El 7 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día Mundial por el Trabajo Decente, una jornada mundial impulsada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) desde 2008 que cada año moviliza a los trabajadores y las trabajadoras en torno a las reivindicaciones de empleo digno, democracia real y justicia social. El concepto de «trabajo decente» es más amplio que tener un empleo. Significa recibir un salario justo, contar con protección social, tener libertad sindical y trabajar en condiciones seguras y dignas. Sin embargo, la realidad global muestra un panorama preocupante: precarización, explotación, desempleo y pérdida de derechos laborales se han convertido en fenómenos estructurales.
La CSI viene denunciando el creciente poder de las multinacionales, que mediante su influencia económica y política están «acaparando las políticas públicas» y debilitando el rol de los Estados. “Hay un secuestro del interés público en favor de los intereses privados”, señala la organización en su informe CorporateUnderminers ofDemocracy 2025. A la vez que se está produciendo el auge del autoritarismo, la crisis de la democracia también golpea el mundo del trabajo. En más de 8 de cada 10 países se han contabilizado violaciones graves a los derechos laborales, desde la represión sindical hasta la criminalización de la protesta social.
Esta situación se agrava en ámbitos donde las empresas gozan de total impunidad, y donde los gobiernos priorizan los intereses del capital por encima del bienestar colectivo. En la actualidad las 100 empresas más grandes del mundo controlan más poder económico que la mayoría de los países. Para la CSI sin libertad para organizarse sindicalmente, sin negociación colectiva y sin libertad de expresión para las y los trabajadores no existe la democracia. La concentración de riqueza en manos de una minoría contrasta con la falta de acceso a derechos básicos como salud, educación o vivienda para millones de personas. Según la CSI, los países que respetan los derechos laborales tienen mayor estabilidad democrática.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha presentado recientemente el informe La situación de la justicia social que recoge progresos importantes: la pobreza extrema ha bajado del 39 % al 10 % de la población mundial, el trabajo infantil entre menores de 14 años se ha reducido a la mitad, y por primera vez, más de la mitad de la población cuenta con algún tipo de protección social ante la enfermedad, la jubilación o el desempleo. Aunque las desigualdades siguen siendo profundas, pues más de 800 millones de personas sobreviven con menos de tres dólares al día. La Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están lejos de ser alcanzados.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que busca promover el trabajo decente y el crecimiento económico, se encuentra lejos de los compromisos fijados para 2030, pues solo ha alcanzado o está bien encaminado para apenas un tercio de sus indicadores, según los análisis de la OIT y de otros informes, evidenciando la distancia que persiste para alcanzar el pleno empleo, la erradicación de la economía sumergida y la reducción de la desigualdad. Es dramático que pese a tener empleo más de 266 millones de trabajadores vivan en la pobreza extrema o moderada.
La CSI ante la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, que se celebrará en noviembre en Doha (Qatar), demanda alcanzar compromisos vinculantes para un Nuevo Contrato Social basado en el empleo con derechos, la protección social, junto con el impulso de la igualdad y la inclusión. Por ello la CSI reivindica:
La reorientación del gasto militar para financiar la educación, el trabajo decente y la acción climática.
Una reforma fiscal global integral para garantizar que las personas y corporaciones más ricas paguen su parte justa.
Un nuevo marco de las Naciones Unidas para el desarme y la transición justa, que integre la paz y la sostenibilidad.
La plena aplicación de los derechos laborales y los salarios dignos en todos los países. Protección social universal.
Este año, el Día Mundial por el Trabajo Decente también se enmarca en un contexto de creciente violencia en Palestina. La CSI ha expresado su solidaridad con el pueblo palestino, exigiendo el fin de la ocupación desencadenada por Israel a raíz de los atentados de Hamás. Desde el movimiento sindical internacional se afirma: “El respeto al derecho internacional y el cese de la agresión contra civiles e infraestructuras laborales y sociales”. También se añade:” La paz no puede construirse sobre la base de la ocupación y el apartheid». Por ello se exige: “Es urgente un alto el fuego, y también una solución política justa y duradera que garantice los derechos del pueblo palestino».
Las confederaciones sindicales de CCOO y de UGT han convocado el próximo 15 de octubre una jornada de lucha, en los centros de trabajo privados y públicos de nuestro país, para denunciar el «genocidio del Estado israelí» y solidarizarse con la clase trabajadora palestina. Durante la jornada se realizarán paros con asambleas y concentraciones para denunciar que Palestina, y especialmente la población de Gaza, está siendo «víctima de un genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, deportaciones masivas y destrucción de sus viviendas e infraestructuras».
El pasado 24 de octubre nos dejaba Anna Balletbó a los 81 años. Periodista y política. Fue diputada en el Congreso de la I a a la VI legislatura por el Partido de los Socialistas de Cataluña. Muchos la recordarán como aquella diputada socialista que el 23F estando embarazada exigió salir del hemiciclo. El pasado mes de agosto participó en el tradicional «sopa d’estiu socialista» que organiza la agrupación del Vendrell desde hace más de 50 años. A sus 81 años, nos acompaño degustando los tradicionales «pies de cerdo» y demostrando una plena vitalidad y visión política. A las muestras de condolencia mostradas por la mayoría de personalidades políticas del PSC y del PSOE, se suma la de la agrupación del Vendrell, y especialmente, la del compañero Roger Caballero, militante nuestro, afincado en Canadá por motivos profesioanles y que mantenía una relación epistolar con Anna desde hacía años. DEP. (Nota de Redacción)
Curiosa, insistente para saber lo que necesitaba o quería conocer, abierta a hablar tanto con lo más popular como con lo más humilde, Anna siempre buscaba quien pudiera darle una respuesta para poder, como decía ella, “decidir su opinión” sobre un tema.
Conocí a Anna Balletbò en otoño del 2013, en un acto donde, rodeada de empresarios, políticos conocidos y de otros que se acercaban insistentemente a saludarla, vino a la mesa donde éramos un grupo de estudiantes becados y me dijo: «Escucha, tú quién eres? ¿A qué te? interesantes.” Dos preguntas que iniciaron una amistad que, pese a la distancia generacional y geográfica de los últimos diez años, ha perdurado.
Este verano tuve la suerte de compartir con ella una larga charla para repasar la actualidad política y, más concretamente, la geopolítica. Como era habitual, comprobé una vez más que era de aquellas personas que se atrevían a predecir lo que podía pasar en el futuro —una calidad al alcance de muy pocas personas.
nna tenía la capacidad de sentar en una misma mesa a políticos y personas que, sin su perseverancia, nunca lo habrían hecho. También sabía convencer a los expertos de las temáticas que le interesaban por mantener largas conversaciones, invitando a otros amigos igualmente curiosos, con el objetivo de hacer algo que no siempre es fácil: debatir.
Cuando el conferenciante había expuesto la cuestión que nos ocupaba, ella dirigía y lideraba la tertulia, haciendo participar —incluso sin querer— a muchos de los asistentes, para extraer aún más zumo de las charlas y seminarios que organizaba.
Anna fue respetada por sus contrincantes políticos gracias a su capacidad de escuchar a los demás, pero también por la virtud de decir, sin tapujos, cuando estaba o no de acuerdo sin dilaciones. Ha sido el alma de la Fundación Olof Palme durante más de treinta años, y su carácter la convirtió en un referente en nuestro país, tanto como mujer como miembro del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Militar hoy en un partido político no es fácil si no tienes la oportunidad de conocer a personas entregadas y motivadas para mejorar la sociedad. Ella transmitió esa motivación y ha dejado una huella.
“Defender la Salud en el trabajo y los servicios públicos es una obligación moral, no una opción” Susana Huertas, secretaria general de UGT Madrid, alerta del deterioro de las condiciones laborales, la pérdida de poder adquisitivo y el riesgo de desmantelamiento del Estado de Bienestar. Reclama coherencia ante el genocidio en Gaza y más firmeza frente a la siniestralidad laboral.
Susana Huertas es Secretaria General de la UGT en Madrid desde el 29 de enero de este año, cuando fue elegida en el 16º Congreso del sindicato. Hasta entonces, había sido la responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente. Vecina de Alcalá de Henares, su carrera en la fábrica IVECO en 1999 y pronto se incorporó a la Sección Sindical de la UGT en la planta madrileña. Desde 2008 ha formado parte de la Comisión Ejecutiva de UGT Madrid, donde ha desempeñado durante más de tres lustros una intensa labor en defensa de la salud laboral, la prevención de riesgos y la sostenibilidad ambiental.
Pregunta.- Uno de los asuntos que tiene movilizados a los pueblos de medio mundo es el Genocidio que Israel ha perpetrado en GAZA, desde octubre de 2023 ¿Continuará UGT contribuyendo a esta movilización hasta que se haga justicia; con la devolución de todos los territorios ocupados a Palestina y que Netanyahu y los demás genocidas de su gobierno sean juzgados?
Respuesta.- Por supuesto. No se puede permanecer en silencio ante una masacre de esta magnitud. Lo que está ocurriendo en Gaza y Palestina es una violación flagrante del derecho internacional y de los derechos humanos. UGT ha estado siempre del lado de la paz y de los pueblos oprimidos, y lo seguiremos estando. Nuestra obligación moral es denunciar el genocidio y exigir que se juzgue a los responsables. No se trata de política exterior, se trata de humanidad. Mientras haya vidas destruidas por las bombas, seguiremos movilizándonos hasta que se haga justicia y Palestina recupere su libertad.
P.- ¿Qué opinión te merece que nuestro gobierno continúe manteniendo relaciones diplomáticas con Israel?
R.- España ha dado pasos importantes en la defensa de los derechos humanos y en el reconocimiento del Estado palestino, y desde UGT valoramos ese compromiso. Es fundamental que nuestro país mantenga una política exterior alineada con los principios de paz, legalidad internacional y solidaridad.
Entendemos que las relaciones diplomáticas tienen múltiples dimensiones, pero creemos que, ante situaciones tan graves como las que se viven en Gaza, es necesario seguir avanzando hacia una postura más firme y coherente con los valores que España defiende.
Desde UGT seguiremos colaborando con el Gobierno y con la sociedad civil para que nuestras acciones internacionales reflejen ese compromiso ético. La coherencia entre los principios y las decisiones políticas es clave para construir una política exterior verdaderamente comprometida con los derechos humanos.
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“Cada muerte en el trabajo es un fracaso colectivo que podía haberse evitado” .- En nuestro país, en el periodo 2020-2024 murieron 3.410 trabajadores y trabajadoras en accidente laboral; de ellas, 423 (12,40%) perdieron la vida en la Comunidad de Madrid. Desde tu punto de vista, como experta en la materia, ¿cuál o cuáles son las causas de este número tan elevado de muertes?
R.- Las causas son múltiples, pero todas tienen un denominador común: la falta de prevención y de responsabilidad empresarial. Se han normalizado las jornadas largas, la subcontratación y la precariedad. Muchos trabajadores no reciben formación suficiente, ni disponen de medios adecuados para trabajar con seguridad. A eso se suma el estrés, la fatiga y la presión productiva. En Madrid, donde predominan sectores como la construcción o la logística, el riesgo es aún mayor. Cuando el beneficio se antepone a la vida, ocurren tragedias que no son accidentes, sino consecuencias de un modelo laboral injusto.
P.- ¿Qué plan de acción proponéis desde UGT-Madrid para combatir esta insoportable situación?
R.- Nuestra prioridad es situar la salud laboral en el centro de las políticas públicas. Pedimos un plan integral contra la siniestralidad laboral con más medios para la Inspección de Trabajo, sanciones ejemplares a las empresas que incumplen la ley y programas de formación y sensibilización en todos los sectores. Además, defendemos incluir la salud mental dentro de la prevención de riesgos laborales. Las depresiones, el agotamiento o la ansiedad también son consecuencias del trabajo y deben tratarse como tales. Ninguna persona debería jugarse la vida por ganársela.
P.- En relación con los tres tipos de salario que reciben los trabajadores y trabajadoras: el que reciben en nómina; el diferido, cuando se jubilan; y los servicios públicos pagados con sus impuestos ¿Qué diagnóstico haces?
R.- Son tres dimensiones inseparables del bienestar. No podemos analizar los salarios sin hablar de pensiones ni de servicios públicos, porque todo forma parte del mismo contrato social. Si se debilita una, se resienten las otras dos. Y eso es lo que estamos viendo.
P.- En el primero se ha perdido mucho poder adquisitivo, sobre todo si comparamos el crecimiento de los salarios con el IPC de la cesta de la compra o con el de la vivienda. Un dato preocupante es que el salario más frecuente en España se ha reducido un 15,72%, al pasar de los 18.480 € de 2020 a los 15.575 € actuales ¿No crees que habría que incrementar la exigencia de recuperar el poder adquisitivo perdido?
R.- Sí, absolutamente. La gente trabajadora ha soportado el peso de la inflación mientras los beneficios empresariales batían récords. Hay que subir los salarios para recuperar poder adquisitivo y dignidad. Los convenios colectivos deben garantizar cláusulas de revisión salarial vinculadas al coste de la vida. No se puede vivir dignamente con sueldos que no alcanzan para cubrir lo básico. Cuando el salario se estanca y los precios suben, como el de la vivienda, la desigualdad se dispara y la sociedad se rompe.
Manifestación en Madrid 1º de mayo 2025
P.- Las pensiones, también se han visto afectadas por el alza de los precios. Sin embargo, preocupa el constante soniquete sobre la inestabilidad del sistema, que llega desde los medios económicos vinculados a las rentas del capital. La Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, establece la obligación de encargar una auditoria a las cuentas de la Seguridad Social, por parte del Gobierno.
¿No crees que es necesario aclarar las cuentas de la Seguridad Social, es decir de las pensiones de jubilación, para que de una vez por todas se deje de meter miedo y de crear un clima de opinión contra las pensiones públicas, con la clara intencionalidad de inducir a la contratación de planes de jubilación privados?
R.- Totalmente. Ese discurso de que las pensiones públicas son inviables es falso y peligroso. Lo repiten quienes tienen intereses en los fondos privados. La Seguridad Social es perfectamente sostenible si se crea empleo estable y se cotiza de forma justa. Lo que necesitamos es transparencia. La auditoría de las cuentas, como establece la Ley 21/2021, debe hacerse y publicarse. Solo así se desmontará la manipulación que pretende debilitar el sistema público para favorecer el negocio privado. Las pensiones son un derecho, no un gasto.
P.- Una parte del salario va a sostener los servicios públicos. Es por eso que el sindicalismo de clase ha defendido siempre los pilares básicos del Estado de Bienestar: Sanidad, Pensiones, Educación y Dependencia. El efecto de la privatización en los servicios públicos está causando graves perjuicios para la mayoría de nuestra sociedad.
¿Crees que habría que derogar leyes, como por ejemplo la Ley 15/97, que abre las puertas de par en par a la privatización de la Sanidad Pública?
R.- Sin duda. Esa ley abrió la puerta a un modelo que convierte la salud en un negocio. La sanidad pública debe ser universal, gratuita y de gestión directa. Cada vez que se privatiza un servicio, se pierden recursos, se deteriora la calidad y se genera desigualdad. Lo vemos en Madrid con hospitales saturados, listas de espera interminables y profesionales desbordados. Derogar la Ley 15/97 sería un paso fundamental para blindar el derecho a la salud. Lo público es garantía de igualdad, y sin igualdad no hay justicia social. No se trata de demonizar la sanidad privada, si no garantizar una sanidad pública, universal y de calidad.
P.- Para terminar, ¿cómo resumirías el compromiso de UGT Madrid?
R.- En tres palabras: vida, trabajo y derechos. Luchamos para que nadie muera por trabajar, para que cada persona cobre lo que merece y para que los servicios públicos sigan siendo un escudo frente a la desigualdad. Esa es nuestra razón de ser. Defender la dignidad de quienes levantan este país cada día no es una opción, es una obligación.
Asamblea conjunta UGT y CCOO en Madrid. 22 de julio de 2025
Hoy hace un año de la barrancada de València, la conocida como Dana. En el ámbito social nos encontramos en el momento, o más bien en uno de los momentos más álgidos de indignación social, la manifestación del 25 de octubre fue la segunda más multitudinaria, y eso que no hemos faltado puntualmente a la cita cada mes.
Actualmente, Mazón está en un momento crítico, cambiado de versión, con la jueza requiriendo nuevas pruebas, y con su propia prensa afín publicando encuestas desfavorables a su continuidad, está más acorralado que nunca. Esto no quiere decir que vaya a dimitir, ojalá me equivoque. Lo que es innegable es que en estos momentos el descontento social es cada vez más amplio. Me siento orgullosa de pertenecer a un pueblo valiente, que le dice a la cara a sus gobernantes lo indignos que son. La calidad de una democracia se mide en parte por la libertad de expresión y las exigencias de cumplimiento de sus obligaciones a los cargos políticos.
La sociedad valenciana está cumpliendo con sus deberes democráticos, y la justicia a través de la jueza de Catarroja está instruyendo un expediente impecable, a la vez que se defiende de los ataques políticos, es bastante paradójico. Las y los valencianos confiamos en que se llegue hasta el final. El pueblo valenciano necesitamos, al igual que cualquier víctima de un acto delictivo, que los culpables paguen para poder continuar con el duelo y llorar en paz a nuestros muertos. Dignidad es lo que caracteriza a las asociaciones de víctimas que no quieren reuniones, si no exigir responsabilidades, que deben ser ejemplares.
Valencia 25 de octubre de 2025
Como dirigente sindical, quiero hablar de la clase trabajadora, y las secuelas, sobre todo psicológicas, que siguen padeciendo aquellas personas que han sido víctimas y que además prestaron ayuda como empleados públicos. Empatía, conciencia social y voluntad de ayudar son las palabras con las que se les puede definir. Un año después, hay personas que no han podido reincorporarse todavía a su puesto de trabajo, y otras que sufren ansiedad ante cada alerta meteorológica. Mención especialmente negativa para la mayoría de las empresas y administraciones, que aún no tienen claro como actuar ante fenómenos meteorológicos adversos, y siguen poniendo en peligro la integridad de las personas trabajadoras.
Finalmente, hay que recordar que una mala gestión política mata, ahora son 230 personas muertas por la barrancada y antes fueron 43 en el accidente del metro. Lo que está claro es que las políticas que priman el beneficio económico por encima de los derechos sociales, matan. El aviso de hace un año no se dio en València para no perjudicar al turismo y los muertos del metro sufrieron los recortes en los servicios públicos.
Todos y todas las valencianas esperamos que el LLADRE DE SOBRETAULA pague por su nefasta y criminal gestión.
El 15 de octubre se llevó a cabo una jornada de lucha por Palestina en todo el Estado español. En esta ocasión, las confederaciones sindicales de UGT y CCOO se unieron a las movilizaciones convocando paros parciales de dos horas en cada turno de trabajo dando cobertura legal a las asambleas, concentraciones u otras acciones y actividades que se pudiesen desarrollar en los centros de trabajo y empresas.
Para muchos, esta movilización llega algo tarde y puede que incluso se la considere insuficiente. Tampoco cabe duda que esta convocatoria de huelga viene provocada por el empuje de los movimientos sociales y las organizaciones en apoyo a la resistencia Palestina, que llevan más de dos años organizando y movilizándose contra el genocidio, exigiendo al Gobierno el embargo de armas y la ruptura total de relaciones con el Estado sionista de Israel.
Es necesario valorar positivamente que se debata sobre la masacre que sufre el pueblo palestino entre los trabajadores y trabajadoras en sus empresas y centros de trabajo, en los comités y en las secciones sindicales, a pesar de la trampa tendida por Trump y Netanyahu con el eufemístico “acuerdo de paz”.
Hasta ahora, la paz y la tregua son inexistentes. Las muertes continúan y la ayuda humanitaria, bajo el control del ejército sionista, es claramente insuficiente. Lejos de un plan de reconstrucción y reparación para el pueblo palestino de lo que se habla es de si se anexiona Cisjordania al Estado de Israel y de la preparación de un gran negocio para la familia Trump y los oligarcas israelíes.
Sólo una salida basada en el derecho del pueblo palestino a decidir su futuro puede garantizar la paz y la reconstrucción. Esta jornada de lucha, no puede ser puntual o residual, sino el comienzo de muchas más. Las futuras movilizaciones deben tener consignas claras que favorezcan la unidad, que garanticen el derecho de los palestinos a la autodeterminación, configurando un Estado palestino real y no un reconocimiento sobre el papel que continúe bajo el yugo de los EE.UU. y la UE.
El movimiento obrero, con sus organizaciones sindicales a la cabeza, debe dar pasos adelante para poner fin al genocidio que el Estado de Israel está perpetrando sobre la población palestina; matando una generación de jóvenes y niños.
Es prioritario dirigirse de forma clara y contundente al Gobierno para que rompa todas las relaciones con Israel, para que aplique un embargo total de armas que sea real y definitivo. Y con la garantía de que no se aumentará el gasto militar con unos presupuestos de guerra en detrimento de las conquistas sociales por las que hemos luchado tantos años.
Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede de la DGS
Hace ahora 53 y 54 años que tuve la desgracia de visitar durante días los calabozos que existían bajo tu despacho, Isabel Díaz Ayuso.
Allí fui interrogado y torturado por los canallas de la Brigada Político Social, entre ellos el famoso Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el niño”.
No te cuento lo que allí me hicieron para no herir tu sensibilidad, pero supongo que al menos fue lo mismo que a los de Venezuela que tanto te preocupan. Los de aquí, algunos, aún seguimos con vida y recordamos aquellos terribles momentos.
Cada vez que he pasado por allí lo he recordado, incluso cuando te veo en diferentes actos en aquel lúgubre lugar lo hago y siempre me ha dolido que no exista una placa conmemorativa recordándolo.
Fuimos cientos, miles, los que pasamos por esos calabozos, por esos despachos convertidos en salas de tortura.
¿Sabes por qué razón? Pues te lo aclaro para que lo entiendas: por pensar diferente y luchar porque en este país hubiera una democracia. Ese fue nuestro gran delito.
Gracias a esa lucha, o al menos ayudado por ella, hoy tú puedes decir lo que te venga en gana, incluso atacar e insultar a cada instante a nuestro gobierno y su presidente.
A ti no te bajarán a esos lugares para hostiarte, para hacerte la bolsa, la piscina, la barra hasta que casi no pudieras mantenerte en pie.
Quizás tampoco en aquella época, ya que pensando lo que piensas seguro que estarías al lado de los dictadores, de los torturadores.
¿Qué serías capaz de hacernos a las personas de izquierdas, a quienes apoyamos y defendemos al gobierno actual y su presidente Pedro Sánchez, si tuvieras el poder que tuvo Billy? ¿Nos torturarías con saña y sadismo? Al ver tu mirada creo sinceramente que sí.
Tampoco te recordarán que si se pasaban de rosca podrían hacer como con otro compañero de lucha, Enrique Ruano, tirarte por la ventana y asegurar después que te habías lanzado tú.
Aquellos canallas existieron, “Billy el niño” existió, doy fe de ello, aquellos malos tratos, torturas, largos interrogatorios crueles también.
Los que aún quedamos con vida aún podemos clamarlo y exigir que se conozca por las nuevas generaciones, para evitar la vergüenza de descubrir que un 21 % de ella añora a Franco y su dictadura.
Por eso ahora me indigna conocer la polémica que has provocado negándote a reconocer lo que la DGS fue.
Creo que llega tarde, pero llega y aunque muchos de los que lo sufrieron ya no están entre nosotros aún quedamos unos cuantos que lo exigimos con fuerza. Gracias Pedro Sánchez por hacerlo. Imponlo, oblígales a que pongan esa placa, nos lo debes, nos lo deben.
Me interrogo también del porqué de ese 21 %. Quizás y lo digo después de haberlo defendido a capa y espada en aquel tiempo como militante del PCE, por la teoría impuesta por Santiago Carrillo de la “reconciliación nacional”.
Entonces vi con claridad su necesidad, hoy lo veo bastante menos. Aquellos canallas, en la policía, en el ejército, en la justicia, en la política se nos fueron vivitos y coleando.
No planteo haberlos matado, no, pero sí que hubieran pagado por lo que hicieron, que fueran juzgados, condenados y encarcelados.
Mi torturador Billy, murió en la cama, se lo llevó un Covid justiciero, lo hizo, además, para vergüenza de la democracia, con las medallas que le concedieron. Ahora sus herederos resurgen con fuerza e impunidad. Como la citada Isabel Díaz Ayuso con su negativa a reconocer lo que en “su” edificio ocurrió.
Me entran ganas de gritarte alto y claro: te maldigo Ayuso, a ti y a tus cómplices. No lo hago porque gracias a la democracia por la que luché, por la que pasé por allí, ampara que no lo haga. Curiosa contradicción.
Manifestantes frente a lo que fue la DGS
Esta carta va dirigida a ella, pero acaba con una posdata para mi compañero Pedro Sánchez:
No lo consientas, que no se salga, que no se salgan con la suya, impón esa placa, con todo el peso de la fuerza que tienes como gobierno.
No deseo irme de este mundo sin poder pasar por Sol y verla puesta en aquella fachada.
Ese día al bajar la vista y ver las rejas de aquellos calabozos no volveré a revivir con dolor aquellos días. O al menos lo haré con el bálsamo de su reconocimiento.
Por cierto, Sánchez, hay que poner en marcha con carácter urgente una campaña didáctica para que los jóvenes conozcan lo que entonces allí ocurrió.
Llévanos a los supervivientes a colegios y universidades para que se escuche nuestro testimonio, que seguro será más enriquecedor que el del fascista Vito Quiles.
Veremos.
José Luis Úriz Iglesias (interrogado y torturado en la DGS)
Un año más, el movimiento de pensionistas se ha echado a la calle para defender el Sistema Público de Pensiones, como lo lleva haciendo desde que el gobierno del PP, presidido por M. Rajoy, reformará la Ley General de la Seguridad Social de 2013 y comenzase a revalorizar las pensiones con un ridículo 0,25%, haciendo perder poder adquisitivo a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país.
El sábado 25 de octubre miles de pensionistas, y también jóvenes trabajadores y trabajadoras conscientes de que llegará un día en que vivirán de su salario diferido, se desplazaron a Madrid desde distintas comunidades autónomas, para exigir que:
El Gobierno encargue una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, en cumplimiento de la Ley 21/2021.
El Estado deje de fomentar la privatización de las pensiones.
El fin de la brecha de género en salarios y pensiones.
La elevación de la pensión mínima al SMI.
Además de los lemas de la convocatoria, fue muy general el rechazo de los manifestantes al incremento de los gastos militares, que nadie duda, excepto el Gobierno, que irán en detrimento de los gastos sociales, como la Sanidad, las Educación, la Dependencia y las Pensiones públicas. Para entender esta preocupación, basta con ver las consecuencias de la gestión público-privada de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la gestión de las residencias en pandemia en Madrid, o el déficit de plazas en FP.
Manifestantes pasando por la puerta del Congreso de los Diputados
El Gobierno y los grupos parlamentarios que le apoyan aprobaron la Ley 21/2021, publicada en el BOE del 28 de diciembre de 2021, bajo el título “garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones”.
Esta Ley modificó la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 58 para garantizar que el importe de las pensiones contributivas y de la pensión mínima se revalorizan con el IPC medio interanual. Y que si el IPC fuese negativo, como ocurrió por ejemplo en 2020, el importe de las pensiones no se reducirá.
Esta medida está bien, pero no garantiza que el poder de compra verdadero no se vea perjudicado, algo que saben bien las y los pensionistas sin necesidad de estadísticas ni estudios técnicos, pues tienen una experiencia empírica cada día que tienen que hacer la compra de los alimentos.
Los técnicos y los defensores a ultranza del Pacto de Toledo dirán que la garantía es técnicamente correcta, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen otra cosa. Por ejemplo, en IPC acumulado desde 2021 a 2024, ambos inclusive, es del 16,85% pero la revalorización de las pensiones ha sido en el mismo periodo del 15,20%. Este no sería el problema si el índice de referencia para la revalorización de las pensiones fuese el IPC de los productos habituales en el consumo de la mayoría de los y las pensionistas, por ejemplo: los alimentos. El IPC de los alimentos y las bebidas no alcohólicas ha crecido en el cuatrienio 2021 – 2024 un 25,57%, con lo que, frente a la revalorización de las pensiones, estas han perdido un 10,37% de poder adquisitivo.
Otro elemento importantísimo de la Ley 21/2021 es el recogido en la Disposición Adicional Sexta, en la que el Gobierno asumía la obligación de encargar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:
“En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de Auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social […]”
“Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”.
Este incumplimiento de la Ley, por parte del Gobierno de Coalición, lleva cuatro años silenciado por toda la prensa y por todos los partidos parlamentarios, pues el periodo que mandata la ley para dicha auditoría (1967 – 2019), afecta a todos los gobiernos, incluidos los últimos 8 años del franquismo.
Es posible que este silencio obedezca a los mismos motivos por los que nadie parece hacer hincapié en la devolución por parte de la banca de los 65.000 millones de euros que el Estado puso para su saneamiento más los 35.000 que el Estado español ha tenido que computar como deuda pública, por mandato de la Unión Europea, correspondiente al coste de los pisos de las entidades financieras agrupados en la Sareb.
La auditoría de a las cuentas de la Seguridad Social, comprometida en la Ley 21/2021, obedece a que el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020, puso de manifiesto que el Estado había utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros, al pagar con dinero de las cotizaciones los complemento a mínimos que el Estado está obligado a pagar con dinero procedente de los impuestos. Poco tiempo después, el actual Gobernador del Banco de España, en sus funciones de ministro de la Seguridad Social, concretamente en abril de 2023, reconocía en la prensa económica que la deuda del Estado ascendía a más de 140.000 millones de euros, por los mismos motivos que los señalados por el Tribunal de Cuentas.
Esa tremenda cantidad de dinero, que se generó en el periodo 2013 -2018, será mucho mayor si el periodo de análisis es el que fija la Ley 21/2021: 1967 – 2019.
Si el Estado devolviese a la caja de las pensiones el dinero que, en palabras del tribunal de Cuentas: se ha utilizado indebidamente, la falsa discusión de la insostenibilidad de las pensiones públicas quedaría resuelto.
Hay que celebrar que cada año el movimiento de pensionistas recuerde este incumplimiento y reivindique el avance en igualdad del Sistema Público de Pensiones.
En este artículo quiero reflexionar sobre la situación y la calidad de la justicia en España, el grado de aceptación/satisfacción de los españoles sobre ella y sobre todo y fundamentalmente, sobre el grado de independencia de nuestros jueces y magistrados y su dependencia, muchas veces prevaricadora, de determinados partidos políticos.
Antes de entrar en el meollo de la cuestión, tenemos que reflexionar sobre las causas de esta situación. Y entre las causas, pues es un asunto multicausal, hay una que es la principal: “De aquellos barros vienen estos lodos” y me refiero fundamentalmente a que en el inicio de la, en absoluto modélica y tranquila, transición española, del paso de las Leyes Fundamentales del Dictador Franco a las leyes democráticas y la Constitución de 1978, no se renovaron ni se sustituyeron (no se purgaron) a los jueces y magistrados franquistas, (en connivencia los franquistas y partidos supuestamente progresistas, como PSOE y PCE que abdicó de todos sus postulados marxistas, pero no del estalinismo), cuya gran parte de su cúpula servía o había servido en el funesto TOP, que pasaron, en su gran mayoría, a las cúpulas de la pirámide judicial, arrastrando su ideología franquista, sus errores funcionales y sobre todo su prepotencia, siendo muchos ascendidos, condecorados y galardonados.
La falta de renovación de jueces y magistrados que procedían del Franquismo, del Movimiento Nacional y del ultracatolicismo conservador, no fueron sustituidos por jueces progresistas y demócratas (seguramente habría sido muy difícil encontrarlos en ese momento). Muchos jueces procedentes del TOP, pasaron a ocupar altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Presidencias de Salas de Audiencias Territoriales y luego Tribunales Superiores de Justicia e incluso Tribunal Constitucional, y a partir de ahí, la dependencia ideológica de nuestros jueces y su servilismo a partidos conservadores y de extrema derecha, está servida, sin que afirmemos que esa sea la generalidad, pero sí la nota más acusada y cada vez más abundante sumada a un corporativismo exacerbado.
A lo expuesto hasta aquí, se suma la acusada falta de jueces y magistrados lleva a una situación caótica de acumulación de asuntos sin resolver que ya es insostenible y puede llegar a ser inabordable. Es por ello, que, el aforismo “la justicia o es inmediata o no es” y que “la justicia tardía es justicia denegada”, tiene absoluta actualidad en España.
El CGPJ, aunque tras más de ocho años paralizado y aunque se consiguiera renovar finalmente, sigue sin funcionar y no se corrige sino todo lo contrario, a jueces que prevarican a sabiendas en asuntos de corrupción o claramente políticos, que favorecen a la extrema derecha, PP y VOX.
Los Juzgados españoles acumulan cada año cantidades ingentes de sumarios y asuntos sin resolver, y es que España cuenta solo con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 17 y en países de alta tradición democrática, como los países nórdicos o Francia, se supera netamente esta cifra. Esta situación refleja una crisis estructural de la justicia española, que sufre retrasos crónicos y casi irrecuperables, protestas históricas y un órgano de gobierno paralizado por la política (Redacción El Diario de Madrid, 24/jun/25).
Sin embargo, cuando desde el Gobierno se presenta un proyecto de Ley de reforma del Poder Judicial, y acceso a la carrera judicial, además de regularizar la caótica situación de los jueces sustitutos, se encuentra con una férrea oposición de todas las asociaciones profesionales conservadoras y de extrema derecha de los jueces y una incomprensión, solo explicada, por su corporativismo y defensa acérrima de sus privilegios. Los jueces se creen y se sienten figuras intocables que pueden hacer lo que les viene en gana con absoluta impunidad, pero lo cierto y verdad es que los juecesno son más que nadie, habiendo protagonizado jornadas de huelga, cuando constitucional y legalmente les está vedado, eso sí, sin que se les descontara el sueldo por cada día de huelga, e incluso interrumpiendo juicios que se estaban celebrando, para acudir a las concentraciones, con toga, por supuesto.
Con datos del informe que emite el CGPJ, en el segundo trimestre de 2024, la justicia española cerró con 4.181.669 asuntos pendientes, sobre un total de asuntos de 7.799.166. Esto supone un incremento del 14,2% respecto al mismo periodo de 2023. Este dato marca un récord de casos sin resolver.
Lo que nos lleva a la conclusión de que hay un colapso estructural y una desconexión de la realidad, por parte de la justicia española.
En cuanto al grado de descontento y hartura de los españoles respecto de la justicia española, salvo los informes propios e intencionados del CGPJ y de sus medios acólitos, el rechazo es descomunal.
Según el HuffPost/EFE, nueve de cada diez españoles considera que la justicia no es igual para todos. El tercer estudio ‘Calidad de la Democracia’ realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge que el 78,5% de los ciudadanos considera que no se trata del mismo modo a ricos y pobres. (Redacción 08/05/2025).
La justicia, queda muy mal parada.
En las preguntas del CIS referidas al funcionamiento del sistema judicial, los encuestados se muestran muy críticos: una abrumadora mayoría del 89,9 % no comparte que trate igual a los políticos que a los ciudadanos y el 78 % tampoco está de acuerdo con que la justicia sea imparcial en los procesos que afectan a los partidos, especialmente en temas de corrupción y que afectan al PP y a VOX.
Según “El País”, dos de cada tres encuestados están poco o nada satisfechos con el funcionamiento de los tribunales. La Administración de Justicia se mantiene como el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio que menos satisfacción genera —la asistencia sanitaria en los centros de salud públicos—, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La agencia que dirige José Félix Tezanos ha retomado las encuestas sobre calidad de los servicios públicos que el organismo había dejado de hacer en 2018, justo tras la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez. Y la justicia sigue en la cola, como entonces, cinco años después. El sondeo muestra que el 66,2% de la población está totalmente en desacuerdo e insatisfechos con la justicia española.
Vayamos ahora con reflexiones sobre la tan denostada y presunta independencia de los jueces y magistrados en España. Vaya por delante que la democracia y el sentido de la responsabilidad y decencia, exige que los jueces sean rabiosamente independientes, a la hora de analizar hechos, enjuiciar asuntos y dictar sentencias, neutralidad que no deberá interferir en su integridad e independencia, a la hora de emitir sus Fallos en los asuntos de que conozcan.
Según Fernando Ull Barbat, “El ojo crítico”, 02/10/25, “por mucho que una gran parte de los jueces españoles se empeñen en hacernos creer que son poco menos que figuras intocables que pueden hacer lo que les venga en gana, la realidad constitucional de nuestro país les obliga a estar al servicio de los españoles”. Y yo añado, y si así no lo hicieren, prevaricarían dolosamente.
Los jueces tienen que aplicar la ley, lo que quiere decir que no pueden interpretar las leyes como les parezca, ni dictar las sentencias que quieran, sin que puedan ser objeto de la menor crítica. No pueden interpretar las leyes según su ideología y para favorecer y adaptarlas al ideario de un partido político, que es lo que muchos hacen. (Fernando Ull Barbat).
Fundación Sistema: Cae la confinza en la Justicia en España
El artículo 117 de la Constitución señala que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Pero, ¿qué ocurre cuando esa justicia pierde legitimidad ante los ciudadanos porque una parte de esta situada en puestos estratégicos, entra en conspiraciones para derribar gobiernos, intenta condicionar procesos electorales o aparecen noticias como: “El Tribunal Superior de Cataluña absuelve a Dani Alves de un delito de agresión sexual”; “Un juez procesa al humorista Quequé por bromear con “dinamitar” el Valle de los Caídos y “apedrear” a curas pederastas”; “El TSJC permite que un padre pueda impedir la eutanasia del hijo (de 54 años) aunque no tengan relación”?
Ocurre, que la confianza en la justicia cae porque, parte de ella, en lugar de ser y actuar como un árbitro neutral, actúa y se comporta como un actor político más, saltándose la legalidad constitucional. Algo muy inquietante en una sociedad democrática y en un Estado de derecho, porque la población interioriza que la justicia no es igual para todos.
“En una escala de valoración donde 1 representa la mínima confianza y 10 la máxima confianza, los españoles en el año 2021 valoraban la justicia con una media de 4,76. En el año 2024, esa valoración descendió hasta un 4,67. Este dato es una señal de advertencia sobre la situación institucional de España, máxime si tenemos en cuenta que la valoración de los partidos políticos, los sindicatos, el gobierno, el Parlamento y los medios de comunicación es aún menor, según las encuestas sobre Tendencias Sociales realizadas por el Centro de investigaciones Sociológicas entre 2021 y 2024.”
En definitiva, lo que nos dice entre líneas el artículo transcrito y que comparto, es que una parte importante y poderosa de los jueces y magistrados, no son independientes, sino que están y han estado al servicio del PP e incluso de VOX y prevarican, al hacer de sus juzgados y tribunales baluartes para, de la mano de la extrema derecha, descalificar y hacer caer al gobierno de la nación, al que ab initio, consideran ilegítimo, y sobre el que lanzan bulos, mentiras y todo tipo de basura, como hicieron con Pablo Iglesias y su familia. Van a por Pedro Sánchez, para hacer caer al gobierno, con el CGPJ a la cabeza, con jueces y magistrados significados, desde el TS, la AN y Salas de los TSJ, mediante la prevaricación, que impiden o atenúan el procesamiento de corruptos, como Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso, M. Rajoy, Feijoo y el propio Aznar, y tantos otros, acosando al presidente del Gobierno, procesando a su hermano y a su mujer con delitos inventados y en instrucciones claramente prevaricadoras y falsas. Delitos gravísimos por los que tienen la más absoluta impunidad, pues se creen por encima del bien y del mal.
Lo que subyace es el ataque sostenido de la derecha extrema y la extrema derecha (en España no existe una derecha democrática), contra el actual Gobierno al que consideran, antes incluso de constituirse, como ilegítimo, sin que sigan sin asumir la democracia con todas sus consecuencias (Fernando Ull Barbat), porque piensan que España es solo suya y la quieren UNA GRANDE Y LIBRE constituyendo una UNIDAD DE DESTINO EN LO UNIVERSAL.
Compartiendo la tesis de Fernando Ull Barbat, se trata, de un golpe de estado mantenido y permanente, para conseguir el agotamiento y caída del gobierno y la convocatoria de elecciones generales, que, por supuesto, están convencidos de que ganarán, recuperando lo que consideran que es suyo por la gracia de dios y ab natura, el poder en todos los órdenes y España su cortijo.
Al juez Garzón, lo procesaron por enjuiciar al franquismo y lo expulsaron de la carrera. Se jactaban de manejar a la Segunda del TS por la puerta de atrás, en fin, todos tenemos en mente tantas cosas, que ratifican lo que vengo sosteniendo; que una parte significativa de jueces y magistrados no son independientes, prevarican impunemente y están al servicio de la extrema derecha del país, siendo las salas en las que sirven, poltronas para hacer política contra el Gobierno legítimo y hacerlo caer provocando nuevas elecciones generales.
Estoy convencido de que triunfará la democracia, que el Gobierno va a aguantar y va a agotar la legislatura y que los cambios legislativos sobre el nombramiento y elección de los vocales del CGPJ y jueces y magistrados, acceso a la carrera judicial, regularización del cuarto turno y cuarto turno para fiscales, regularización y estabilidad de los jueces sustitutos, harán que se sanee la justicia española, aumente el número de jueces independientes, se desatasque el atraso judicial y poco a poco, se normalice y se recupere la confianza en el sistema judicial, hoy tan justamente deteriorada.
La publicidad está adherida de tal manera a nuestras neuronas que resulta imposible desprendernos de ella, estés donde estés, hagas lo que hagas, mires donde mires. Es una sombra artificial pegada a nuestras suelas que, en determinados momentos, se convierte en un asedio insoportable para la mente por lo reiterativo de su mensaje que se introduce durante un tiempo en nuestra vida cotidiana, aunque lo que se publicite nos importe un bledo o esté muy alejado de nuestras posibilidades económicas. Y, también de la ideología que rezuman algunos de sus mensajes que solo son la extensión de una estrategia política que se publicita como si fuera un producto que se puede comprar con un chasquido de los dedos.
La publicidad es ante todo un negocio, para el anunciante que espera vender más y mejor su producto y, sobre todo, para los medios de comunicación cuyas cuentas y supervivencia se sustenta en los ingresos publicitarios que percibe, en especial, con las campañas que periódicamente ponen en marcha las grandes marcas. Relación de dependencia que muchos analistas de los medios de comunicación consideran un condicionante de su independencia informativa. Todos sabemos que hay determinadas marcas muy conocidas de las que nunca se informa sobre sus problemas y dificultades internas, por la ingente cantidad de dinero que invierten en los medios. Por eso nunca encontraremos una información, crítica o no, sobre las interioridades de gestión del El Corte Inglés, MAPFRE, Mutua Automovilística, y otras muchas que están en la memoria de todos.
Asedio que creció sin límite con internet por la facilidad de la compra a distancia y la difusión masiva de videos publicitarios, hasta el punto de convertir la publicidad en un fenómeno insertado en nuestras vidas como un elemento más de nuestro existir en el que ya ni reparamos en cuanto a su influencia en la mente. Influencia que condiciona nuestro comportamiento desde lo más básico que es estimular el deseo de compra, a lo más oculto en lo que solemos pensar: la acentuación de la estratificación clasista de la sociedad a través del valor de los objetos que se publicitan que definen el nivel de vida y de clase de su poseedor.
Publicidad que ya no se centra en las características funcionales del objeto en cuanto a los beneficios que ofrece para facilitar tareas cotidianas de todo tipo, sino que se nos presentan asociados a anhelos humanos. De ahí la expansión de términos como aspiracional, exclusivo o exclusividad que el mensaje publicitario utiliza para asociar el objeto que se publicita con el triunfo, el éxito y el ascenso social. Mensajes que se propalan en campañas masivas y machaconas que usan estas herramientas para ocultar un objetivo político o mercantil de quienes las pagan que, en el fondo, esconde una lucha por el control de su sector estratégico del mercado y sus efectos sociales.
Un ejemplo de bombardeo de impactos publicitarios ha tenido lugar estos meses pasados, con el enfrentamiento entre dos de los cinco grandes bancos: BBVA y Sabadell. El primero para convencer a los accionistas del Sabadell de las bondades de canjear sus acciones por las de la entidad vasca, y el segundo justamente para lo contrario; convencer a sus accionistas para que no aceptasen la oferta del BBVA. Ha sido una guerra mediática que ha machacado a los accionistas del banco catalán y a todas y todos los que, sin tener acciones de ninguna de las entidades, ni interés en el asunto, hemos tenido que soportar los machacones mensajes.
Los medios de comunicación utilizados por estas dos entidades financieras han sido agraciados con una lluvia extra de dinero sobre los ingresos ordinarios por publicidad. Según la web de “Infoperiodistas”, entre los dos bancos han gastado en torno a 70 millones de euros extraordinarios en esta campaña: 40 Sabadell y 30 BBVA ¿Estará en los 10 millones de diferencia el resultado de la OPA, a favor de la entidad catalana?
Como señalábamos más arriba, los medios ya se cuidan muy mucho de no informar de cuestiones relativas a las consecuencias que para la sociedad tiene el contenido del producto anunciado y las estrategias políticas de las marcas anunciantes.
La operación bancaria aludida tiene consecuencias para la sociedad; que el sector financiero continúe su proceso de concentración. No informar de algo tan importante es una contradicción con la naturaleza misma y la razón de ser de los medios de comunicación. La consecuencia es que los medios de comunicación dejan de ser independientes, dejando por ende de cumplir con su supuesta vocación de informar verazmente, con pluralidad e independencia.
Algunos datos de interés que, quizá, no estén al alcance de todos; porque los medios de comunicación de masas no se hacen eco de ellos, o no suficientemente:
En España se ha conformado un oligopolio financiero en el que más del 70% del sector se concentra en cinco entidades, por volumen de activos: Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter.
La concentración bancaria no es nueva en nuestro país, viene produciéndose desde el pasado siglo, sin bien se ha acelerado desde 2008:
En 1980 había en España 192 bancos comerciales y 84 cajas de ahorros. 2024 se cerró con 46 entidades bancarias y 2 cajas de ahorros -sin contar las 58 cajas rurales existentes-.
La reducción de entidades financieras ha provocado un oligopolio de 5 entidades con consecuencias muy perjudiciales para la sociedad, al ser el bancario un negocio cautivo, en ausencia de una banca pública que preste servicios básicos y de depósito:
Desde la crisis de 2008 han cerrado en España el 60% de las oficinas existentes -unas 28.000 sucursales-. Y se ha perdido el 47% de los puestos de trabajo en el sector -unos 128.000 trabajadores y trabajadoras menos-.
Como consecuencia de lo anterior, en estos 17 años ha aparecido el fenómeno que conocemos como “la España vaciada”. La banca no es la responsable única de este fenómeno, pero sin lugar a duda el cierre masivo de oficinas ha contribuido en gran medida, pues el 29% de los municipios (2.341 pueblos) no tienen oficina bancaria, ni tan siquiera un cajero automático.
A los datos anteriores habría que añadir que el erario público prestó a las entidades más de 100.000 millones de euros de dinero público (65.000 en dinero para el saneamiento + 35.000 de los pisos de la Sareb), para salvarlas de la crisis financiera de 2008, de la que ellos mismo, los banqueros habían contribuido a crear. Dinero que las entidades no han retornado al Estado, aunque el entonces Ministro de Economía del Gobierno de Rajoy, y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindós, aseguró que el rescate no le costaría un euro a los españoles.
Esto no son más que algunos retazos de lo que hay detrás de los productos y estrategias de un sector, que se publicita como si fuese muy beneficioso para la sociedad en general y sus clientes en particular.
El consumidor está desvalido ante la oferta si los medios de comunicación no ponen a su disposición la información completa. La información que damos, a colación del intento fallido de OPA del BBVA al Banco Sabadell bien podría aplicarse al sector farmacéutico, a las empresas de la salud, a las del automóvil o a las de la energía, entre otras muchas; incluso en la política.
Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario
y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas
Roberto Tornamira Sánchez
Ex Secretario Estatal de la FeSMC-UGT
del Sindicato del Sector Financiero, Seguros y Oficinas
El fracasado candidato a Premio Nobel de la Paz acelera la barbarie que lleva intrínseca el sistema económico vigente. En palabras de Jean Jaurès: «El capitalismo lleva la guerra dentro como la nube lleva la tormenta”.
En un leguaje más práctico: la deuda exterior de los EE.UU., superó en agosto los 37 billones de $; es la consecuencia de ejercer de gendarme del mundo y tener que mantener al ejército más temible de la tierra. Y eso es lo que Trump infunde: temor y no respeto. No se entiende de otro modo que Zelensky sea humillado cada vez que visita la Casa Blanca. Como es incomprensible la sumisión del secretario general de la OTAN; o la de la presidenta de la Comisión Europea cuando Trump la recibió en su campo de golf escocés, para mayor vergüenza, el 27 de julio, donde aceptó comprar energía a EE.UU., por valor de 750.000 millones de euros, invertir 600.000 MM€ en los USA e incrementar las compras en armamento a la industria norteamericana. Todo, a cambio de aplicar a los productos europeos “solo” el 15% de aranceles, sin contrapartida ninguna. Este es el nivel de degradación y bochorno por el que Trump hace pasar a sus supuestos aliados.
A los miembros de la Comisión Europea y a una importante mayoría de los europarlamentarios les debe importar un pimiento la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones en sus respectivos países; por el alza especulativa de los precios de la energía, de la vivienda, de los alimentos… así como el avance de la pobreza que todo ello conlleva, a nombre de una guerra con trasfondo comercial.
Intentar entender esta situación, que no compartirla, solo es posible desde la óptica del Mercado, ese mercado libre; libre de imponer y someter causando muerte, pobreza y desestabilización social.
El sistema el capitalista, el mercado libre de hacer lo que le venga en gana, ha decidido arrasar los derechos que la clase trabajadora ha ido consiguiendo, con luchas y mucho sacrificio, a lo largo de los últimos 200 años. Y están dispuestos a conseguir sus objetivos, aunque tengan que asesinar a la mitad de la población mundial. Es por ello que no es correcto hablar de guerra entre pueblos, sino de guerra contra la clase trabajadora.
La guerra social desatada contra la clase trabajadora toma sus formas diferentes en cada país:
En Francia, la clase dirigente al servicio del capital ha decidido acatar las órdenes y destinar 400.000 millones de euros “para modernizar el ejército”, dicen. La realidad es que Francia ha asumido con la OTAN, es decir con los EE.UU., un gasto de aquí a 2035 de más de 650.000 MM€ -Francia se ha marcado el objetivo de gastar 64.000 MM€ en defensa en 2027, frente a los 32.000 que destinaba a gasto militar en 2017, cuando Macron llegó al Eliseo. Están dispuestos incluso a llevarse por delante a la V República. Para no extendernos y entender la concreción en Francia, sugerimos la lectura del artículo de Enrique Dargallo “Crisis política en Francia: Macron en primera línea”, publicado en este mismo número 170 de Tribuna Socialista.
En Ucrania toma formas más complejas y graves. EE.UU., desde antes de 2013, viene presionando a la UE para que “diversifique su dependencia energética de Rusia”; una forma de expresarlo que, sin ser incierta, esconde una presión para que Europa compre Gas Natural Licuado (GNL) estadounidense, en detrimento del suministro ruso -lo que da una idea de la motivación para la voladura del gaseoducto Nord Stream, en septiembre de 2022-, y por qué se imponen sanciones económicas contra Rusia, pero no a Israel.
Como dijo Clausewitz “la guerra es sólo la continuación de la política por otros medios”. Y eso es lo que hay en Ucrania; una guerra que el próximo febrero cumplirá su cuarto año, sin olvidar que el Estado ucraniano, cuyo gobierno hoy preside Zelenski, arremetió contra su propio pueblo, en la región del Dombas, en 2013, causando miles de muertos. Para no extendernos, sugerimos Ver: TS-130 de enero de 2022, (pág. 20) Posicionamiento del CATP contra la guerra -un mes antes de la invasión rusa. Y otros números siguientes a partir de febrero de 2022-.
El hecho es que mueren miles de jóvenes en los frentes de guerra, para que los EE.UU., con la cobertura de la OTAN, se apropien de un negocio de más de 40.000 millones anuales en suministro de GNL a la UE. Negocio que aumentará con los compromisos unidireccionales aceptados por la señora Von der Leyen. Es lógico pensar que Putin quiera compensación por la pérdida del negocio de los combustibles, y Trump está dispuesto a compensarle con el 20% del territorio ucraniano. Por si acaso, el depravado inquilino de la Casa Blanca ya se ha garantizado la explotación de minerales y tierras raras, en lo que es rico el subsuelo ucraniano. Todo ello con la inestimable colaboración de la UE y todas sus instituciones.
A estos mercaderes les importa un bledo los 400.000 soldados que han muerto o han sido heridos en el frente ucraniano. Como a Putin le importan un comino que hayan muerto o hayan sido heridos más de un millón de soldados rusos en este conflicto. Por eso comprendemos y apoyamos la decisión de desertar de miles de jóvenes ucranianos y rusos, pues esta no es su guerra.
En Palestina, el negocio ha tomado la forma de Genocidio del pueblo gazatí, como si quisiesen enviar un mensaje a toda la clase trabajadora mundial, de hasta donde están dispuestos a llegar para salvaguardar sus intereses económicos.
Lo ha dicho ASTRADE en su Declaración del pasado día 16 de octubre “Sin duda alguna, la parte positiva (del plan de paz) es el fin de las bombas y la matanza indiscriminada de gazatíes”; algo que no está garantizado, pues el Estado sionista rompe el Alto el Fuego y continúa asesinando civiles desarmados.
Para garantizar el negocio, Trump ha enviado a su “equipo”, yerno incluido, a pedir a Netanyahu que respete los acuerdos: veremos cómo y cuándo acaba la tregua y la forma que toma la idea de la Familia Trump de transformar Gaza en un resort; idea jaleada por el Gobierno de Netanyahu. El tiempo nos dirá cuantos kilómetros cuadrados le dan a los Trump. Lo único que parece estar claro es que el Estado sionista continuará ocupando tierras ilegalmente y expulsando al pueblo palestino de su territorio, como viene haciendo impunemente desde 1948, incluso antes.
A los palestinos les ofrecerán, como “premio de consolación”, trabajar sin derechos en una especie de sucursal de Las Vegas a orillas del Mediterráneo. Es lo que les está ocurriendo hoy, a 125.000 trabajadores procedentes de la Franja de Gaza y de Cisjordania, como denuncia el Sindicato de Trabajadores árabes, con sede en Nazaret: “a los trabajadores les niegan su salario o indemnización; y su legítimo derecho a reclamarlo, a nombre de que pertenecen a “una autoridad terrorista”, argumentan de forma coordinada muchos empleadores”.
El negocio se cierne también sobre Venezuela, y sobre sus reservas de petróleo en particular, por lo que Trump ha asesinado, de momento, a más de 40 personas, sin prueba ni juicio, en las aguas del Caribe. Y ha dado rienda suelta a los provocadores de la CIA para que “el que pueda hacer que haga” según el lenguaje que manejan los fascistas y golpistas de toda laya.
Es una guerra de los poseedores del capital contra sus propias clases trabajadoras. Cuando Trump habla de “América first”, no dice a qué América se refiere, pues la América a la que reprime con la guardia nacional es a la que considera “su enemigo”, por lo que invitó a sus generales y almirantes a “vigilar al enemigo interior”.
Es exactamente lo mismo cuando Trump condiciona la ayuda económica a Argentina, si el pueblo argentino no apoya al sicario del capital que ocupa la Casa Rosada en Buenos Aires. O cuando chantajea al presidente de Brasil con aranceles si no indulta a Bolsonaro, el golpista.
La respuesta no está en el viento, que diría Dylan. La respuesta está en las calles. La respuesta a esta barbarie insaciable está germinando en las grandes manifestaciones que hubo el 18 de octubre en las principales ciudades de los Estados Unidos de América. Está en las jornadas de huelga de Italia, para rechazar el genocidio en Gaza. Está en los cientos de miles de personas que salieron a las calles el 7 de octubre en Londres, para pedir justicia y que pare el genocidio. Está en la determinación de decenas de miles de madrileños y madrileñas que el 14 de septiembre dijeron NO a la última etapa de La vuelta ciclista de la vergüenza. Está en la jornada de lucha en nuestro país, el 15 de octubre, con grandes manifestaciones y paros laborales, aunque fuesen de tiempo limitado. Está en las manifestaciones de jóvenes reclamando vivienda asequible, en la queja de la clase trabajadora andaluza y madrileña en defensa de la Sanidad Pública, en la perseverancia del pueblo valenciano exigiendo responsabilidades por las negligencias en la DANA de 2024…Está en cada conflicto laboral que utilizan los trabajadores para reivindicar y defender sus derechos.
El Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez tiene que dejar ya su ambigüedad y de jugar con los tiempos: no se puede decir “Viva Palestina” y decretar el embargo de armas dos años después de iniciado el genocidio, con 67.000 asesinados; celebramos que lo hayan hecho, pero criticamos la tardanza. No se puede estar en contra de la Guerra y que el presidente y su ministra de Defensa no paren de decir que cumplirán con los compromisos de gasto militar.
En muchas ocasiones vemos a las organizaciones de la clase trabajadora como dique de contención contra esta resistencia. Sería mucho más deseable verlas a la cabeza de las movilizaciones llamado a la unidad y haciéndola en los hechos.
Tribuna Socialista 
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