Mes: julio 2024

Llamamiento

Iniciativa del Comité de Enlace Europeo contra la Guerra, reunido el 4 de mayo con delegados de 16 países

«No se puede combatir la guerra cuando está matando a 1.000 soldados al día, cuando la censura y la ley marcial suprimen las libertades, hay que hacerlo antes, cuando aún podemos organizaros, manifestarnos. ¡Esta vez tenemos que impedírselo antes!»

Biden, Scholz, Macron, Sunak, Meloni… ¡Vuestras guerras no son las nuestras!

Sois responsables de masacres y guerras.

El 24 de abril, el Congreso de Estados Unidos votó 95.000 millones de dólares para la guerra en Ucrania, para suministrar armas al Ejército de Netanyahu, para el despliegue bélico frente a China. A ello ha respondido una formidable ola de movilización estudiantil, que partió de la Universidad de Columbia (Nueva York), recuperando la consigna: «Genocide Joe. You can’t hide. How many kids have you kill today». 

Más de 100.000 palestinos muertos, mutilados o desaparecidos. Cientos de miles de niños hambrientos, privados de cuidado y escuela, muchos de ellos huérfanos, traumatizados por la virulencia de los bombardeos y la destrucción perpetrada por el Ejército de B. Netanyahu.

Los jefes de Estado y de Gobierno, comenzando por el de Estado Unidos, seguido por la Unión Europea, son responsables de lo que la Corte Internacional de Justicia ha calificado de probable genocidio y del que son testigos horrorizados millones de personas cada día. Los Gobiernos participan en el aplastamiento del pueblo palestino organizando envíos de armas y componentes militares a Israel y manteniendo los acuerdos comerciales con el Estado que mata y destruye toda forma de civilización en la Franja de Gaza.

A pesar de la inacción, del silencio incluso, de las direcciones del movimiento obrero, poderosas protestas y movilizaciones se multiplican por todos los países del mundo, por todos los continentes, incluso en Israel, en defensa del pueblo palestino y de sus derechos.

Los Gobiernos y la Unión Europea que han permitido y continúan apoyando este genocidio (calificado como tal hasta por el Papa), intentan hoy atemperar sus palabras, espantados por las consecuencias de su política en Palestina y en su propio país.

Los Gobiernos quieren implicarnos más en la guerra de Ucrania, enviando tropas y enfangándonos en un conflicto entre potencias nucleares. Los mismos que nos vendían la Unión Europea como un espacio de paz, preparan hoy la guerra.

El movimiento obrero alemán contra la guerra exigió «mantequilla en lugar de cañones».  Pero desde numerosos Gobiernos y desde la Unión Europea se alzan voces por la instauración de una economía de guerra, que significa un ataque general contra las conquistas sociales, las libertades democráticas y los servicios públicos que las luchas obreras impusieron en cada país. Mientras las cúpulas sindicales sigan apoyando la orientación bélica de las élites dirigentes de Europa, no podrán impedir la destrucción de esas conquistas obreras. 

A ambos lados de la frontera ruso-ucraniana, se detiene a los jóvenes en las calles, en las ciudades y en el campo, para enviarlos por la fuerza al frente y a la muerte. Cuando Putin recluta a 300.000 nuevos soldados, Zelenski rebaja en dos años la edad del reclutamiento. Y ello para servir de carne de cañón al servicio de las multinacionales y de los oligarcas de todo pelaje. Rechazamos la extensión de esta guerra.  Queremos que pare inmediatamente.

Frente a todos los Gobiernos partidarios de la guerra, que pretenden hipócritamente defender la paz y la democracia desmantelando por doquier las conquistas sociales y democráticas, que rechazan las negociaciones y el alto el fuego, que siguen enviando armas, nosotros nos situamos del lado de los jóvenes ucranianos y rusos que no pueden más con la guerra, del lado de los trabajadores y jóvenes que rechazan la guerra y la opresión, y exigen el alto el fuego, el levantamiento del bloqueo de Gaza y la  satisfacción de las reivindicaciones sociales y políticas.

Decimos: ¡no en nuestro nombre!

  • Rechazamos las guerras y la barbarie, que solo benefician a los poderosos y a los industriales del armamento cuyas ganancias se disparan.
  • Por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, rechazamos ser arrastraos a la guerra y la militarización de toda la sociedad.
  • Rechazamos los presupuestos militares cada vez más elevados bajo la tutela de la OTAN y de la Unión Europea, denunciamos la guerra social librada contra los trabajadores y la juventud.
  • Rechazamos todos los atentados a las libertades, las amenazas y la represión. Defendemos la   libertad de expresión, de reunión, de manifestación, y el derecho de huelga, particularmente amenazados.

La movilización de los pueblos podrá detener la escalada mortífera a la que los Gobiernos quieren arrastrarnos, y parar los envíos de armas.

Uniéndonos por encima de las fronteras, actuamos por la unidad internacional de los trabajadores y los  jóvenes para imponer el alto el fuego y la reasignación de los presupuestos militares a las necesidades vitales de la población, a la  escuela, los hospitales, los salarios y las pensiones.

¡Alto al genocidio del pueblo palestino! ¡En Palestina, como en Ucrania, alto el fuego inmediato! ¡Alto a los envíos de armas! ¡No a la intervención militar de las fuerzas de la OTAN en Ucrania! 

Llamamiento Europeo contra la Guerra y el genocidio en Palestina

  1. Adolfo Gómez Camacho, concejal por PODEMOS, Leioa (Bizkaia)
  2. Adolfo Manuel Durán Guaza, UJP-UGT Alicante
  3. Alfredo Del Río Casasola, trabajador de la Universidad Complutense de Madrid
  4. Adrián Navalón, portavoz de Podemos, Valencia
  5. Adriana Bolsa, Círculo de PODEMOS de Casteldefells, Barcelona
  6. Ainhoa Zuluaga, militante de PODEMOS, Bilbao
  7. Alberto Ruiz, profesor de la Universidad de Granada
  8. Alex García, sindicalista de la UGT de Catalunya
  9. Alex Oliden, militante de EH Bildu
  10. Alfonso López García de Viedma. Médico-Cirujano. Jubilado. Madrid.
  11. Alfredo Aranda Muriana, Secretario General de la Sección Sindical estatal de CCOO en Coca Cola
  12. Alicia Redondo Vaquero, Jubilada.
  13. Álvaro Chueca Gómez exconcejal en Olite-Erriberri por Agrupemos Olite-ErriberriElkartu y graduado por la Universidad Complutense de Madrid
  14. Álvaro Fernández, psicólogo social
  15. Almudena García Grande, ceramista
  16. Amaia Lasa, poeta
  17. Amina Shoman, Comunitat Palestina Arab Unida, Reus (Catalunya)
  18. Ana Belén Moreno.  Enfermera Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Daroca-Madrid
  19. Ana Jiménez, secretaria de medio rural de Podemos Andalucía
  20. Ana Quesada del Águila, integradora social, Baix Llobregat (Catalunya)
  21. Ana LaverónSimavilla, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid
  22. Ana Maria Sánchez Sempere. Médica. CS Adelfas de Retiro. Madrid.
  23. Ana Maria Surra Spadea, ex-Senadora, Barcelona
  24. Ana M. Negredo, profesora de la Universidad Complutense de Madrid
  25. Ana Reina Ramos, afiliada a CCOO, Dos Hermanas (Sevilla)
  26. Ana Rosa Encinas Gilarranz. Médica. CS Nuestra Señora de Fátima de Carabanchel. Madrid
  27. Ane Sánchez Jiménez maestra, militante del PCE
  28. Ángel Lopez-Bueno, miembro de IS-PSOE de Castilla y León 
  29. Angel Pasero Borrajón, Militante del PCE, Secretario Federal de Unidad Cívica por la República (UCR)
  30. Angel Rovira Busquets, UGT-FICA, Comarques de Tarragona
  31. Angel Tubau, Informacion Obrera, Barcelona
  32. Antonio Diego González. Militante de PODEMOS.
  33. Antonio Herranz, sindicalista jubilado, Málaga
  34. Antonio Macías Borrego, delegado de UGT sanidad de Andalucía
  35. Antonio M. Montaño Ramos, Comisión Ejecutiva de la Federación de Sanidad de CCOO
  36. Ascensión Cano Pardo, sindicato de Enseñanza de CGT, Granada
  37. Begoña Lizcano Pérez. Funcionaria del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias. Centro Penitenciario de Puerto 3 de Cádiz
  38. Belén Candenas, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid
  39. BlaiSolernou (ex)estudiante de la Universidad Complutense de Madrid
  40. Carles Mulet, ex-Senador por designación Cortes Valencianas – COMPROMIS (Castellón)
  41. Carlos Sánchez Mato, economista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la dirección de Izquierda Unida (IU)
  42. Carmen Alonso Fermoso, Educadora Social, Vallés Occidental (Catalunya)
  43. Carmen Martín Rubiño, Portavoz local de Podemos Motril, responsable del área de Mayores y dependencia de Podemos Andalucía
  44. Carmen Romero Sánchez, Comisión Ejecutiva Unión Provincial de CCOO (Sevilla)
  45. CGT Costa Granada
  46. CGT Granada
  47. Clara Bachiller, profesora de Secundaria de Servicios a la Comunidad, Comunidad deMadrid
  48. Clemente de Blas Ortega, funcionario del Instituto Nacional de Estadística, jubilado, afiliado a UGT
  49. Conchi Abellán, Coordinadora Podemos Cataluña
  50. Consuelo Bezares Miralles, afiliada UGT, Valencia
  51. Coordinadora Regional de Izquierda Socialista de Castilla La Mancha – PSOE
  52. David Álvarez Rivas, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense de Madrid
  53. David Armendariz Núñez Técnico de PRL y militante del PCE
  54. Dominique Salomón, Portavoz AssociacióCatalanaJueus i Palestina (JUNTS)
  55. Elena Fuentes Herrero, pensionista, miembro de COESPE, afiliada a CCOO
  56. Elena Pérez Lagüela, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid
  57. Elisabeth Montoro, secretaria sección sindical de UGT del Ayuntamiento de Sabadell
  58. Encarnación González Triguero, Portavoz de COESPE, Málaga
  59. Encarna López, organizadora de la Marcha Republicana en Madrid el 16 de junio
  60. Enrique Dargallo Guerra, Información Obrera, Madrid
  61. Esperanza Quesada del Aguilar, auxiliar de clínica, Baix Llobregat (Barcelona)
  62. Esther Miguel Pardo, afiliada UGT, Valencia
  63. Eugenio López Torres, Secretario de Organización del Sindicato de Sanidad de CCOO, Sevilla
  64. Eva Aladro, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid
  65. F. Javier Murillo, trabajador de la Universidad Complutense de Madrid y afiliado al sindicato CCOO
  66. FahdBoundi, trabajador de la Universidad Complutense de Madrid
  67. Fernando Álvarez Rodríguez, economista
  68. Francisca Martín Reyes, Secretaria sección sindical CCOO Hospital de Osuna (Andalucía)
  69. Francisca Calero Martínez, militante de Podemos
  70. Francisco Javier Pino Batista, sindicalista en FSC-CCOO, Sevilla
  71. Francisco Javier Renero Fernández. Empresario, PODEMOS
  72. Francisco Jiménez Gómez ingeniero de Caminos, PCE
  73. Francisco Manuel Sánchez Román, Comisión Ejecutiva Unión Provincial de CCOO, Sevilla
  74. Frank Arnold, miembro de la Comisión Internacional de la COESPE, Granada
  75. Gemma Cairó, trabajadora de la Universidad de Barcelona
  76. Graciela García Balbás. Periodista Radio Nacional 5 Local. Madrid.
  77. Guillermo Rubio, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid
  78. HélènArcelin Zabal, miembro de ERC, Tarragona
  79. Ibai Figueroa Guerrero, delegado sindical de CCOO, Sevilla
  80. Ildefonso Suarez. Docente. Profesor de Historia
  81. jubilado. Valencia.IratxeArrizabalo, estudiante de doctorado de la Universidad Nacional de Artes
  82. Isabel Jiménez, Círculo de PODEMOS de San Boi (Barcelona)
  83. Isabel Oller, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid
  84. Isabel Santamaría, Médica jubilada del Ayuntamiento de Madrid
  85. Iñaki Merino, Delegado UGT Txapelgorris (Euskadi)
  86. Javier Bustamante, militante de PODEMOS, Bilbao
  87. Javier Fernández Amezaga. Medico A.P, CS Gandhi-Madrid
  88. Javier de Miguel Sáenz, profesor de Historia y militante IU
  89. Javier García, secretario de comunicación de Podemos Andalucía
  90. Javier Quiles, reportero gráfico
  91. Javier Maqueda, Secretario General UGT Valencia Sus e Interior, Valencia
  92. Jesús de Blas Ortega, profesor de Historia de Secundaria, afiliado a UGT
  93. Jesús Escribano, Profesor UCM y delegado de CCOO
  94. Jesús Sanvicente, trabajador del metal, sindicalista CIG
  95. Joaquín Sainz, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid
  96. Joan Carles Torres, periodista, Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de «En ComúPodem» de Sabadell
  97. Jordi Abert i Caballero, Diputado Parlament de Catalunya ERC
  98. Jordi Gómez Lozano, Salvem les pensions 9 barris, Barcelona. Podem Catalunya
  99. Jordi Salvador, diputado por Tarragona en el Congreso
  100. Jorge Aroca Body, jubilado, Tarragona
  101. Jose Aznar Cortijo, Mareas Blancas, Barcelona
  102. J.Antonio Iniesta Martín, Sindicalista UGT (Baix Llobregat)
  103. Jose Gallego Casaus, ex-Secretario de Organización de UGT, Sevilla
  104. José Manuel Ocaña López, Secretario General UGT – BBVA 2014-2019
  105. JoseMaria Herrera Molina, exconcejal Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla)
  106. Jose Miguel Villa Antoñana, Ex-Secretario General FeS-UGT, Madrid
  107. José Pelayo Galindo, SºGral Federación Sanidad CCOO, Andalucía
  108. José Segovia, trabajador de la Universidad Politécnica de Rabat y Centro de Sistemas Complejos de Paris
  109. José Valentín Ramírez Castanedo, Jubilado CCOO, Linares (Jaén)
  110. Joseba Pampín Amboage, militante de EH Bildu, Bilbao
  111. Joseba Izaga, Hemen Salida por la Izquierda, Bilbao
  112. Josep Lluís Miranda, CSC Intersindical, Tarragona
  113. Josep Vicent FelipBardoll, Comité Nacional UJP-UGT-PV, Castellón
  114. Juan Carlos Campo, militante de PODEMOS, Bilbao
  115. Juan Carlos Navas Herrera, SºGral Sindicato Sanidad CCOO, Málaga
  116. Juan Clemente Sánchez, Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial de CCOO, Sevilla
  117. Juan Jose Casado Peña, sindicalista, Baix Llobregat (Barcelona)
  118. Juan José Rodríguez González, SºGral Sindicato Sanidad CCOO, Huelva
  119. Juan Manuel Rodríguez Hernández, militante de PODEMOS, Bilbao
  120. Juan Pablo Mateo, trabajador de la Universidad Complutense de Madrid
  121. Juan Pedro García de las Heras, profesor de Historia de Secundaria, afiliado a CCOO
  122. Juan Torres Martín, profesor de Matemáticas de Secundaria, afiliado a UGT
  123. Juan Uriondo Gijón, Miembro de la Comisión Permanente Federal de IS-PSOE
  124. Juanmi Acejo, Alternativa Republicana de Málaga
  125. Julián Rodríguez Aragón, economista, afiliado a CCOO de Industria
  126. Laura Cánovas, trabajadora de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
  127. Leticia Menéndez Granda, Tarragona
  128. Lisandro Moreno Jiménez, sindicalista de CCOO de Ayuda a Domicilio
  129. Lucía Vicent, trabajadora de la Universidad Complutense de Madrid y afiliado al sindicato CCOO
  130. Luis Alejos, militante de PODEMOS, Bilbao
  131. Luis González, miembro del Consejo Confederal CCOO
  132. Luis López-Tello Ruiz, Economista
  133. Luis Lopez, délégado CCOO en transportés UTE, Baix Llobregat
  134. Luis Miguel Lapeña Moreno, Concejal por Podemos en Leioa, miembro del Consejo territorial de Bizkaia
  135. María del Mar Barberán Parrado. Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda (Portavoz y Vicepresidenta segunda), Miembro de la Comisión Especial de Sugecias y Reclamaciones. Ayuntamiento de Madrid.
  136. María José Hernández, afiliada al sindicato CCOO
  137. M. Dolores Alonso Sancho, Administrativa y afiliada a UGT.
  138. M. JoseLainezGabari, jubilada, Iruña – Pamplona
  139. MªEster Roca Yébenes, médico de Familia, Sevilla
  140. Mª José Wanceulen, Secretaria General Sindicato de. Sanidad de CCOO, Sevilla
  141. Manuel Ariza. Secretario General de la Federación de Jubilados de CCOO de Madrid.
  142. Manuel Iniesta Martín, Sindicalista CC.OO (Baix Llobegat)
  143. Manuela Martín Lorenzo, militante de PODEMOS, Leioa (Bizkaia)
  144. Margarita Tova Bel, jubilada afiliada aCC.OO
  145. María del Carmen Zapata Cervera, funcionaria jubilada
  146. María Francisca Gómez. Médica. CS Reyes Magos de Retiro. Madrid.
  147. María José Pérez Moreno, jubilada y afiliada a CCOO
  148. María Pozuelo Castro, responsable política internacional Podemos Cataluña
  149. María Rivilla López, profesora de Lengua y Literatura de Secundaria, afiliada a UGT
  150. Marisa Saavedra, ex-diputada Podemos por Castellón en el Congreso
  151. Marie Rose Baeza. Maestra-Jubilada. (Escuela Francesa). Francia
  152. María José Meseguer, Associació per la Nova República (Bétera, Valencia)
  153. Mariano Asenjo Pajares. Periodista(jubilado.) Sindicalista de CCOO
  154. Mariano Lanza-Vazquez, docente e investigador universitario, Universidad Nacional de Río Negro
  155. Mario del Rosal Crespo, trabajador de la Universidad Complutense de Madrid y afiliado al sindicato CCOO
  156. Marisa Madrid, trabajadora bancaria y delegada sindical de CCOO
  157. Marta Linares, abogada de Derechos Humanos
  158. Marta Climent, economista, funcionaria de la Generalitat Valenciana, Valencia 
  159. Maya Schifter, trabajadora
  160. Martín Robles Sánchez, SºGral Sindicato Sanidad CCOO, Jaén
  161. Mercedes Díaz, profesora de Filosofía
  162. Mercedes López Rodríguez, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid
  163. Miguel González Mendoza, abogado, Baix Llobregat – Barcelona
  164. Miguel Jiménez Castro, Delegado Sindical de CCOO en Almacenes POGAR, S.L.
  165. Militares
    1. Julio Rodríguez Fernández. General del Ejército del Aire (R).Ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). PODEMOS
    1.  Manuel Ruiz Robles. Capitán de Navío de la Armada (R). Portavoz de militares demócratas (Anemoi).
    1.  Francisco José Ferrari Villar. Sgto. de la Infantería de Marina (RV) (R).
    1.  Miguel López. Oficial del Ejército del Aire (R) Miembro del Foro Milicia y Democracia (FMD).
    1.  Floren Dimas. Oficial del Ejército del Aire (R) Miembro de la Asociación para la Memoria Militar Democrática (AMMD).
    1. Rafael Permuy López. Comandante del Ejército de Tierra (Artillería) (R). Ex miembro de la UniónMilitar Democrática (UMD).
    1.  Francisco Maceira Rodríguez. Contramaestre de la Armada (ex).
    1.  Juan Delgado Muñoz. Oficial del Ejército de Tierra (R). Miembro de la Asociación Civil Milicia y República (ACMYR)
    1.  Luis Gonzalo Segura. Oficial del Ejército de Tierra (ex). Escritor. Autor de “La trampa ucraniana”.
    1. Enrique Ramírez Carriedo. Cabo de Comunicaciones de la Armada (Er) (ex). Miembro de la Asociación para la Memoria Militar Democrática (AMMD).
    1.  Leandro Sierra. Oficial del Ejército del Aire (R). Miembro de la Asociación Civil Milicia y República (ACMYR).
    1.  Celso Milleiro Fariñas. Capitán de Fragata de la Armada (R).
    1.  Víctor M. Álvarez González. Capitán del Ejército del Aire (R).
    1. Carlos Vidal Ojea. Cabo Primero de Infantería de Marina (R).
    1. Marco A. Santos Soto. Cabo del Ejército de Tierra (R), presidente del colectivo republicano deRedondela.
  166. Montserrat Cumellas Riera, Jubilada docente, Tarragona
  167. Montserrat Solís. Supervisora de Investigación en cuidados de enfermería. Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda.
  168. Neus Roig, sindicalista Ensenyament, Tarragona
  169. Nines Ciprés, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid
  170. Olga Zabala, militante de PODEMOS, Bilbao
  171. Oscar Mendoza Gómez, miembro de la CUP, afiliado a CGT
  172. Pablo García Cano, sindicalista, Comité de empresa de John Deere Ibérica
  173. Paco Alonso de Armiño, jubilado, CCOO
  174. Pedro Cruz Mocache, Revolucion Ciudadana – Ecuador, Barcelona
  175. Pensionistas
    1. Ramón Franquesa. Portavoz Estatal de COESPE
    1. Damián Rodríguez. Portavoz Estatal de COESPE
    1. Francisca López Fernández. Portavoz Estatal de COESPE
    1. María Teresa Blázquez. Portavoz Estatal de la COESPE
    1. Encarnación González. Portavoz Estatal de la COESPE
    1. Ana Pérez. Comisión de Organización de la COESPE
    1. Alfonso Rivas. Comisión de Comunicación de la COESPE
    1. Juan Miguel Fernandez. Portavoz de Coorpen MADRID- COESPE
    1. Juana Rondón. Portavoz de Coorpen MADRID-COESPE
    1. Juan Antonio Carnés. Portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Vallecas-Alto del Arenal de Madrid. COESPE.
    1. José Villalba. Economista, jubilado. Plataforma de Centro. CoorpenMADRID-COESPE.
    1. Aurelio Villanueva. Portavoz de la Plataforma de Pensionistas de San Blas-Canillejas de Coorpen MADRID – COESPE
    1. Ildefonso Espinosa (Portavoz). En representación del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP).
    1. Guillermo Fernández. Presidente de la Asociación de Pensionistas de Gijón (APG).
    1. Marisa Gadea, Coordinadora de Bizkaia y Euskadi en defensa del sistema público de pensiones
    1. VictorEtayo, Coordinadora de Bizkaia y Euskadi en defensa del sistema público de pensiones
    1. Jesús María Pérez Martínez, Plataforma Pensionistas por la Unidad (Bizkaia)
    1. Eduardo López Valladolid, Plataforma Pensionistas por la Unidad (Bizkaia)
    1.  Sebastián Lagunas Lapoza, Plataforma Pensionistas por la Unidad (Bizkaia)
    1. Gregorio Alcázar Pérez. Miembro de la Plataforma de Pensionistas de Vallecas-Alto del Arenal, de CoorpenMadrid.COESPE.
  176. Pilar Medrano, miembro de la Comisión Internacional de la COESPE, Sueca (Valencia)
  177. Rafael Aguilera Sánchez, miembro del Comité Nacional de UGT Catalunya
  178. Rafael Carlos Ortiz Gudiel, profesor jubilado, Baix Llobregat (Barcelona)
  179. Raquel González Carrasco, afiliada a CCOO 
  180. Ricardo Rodríguez Luengo, trabajador de Telefónica, jubilado, afiliado a UGT (ex secretario de organización de la Federación de Jubilados y Pensionistas de UGT)
  181. Roberto Tornamira Sánchez, Ex-Secretario Estatal del Sector Financiero, Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT, Madrid
  182. Rosalía Díaz, abogada
  183. Rosana Rodríguez Arias, militante de PODEMOS, Bilbao
  184. Saida Ghodaeh Curiel. Presidenta de la Asociación Hispano Palestina Jerusalén, Madrid
  185. Sergio Illescas, Periodista de la Sexta, Madrid
  186. Silvia Cermeño Martín, Presidenta del Club Gimnasia IALIS España, Valmaseda (Bizkaia)
  187. Silvia Esteve Plá, afiliada UGT, Valencia
  188. Silvia Martínez Fernández, Secretaria General de UPTA Euskadi (UGT Euskadi)
  189. Talina Contreras Dávila, trabajadora de la Universidad Autónoma de Barcelona
  190. Teresa Aranguren Amézola. Periodista Internacional del mundo árabe y zonas de conflicto. Madrid.
  191. Teresa Sotillo Ramos, Jubilada, afiliada a CC.OO.
  192. Trini Piquer Campos, Comité Nacional UJP-UGT-PV, Valencia
  193. Toni Carmona, sindicalista STR, Tarragona
  194. Verónica OrdóñezLópez, Ex-diputada de Podemos en el Parlamento de Cantabria y sindicalista en FSP UGT Euskadi
  195. Verónica Sanz, estudiante de la UC3M y la UCM
  196. Vicenç Albiol, Secretario General de la Unión Territorial del Vallés Occidental de UGT, Barcelona
  197. Vicent Garcés, militante PSOE, Valencia
  198. Victoriano Jiménez Fernández. Activista social de Vallecas, Madrid
  199. Vincent Marco, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid
  200. Xabier Arrizabalo, trabajador de la Universidad Complutense de Madrid y afiliado al sindicato CCOO
  201. Xabier Lizarraga, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid
  202. Xavier Pedrós i Cortasa, Sociólogo, Baix Llobregat (Barcelona)
  203. Yolanda Prieto Ramos, realizadora de documentales, UNED-Media

Uno más uno, no son dos

Mediante las siguientes líneas espero entendáis un poco mejor la visión que existe desde dentro de una de las partes que forman la compraventa de Air Europa por Iberia.

Estamos en la recta final de la venta de Air Europa al grupo IAG al cual pertenece Iberia. Es pronto para poder saber si es una “unión” positiva o negativa. Normalmente la Empresa absorbida tiene todas las de perder, y es en este punto donde se encuentra Air Europa. La incertidumbre que tiene la inmensa mayoría de la plantilla está plenamente justificada. Después de llevar décadas trabajando en la misma Empresa, nos encontramos con que no sabemos qué ocurrirá con los derechos adquiridos, qué será de nuestros puestos de trabajo, cómo se afrontarán las duplicidades y un largo etcétera que nos lleva a la conclusión, de que en una fusión o compra uno más uno, no son dos.

Un entorno tan cambiante y competitivo como el aéreo, nos hace temer por las pérdidas que vamos a tener en nuestros empleos y condiciones. Necesitamos certezas, y el apoyo de nuestros gobernantes para defender que no se pierda nadie en el camino ni los derechos conseguidos. Detrás de cada trabajador, hay una historia, una familia, una vida… Que nuestros gobernantes no se dejen seducir por lo que otros verán… unos simples números sin alma ni vida.

Empresarialmente, la compra puede resultar muy atractiva. Es una manera de crecer y de tener una marca más potente, con más destinos y perspectiva internacional. De hecho, los planes de IAG pasan por potenciar el aeropuerto de Madrid creando un gran nudo de conexiones. Esta fortaleza no puede ser entendida con la merma de condiciones laborales de una y otra Empresa. No caigamos y no permitamos caer en un regateo de condiciones que lo único que harán será perjudicar a los trabajadores de uno y otro lado por ver quién impone las condiciones más baratas y ventajosas para operar las rutas que sin duda serán utilizadas para rebajar nuestras condiciones.

Pero tanto Air Europa como Iberia son algo más que el aeropuerto de Madrid. Son el resto de aeropuertos españoles, son trabajadores de oficinas, de mantenimiento, de handling, tripulaciones… y un amplio abanico de trabajadores trabajadoras que está con una gran incertidumbre.

El desenlace está próximo y aunque se confirme la venta después vendrá un duro trabajo sindical en un terreno desconocido, y tras las garantías que se puedan imponer en un principio vendrá la dura realidad. Uno más uno, no son dos.

Una solución que podría ayudar al colectivo de Tripulación de Cabina de Pasajeros (TCP), sería la inclusión de nuestra profesión en el Real Decreto de trabajos penosos, para poder acceder antes a nuestra jubilación. De la mano de un gobierno progresista, esta discriminación que sufrimos ha de ser corregida. De sobra son conocidos los intentos de rejuvenecer plantillas para abaratar costes por parte de todas las Empresas. Estos intentos deben partir del consenso y voluntariedad de los trabajadores afectados. Tengamos en cuenta que complicar el final de la andadura profesional de un trabajador tendrá unas consecuencias irreparables en su jubilación, y en el resto de su vida, tras una carrera dedicada a su empresa. En medio de esta compra tenemos que tener alma y sentido de estar a la altura de las circunstancias.

Somos muchos trabajadores los que componemos ambas plantillas, y tenemos que apostar por nuestros empleos que son nuestro medio de vida. Por eso pedimos al gobierno su apoyo sin fisuras, que esté vigilante para que nada ni nadie se quede en el camino.

Como trabajador de Air Europa desde hace más de dos décadas miro al futuro con incertidumbre, con recelo, ya que no sabemos hacia dónde caminamos ni qué ocurrirá después de que las imposiciones protectoras desaparezcan, pero a la vez esperanzado por formar parte de un gran grupo aéreo que puede consolidar a España como uno de los referentes mundiales en aviación.

No hagamos realidad el uno más uno, no son dos. Hagamos que todo sume y todo sea imprescindible.

Raúl Sepúlveda Abad.
Trabajador de Air Europa y delegado de USO
Concejal del PSOE en Guadalest-Alicante.

Un rayo de luz

Con la situación de las guerras en Sudán, Etiopía, Sagel, Palestina, Ucrania, donde niños, mujeres y ancianos son los que más sufren. Con el cambio
climático que nos tosta u ahoga. Con la Inteligencia Artificial que ya ocupa toda la tecnología actual y de futuro. Con la desesperada inmigración que nos desborda, donde niños, embarazadas y jóvenes se lanzan al mar desesperados jugándose la vida. Con una política global insolidaria y amenazadora y con
una política española, autonómica o local, en infinidad de casos, irresponsable y miope…llega un indicio de esperanza a nuestro horizonte para el
deporte: llámese fútbol, tenis, atletismo… Si, yo mismo abrumado, inquieto y
defraudado por los nefastos avatares de las tinieblas de las informaciones diarias, surge un rayo de luz que crea ilusión ante tanta sinrazón y barbarie.
Unos jovencísimos hijos de inmigrantes junto a murcianos, vascos, catalanes, castellanos, andaluces, gallegos, etc., nos trasladan al trivial que nos parece el deporte que se hace trascendente para una gran mayoría de personas de distintos países de Europa y el mundo.

En España aparecen enloquecidos jóvenes y mayores, mujeres y hombres, niños y abuelos ante los resultados de “su selección nacional” equipo compuesto por una amalgama de orígenes y caracteres, que como bálsamo social se mueven en
medios de televisión y prensa con tiempos amplios de empleo.

Yo cogí el hábito de iniciar la lectura de la prensa alejándome de la portada y sumergiéndome en la sección deportiva.

Cambiar la crueldad y la injusticia que nos inunda por la ilusión, por la esperanza del deporte, por todo lo que significan estas chicas y chicos, como Alcaraz, Yamil, Nico, Peleteiro, Aitana, etc, dibujantes de una gran sonrisa de amor que trazan el camino de la solidaridad y esperanza reconfortante
alegría para todos.

El mejor rayo de luz frente a la intolerancia y el egoísmo extremo y cruel de los Milei, Ayuso o Abascal, que fraguan a personajes como Carvajal que son capaces de despreciar la democracia y su gobierno.

Hoy estuve con una recién llegada de Ghana a Catalunya. Junto a mi compañera, la atendimos al verla en la calle y nos acompañó en la comida en la playa de Calafell, con su cara llena de lágrimas. No quería contarnos más allá de lo imprescindible entre expresiones con sus manos y algo de inglés y
castellano. Se veía la desesperación en su rostro.

Desesperación que le ha obligado a salir de su país y aventurarse a una vorágine de acontecimientos.

Yo no sé si encontrará la luz al final de ese túnel, pero seguro que entre muchos evitaremos que Feijó y sus aliados extremos y egoístas del PP le bloqueen el paso enviando a la Armada o tirándoles a matar en su desembarco.

Recordando las palabras de Ana Frank, en su diario…

“Nunca nadie se ha vuelto pobre por dar”

Pero debemos añadir…

“Quiénes no tienen corazón no pueden dar nada,
solo saben quitar la esperanza, y apagar la luz ”

No dejemos que en el brillo de sus ojos se borre ese hermoso rayo de luz del humanismo y la solidaridad.


Joan Celma
Militante PSC el Vendrell (Tarragona)

La ineludible regeneración democrática

La democracia es el sistema de organización social y política que distribuye el poder que emana de los ciudadanos, sujeta a los vaivenes que se producen en la sociedad, que requiere de una defensa continua de los principios que la inspiran. Más cuando son atacados, cual martillo pilón, por la derecha extrema y la ultra derecha favorecidas por un sistema comunicativo que propicia la circulación masiva de desinformación, con el objetivo espurio de deslegitimar las instituciones democráticas, cuando el Gobierno elegido democráticamente, por los ciudadanos, cae en manos del oponente político. Modelo comunicativo que articula en cada momento histórico la manera en que las personas comunican entre sí, y reciben información de los poderes públicos y de los encargados de gestionar el derecho a la información: los medios de comunicación.

Modelo que evoluciona conforme al avance técnico y tecnológico que ha producido la sustitución del sistema analógico, vertical, en el que la distribución de la información a la sociedad era potestad de unas pocas personas o grupos empresariales y el receptor un sujeto pasivo (uno para todos); por lahorizontalidad del sistema digital (entre todos) que trasforma al destinatario en un nodo de comunicación con capacidad para recibir información de múltiples fuentes, con las que crea su propio mensaje que difundea cualquier hora, desde y para cualquier lugar del planeta, a través de los canales que él mismo establece en la red planetaria que es internet, en la que nadie controla lo que se difunde y su veracidad.

Cambio tecnológico que ha supuesto un giro radical en la manera de comunicar cuyo aspecto positivo es expandir y compartir conocimiento de manera global, y el negativo de generar la circulación de información masiva donde el control de la veracidad de los mensajes que circulan se difumina, con el efecto de degradar el sentido del periodismo como garante del derecho a una información veraz, debido al uso interesado y mendaz de algunos medios digitales y redes sociales por los propagadores del populismo disruptivo difundiendo bulos, noticias falsas, tergiversaciones y mentiras, que ponen en duda la credibilidad de las instituciones democráticas, y la honorabilidad de determinadas personas públicas. O, peor aún, expandiendo el miedo al futuro para retrotraer las mentes al pasado de ordeno y mando: del atado y bien atado.

Panorama de descontrol desarrollado al amparo de una interpretación tergiversada de los derechos a la información y de libertad de expresión, que da por bueno que ambos carecen de límites, en la idea de que cualquier límite que se quiera establecer supone imponer la censura. Planteamiento maniqueo porque el derecho a la información viene referido a garantizar el acceso y la veracidad de los contenidos que se difunden; mientras que la libertad de expresión no es el libertinaje de acusar sin pruebas de delitos o faltas administrativas a personas, instituciones públicas o empresas privadas. Descontrol que degrada la democracia y al que la UE ha puesto coto, que no censura, con el recientemente aprobado —con el apoyo del grupo popular europeo donde se encuadra el PP—,Reglamento de Libertad de los Medios de Comunicación que recoge una serie de medidas que deben ser adoptadas por los países de la unión. Medidas que fueron expuestas por el Presidente del Gobierno en el Congreso, como parte del anunciado Proyecto de Regeneración Democrática. Propuesta abierta que no establece ninguna censura a los medios, que acaba de comenzar su andadura con un proceso de negociación con los grupos parlamentarios –menos Vox— encabezado por el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, y el de cultura, Ernest Urtasum.

Medidas centradas en los medios de comunicación de las que el Presidente dejó fuera, no sabemos si deliberadamente o para abrir la negociación a las propuestas de los grupos políticos, la reforma del CGPJ y de la potestad de los jueces que acabe con la politización de la justicia (lawfare o guerra legal);de la ley de secretos oficiales vigente desde el franquismo; y la ley mordaza que limita la libertad de expresión y protesta de los ciudadanos. Reformas imprescindibles para una verdadera regeneración democrática. Veremos si el Gobierno está dispuesto a abordarlas.

De momento, la negociación propuesta por el Ejecutivo se centra en una traslación del Reglamento aprobado en el Parlamento Europeo, relativas a la transparencia para obligar a los medios a publicar con detalle quiénes son sus propietarios, sus accionistas, sus fuentes de financiación y sus cifras de audiencia. Todo con el objetivo de evitar fraudes como aumentar el número de visitas al medio digital mediante el uso de bots (algoritmos que aumentan electrónicamente el número de visitas) para captar más inversión publicitaria pública que lectores; o evitar que los partidos políticos compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes, mediante la reforma de la ley de publicidad institucional para que todos los gobiernos, el nacional, y los autonómicos y locales, publiquen con detalle cómo y cuánto dinero público gastan en publicidad institucional en los medios digitales y convencionales.

Propuestas para garantizar la independencia y pluralismo mediático, que sancionen las presiones políticas y empresariales sobre los periodistas, como las amenazas lanzadas contra el Diario.es por el asesor de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, por informar sobre las negociaciones del novio de la Presidenta con Hacienda, para evitar la condena por fraude fiscal. Y para reforzar la defensa de los derechos al honor y a la rectificación de los ciudadanos, si se vierten calumnias contra ellos. Y, si atendemos a lo dicho por su socio de Gobierno, Sumar, para reformar la ley mordaza eliminando los delitos de opinión contra la Corona y los sentimientos religiosos; además de cambios en la ley electoral para hacer obligatorios los debates políticos, y en la ley de administración pública y gobierno abierto para aumentar y mejorar la calidad de la información que el Ejecutivo suministra a los ciudadanos.

Reformas que no solo se deben negociar con los partidos políticos, sino con otros agentes sociales implicados como la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), que agrupa a la parte sustancial de profesionales en ejercicio, que debe jugar un papel fundamental en el control del cumplimiento de las medidas que se aprueben, como le sugirió su Junta Directiva al Presidente del Gobierno, en una reunión reciente mantenida en Moncloa. Encuentro en el que le presentaron varias propuestas como crear una Comisión de Monitorización y Seguimiento para denunciar la vulneración de los principios deontológicos de profesionales y medios, en línea con lo que viene haciendo la Comisión Deontológica de la FAPE con sumo acierto. Comisión de Monitorización, en la que propusieron que se incluya a los propietarios de los medios —como sucede en Bélgica—, si quieren tener financiación pública. 

En paralelo, treinta y cinco organizaciones de la sociedad civil —entre ellas la Fundación Alternativas o Greenpeace— registraron en la Cámara diversas propuestas para la regeneración democrática durante el debate en el Congreso relativas, por ejemplo, a la regulación de los grupos de presión o lobbies para que su agenda y reuniones con cargos públicos se publiciten, o facilitar la consulta pública de las iniciativas legislativas que lleguen al Congreso.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y
Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Video del debate en el parlamento sobre las medidas de regeneración democrática

La necesidad de ampliar el alcance de la política de vivienda

La crisis no se resuelve por medio de proyectos masivos de construcción

En materia de vivienda y suelo se puede hablar de fallo de mercado. Este último informa de la demanda satisfecha, pero no aporta información sobre quienes no pueden acceder a una vivienda, en propiedad o en alquiler, por falta de recursos. La insuficiente oferta de viviendas a un coste moderado puede considerarse como el principal fracaso del capitalismo democrático. Existe en España una situación de difícil acceso ala vivienda para la mayor parte de la población.

                El evidente fallo de mercado en el caso de la vivienda y del suelo hace necesaria la intervención de las administraciones públicas. Se trata de ayudar a que dispongan de vivienda los colectivos más vulnerables, entre los que destacan los jóvenes que acceden por primera vez a una vivienda. La actuación de las administraciones públicas en España resulta un tanto complicada. Suelo y vivienda son competencias exclusivas delas comunidades autónomas, pero la mayor parte de los recursos aportados proceden del gobierno estatal.

                La proporción de hogares en los que el esfuerzo de acceso supera la tercera parte de los ingresos en España está por encima del 40%. La asequibilidad es el esfuerzo económico y financiero que han de realizar los hogares para hacer frente al precio y acceder así a la vivienda. La actual es una crisis de asequibilidad. El grado de cobertura de las necesidades de vivienda resulta en España inferior a los niveles alcanzados en otros componentes del estado bienestar, como la educación, la sanidad y las pensiones. La actual crisis de la vivienda aumenta las desigualdades y puede terminar afectando negativamente al resto del estado bienestar.

                Los precios y los alquileres de la vivienda están desacoplados respecto de los niveles de ingresos de los hogares, por la condición de activo que tiene la vivienda. Más de la mitad delas ventas de 2023 se pagaron al contado, sin necesidad de acudir a una hipoteca, lo que revela que numerosos adquirentes son inversores. Tras la crisis de 2008 los precios disminuyeron, pero permanecieron elevados, lo que desvió la demanda hacia el alquiler, ante la escasez de oferta de vivienda en propiedad deprecio asequible. En este contexto la política de vivienda es más que necesaria y debe de orientarse a resolver el problema de acceso. Numerosos hogares alquilan habitaciones en lugar de pisos completos ante la carestía de los alquileres.

                El exiguo parque de viviendas sociales de alquiler acentúa el desequilibrio. En 2020 suponía el 2,5% de las viviendas principales. En el conjunto de la UE la proporción ascendía al9,3%. El incremento de la vivienda turística reduce la oferta de alquiler y acentúa el desequilibrio. La aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha sido la actuación más destacada del actual Gobierno en la materia. La ley ha creado instrumentos para aumentar la oferta de viviendas sociales de alquiler y también ha abierto la puerta al establecimiento de controles de los alquileres. La defensa de los parques públicos de vivienda es, más que una política, una promesa de política.

                Se trata ahora de cumplirla, desarrollando actuaciones que palien la grave emergencia nacional que caracteriza el momento actual de la vivienda.

                La crisis de la vivienda no se resuelve por medio de proyectos masivos de construcción, algo negativo desde el punto de vista ecológico. La construcción de viviendas protegidas, para el alquiler, puede ser un instrumento útil, creando así un parque de viviendas sociales más significativo que el existente. Los precios del alquiler resultarían más asequibles que los que ahora arrasan los ingresos de los hogares más vulnerables. La construcción de viviendas protegidas se ha situado en niveles reducidos en los últimos años. La desaparición de la garantía de financiación de las viviendas protegidas desde 2013 ha sido paralela al descenso de la construcción de dichas viviendas.

                El primer bloque de actuaciones se refiere al aumento de la oferta de viviendas protegidas de alquiler y en venta. Se debe fomentar dicho aumento garantizando un flujo continuo de financiación crediticia. Los fondos europeos han “maquillado” los presupuestos estatales de vivienda en 2022-2023. Después de 2024 no habrá fondos para financiar la construcción de nuevas viviendas protegidas. En 2024 son trascendentes los4.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos, pendientes de un convenio entre Vivienda y el ICO, para financiar la construcción de unas 43.000 viviendas sociales de alquiler. El ICO debe de asumir un papel directo. Después de2024 se debe de garantizar la financiación de unas 50.000viviendas protegidas al año. Se firmarían acuerdos o convenios bilaterales con las CC AA y Ayuntamientos para la construcción de las viviendas y también para la compra. El Estado asumiría la amortización y costes financieros de los bonos emitidos contra los ingresos de los alquileres. Además, el gasto público en vivienda debe de reforzar las ayudas directas a los arrendatarios, aproximando el gasto público en vivienda al promedio de la Unión Europea, el 0,43% del PIB.

                Las restantes herramientas estatales, Sareb, Sepes y los suelos de titularidad pública deberán de contribuir al aumento del parque de viviendas sociales de alquiler. Deberá de crearse una agencia para la construcción (o compra o rehabilitación) y gestión de viviendas protegidas. Se debe de avanzar en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda aplazo inferior al año. Es necesario controlar el aumento de los pisos turísticos.

                El segundo bloque de actuaciones es el de los controles de alquiler para contrarrestar los elevados precios alcanzados, en la línea establecida en la Ley 12/2023 a través de las Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT). Desde marzo de2024 se ha implantado el sistema estatal de índices de precios de referencia, que descansa en la información tributaria contenida en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta delas Personas Físicas. El sistema de control permite establecer topes a los alquileres de los “grandes tenedores de vivienda” en las Zonas citadas, así como a los propietarios que no sean gran tenedor. Las declaraciones de ZMRT corresponden a las autoridades competentes en materia de vivienda, que son las comunidades autónomas. En las autonomías gobernadas por el Partido Popular no se aplicará el control de alquileres comentado, lo que reducirá el alcance de dichos controles y acentuará la trascendencia del aumento de la oferta de vivienda protegida.

Julio Rodríguez López
Es vocal del Consejo Superior deEstadística del INE,
y expresidente del Banco Hipotecario deEspaña y de Caja Granada

El imposible precio de la vivienda.

Uno de los grandes problemas no resueltos en nuestra sociedad es la vivienda. Como señala Julio Rodríguez López en el capítulo XII del libro «Economía, Política y ciudadanía» (Ed Catarata. 2023) entre el año 2014 y 2022 la vivienda subió un 56,2% mientras que los salarios subieron el 13,9%. Llueve sobre Mojado.

Mi amigo Kebir malvive en una habitación compartida de Badalona pagando 550€ mensuales de alquiler, con un salario de 900€ euros netos. A Óscar, que vive con su mujer en un piso de Sant Feliu de Llobregat y están esperando un bebé, el alquiler les ha subido a 900€. El incremento de los precios de la vivienda de alquiler y las frágiles economías domésticas tienen consecuencias
dramáticas como el suicidio de un hombre de 70 años del barrio de Sant Andreu en Barcelona, o el suicidio de dos hermanas, también en Barcelona, el mismo día en que iban a ser desalojadas de su vivienda por no poder hacer frente al pago de la renta.

Jovenes, mayores, inmigrantes, todos y todas…la clase trabajadora es la que sufre la desregulación del precio de la vivienda y su especulación.

Parece que no existe fin al incremento del precio de la vivienda. El último estudio del portal inmobiliario FOTOCASA arroja datos devastadores. El precio medio de una vivienda de 80 m2 en España es de 1012€, teniendo ciudades
como Barcelona con un precio medio de alquiler de 1775€ o Madrid con un precio de 1682€. Los datos son claros. Si comparamos el precio de la vivienda con el salario mínimo interprofesional (1323 € brutos), es imposible pagar una vivienda.

Y como el precio de la vivienda es más alto en las grandes ciudades, se está expulsando a las economías domésticas más precarias hacia los extraradios, municipios y comarcas alejadas a 60- 70 km, contagiando a esos municipios y comarcas de la tensión inmobiliaria y la especulación.

Pero eso no es todo. Como quiera que son las personas y familias menos pudientes las que se tienen que buscar la vida en las zonas más alejadas de las grandes ciudades (y de los puestos de trabajo), se produce un fenómeno de
dislocación de jóvenes, inmigrantes, personas mayores, personas que viven solas… . Poblaciones donde hasta ahora se podían buscar soluciones
habitacionales en los pocos casos que se daban, ven ahora como el número de personas sin hogar aumenta, a la vez que la mendicidad, la ocupación de viviendas e infraviviendas, la demanda de servicios sociales y la alarma social se dispara en esos municipios que carecen de los recursos para ayudar a la pobreza expulsada de las grandes urbes. Un caldo de cultivo estupendo para los
populismos, los racistas y la extrema derecha. Acabar con la especulación de la vivienda es necesario para la clase trabajadora y urgente para la clase política que se reclama de izquierdas. Es necesario para la clase trabajadora porque todo el mundo tiene derecho a un techo y un hogar. Es urgente para la clase política porque la convivencia está en peligro y la situación actual empieza a ser un polvorín a punto de estallar.

Necesitamos parar los deshaucios.

Se necesita poner en circulación las 50.000 viviendas de la SAREB que en su día
fueron activos considerados tóxicos para la Banca y que el siempre amable Estado compró para sanear las cuentas de los bancos.

Se necesita poner freno a la epidemia de pisos turísticos, que no hacen sino agravar el problema.

Se necesita topar el precio de la vivienda tanto de alquiler como de compra ajustándo el precio a las posibilidades de cada cual.

Se necesitan ayudas fiscales tanto para el alquiler como la compra de vivienda, recuperando la deducción del gasto en vivienda de primera residencia en la declaración del IRPF (eliminada para viviendas adquiridas con posterioridad al
2015).

Necesitamos promover el empleo digno y aumentar los salarios. Pero fundamentalmente, necesitamos un parque público de vivienda en nuestro país. En España, el parque de vivienda social es de 450.000. mientras que la media
europea de viviendas sociales es de 2 millones.

Por tanto, España tiene un déficit de vivienda social de 1 .550.000 viviendas, por lo que parece razonable exigir que se produzca una iniciativa
pública con la participación de comunidades autónomas y ayuntamientos para la construcción de vivienda.


Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS

Cataluña: investidura de Illa o repetición electoral

El próximo 26 de agosto es la fecha clave para proceder a la investidura de Salvador Illa como 133º Presidente de la Generalitat o convocar nuevas
elecciones. Las conversaciones y negociaciones no trascienden a la opinión pública, más allá de aquellas cuestiones que sí que conocen, como la defensa del
catalán y un nuevo sistema de financiación, que en el caso de Cataluña sería singular.

La última reunión de Pedro Sánchez y el todavía presidente Aragonés, parece que van en la línea del entendimiento. De momento, se va cumpliendo los
compromisos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez. El traspaso de los fondos para la gestión del ingreso mínimo vital es una buena prueba de ello.

Esa era la exigencia previa de Marta Rovira para alcanzar un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo cuya piedra angular parece ser que se sitúa en el desarrollo de la empresa pública energética que ha aprobado la Generalitat, y la financiación singular de Cataluña, lo que no parece que vaya a plantear demasiados obstáculos cuando el PSC llevaba ya en su programa electoral la puesta en
marcha del consorcio tributario catalán que prevé el Estatut de Cataluña y que podría ser una buena herramienta al servicio de un avance significativo en
materia de la financiación de Cataluña que reclama ERC.

La cuestión aquí no es tanto si PSC y ERC llegarán a un acuerdo que es previsible que así sea, sino si las bases de ERC refrendarán ese preacuerdo para poder investir a Illa como Presidente. Recordemos que tras las elecciones autonómicas las bases de ERC están revueltas entre los partidarios de una renovación total de la cúpula de ERC y aquellos otros que ven con buenos ojos la estrategia del acuerdo de izquierdas, y dejar a Puigdemont fuera de juego.

Para acabarlo de complicar, Puigdemont, que es la persona que cataliza el independentismo de derechas plantea su vuelta que podría ser el día 1 de agosto, para hacer ruído el día en que ERC tiene previsto votar el preacuerdo, o el mismo 26 de agosto, fecha tope para la investidura. En cualquier caso, el regreso de Puigdemont puede ir acompañado de su detención, lo que asegura el ruído mediático, y la presión para que como mínimo algún diputado de ERC no apoye la investidura, y se repitan las elecciones como quiere Puigdemont.

Para intentar que Junts y el Presidente del Parlament Josep Rull, no tengan el control del calendario de investidura, parece ser que PSC, ERC y los comunes podrían aprovechar que las dos primeras semanas de agosto el Parlament no depende de la Mesa del Parlament, sino de los 23 diputados de la Diputación permanente para convocar una sesión de investidura exprés, preavisada con un plazo de 48 horas siempre que las bases de ERC aprueben el hipotético acuerdo de investidura.

Así pues, todo apunta a que si se llega a un preacuerdo de investidura, y las bases de ERC lo ratifican, la sesión de investidura podría tener lugar el
7 de agosto o cualquier otro día dentro de las dos primeras semanas de agosto.
Mientras tanto, Junts sigue su campaña para forzar la repetición electoral, y utiliza su papel clave en el parlamento español para romper la unidad de los
partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, votando junto al PP y VOX como ocurrió en el último Pleno parlamentario.

Desde el punto de vista de los avances para la clase trabajadora, interesa que el bloque de la investidura se mantenga en el Parlamento, y que en Cataluña se
pueda llegar a un pacto de las izquierdas y no a una repetición electoral. Sin embargo, cualquier escenario es posible tanto en un sitio como en otro, y lo mismo podríamos estar hablando del fin de la legislatura para Pedro Sánchez y de una nueva convocatoria electoral tanto para las generales como para Cataluña.

Aunque todo es posible y nada es descartable, creo que en pocos días podremos tener sesión de investidura en Cataluña y a Illa como presidente de la
Generalitat.


Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS

Justicia: un poder del Estado al servicio de una ideología

El desprestigio de uno de los tres poderes del Estado, la Justicia, ha alcanzado cotas desconocidas en los últimos 46 años.

                El hecho de que el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), haya estado sin renovarse casi cinco años cuantifica este problema democrático. Y el hecho de renovarlo no resuelve el descrédito de la Justicia.

                Es impensable que el poder ejecutivo estuviese vigente durante nueve años, sin renovarse desde su constitución. O sería un escándalo mayúsculo que un delegado o delegada del gobierno en una región interpretase sus funciones como le diese la gana o se extralimitase en la aplicación de sus atribuciones. Lo normal sería que el Gobierno le destituyese ipso facto.

                Bien, pues desde hace ya muchos años venimos asistiendo a una especie de vale todo en la interpretación y aplicación de las leyes para garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, que es la función principal de los jueces, fiscales y tribunales. Si estas opiniones las dejase aquí no serían más que opiniones de un ciudadano ajeno al Derecho y a lo Judicial. Sin embargo, es el Tribunal Constitucional (TC) el que acaba de decir cosas como: “…se ha invadido la separación de poderes al criminalizar actos legislativos de un gobierno regional”, o “supone incidir en un ámbito ajeno al control judicial, excediendo de la función que los jueces y tribunales tienen atribuida” o “se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal”… Son algunas consideraciones, posiblemente no las más gruesas, que ha emitido el TC respecto a las sentencias dictadas por la Audiencia provincial de Sevilla en el caso de los EREs de Andalucía.

                Es a todas luces evidente que este caso se utilizó para azuzar, en marzo de 2011, contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (las generales las ganó el PP en noviembre del mismo año): ojo, no por esto solamente. Un PP que estaba inmerso en una avalancha de casos de corrupción por toda España. Allí destacó la jueza Alaya cometiendo, a juicio del TC, toda clase de excesos y graves quiebras de la justicia.

                Ahora tenemos al juez Peinado, que ha decidido mantener abierta una causa general contra el presidente del Gobierno, acompañando así el acoso y derribo que el PP puso en marcha tras la fracasada investidura de Feijóo. No es la primera vez que la derecha: PP, VOX y C´s todos o en parte, según las etapas, aplica la táctica de no reconocer la legitimidad del gobierno salido de las urnas.

                El juez Peinado busca motivos para imputar a, Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, aún a sabiendas de que dichos motivos no son punibles. Da lo mismo, el objetivo es mantener abierta un acusa que alimente el circo mediático en los canales de la derecha. Forman un tridente de ataque contra el presidente: judicial, mediático y político, para derribar al gobierno. No es un golpe de estado militar, pero busca el mismo fin.

                Estas prácticas, conocidas con el anglicismo de “lawfare”, son parte de las consignas y formas de actuar de la extrema derecha y la derecha extrema, aunque vistan de “demócratas”.

                El presidente de Brasil, Lula Da Silva, pasó 580 días en la cárcel y lo más importante para Bolsonaro; que no pudiese participar en las elecciones presidenciales de 2018. Hoy es nuevamente el presidente del Brasil, tras haber revocado la justicia brasileña las condenas orquestadas en la operación “Lava Jato”.

                El presidente portugués Antonio Costa dimitió en noviembre de 2023, tras relacionarse su nombre en una investigación judicial. Después, tras las elecciones que le dieron el triunfo a la derecha, resultó que era otro Antonio Costa el investigado.

                La instrumentación de la justicia para incidir en la política no afecta solo a presidentes de gobierno. Aquí se ha aplicado a políticos para desestabilizar grupos parlamentarios o gobiernos regionales. Es el caso de Alberto Rodríguez, quien perdió su acta de diputado en octubre de 2021, tras ser condenado por la Sala II del Tribunal Supremo, esa misma Sala sobre la que el portavoz del PP en 2018, Ignacio Cosidó, dijo “Controlaremos la Sala segunda desde atrás”. El TC ha revocado la sentencia y considera que fueron vulnerados los derechos fundamentales de Alberto Rodríguez. Y ocurrió en el País Valenciano, cuando Mónica Oltra tuvo que dimitir de su cargo de vicepresidenta del Gobierno autonómico al ser imputada en una causa que, dos años después, el juez dice que no hay ni “indicios de la comisión de delito alguno”.

                Son muchos los casos que podría citar y no es la primera vez que desde los tribunales europeos y altas instancias judiciales e instituciones internacionales afean la arbitrariedad de la justicia española. Quizá, el caso que deja más nítida la tendencia política de estos jueces y juezas que practican el “lawfare” sea el del juez Baltasar Garzón, quien fue apartado de la carrera judicial por querer investigar los crímenes del franquismo y cuando ordenó escuchas para investigar el caso de corrupción “Gurtel”; caso que atravesaba y atraviesa al PP de abajo arriba y de un lado a otro.

                El Comité de Derechos Humano de la ONU estimó que el Tribunal Supremo español vulneró el derecho del ex juez a la presunción de inocencia y el de revisión de condena, llegando a considerar que no había tenido acceso a un tribunal independiente e imparcial.

                Queda mucho por hacer. La transición del franquismo a la democracia no será completa en tanto haya un poder del Estado que tiene tufo franquista. La llamada a la regeneración democrática no debería quedarse en medidas estéticas ni de traslación de directivas comunitarias; necesitamos medidas de calado, estructurales.

                Los jueces deben ser independientes, claro que sí, pero no solo han de serlo, también deben parecerlo y en el caso abierto contra Begoña Gómez es evidente que no lo están siendo ¿Hasta cuándo el Gobierno de los jueces va a permitir esta tropelía?

Roberto Tornamira Sánchez
Presidente de ASTRADE

Editorial: OTAN, 75 aniversario de un trampantojo

La OTAN cumple su 75 aniversario, el Tratado del Atlántico Norte firmado en Washingtonentró en vigor el 24 de agosto de 1949.

                En 1947 comenzó la “la guerra fría” entre los Estados Unidos de América (EE.UU.) y la Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS). La doctrina Truman consideraba que el mundo estaba dividido en dos bloques irreconciliables, donde Estados Unidos defendía la democracia y la libertad frente a una URSS totalitaria y hostil a los valores occidentales.Por su parte, ya en 1925, Stalin había renunciado a extender la revolución socialista fuera de la URSS.

                El Artículo 1 del Tratado constituyente establece:

“Las Partes se comprometen, tal y como está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, a resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional en la que pudieran verse implicadas de modo que la paz y seguridad internacionales, así como la justicia, no sean puestas en peligro, y a abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza de cualquier forma que resulte incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.”

  • Los países fundadores fueron: Bélica, Canadá, Dinamarca, EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Portugal.
  • En 1952 su sumaron Grecia y Turquía.
  • En 1955 su adhirió Alemania.
  • En 1982 se incorporó España.
  • En 1999 lo hicieron Chequia, Hungría y Polonia.
  • En 2004 entraron a formar parte: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y        Rumanía.
  • En 2009 se sumaron: Albania y Croacia
  • En 2017 se sumó Montenegro.
  • En 2020 se integró Macedonia.
  • Los dos últimos países en incorporarse han sido Finlandia, en 2023, y Suecia en este año 2024.

                España se incorporó el 30 de mayo de 1982, aunque el presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo anunció la integración de nuestro país en su discurso de investidura el 25 de febrero de 1981, 48 horas después del intento de golpe de Estado “el 23-F”. Tras la victoria electoral del PSOE en octubre de 1982 la movilización social contra la pertenencia de nuestro país a la OTAN forzó la apertura de un periodo de reflexión. El PSOE pasó del “OTAN, de entrada No” en campaña electoral a “Sí a la permanencia” tras el triunfo en las urnas. La reflexión desembocó en el Referendum del 12 de marzo de 1986.Hay que recordar que el Referendum tuvo una abstención del 41% y que Felipe González presionó con el Sí a la OTAN o su dimisión. El resultado fue de un 59% de los votos a favor del SI y un 43% a favor del NO.

                Estos son los antecedentes, ahora veamos la actualidad.

                Es interesante el ejercicio de tomar un mapa de Europa para ver la adhesión cronológica de los actuales 32 miembros. El resultado es un avance de la OTAN hacia el este de Europa hasta alcanzar la frontera occidental con Rusia. El Artº 1 de Tratado constituyente dice“…abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza…”pero no parece que se cumpla este propósito, pues el hecho de que una estructura militar avance hacia las fronteras de un país que viene de una confrontación de décadas,habría que ser empáticamente incapaz para no ver en elloninguna amenaza.

                La constitución de la OTAN estuvo lugar en un mundo que hoy no existe: la confrontación de dos bloques que se lanzaron a una carrera armamentística y nuclear, acelerada por los brutales resultados del bombardeo de Horoshima y Nagasaki, por parte de los EE.UU., en 1945.

                El proceso de avance de la OTAN hacía el este ha desembocado en una guerra en Ucrania. Se ha explicado en otras editoriales de Tribuna Socialista y en distintos artículos de nuestros colaboradores, con datos, quela guerra en Ucrania es un conflicto armado en el que se disputa el control del abastecimiento energético de Europa: gas y petróleo principalmente.  Básicamente, Rusia ha pasado de suministrar el 40% del Gas Natural Licuado (GNL) en 2021, al 8% en 2023. Mientras que en 2023, los EE.UU., ha sido el mayor suministrador de GNL, alcanzando una cuota del 50% del total del GNL importado por la UE https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-gas-supply/Es evidente cual es la nación beneficiada con esta guerra.

                Putin es indefendible, un sátrapa, clave de bóveda de un Estado oligárquico en el que una minoría; heredera de la degeneración en la que devino el estalinismo, se apropió de los bienes del Estado: minería, petróleo, gas… aprovechando la etapa de transformación al sistema de mercado iniciada por Gorvachov en 1985. Putin ha invadido el territorio ucraniano y eso es un hecho, como también lo es que, desde la década de los 90, occidente y los EE.UU., en particular han ido acechando económica y militarmente al país de la revolución proletaria de 1917. Esto no significa ni por asomo que Putin sea un revolucionario, ni tenga nada en común con aquella etapa. De hecho, él se identifica más con Stolypin, ministro de Nicolás II de 1906 a 1911, un defensor de la autocracia zarista.

                En este conflicto no podemos obviar que la naturaleza del Estado ucraniano es similar a la de Rusia, cuyas consecuencias sufre la población rusoparlante de la cuenca del río Donets, desde 2014.

                Tras dos años y medio de una guerra que esta suponiendo una sangría de juventud, tanto para Rusia como para Ucrania, vemos con preocupación como la OTAN está más ocupada en alimentar la guerra que,tal como dice el artículo 1 de su tratado fundacional, en buscar la paz. Por ello, continúa con más vigencia cada día el lema “Ni Putin ni OTAN” del Manifiesto internacional contra la guerra.

                El pasado día 19 de julio, la mayoría política de la UE: conservadores,liberales,socialdemócratas yecologistas, entre otros, votaron en el Parlamento europeo a favor del envío de más armas para Ucrania, es decir, continuar la guerra, a pesar de que prácticamente todos los gobiernosfueron derrotados en las elecciones del 9 de junio ¿es que acaso el trasfondo de la guerra y sus consecuencias económico-sociales no está en el hartazgo de los pueblos de Europa y en el caldo de cultivo del fascismo ascendente?

                Entre esta mayoría no hubo ningún reproche al genocidio de Gaza.

                Estos mismos representantes son los que cuando llegan los comicios de distinto ámbito alarman a los pueblos para parar a la extrema derecha.

                Desde Tribuna Socialista nos reafirmamos en contra dela guerra y del genocidio. No nos identificamos con la política de guerra de los gobiernos europeos, instada por los EE.UU., a través de la OTAN.

                Otro elemento que hace de la OTAN un trampantojo resulta del citado artículo 1 “…resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional en la que pudieran verse implicadas de modo que la paz y seguridad internacionales, así como la justicia…”. Estamos a escasos días para que se cumplan diez meses del Genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, una masacre que ha segado la vida de más de 39.000 seres humanos, gran número de ellos y ellas mujeres y niños, decenas de miles de desaparecidos-la revista científica The Lancet, teniendo en cuenta las estimaciones de muertos bajo los escombros, eleva la cifra de muertos a las 186.000 personas-, destrucción masiva de toda la franja de Gaza, incluidas escuelas y hospitales… La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha emitido la petición de una orden de detención contra el criminal Netanyahu, pero EE.UU., y la práctica totalidad de los países miembros de la OTAN, es decir, la OTAN de forma no declarada, continúan suministrando armamento al gobierno sionista de Israel y manteniendo relaciones económicas y diplomáticas ¿Dónde queda la búsqueda de la paz, la seguridad y la justicia por medios pacíficos?Es falso que la OTAN y sus miembros estén comprometidos con las Naciones Unidas en la resolución de las controversias por medios pacíficos, cuando apoyan a un país que lleva más de 75 años vulnerando las resoluciones de la ONU.

                Lejos de lo que dice el Tratado de la OTAN, están planteando “sus controversias económicas con China” preparando la guerra en el sudeste asiático. La presión sobre los países miembros de la OTAN para que eleven sus presupuestos para la guerra y el hecho de que para 2024 EE.UU., haya aprobado la cifra más elevada de su historia para la guerra, 886.000 millones de dólares, convierte a la OTAN en un instrumento de guerra para la búsqueda de objetivos económicos. Cuando ya no se colonizan los países para someterlos económicamente ni quedan mercados por conquistar, hay que provocar el conflicto para hacerse con el mercado.

                Bogart dijo aquello de “siempre nos quedará París”. A los EE.UU., siempre les quedará un Maine o un golfo de Tonkín.

El Comité de Redacción

El pueblo británico defiende sus servicios públicos

La victoria del Partido Laborista (PL) británico ha sido contundente. Los laboristas han pasado de 203 diputados de 2019 a los actuales 412, un crecimiento del 103%, mientras que los conservadores se han desplomado un 67% al pasar de los 365 obtenidos en las anteriores elecciones, a los 121 el jueves pasado. El Sr. Starmerpodrá gobernar con el 63% de los apoyos del PL en el Parlamento. Además del Partido de los Tories, también se ha desplomado el Partido Nacionalista Escocés, con una caída en el voto del 45%.

                Los conservadores han atacado tanto los servicios públicos que a los y las británicas se le ha hecho insoportable. Sin embargo, la destrucción de lo público no es nueva. El retroceso en derechos y condiciones de vida comenzó con la baronesa Thatchet de Kesteven en la década de los años 80 del pasado siglo; desreguló la economía, flexibilizó las normas laborales y privatizó las empresas públicas.

                Los 418 diputados que obtuvo el PL en 1997, con Tony Blair, no fueron utilizados para revertir los retrocesos de las políticas ultraliberales. Lejos de eso, Blair se parapetó en su concepto de “la tercera vía”, un eufemismo para denominar a la socialdemocracia en su formato más liberal. La consecuencia fue la decadencia del Partido Laborista y que haya estado postergado en la oposición en los últimos 14 años.

                En política, ocurre muy a menudo que el que gana no lo hace por sus méritos, sino por los deméritos de su contrincante. El golpe de la derecha británica ha sido tan grande, que Liz Truss, la primera ministra que duró en el cargo menos tiempo del que una lechuga tarda en marchitarse, ha conseguido no salir elegida en su circunscripción.

                El Partido Laborista del Sr. Stramer ha venido tomando decisiones para dar confianza al sistema, a los mercados, y parece que lo ha conseguido: “El mercado aprueba la victoria laborista en Reino Unido: “Ahora viene lo difícil”, así titulaba un artículo del sábado día 6, de Álvaro Estévez, en Bolsamanía.

                Uno de esos mensajes, para confirmar que el “laborismo se centra”, fue la expulsión de Jeremy Corbyn en el mes de mayo, quien se ha presentado como independiente por su circunscripción, en Islington North. Corbyn ha ganado en esa circunscripción de Londres, frente al Sr. Nargund, que se presentó por el Partido Laborista, al que ha sacado más de 7.000 votos.Aquí hay que señalar que en el proceso electoral de 2019, en el que Corbyn lideraba el Partido Laborista, obtuvo 10.269.051 votos, mientras que en las elecciones del día 4 el PL ha recibido 9.698.409, es decir 570.642 votos menos (-5,6%). El ascenso en diputados se explica que la abstención que ha alcanzado el 40%, frente al 33,6% de 2019.

                Como dicen los mercados “lo difícil está por llegar”, pues millones de británicos han dado su voto al laborismo para que recupere los servicios públicos y los derechos perdidos en estas décadas pasadas, pero eso choca con los inversores que quieren hacer negocio con los servicios públicos.

                La izquierda europea parece dar señales de recuperarse, a la izquierda de la socialdemocracia que se conforma con ser buenos gestores del sistema económico liberal. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en Gran Bretaña, llevamos tiempo viendo como crece la Francia Insumisa que lidera Mélenchon y ha nacido una opción de izquierdas en Alemania, Alianza Sahra Wagenknecht – Por la Razón y la Justicia. Son opciones políticas que no vienen cargadas de adanismo ni con recetas ingeniosas. Recuperan los valores de la izquierda: la defensa de lo público, los derechos de los trabajadores como clase y su rechazo a la guerra. Los mercados les llaman extremismo de izquierdas, sin embargo, no les parece extremo el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, ni que la liberalización y los recortes económicos estén generando pobreza en todo el continente.

Comité de Redacción