lo que el Gobierno de Netanyahu respondió con el inicio de una masacre que, de momento, ha segado la vida de más de 42.500 personas, casi 100.000 heridos y 21.000 desaparecidos, muy probablemente muertos bajo los escombros. Una masacre genocida que ha matado a más niños y niñas que a adultos, una barbarie que principalmente ha asesinado a más civiles que a hombres armados, incluidos algunos de los propios israelíes que se encontraban en manos de Hamas.

Tanto de la guerra que se mantiene abierta en suelo europeo como de la guerra que el Gobierno de Israel está extendiendo en Oriente Medio, no se dan cifras de soldados muertos; se habla de cientos de miles de muertos en ambos frentes en Ucrania/Rusia y no hay cifras fidedignas sobre bajas en el ejército israelí. Los gobiernos tomaron nota del efecto social de los casi 60.000 ataúdes que llegaron a los Estados Unidos procedentes de Vietnán, por ello niegan el dato a su opinión pública. De lo que no cabe duda es de que está habiendo una sangría de jóvenes, en todos los bandos.

Israel ha matado a más niños palestinos que a adultos y a más civiles que a miembros de Hamás

Llevamos un año soportando que EE.UU., y la UE hablen del derecho de Israel a defenderse. Y toda crítica es señalada desde Israel como antisemita. Pues bien, exterminar a una población por razón de su raza, etnia, religión o su política, no es defenderse, es un Genocidio. Y no se debe confundir, como maliciosamente hace el Gobierno de Netanyahu, antisemitismo con antisionismo. El pueblo judío es víctima también de la política fascista de su Gobierno. No celebramos lo ocurrido el 7 de octubre en el ataque a los kibutz, pero no podemos olvidar que es la consecuencia de 76 años de ocupación ilegal del territorio palestino, exilio, cárcel y asesinatos por parte del Estado de Israel, desoyendo múltiples resoluciones de la ONU. El apoyo incondicional que le dan los EE.UU., ha llevado a Israel incluso a acosar las posiciones de los cascos azules en el sur de Líbano, una actitud, la de los USA e Israel, que deja a la ONU como un pelele.

No se debe confundir antisionismo con antisemitismo. El pueblo judío también es víctima de la política fascista de Netanyahu

Potencialmente, no es menos grave la tensión militar que se vive en la región del Indo-pacífico. Un conflicto militar latente, repleto de incidentes que puede hacer estallar el conflicto entre la primera y la tercera potencia militar del planeta, según el ranking que el portal especializado Global Fire Power elabora anualmente.

En anteriores editoriales y artículos ya hemos abordado el origen no visible de estos conflictos: la economía y la geoestrategia en función de las vías de distribución de la energía.

  • La misma trastienda está tras las migraciones, que sí son un problema visible para la ciudadanía; otra cuestión es la percepción distorsionada que se le está dando al problema, pues las personas que abandonan sus países no lo hacen por gusto, lo hacen forzadas por situaciones de guerra, hambre y/o persecución. Migran a la desesperada, sabiendo que el viaje hacia un lugar mejor les puede costar la vida. Solo en el primer semestre de este año, 600 inmigrantes han muerto o desaparecido en la ruta del Atlántico y el Mediterráneo occidental.

En el orígen de todos los conflictos hay cuestiones geoestratégica relacionadas con la explotación, el control y la distribución de los recursos naturales, incluída la energía, causando además de muertes, millones de desplazados y migrantes

Tomemos Sudán como ejemplo:

  • La ONU, a través de su Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de abril de este año, 20.000 personas abandonan diariamente Sudan, en conflicto desde 2023, el 53% de ellas menores de 18 años.

Los inmigrantes que llegan a los países europeos son señalados por la derecha y la extrema derecha como “muertos de hambre que vienen a quitar el trabajo a los italianos, alemanes, españoles, franceses…” Pero en realidad, son víctimas de las políticas deshumanizadoras que aplican nuestros propios estados.

No debemos olvidar la historia colonial de las potencias europeas en África, colonialismo que no terminó con la independencia de esos países pues al colonialismo político le sucedió un colonialismo económico que hoy pervives. Sudan fue colonia de Francia hasta 1960. Las antiguas colonias francesas en África: como Mauritania, Sudan, Mali, Costa de Marfil, Niger o Senegal, continúan siendo suministradores de materias primas para Francia: uranio de Niger, resinas de Sudan, oro de Mali, aceite de palma y azúcar de Mauritania o cacao y petróleo de Costa de Marfil.

A los colonialismos políticos del SXIX y XX les han seguido los colonialismos económicos para la expoliación de los recursos naturales

Ahora, la Comisión Europea, liderada por Úrsula von der Leyen, y muchos gobiernos de la UE, se acercan a las políticas fascistoides del Gobierno italiano, consistentes en recluir en centros de detención a los inmigrantes, en terceros países. Arremeten contra las víctimas en lugar de auditar si el comercio de nuestras naciones con los países de origen se atiene a un comercio justo o les continuamos expoliando como en el siglo XIX.

Nuestro país no es ajeno a lo que ocurre. El Gobierno emite criterios contradictorios: está muy bien clamar contra la guerra, pero eso choca frontalmente con seguir alimentando la guerra, enviando armas y dinero y aumentando la presencia militar estadounidense en nuestro territorio -en la mañana del día 16 de octubre atracó en la base naval de Rota (Cádiz) el quinto destructor estadounidense, el “USS Oscar Austin”. Los cuatro anteriores llegaron entre 2014 y 2015. Un sexto destructor llegará en 2026-. Está bien afear lo que está haciendo Netanyahu y reconocer al Estado palestino, pero se contradice con el mantenimiento de relaciones diplomáticas y económicas con Israel.

Afear lo que está haciendo Netanyahu y reconocer al Estado palestino se contradice con el mantenimiento de relaciones diplomáticas y económicas con Israel

Tampoco somos ajenos al empuje de la extrema derecha. Nuestro Gobierno está prácticamente solo resistiendo contra el giro filofascista que se está produciendo en el seno de la UE ante la inmigración. Y sufrimos un intento tras otro de derrocamiento del gobierno desde que una Moción de Censura sacó al Gobierno de Rajoy de La Moncloa en 2018, y desde el día siguiente a las elecciones generales del 23 de julio de 2023. La última está siendo el intento togado dirigido contra el Fiscal General del Estado, con el acompañamiento mediático habitual y el guarreo político en las instituciones, con un clamoroso silencio de La Corona, tan aguerrida ella en el discurso del 3 de octubre de 2017 contra el referéndum en Cataluña.

Ante tanta locura solo las masas sociales pueden ejercer de freno e imponer cordura. Solo la movilización masiva, en unidad y continuada en el tiempo podrá parar esta deriva. Las organizaciones de la izquierda, partidos y sindicatos, tienen la responsabilidad de organizar la movilización.

Las organizaciones de la izquierda, partidos y sindicatos, tienen la responsabilidad de organizar la movilización

Desde Tribuna Socialista apoyamos el movimiento contra la guerra y el genocidio que está tomando fuerza en Europa, por ello participamos en el movimiento internacional contra el envío de armas a Ucrania e Israel y por eso apoyamos el Encuentro que ha tenido lugar en Berlín los días 2 y 3 de noviembre.

El Comité de Redacción

Especial Congreso del PSOE

Encuentro Nuevo modelo de financiación autonómica

El jueves 17 de octubre de 2024 Izquierda Socialista, IS-PSOE, celebramos un encuentro sobre NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA con el secretario general del PSOE-M Juan Lobato- Dicho encuentro lo celebramos en la agrupación socialista de Centro, moderado por su secretario General Roberto González y con una nutrida asistencia de compañeros y compañeras para escuchar, compartir, conversar y debatir sobre un tema tan importante en estos momentos. Encuentro que coincidió en un día especial, pues un 17 de octubre de 1850, nació en Ferrol, nuestro fundador Pablo Iglesias Pose.

Desde izquierda socialista entendemos que es muy necesario hablar y escucharnos y, sobre todo, recabar cuantas más opiniones mejor para contribuir a las más acertadas resoluciones en nuestro próximo congreso federal, como en nuestro apoyo al gobierno progresista en el desarrollo de los acuerdos con todos los territorios del Estado.

Como siempre, en izquierda socialista, estamos a disposición de nuestro partido, de nuestra ejecutiva y del secretario general, para aportar, apoyar, trabajar y colaborar en todos los ámbitos, como corriente de opinión crítica y lo hacemos desde nuestras ideas y reivindicaciones históricas: defensa de la república, estado federal, estado laico, defensa de la igualdad, del feminismo, los derechos humanos, los servicios públicos, la justicia fiscal, y contra la guerra y a favor de la PAZ, elementos imprescindibles para que haya solidaridad, equidad y justicia social.

En este tema, y en relación al acuerdo del PSC con ERC, en Izquierda Socialista Federal estamos a favor del mismo.

Dentro del PSOE, nuestro partido, desde hace tiempo y no solo en el PSC, hablar de identidad nacional de Catalunya no es nuevo, ya se hizo en la Declaración de Granada de 2013, en la declaración de Barcelona 2017, en el 39 Congreso Federal al “hablar del carácter plurinacional” de España, o como “nación de naciones”.

En todos ellos se reitera la propuesta de un modelo federal, bajo el principio de que la única nación soberana es España para garantizar desde el Estado la igualdad de derechos de todas las españolas y españoles, vivan en el territorio que vivan (como cita y explica muy bien Manuel de la Rocha, en un artículo publicado el pasado 24 de septiembre en ElDiario.es y que recomiendo).

Al ser una responsabilidad competencial autonómica la VIVIENDA, también en este encuentro NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, hablamos de vivienda, en base al art. 47 de nuestra CE, que entre otras cosas dice “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna” y “los poderes públicos promoverán” … y “establecerán las normas”, etc.

Estos días estamos viviendo y asistiendo a movilizaciones y manifestaciones muy importantes, sobre el derecho a vivienda. Por ello, en la presentación del acto lancé una cuestión para reflexión de todos los asistentes.¿Creemos que es necesario hacer un parque público de vivienda en alquiler para los jóvenes y trabajadores y que el alquiler no supere más del 30% del salario mínimo interprofesional para alquileres sociales?

Agrupación Madrid-Centro PSOE-M 17 de octubre de 2024

Quienes llenan las manifestaciones, jóvenes, trabajadores, como quienes las convocan y quienes las apoyamos necesitamos dar y tener respuestas para atajar este gran problema de manera inmediata.

Tanto de la magnifica intervención de nuestro secretario general, didáctica, aclaratoria y muy útil para el más del centenar de compañeros y compañeras que llenamos la agrupación, así como las aportaciones de las múltiples intervenciones, señalaré a modo resumen algunas de las expresada en este encuentro.

El acuerdo sobre financiación acordado entre PSC y ERC es una oportunidad para abordar algo que llevamos más de 12 años pendiente de resolver, como es la Financiación Autonómica y puede servir porque abre el debate para su desarrollo.

La política fiscal es recaudar y distribuir.

Dependiendo del desarrollo que se haga del documento acordado entre PSC y ERC se podrán aplicar nuestros principios ideológicos y políticos, porque ese documento permite ese desarrollo de nuestros principios de justicia territorial y que cada uno reciba en función de sus necesidades, dando más a quien más lo necesite.

Porque las necesidades van en función del marco competencial de cada comunidad autónoma.

Es muy importante la igualdad en la prestación de servicios como la sanidad y la educación… Porque son derechos que se tienen vivas donde vivas.

Como aportamos fondos al “fondo de justicia territorial “. Tiene que haber Corresponsabilidad fiscal.

Ejemplo: si una Comunidad pone en marcha una infraestructura, para que el gobierno central le de financiación tiene primero que comprometerse esa comunidad en poner parte de la financiación subiendo impuestos a los que más tienen.

Hay dos temas en el documento que tienen que ser acordados; la Ordinalidad y la Agencia Tributaria.

Este 41ºcongreso Federal es una oportunidad que no se nos puede escapar para que los socialistas debatamos y acordemos un posicionamiento sobre financiación autonómica que sea válido para todas las comunidades basado en el principio de que cada cual reciba según sus necesidades.

Isabel Andaluz Andaluz
Portavoz Federal de Izquierda Socialista
Ex Diputada Asamblea de Madrid (2015-2019)

Especial Congreso del PSOE. Federalismo.

Necesitamos un nuevo marco de relación entre los pueblos que supere «el café para todos» autonómico y que garantice los derechos y conquistas sociales de la clase trabajadora de nuestro país, la justicia social y suponga un marco de convivencia compartido entre las diferentes nacionalidades de este estado plurinacional llamado España

La Constitución española de 1978 se aprobó tres años después de la muerte del dictador e instauró «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» que forman el Estado. Dicho reconocimiento de las autonomías era una reivindicación de las llamadas nacionalidades históricas, como Euskadi o Cataluña, cuya voluntad de autogobierno arranca en el siglo XI con la constitución de uno de los primeros parlamentos del mundo, sino el primero (existe cierta polémica sobre si fue en León donde se constituyó el parlamento más antiguo del mundo ).

En la II República algunas regiones aprobaron su estatuto de autonomía

Históricamente, es con la proclamación de la II República, cuando algunas regiones aprobaron sus estatutos de autonomía. Concretamente: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. De hecho, Francesc Macià proclamó el 14 de abril de 1931 la república catalana dentro de la federación de pueblos ibéricos.

Francesc Macià proclamó el 14 de abril de 1931 la república catalana dentro de la federación de pueblos ibéricos

Sin embargo, unos años más tarde, la dictadura acabó con las aspiraciones de los pueblos de avanzar en su autogobierno dentro de España o dentro de Iberia (incluyendo a Portugal) proclamando la unidad de la patria y no es sino hasta años después de la muerte del dictador que se restituye la posibilidad de que los pueblos se constituyan en comunidades autónomas.

La dictadura de Franco proclamó la «Unidad de la Patria» hasta que en 1979, muerto el dictador, se creó el denominado «Estado de las Autonomías»

Este hecho supuso un cambio de 180 grados con respecto a la dictadura franquista, que se basaba en planes centralizados tradicionales, para dar lugar a una organización estatal en la que se reconocía, siquiera parcialmente, las aspiraciones de los pueblos de avanzar en su autogobierno. Sin embargo, la realidad es que tal estado autonómico no podía permitirse el lujo de que hubiera regiones organizadas con estatuto de autonomía y otras provincias no organizadas en autonomía, por lo que se aplicó el “café para todos”, y en algunos casos incluso se obligó por decreto a que algunas provincias reticentes se incorporaran a una comunidad autónoma, como fue el caso de Segovia.
Desde la constitución de las 17 comunidades autónomas, éstas han ido desarrollando las competencias que tienen asignadas (exclusivas o no) a diferentes velocidades.
Dicho de otra manera, aunque todas las comunidades tienen acceso a las mismas competencias delegadas del estado, existen comunidades autónomas que han desarrollado esas competencias y otras que no, como muestra de las diferentes voluntades de autogobierno de los diferentes pueblos del estado español.

No todas las CCAA han desarrollado las mismas competencias a las que todas pueden acceder

Las comunidades gobernadas por el PP, en cuanto al desarrollo autonómico, siguen la estrategia del perro del hortelano, que «ni come ni deja comer», y se rasgan las vestiduras clamando contra comunidades que como es el caso de Catalunya, quieren seguir desarrollando su capacidad de autogobierno, dentro del marco constitucional.

En cuanto al desarrollo autonómico, las CCAA gobernadas por el PP ni comen ni dejan comer

De ahí, por poner un solo ejemplo, el gran debate abierto sobre “la financiación singular de Cataluña”, comunidad autónoma que basándose en su propio Estatuto de Autonomía (refrendado por el pueblo catalán y aprobado (y reformado) por el Congreso de los diputados) quiere seguir avanzando en el desarrollo competencial, y en el sostenimiento de los servicios públicos para hacerlo posible.
Por otro lado, cabe decir, que en el ejercicio de sus competencias, sobre todo en el ámbito fiscal, las comunidades autónomas han aplicado diferentes medidas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha rebajado los impuestos a las rentas más altas, mientras que otras comunidades no lo han hecho. Como ha manifestado Salvador Illa recientemente, «no pueden dar lecciones los que rebajan los impuestos a los ricos».

No supone ningún problema avanzar en la transformación del Estado, profundizando en el desarrollo competencial. Un desarrollo que como hasta hoy en día, puede seguir siendo asimétrico, con diferentes grados de autonomía o distintas competencias, o bien caminar al Estado Federal.


El PP entiende las autonomías como el cortijo desde el cual regalar privilegios y prevendas a los amiguetes, a los especuladores, y a las rentas más altas tal y como hace Ayuso en la comunidad de Madrid.
Pero si a Cataluña se le ocurre abrir el debate sobre la necesidad de establecer una financiación singular, el PP enseguida apela a la igualdad de los españoles. Igualdad que profanan en sus propias comunidades con medidas políticas y fiscales liberales.

El PP entiende las autonomías como el cortijo desde el que regalar privilegios y prevendas a sus amiguetes y especuladores, pero claman, cínicamente por la igualdad si Catalunya negocia una nueva financiación para atender a su población

Eso no quiere decir que las comunidades autónomas estén bien financiadas, que no lo están. Y de hecho, esa infrafinanciación de las autonomías es un caldo de cultivo magnífico para reducir servicios públicos y liberalizar el sector público. Al mismo tiempo, una política fiscal ultraliberal como la que aplica Ayuso también produce infrafinanciación.

La infrafinanciación de las autonomías es la excusa perfecta para privatizar el sector público, pero también es el resultado de una politica fiscal ultraliberal

Por tanto, no es de extrañar que Ayuso se sienta cómoda con un «status quo» autonómico que le permite practicar el «dumping fiscal» para privatizar servicios públicos como las residencias o la sanidad.

Ayuso se siente cómoda en un modelo autonómico que le permite practicar el «dumping fiscal» mientras privatiza servicios públicos como las residencias o la sanidad

Ni el diferente desarrollo competencial ni el dumping fiscal aconsejan repetir la fórmula del “café para todos”, siendo necesario avanzar en un modelo de estado federal.
El Federalismo es una evolución del estado de las autonomías que puede permitir avance en la clarificación del Artº 2 de la Constitución y la pluralidad de pueblos que componen el Estado español , asegurando la solidaridad de los pueblos, y permitiendo que las diferentes regiones con voluntad de autogobierno puedan tener la financiación necesaria para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora.
Tanto el Estado de las Autonomías, como el hipotético Estado Federal tienen ese fundamento: los servicios públicos. Y son éstos los que vertebran la arquitectura del estado que es la estructura que los une. Si existen estas variantes o tipos de Estado son para acercar, racionalizar y mejorar los servicios que los ciudadanos hemos creado como sostén de la convivencia y la equidad social..

Ni el diferente desarrollo competencial ni el dumping fiscal aconsejan repetir la fórmula del “café para todos”, siendo necesario avanzar hacia un modelo de estado federal

Un estado federal debe establecer mecanismos para garantizar una sanidad pública, una educación pública, y unas pensiones y servicios públicos de calidad en todos los rincones del estado.
Un estado federal debe establecer los diferentes niveles de decisión política, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, y por tanto incluir el municipalismo, cuyas administraciones son las más cercanas a los problemas y necesidades de los ciudadanos.
Un estado federal debe establecer los mecanismos de coordinación necesarios. En este sentido, recordar que el Senado debería ser una cámara de representación autonómica, y no lo es.
Un estado federal debe organizar a las distintas regiones de forma que estén cosidas unas a otras por el principio de interdependencia, solidaridad y justicia social, y no por la guerra entre autonomías ni por la duplicidad competencial de las administraciones.

Un estado federal debe coser las distintas regiones bajo el principio de interdependencia, solidaridad y justicia social

Un estado federal debe saber conjugar la singularidad, la idiosincrasia cultural, lingüística, o de derecho, de las diferentes regiones, con los derechos sociales de la clase trabajadora. De hecho los derechos sociales y los derechos nacionales de los pueblos son indisolubles.
Los que suscribimos consideramos que el 41º congreso del PSOE no puede dejar pasar la ocasión de avanzar hacia una nueva organización federal del estado, un nuevo marco de relación entre los pueblos, que desde la convivencia fraternal y solidaridad, evite el dumping fiscal entre autonomías; que garantice los mismos derechos y oportunidades; que garantice una financiación suficiente de los servicios públicos, que evite la privatización de los mismos, y que evite la confrontación entre los trabajadores y los pueblos de las distintas regiones, mientras los ricos se continúan haciendo más ricos. En definitiva, se trata de de dar respuesta a una necesidad política de los ciudadanos y los pueblos.

Eduardo Hernández-Madrid
Baltasar Santos-Tarragona

Especial Congreso del PSOE. Defender la ley de amnistía esdefender la democracia.

La estrategia seguida por la derecha política, judicial y mediática desde las últimas elecciones al Congreso de los diputados ha sido la negación de la legitimidad del gobierno presidido por Pedro Sánchez. Primero, por los acuerdos de investidura, luego por la ley de amnistía, las últimas semanas la financiación singular de Cataluña.

Efectivamente, la ley de amnistía ha sido uno de los caballos de batalla de la derecha para cuestionar la legitimidad no solo del gobierno de Pedro Sánchez sino también de cualquier acuerdo que alcance la mayoría parlamentaria que le invistió.

Tras el fracaso de la investidura de Feijoo, al no reunir la mayoría parlamentaria necesaria, el PSOE comenzó a negociar con el resto de partidos del arco parlamentario con la intención de conseguir la investidura de Pedro Sánchez.

Desjudicializar la política, y devolver los conflictos políticos a la política, ha sido una constante del gobierno presidido por Pedro Sánchez. Primero fue la constitución de una mesa de diálogo, luego la aprobación de los indultos, y después, la ley de amnistía, que forma parte de los acuerdos entre los partidos de la investidura. Justo, la estrategia opuesta a la que había practicado el PP, tanto bajo el liderazgo de Rajoy como con Casado, y ahora con Feijoo.

La derecha ha utilizado la ley de amnistía para cuestionar la legitimidad tanto del gobierno de Pedro Sánchez como de cualquier acuerdo que alcance la mayoría parlamentaria que le invistió

Digo que defender la ley de amnistía es defender la democracia, porque ha sido una ley aprobada por la mayoría de diputados y diputadas elegidos por el pueblo.
Por ende, oponerse a su aplicación es oponerse a la democracia parlamentaria, y en esa línea están alineados PP y VOX, pero también parte de los jueces que se niegan a aplicarla.
De hecho, de las 486 personas que podrían beneficiarse potencialmente la amnistía, según la Fiscalía General del Estado, solo se ha aplicado a 108 personas, la mayoría policías.

Defender la ley de amnistía es defender la democracia, porque ha sido una ley aprobada por la mayoría de diputados y diputadas elegidos por el pueblo

Se está dando una oposición radical de algunos jueces, como Llarena en la aplicación de la Ley de amnistía, aprobada por el Congreso de los diputados.

De las 486 personas que podrían beneficiarse potencialmente la amnistía, los jueces solo la han aplicado a 108 personas, la mayoría policías.

Paralelamente, el PP sigue atacando, presentando recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía por parte de sus gobiernos autonómicos, cuyo trámite ha sido suspendido por el TC por no considerar que se vulneren competencias autonómicas.
Llama la atención poderosamente, que junto a las 15 autonomías que han presentado recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, también presentó recurso el gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, que de esta forma, contradice lo que los diputados y diputadas castellanomanchegos habían votado en Las Cortes.

García-Page se ha alienado con el PP para la presentación de recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía, contraviniendo la decisión de los diputados y diputadas castellano-manchegos que la votaron a favor

Por ello, saludo con satisfacción el comunicado de izquierda socialista de Castilla la Mancha (publicado en la sección de Tribuna Abierta, en este número de Tribuna Socialista), posicionándose en favor de la Ley de Amnistía, en favor de sus diputados y diputadas, y exigiendo la retirada inmediata del recurso presentado por Page, y que augura un congreso regional tenso entre los que defienden la legitimidad democrática de lo aprobado en el congreso de los diputados, y Page, siempre alineado con los gobiernos del PP.
No me cabe duda, que el 41ºCongreso ha de cerrar filas en defensa de la convivencia entre los pueblos, en defensa de la ley de amnistía, en defensa de la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez, y en defensa de la democracia.

Baltasar Santos
1er Secretario PSC-el Vendrell
Comité de redacción de TS

Especial Congreso del PSOE. El negocio de las guerras empobrece a la clase trabajadora

Uno de los temas principales que los congresos sindicales y de partidos políticos deberían abordar es el del empobrecimiento de la clase trabajadora bajo economía de guerra. Introducimos el debate.

Solo hay que leer o ver las noticias de lo que pasa en el mundo, para darse cuenta del auge belicista existente a nivel internacional. Tanta información, tanta información sesgada que nos inmuniza ante la barbarie, máxime cuando no hay respuesta organizada para hacerle frente.
El genocidio del pueblo palestino y la escalada del conflicto en oriente medio son, hoy día, el principal foco, que tiene como protagonista al estado sionista de Israel, con el criminal Netanyahu a la cabeza, a los gobiernos islamistas de Hamas o Hizbulá (entre otros), pero sobretodo, alimentado por la desidia de los gobiernos occidentales con intereses no solo geopolíticos, sino más bien económicos tanto por el negocio en la venta de armamento, los intereses en la apropiación de los recursos naturales de los países destruídos, y los intereses en la «reconstrucción» de lo destruído.
La exigencia del fin al conflicto en oriente medio no puede constituir solo una declaración de buenas intenciones sino que debe materializarse en medidas concretas, como el fin del suministro de armamento a Israel, el fin inmediato del genocidio, el restablecimiento de los servicios básicos para la población palestina, sanitarios, educativos…; la ruptura de las relaciones bilaterales con el gobierno israelí…

La exigencia del fin al conflicto en oriente medio no puede ser solo una declaración de buenas intenciones, sino recoger medidas concretas

Aciertan los sindicatos británicos en su congreso del TUC, con la moción que añadimos en la sección de Tribuna Abierta de este numero de Tribuna Socialista.
Otro de los focos bélicos en el mundo es la guerra de Rusia y Ucrania. Muchos son los factores que inciden en el origen y continuidad de este conflicto. Guerra de imperialismos, guerra económica por el control del Mar Muerto, Guerra por la energía, por el control de la producción agrícola…siempre con Estados Unidos por detrás, alimentando la venta de armas, haciendo negocio con su gas licuado, exigiendo economías de guerra en Europa y favoreciendo el crecimiento de la OTAN a costa de la provocación al criminal Putin.
Las víctimas aquí no solo son el pueblo ruso y ucraniano, sino que los efectos de esta guerra que amenaza con convertirse en nuclear afectan a toda Europa y a África.

Las víctimas de la guerra de Ucrania no son solo el pueblo ruso y ucraniano, sino que afecta a toda Europa y África

La afectación de la guerra de Ucrania en Europa es bien sabida: aumento del coste de la energía, por tanto afectación a los hogares pero también a la industria, y a las economías de los países más industrializados (Alemania, Francia…).
Afectación en el coste y en el propio suministro de los alimentos, que afectan en el encaremiento del coste de la vida para los europeos, y en la falta de grano, principal alimento en muchos países de África.
Inflación, crisis energética, desindustrialización, desempleo, hambruna… en definitiva, destrucción y empobrecimiento de la clase trabajadora en el mundo.

La guerra de Ucrania está generando inflación, crisis energética, desindustrialización, desempleo, hambruna y en definitiva destrucción y empobrecimiento de la clase trabajadora

Todos estos efectos directos de la guerra no son sino un caldo de cultivo abonado para populismos, nacionalismos excluyentes y extrema derecha, con consecuencias también directas sobre los derechos y libertades de la clase trabajadora.
Y otro de los efectos del auge belicista que provoca pobreza son los movimientos migratorios, que ponen a prueba la solidaridad internacional y a los maltrechos servicios públicos de cada país, y que se retroalimentan con más racismo y xenofobia, y por tanto con más confrontación entre clase trabajadora.

Las guerras y las economía de guerra también generan movimientos migratorios y de refugiados, que ponen a prueba la solidaridad internacional y a los maltrechos servicios públicos de cada país.

Completar un análisis exhaustivo de los conflictos en el mundo es tarea imposible para este artículo, pero podemos citar la intromisión internacional en Venezuela, con el objetivo de apropiarse de sus recursos naturales; los conflictos bélicos en África alimentado por la corrupción de unos gobiernos al servicio de los intereses de las multinacionales que expolian sus recursos naturales (diamantes, Coltán, Platino..); o las guerras en Sudán, Birmania, Etiopía, el Sahel…o la escalada de conflictos en el Mar del Sur de China. Siempre, detrás de estas guerras que diezman la población o les les hace abandonar sus hogares, hay detrás intereses de los países historicamente imperialistas como Francia, Alemania, Rusia, China o Estados Unidos, que además hacen gran negocio con el comercio de armas.
Por ello, cuando decimos No a la Guerra, no es simplemente una declaración bienintencionada, pacifista y casi «hippy», sino que está cargada de razones materiales con consecuencias directas sobre la vida de millones de personas, sobre el bienestar de la clase trabajadora, en España, en Europa y en todo el mundo.

«No a la Guerra», no es solo una declaración bienintencionada, pacifista y casi «hippy», sino que está cargada de razones materiales con consecuencias directas sobre la vida de millones de personas, sobre el bienestar de la clase trabajadora, en España, en Europa y en todo el mundo.

Y desde un punto de vista local, en España nos sobran los motivos para posicionarnos en contra de las guerras, redefiniendo el papel de nuestros representantes. tanto en el gobierno como en las instituciones europeas y organismos internacionales bajo el paradigma del cuestionamiento de «¿a qué intereses sirven nuestros posicionamientos internacionales?»

En España, nos sobran los motivos para posicionarnos en contra de las guerras

La influencia de la economía de guerra sobre los salarios, sobre la cesta de la compra, sobre la energía, sobre los servicios públicos… todo ello debería ser objeto de resoluciones en los congresos de los partidos que se reclaman de la izquierda, y en particular, y por supuesto en el 31ª Congreso del PSOE, como principal partido de la clase trabajadora.

Baltasar Santos

Especial Congreso del PSOE. Un congreso crucial para la mayoría social

Abrimos en este número de Tribuna Socialista una sección especial congreso del PSOE que se mantendrá activa hasta su celebración. Una sección en la que los socios y socias de ASTRADE así como los lectores de TRIBUNA SOCIALISTA podrán publicar aquellos contenidos de relevancia para mejorar los derechos y libertades de la clase trabajadora de este país

El Partido Socialista afronta una nueva etapa con la convocatoria del 41º Congreso Federal Ordinario para los próximos días 29 y 30 de noviembre, y el 1 de diciembre, en Sevilla.
Tribuna Socialista no es un órgano de comunicación del PSOE. Sin embargo, la difusión de TS tiene una amplia aceptación entre las agrupaciones socialistas, y entre la militancia socialista. Por ello, y habida cuenta de la importancia de este Congreso para la definición de las políticas y estrategias más necesarias para la clase trabajadora, y habida cuenta de que el PSOE es el partido de referencia para la mayoría de trabajadores de nuestro país, creemos que los debates que tengan lugar en este congreso son de interés para todos nuestros lectores.
Un congreso que se celebra en otoño igual que los congresos de la UGT, de ERC de Junts, del PNV y de SUMAR. Por tanto, en pocos meses, los diferentes partidos políticos van a definir no solo sus políticas sino también los liderazgos y estrategias.
Para la clase trabajadora en su conjunto, es fundamental que los liderazgos y políticas que se definan respondan al interés de la mayoría social y que, por tanto, sirvan para afianzar acuerdos entre los partidos que dieron apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, y la conformación de un gobierno de progreso, con el objetivo de avanzar en el progreso colectivo de nuestro país.
En el capítulo de liderazgos, el actual secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto a presentar su candidatura a la reelección al cargo orgánico. Veremos en las próximas semanas si los barones críticos con la política de pactos del partido, y críticos con los indultos y la amnistía y, que en general, defienden posiciones más próximas a la derecha centralizadora, logran presentar sus alternativas a la deliberación del congreso.
En cuanto al contenido del Congreso, el 25 de octubre se remitirá a todo el partido la ponencia marco y el informe de gestión de los órganos federales del partido. Las asambleas de las Agrupaciones Locales podrán proponer sus enmiendas hasta el 4 de noviembre. Estas aportaciones se recogerán en una memoria definitiva el 19 de noviembre.
En definitiva, el congreso del PSOE llega en un momento crucial, de grandes desafíos para nuestra democracia: la apuesta federalista, la financiación autonómica, la mejora de los servicios públicos, el auge de la ultraderecha, la regeneración democrática, el cambio climático, la igualdad, la vivienda o la posición y papel de España en un contexto internacional, marcado por la escalada belicista, y por el genocidio del pueblo palestino a manos del infame Netanyahu.

Comité de Redacción

Editorial: El tablero de la política

En el tablero de la política hay muchos movimientos, unos ya previstos y otros sobrevenidos.

El próximo 21 de abril, los y las electores del País Vasco acudirán a las urnas. El 9 de junio todo el censo electoral del Estado español será llamado a elegir a los representantes al Parlamento Europeo. Estas son las fechas establecidas, porque toca. Los movimientos sobrevenidos son las elecciones en Cataluña, fijadas para el 12 de mayo. Además, a pesar de la bronca en la calle, el día 13 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía, que ahora ha pasado al Senado. Hay materia para la actividad política en los meses próximos. La cuestión es ¿con qué contenido y con qué objetivos?

El candidato de Bildu, Pello Otxandiano, declaraba a los medios de comunicación el pasado 18 de marzo que “La ambición nacional del pueblo vasco se tiene que traducir en políticas públicas, como por ejemplo en un sistema público de salud que sea capaz de ofrecer un servicio de calidad al conjunto de la población”. Bien, es una buena declaración de intenciones sobre la que partir, y sirve para el debate en las elecciones, vascas, catalanas y europeas.

Es necesario abrir un debate en todo el Estado sobre ¿cuáles son las prioridades y reivindicaciones de la mayoría de la sociedad?, pues los electores acuden a las urnas para que los elegidos y elegidas les resuelvan los problemas, o al menos así debiera de ser.

La Amnistía que está en trámite lleva en discusión desde el mes de octubre del año pasado, si bien el “ruido” que provoca la derecha no permite debatir para qué la Amnistía. Lo más urgente es sin duda desjudicializar los hechos del “procès” y que se ponga fin la acción represiva que puso en marcha el PP, con el apoyo de su fracción judicial, policial, mediática y de la propia Corona, “a por ellos oe, oe…” Una represión que afecta a unas 3.000 personas, no solo al señor Puigdemont. Lo siguiente debe ser abrir un debate sereno sobre cómo se supera el concepto de “Unidad de la Patria”, sucedáneo del “España, Una, Grande y Libre”, lema del franquismo, para dar encaje a la realidad plural de nacionalidades y regiones que integran el Estado. Se hace necesario abrir el debate del federalismo y superar el corsé autonómico.

Las interferencias no son meras opiniones o posicionamientos del habitual coro mediático de la derecha, como hacía el ABC, oficioso altavoz monárquico, tachando de inconstitucional la ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Se trata de la confrontación entre instituciones, mejor dicho, de todas las instituciones contra el Parlamento, la Cámara de las Cortes que más directamente representa la soberanía de los pueblos que conforman el Estado. Esa confrontación institucional es particularmente grave desde el Senado, utilizado por el PP como traba al desarrollo de la ley. Y muy significativamente grave desde el Poder Judicial, con sus declaraciones de boicot a la Ley de Amnistía; recordemos que es el Rey quien preside el Poder Judicial, el que abre los cursos judiciales sin importarle que el gobierno de los jueces lleve más de cinco años sin renovarse ¿se negará el Rey a firmar la ley cuando le toque hacerlo? Es evidente que hay una reacción contra la pluralidad del Estado en defensa del concepto de Unidad, heredado del pasado.

No es la primera vez que desde la Justicia se interfiere, obstaculiza y paraliza la acción del Poder Legislativo, recordemos que en diciembre de 2022 en Tribunal Constitucional paralizó el trámite parlamentario que aprobó el Congreso de los Diputados para la reforma del Poder Judicial y del TC. La democracia está “tutelada” por unos poderes que no se presentan a elecciones, que defienden los privilegios de los herederos del pasado ¿cómo podemos esperar así que se defiendan los servicios públicos, tal como reivindica la mayoría de la sociedad?

Necesitamos superar todo esto para avanzar en derechos y libertades, para poder debatir de lo que nos interesa, de: Sanidad Pública, Educación Pública, Pensiones Públicas, Dependencia Pública, que es exactamente lo contrario a los derroteros en los que, desde hace décadas, se metió a nuestros servicios públicos. La privatización de lo público es inadmisible por dos motivos: primero porque la rentabilidad de los servicios públicos no puede estar subordinada a los beneficios empresariales; y segundo porque los continuos escándalos de comisionismo dejan claro que la privatización engendra la corrupción, además de ser la privatización el origen del del deterioro de nuestra Sanidad Pública, en todas las comunidades.

Queremos debatir sobre una verdadera separación de poderes, muy particularmente de la independencia del poder Judicial. Politizado hasta la médula, escorado a la derecha y con un tufo a TOP que tira para atrás.

Necesitamos que la sociedad tome posición sobre la política de guerra a la que se nos avoca desde la UE y la OTAN, pues este tema de vida o muerte no puede ser ajeno a la voluntad de los pueblos, enajenación que solo es posible por la gruesa capa de manipulación mediática que tiene confundida a la ciudadanía y a sus instituciones sociales: políticas y sindicales. Con las graves consecuencias económicas que los conflictos bélicos tienen para los pueblos; afirmamos que sufrimos una auténtica guerra social, paralela a la militar, que destruye derechos y empobrece a la clase trabajadora. Es inadmisible que participemos en alimentar la guerra en Ucrania y, en paralelo, miremos para otro lado con el Genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, desde hace seis meses.

Estas y otras cosas son de la que hay que hablar ante los procesos electorales y en el debate parlamentario. El problema es que los ciudadanos y ciudadanas que viven de su trabajo están hastiados de ver que los representantes políticos se pierden en barrizales que nada resuelven, pero que desangran el erario público a manos de mangantes y sanguijuelas o en gastos militares. Este es el motivo que lleva al ascenso de la extrema derecha; la ausencia de una fuerza política que escuche a la mayoría social y trabaje por dar solución a sus problemas e inquietudes.

Somos conscientes de que la sola posibilidad de que estos planteamientos tomen cuerpo enerva, como vemos desde meses atrás, a la derecha de siempre y a la derecha escindida de la derecha de siempre. No soportan la posibilidad de que se puedan mover un ápice sus privilegios: por eso se mantiene la impunidad de La Corona, incluso en el delito; por eso se niegan a renovar el Consejo General del Poder Judicial que les garantiza su impunidad ante los casos de corrupción; por eso no quieren ni oír hablar de desprivatización de la Sanidad Pública; por eso defienden a capa y espada la Educación concertada, donde empresas y congregaciones religiosas hacen su agosto;…; por eso se echan a la calle rabiosamente ante la posibilidad de que la pluralidad de pueblos que compone el Estado español conviva en paz y nos podamos poner de acuerdo para dar un giro de guion al orden establecido.

El Comité de Redacción