Los salarios de la clase media y trabajadora no alcanzan para asumir el crecimiento desorbitado del precio de una vivienda o de un alquiler. En el primer caso a un ritmo anual medio del 12%, lo que supone una subida acumulada en los últimos cinco años del 52% según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cuanto al alquiler la media acumulada de subida, desde 2021, es del 27% según los datos que manejan los principales operadores en el sector inmobiliario. En paralelo los salarios en este mismo periodo, tomando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), han subido un 30%, merced a la subida del Gobierno progresista desde los 965 a los 1.180 actuales. Por último, para completar el cuadro, el dato de la inflación que en España subió en el último lustro un 26% (INE). Según estos guarismos, una persona con un salario medio entre los 1.300 y los 1.800 euros brutos al mes, debe destinar hasta un 50% de su nómina mensual a pagar un alquiler, según los operadores inmobiliarios, y un 37,5% para la compra de una vivienda, que en Madrid y Barcelona supera el 40%, según la patronal bancaria. En ambos casos, por encima del 30% tope que la banca recomienda para poder pagar una vivienda de manera desahogada.
Éste es el cuadro del esfuerzo, imposible, que debe afrontar un ciudadano medio para alquilar o comprar una vivienda, que ya de por sí justifica la necesidad de una huelga general. Razón que sube de grado, si se suma la degradación de la sanidad, educación y servicios sociales, por los recortes en sus presupuestos que reducen la calidad de las prestaciones que ofrecen a la ciudadanía, para justificar así la necesidad de establecer convenios y conciertos con empresas del sector privado para reforzar y garantizar las prestaciones, según dice la derecha que gobierna en Comunidades y Ayuntamientos. Argumento para enredar a la ciudadanía al expandir la idea de que sin la colaboración público privada el sistema sanitario, educativo y la prestación de los servicios sociales sería inviable. Mantra que repiten hasta la saciedad como un trampantojo para que no hablemos de la raíz del problema, la negativa de las administraciones gobernadas por el PP y Vox a contratar los médicos, sanitarios, profesores y trabajadores sociales necesarios para ofrecer unas prestaciones púbicas de calidad.
Trampantojo que oculta que esos convenidos, acuerdos marco o delegaciones de gestión de los servicios públicos a empresas privadas, suponen un trasvase de las rentas del trabajo a rentas de capital como se observa de manera palmaria en el balance anual de los grandes grupos empresariales del sector sanitario, educativo o de los fondos buitre que operan en el sector inmobiliario, con un aumento de sus beneficios desorbitado gracias a la inyección de dinero público que reciben de los presupuestos de Comunidades y Ayuntamientos, generalmente opacos, vía conciertos y convenios para gestionar los servicios públicos en los que se asienta el estado del bienestar.
Así lo confirma un estudio de la Fundación Dialnet que apunta cómo el equilibrio en la distribución de la renta entre el capital y el trabajo es cada vez más desigual: desde la década de los años setenta del siglo pasado se está dando una caída paulatina del peso de los salarios en la renta nacional, inclinándose la balanza cada vez más a favor de las rentas empresariales… En España la población asalariada ha crecido de forma continuada, pero la proporción de la renta que recibe no ha dejado de disminuir. Datos que justifican que los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, se hayan unido a la Huelga General del 11 de noviembre, promovida por el Sindicato de Inquilinas, para trasladar a los centros de trabajo el malestar de millones de ciudadanos ante unos precios de compra y alquiler que absorben una parte cada vez mayor de sus salarios, como señalan sus secretarios generales Pepe Álvarez y Unai Sordo, en el comunicado conjunto que anunció la participación de sus organizaciones en la movilización contra la especulación inmobiliaria.
Declaración en la que reclaman una subida salarial del 7%, porque los salarios no alcanzan a pagar la vivienda y hacer frente a la inflación, como justificación para participar en la huelga general y replicar a las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi en el Foro La Toja Vínculo Atlántico, donde puso en duda la legalidad de la convocatoria porque la vivienda no es un conflicto laboral, declaración en la que anunció que actuará por la vía legal si la huelga finalmente se convoca. Desconoce Garamendi, o lo oculta para defender su argumento, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respaldan la legalidad de las huelgas que tengan incidencia en las condiciones de trabajo, aunque critiquen políticas más generales.
Misma tesis que apoya Silvia Arribas, letrada del Gabinete Jurídico Confederal de la Confederación General del Trabajo (CGT) al señalar, con la experiencia de haber redactado la solicitud de las convocatorias de las huelgas generales del 8M en 2018 y 2019, y por Palestina en 2024 y 2025, que el acceso a la vivienda tiene una clara vinculación con las condiciones laborales, porque el salario mínimo actual no permite acceder a una vivienda ni, en general, asumir el coste de la vida.
Más allá del absurdo que supone dudar del derecho que asiste a los sindicatos mayoritarios a participar y promover la huelga general por la vivienda, lo significativo, en esta ocasión, es que no han sido ellos sino un sindicato, el de inquilinas, nacido desde abajo para defender el derecho constitucional a una vivienda digna, el que ha aglutinado el descontento de un sector amplio y transversal de la sociedad por la degradación de los servicios públicos que, poco a poco, va horadando el significado y sentido del Estado del Bienestar.
Tensión social que estaba latente y larvada a la que solo le faltaba la chispa necesaria para despertar las conciencias y animar a la movilización contra la injusticia y mercadeo del capitalismo salvaje con los derechos que asisten a las personas. Esa centella luminaria fue el desahucio de Maricarmen, por su firmeza en la denuncia de la injusticia a la que la sometía el fundo buitre Urbagestión que quería apropiarse de su casa, de su vida, que contrastaba con la creciente debilidad física que se acentuó durante el proceso de expulsión y que finalmente provocó su fallecimiento.
Esta ambivalencia de fortaleza y debilidad que vio toda España cuando la sacaron en camilla de su casa, mientras ella animaba de seguir en la lucha, despertó en la ciudadanía comprometida un sentimiento de humanidad y la necesidad de actuar contra el oprobio sistemático al que nos somete el capitalismo salvaje y quienes lo amparan, que ha desembocado en las concentraciones y acampadas que se mantienen activas en la práctica totalidad de ciudades españolas, dando sentido y forma a la necesidad de una huelga general. Movilización que demuestra que la sociedad española no está dormida, como muchos pensaban, y que cuando se pone en movimiento no hay quien la pare, harta de que los yonquis del dinero jueguen con sus derechos y marchiten sus perspectivas de vida.
Vicente Mateos Sainz de Medrano,
periodista, profesor universitario
y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas
