La derecha filofascista reacciona ante la pobreza

Una ola reaccionaria recorre el mundo contra la inmigración: desde la frontera de Méjico con los EE.UU, pasando por la de Birmania con Bangladesh, hasta el Mediterráneo; frontera natural para quienes migran desde África y Oriente próximo. Según datos de la ONU, entre 2000 y 2015, las migraciones han crecido un 46%, al pasar de 175 a 255 millones, las personas que abandonan sus casas y sus familias; que migran huyendo de la guerra el hambre y la violencia en todas sus formas. Entre 2014 y 2017, más de 14.000 personas murieron ahogadas en el Mediterráneo, convirtiéndose así la “cuna de la civilización” en la “fosa común” de la migración.

Partidos políticos en Europa fomentan el rechazo contra los pobres (aporofobia), que no tanto el rechazo a los extranjeros; como el Partido Popular o Ciudadanos en España, la Liga Norte en Italia, el Frente Nacional en Francia, el Partido de la “Libertad” en Holanda, Alternativa para Alemania, etc. Qué decir del Partido Republicano en los USA, con su ala extrema el Tea Party.

La respuesta de los estados, sea en el continente que sea, suele ser de poner trabas y abandonar a su suerte a cientos de miles de seres humanos; entre ellos y ellas centenares de niños y niñas que engrosan las cifras de ahogados en el Mediterráneo. Miran para otro lado y no respetan de hecho el derecho de asilo, de obligado cumplimiento, regulado en el Artº 14 de la Declaración Universal de los Derechos del Humanos y desarrollado por la Convención de Ginebra de 1951.

En no pocas ocasiones, la respuesta ha sido brutal, criminal. No vamos olvidar los 15 inmigrantes muertos en febrero de 2014 en la playa del Tarajal en Ceuta, cuando la Guardia Civil les disparó material anti disturbio, mientras se ahogaban en el agua, en lugar de prestarles ayuda para salvar la vida. El Ministro del Interior en aquel momento, Fernández Díaz (PP), nada tiene que envidiar en ideología fascista a Trump o a Salvini.

No olvidaremos el asesinato y persecución del Gobierno birmano, una autentica limpieza étnica, contra la minoría Rohigya. Entre 300.000 y 500.000 desplazados a Bangladesh; siendo responsable máxima la Presidenta del Gobierno birmano, Daw Aung San Suu Hyi, y “Premio Nobel de la Paz” (una dosis de prestigio para la institución que otorga esos premios). Al otro lado de la frontera reciben el rechazo violento de los cuerpos policiales de Bangladesh: el 3 de octubre de 2017, hundieron más de 20 barcos cargados de miembros de la etnia Roingya, muriendo decenas de ellos.

Del mismo modo, no vamos a olvidar en mucho tiempo la salvaje repuesta de Donald Trump, contra los inmigrantes centroamericanos que llegan a su frontera sur, enjaulando a niños y niñas tras separarlos de sus familias.

Los partidos de la derecha, y muchos medios de comunicación que se hacen eco de las posiciones de odio, han instalado un relato falso en la sociedad. Mienten cuando dicen hay efecto llamada si un Gobierno toma la digna decisión de acoger un barco rechazado en otros países, como ha sido el caso del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) con el “Aquarius”. Mienten cuando dicen que vienen a quitarnos el trabajo. Mienten cuando relacionan intencionadamente la migración con la delincuencia.

Llegan a nuestras fronteras porque huyen de la situación que viven en sus países de origen; muchos de ellos en guerra. Conflictos en cuyos orígenes están implicados los países (los gobiernos) que rechazan y obstaculizan soluciones para la inmigración.

En el caso de Italia, podría retrotraerme a Eritrea, y la ocupación de la ciudad de Massawa, mediante la que el Gobierno italiano de Francesco Crispi, en 1885, pretendía dominar todo el “cuerno de África”. O de las injerencias y ocupaciones de la Italia fascista de Musolini en Etiopía. Pero no es mi intención en este breve artículo profundizar en la historia del imperialismo, eso ya está en los libros de historia, en los que se puede leer y conocer la historia del Imperio español en América latina, el Caribe o en África (Marruecos, Guienea). Se puede leer y conocer la historia esclavista y colonial de Francia e Inglaterra. Sin embargo, hay que mencionarlo, pues los hechos económicos recientes están ligados a los hechos del pasado.

En este sentido, citar algunos episodios económicos, como por ejemplo: la operación de compra de acciones por la que muchos empresarios italianos se hicieron de oro a costa del pueblo libio, cuando vendieron el 13% de las acciones de FIAT al Lybian Arab Foreing Bank en el año 76 del s. XX., al doble del valor de su cotización, eso que en España Carlos Solchaga bautizó como “un pelotazo”.

Los intereses del capital italiano en el gas y el petróleo libio son muy recientes, fue en 2004, cuando Berlusconi y Gadafi inauguraron el gasoducto submarino que une Libia y la isla de Sicilia construido por las empresas petroleras de Italia y Libia: el ENI italiano y la Western Lybian Gas Projet, y que sirve para distribuir el gas libio a toda Europa.

Más reciente aún, en enero de 2011, Libia adquirió una cuota accionarial en la empresa mixta italiana Finmeccanica; un poderoso conglomerado que produce armas, helicópteros, sistemas de defensa, sistemas para la producción de energía, etc., y de un 2% del accionario en la petrolera italiana ENI.

También es muy larga la historia colonial del Estado francés. Apuntar algunos casos recientes: fue en 2007, cuando Gadafi montó su Jaima en los jardines de Marigny. Sarkozy le recibió en el Elíseo con honores y suscribió contratos, especialmente militares, por valor de 10.000 millones de euros. Lo que no impidió que pocos meses después, el ejército francés participara militarmente en el derrocamiento del régimen libio y en la eliminación física del insigne invitado del Eliseo. Las motivaciones de Sarkozy fueron explicadas en un informe realizado por una Comisión de Investigación del Parlamento de Gran Bretaña, hecho público por el diario “Le Figaro”, el 14 de septiembre de 2016:

  1. Obtener una mayor participación en la producción del petróleo en Libia.
  2. Incrementar la influencia francesa en el norte de África.
  3. Mejorar la situación política-personal de Nicolas Sarkozy en Francia.
  4. Permitir que el ejército francés reafirmase su posición en el mundo.
  5. Hacer frente a las acciones que Gadafi venía desarrollando con Italia, en detrimento de la presencia económica de Francia en el norte de África.

El Parlamento Británico puso en marcha esta iniciativa de investigación, muy probablemente como herramienta de propaganda contra Francia, para tapar sus responsabilidades en Libia, que también las tiene.

Hay muchos informes sobre las “aventuras” económicas y venta de armas y/o extracción de materias primas francesas en África; como los hay sobre Reino Unido y otros países de nuestro entorno, incluida España.

Es esclarecedor el informe1 de Hubert Vedrine, exministro de Asuntos Exteriores con Lionel Jospin, que se hizo público en diciembre de 2013, bajo el título “15 propuestas para una nueva dinámica económica entre África y Francia”, en el cual dice:

“África es un continente de una creciente competencia global y Francia está pendiente de su cuota de mercado. La cuota de mercado de China en el continente africano aumentó de menos del 2% en 1990 a más del 16% en 2011 (…). En los 14 países que utilizan el franco francés, las empresas francesas están a la par con China, con una cuota de mercado hoy del 17,2% frente al 17,7% de 2011 (…). La posición de Francia (que en 2002 era aún el mayor exportador) en África subsahariana se ha desmoronado desde entonces. Francia es, en 2011, el quinto mayor exportador a esa zona, detrás de China, la India, los EE.UU., y Alemania. Su cuota de mercado ha disminuido constantemente desde principios de la década de 2000, del 10,1% en 2000 al 4,7% en 2011”.

El informe tiene más de 60 páginas con esclarecedores datos relativos a las preocupaciones económicas del Estado francés en esa zona de África. Lo más importante de este informe es que permite entender por qué Macron, en mayo de 2017, dedicó su primera visita al exterior a las tropas francesas en Mali: tropas del ejército francés que están desplegadas en Mali, Chad, Niger, Brukina Faso y Mauritania, a nombre de combatir el terrorismo. Nos ayuda a entender por qué Francia insta a Alemania a involucrarse en las operaciones militares en los países del centro de África. Incluso esclarece la bronca que tiene montada Trump con la cuestión del incremento de los presupuestos dedicados a defensa.

Son muchos los ejemplos más o menos cercanos en el tiempo que pueden dar una idea de por qué cientos de miles de ciudadanos abandonan todo en sus países de origen y se juegan su vida y la de sus hijos e hijas en una travesía de penuria, dolor y muerte en muchos casos.

Pero no puedo dejar de citar el mayor éxodo de los últimos años, éxodo que deja atrás cientos de miles de víctimas, aunque sea con unas brevísimas pinceladas; me refiero a Oriente Próximo, la Guerra en Siria y sus antecedentes.

La zona que nosotros conocemos como Oriente Próximo está desestabilizada desde la Guerra de Iran-Irak, en los 80 del siglo pasado, conflicto por el petróleo del subsuelo de esa zona, por mucho que nos lo vistan de conflicto teológico entre suníes y chiíes; vamos por tanto camino de los 40 años de conflictos consecutivos, animados, cuando no promovidos de forma directa o indirecta, consciente o inconscientemente por las potencia occidentales y Rusia; en función de intereses geoestratégicos y energéticos. Permítaseme fijar un esquema cronológico que visualice estos 38 años de guerras sucesivas, rememorando algunos hechos relevantes:

-En 1985, en el conflicto citado de la Guerra entre Irán e Irak, con la Administración de los USA con Ronald Reagan de Presidente, estalló el escándalo conocido como “irangate”; al hacerse público que la CIA había estado vendiendo armas a Irak, con cuyo beneficio (se estimaron una 47 millones de dólares) de ventas financiaba a la “Contra nicaguense”.

-Tan sólo 6 años después, el 16 de enero de 1991, una coalición liderada por los EE.UU., con la Administración presidida por George H.W. Busch, en plena etapa del “nuevo orden mundial”, tras la recientísima caída del Muro de Berlín (noviembre de 1989), se interviene en Irak; Estado al que se había financiado y vendido armas un lustro antes. Nuevo conflicto armado en base al petróleo, por la invasión de Kuwait por parte de Irak, en agosto de 1990, a quien acusaba de robarle petróleo de yacimientos limítrofes. La operación “Tormenta del Desierto” y el posterior bloqueo económico sumió a Irak en un retroceso de siglos en el plano médico, alimenticio,…

-Ya en el nuevo siglo, en marzo de 2003, a nombre de las inexistentes armas de destrucción masiva en poder de Irak, se lanza una nueva operación bélica; diseñada cuatro días antes en las Islas Azores, en una reunión apadrinada por Durao Barroso, en aquel momento Primer Ministro de Portugal. En aquella reunión, José Mª Aznar, Presidente del Gobierno español y Tony Blair del Reino Unido, se pusieron literalmente en manos de Estados Unidos, en la etapa de George W. Bush (junior), para iniciar otra guerra genocida que en el caso de nuestro país se llevó a cabo a espaldas del Parlamento y contra la voluntad de los pueblos del Estado español. El resultado de esta intervención, una de las más vergonzantes de la historia, fue la desestructuración de Irak como nación.

-A principios de 2011 estalla el conflicto social en Siria, a partir de la acción represiva del aparato del Estado sirio, contra las protestas por el desempleo galopante, la corrupción y la situación general de malestar social. Sin embargo, siendo cierto que Bashar al-Ásad es un tirano que tiene sometido a su pueblo, lo es menos tirano que la dinastía saudí a la que las mismas potencias occidentales rinden honores. Resulta difícil de creer que esta guerra estalle y que se involucren en ella dos bloques de potencias occidentales y no occidentales, por motivos sociales, por muy deteriorada que esté la situación del pueblo trabajador.

La realidad es que como consecuencia de las guerras anteriores en la zona, todo el territorio está desestabilizado y se está dirimiendo en territorio sirio e irakí quién controla la salida de hidrocarburos por el Mediterráneo por las costas sirias; interés particularmente de Rusia. Se está dirimiendo que el pueblo kurdo no tenga un territorio propio; interés particularmente de Turquía. Y, entre otros intereses, se está dirimiendo la hegemonía en favor de Arabia Saudí e Israel; interés de los Estados Unidos, de Francia y Reino Unido, por motivos económicos y políticos.

Considero que los ejemplos y datos referidos son suficientes, para dar una idea precisa de los verdaderos motivos que están en el origen de la lamentable situación económica que se vive en esos países, de los que provienen las personas que llegan a nuestras costas. Sus calamidades no son ajenas a los movimientos económicos de las multinacionales públicas y privadas de los países europeos y norteamericanos y las relaciones políticas con los distintos estados.

No, no llegan por gusto ni para quitarnos el trabajo; llegan por desesperación. Los “afortunados”, serán sobre explotados, sin contrato, por empresarios sin escrúpulos, en: la construcción, la agricultura, en el servicio doméstico, etc. Muchos de esos empleadores miserables son los que claman contra la inmigración y votan a los partidos reaccionarios de la derecha. Es esa derecha filofascista que reacciona y a la par abusa de las situaciones de extrema pobreza.

Los y las menos “afortunados” caerán en manos de las mafias de la droga y/o la prostitución, eso cuando no llegarán ya secuestrados por dichas mafias.

Si las administraciones actuasen con contundencia contra la sobre explotación laboral, dado el decrecimiento y envejecimiento de la población en la sociedad europea, sería un alivio para nuestros sistemas de protección, como el de Pensiones públicas, que llegase mano de obra de otros países; eso sí, siempre que a esa mano de obra se la contratase y se respetasen las condiciones establecidas en los convenios colectivos.

Si no queremos que vengan, no permitamos que nuestros estados ayuden a las multinacionales a esquilmar sus recursos previa cooptación de sus minorías privilegiadas predispuestas a la corrupción.

Roberto Tornamira Sánchez

Afiliado al PSM-PSOE en la Agrupación de Arganzuela

Adherido a Izquierda Socialista

 

 

 

Tiempos nuevos para el mundo del Trabajo

El pasado mes de junio se produjo un cambio determinante en nuestro país con la llegada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al Gobierno, al prosperar la moción de censura presentada al anterior presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El cambio en el Ejecutivo ha abierto grandes expectativas en la mayoría de la sociedad. El nuevo presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha manifestado su compromiso con la recuperación de los derechos vulnerados por las medidas regresivas adoptadas por los Gobiernos del Partido Popular (PP), con la protección a las personas y el fortalecimiento del estado del bienestar.

 

El 13 de junio se celebró en Moncloa el  primer encuentro del presidente del Gobierno, junto a la ministra de Trabajo, con los interlocutores sociales, las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO, para analizar los principales problemas sociolaborales que sufre nuestro país: el desempleo, la precariedad laboral, los bajos salarios y falta de protección de las personas desempleadas, que provocan la creciente desigualdad y pobreza junto con  los problemas que atraviesa el sistema público de pensiones. Se estableció el compromiso de impulsar el diálogo social para abordar estas cuestiones centrales para el empleo y la sociedad y tratar las materias relativas a la reforma laboral al igual que la de pensiones. En el trascurso de la reunión las patronales y los sindicatos informaron que estaban cerca de alcanzar un acuerdo en las negociaciones en materia salarial.

Con posterioridad el presidente del Gobierno anunció un plan director contra la explotación laboral del que los interlocutores sociales fueron informados. Dicho plan se orientaría contra la precariedad laboral, los abusos en la contratación, los falsos autónomos y la economía sumergida y la garantía de la protección laboral a los trabajadores y trabajadoras. Se basaría en las experiencias puestas en práctica por los gobiernos socialistas en las Comunidades Autónomas (CCAA), como la de Baleares con las campañas anuales contra el fraude en las contrataciones, que han obtenido unos buenos resultados en la lucha contra la explotación laboral. El plan director se desarrollaría con las actuaciones de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, la colaboración con las CCAA y con el desarrollo normativo necesario.

El 25 de junio se suscribió por las patronales CEOE y CEPYME con los sindicatos UGT y CCOO el preacuerdo del IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), después de un dilatado proceso de negociación en el que las pautas para seguir la evolución de los salarios polarizaron y ralentizaron las discusiones. Las organizaciones sindicales han desarrollado un amplio proceso de movilizaciones en exigencia de la redistribución de los beneficios empresariales en este periodo de recuperación económica a través de incrementos importantes de los salarios e impulsar de forma más intensa el crecimiento de los salarios mínimos de convenio.

El preacuerdo del IV AENC, que será firmado definitivamente tras su ratificación por todas las partes, supone un avance en la necesaria recuperación de las rentas del trabajo en nuestro país tras la intensa devaluación salarial sufrida desde 2010. Los incrementos salariales previstos serán del orden del 3% durante los próximos tres años, con subidas fijas en el entorno del 2% más variables del 1% vinculadas a diferentes parámetros (productividad, beneficios, absentismo, etc.). Es de resaltar, por la trascendencia que puede adquirir en nuestro mercado laboral para mejorar a las rentas más bajas, la determinación de alcanzar en 2020, de forma progresiva, un salario mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales (que supondrán una retribución de 14.000 euros anuales). Junto con estos compromisos adquiridos en materia de negociación salarial se han fijado otras estipulaciones entre los interlocutores sociales, siendo primordiales los criterios para impulsar el procedimiento negociador para la renovación de los convenios colectivos, la solución autónoma de conflictos y el mantenimiento de las condiciones pactadas mientras se está negociando.

Los interlocutores sociales también han acordado diferentes materias para ser tratadas de forma tripartita, con el Gobierno, para mejorar las condiciones de trabajo y la regulación laboral: las contratas y subcontratas; impulsar la transmisión del conocimiento y el rejuvenecimiento de las plantillas mediante el contrato de relevo; medidas de protección social para mantener el empleo en las empresas con dificultades a través de la reducción de jornada; mejorar la regulación de la formación para el empleo; facultar a los convenios colectivos para determinar la jubilación cuando se cumpla la edad ordinaria; medidas para favorecer la igualdad salarial entre hombres y mujeres; crear un observatorio para el análisis del absentismo no deseado y facilitar las prestaciones a la finalización de los contratos.

Los socialistas valoramos positivamente el preacuerdo del IV AENC, resultado de la autonomía colectiva de los interlocutores sociales, en su conjunto y en particular en materia salarial porque debería suponer el fin de la devaluación salarial y el inicio del camino para mejorar la participación de las rentas del trabajo en el conjunto de la renta nacional y, a su vez, también debería beneficiar a la recaudación de la Seguridad Social, tal como propusimos en nuestro Acuerdo por un Trabajo Digno: el Pacto de Rentas.

La reforma laboral ha transferido 2,4 puntos de las rentas de los asalariados al excedente empresarial, la devaluación salarial ha supuesto la pérdida de peso de las rentas del trabajo a favor de las rentas empresariales en el reparto del PIB. No es esta la vía de competitividad que necesita nuestro país en el siglo XXI, nuestro sistema productivo debe competir en innovación, diseño y calidad de los bienes y servicios, con trabajo digno y mejoras en la productividad, para lo cual son necesarias inversiones públicas y privadas en educación, formación, ciencia y tecnología.

 

Restablecer el poder de negociación de los sindicatos, para que la negociación colectiva recupere la fuerza perdida es un objetivo clave para lograr incrementos salariales en la negociación de los convenios colectivos. Al igual que el respeto de la autonomía colectiva de los interlocutores sociales para estructurar el sistema de negociación colectiva, preservar su fuerza vinculante    y suprimir la prioridad aplicativa de los convenios de empresa mediante la vertebración y la articulación sectorial, junto con restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos.

Hasta el pasado mes de mayo las exigencias de los sindicatos y de la izquierda sobre la necesaria derogación de la reforma laboral encontraban un rechazo absoluto por parte del Gobierno del PP argumentando que su reforma laboral era la causa principal de la recuperación de la economía, la mejora de la competitividad de las empresas, la disminución del desempleo y de la creación de empleo. El objetivo del Gobierno del PP era profundizar en las medidas regresivas de la reforma laboral de 2012, en base a los compromisos suscritos en agosto de 2016 entre el PP y Ciudadanos en el acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Ahora se abre una nueva etapa que debería suponer la recuperación de derechos y mejoras en las condiciones de vida y trabajo para los trabajadores y sus familias. Este nuevo tiempo se asienta en la voluntad de desarrollar políticas laborales y sociales que pongan fin a la desregulación de las condiciones de trabajo, la precariedad laboral, los bajos salarios y la desprotección de las personas desempleadas, para erradicar las desigualdades y la pobreza laboral. Las resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE, celebrado en  junio de 2017, establecen el  compromiso de los socialistas de derogar la reforma laboral y construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores de forma consensuada para dotarnos de un marco de relaciones laborales para el siglo XXI,  basado en un sistema de negociación colectiva fuerte y equilibrado que dé respuestas a la globalización de la economía, a las nuevas realidades en el empleo y en la organización del trabajo y a la creciente implantación de la digitalización..

Para ello, es necesario trabajar para alcanzar el respaldo de la mayoría social y ahora, con la actual relación de fuerzas, deberíamos avanzar con determinación con el diálogo social y articulando la necesaria mayoría parlamentaria que apoye las medidas que puedan contribuir a implantar un modelo laboral basado en el trabajo digno con buenos empleos y salarios decentes.

Toni Ferrer

Para avanzar, caminemos hacia la República

Desde Tribuna Socialista, hacemos un llamamiento a los partidos, organizaciones y colectivos que componen el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), del que nosotros mismos venimos participando desde hace años.

Proponemos la apertura del necesario debate en pro de promover la idea de República como modelo de Estado en nuestro país. Una idea legítima.

Ha sido a partir de la reivindicación de un gran porcentaje de catalanes y catalanas en favor del derecho a decidir, el cual incluye el derecho a decidir que no desean separarse del Estado español, que se ha puesto de manifiesto la necesidad de una profunda reforma constitucional. Siendo el PSOE, el Partido que propuso una Comisión parlamentaria para abordar dicha reforma, antes incluso de la apertura de una nueva etapa esperanzadora; tras la exitosa Moción de Censura que ha sacado al insoportable PP del Gobierno.

El deseo de cambiar de modelo de Estado, es un sentir muy extendido; a pesar de ser ese sentir ninguneado por los partidos de la derecha y por sus medios de comunicación. Es por ello necesario hacer todos los esfuerzos para ayudar a despertar la toma de conciencia en la mayoría social de que blindar el Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia pasa por evolucionar de la Constitución de la Transición a la Constitución que dé solución a las necesidades actuales.

En las crisis económicas habidas en estos últimos 40 años, siempre se ha salido (hasta la siguiente crisis) a costa de la devaluación de los salarios y en detrimento de los derechos de la mayoría de la sociedad: asalariados y asalariadas, pensionistas, desempleados y desempleadas, autónomos y los estudiantes hijos e hijas de dichos colectivos. La Constitución fue reformada, en su artículo 135.3, para blindar los intereses de los acreedores de la deuda del Estado; ¿cuándo vamos a blindar los intereses de la mayoría social?

Hace unas semanas, en el barrio de Vallecas, en Madrid, se producía un “referéndum” promovido por vecinos organizados en la “Plataforma Vallekas decide”; participaron 7270 vecinos, con un resultado del 89,27% a favor de la República. No es tanto el número de participantes ni el valor cuantitativo de la consulta, sino el hecho mismo de que se produzcan iniciativas de este tipo, como expresión necesaria ante un claro inmovilismo político en la cuestión del modelo de Estado.

En junio de 2014, hace solo 4 años, se procedió a la “abdicación express” de Juan Carlos de Borbón en su hijo Felipe. Una abdicación rápida, urgente, ante el deterioro evidente de la institución. Los espectáculos públicos entre suegra y nuera, junto a otros escándalos familiares de mayor envergadura, no pasarían de un simple cotilleo si no pusiesen en evidencia que la crisis de la Corona es la crisis de un modelo de Estado que se resiste al cambio y que está frenando la necesaria evolución de nuestra sociedad.

Nos consideramos republicanos por convicción, más allá de reducir el concepto República a la mera celebración de actos conmemorativos cada 14 de abril.

Estamos convencidos de que la vía para los avances democráticos y sociales en nuestro país pasan por un modelo de Estado propio de una democracia plena: la República.

Seguros de que compartimos estas mismas inquietudes, es por lo que nos dirigimos a vosotros para iniciar los trabajos, encuentros y la búsqueda de acuerdos que nos permitan caminar juntos, y con otros más, hacia la III República de los pueblos de España.

Primeros firmantes

Roberto Tornamira Sánchez                       ​​​​Afiliado al PSMadrid-PSOE en Arganzuela.

Mario Martín Arribas                                     Afiliado al PSMadrid-PSOE en Getafe.

Eduardo Hernández Oñate                         Afiliado al PSMadrid-PSOE en Barrio de Salamanca.

Gloria Mora Campos                                     Afiliada al PSMadrid-PSOE en Barrio de Salamanca.

José A. Fernández Guerras                         Afiliado al PSMadrid-PSOE en Leganés.

Luis Sastre Sanz                                               Afiliado al PSMadrid-PSOE en Leganés.

Ángel Alonso Calvo                                         Afiliado al PSMadrid-PSOE en Arganzuela.

Ana Rubio Encinas                                          Afiliada al PSMadrid-PSOE en Leganés.

Marta Isabel Rodríguez                                Afiliada al PSMadrid-PSOE en Coslada.

Pilar Fernández Rufo                                     Afiliada al PSOE-Andalucía en La Rinconada-Sevilla.

Manuel Arroyo Martín                                  Socialista no afiliado de Madrid.

Eva Sobrado Peláez                                        Afiliada al PSMadrid-PSOE en San Sebastián de los RR.

Vicente Sansegundo Congosto                 Afiliado al PSMadrid-PSOE en Puente de Vallecas.

José A. Iniesta Martín                                    Afiliado al PSC-PSOE en Sant Boi.

Iñaki Merino Montes                                    Afiliado al PSE-PSOE-Bizcaia en Barakaldo.

Santiago Reyes Ruiz                                       Afiliado al PSE-PSOE-Bizcaia en Durango.

Máximo Fernández Gómez                        Socialista no afiliado de Madrid.

Sergio Moya Hernández                              Afiliado al PSC-PSOE en Sant Boi.

Antonio Blasco Román                                  Afiliado al PSMadrid-PSOE en Fuenlabrada.

Silvia Font Jurado                                            Afiliada al PSMadrid-PSOE en Arganzuela.

Baltasar Santos Fernández                         Afiliado al PSC en El Vendrell.

Ramon Rius                                                       Agrupación de Piera PSC

José Miguel Villa Antoñana.                       Afiliado al PSMadrid en Collado Villalba

Ignacio Bruna Sánchez                                  Afiliada al PSMadrid-PSOE en Villanueva del Pardillo.

Ángel Romero Triviño                                    Afiliada al PSE de Leioa

Un Gobierno que gobierne para la mayoría social

En el momento que se redacta esta editorial se está celebrando la cumbre de la OTAN, donde el presidente de EEUU Donald Trump está lanzando una ofensiva para que los países miembros de la Alianza Atlántica dupliquen el porcentaje de su PIB a defensa; en algunos casos la exigencia es mayor. El presidente del país más poderoso del mundo está en plena ofensiva para dominar sin competencia el mercado mundial. La guerra comercial amenaza al mercado automovilístico alemán; el aumento de los aranceles pone en jaque a potencias tan importantes como China.

 

El enfrentamiento entre la potencia americana se da en el momento en que los principales gobiernos de la Unión Europea están en una crisis interna sin precedentes: la crisis entre los socios del Gobierno alemán puede hacer caer a Merkel. La dimisión de dos ministros, con pocas horas de diferencia, pone en la cuerda floja al Gobierno de Theresa May, en las negociaciones para la aplicación del Brexit. La crisis abierta en Italia ha echado a temblar a los principales países de la UE. Y el Gobierno francés está en un claro enfrentamiento con la mayoría social que defiende los derechos conseguidos después de la II Guerra Mundial.

Los partidos que han tenido responsabilidad de Gobierno en estos países expresan una gran crisis, en sus estructuras organizativas y de Dirección, así como el divorcio, cada vez mayor, entre sus bases naturales de voto y esos mismos partidos tradicionales de la izquierda.

En Tribuna Socialista hemos venido dando cuenta de la resistencia y lucha que los militantes socialistas han librado y siguen librando; batallas para lograr que sus partidos se mantengan fieles defensores de los derechos conseguidos:

Desde el SPD al partido laborista británico, así como la posición sin fisuras dando apoyo a Pedro Sánchez, tanto en las primarias, bajo el lema “NO es No”, como en la moción de cesura para echar a Rajoy del Gobierno.

En España, el partido representante de la derecha más rancia ha alcanzado tal grado de corrupción que aún siendo el partido con más diputados, había perdido toda credibilidad para gobernar, dándose la paradoja que el PSOE con solo 85 diputados de los 350 que hay en Las Cortes, echa a Rajoy; derrota que es recibida con esperanza e ilusión por la mayoría social.

Las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, están siendo recibidas por trabajadores, jubilados, autónomos y jóvenes como las medidas mínimas de un gobierno de izquierdas, conscientes de que son insuficientes, en base a la situación extraordinaria de tener sólo ½ legislatura en el horizonte, y de ser un Gobierno cuyas decisiones e iniciativas dependen de pactos parlamentarios, en un Parlamento fragmentado, con la Mesa del Congreso en manos de PP y Ciudadanos, así como una amplia mayoría de derechas en el Senado.

Por nuestra parte, queremos saludar las medidas de acogida y recibimiento de los migrantes, los primeros pasos de dialogo con el President de Catalunya, Quin Torras, y de todas aquellas medidas que van encaminadas a satisfacer las demandas sociales y democráticas expresadas por la mayoría social.

Sin embargo, la prensa más representativa de los sectores afines a las instituciones del pasado abre titulares atacando al Gobierno de Pedro Sanchez:

En el artículo firmado por Bieito Rubido, director del ABC, el 11 de julio, empezó diciendo:   «El Gobierno más débil e hipotecado de la historia de la democracia no puede hacer otra cosa que lo que ayer Sánchez: enseñar los jardines de La Moncloa y ganar tiempo”. Para finalizar con la advertencia: “Hay que decirlo todos los días: la situación en España es muy peligrosa”.

Efectivamente la situación es preocupante, máxime cuando es el ABC, el periódico tradicional de la Monarquía, el que hace estas advertencias: ¿es casualidad o es un mensaje del Jefe de los tres ejércitos; cargo heredado del pasado?.

Por otra parte, los presidentes de las organizaciones empresariales Cepyme y CEOE, Antonio Geramendi y Joan Rosell, respectivamente, amenazan con no cumplir los acuerdos de subidas salariales si el Gobierno aplica sus planes impositivos.

Ningún partido quiere abrir el debate de Monarquía o República; como en el cuento “El Rey desnudo”, todos ven la situación, pero ninguno quiere decir en voz alta lo que ve: una institución desgastada, anacrónica, ligada a los escándalos de corrupción, más allá del caso Noos, que hoy actúa más como freno que como motor para el avance social.

Frente a la posición inmovilista de los partidos de la derecha; recordemos que es el PSOE el único Partido que promueve la constitución de una comisión parlamentaria para la reforma constitucional, que el PP acepta tácticamente para sacar adelante el 155 contra Cataluña; Que Podemos boicotea y que Ciudadanos y PNV, etc., rechazan.

Como socialistas tenemos la responsabilidad de buscar salidas políticas y no podemos aceptar cortapisas ni chantajes a nuestras políticas. Para ello, la izquierda tenemos que buscar todos los acuerdos posibles con otros partidos, sindicatos, colectivos sociales y con los grupos parlamentarios que junto a nuestro grupo parlamentario hicieron posible derrotar a Rajoy y sacar del Gobierno al partido que fundó el ex Ministro de Franco.

Es por ello que diferentes miembros del Comité de Redacción de TS dan soporte al llamamiento que militantes socialistas de diferentes agrupaciones del Estado español hacen, para que se convoque un evento republicano, junto con otros compañeros, con los que compartimos la idea de República como la forma de Estado, más democrática, para garantizar los derechos y libertades de trabajadores y pueblos.

Comité de Redacción

El cinismo de sus deseos y recomendaciones…

Leemos el último informe de la OCDE sobre indicadores de empleo en 2018… ¡Y oh!  sorpresa…No aprendemos y tenemos lo que nos merecemos. Resulta que las circunstancias de precariedad, desempleo y pobreza laboral son consecuencia de las, cada vez, más ralas, escasas, y «excesivas» regulaciones laborales…

Vuelven a ignorar, de manera decidida, que sus políticas son las que nos han llevado a esta situación: su responsabilidad en la crisis, la elusión de esta responsabilidad, y las recomendaciones  del propio  ladrón de bancos…»pongan alarmas que no funcionan, y vigilantes sordos y ciegos»…, han sido las auténticas causas de nuestra miseria social.

Volvemos a hacer responsables de las crisis económicas y de sus consecuencias, a quienes las sufren, a sabiendas de que el mercado de trabajo no causa estos problemas.

Los economistas, algunos economistas, nos explican como «expertos» nuestra economía…

Lo hacen como si esta ciencia tan extraordinaria, tan importante y compleja, como la ciencia que es, tuviese dogmas de fe incuestionables donde conceptos como resignación y austeridad calan en las decisiones q se adoptan, como las propias creencias religiosas, siendo aceptadas como inevitables, como naturales.

Sin embargo, nosotros pensamos que nuestra economía es como nuestra política, democrática, y como nuestro sistema político, parlamentario no presidencialista, lo que quiere decir que necesita también acuerdos y pactos,  y entre todos, el Pacto Social.

La economía es posiblemente por sus consecuencias, la ciencia  más social, con permiso de otras,  y su determinación en origen, depende de la elección que los ciudadanos tomamos con la libertad que tenemos a bien darnos y disfrutar.

Esta característica hace que los socialistas no aceptemos más política económica que aquella que, lejos de ideas preconcebidas, considera a los ciudadanos como centro de la atención, y su situación y visicitudes el objetivo a mejorar.

En consecuencia el retroceso social  que vivimos, fruto de la política económica de los gobiernos del PP respecto a derechos civiles, sociales,  y laborales nos orienta a una política progresista de reconstrucción de nuestros derechos y libertades, y  nosotros mujeres y hombres  libres,  socialistas,  consideramos que podemos trascender esta situación de regresión social mediante la política entendida como el ejercicio de la justicia social, y de la economía como servidora de las personas y sus circunstancias.

Eduardo Hernández Oñate

Afilado al PSM-PSOE en la Agrupación de Barrio de Salamanca

Adherido a Izquierda Socialista

Acto por la libertad de Dolors Bassa

El pasado jueves dia 7 de junio se celebró un acto en la sede de UGT de Cataluña.

El acto convocado por militantes ugetistas impulsores de la recogida de firmas pidiendo su libertad, y que entre otras cosas, dice el texto de firmas

» Lo hacemos como militantes del movimiento obrero que, hoy como ayer, estamos convencidos de que defender la libertad nunca puede dividir a la clase obrera».

Al acto acudieron 120 militantes entre afiliados, delegados, responsables comarcales y miembros del Secretariado Nacional de Cataluña.

Se informó de las más de 200 firmas recogidas hasta el momento, entre los firmantes hay compañeros y compañeras de todas las comarcas de Catalunya, también se informó de que empiezan a llegar las primeras firmas de compañeros y compañeras del resto del estado, destacando la importancia de que la recogida de firmas se extienda por todo el país.

En el acto fueron leídos comunicados de varios compañeros, entre los que destacaba el del diputado de ERC Jordi Salvador.

Hubo intervenciones que destacaron el carácter humano de la compañera Dolors, otras su compromiso militante a favor de las reivindicaciones, su labor como ugetista, como secretaria general de UGT de las comarcas de Gerona y como Consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y familia que lo fue del Gobierno de la Generalitat.

Todas las intervenciones coincidieron en que la UGT, como sindicato con más de 130 años de historia no puede  dejar de defender a sus militantes por tener unas ideas distintas al Gobierno de Rajoy o cualquier otro, las leyes que encarcelan a políticos por sus ideas, a raperos por sus canciones, a titiriteros por sus obras son las mismas leyes que tienen encausados a mas de 300 sindicalistas por ejercer el derecho de huelga, no lo podemos permitir, nos quieren atemorizar para que no defendamos derechos y libertades, subrayó alguno de los que intervinieron en el acto.

El acto finalizo con la constitución de un comité de ugetistas por la libertad de Dolors Bassa, con el compromiso de organizar una delegación para visitarla a la cárcel y organizar un acto en Madrid a poder ser en los locales de UGT y con la sala en pie gritando por la libertad de Dolors Bassa.

Jose Antonio Iniesta

Tribuna Socialista Catalunya

Izquierda Socialista es republicana

Izquierda Socialista siempre se ha reclamado republicana. El republicanismo es consustancial a la naturaleza misma de la corriente y estaba en el pensamiento político de quienes la constituyeron. Así se expresaba Luis Gómez Llorente, el 11 de mayo de 1978 en la defensa del voto particular del PSOE, en el Congreso de los Diputados, en pro de la República como modelo de Estado:

“…es un axioma que ningún demócrata puede negar, la afirmación de que ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas.  Nosotros agregaríamos: se debe incluso facilitar la libre determinación de las generaciones venideras” 1

La República no es para nuestra corriente una celebración festiva que se produce una vez al año, de manera extraoficial. Ni es una rememoración romántica de una etapa de gran prosperidad en cultura y libertades, que fue truncada por el violento golpe militar animado por los poderosos de la sociedad.

La República es el modelo de Estado que hoy puede regenerar la corrompida vida política de nuestro país. Es la puerta por la que salir hacia un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras.

No renegamos de La Constitución de 1978, pero está superada. Fue una Constitución para la transición de un régimen fascista, dictatorial y criminal a una democracia que había que construir. Tras 40 años, corre el riesgo de convertirse en un freno para la evolución democrática.

Ciertamente no hay nada escrito que diga que caducaba en tal o cual fecha, pero es que las leyes, las constituciones también, alcanzan su obsolescencia cuando la sociedad percibe que sus problemas no son solucionados por las leyes.

La Constitución de 1978 además arrastra muchos elementos del régimen que había que superar, como es lógico al ser producto del consenso y tener por objetivo transitar de un régimen criminal e ilegítimo a un régimen democrático, aunque esa democracia no fuese perfecta.

Uno de los sesgos más simbólicos es el vago concepto del aconfesionalismo, que ha permitido continuar con la Iglesia católica inmiscuida en los asuntos de Estado. O dicho de otro modo, el Estado continúa bajo palio, dando dinero público a la Iglesia para que pueda mantener sus negocios en sectores estratégicos como la educación, la salud o las organizaciones no gubernamentales, de las que la Iglesia es propietaria del más del 80%. Una Iglesia que está presente en todos los actos de Estado, evidenciando sus privilegios y su poder.

Ya es hora de resolver este asunto e introducir el concepto del laicismo, para respetar el sentir del pueblo respecto a la separación de Estado y religión, sin menoscabo del respeto a la fe en el ámbito privado. Y el concepto de laicidad, para garantizar un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos.

Lo que ya no es un sesgo sino una herencia directa del pasado, es que el Jefe del Estado sea a su vez, según el Artº 62 h) de la CE “El mando supremo de las Fuerzas Armadas”.

Lo que quizás no todos los ciudadanos sepan o recuerden es que este precepto de la Constitución se basa en la ley 16/75 de 20 de noviembre de 1975, es decir que el Rey es militar antes que rey. Este anacronismo es el que hace dudar de si en la denominación del modelo de Estado “Monarquía Parlamentaria”, pesa más el sustantivo o el adjetivo.

Es quizás por lo que parece que la democracia tiene el límite en no cuestionar las herencias del pasado; lo venimos viendo con las incomprensibles trabas para hacer justicia a la memoria histórica y poner fin al dolor de las víctimas del franquismo.

Como Constitución de transición que fue, el Artº 2 refleja la necesidad de “contentar” a las partes para alcanzar el necesario consenso que se habían marcado. Este Artº, refleja el sentir del pasado: “España una grande y libre” que estaba incorporado en la banda del negruzco águila, símbolo de la España franquista; cuando dice dicho artículo: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…” para acto seguido decir: “…y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”

Vale que en aquel momento hubiese que casar voluntades, incluso si el papel que todo lo aguanta se acercase muchísimo a lo contradictorio, pero han pasado 40 años y es preciso evolucionar, pasar página definitiva al franquismo, apartar todos sus sesgos, herencias y reminiscencias.

Tenemos que felicitar a nuestro Partido, por la iniciativa parlamentaria de constituir una Comisión para la reforma constitucional. Es un paso importante y valiente que no puede saldarse con un mero cambio estético.

Esta iniciativa tiene que ir acompañada de un sano debate en las agrupaciones del Partido, y es el Partido el que debe liderar un debate abierto en la sociedad, para recabar el sentir de la ciudadanía y para madurar nuestra posición, para enriquecerla con las aportaciones de otras fuerzas políticas que se identifiquen con la República como modelo de Estado.

Las leyes hay que cumplirlas, pero las leyes no pueden ser el obstáculo para el avance democrático de los pueblos. Hay que dejar atrás la España de las Autonomías, para avanzar hacia la España Federal, en la que los pueblos que componen el Estado español puedan decidir cómo se relacionan entre sí, desde la libertad y no desde la imposición.

Son muchos los aspectos que hay que reformar en la Constitución, como lo es la necesidad de blindar el Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Dependencia y Pensiones públicas. Como es necesario poner nitidez en la separación de poderes, particularmente entre Ejecutivo y Judicial.

Hay que avanzar en la democratización y transparencia de la elección de los jueces; colectivo social que está impregnado de los sesgos del pasado antes referidos.

No será un trabajo fácil ni rápido, pero es un trabajo necesario, vital, en el que IS tiene un papel muy importante que jugar.

1.-http://www.escoladeferrado.es/wp-content/uploads/2014/06/19780511-CONGRESO-REPUBLICA-VOTO-PARTICULAR-PSOE-GOMEZ-LLORENTE.pdf

Comunicación realizada por Roberto Tornamira de IS-Madrid, afiliado en la Agrupación de Arganzuela.

Hay que derogar el Artº 315.3 del Código Penal

El 29 de marzo de 2012 tuvo lugar la Huelga General, convocada por los sindicatos UGT y CCOO y secundada por la práctica totalidad de las organizaciones sindicales y estudiantiles; contra la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular, la más salvaje y agresiva que hemos conocido.

Millones de trabajadores secundaron la huelga; el Gobierno reconocía que 800.000 manifestantes participaron en las movilizaciones de la tarde del día 29 en distintas ciudades; fueron muchos más de 2 millones, teniendo en cuenta el criterio de aquel Gobierno de minimizar los efectos de una huelga contra sus medidas laborales, comprometidas con la Comisión Europea: recordemos como reportaba Luis de Guindos, Ministro de Economía del Gobierno Rajoy, a Jean-Claude Junker, Presidente del Consejo Europeo en aquel entonces, hoy Presidente de la Comisión Europea: “será una reforma extremadamente agresiva”, dijo el Ministro de Rajoy.

Aquella noche, como en todas las huelgas, miles de militantes sindicales, obreros concienciados de lo que nos jugábamos, salimos a colaborar en los piquetes informativos para fomentar e informar de los motivos de la huelga. Entre ellos estaban los compañeros José Manuel Nogales y Rubén Ranz, militantes de la UGT, trabajadores del sector de hostelería y Comercio respectivamente.

Fueron detenidos junto al lujoso Hotel Ritz, en Madrid, en la Plaza de la Lealtad. Desde entonces han pasado un calvario judicial, al ser acusados por la fiscalía, en connivencia con la policía con falsedades que lo único que perseguían era la criminalización de la huelga, buscando sentencias y penas ejemplarizantes para disuadir al movimiento obrero de hacer huelga, induciendo a los trabajadores a renunciar de su derecho constitucional para la defensa de sus legítimos derechos: la fiscalía llegó a pedir penas de 14 años de cárcel para Rubén y José Manuel, 7 para cada uno. En el caso de los encausados de Airbus el conjunto de los años solicitados por la fiscalía alcanzaron los 64 años de cárcel, 8 para cada compañero.

Estos criterios fiscales y policiales, absolutamente desproporcionados, han emanado del Gobierno del PP, por suerte hoy fuera del poder gubernamental. La consecuencia ha sido que más de 300 trabajadores y trabajadoras, como Rubén y José Manuel, como los ocho compañeros de la planta de Airbus en Getafe, han pasado y muchos de ellos continúan pasando por un drama personal y familiar.

Tras más de seis años, el pasado día 28 de mayo, fue publicada la sentencia de apelación 191/18 de la Audiencia Provincial de Madrid, contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3, de 17 de julio de 2017, sentencia de la Audiencia provincial en la que les da la razón a los compañeros, al considerar que, examinada la grabación audiovisual, no hubo coacción ni intimidación y que el trabajador afectado no se sintió en ningún momento obligado a abandonar su puesto de trabajo, “no pudiendo derivarse la intimidación o el temor del mero hecho de que los componentes de un piquete insten de otros trabajadores la adhesión a la huelga, ya que ello forma parte de sus facultades de información, publicidad y propagación de sus reivindicaciones, las cuales no sólo son plenamente legítimas, sino que integran el contenido de un derecho fundamental”.

Tras conocer la sentencia, desde UGT, se insiste en la necesidad de derogar el artículo 315.3 del Código Penal, aún vigente, que tipifica como delito “la conducta de quienes actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. La derogación de dicho artículo del Código Penal, será la medida necesaria para acabar con situaciones de injusticia como esta y como las sufridas por otros muchos sindicalistas de nuestro país.

​Es necesario recordar que el Artº. 315.3 del Código Penal desciende del artículo 496 del viejo Código Penal, que se introdujo precisamente en el periodo entre la muerte del dictador y cuando aún no habían sido legalizadas las organizaciones sindicales, a través de la reforma del Código Penal producida en julio de 1976. El objetivo declarado de la norma era el de “hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”. Eufemismo utilizado con el objetivo de intimidar a las organizaciones sindicales entonces todavía clandestinas.

No exageramos cuando afirmamos que el PP es un partido heredero del franquismo; es un hecho que mantiene intactas sus posiciones filofascistas.

Junto a la “ley Mordaza” y a otras medidas que restringen la libertad de expresión y movilización, introducidas por el anterior Gobierno del PP, es urgente la derogación del Artº 315.3 del Código Penal.

La absolución de los compañeros encausados es un triunfo de la clase trabajadora con sus movilizaciones y el apoyo sindical y jurídico ejercido por los sindicatos de clase.

Roberto Tornamira Sánchez

Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista