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Carta abierta al Sr. Escrivá, Ministro de Seguridad Social

Cumplan con la Ley 21/2021 y encarguen al Tribunal de Cuentas del Estado el obligado informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

Introducción
Con esta carta abierta, el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en defensa de la Pensiones Públicas”, vinculado al CATP, da por terminado el diálogo con el Gobierno que abrieron con la carta al presidente del Gobierno, enviada a Moncloa el 16 de julio y publicada en las páginas 16 y 17 Tribuna Socialista nº 136.
Para seguir el hilo de la carta al señor Escrivá, podéis acceder a la respuesta que el Gabinete de presidencia remitió el 18 de noviembre al grupo de Sindicalistas, publicada en la página 15 de Tribuna Socialista nº 138. Fue en base a esta respuesta de Moncloa que el 1 de diciembre los sindicalistas remitieron una carta al ministro. Ese mismo mes, la Jefa de Servicio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respondió al grupo de Sindicalistas; cartas publicadas en Tribuna Socialista nº 139, en sus páginas 15 y 16 respectivamente.
El hecho de que con esta carta abierta se ponga punto y final al diálogo epistolar con el Gobierno, no significa que el grupo de Sindicalistas vaya a cejar en el empeño de continuar luchando por defender el Sistema Público de Pensiones. De hecho, en este mismo número 140 de TS, publicamos una nueva campaña que está en marcha, dirigida a los diputados y diputadas que votaron favorablemente a la Ley 21/2021, en la que se obliga al Gobierno a encargar una Auditoría, campaña desde organismos sindicales y sindicalistas.

Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:

Somos el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas”, vinculados al Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), que, en el mes de julio, nos dirigimos al presidente de Gobierno en una carta firmada por más de 200 militantes políticos y sindicales, para trasladarle la preocupación que teníamos, y mantenemos, por la nueva reforma de la Ley de Seguridad Social, que se prepara desde su departamento, señor Escrivá.

En dicha misiva explicábamos pormenorizadamente los motivos políticos y económicos por los que no se justifica la ampliación del número de años que se emplea para hallar la base reguladora de las pensiones. El dato principal que justifica nuestra posición nos lo da el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020 en el que, al analizar el periodo 1989-2013, concluye que el Estado es deudor de la Seguridad Social en, al me- nos, 103.000 millones de euros.

El 18 de noviembre, recibimos respuesta de Moncloa a la carta mencionada. Contestación del Gabinete de presidencia en la que se nos indicaba que se había dado traslado de la misma a su Ministerio. Fue por este motivo por el que el 1 de diciembre registramos una carta dirigida a usted, solicitándole una reunión, con usted y/o con su equipo, para poder trasladarle nuestras consideraciones. Con fecha 12 del mismo mes, su Jefa de Servicio, nos respondió amablemente derivándonos a otra instancia de su Ministerio.

Valoramos positivamente el intercambio epistolar que hemos mantenido y agradecemos las respuestas desde el Gobierno, si bien su contenido es de todo punto insatisfactorio. Y es por ello que hemos decidido responderle de forma abierta.

Celebramos la decisión del Gobierno por la que se incrementarán las pensiones contributivas en un 8,5%, decisión que fue tomada pocos días antes de la última gran Manifestación que discurrió por las calles de Madrid el 16 de octubre del pasado año, por lo que parece evidente que fue una respuesta positiva, tomada con antelación, a la movilización que COESPE y las demás organizaciones que componen el movimiento de pensionistas vienen desarrollando en defensa del Sistema Público de Pensiones.

Sin embargo, nos preguntamos de qué sirve la subida del 8,5% para 2023, si a los futuros pensionistas les reducirán un 8% por efecto de la pretendida reforma del periodo de cálculo de la pensión, y si además no se compensa la pérdida de poder adquisitivo en relación con el IPC de 2021, que cerró en el 6,5% frente al 2,5% con que se revalorizaron las pensiones el año antepasado.

Además de estas cuestiones, que no por coyunturales menos importantes, es para nosotros y nosotras de una importancia fundamental que se lleve a cabo la Auditoría a la que el Gobierno se comprometió en la Ley 21/2021, por la que en febrero de 2022 deberían haber encargado dicha Auditoría y que en julio del mismo año deberían haber presentado el resultado de la misma.

Por otra parte, una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social no puede hacerla una empresa privada por encargo del Gobierno, ni un órgano u organismo vinculado al Gobierno, pues a todas luces carecería de rigor, en tanto que sería un acto de “auto auditoría”. Es por esto que corresponde al Tribunal de Cuentas realizarla, por haber sido el órgano que puso sobre la mesa que la Seguridad Social no es deficitaria, sino acreedora del Estado, y por ser el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público.

Si en el periodo de 24 años estudiado por el Tribunal de Cuentas (1989-2013) son más de 103.000 millones de euros lo que el Estado ha utilizado indebidamente de los fondos de las pensiones, ¿a cuánto asciende la deuda del Estado con la Seguridad Social en el periodo 1967 a 2019, tal como marca la ley?

Parece obvio que el hecho de que el Estado sea deudor de estas magnitudes de dinero, al Sistema de Pensiones Públicas, pone fin a la idea que tanto se reitera, por partes interesadas, de que el sistema es deficitario.

Es inaceptable que el Gobierno no cumpla con una ley votada por el Poder Legislativo, y por los propios partidos que sustentan al Gobierno. Exigimos que se paralicen las negociaciones para la reforma de las Pensiones y que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, por parte del Tribunal de Cuentas del Estado.

Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas

Entrevista a Luis Lombardo Plaza 

Presidente del Comité de Empresa de Telemadrid

Luis Miguel Lombardo Plaza nació en Madrid en 1972. Es titulado en Imagen y Sonido y ha desarrollado toda su carrera profesional vinculado al sector audiovisual, trabajando en medios de comunicación como Radio Televisión Española y Telemadrid.

Cuenta con una amplia experiencia formativa de profesionales del campo audiovisual en Formación Profesional, Universidad, Centros de Formación para el Empleo y Escuelas de Arte. 

Afiliado a CCOO desde 1991, fue elegido delegado del comité de empresa de Telemadrid en 1999, y desde 2015 es presidente del mismo.

En 2017 pasó a formar parte de la Comisión ejecutiva Comisiones Obreras de Madrid, y en la actualidad es el responsable de la Secretaría de Comunicación de Comisiones Obreras de Madrid.

Pregunta.- El próximo mes de enero se cumplirán nueve años desde la presentación del ERE, por el que el gobierno que presidía Ignacio González, a través de sus piezas en la dirección de Telemadrid, pretendieron despedir a 860 trabajadores y trabajadoras. ¿Qué balance haces de aquel fiasco laboral?

Respuesta.- El balance no puede ser más negativo, a finales del 2003 el Partido Popular de Esperanza Aguirre se hizo con el control de una empresa pública. Por aquel entonces, Telemadrid, contaba con un gran prestigio social y elevados niveles de audiencia, una radiotelevisión exitosa, referente en el sector audiovisual, y la hundió económica y profesionalmente, culpabilizando a los 860 trabajadores a los que nos despidió. Sin piedad llevó a cabo un ERE sin precedentes en la comunidad Madrid. Casi nueve años más tarde, y después de haber conseguido iniciar un proceso de recuperación, vuelven las prácticas de entonces, vuelve a gobernar la radiotelevisión pública madrileña el mismo partido popular, sin complejos. Parece que no hemos aprendido la lección.

P.- ¿Cómo se ha transformado Telemadrid en estos nueve años?

R.- Estos nueve años han servido para conocer las dos caras del Partido Popular en la comunidad Madrid. Después de la pérdida de la mayoría absoluta en el 2015 surgió un partido popular «avergonzado» por los innumerables casos de corrupción relacionados con su etapa de gobiernos en la región. Todo parecía poco para desmarcarse del estigma que suponía haber estado cerca de quienes habían utilizado sus responsabilidades políticas para apropiarse de los recursos públicos de todos los madrileños, lo que se utilizó como justificación para iniciar un proceso de reforma legislativa para RTVM que habilitó mecanismos de transparencia y de control por parte de mayorías cualificadas que, al menos, dificultaba el control gubernamental de la radiotelevisión pública madrileña. Desde entonces hemos vivido un corto periodo de tiempo en el que hemos conseguido recuperar parte de la audiencia y credibilidad perdida con la ciudadanía. Ahora un nuevo golpe de timón del partido popular vuelve a poner en sus manos el control de la radiotelevisión pública, y comienzan a reaparecer las viejas formas de hacer las cosas. Es pronto aún, pero nos tememos que pueda reeditarse una etapa que considerábamos que había quedado atrás.

P.- En vuestra lucha contra el ERE no solo defendíais los puestos de trabajo, también defendíais el derecho de las madrileñas y madrileños a una información plural, veraz e independiente ¿Qué os llevó a poner al mismo nivel los derechos de la plantilla y los derechos del pueblo de Madrid?

  R.- Somos defensores convencidos de los servicios públicos en general y en particular del servicio público de comunicación. Una sociedad madura democráticamente no puede funcionar sin medios de comunicación públicos independientes y plurales..

La razón de ser de una radiotelevisión pública es el servicio público esencial al que la ley le encomienda, estar al servicio de la ciudadanía, ser cercanos y útiles, esto es lo que configura y permite dar viabilidad y futuro a nuestra empresa y, en consecuencia, a nuestro trabajo.

Quien no cree en los servicios públicos tiene como objetivo el deterioro de su calidad para justificar su privatización, lo vemos en la enseñanza, en la sanidad y en los servicios sociales entre otros servicios públicos. Para algunos son sencillamente una fuente de recursos públicos con la que hacer negocios.

P.- ¿Qué valoración haces de la independencia informativa tanto en Telemadrid como en el resto de medios de comunicación públicos en este país?

R.- Lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver como natural que la llegada al gobierno supone tomar el control de la radio televisión pública de turno, lo que ha generado un deterioro en la percepción del papel que deben jugar para la sociedad. Hacen falta ejemplos como el que hemos conseguido dar en los últimos años desde RTVM para evidenciar que un modelo de radiotelevisión pública independiente y útil para la ciudadanía es posible, que otro modelo de gestión es posible, que con el compromiso del conjunto de las fuerzas políticas pueden y deben habilitarse mecanismos que impidan un control gubernamental de los medios de comunicación públicos.

P.- El que fue Director General del Ente Público Radio Telemadrid Madrid, José Antonio Sánchez, y hoy es Administrador provisional, ha dicho que reducirá un 10% el presupuesto de la compañía, pero que no afectará a la plantilla ¿Qué credibilidad tiene para la plantilla esta afirmación?

  R.- Estamos hablando del presupuesto más reducido del conjunto de las televisiones públicas del Estado con una programación basada en su mayoría en producción en directo que dificulta en gran medida aplicar ningún recorte. Estaremos alerta.

P.- La plantilla de Telemadrid, con su Comité de Empresa y sus secciones sindicales a la cabeza, es una referencia de resistencia y dignidad en la defensa de los puestos de trabajo ¿Veis a corto plazo una situación de lucha como la que llevasteis hace nueve años?

R.- La lucha en la defensa de la radio televisión pública no es algo que deba circunscribirse a una etapa concreta, que tenga una fecha de inicio y de fin es una situación de trabajo constante de denuncia, algo que nunca hemos dejado de hacer y que no vamos abandonar, es una carrera de larga distancia en la que pretenden agotarnos pero no vamos a rendirnos, hemos conseguido demostrar cuáles fueron las verdaderas causas del hundimiento y descrédito de nuestra cadena, ahora el conjunto de la sociedad madrileña debe impedir que se  les vuelva a arrebatar su radiotelevisión pública y que se vuelva a repetir la historia. El conjunto de las fuerzas políticas, sociales, sindicales y profesionales deben encabezar la defensa de un servicio público esencial con mayúsculas, nosotros vamos a estar ahí siempre, en la defensa de los servicios públicos, en la defensa del imprescindible papel que para la Comunidad de Madrid debe jugar Telemadrid y OndaMadrid

P.- Hace dos años Telemadrid celebró su 30 Aniversario ¿Qué parte de esa efeméride celebrasteis los trabajadores y trabajadoras?

R.- Poco podíamos celebrar con la inmensa mayoría de las compañeras y compañeros despedidos en la calle. Pero después de una oscura etapa de participar y ver que su recuperación era posible.

Telemadrid y Ondamadrid sobrevivirán a quienes ahora vuelven a intentar aprovecharse de ellas. Nosotros vemos como una pesadilla la etapa que parece iniciarse de nuevo. Pero esto no debe ocultar todo lo bueno y positivo que ha habido y habrá en torno al logotipo de Telemadrid y el de OndaMadrid.

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista

La mayoría social exige unidad de sus sindicatos y partidos para rechazar el ataque al empleo, las pensiones y el recorte de derechos

Pareciera que la culpa de todos los males que hay en Europa fuese de los gobiernos griego, portugués y español. Vamos, que los presidentes de estos países son culpables del alza de los precios del petróleo en la antesala de la crisis –la Guerra de Irak nada tuvo que ver–; son culpables del diseño y venta de hipotecas basura y de otros productos financieros fraudulentos o rayanos en la estafa; son culpables de que la mundialización económica haya agotado los mercados y que el sistema se haya colapsado; y cómo no, en el caso español, el compañero y Presidente del Gobierno es el responsable de la Ley del Suelo de 1998. Qué casualidad que estos gobiernos son de corte socialdemócrata, y tienen en común que en sus programas apostaban por no recortar el gasto social.

En febrero, José L. Rodríguez Zapatero decía en Londres: “Los Estados, los Gobiernos, hemos tenido que gastar más […] para salvar al sistema financiero […] No deja de ser una paradoja que […]ahoralosmercadosalosqueacudimosasalvarseanexigentesy nos examinen e intenten poner dificultades. […] Esto me gustaría también que estuviera en la reflexión de los organismos internacionales que se pronuncian tan a menudo sobre la solvencia de los países: que se recuerde que los déficits públicos son porque imperaron las tesis sobre el sistema financiero de los mismos que hoy exigen apremiantemente a todos los Gobiernos reducir los déficits.” (El 19 de febrero de 2010 en la Conferencia de Gobernanza Progresista)

Los Aznar, Sarkozy, Fernández Ordóñez, Rato pretenden imponer la ley de los mercados a los gobiernos, a los partidos y sindicatos, para que la población trabajadora siga pagando los platos rotos de sus negocios especulativos. ¿No han pensado que quizás podrían sacar de las cajas de seguridad de las entidades financieras el dinero acumulado, y por el que no han tributado? ¿Que podrían traer a España el dinero que se llevaron a los paraísos fiscales en época de bonanza?

Posiblemente lo hayan pensado, pero es evidente que prefieren continuar en su insaciable egoísmo, y presionar a través de sus tertulianos y generadores de opinión para que el Gobierno tome medidas que insultan y atentan contra los derechos de los trabajadores, de los jóvenes estudiantes de familia trabajadora, de los autónomos –que nunca deben confundirse con los grandes parásitos que nos han llevado a esta situación–, de los pensionistas presentes y futuros, de los más de cuatro millones de desempleados y desempleadas. Medidas que perjudican única y exclusivamente a la mayoría social.

Los centros financieros se conchaban para apostar contra la deuda y el crédito de Grecia, España, Portugal o Irlanda, o contra cualquier otro país (como el Reino Unido o Francia), se arrogan el derecho a hundir economías, derechos conquistados con larga lucha de los trabajadores y los pueblos.

Especuladores de todo el mundo pretendieron examinar al presidente del Gobierno en Davos, esa feria de mercaderes que les reúne a todos cada año. Feria en la que exponen sus ocurrencias y diseñan el modo de continuar explotando a la mayoría social del planeta.

La Comisión Europea ha exigido al Gobierno un plan drástico de recorte de gasto público y de pensiones, que hundiría más aún la economía, destruiría empleo, servicios públicos y llevaría a la ruina a todas las administraciones.

¿Por qué no proponemos un recorte del gasto en armamento en todo el mundo?

¿Por qué no traemos las tropas de Afganistán?

¿Cuánto se va a recortar el gasto de la Casa Real?

¿Por qué no anulamos las subvenciones a la Iglesia?

¿Por qué no tributan las SICAV al 19%, en lugar de al 1%?

¿Por qué no subimos la presión fiscal a los ricos?

¿Por qué no se expropia el patrimonio de los delincuentes económicos?

¿Por qué no recuperamos los 120.000 millones comprometidos para salvar a los bancos?

¿Por qué no utilizamos los 99.000 millones del FROB en dar crédito y crear empleo, en vez de dedicarlos a suprimir empleos y cerrar oficinas de las Cajas?

La mayoría social está perpleja, preocupada, agobiada, indignada… y lo está en toda Europa ¿Cómo es posible que, en democracia, elijamos a un Gobierno y luego éste aparezca sometido al dictado de instituciones puestas a dedo? ¿Con qué grado de democracia se elige a Durão Barroso (el anfitrión de las Azores) y a su equipo de comisarios? ¿Por qué nuestros Gobiernos no pueden ser los que tomen las decisiones en política económica? ¿Por qué se empuja antidemocráticamente a que nuestros gobiernos ataquen nuestras pensiones, nuestros salarios, la sanidad, la enseñanza, y no tomen decisiones para acabar con el desempleo?

Para nosotros, salir de la crisis significa:

  • Que el Gobierno tome medidas drásticas, extraordinarias para detener la destrucción de puestos de trabajo, haciéndose cargo de empresas estratégicas. Ningún abaratamiento del despido: no a la universalización del contrato con despido de 33 días.
  • Detener la sangría de despidos, impidiendo los EREs. Crear empleo masivamente, mediante planes de inversión pública, obras públicas, desarrollo de los servicios públicos, garantizando crédito barato. Para ello, tenemos que impedir la privatización de las cajas, nacionalizar, de forma definitiva, los bancos a los que haya que sanear con dinero público, u obstaculicen el crédito de manera injustificada. Es perfectamente viable aquello que exigía Cándido Méndez ante el 40º Congreso de la U.G.T.: “si el Estado entra en un banco, que sea para quedarse».
  • Defender las pensiones, que forman parte de nuestro salario y no han de servir para recortar déficits públicos. Las familias trabajadoras necesitan más que nunca las pensiones, el sistema público de pensiones no tiene ningún déficit, no aceptamos recortes: no tenemos que ampliar los 15 años que se usan para calcular la pensión, no tenemos que ampliar los 15 años necesarios para tener pensión contributiva, no a atrasar la jubilación y no tenemos que rebajar las condiciones de los subsidios de desempleo a partir de los 52 años.
  • Ningún recorte de salarios: nuestros dirigentes sindicales habéis reiterado que, en situación de crisis, para crear empleo es necesario que los salarios aumenten. Son inaceptables las subidas por debajo de la inflación prevista, son fundamentales las cláusulas anuales de revisión, es inadmisible que los empresarios pretendan descolgarse de los acuerdos económicos pactados en los convenios.
  • Defender los 5.000 convenios que recogen derechos y conquistas, reforzarlos, extenderlos a los que aún no lo tienen. Es fundamental reforzar la Negociación Colectiva.

La mayoría social necesita más que nunca las organizaciones socialistas y obreras para defender los derechos.

No aceptaremos que nuestro Gobierno, con el plan de estabilidad que acepta exigencias de los especuladores, de los mercados, abdique de la responsabilidad que le dimos. En las manifestaciones por las pensiones hemos oído a nuestros dirigentes sindicales, en concreto a Cándido Méndez: “El Gobierno de la Nación dice que está con la inmensa mayoría de la población. Que lo demuestre. No se puede estar a la vez poniendo una vela a dios y otra al diablo”.

Vimos con esperanza que nuestros dirigentes sindicales y también responsables socialistas se opusieran al plan de pensiones del Gobierno. Nuestros sindicatos y partidos deben formar un frente decidido a cerrar paso a la imposición de medidas de ajuste que atacan gravemente nuestros derechos.

Os pedimos la unidad para que el Gobierno tome medidas para la creación de empleo y retire sus propuestas sobre las pensiones. No es momento de una nueva reforma laboral. Necesitamos unidad para mantener y mejorar el poder adquisitivo de los salarios y pensiones en 2010, sin sentirse atados por ningún compromiso en sentido contrario.


Firmantes a título individual:

Andalucía: Antonio Herranz (Militante del PSOE en Guadalmedina, Málaga). Cataluña: Baltasar Santos (UGT-PSC), Carlos M Doblado Ortega (UGT), Pere Sogas Vizuete (UGT), Josep María Pérez I Bernabé (UGT), Juan F. García Vico (UGT), José García Font (UGT), Román Clavijo Domínguez (UGT), María José García Lucas (UGT), M. Montserrat Amorós Carretero (UGT), José A. Iniesta Martin (UGT-PSC), Sergio Moya Hernández (UGT-PSC), Ebrima Aidy Ceesay (UGT), Jesús Cuevas Canales (UGT), Manuel Gálvez Mitadiel (UGT), Josep Sepúlveda Ferrer (UGT), Lluís Fernando Ledesma Sainz (UGT). Euskadi: Daniel Arranz (PSE-EE-PSOE), José Manuel Toledo (PSE-EE-PSOE), Luis María Pérez Pérez (PSE-EE-PSOE, UGT), Mª Jesús Fernández Asenjo (UGT-FSP, PSE-EE-PSOE), Antonio Ríos López (MCA-UGT), Alberto Elosua Alvarado (FeS-UGT), Pedro Marquina Martínez (UGT-TCM Euskadi), Koldo Méndez Gallego (UGT-UPTA, PSE-EE-PSOE), Carlos Jocano Pérez (FSP-UGT, PSE-EE-PSOE), Justino Franco Rueda (UGT-UPTA), Enrique de Luis (UGT-TCM), Jesús García de Cos (UGT, Abogado), Odei González (UPTA-UGT), Tasio Bercial Zarzuelo (UGT-Comercio), José Daniel González López (UPTA-UGT Euskadi), Sara Fernández Paz (UGT-FeS), Miriam Fernández Paz (Unión Latina), William Carrilo (UGT-UPTA, Periodista), José Luis Domínguez (UGT-UPTA), Samuel Pimentel (UGT-UPTA), Rubén Vázquez Belloso (UGT-FeS Euskadi), Alejandro Ron Álvarez de Al- calla (UGT-UPTA Euskadi), Jorge Barrón Fernández (PSE-EE-PSOE, Jefe de Servicio de Microbiología, Osakidetza - Servicio Vasco de Salud, Hospital de Cruces), Cristina Herranz González (Enfermera), Juan Antonio Serradilla Álvarez (Votante Socialista), Rachid Mellah (Ciudadano), Mezri Grami (Ciudadano), Damy (Ciudadano), Ridovane Chakuuch (Ciudadano), Rachid Mellak El-Mouma (Marroquí y Español), Cheick Dieng (Senegalés), Ababacar Sambe (Senegalés), Bado Dieno (Senegalés), Said Zelmat (Marroquí), Thierno Mbaye (Senegalés), Lahsin Dha (Marruecos), Habibe Sow (Senegalés), Larbi Janic (Marroquí), Daoua Thiam (Senegal), Faratfercherhi (Tunecino), Faska Ait Ouama (Marroquí), Abdellah Olho (Marroquí), Ismail Bigonti (Argelino), Fouad Hilal (Egipcio), Aziz Bayad (Argelino), Pap Ceri Dia (Senegalés), Kamal Ferchichi (Tunecino). Madrid: Roberto Tornamira Sánchez (Militante del PSM-PSOE-Arganzuela, y sindicalista de la UGT), Concha Aguillaume (PSM-PSOE), Álvaro Peña González (Militante del PSM-PSOE en Galapagar, JJSS en Galapagar y FeS-UGT Madrid), Manuel Arroyo Martín (PSOE), Luciano Pereda Valdemoro (Militante del PSM-PSOE-El Álamo, y sindicalista de la UGT), José Antonio Fernández Guerras (Sindicalista de la UGT), Rafael Torres Posadas (Secretario General de la Sección Sindical Esta- tal de UGT en Caja Madrid), José María Ayuso Galán (Sindicalista de UGT), Gloria Jiménez Oliver (Sindicalista de UGT), Guillermo Cano Rodríguez (Sindicalista de la UGT), José Ramón Calvo Gómez (Militante del PSM-PSOE-Vallecas, y sindicalista de la UGT), Pierre Benavent Saavedra (Sindicalista de la UGT), Virginia Madera Correa (Sindicalista de la UGT), Cruz Gutiez Pardo (Militante del PSM- PSOE-Getafe, y sindicalista de la UGT), Félix Núñez Galán (Sindicalista de la UGT), Jorge Barrera Santos (Sindicalista de la UGT), Carlos Blázquez Pérez (Sindicalista de la UGT), Pedro A. Sánchez Catalá (Sindicalista de la UGT), José Manuel García Fernández (Sindicalista de la UGT), Antonio Cano Gallardo (Sindicalista de la UGT), Alfonso Piñera Ballesteros (Sindicalista de la UGT), José Luis Cadenas Álvarez (Sindicalista de la UGT), José Antonio Serrano Martínez (Sindica- lista de la UGT), Fernando Mañueco López (Sindicalista de la UGT), Alberto Gómez Martín (Militante del PSM-PSOE-Galapagar, y sindicalista de la UGT), Jesús de la Roda Muñoz (Militante del PSM- PSOE-Alcalá de Henares, y sindicalista de la UGT), María Jesús Vivar Alonso (Sindicalista de la UGT), Agustín Nieto Altozano, (Sindicalista de la UGT), Zaida González Rodríguez (Juventudes Socialista de Alcorcón y sindicalista de UGT), María Asunción Martín Estriegana (Ciudadana), Carlos Ruiz Benítez (Trabajador), Gema Alonso Porres (Sindicalista de UGT), Pablo Cordero Moreno (Sindicalista de UGT), Pardo Escribano (Trabajadora de la función pública), Julio Gutiez Aragoneses (Trabajador del sector alimentario), Álvaro Vicioso Alfaro (Militante del PSM-PSOE, Agrupación de Buenavista y sindicalista de UGT), Luisa Garrido Manzanares (Trabajadora), Jorge Hertogs Biarge (Sindicalista de UGT), Manuel Díaz-Maroto Perea (Trabajador del sector transporte), María Fernández (Trabajadora del sector sanitario), Gregorio Sanz Rodríguez (Sindicalista de UGT), Jesús González Garrido (Trabajador de la enseñanza), Pilar Gerica García (Trabajadora del sector servicios), Natividad García Beltrán (Sindicalista de UGT), Antonio Torres Barbero (Trabajador de la función pública), Patricia Torres Gerica (Estudiante), Feliciano Alonso Álvarez (Sindicalista de UGT), Rafael González Garrido (Trabajador del sector servicios), Kepa Escalada Emperador (Sindicalista de UGT), Susana Gerica García (Trabajadora del sector comercio), Pilar Egido Guerrero (Sindicalista de UGT), Juan Antonio Lorente (Trabajador del sector comercio), Ángel Gerica Montoya (Trabajador de la función pública), Jesús Sanz González (Sindicalista de UGT), Pilar García Cuenca (Trabajadora del sector sanitario), Candelaria Romero Segura (Trabajadora de la enseñanza), José María Castañón Morales (Sindicalista de UGT), Mónica Añorbe Uzmeneta (Trabajadora de la enseñanza), Juan Emilio Teita Romero (Trabajador de la enseñanza), José Ripoll Campos (Sindicalista de UGT), Oscar Requeijo (Militante JJSS en Ciudad Lineal), Noelia Arias (Militante del PSM-PSOE en Galapagar, Secretaria General de JJSS en Galapagar), Carmen Pacheco (UGT-FeS Madrid), Maribel González Soria (PSOE), Lucia Lozano Fuentes (PSOE) Alicia López Lozano (PSOE), Mª Eugenia Mora Martínez (UGT), Rebeca Soria González (Trabajadora De Hostelería). Obdulia Iglesias González (Autónoma), Ángel Gordon Castuera (UGT), Nuria Victoria Varas Moreno (Autónoma), Carmen Barrado González (UGT), Paloma Fernández Molina (UGT), Alfonso Cisneros Terán (CGT), Olga Pages Sanz (UGT), Ángeles Vázquez Moreta (A título individual), Mª Carmen Montejo Jiménez (A título individual), Ana Isabel Benito (A título individual), Pilar Hidalgo Jaraíz (A título individual), Mª Raquel Carrasco Delgado (UGT), Cecilio Mandrión Bustamante (CCOO), Mª Luisa Núñez Prevost (Autónoma), David Calabria Pastor (Simpatizante), German Cardader Canelo (CCOO), Juan Cardador Cerezuela (PCE-IU), Nieves Cerezuela Giménez (Simpatizante), Javier Cardador Cerezuela (CCOO), Manrique Alvar Simón Collado (Simpatizante), Carmelo Escudero Méndez (PCE- ML), Mercedes Expósito Martin (Plataforma Ciudadanos Por La República), Pedro Lancho Romanillos (Simpatizante), Eulogia Fuentes Martin (Simpatizante). Navarra: José Luis Úriz Iglesias (Portavoz PSN-PSOE en el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia). País Valenciano: María del Carmen Alonso Montaña (PSOE, UGT).