Mes: junio 2025

Que los jueces cumplan la ley

El pasado 26 de junio, el Tribunal Constitucional dictó sentencia mediante la que se avala la constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Una ley que desde Tribuna Socialista hemos defendido para ayudar a normalizar la vida política y desjudicializar conflictos que están en la esfera de lo político y no de lo penal. Un conflicto al que contribuyeron tanto el gobierno de Rajoy en España como los gobiernos independestistas de Cataluña.

A pesar de la aprobación inicial de la Ley hace un año, la derecha franquista y los gobiernos autónomicos gobernados por el PP y por Garcia Page, se encargaron de torpedear, con recursos de institucionalidad. al tiempo que algunos jueces se negaban a aplicar la ley en un acto de rebeldía institucional sin precedentes.

Especialmente grave fue el recurso presentado por García Page, a pesar de que los diputados socialistas castellano-manchegos en el Parlamento habían votado en favor de la ley.

Fiscales y jueces, por su parte, expresaron su rechazo en comunicados institucionales y declaraciones públicas.

Algunos magistrados de tribunales superiores plantearon objeciones de constitucionalidad incluso antes de que la Ley viera la luz, en una suerte de recurso preventivo, inaudito en la democracia.

El juez García-Castellón, ha mantenido una postura especialmente beligerante contra la aplicación de la ley.

Y en la calle, los socialistas vimos como nuestras sedes eran atacadas por los franquistas, banderas con el águila incluídas.

La sentencia del TC ha sido bienvenida por la mayoría del pacto de investidura. De hecho, minutos después de conocerse la resolución del Tribunal, el presidente de la Generalitat, Salvador llla, ha celebrado la decisión judicial. En una declaración institucional, Illa ha pedido que se respete la resolución, ya que «no tiene sentido obstaculizar su aplicación». Así mismo, ha pedido al Tribunal Supremo, «con respeto, pero con claridad, que se aplique esta ley con diligencia».

Igualmente, el Ministro de Presidencia, justicia y relaciones con las cortes. Félix Bolaños, también se pronunció a favor de la sentencia, añandiendo que «la amnistía ha logrado uno de los mayores éxitos de la sociedad española en democracia, al restaurar la convivencia en Cataluña, pero no será completa hasta que no se aplique a todos los protagonistas del proceso independentista».

Veremos si los jueces rebeldes aplican la ley o siguen obedeciendo al dictado de Aznar «el que pueda hacer que haga».

Baltasar Santos
Primer secretario del PSC del Vendrell
Miembro del comite de redacción de Tribuna Socialista.

La asamblea de militantes del Vendrell (Tarragona) resuelve apoyar a Pedro Sánchez

El pasado 17 de junio, la asamblea de militantes del PSC del Vendrell (Tarragona), reunida en convocatoria extraordinaria, analizó los acontecimientos acaecidos y publicitados a través del informe de la UCO, y resolvió:
Primero. Mostrar la desolación colectiva de los militantes del partido tanto por los casos de corrupción detectados como por los audios machistas y misóginos incompatibles con los valores del partido.
Segundo.- Mostrar el apoyo a Pedro Sánchez para seguir al frente del gobierno del país con medidas de lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática, así como completar la agenda social.
Tercero.- Apoyar las medidas tomadas para depurar responsabilidades internas y reforzar los mecanismos de control internos y externos de los cargos electos y los cargos de confianza.
Cuarto.- Abordar la separación de responsabilidades orgánicas e institucionales.
Quinto.-Reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción a nivel legal, tanto contra los corruptos como contra los corruptores.
Sexto.- Instar a que se convoque una conferencia socialista de lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática.
Séptimo.- Instar a que se investigue la independencia de los informes de la UCO con respecto a los intereses partidistas de los partidos politicos de la derecha franquista.

Manifiesto del Consejo Político del PSOE de Salamanca en apoyo a Pedro Sánchez

El Consejo Político del PSOE de Salamanca ha aprobado, por unanimidad, un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez y a las políticas sociales y económicas progresistas que desde el Gobierno se están ejecutando.
El Consejo Político del que forman parte:
Francisco Alonso Rincón, Felipe Canillas Martín, Carmen García Rosado, Andrés A. Gómez Pérez, Cipriano González Hernández, Jesús M. González Rivas, Concepción Hernández Vicente, Jesús Málaga Guerrero, Inocencio Martín Clemente, Francisco Martín del Molino, Julia Pareja Corzo, Concepción Pérez Escamilla, Toribio Plaza Galán, María Luisa Puente Canosa, Francisco Javier Rodríguez Ruiz y José Miguel Sánchez Estévez.
Manifiestan su firme apoyo a Pedro Sánchez y su contundencia en defensa de las políticas de igualdad, solidaridad y bienestar.
«Nuestro deseo de seguir avanzando en la justicia social, derechos de los más desfavorecidos y el compromiso firme en defensa de las libertades y la democracia.
Estamos muy orgullosos de pertenecer al PSOE, defender sus políticas nacionales e internacionales y a su Secretario General.
Criticamos con contundencia los comportamientos corruptos, que en absoluto nos representan, a la vez que alabamos la contundencia, rapidez y firmeza en la respuesta dada desde la Comisión Ejecutiva Federal.
Señalar que el PSOE, su Gobierno y la Comisión Ejecutiva Federal cuentan con todo nuestro apoyo y deseo que sigan trabajando con eficacia por la igualdad, libertad y mejora de vida de todos los ciudadanos y muy especialmente de los más desfavorecidos», concluye el comunicado oficial.

Los de siempre vuelven a atacar al PSOE

En estas semanas, en las que el gobierno de Pedro Sánchez ve cuestionada su legitimidad, vale la pena recordar que quienes la cuestionan son los mismos que la llevan cuestionando desde el primer día.
Recordemos: Pedro Sánchez no era la primera opción de nadie. Tampoco la segunda. Era un rostro joven, alto, elegante, con un currículum académico respetable y una trayectoria institucional discreta, casi anodina. Pero en 2014, cuando el PSOE agonizaba tras el derrumbe electoral en las europeas —un 23% de los votos y la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba—, Sánchez fue el hombre que emergió de entre la niebla. Ganó las primarias internas sin ser el favorito del aparato ni de las federaciones más poderosas. Fue una elección de las bases, no de las élites. Y esa ha venido siendo la constante de su biografía política: el conflicto entre la militancia y la mal llamada vieja guardia del PSOE.
Apenas dos años después, en 2016, Pedro Sánchez fue derribado por el comité federal. El problema de fondo fue que Sánchez se negó a facilitar un gobierno del Partido Popular, como pedía buena parte de la vieja guardia socialista, y prefirió mantener su “no es no” a Mariano Rajoy, incluso a costa de una repetición electoral. El Comité Federal del PSOE, tras una dura batalla interna, lo obligó a dimitir. Salió derrotado y humillado, mientras una gestora tomaba el control del partido y lo relegaba al ostracismo. Las bases socialistas se movilizaron en plataformas de apoyo a Pedro Sánchez (algunos de los miembros de TS participamos activamente) haciendo del «No es No» un lema bajo el que el partido se reconstruyó, con el liderazgo de Pedro Sánchez.
En mayo de 2017, ganó las primarias con una holgada mayoría frente a Susana Díaz, la candidata del aparato,(que hoy es la primera en pedir la dimisión de Pedro), apoyada por barones territoriales, expresidentes y casi toda la estructura tradicional (que hoy vuelven a pedir la cabeza de Pedro). Su victoria fue una insurrección interna: por primera vez, un líder caído regresaba al timón del partido impulsado por las bases, no por la élite.
Un año después, el 24 de mayo de 2018, la Audiencia Nacional hizo pública la sentencia del caso Gürtel. La trama de corrupción que implicaba a altos cargos del Partido Popular —y que llevaba años manchando la política española— culminaba con una condena contundente: el PP había operado una estructura institucional para financiarse de forma ilegal. Por primera vez, una sentencia judicial establecía la existencia de una caja B en el partido que gobernaba España. Era un terremoto político. Pedro Sánchez, desde la oposición, supo leer la magnitud del momento.
Tan solo un día después, el PSOE presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy. Lo que parecía un gesto simbólico se convirtió en una jugada maestra. Sánchez logró, en menos de una semana, sumar el apoyo de Podemos, Compromís, PNV, ERC, PDeCAT y Bildu. Un bloque ideológicamente diverso, incluso contradictorio, pero unido por una causa común: la regeneración democrática tras años de corrupción sistémica.
El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno con solo 84 diputados socialistas en el Congreso. En sus primeras palabras como presidente, Sánchez prometió “dignificar la vida pública” y “rescatar el diálogo institucional”.
Aunque logró aprobar decretos sociales (como la subida del salario mínimo o medidas feministas), fracasó en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La negativa de los partidos independentistas a apoyarlos —en un clima marcado por el juicio del procés y la crispación territorial— obligó al presidente a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas.
Las elecciones generales del 28 de abril de 2019 marcaron un hito para Pedro Sánchez. El PSOE se impuso como primera fuerza con 123 diputados, una victoria clara pero insuficiente para gobernar en solitario. España entraba de lleno en el ciclo de la fragmentación política. A la izquierda, Unidas Podemos resistía con 42 escaños. A la derecha, el PP sufría un desplome histórico, y emergían con fuerza Ciudadanos y Vox, este último entrando por primera vez en el Congreso.
Sánchez rechazó de inicio un gobierno de coalición con Unidas Podemos —alegando falta de confianza y diferencias programáticas— y exploró una investidura en solitario, apelando a la “geometría variable” del Congreso. Pero la operación fracasó. En julio de 2019, la investidura fue rechazada, y las negociaciones se enquistaron durante meses.
La repetición electoral de noviembre de 2019 dió lugar a una estrategia diferente. En apenas 48 horas tras las elecciones, firmó un acuerdo con Pablo Iglesias para formar el primer gobierno de coalición en democracia desde la Segunda República. Fue un giro histórico. Dos líderes que meses antes no se soportaban, ahora compartían gabinete. Unidas Podemos obtenía cinco ministerios, incluida la vicepresidencia segunda para Derechos Sociales. El nuevo ejecutivo se autodefinía como “progresista, feminista y ecologista”.
El pacto no estuvo exento de tensiones. El propio PSOE vivía con recelo la entrada de Iglesias en el Consejo de Ministros. El establishment económico, judicial y mediático alertaba de una deriva radical. Pero Sánchez defendió su alianza como un ejemplo de responsabilidad institucional. “No hay dos gobiernos”, declaró, “sólo uno, el Gobierno de España”.
La coalición arrancó con la intención de inaugurar un nuevo ciclo reformista. Pero a los pocos meses, el mundo cambió. La pandemia del COVID­19 sumió a España en la mayor crisis sanitaria, económica y social desde la Guerra Civil. El 14 de marzo se decretó el estado de alarma. El país quedó confinado, las calles en silencio, los hospitales desbordados, y el miedo se apoderó de la vida cotidiana.

Pedro Sánchez se convirtió en el rostro de la gestión de la pandemia: conferencias de prensa maratonianas, apelaciones a la unidad, decretos urgentes. El gobierno asumió una centralización sin precedentes, con competencias excepcionales en sanidad, transporte y seguridad., pero al mismo tiempo estrenó un mecanismo fedderal en la toma de decisiones, reuniendo a los presidentes autónomicos (con mayorìa del PP) para las decisiones importantes.
Durante esta etapa el gobierno logró importantes acuerdos con sindicatos y empresarios para implantar medidas sin precedentes: los ERTE el ingreso mínimo vital, moratorias de hipotecas y alquileres, blindaje de suministros básicos. Lo llamaron “escudo social”.
Se impulsaron medidas progresistas, como la subida del salario mínimo, el control de precios del alquiler y la protección de trabajadores precarios. Pero las tensiones eran constantes. Iglesias, más combativo, reclamaba mayor valentía política; Sánchez, más institucional, buscaba estabilidad y control. Las diferencias se hicieron insostenibles.
En marzo de 2021, Pablo Iglesias dejó el gobierno y su salida permitió el ascenso de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, dialogante, firme, feminista, con gran capacidad de negociación. Sánchez supo ver en ella una aliada estratégica. Juntos sacaron adelante una de las reformas clave de la legislatura: la reforma laboral de 2021, pactada con patronal y sindicatos, que eliminaba elementos lesivos de la legislación de 2012, reducía la temporalidad y apostaba por contratos fijos.
A la vez, el gobierno aprobaba leyes de gran calado:
­La Ley de Eutanasia, que convirtió a España en uno de los pocos países del mundo en legalizarla.
­La Ley de Educación (LOMLOE), que revertía aspectos de la LOMCE.
­La Ley Trans y LGTBI, impulsada por Irene Montero, con fuerte oposición interna y externa.
­El compromiso con la transición ecológica, con Teresa Ribera al frente. Sánchez también gestionó la llegada de los fondos europeos Next Generation EU, logrando más de 140.000 millones de euros para modernizar la economía española. Fue un éxito diplomático que elevó su perfil internacional.
Pero los intentos de desestabilización eran notables. La gestión de la pandemia fue utilizada políticamente por las comunidades autónomas del PP. El Tribunal Constitucional tumbó aspectos del estado de alarma. Los bulos y la desinformación aumentaron. La interpretación judicial de la aplicación de la ley del «solo sí es sí» redujo penas a agresores sexuales ya condenados. El escándalo fue mayúsculo. Por otra parte, el PP había bloqueado la renovación del CGPJ y utilizaba la justicia para rebatir las decisiones del gobierno y el parlamento.
La polarización se intensificaba, y el gobierno vivía bajo asedio constante. Mientras otros gobiernos europeos caían, el gobierno de Pedro Sánchez resistía, convocando elecciones generales para el 23 de julio de 2023.
Contra todo pronóstico, el PSOE resistió. Pedro Sánchez tenía, una vez más, la posibilidad de revalidar su mandato a través de pactos parlamentarios. En septiembre, Feijóo fracasó en su intento de investidura. En noviembre, Sánchez fue investido de nuevo presidente del Gobierno con el apoyo del bloque progresista, nacionalista e independentista. La clave de esta investidura fue el acuerdo para normalizar la vida institucional y política con la aprobación de la ley de amnistía que estos días, el Tribunal Constitucional ha aprobado.
La aprobación inicial de la ley de amnistia fue seguida de manifiestaciones de la derecha, la ultraderecha y la vieja guardia del PSOE.
Las sedes socialistas fueron atacadas, y los jueces y prensa franquista no cesaban de cuestionar la ley y se rebelaron contra su aplicaciòn.
Sánchez defendió la amnistía como un paso hacia la “reconciliación y la convivencia”.
Uno de los momentos culminantes fue la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Sánchez utilizó esta plataforma para impulsar tres ejes clave:
Reforma del Pacto de Estabilidad para hacer más flexible el gasto público tras la pandemia.
Autonomía estratégica europea en sectores como energía, defensa y tecnología.
Transición ecológica y digital, en línea con los fondos Next Generation EU.
América Latina y África: Sánchez ha reivindicado constantemente los lazos con América Latina. Ha visitado Argentina, Colombia, México, Brasil y Chile, defendiendo una “alianza progresista global”. Durante la Cumbre UE­CELAC de 2023, impulsó acuerdos sobre inversión verde y cooperación cultural. También ha aumentado la proyección de España en África, con especial interés en Senegal, Mauritania y Guinea­Bissau, en parte por razones migratorias y energéticas.
Reconocimiento del Estado palestino: En mayo de 2024, en plena escalada del conflicto entre Israel y Gaza, el gobierno español reconoció oficialmente al Estado palestino, junto a Irlanda y Noruega. Fue una decisión valiente y simbólica, que colocó a España en el centro del debate internacional. El gobierno israelí llamó a consultas a su embajadora y acusó a Sánchez de “alinearse con el terrorismo”. El presidente respondió que “la paz no es posible sin justicia para el pueblo palestino”.
Este gesto consolidó el perfil internacional de Sánchez como líder comprometido con el derecho internacional, aunque también aumentó su aislamiento frente a gobiernos conservadores y a la derecha israelí y estadounidense.

Begoña Gómez: la figura silenciosa en el centro del huracán

Desde el inicio de su mandato, la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha sido objeto de ataques políticos y mediáticos, especialmente por su actividad profesional en el ámbito universitario y empresarial. En 2024, una denuncia anónima presentada por el pseudocolectivo “Manos Limpias” desencadenó una investigación judicial contra Gómez por presunto tráfico de influencias, acusación que no fue acompañada por ninguna prueba pero que fue amplificada por ciertos medios y sectores políticos.
La situación alcanzó un punto límite cuando, el 24 de abril de 2024, Pedro Sánchez publicó una carta a la ciudadanía, suspendiendo su agenda pública durante cinco días para “reflexionar” sobre su continuidad como presidente del Gobierno. Fue una decisión inédita en la historia democrática española. En esa misiva, Sánchez se preguntaba si “merecía la pena” continuar liderando un país mientras su familia era objeto de “acoso sin límites”.
Sánchez ha intentado mantener a sus hijas fuera de los focos. Siempre ha sido reservado con su vida personal. Pero a medida que el clima político se endurecía, esa barrera simbólica se fue debilitando. Las redes sociales se llenaron de ataques anónimos. La violencia verbal se naturalizó. La crispación dejó de ser un fenómeno institucional para volverse personal.
En la carta mencionada, el presidente hablaba de su “dolor íntimo” como ciudadano, como esposo y como padre. Ese tono humano, poco habitual en la política española, fue aplaudido por algunos y tachado de victimismo por otros. Pero mostraba algo real: el coste subjetivo del poder en una época de polarización brutal.
Sánchez ha sobrevivido a dimisiones, vetos internos, mociones de censura, elecciones fallidas, pandemias, crisis diplomáticas y campañas de difamación.
Y ahora, la traición que suponen los casos de corrupción de Ávalos y Santos Cerdán, más las actitudes misóginas y machistas que han salido a la luz tras la investigación de la Guardia Civil, ha dado rienda suelta para que los de siempre vuelvan a atacar.
Lo que más duele es que las Susana Díaz, Felipe González y García Page se vuelvan a poner del lado de la derecha y la ultraderecha, acompañando a PP, a VOX y a la Iglesia católica en su petición de dimisión y exigencia de convocatoria de elecciones.
Cegados por la gravedad de los hechos, algunos cuadros del partido vuelven a agitar las voces de petición de congreso extraordinario, y de convocatoria de elecciones.
Hace unos días manifesté públicamente que lo que sobra en este partido son lameculos cuando la cosa va bien y cobardes cuando las cosas van mal.
La corrupción hay que atajarla, desde el gobierno. ¿o alguien espera que un gobierno PP­VOX luche contra la corrupción?.
La lucha contra la corrupción y en favor de la regeneración democrática ha de ser una prioridad para el PSOE y para el gobierno de progreso. Se han de endurecer las penas contra los corruptos, pero se han de endurecer las penas contra los corruptores también.
¿Saben ustedes que Acciona y la familia Entrecanales se forraron con las obras y pantanos de Franco? ¿han leído algo sobre las alianzas y relaciones entre las familias Entrecanales Franco y la descendencia de Primo de Rivera y la propia monarquía?. Pues busquen.
¿Han investigado ustedes si la empresa Levantina Ingenieria y construcción (otra de las que pagan comisiones) fue perjudicada por el posicionamiento de España sobre el Sáhara y las tensiones con el gobierno de Argelia?. Pues así fué.
Por tanto, hay muchos intereses en acabar con la vida política de Pedro Sánchez y entregar el gobierno a la derecha franquista. Así que lo que necesita la mayoría social en este país no es un cambio de presidente ni de gobierno. Al menos, no ahora.
Lo que necesita la mayoría social de este país, es acabar con la corrupción, perseguir a los corruptos y corruptores, pero sobretodo acabar de aprobar la agenda social para la que este gobierno fue elegido.
Garantizar los servicios públicos, las pensiones, el poder adquisitivo de los salarios, la normalidad política e institucional, avanzar hacia el federalismo real, y sobre todo liderar un modelo diferente al que el mundo parece abocarse: el del rearme, la guerra, la especulación y la destrucción.
Hoy día, en el que los populismos y la extrema derecha se adueñan del mundo y promueven la guerra, a la socialdemocracia no nos sobran referentes que planten cara a Trump o a Netanyahu, aunque sea de forma tímida.
Hoy día, defender la socialdemocracia es defender al partido y al gobierno socialista de Pedro Sánchez frente a los que siempre le quisieron fuera de la ecuación.
Por ello, apelo a la movilización de las bases para defender la honestidad de sus militantes, para echar a los corruptos y a los que defienden la gran coalición con el PP y sus políticas antisociales.
Y apelo a las bases del resto de fuerzas políticas que dieron soporte a la investidura para que fuerzen a sus direcciones a mantener un gobierno que gobierne para la mayoría.

Baltasar Santos
Primer Secretario PSC el Vendrell
Miembro del Comité de redacción de TS

Ley de reducción de la jornada laboral, avances y vetos

En la actual situación de inestabilidad política y con una correlación de fuerzas parlamentarias completamente abierta se está tramitando en el Congreso uno de los compromisos más importantes del Gobierno del PSOE y Sumar para esta legislatura,la reducción la jornada laboral máxima de 40 horas semanales, vigente desde 1983, a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. El pasado mes de mayo el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. Se prevé que en el mes de julio se voten en el pleno del Congreso las enmiendas a totalidad presentadas por PP, Vox y Junts per Catalunya.

La mesa de diálogo social para la reducción de la jornada laboral, formada por del Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, se estuvo reuniendo para negociar prácticamente durante todo 2024 y a finales del mes diciembre se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales, que fue rechazado por las organizaciones empresariales. Según las previsiones del Ministerio de Trabajo y Economía Social esta medida beneficiará a unos 12 millones de personas trabajadoras, especialmente en los sectores con menor cobertura de los convenios colectivos. Actualmente la jornada máxima en cómputo anual es de 1.826 horas y 27 minutos y con la reducción prevista pasaría a ser unas 1.712 horas anuales. Por lo tanto, es una reducción moderada, pues serian 114 horas anuales, un 6,24% del total de horas efectivas de trabajo.

Para el Gobierno la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales beneficiará el incremento de la productividad y la creación de empleo. Resalta que esta medida que se enmarca en los estándares europeos mejorará la calidad de vida de las personas trabajadoras y favorecerá la conciliación personal, familiar y laboral. En el Anteproyecto se recogían medidas de apoyo a las pymes, que las patronales rechazaron y que se podrían recuperar en las negociaciones con los grupos parlamentarios. Se valora la mejora de las condiciones de trabajo por la instauración del registro horario digital e interoperable, con acceso desde Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y con sanciones cuantificadas por empleado y no por empresa y también por el derecho a la desconexión digital, prohibiendo respuestas fuera del horario laboral.

Tanto CCOO como UGT, que representan a más 67% del total de delegados y delegadas elegidas en todo el país, valoran positivamente el Proyecto de Ley, pues recoge el acuerdo del diálogo social alcanzado con el Gobierno y consideran que la reducción de jornada supone un avance social junto a las mejoras en los derechos laborales del registro horario y la desconexión. Estiman que la medida fomentará la igualdad y la conciliación, por la menor carga de horas de trabajo que puede ayudar a redistribuir las tareas domésticas. Reducirá la brecha de género, especialmente en el trabajo a tiempo parcial, en el que trabajan mayoritariamente mujeres, porque en muchos casos su jornada pasará ser a tiempo completo. También defienden los efectos positivos para la productividad y la creación de empleo.

En cambio, las organizaciones empresariales califican el Proyecto de Ley de intromisión en las competencias propias de la negociación colectiva y lo califican de inconstitucional, cuando en 1990 el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de la Ley de 1983 de reducción de la jornada máxima a 40 horas semanales. Tachan al proceso de diálogo social de una ficción y acusan al Gobierno de no buscar el consenso entre las distintas posiciones expresadas en la mesa. En algunas estimaciones sectoriales, sobre el impacto de la reducción de jornada, se alerta de que los costes laborales aumentarán de forma desorbitada para poder cubrir las necesidades de nuevo personal, y entre otras consideraciones, afirman que la productividad es insuficiente. Por todo ello las patronales han solicitado a los grupos parlamentarios a que veten el Proyecto de Ley.

Los grupos parlamentarios del PP y Vox ya habían anunciado su decisión de vetar el Proyecto de Ley, y ahora se les ha unido el grupo parlamentario de Junts per Catalunya con las enmiendas a la totalidad registradas en el Congreso. Las derechas y las patronales coinciden en los argumentos, pues denuncian que la medida presentada por el Gobierno supone una injerencia del Estado, que vulnera el diálogo social y la negociación colectiva, pues consideran que la reducción de la jornada máxima debe negociarse en el marco de los convenios colectivos y no establecerse por ley. Reiteran de nuevo, ya lo decían del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que la subida de los costes laborales pondrá en riesgo la competitividad empresarial, cuando en realidad han subido los márgenes empresariales de forma relevante. Alertan de las enormes dificultades que la ley provocará en las pymes, autónomos y en los sectores con márgenes más ajustados. Desde Junts per Cataluña alegan que la medida llega sin consenso territorial ni sectorial y critican que ha sido negociada solo con los sindicatos estatales, cuando en Cataluña CCOO y UGT tienen una representatividad superior al 75%.

No deja de sorprender la denuncia de las derechas acusando de injerencia del Estado en las relaciones laborales y el diálogo social con este Proyecto de Ley, cuando es el resultado de la mesa del diálogo social y está siendo debatido por todos los grupos parlamentarios. Por el contrario, el Gobierno del PP, con mayoría absoluta, en el 2012 impuso mediante un decreto ley su reforma laboral, sin contar con el diálogo social ni el debate parlamentario. El PP impuso de forma autoritaria un conjunto arbitrario de medidas regresivas y lesivas que recortaron los derechos laborales, incrementaron la precariedad laboral y la desigualdad, aumentaron los poderes empresariales en la negociación colectiva y provocaron la destrucción de empleo, al facilitar y abaratar los despidos.

Parece que los promotores de los vetos quieren ocultar que nuestro sistema legislativo establece que las leyes marcan los mínimos y la negociación colectiva en todos los ámbitos (tanto en las empresas como en los sectores) pueden mejorarlos sin contradecir la ley. De hecho, en la actualidad la ley fija como jornada máxima 40 horas semanales y según el registro de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social hay 3.512 convenios con jornada laboral inferior a la máxima legal, con 38,3 horas semanales de media. A su vez, la legislación faculta a la negociación colectiva a implementar la flexibilidad necesaria en cada sector o empresa, entre otras materias, para determinar la duración, ordenación y distribución del tiempo de trabajo.

Desde Gobierno, ante la posición de confrontación permanente de PP y Vox, se quiere negociar con Junts per Catalunya su apoyo al Proyecto de Ley, pues si prosperan las enmiendas a la totalidad el texto volvería al Gobierno, lo que retrasaría o podría impedir la entrada en vigor de la ley este año. Los sindicatos anuncian que van a presionar con movilizaciones y llaman a los grupos parlamentarios a facilitar la tramitación para despejar la incertidumbre de cara a los convenios colectivos que se tienen que negociar en 2026 e invocan el respaldo que la gran mayoría de la ciudadanía expresa en las encuestas y otros estudios sobre la implantación de la jornada laboral a 37,5 horas sin disminución del salario.

Toni Ferrer

El madrileñísmo de Ayuso no es Madrid ni España

Ante el Congreso Nacional del PP, del cinco y seis de julio, IDA lleva ya semanas segando la hierba bajo los pies de Feijóo, como quedó demostrado, de manera evidente, en la reunión de Presidentes de Comunidades Autónomas celebrado en Barcelona, y en la concentración del pasado día 8 en Madrid, para exigir al Presidente del Gobierno que convoque elecciones: ¡ya!, como si tuvieran en su mano la capacidad imperativa para imponer su deseo. Se van a cansar de tanto repetir lo mismo y van a cansar a la ciudadanía, ya saturada, del mensaje simplón que el PP ofrece como proyecto para España. Reunir a cien mil personas después de una campaña de tres semanas animando a la militancia a asistir poniendo autobuses gratuitos, es un magro resultado para las expectativas creadas. Incluso dando por buena esa cifra, que dobla la facilitada por la Delegación del Gobierno que reduce la asistencia a la mitad.

Más allá del número, lo mollar es la pugna abierta entre dos maneras de entender el liderazgo y el proyecto que debe plantear el PP a la ciudadanía tras su Congreso. Feijóo quiere un conclave plano, como es él, donde las disputas no se conviertan en ruido mediático, por eso lo plantea como una revisión somera del proyecto archiconocido basado en la reducción de impuestos y del gasto en el estado del bienestar para beneficiar al sector privado en detrimento del público. El objetivo: que el encuentro se convierta en una aclamación de su figura política como único líder de la derecha con capacidad para ganar, esta vez sí, piensa él, la Moncloa. El problema de Feijóo es su falta <<punch>>, de la garra que le exigen los más radicales que le impide desarrollar un discurso y proyecto propio; por eso vive al albur de los acontecimientos y las presiones que recibe.

Reclamar para sí la centralidad política, no pasa de ser una afirmación discursiva que se contradice con los acuerdos suscritos con Vox, para sacar adelante los presupuestos en Comunidades Autónomas, que implican aceptar las propuestas más radicales y antidemocráticas de la ultraderecha. No se puede estar en misa y repicando, como quedó claro en su discurso en la concentración de la Plaza de España, cuando tuvo que salir al paso de las afirmaciones previas de Ayuso, al señalar que en su partido hay maneras distintas de hacer política, para rebajar el mensaje beligerante y extemporáneo de la lideresa madrileña, lanzada a dar la batalla ideológica contra el proyecto socialdemócrata, izquierdista comunista, que representa el Gobierno de coalición.

Batalla ideológica que azuzan los mentores de Ayuso, la ex lideresa Esperanza Aguirre, que en declaraciones al diario El País se quitó la careta al punto de defender que, a la larga, la dictadura fue mejor que la II República. Declaración que apuntala el revisionismo auspiciado por las notas periódicas que publica FAES —el think tank (tanque de pensamiento) del gurú de la derecha más rancia, JM Aznar— para blanquear la dictadura franquista y hacer olvidar que fue fruto de un golpe de estado contra el poder legítimo obtenido en unas elecciones democráticas. El sentido de este discurso mendaz y antidemocrático, es equiparar el actual momento político a una dictadura encabezada por el sátrapa de Sánchez.

Ésta es la situación en la que IDA se desenvuelve como pez en el agua como elemento disruptivo, deliberado y sin tapujos, como quedo claro en sus últimas declaraciones en las que señaló que España no es un estado plurinacional, término que no figura como tal en la Constitución que sí reconoce en su articulado la existencia de nacionalidades y regiones dentro de la nación española. Negar la existencia de una pluralidad de lenguas y tradiciones seculares que conforman lo que entendemos como España, es desconocer la historia y negar, por una mera razón ideológica anclada en el franquismo más medieval, que el Estado de las Autonomías del que nos hemos dotado democráticamente, con diferentes niveles de competencias, es la demostración palmaria de que vivimos en una sociedad legítimamente plural en identidades, tradiciones y culturas. Realidad que no encaja con la visión homogénea y encorsetada de la sociedad que anida desde siempre en el nacionalismo reaccionario español, del que Ayuso enarbola la bandera como su principal adalid.

Éste es el trasfondo del debate ideológico que se cuece entre bambalinas en el PP, que Feijóo quiere esconder y Ayuso propalar a los cuatro vientos, desde el convencimiento de que eso es lo que quieren y piensan los españoles de bien que, según los organizadores, son las personas que asistieron a la concentración en la Plaza de España de Madrid. Dos maneras de entender el proyecto político que debe llevar adelante el PP, aunque en el fondo el alma de estas dos caras es la de siempre; defender los privilegios de los ricos y poderosos por la vía de rechazar cualquier tipo de reconocimiento de derechos y mejoras en la vida del ciudadano medio.

De ahí que el debate no esté en oponerse a la subida del salario mínimo, de las pensiones, a la intervención del mercado del alquiler, a la reducción de la jornada laboral, al reparto equilibrado de los emigrantes que llegan en pateras y otras vías huyendo de la guerra y hambre en sus países, o a todo lo que suponga reducir el desequilibrio entre las clases ricas y adineradas, y las medias y populares. El debate es cuál debe ser la estrategia para llevarlo adelante y con qué modelo de liderazgo, terreno en el que Feijóo naufraga, como se lo hicieron ver los que asistieron a la concentración madrileña al corear tú sí que vales, cuando Ayuso subió a la tribuna. Ingrato momento para Feijóo. que ya la había oído decir que ella es partidaria de primarias para elegir al líder del partido.

Griterío que no debe sumergirnos en la idea de que Ayuso es la llamada a llevar al PP a la Moncloa, porque lo que ella representa es la derecha filo franquista que anida en su entorno, haciéndola creer que liberará a España del comunismo bolivariano. Trampantojo que no la deja ver ni pensar que su discurso contra la diversidad cultural que conforma España no gusta, sino que disgusta, no solo a una mayoría de los barones autonómicos de su partido —que no la secundaron en su patochada en la reunión de Presidentes—; sino a la mayoría silenciosa de españoles que viven y se sienten a gusto con un sistema democrático que reconoce y da carta de naturaleza política y cultural, a sus peculiaridades.

Mayoría que no comparte las locuras y excentricidades de Ayuso, que solo buscan el enfrentamiento en lugar de la concordia que supone aceptar la diversidad de la sociedad española. Por eso, no pasa nada nada si Ayuso llega a hacerse con las riendas de su partido como pretende, porque su españolismo rancio y radical genera, fuera de su entorno de palmeros, anti madrileñismo y el rechazo social de lo que representa: la rémora mental que provocó el golpe de Estado contra la II República, que condujo a una guerra cruel y degeneró en una dictadura asesina que ha dejado heridas aún sin cerrar.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y
Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Marchas republicanas 2025

No sabría decir cuantos miles de personas participaron en las marchas republicanas del pasado 15 de junio, seguramente que muchas menos de las que tomarían partido por la República si tuviesen la opción de hacerlo ante una urna y muchísimas más de las que la Casa Real y sus serviles instituciones deseaban. En todo caso ha sido una gran manifestación que pone el foco en el epicentro de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, la Monarquía.

La decadencia política y de la propia institución monárquica estuvo marcada por la ridícula convocatoria de una carrera popular, convocada por el sumiso Ayuntamiento de Madrid, a nombre del X aniversario del reinado de Felipe VI, aunque hayan pasado once años, en lugar de diez, desde que Juan Carlos I El Comisionista se viese forzado a abdicar en su hijo.

En favor a la Corona y como siempre, infinitamente más importante que el esperpento de la carrera popular, el silencio sepulcral de la mayoría de los medios de comunicación, quienes no han reflejado como noticia que miles de personas se hayan echado a la calle a gritar ¡Viva la República! Es el mismo silencio cómplice que ha pretendido esconder los trapicheos del Emérito, finalmente sin éxito.

Marcha republicana con la sede del Ayuntamiento de Madrid al fondo 15 de junio de 2025

Quienes banalizan la reivindicación de la República como modelo de Estado, bien son ignorantes de sus propias contradicciones, bien son mal intencionados que intoxican en favor de la Monarquía, o ambas cosas.

Los malintencionados niegan la dictadura e inventan una historia alternativa, es decir, falsifican la historia. Son groseros en sus planteamientos, culpando a la II República de ser responsable de su caída y de la Guerra Civil. Es el mismo pensamiento pútrido de quienes culpan a la mujer violada de haber contribuido y provocado la violación. No es casualidad que unos y otros coinciden en el mismo espectro ideológico.

A mi modo de ver, el problema está en los ignorantes, pues muchos se reclaman de izquierdas, incluso dicen ser republicanos, pero solo de palabra y en días concretos del año. Enseguida precisan que España es una Democracia y que “a ver si al final vamos a conseguir que gobierne la extrema derecha”. Como si, por ejemplo, en la etapa de los gobiernos de Aznar no hubiese estado gobernando la extrema derecha o como si gobierno como los de Ayuso (Madrid), Mazón (País Valenciano), Prohens (Baleares)… no fuesen de extrema derecha y/o apoyados por la derecha abiertamente fascista. Claro que en una República no está garantizado que pueda gobernar un presidente muy de derechas, el ejemplo más cercano lo tenemos en la Francia de Macron. Hasta la abdicación de Juan Carlos I El Comisionista había quién decía que no se sentía monárquico, sino “juancarlista”. Debemos agradecer profundamente a Juan Carlos de Borbón que les bajase del guindo.

Una de las grandes contradicciones está en que decimos vivir en democracia, pero el pueblo no puede decidir en las urnas quién es su jefe del Estado. Además, asumimos una monarquía que Franco nos dejó dictada en las leyes de sucesión del jefe del Estado de los años 1947 y 1969. Y esta es una clave a tener en cuenta a la hora de quejarnos amargamente de la corrupción patológica que afecta a este país.

Basta con remontarse, por ejemplo, al reinado de Isabel II, la hija del Rey Felón, para ver que la corrupción es consustancial a los reinados de los Borbones, Autores como Jesús Cruz Valenciano, han catalogado el reinado de Isabel II como “uno de los más corruptos de la historia de España”. Esto no significa que otras dinastías sean puras y limpias, pues no es cuestión de los apellidos en el escudo, sino la falta de democracia y ausencia de verdaderos controles. De ahí que la figura del Rey, en el siglo XXI siga siendo “inviolable y no sujeto a responsabilidad” (Artº. 56.3 de la Constitución de 1978).

Poco ha cambiado la dinámica de esta dinastía desde Isabel II, o los Alfonso XII y XIII; estos últimos con sus intereses en la Compañía de Minas del Rif y de todos los parásitos de la Corte que se situaron en su Consejo de Administración ¿Por qué nos sorprende el caso Noos o los “regalos” de grandes empresas a los actuales habitantes de la Zarzuela? Véase como la empresa Navilot pagó una gran parte del viaje de novios de Felipe y Leticia.

Por lo anterior, para no caer en cínicas incongruencias, cuando se habla de eliminar los aforamientos a los políticos habría que comenzar por eliminar este blindaje de la figura del Rey, quien puede hacer lo que le venga en gana sin tener que responder ante la ley. Su padre, de la mano de jueces y fiscales, nos dio un masterclass al respecto.

El otro eslabón que engarza la Monarquía con la herencia franquista es que el jefe del Estado sea militar. Esta cualidad del rey es incluso anterior a la negociación y posterior proclamación del actual texto constitucional, pues por aquello de evitar vacíos de poder, Juan Carlos de Borbón heredó del franquismo la Corona y a la vez la gorra de plato, 48 horas después de la muerte oficial del dictador, el 22 de noviembre de 1975.

Son muchos los argumentos formales e históricos que podría aportar para defender que la pluralidad de pueblos que componen el Estado español avanzaría en democracia con un Estado republicano. Y también son muchos los que podría aportar para argumentar que muchos de los problemas que nos aquejan, como la corrupción, tienen su epicentro en la Monarquía.

Dos ejemplos para acabar:

  1. Sufrimos una gran confrontación social por la cuestión del independentismo; confrontación alimentada por la derecha heredera ideológica del franquismo y su concepto de la indivisibilidad de España, eso que ellos conocen como la España, Una, Grande y Libre. En esa misma orientación está la Casa Real, que no está dispuesta a que se ponga en cuestión quién es el amo del corral. De ahí la desafortunadísima intervención televisada de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, -infortunio al menos para la democracia que dicen que tenemos-, pues solo sirvió para echar más leña al fuego, si es que el Gobierno de Rajoy ya no había echado suficiente.
  1. Según el Artº. 56 de la CE, el Rey “asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales”. Es decir, que en un momento en el que los pueblos, no así sus gobiernos, se estremecen con el exterminio; genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino, el rey es el máximo representante en las relaciones internacionales y jefe de los tres ejércitos, pero no rompemos relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado sionista israelí.
  1. El Rey ha estado presidiendo, sin rubor alguno, durante cinco años, la apertura del año judicial, a pesar de que el CGPJ estaba fuera de mandato porque la derecha se negaba a renovarlo, sin con ello perdía su control. Esto solo es posible por la anacrónica estructura del Poder Judicial, anecdótica en Europa por su ligazón con la Casa Real; una situación cuasi medieval.

Hoy que vivimos tiempos de guerra que no sabemos dónde acabaremos, termino recordando la Constitución de 1931, aquella contra la que Franco y sus secuaces, con el apoyo del fascismo italiano y el nacismo alemán, atentaron derrocándola y provocando la muerte de más de 700.000 españoles y españolas.

Constitución de 1931 Artº 6: “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.”

Miembros de ASTRADE en las marchas republicanas del 15 de junio de 2025
Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE

Ante la jauría de la derecha, más apoyo que nunca a este Gobierno

La jauría franquista lleva intentando derribar al gobierno desde el minuto uno de la legislatura. No es novedoso, la derecha española nunca ha soportado que gobierne un partido ajeno a su minoría privilegiada; les ocurrió en 1874 y en 1936. Al pensar que son los dueños de España no respeta a quienes no piensen como ellos.

La derecha española difiere de otras derechas europeas, pues estos no perdieron la guerra, sino que Franco murió en la cama y los pactos para la transición garantizaron el continuismo de las estructuras franquistas, aunque algunas cambiaran el nombre. Incluso el jefe del Estado continúa siendo el jefe de los tres ejércitos, gracias a las leyes de sucesión de 1947 y 1969.

Mientras que la izquierda parece haber olvidado el internacionalismo y que es incapaz de hacer la unidad sin menoscabo de las discrepancias, la derecha lleva años revitalizando y fomentando ámbitos de coordinación internacionales de los que emanan criterios, consignas y dinero; de ahí que la derecha extrema esté en pleno ascenso.

Los garantes de la “España, Una Grande y Libre”, enviaron a los conservadores aperturistas un mensaje de advertencia al inicio de la década de los 80; misiva que fue directa para Adolfo Suárez e indirecta a Felipe González, que estaba en perspectiva de gobernar -quizás algún día sepamos quienes fueron todos los golpistas y los actores intelectuales del 23F-.

Contra José Luis Rodríguez Zapatero se alcanzaron límites propios de una distopía, todo para intentar tapar que los atentados de Atocha fueron consecuencia de la intervención de España en la Guerra de Irak, y, por supuesto, para deslegitimar al gobierno elegido en las urnas. Aun hoy continúan con la cantinela conspiranoica. Recientemente he sabido que la instrumental obsesión por ETA ya la usaba el franquismo: en 1960, tras el atentado en la estación de tren de Amara (San Sebastián) en el que murió la niña Begoña Urroz, con 20 meses de edad, el franquismo lo atribuyó a ETA, cuando en realidad fue obra del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación).

Como decía al inicio, no es nueva la acción de la derecha, cuando está en la oposición, en no hacer oposición y sí acoso y derribo del gobierno: “el que pueda hacer que haga”. Lo que ha cambiado es la virulencia y la pluralidad de escuadrones que se han incorporado a la actividad.

Es cierto que el “Caso Koldo” y el último giro con la presunta jefatura de Santos Cerdán al frente de la trama, al Gobierno y al PSOE se le complican las cosas. Pero como señala la editorial de Tribuna Socialista nº 167: la corrupción está cronificada en España y si las instituciones del Estado estuviesen limpias, de arriba hacia abajo, la corrupción tendría mucha menos cabida. Esto es una constatación y no pretender ser una justificación de lo injustificable.

Que la derecha extrema y el fascismo están en alza en todo el mundo es tan cierto como que en cada país toma sus formas concretas, por lo que debemos preguntarnos qué hace el Gobierno actual para que la derecha esté tan alterada.

Perciben que con la ley de Amnistía se tambalea el sacrosanto criterio de la “España, Una, Grande y Libre”. Pues como nacionalistas hegemónicos que son, no soportan que en lugar de “Una” pueda ser “Plural”, idea que atenta contra una realidad que configura el Estado español desde aun antes de ser el Estado español. En mi opinión, por encima de la historia y la tradición, debe prevalecer la convivencia entre los pueblos.

Contra la “Ley de Amnistía” entró en liza el “escuadrón judicial de la derecha”, liderado por el juez Llarena en el Tribunal Supremo; alto Tribunal cooptado mayoritariamente por la derecha, gracias a los nombramientos que durante 9 años ha estado haciendo un CGPJ militante y a que la extracción social de quienes pueden opositar a la carrera judicial, fiscal, notario… es mayoritariamente de clase pudiente. No aceptan ni la sentencia del TC que dice que la Ley de Amnistía es constitucional.

La judicatura heredera del TOP, no solo ataca, también ejerce de parapeto de las corruptelas de la derecha, como es el grosero caso del delincuente fiscal y presunto testaferro de Díaz Ayuso, para lo que no han dudado en abrir una confrontación brutal contra la Fiscalía General del Estado. O como cuando el juez Hurtado ejerció desde la presidencia de la Sala de abogado defensor de M. Rajoy. No merece la pena hablar de la aberración judicial del Juez Peinado.

Que el gobierno, en su legítima competencia, quiera democratizar el acceso a las carreras de servicio público está suponiendo otra afrenta para la derecha, hasta el punto de que las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga política para los días 1,2 y 3 de julio. Huelga que mantienen a pesar de que el CGPJ haya lanzado un comunicado invalidando la huelga. Para dejar claro que ellos son privilegiados, y que luchan por mantener sus privilegios de clase, las asociaciones de jueces y fiscales dicen que a ellos no se les puede detraer el dinero del salario por los días de huelga, como se le aplica a cualquier trabajador de nuestro país, y que a su huelga no se le pueden aplicar servicios mínimos, como ellos mismo validan desde sus salas judiciales contra las huelgas obreras.

El Gobierno tiene otros frente abiertos que no gustan a la derecha: cobra impuestos sobre beneficios a la banca y las empresas de la energía; pone condiciones a la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, condiciones justificadas por la alta concentración bancaria; señala a las empresas de la energía, y a Red Eléctrica, por sus incumplimientos que provocaron el apagón del 28 de abril…

Que a nadie dude de cuál hubiese sido la actitud de Feijóo en la cumbre de la OTAN: tan servil y rastrera como la de Rutte. Recordemos el vasallaje baboso del ministro de Economía de Rajoy, el Sr. De Guindos, cuando informó al presidente de la Comisión Europea en 2012, Olli Rehn, diciéndole que la reforma laboral del Gobierno del PP iba a ser “extremadamente agresiva”.

A la derecha le dan igual los motivos, aunque unos les jodan más que otros. Por esto, el Gobierno debiera gobernar sin titubeos en función de la necesidades de la mayoría social: derogando los preceptos que aun están en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012; encargando la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que mandata la Ley 21/2021, para saber cuánto dinero le debe el Estado a la Caja de las Pensiones Públicas desde 1967; continuar con su posición de rechazo al incremento del gasto militar impuesto por Trump y aceptado servilmente por el resto de países de la OTAN; rompiendo relaciones diplomáticas y económicas con Israel, a la vista de la complicidad programada de la Comisión Europea, etc.

A pesar todo, hay que apoyar al Gobierno, sin que eso signifique no discrepar. En ningún caso hay que adelantar elecciones, que solo llevarían a que la derecha gobernase, muy probablemente con el apoyo de un PSOE en manos de Felipe, Page y Cía.

Roberto Tornamira
Afiliado del PSOE-Madrid en la Agrupación de Arganzuela

Cruzando el abismo

El conflicto entre Israel e Irán es uno de los más complejos y peligrosos en Oriente Medio. Sus orígenes se remontan a décadas de tensiones políticas, religiosas y geopolíticas.

El primer punto clave en la relación entre ambos países es la Revolución Islámica de 1979 en Irán, que derrocó al sátrapa Reza Pahleví, último Sha de Persia, aliado incondicional de EE.UU. e Israel.

Tras la Revolución, la nueva República Islámica quedó bajo el liderazgo del ayatolá Jomeini, líder religioso y figura clave en aquel periodo. Fue el líder supremo de la República Islámica de Irán hasta su muerte en 1989. Jomeini promovió una visión militante y revolucionaria del Islam, estableciendo el primer estado islámico relativamente moderno.

La situación de la mujer en Irán es compleja, con avances notables en educación y participación laboral, pero también con importantes restricciones legales y sociales que limitan su autonomía y participación plena en la sociedad. El movimiento «Mujer, Vida, Libertad» ha puesto de manifiesto la lucha de las mujeres iraníes por la igualdad, los derechos humanos y la libertad, convirtiéndose en un símbolo de resistencia global.

El reciente ataque de Israel a Irán no es solo una de las manifestaciones violentas de una serie de disputas, que se vienen gestando desde la Revolución Islámica de 1979 en Irán, sino el inicio de un plan orientado a derrocar y trocear la actual República islámica; es decir, la eliminación por medios violentos del enemigo más poderoso de Israel en la región.

Prueba de ello ha sido la irrupción violenta de EEUU en el conflicto, bombardeando las instalaciones nucleares de Irán, lo que ha elevado vertiginosamente la tensión internacional hasta situarla al borde de un “abismo oscuro”, en palabras de nuestro presidente del gobierno Pedro Sánchez.

El bombardeo por sorpresa de las instalaciones nucleares de Irán en la noche del pasado sábado 21 de junio, prueba también la actuación aleatoria y errática de EE.UU., al margen de cualquier ley internacional.

Actuación basada en una falsedad análoga a la que se difundió como preludio de la invasión de Irak y posterior asesinato por ahorcamiento de Saddam Hussein, con la oposición de importantes países de la Unión Europea, como fue el caso de Francia. Crimen aún impune, que dio lugar a la vergonzosa foto del “trio de las Azores” y, posteriormente, al gravísimo atentado yihadista sufrido en España el 11 de marzo de 2004, en la estación de Atocha de Madrid, que provocó 193 víctimas mortales y más de 2000 heridos.

La principal razón formal por la que Israel e Irán están en desacuerdo radica en la oposición ideológica y religiosa. Irán es una república islámica chií y ve a Israel como una entidad impostora, ocupante ilegítimo de Palestina, y una amenaza a la seguridad de la región, por sus vínculos con Estados Unidos, principal aliado de Israel.

Una de las áreas más críticas es el programa nuclear iraní. Israel considera que Irán en posesión de este tipo de armamento sería una amenaza existencial para su seguridad. Las tensiones sobre tal programa, que comenzó en los años 80 y se intensificó a lo largo de las décadas siguientes, llevaron a Israel a realizar operaciones encubiertas y ataques a las instalaciones iraníes, sobre todo con el fin de retrasar el supuesto desarrollo de armas de destrucción masiva por parte de Irán. Estos ataques incluyen ciberataques, como el famoso caso de Stuxnet en 2010, y el asesinato de científicos nucleares iraníes. Sin embargo, no existe hasta la fecha pruebas fehacientes de que el programa nuclear iraní tenga objetivos diferentes de su aplicación pacífica con fines civiles.

El otro factor que contribuyó a las tensiones fue la presencia militar iraní en países como Siria y Líbano. Irán apoyaba al depuesto régimen de Bashar al-Assad en Siria, con aliados como Hezbollah en Líbano.

Israel ve la presencia iraní en la región como una forma de rodear su territorio con fuerzas hostiles y aumentar la posibilidad de ataques directos. Aunque Irán no tiene fronteras directas con Israel, apoya activamente a grupos militantes palestinos, como Hamas, que alcanzó el poder en la Franja de Gaza a mediados de 2007. Irán ve en el conflicto palestino, agravado por el criminal genocidio en la franja de Gaza, una causa fundamental para desafiar a Israel, mientras que Israel considera a Irán como su principal enemigo en la región.

El genocidio del pueblo palestino perpetrado por el gobierno sionista de Netanyahu, con el apoyo de los EE.UU. y la connivencia de la Comisión Europea, presidida por la conservadora Ursula Von der Layen, conmueve a la humanidad y presagia un sombrío panorama en la región.

El ataque de EE.UU. a Irán, sin previo aviso, sin informar a sus aliados, crea un grave precedente, convirtiéndose en el más grave problema de la Alianza del Atlántico Norte.

En efecto, la actuación unilateral y errática del presidente de los EE.UU. es un grave problema no solo para la OTAN, también para el conjunto de la Humanidad, pues comanda de hecho la Alianza más letal jamás conocida.

El siniestro precedente que supuso el lanzamiento de dos bombas nucleares sobre población civil, en el siglo pasado, con la trágica destrucción de Hiroshima y Nagasaki, cuyas secuelas sigue sufriendo parte de su población, nos sitúa en la antesala del infierno.

España debe cruzar el oscuro abismo que se abre a nuestros pies -tras los bombardeos de EEUU al complejo nuclear iraní- hasta alcanzar la otra orilla fuera de la OTAN, alejada de los graves riesgos que supone seguir manteniendo nuestro peligroso y humillante vasallaje.

Veamos la viabilidad legal de salida de España de la OTAN.

La salida de un miembro de la OTAN está regulada por el artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte, que establece el procedimiento para que un país se retire de la organización:

«Cualquier Parte podrá, después de transcurridos 20 años desde la firma del presente Tratado, notificando a los demás Gobiernos de los Países signatarios, su decisión de dar por terminado su compromiso.»

Por lo tanto, cualquier país miembro puede retirarse en cualquier momento, siempre que haya transcurrido ese plazo.

El proceso comienza con una notificación formal del país que desea retirarse. Esta notificación se debe hacer a los demás países miembros de la OTAN, indicando de manera oficial la intención de abandonar la organización. La notificación debe ser presentada por el gobierno del país en cuestión, y es generalmente a través de una carta diplomática o comunicación formal.

Una vez que se ha notificado la intención de retirarse, el Tratado establece que la salida no es inmediata. El país tiene que esperar un año después de la notificación antes de que su salida se haga efectiva. Este período de espera da tiempo para que se manejen las consecuencias políticas, estratégicas y diplomáticas de la salida.

Durante este período de espera, el país sigue siendo parte de la Alianza y sigue cumpliendo con sus obligaciones en términos de defensa colectiva y cooperación, salvo que se llegue a un acuerdo para una salida más rápida.

Una vez que transcurre el año, el país se considera oficialmente fuera de la OTAN. Desde ese momento, deja de estar sujeto a las disposiciones del Tratado, especialmente a la cláusula de defensa colectiva del Artículo 5, que establece que un ataque a un miembro se considera un ataque a todos los miembros.

Un proceso gradual sería también posible; por ejemplo, iniciando la salida inmediata del mando militar integrado, previamente a la salida definitiva.

La República francesa se retiró en 1966 del mando militar integrado de la OTAN, bajo el liderazgo del presidente francés, general Charles de Gaulle, regresando de nuevo a las estructuras militares de la OTAN en abril de 2009 bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, seis años después de la invasión de Irak.

La salida de un miembro tiene implicaciones estratégicas tanto para el país que se retira como para los demás miembros. Esto puede incluir reconfiguración de alianzas, redistribución de bases militares y la redefinición de objetivos y políticas de defensa.

El presidente Adolfo Suarez no era partidario del ingreso de España en la OTAN. Fue obligado a dimitir días antes del 23-F de 1981, presionado de forma amenazante por las intrigas palaciegas de la monarquía, secundadas por generales monárquicos (Armada, Milans). Dos días después, el nuevo presidente Leopoldo Cavo Sotelo, anunciaba en el Congreso de los Diputados el objetivo de ingresar en la Alianza del Atlántico Norte, iniciando el proceso de adhesión, consumado el 30 de mayo de 1982 con el ingreso de España en la OTAN.

Concluyendo. No existe, por tanto, ningún impedimento legal para la salida de España de la OTAN, tan solo es cuestión de voluntad política y de contar con una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados.

España debe seguir su tradición de neutralidad formal, mantenida en las dos guerras mundiales anteriores. En mi opinión, bastaría con el apoyo del “bloque de investidura”, y la adhesión de algunos diputados de centro moderado, que no deseen ver implicado directamente a nuestro país en los conflictos armados de la OTAN ni en la escalada armamentista. Una Alianza comandada de hecho por un errático e impredecible presidente de los EEUU que nos arrastra a una más que posible guerra mundial.

Manuel Ruiz Robles
Fue miembro de la Unión Militar Democrática.

Vasallaje de Europa

“Estás volando hacia otro gran éxito en La Haya esta tarde. No fue fácil, pero conseguimos que todos firmaran el 5%. Donald, has impulsado un momento realmente importante para América, Europa y el mundo… Vas a lograr algo que NINGÚN presidente estadounidense en décadas ha conseguido lograr” “Europa va a pagar, y de una forma GRANDE, como debe ser, y será tu victoria. Buen viaje y te veo en la cena de Su Majestad. Mark Rutte.”

El neerlandés secretario general de la OTAN, entiende su responsabilidad al frente de la organización militar oficiando de bufón ante el envanecido Emperador del Mundo, riéndole bravuconadas y alimentando la tendencia pendenciera del neurótico presidente de los Estados Unidos –“Felicidades y gracias por tu decisiva acción en Irán”, le reconoció–, también, y sobre todo, mostrándole un sumiso agradecimiento a quien inició su mandato al frente de la potencia norteamericana amenazando e insultando a Europa y a los europeos y situando al mundo contra las cuerdas.

Las frases pronunciadas por el conservador Mark Rutte en el curso de la cumbre atlántica, aparte de que debiera avergonzar a quien tan servilmente las ha pronunciado y a todos los que lo han consentido desde la sumisa alianza militar, muestran la espectacular pérdida de identidad de la Unión Europea y el bochornoso vasallaje que rinde a Estados Unidos al aceptar no sólo chantajes inadmisibles por la aplicación arbitraria de series de aranceles, cambiantes en su dimensión y efectos en las economías nacionales según el humor con el que se levante el vaquero matón, sino por la razón esencial de que el aumento del 2% al 5% del gasto en defensa exigido sin más preámbulos es inaceptable dada la dura repercusión en las condiciones de la ciudadanía.

Es por ello que los socialistas españoles, militantes y simpatizantes hoy vilipendiados por una derecha infame y tan pendenciera como Donald Trump, el sujeto en el que se miran, tenemos que sentirnos muy orgullosos –junto a todos aquellos ciudadanos que así lo conciban– por la dignidad mantenida por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la defensa de nuestros intereses y en la no claudicación ante una cumbre militar que va mucho más allá de la necesidad occidental de defensa conjunta, marcada por la chulesca e insolente pirueta de Trump sobre que el aumento del presupuesto militar impuesto servirá para sanear su industria bélica, que le permita así continuar en su papel de cherif matón con el aplauso de los súbditos.

FERNANDO RUIZ CERRATO
Militante del PSOE-Madrid en la Agrupación de Fuencarral