El manifiesto unitario de UGT y CCOO para este 1º de mayo declara su compromiso con un sindicalismo internacionalista y solidario como herramienta esencial para construir sociedades más justas y democráticas, rindiendo homenaje a quienes han sido perseguidos o asesinados por defender derechos laborales y sociales. Se condena la invasión rusa de Ucrania y se exige el fin de la ocupación en Palestina, apoyando el derecho del pueblo palestino a un Estado propio que conviva pacíficamente con Israel. Ante la guerra comercial promovida por la administración Trump, llaman a una respuesta coordinada de la Unión Europea, destacando la necesidad de enfrentar las políticas de la extrema derecha que socavan el Estado del bienestar. Se pide un refuerzo de la cooperación entre los estados miembros para avanzar hacia una Europa unida, priorizando la justicia social y la reducción de desigualdades. En España, se enfatiza la importancia del diálogo social para promover el empleo digno y mejorar salarios mediante negociación colectiva. Se exige la aprobación legislativa que ha de regular el acuerdo sobre la jornada máxima legal de 37,5 horas semanales. También se aboga por el derecho a la vivienda y por avance en la igualdad de género y en la lucha contra la violencia machista. Este Primero de Mayo, hacen un llamado a la movilización en defensa de derechos laborales y sociales, y en apoyo del proyecto europeo como base para la democracia social y el progreso. Se plantean diversas demandas, como la reducción de la jornada laboral, la mejora de salarios, la igualdad de género y el fortalecimiento de los servicios públicos, todos esenciales para lograr un futuro mejor. Sin embargo, ninguna alusión a los compromisos del gobierno para dedicar el 2% del PIB a políticas de defensa y seguridad nacional.
No hacer alusión alguna, significa acuerdo tácito con los planes de inversión en industria de la seguridad y la defensa. Significa acuerdo tácito con la inversión de 10.471 millones de euros que podrían estar destinados a otras prioridades sociales como el reclamado derecho a la vivienda, la reclamada lucha contra la violencia machista y por la igualdad de género, o la reactivación de la industria española o la mejora de las pensiones. Creo que es una oportunidad perdida por los sindicatos para ofrecer un punto de vista diferente del gobierno, poniendo el acento en las inversiones que son prioritarias para nuestra economía y para la clase trabajadora, y que bajo mi punto de vista y el de muchos socialistas, no pasa por prepararse para la guerra, sino para mejorar nuestros servicios públicos y producir bienes y servicios que nos permitan ser autosuficientes respecto de ese loco mundo dislocado y probelicista. Es la forma de proteger lo conquistado y ganar el futuro.
Millones de estadounidenses empiezan a padecer las repercusiones de las políticas de Trump. El mayor ataque contra la clase trabajadora: •Aumento de los precios de bienes de primera necesidad: La aplicación de aranceles resultará en un aumento inmediato de los precios. Según Reuters, un 73 % de los estadounidenses anticipan un incremento en los precios de artículos esenciales. •Riesgo para las pensiones: Los fondos de pensiones han perdido mucho dinero de sus fondos, como consecuencia del colapso de las bolsas. •Servicios públicos: Los empleados federales enfrentan la amenaza del despido. Han perdido el derecho al teletrabajo y su capacidad de negociación colectiva está en riesgo. •Inmigración: El sector de la clase trabajadora más afectado por las políticas de Trump son los inmigrantes. Expulsiones rbitrarias, multas a los inmigrantes que no se marchen tras una orden de expulsión, cancelación de solicitudes para entrar en el país. Criminalización de la inmigración y deportaciones a cárceles de El Salvador.
•Aumento del gasto en el presupuesto militar: En detrimento de los derechos civiles y los derechos sociales.
Más de 1 millón de estadounidenses se manifestaron a prinicipios de abril en 1400 ciudades de todo el país bajo el lema «Hands off», (Aparta tus garras…de nuestros derechos y libertades». Un lema que refleja la oposición frontal a toda la agenda de Trump. La política arancelaria, el desmantelamiento de los servicios públicos, la militarización o la ampliación del poder presidencial son objeto de las protestas. Concretamente, algunas de las demandas de los organizadores fueron;
•“El fin del control multimillonario y la corrupción desenfrenada de la Administración de Trump. •El cese de los recortes en fondos federales para Medicaid, la Seguridad Social y otros programas de los que dependen los trabajadores. •La finalización de los ataques a inmigrantes, personas trans y otras comunidades.
“Ya sea que te movilices por los ataques a nuestra democracia, la reducción de empleos, la invasión de la privacidad o el asalto a nuestros servicios —este momento es para ti”
“Estamos buscando construir un rechazo masivo, visible y nacional ante esta crisis”.
También Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) fueron objeto de las proclamas de los manifestantes:
«No queremos reyes» «No al fascismo» «Apoyo a los trabajadores federales»
Parece que estas movilizaciones han despertado al fin a algunos demócratas: El octogenario Bernie Sanders y la líder antitrumpista, Alexandria Ocasio-Cortez, están organizando eventos para organizar una oposición en torno al lema “Combatir la oligarquía”, También, y es un hecho muy importante, las principales organizaciones sindicales se unieron a la convocatoria de manifestación por el rechazo a Trump y a sus políticas antiobreras. Hay que recordar que en Estados Unidos existe una clase trabajadora organizada de casi 15 millones de personas que están afiliadas a sindicatos y que defiende sus logros sociales enfrentándose al capital y a los gobiernos. Actualmente, se enfrenta a los ataques del gobierno de Trump y busca establecer su propia alternativa política. Mientras tanto, los propios republicanos empiezan a dudar, ya que ven como las políticas anti migratorias encarecen la mano de obra y las políticas arancelarias encarecen las importaciones de materias primas y componentes para la industria. Atentos a lo que puede llegar! La clase obrera americana se organiza.
He leído atentamente el artículo titulado «El Gobierno tiene las manos manchadas de sangre» en la sección de Tribuna abierta (sección donde se publican artículos que no tienen porqué coincidir con la posición de algunos de los miembros del comité de redacción). Sin querer erigirme en portavoz de la postura oficial del gobierno ni del partido en el que milito (PSC), no puedo dejar de expresar mi opinión sobre el desafortunado título, que en aras a la democracia y diversidad de pareceres, publicamos en esta revista mensual. Mi crítica al artículo va más allá del título, que por sí solo ya merecería réplica, puesto que conozco a algunos de las personas que gobiernan en nuestro país, y piensan exactamente igual que yo: no se tiene que comerciar con Israel, y el genocidio del pueblo palestino es intolerable. No solo triste, atroz e inaceptable, sino también criminal. Dicho esto, el artículo parece tener más que ver con cargar contra el gobierno de España que buscar alianzas y apoyos para acabar con el genocidio, defender al pueblo palestino o llevar a los sionistas frente a la justicia.
Para empezar, no leo ninguna crítica al perverso sistema económico capitalista, en aras del cual, los capitales se concentran en fondos de inversión que buscan su rentabilidad en la venta de armas o el narcotráfico. Es el verdadero cáncer. Un capital financiero que busca maximizar el beneficio importando un bledo cómo ni porqué. Es el capitalismo el que produce guerras y financia a genocidas. Delante de este capital financiero está la gran banca internacional, incluída la española (BBVA, Santander o Caixabank) han financiado y financian la indústria de la guerra, y también a las empresas armamentísticas de Israel. No me extenderé.
Pueden leer el artículo publicado por Oscar F, Civieta en el diario digital «La Marea» que encontrarán en este enlace. Estoy de acuerdo con Añys Samson en que hay que poner fin al comercio de armas con Israe. Incluso, si me apuras, creo que hay que poner fin al comercio de armas, no solo con Israel. También estoy de acuerdo que ante el genocidio del pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania no se puede ser neutral y me sumo a la exigencia de máxima proactividad española e internacional para evitar que el gobierno sionista de Israel se financie o reciba armamento o tecnología que pueda ser utilizado para masacrar al pueblo palestino o cualquiera otro. Mi máximo respeto a la campaña «Fin al Comercio de Armas Con Israel», liderada por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), e integrada por más de 600 organizaciones de la sociedad civil. Y mi máximo apoyo para romper relaciones comerciales con Israel, de la que casi soy cómplice.
Les contaré una terrible anécdota: como concejal de contratación pública del ayuntamiento donde tengo el honor de estar, me toca presidir las mesas de contratación. Para todo aquella persona profana en la materia, los contratos públicos de la administración se someten a la Ley de contratos del sector público. Esta Ley establece el procedimiento a seguir para contratar un servicio de suministro, de obras, de bienes o servicios. Pues bien, recientemente teníamos una licitación para el suministro de material de protección (chalecos) para la policia local. Mi sorpresa fue cuando descubrí que una de las empresas que concursaba era israelí. Con la ley en la mano, me fue imposible evitar dicho concurso. ¿se imaginan que hubiera ganado esta empresa israelí? ¿tendría yo las manos manchadas con la sangre del pueblo palestino?. Afortunadamente, esta empresa no ganó, pero eso me hace pensar que debemos instar a un cambio de normativa en la ley para evitar que empresas de países cuyo gobierno está vulnerando los derechos humanos pueda concursar y hacerse con servicios de suministro en España.
No tengo los datos suficientes, para saber si esto mismo es lo que ha pasado con la contratación de las balas del ministerio de interior, pero apoyo plenamente al gobierno de Pedró Sánchez en la ruptura del contrato, igual que apoyo a Pedro Sánchez en las condenas públicas a los ataques israelís en la franja de Gaza, o cuando reconoció el estado palestino (que ahora por cierto, se propone Francia). Y coincido con que se debe hacer más: decretar un embargo de armas, promover el reconocimiento internacional del Estado Palestino, promover alianzas para parar el genocidio y llevar a Netanyahu a los tribunales, promover soluciones para la convivencia del pueblo palestino y el pueblo israelí. Pero para todo ello, no podemos equivocar el foco. Hay que acabar con esos fondos de inversión, refugio del capital para financiar la destrucción y la muerte como negocio. ¡Socialismo o barbarie!. Pues mientras en el mundo crecen las oligarquías y la extrema derecha, lo que tenemos es barbarie. España está en el lado correcto de la historia, con el pueblo palestino, y creo no se deben cometer más errores y que debemos buscar unidad entre quienes tenemos el mismo objetivo sin pegarnos un tiro en el pie, buscando enemigos en los aliados de clase. Por ello, no, el gobierno no tiene las manos manchadas de sangre, y mi apoyo al gobierno para acabar con el apoyo internacional a Israel.
En el mes de febrero, Tribuna Socialista tituló su editorial en TS-163: “El siglo de las crisis”. Se desglosaron las cuatro crisis sufridas desde 2002 comenzando por la entrada del euro, hasta 2022 con el inicio de la guerra en Ucrania y la onda expansiva en forma de ola inflacionaria que ha recorrido Europa. Finalizando con la guerra de aranceles que Trump anunció en su toma de posesión el 20 de enero.
Una secuencia de crisis encadenadas, de naturaleza distinta, pero con un común denominador: el alza de los precios, y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de sueldos y pensiones. Una crisis por lustro en lo que llevamos de siglo XXI. Y ahora, como si se tratase una función circense, pero con payasos sin gracia, el líder del imperialismo estadounidense anuncia una imposición arancelaria que nos arrastra a una guerra comercial mundial.
No deberíamos ver esta situación como el producto de un loco impresentable, por muy deplorable que nos parezca y sea Donald Trump y la “troupe” que lo acompaña y adula. Esta es una situación lógica; teniendo en cuenta la deriva del sistema económico hegemónico que rige el mundo, llámese liberalismo económico, capitalismo o libre mercado.
El imperialismo estadounidense no está actuando de forma distinta a como ya actuó en el pasado, al imponer a la brava sus condiciones, en favor de sus capitalistas. Ya lo hizo Nixon, otro “glorioso” presidente yanki cuando en 1971 impuso el dólar como moneda de referencia, abandonando el patrón oro. Por qué lo hicieron, porque la guerra de Vietnam metió a los EE.UU., en una dinámica en la que se priorizó la industria militar y en consecuencia le llevó a un gran endeudamiento y a un déficit comercial al tener que importar (comprar a otros) en lugar de exportar (vender a otros). Hoy, la deuda externa de los EE.UU., asciende a 32,9 billones de dólares y un déficit comercial (diferencia entre importaciones y exportaciones) de 1,2 billones de dólares anuales.
La economía capitalista es un campo plagado de contradicciones:
Estados Unidos se aplica con fuerza en garantizar que el dólar sea una moneda fuerte, a ser posible la más fuerte; de eso se trataba cuando Nixon impuso el dólar como patrón de cambio, en lugar del oro. Esto provoca que los productos y servicios que se producen fuera de los USA resulten más económicos que los que se producen en Estados Unidos y, por ende, los consumidores prefieren comprar coches alemanes y/o japoneses que estadounidenses.
Para paliar la reducción de ventas, muchas fábricas estadounidenses, incluidas las automovilísticas, optaron hace décadas por deslocalizarse a países con mano de obra barata. La consecuencia en Estados Unidos fue la caída brutal de la antes floreciente Detroit.
Estados Unidos se comporta como un Estado matón, rol que ha adoptado Israel. Un rol propio de países que gastan en armamento cifras astronómicas: EE.UU., dedicó a gasto militar 861.633 millones de dólares en 2023 (un 9,06% de su gasto público, que no es lo mismo que el PIB).
Llegados a este punto, Estados Unidos comete los mismos errores del pasado, alienta y alimenta un sistema económico contradictorio- aceptado por casi todos los países; incluidas Rusia y China- y ahora quiere cargar sobre las demás economías sus problemas económicos.
Las consecuencias materiales las vamos a pagar los de siempre, los consumidores; y cuanto menor sea la capacidad de compra mayor será el empobrecimiento, pues el litro de aceite y la barra de pan cuestan lo mismo a un trabajar que cobra el SMI que a la presidenta del Banco Santander.
Otra consecuencia puede ser el debilitamiento de las redes públicas de protección social: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, ya ni hablemos del desarrollo de planes de construcción de vivienda protegida.
Estados Unidos, en su búsqueda de negocio para reducir el déficit público, nos ha empujado a una guerra en Europa. Ha presionado por todas las vías: económicas y militares, y ha conseguido apropiarse del negocio energético que Rusia tenía hasta 2022, un negocio de 40.000 millones de euros anuales en gas y petróleo. Ahora, una vez consolidado el negocio, se retira del conflicto, y no conforme con el botín (ser el mayor proveedor de Europa de gas natural licuado), pretende apropiarse de los minerales ucranianos y de su energía nuclear.
La Unión Europea se equivocará si se deja arrastrar al incremento del gasto en Defensa, tal y como exige Trump. Pondrá en riesgo la estabilidad social de los pueblos del continente europeo y no será más que un títere de los EE.UU., en su guerra, de momento comercial, con China: país que se ha convertido en el taller del mundo, cuyo sector industrial ha crecido hasta representar más del 40% de su PIB, gracias a la deslocalización de las grandes multinacionales industriales y a que produce sobre explotando a su pueblo.
La guerra arancelaria no va a impedir que Levi Strauss & Co deje de comprar el algodón a China ni que deje de confeccionar en India o en Méjico. Puede que las empresas que se deslocalizaron a China, buscando sueldos bajos, se trasladen a países como Vietnam o a Bangladesh, pero difícilmente trasladarán su producción a Estados Unidos, más que nada porque la clase trabajadora estadounidense no aceptará trabajar por salarios anuales de entre 6.000 y 18.000 dólares anuales, que es la horquilla salarial en Vietnam, para la mal denominada clase media: el sueldo mínimo en Vietnam es 360 dólares mensuales.
Esta lógica vale para el empresariado estadounidense y para el empresariado español, pues esta guerra comercial no va a llevar a Inditex a traer a España sus fábricas de Pakistán, China o Marruecos. Tendrían que cumplir con los convenios colectivos del textil en nuestro país, y por ahí D. Amancio si que no pasa.
Este sistema económico, nos llevó a la primera guerra mundial por la competencia por las materias primas de los países colonizados. Nos llevó a la segunda guerra mundial porque una serie de criminales como Hitler y Mussolini quisieron arrebatar el control colonial a las potencias hegemónicas y ahora, el gran imperialismo norteamericano, en manos de un fascista, nos está empujando hacia una tercera conflagración, porque para resolver sus problemas tiene que hacerse con mercados que controla Rusia, un país en manos del jefe de un grupo de oligarcas que se ha apropiado de los bienes y riquezas de su propio pueblo, y de China, un país en manos de un partido que dice que es comunista pero que explota a su propio pueblo.
En esta “lógica” criminal se mueve Netanyahu, que ha decidido apropiarse de la franja de Gaza, animado por el anormal de la Casa Blanca, y antes animado por Biden.
La guerra no es de los pueblos, ni la bélica ni la económica, es contra los pueblos.
Son los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, pero no son los únicos.
El domingo 23 de marzo miles de personas nos hemos manifestado en las calles de Madrid, pasando por la puerta del Congreso de los Diputados, para reclamar la defensa efectiva de los servicios públicos, es decir, para pedir que se les dote de mayor presupuesto y para que se desprivatice lo privatizado.
Los servicios públicos están infradotados presupuestariamente, prueba de ello es la falta de profesionales y medios que se sufre en todos ellos: falta de pediatras en la atención primaria madrileña, falta de medios para el tratamiento del cáncer en Soria, déficit de personal de enfermería en Andalucía… son ejemplos concretos de la situación que se vive, aunque sería más correctos decir se sufre, en todas las comunidades autónomas, en unas con mayor intensidad que en otras, pero en la práctica totalidad hay un deterioro del sistema sanitario público.
Según datos de la OCDE, España gasta un 20% menos en Sanidad que la media de los países europeos. Pero el déficit no solo afecta a la Sanidad. En la Educación Pública de primaria y secundaria hay déficit se personal docente y de apoyo, de tal modo que cada día es mayor la carga de trabajo administrativo que los docentes se ven obligados a soportar. La infra dotación presupuestaria en las universidades es galopante.
El déficit de personal en las residencias de mayores es endémico y la escasez de plazas en función de las necesidades es brutal: a primeros de año se estimó que, en el conjunto del país, se necesitaban 35.000 plazas para atender la demanda de personas con Dependencia Severa. En Madrid son 270.000 las personas que, teniendo más de 65 años, viven solas.
Además del déficit presupuestario, que provoca la escasez de personal y medios, la Sanidad, la Educación y la Dependencia tienen en común la privatización por la vía de los conciertos y convenios con entidades privadas, lo que supone una sangría de dinero público que se despilfarra y va a parar al accionariado de fondos buitre y todo tipo de especuladores, caldo de cultivo para la corrupción.
Carrera de San Jerónimo (Madrid) 23 de marzo-25
Las pensiones tienen un elemento fundamental, como es que las pensiones por jubilación, orfandad y viudedad no se pagan con impuestos, sino que son parte del salario que los trabajadores y trabajadoras destinamos al pago de las pensiones.
Es la parte que pone el Estado, para los complementos a mínimos, la que se nutre con los impuestos. Y es la utilización indebida del dinero aportado por los trabajadores y trabajadoras lo que ha generado una deuda del Estado para con las pensiones valorada, en 2023, en más de 140.000 millones de euros, según el ministro de Seguridad Social, en Sr. Escrivá -hoy Gobernador del Banco de España-. Y es por este motivo que el movimiento de pensionistas consiguió que en la Ley 21/2021 se introdujese la Disposición Adicional Sexta, por la que tenía que encargarse un informe de Auditoría que abarcase el periodo 1967 a 2019. Pero este precepto legal no ha sido cumplido por el actual Gobierno. Hay que continuar exigiendo el cumplimiento de la ley, para saber cuánto dinero debe el Estado a las pensiones, es decir a los trabajadores y trabajadoras, de modo que se termine de una vez por todas con las dudas interesadas sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Y, en todo caso, el Estado debe ingresar la cantidad de dinero reconocida por el Ministerio de Seguridad Social y por los informes del Tribunal de Cuentas.
Hay otros servicios que deberían ser un servicio público, pero que no lo son. Solo dos ejemplos: Vivienda y Banca.
Desde 1981 se vienen haciendo planes plurianuales para la promoción de viviendas protegidas. Hay que aseverar que el Estado ha fracasado estrepitosamente en esta materia. El error es de enfoque, y es que, en lugar de pensar en el número de hogares que el Estado debía proveer, se ha pensado siempre en utilizar la promoción de vivienda de protección oficial para fomentar la actividad económica. El mercado, no conforme con eso, se ha dedicado a corromper a los políticos que se han prestado a ello para hacerse, a bajo coste, con la propiedad de las viviendas construidas con dinero público; es el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el periodo de la alcaldía de la señora de Aznar.
La banca por su parte es un negocio cautivo en manos de una oligarquía bancaria. Un negocio que cuanto más sufre la mayoría de la sociedad mayores beneficios consiguen, a costa de comisiones abusivas, altos intereses en los productos financieros y prácticamente nula remuneración a los depósitos, incluso en etapas en las que el precio del dinero ha subido. Este paraíso del beneficio especulativo se ha creado en dos etapas: una primera con la privatización de la red de banca pública que tenía el Estado, Argentaria; y una segunda con la dilapidación de las cajas de ahorro, de las que se han apropiado los bancos, con la jugosa aportación del Estado, por valor de más de 100.000 millones de dinero público -35.000 de coste de la SAREB + 65.000 dinero para el saneamiento de las entidades-. Tras estas acciones del Estado a favor de los intereses del capital financiero, ha venido la conformación de un oligopolio de 5 grandes entidades que no han colmado sus ansias de concentración.
Los servicios públicos no son un lujo, ni un capricho, son una necesidad que se paga principalmente con las aportaciones de los trabajadores y trabajadoras, a través de los impuestos y las cotizaciones. Es la minoría, pudiente, la que, insolidariamente, no quiere pagar impuestos y en los servicios públicos no ve una necesidad, porque ellos no los necesitan.
De modo que es de celebrar que haya movilizaciones en defensa de los servicios públicos, la pena es que no haya más y que no las convoquen en unidad todas las organizaciones de los trabajadores, políticas y sindicales.
La mejor vacuna contra el fascismo son los derechos sociales y una buena red de servicios públicos.
Inicio de la manifestación en la Puerta del Sol (Madrid) 23mar25
Enrique Vega Fernández es Coronel de Infantería retirado. Diplomado en Operaciones Especiales, Paracaidismo y Buceo. Diplomado del Estado Mayor y del Colegio de la OTAN. Fue Mando de compañía y regimiento. Ha participado en operaciones de paz de la ONU y la OTAN en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Mozambique, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Kosovo.
Licenciado en Psicología y doctor en Paz y Seguridad Internacional (IUGM, UNED) con la tesis doctoral “Los conflictos armados del cambio de milenio”. Profesor de Gestión de Crisis y Resolución de Conflictos en el IUGM.
Autor de “Los conflictos armados del neoliberalismo”; “Protección Civil y Fuerzas Armadas: la Unidad Militar de Emergencias”; “Operaciones militares de gestión de crisis. Tipos, evolución y características”; “La Unión Europea frente a las catástrofes. ¿Es factible una unidad multinacional europea para emergencias?”; y “Somalia. Otras publicaciones colectivas y artículos en medios de comunicación”.
Pregunta: Detrás de la guerra que comenzó en Ucrania en febrero de 2022 hay tres elementos, al menos: el avance de las OTAN hacia el Este, la decisión de la UE de no depender de la energía rusa (gas y petróleo), y la tendencia expansionista de Putin hacia las antiguas federaciones de la extinta URSS ¿Cuál de ellos piensas que pesó más en el estallido del conflicto?
Creo que en este conflicto más que “el peso” de cada elemento, lo que nos puede aclarar los acontecimientos es la cronología. De los tres elementos, el primero es el avance de la OTAN hacia el este, hacia las fronteras rusas, a pesar del acuerdo (informal, pero firmado) con Gorbachov en 1991. Como consecuencia, cuando este avance puede llegar a Ucrania (Decisión de la Cumbre de la OTAN de Bucarest de 2008 de admitir a Ucrania y Georgia en la OTAN), es cuando Rusia considera que se ha traspasado un límite, para ella inaceptable, debido a las circunstancias especiales de Ucrania y en 2014 (ocupación de Crimea) y 2022 (invasión de Ucrania) decide saltarse el Derecho Internacional. El caso especial de Ucrania es que no era un miembro más del antiguo Pacto de Varsovia como otros muchos países eurorientales que se habían incorporado a la OTAN, sino República de la propia URSS, como lo eran los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania (miembros de la OTAN desde 2004), que encierran por el norte a Rusia (y Bielorrusia), como lo hace Ucrania por el sur. La decisión de la UE de no depender de la energía rusa es evidentemente consecuencia directa de la invasión rusa de Ucrania en 2022.
Pregunta: Se está hablando de rearme, aunque es un término que no es confortable para todos. Desde un punto de vista profesional, militar, ¿lo que las instituciones europeas están planteando es un rearme?
Según la RAE, rearme es la política consistente en el incremento del armamento disponible por un Estado. Luego en un sentido puramente gramatical, lo que la Comisión Europea está proponiendo es un rearme. Otra cosa es que se lo quiera adornar con otras expresiones, debido a aquello de lo políticamente correcto, introduciendo propuestas y acciones que no corresponden exactamente al ámbito militar y, por lo tanto, del “rearme”.
En su reciente borrador de Estrategia de la Preparación de la Unión Europea se citan como riesgos a compensar por la Unión Europea expresiones cómo: ”agresiones armadas a uno o varios países europeos” y entre las “acciones clave” a llevar a cabo se habla de “maniobras militares conjuntas y cursos especializados para jóvenes y adultos” (quizás como compensación a la no existencia de servicio militar obligatorio).
Por otra parte, se habla de desplegar fuerzas europeas en misión de interposición en Ucrania (con respaldo estadounidense) por si Rusia volviese a atacar tras la tregua o alto el fuego que se pudiese alcanzar, es decir, fuerzas europeas lo suficientemente dotadas para como poder enfrentarse a una posible continuación de la agresión rusa, y se empiezan a dar cifras de gasto en armamento. Puede no llamársele rearme, pero lo es.
Pregunta: La OTAN cuenta con 37 bases militares distribuidas por Europa. Si son todas como las dos que tiene en España: Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), ¿es correcto hablar de Bases de la OTAN, o es una etiqueta para no decir que son bases de los Estados Unidos?
Es una disquisición más formal que realista. La inmensa mayoría de las Bases desplegadas en Europa con personal y efectivos estadounidenses, lo están bajo la rúbrica OTAN, pero, como cualquier otro país, las puede utilizar para aplicarlas en misiones u operaciones pura y exclusivamente estadounidenses. Esto, en realidad, quiere decir, que las instalaciones de la OTAN pueden servir a intereses u operaciones exclusivamente estadounidenses o de cualquier otro país si se diese el caso.
Pregunta: Está resurgiendo, aunque los medios de comunicación lo presenten como algo minoritario, el rechazo a la pertenencia a la OTAN, ¿ves factible que España abandone esa estructura militar?
Posible indudablemente es. Es un problema de decisión política. Tanto salirse de la Organización (OTAN) como del Tratado que la sustenta (Tratado del Atlántico Norte, TAN), que no son lo mismo. Pero que sea posible, no quiere decir que sea fácil, debido a las presiones que se sufrirían de ciertas ideologías y fuerzas políticas españolas -me temo que no precisamente minoritarias- y de otros países (del actual Estados Unidos podrían ser incluso amenazas) de la Unión Europea, a lo peor también de forma mayoritaria.
La salida de la OTAN (no necesariamente del TAN), tal como están las cosas, empieza a ser, bajo mi humilde punto de vista, indispensable para los países de la Unión Europea, si de verdad ésta quiere llegar a alcanzar una cierta autonomía estratégica y operativa.
La Unión Europea dispone ya en estos momentos de esbozos para suplir la “organización” de la OTAN: las Políticas Exterior y de Seguridad Común (PESC) y Europea de Seguridad y Defensa (PESD), el Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE), la Brújula Europea, etc., todos ellos, en estos momentos, estratégicamente “subordinados” a sus homónimos de la OTAN por deseo y decisión de nuestros propios Gobiernos. Sería conveniente que se le empezara a dar a esta estructura absoluta prioridad sobre la estructura OTAN (la O de OTAN) en base a una “estrategia UE diferenciada de la hegemónica y expansionista EEUU/OTAN”. Con la suficiente claridad de miras de entender el “factor tiempo”: no es posible en menos de ocho o diez años, y de entender el “factor geopolítico”: Rusia es un país europeo más, como nos muestra la historia europea, y sólo es rival de Estados Unidos (ahora enmascarado con vistas a neutralizar en lo posible su “coincidencia de puntos de vista” con su auténtico rival, China).
Pregunta: En su investidura, Trump anunció que retoma el proceso de retirada de los USA de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en distintas ocasiones ha amenazado con abandonar la OTAN ¿Tiene sentido la Alianza Atlántica sin los USA?
Ojalá Estados Unidos abandonara la OTAN, pero no creo que lo haga. El refuerzo geopolítico, político y militar que le proporcionan los demás países de la OTAN es de gran importancia para Estados Unidos. Lo que le interesa a Estados Unidos, quizás amenazando con salirse y exigiendo mayor contribución financiera (el célebre 5% del PIB en los presupuestos de Defensa), es “disciplinar” al resto de países OTAN para que sigan ejerciendo de “auxiliares obedientes” en sus aspiraciones de hegemonía y expansionismo.
Pregunta: Uno de los grandes pesos que contribuyó al hundimiento de la URSS fue la carrera armamentística que entabló con los USA, ¿no supondrá el incremento de los presupuestos en defensa, y entrar en esa lógica, una trampa mortal para la UE?
Es difícil, para mí, predecir algo tan complejo. Mi esquema sería. Creo que es conveniente el desenganche de los países europeos de la OTAN. Será mucho más fácil si se hace de una forma conjunta, progresiva (sin prisas) y continuada (sin pausas). Pero es fundamental tener claro el “para qué” queremos autonomía geopolítica, estratégica y operativa, vistas especialmente desde el punto de vista militar y de seguridad en el que creo que se centra esta conversación. Un “para qué” que indudablemente no puede dejar de tener en cuenta las “necesidades sociales y económicas” de cada país y del conjunto de Europa. Esta es la dificultad del imprescindible “para qué” previo. Creo que ayudaría dejar de considerar a Rusia como “necesariamente” enemigo y agresor y considerarlo como un país europeo más con el que se debe volver a negociar y comerciar sin vetos ni sanciones. El caso ucraniano, como ya he comentado, es muy singular, no extensible al resto de Europa.
Pregunta:Según datos de la Agencia Europea de Defensa, en 2024, el conjunto de los países de la UE, gastaron en Defensa 326.000 millones de euros, frente a los 149.000 de 2005 (un incremento del 119%). Mientras que Rusia, en 2024, tuvo un gasto militar de 111.000 millones de euros ¿Piensas que Europa necesita incrementar sus presupuestos militares en la medida que se está planteando?
Cada vez se oyen más voces recordando que el verdadero problema no es gastar más o menos, sino gastar mejor, y añado, gastando “para qué”. En roman paladino, si se acaba con la subordinación de las estructuras militares y de seguridad europeas a las de la OTAN, concebidas para mantener e incrementar en lo posible el hegemonismo y el expansionismo de Estados Unidos, y rechazando enemigos históricos a priori. Si, a pesar de tener estas consideraciones en cuenta, se llega a la conclusión de que hay que incrementar los presupuestos de Defensa, creo que se deberían incrementar, sin dejar de tener en cuenta otras necesidades quizás más perentorias, pero Europa, los países europeos, son en general relativamente “ricos”. Tampoco magnifiquemos el peligro de gastar algo más en defensa, si se demuestra que es conveniente. Desgraciadamente, en el mundo de relaciones internacionales que nos ha tocado vivir, la potencia militar es un factor decisivo. Por eso es tan importante el “para qué” la queremos, del que se derivarán “el cómo”, “el cuánto” y “el cuándo”.
Pregunta: Por último, ¿No crees que la UE está sobrevalorando a Rusia como enemigo a la vez que minusvalorando los riesgos de desestabilización que para Europa supone el genocidio que Netanyahu está cometiendo en Palestina?
Respecto a la primera parte de la pregunta, creo que está contestada en las respuestas anteriores. En cuanto a la segunda, lo primero que se me ocurre decir en relación al genocidio de Palestina es que la postura de la Unión Europea y de los países europeos me parece vergonzosa y cobarde.
Vergonzosa y cobarde porque, como también creo que ya he dicho, las posturas geopolíticas europeas actuales son simples “auxiliares” y “subordinadas” de la estadounidense. Aunque se nos llene la boca constantemente de ser “los defensores de la democracia y los derechos humanos en el mundo”. ¿En Palestina también?
Rompamos ese lazo de subordinación (saliéndonos de la OTAN) y tengamos nuestras propias políticas de seguridad y defensa (complementarias de las de Estados Unidos, si se quiere y cuando corresponda, pero independientes). Este es el indispensable “para qué”, al que ya he aludido varias veces. Porque el “para qué” que oigo y leo ni me convence ni le auguro unos resultados satisfactorios.
El rector de la UNED condecora al coronel Enrique Vega Fernández
Roberto Tornamira Sánchez, para Tribuna Socialista
Este 17 de marzo tuve la oportunidad de asistir a una charla-debate por video-conferencia, organizada por ASTRADE titulada “Luchando por la Sanidad Pública”. Resultó una charla muy interesante al contrastar las posturas de los dos ponentes con perfiles diferentes, un gestor de la Sanidad con una trayectoria en la Administración, y un sindicalista participante en la reciente entrevista con la ministra de Sanidad, Mónica García, en el marco de las reivindicaciones del movimiento vecinal de Madrid en defensa de la Sanidad Pública.
Se abrió la charla con las intervenciones de los dos ponentes: José Manuel Freire Campo es médico especialista en Neumología, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad y ha sido consejero de Sanidad del Gobierno Vasco entre los años 1987/91. Por otro lado, Roberto Tornamira Sánchez es presidente de ASTRADE, miembro del Espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública y ha sido secretario general de FeS-UGT-Madrid entre los años 2009/16.
Resumo brevemente cada una de las intervenciones:
José Manuel señala que la sanidad y las pensiones son los mejores servicios que tiene España. Ambos facilitan la cohesión social y la redistribución de la renta, y esto último es especialmente reseñable en los países que gozan de mejores servicios públicos. Sin embargo, apunta que un 40% de las familias tienen un seguro privado sanitario y lo achaca a que las clases medias perciben un progresivo deterioro de la sanidad pública debido a las listas de espera y a la mala gestión de camas, quirófanos, material y maltrato al personal sanitario con falta de estabilidad en el empleo, mal pagados o asignación errónea de los cargos directivos más políticos que profesionales. Para él la solución está en reparar la gobernanza sanitaria y meter más recursos, y concluye que España no tiene autoridad política en la sanidad.
Por su parte Roberto explica que el estado de bienestar es una conquista obtenida en pugna con el Estado, y que los servicios públicos son derechos pertenecientes a la clase trabajadora como parte de su salario. Sin embargo, los datos apuntan a que en España no se le da la misma importancia a los servicios públicos que a otras manifestaciones, y esto lo pone de manifiesto la OCDE en su informe del 2022: España gasta un 20% menos en sanidad que la media europea, incluso en la pandemia el crecimiento del presupuesto en sanidad ha sido menor. Para él luchar por la sanidad no puede quedarse en un eslogan. Hay dos problemas que aquejan a la Sanidad Pública, el recorte presupuestario y la privatización. Mientras que en Europa las pólizas sanitarias alcanzan a un 19%, en España estamos en el 26% de promedio, y que las inyecciones públicas por vía de conciertos ascendieron en 2021 a 7.265 millones de euros. De ahí la lucha que representa la campaña por la derogación de la ley 15/97 que abrió la posibilidad de contratar a “cualquier entidad jurídica reconocida en derecho”. Presentó un cuadro que recogía las listas de espera en España a 31 de diciembre de 2023: 4.619.168 personas (espera quirúrgica más consultas en el Sistema Nacional de Salud). Para Roberto la solución pasa por seguir defendiendo la Sanidad Pública en cada centro de salud, hospital, barrio o pueblo, organizar un movimiento que la defienda con partidos, sindicatos, asociaciones y colectivos con el objetivo de derogar las leyes estatales que abren el camino a las privatizaciones, y por supuesto incrementar el porcentaje de PIB en gasto sanitario.
Tras estas dos intervenciones se abrió un animado debate. José Manuel insistió en que el problema es de gestión y los partidos de izquierda estaban desinformados al pedir la derogación de la 15/97 pues el “modelo Alcira” es anterior a la misma.
Desde Euskadi un asistente señaló que la sanidad sí es una prioridad política, lo que sucede es que se destina al beneficio de la privada. No se puede decir que lo desconocen cuando 40.000 sanitarios públicos trabajan para la privada o cuando se subcontrata el servicio de ambulancias o cuando se recortan horarios en los centros de salud. Es cierto que la sanidad pública funciona mal pero no es desconocimiento, es complicidad.
Otro compañero señaló que lo privado está destinado a ganar dinero mientras la pública son funcionarios y el beneficio es social. En esta línea, otro indicó que la ley 15/97 es un instrumento político, igual que la ley del suelo que se aprobó con el mismo gobierno del segundo lustro de los 90, y que las consecuencias están ahí.
En resumen, ninguna intervención cuestionó los datos y quedó de manifiesto que la diferencia en el debate era que mientras José Manuel achacaba el deterioro de la Sanidad Pública a que hay una incompetencia general en la gestión y que cada uno hace la guerra por su cuenta, debido a que los políticos responden a presiones y que el verdadero problema son los seguros privados. Para Roberto el problema no está solo en horarios o en no contratar personal, la cuestión es el mercado, pues no es justificable que se deriven casi 8.000 millones a la privada y que haya 4,5 millones de pacientes en listas de espera.
Personalmente ya he dicho que me pareció una reunión muy interesante y clarificadora. La única inocente pregunta que tengo es si nos podemos permitir que el Sistema Nacional de Salud se siga deteriorando esperando que vengan mejores gestores o que podamos frenar los desvíos presupuestarios de las comunidades autónomas sin que se legisle para impedirlo o que si no luchamos nos harán caso.
La segunda llegada de Donald Trump al despacho Oval, es el epítome de la crisis que afronta el sistema de democracia liberal que articula el orden social y de reparto de poder en las democracias occidentales desde el final de la II Guerra Mundial. Crisis que se viene cociendo por la falta de respuesta del sistema a los efectos sociales que se vienen produciendo desde que nos adentramos en el siglo XXI.
Cocción que comenzó el 11 de septiembre de 2001, fecha del ataque y colapso de las Torres Gemelas de Nueva York a manos de terroristas islamistas que causó más de 3000 muertos. Ataque que la ciudadanía global presenció en directo viendo en televisión cómo dos aviones comerciales, en los que podrían haber viajado ellos mismos, impactaban contra las torres expandiendo la sensación de terror y el silogismo de que, si el país más poderoso del mundo había sido atacado en su casa—USA under attack—, cualquier otro podía ser atacado. Ataque que se convirtió en símbolo de la inseguridad y el miedo con el que arrancaba el nuevo milenio que, como segunda derivada, incorporaba el mensaje de que las instituciones democráticas habían fallado a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Como fallaron en los atentados terroristas del 11M de 2004 en Madrid (192 muertos), en Londres en 2005 (56 muertos), en Paris en 2015 (90 muertos), en Berlín en 2016 (12 muertos), por no enumerar todos los habidos en diferentes ciudades europeas en estos veinticinco años.
El descubrimiento fehaciente de que vivimos en una falsa seguridad, en una inseguridad global, se implementó con la crisis económico financiera de 2008, la Gran Recesión según la prensa especializada, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y la crisis de las hipotecas surpime, que arruinó a millones de familias, quebró bancos globales de inversión y llevó a la quiebra a varios países occidentales. Ya no solo era la inseguridad frente a la violencia terrorista, sino también por el desvalimiento ante los popes del capitalismo salvaje que venía, y sigue, funcionando sin control ni límite, con el efecto del aumento desbocado de la desigualdad entre ricos y pobres. Según el informe global de Intermon Oxfan de 2023, en la última década, el 1 % más rico ha capturado alrededor del 50 % de la riqueza global.
Hechos que unidos a los casos de corrupción en las esferas de poder en la mayoría de países con democracias asentadas —que no parecen tener fin—, expanden el mensaje de que la política es un nido de corrupción y que todos los políticos son iguales. Mensaje que degrada el sentido de la política y devalúa el sistema democrático y sus instituciones, y se expande por la ausencia de una pedagogía democrática que desarme ese discurso con sentencias ejemplares para los corruptos, y el establecimiento de controles férreos para evitar el desvío de fondos públicos en la adjudicación de contratos, las gabelas de empresarios amigos y el nepotismo familiar.
Ésta sensación de inseguridad creciente, de corrupción constante, de desamparo ante el capitalismo salvaje que beneficia a una minoría que se enriquece sin límite, mientras las economías familiares se estancan porque el trabajo ya no garantiza poder vivir bajo un techo en condiciones y pagar las facturas, fomentan el descreimiento hacia un sistema que no protege ni ampara a la mayoría social. Sistema en el que es muy difícil intervenir para reconducir las políticas delineadas desde el poder que afectan a sus vidas cotidianas, que induce a las personas a sentirse discriminadas y a no aceptar nuevos derechos para las minorías sociales, étnicas o de género o que se destinen recursos a los inmigrantes. Idea azuzada por el discurso de la ultraderecha: los inmigrantes nos roban el trabajo, el pan y violan a nuestras mujeres.
Discurso que explota en las redes sociales con furia, con rabia, con insultos hacia todo aquello que cada usuario considera la causa de sus males. Canales que son aprovechados por la ultraderecha y el fascismo para ahondar en la herida con mentiras y falsedades que apelan a los sentimientos más viscerales, con mensajes de una simpleza rayana en el infantilismo que concentra en un enemigo, real o ficticio, para exacerbar la ira contenida contra un sistema que no responde a las necesidades e ilusiones de los ciudadanos. Vía inmejorable para el discurso disruptivo y populista centrado en la idea, proto fascista, de que el sistema de democracia liberal no ofrece un futuro ni claro, ni seguro ni estable ni mejor que el de las generaciones precedentes. Un futuro sin futuro.
Mensaje que busca acentuar la quiebra del binomio democracia—liberalismo que viene siendo el eje axial de los sistemas democráticos, y abre el camino a un nuevo modelo de satrapía que supone una actualización de los regímenes de monarquía absolutista del pasado: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. A un iliberalismo o democracia sin derechos como apunta el politólogo y profesor de la Universidad Johns Hopkins,YaschaMounk, en su libro <<El pueblo contra la democracia. Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla>>, asentado en un creciente número de votantes que, según Mounk, no están dispuestos a tolerar los derechos de las minorías, mientras los poderosos están cada vez menos dispuestos a ceder ante la presión de las clases medias y menestrales.
El efecto es una sociedad progresivamente menos empática con las minorías y el multiculturalismo, que una parte de la ciudadanía empieza a percibir como una amenaza consecuencia de los mensajes de la ultraderecha que califica la inmigración como una invasión cultural que destruye los valores tradicionales de la mayoría. Así, el otro, el que viene de una cultura diferente pasa a la consideración de enemigo, borrando de un plumazo el hecho verificado a lo largo de la historia de que la mezcla, la mixtura de razas y culturas, la simbiosis entre ellas, siempre enriquece a las sociedades y hace avanzar a Sapiens.
La secuela de todo este mejunje no es solo el desprestigio del sistema democrático que garantiza derechos y libertades, sino la simplificación del pensamiento, del análisis y la reflexión que favorece la llegada al poder de personajes con una oquedad cultural, ausencia de conocimiento y una simplicidad mental sin precedentes. Propagadores del rechazo a las reglas del juego mediante la puesta en cuestión de los resultados electorales si no les favorecen, y que no reconocen la legitimidad de los gobiernos de coalición con más apoyo parlamentario que el partido ganador de las elecciones. Todo para inocular la idea de la bondad de Gobiernos fuertes, de ordeno y mando sin rechistar, que saben lo que hay que hacer para acabar con todo aquello que atenta contra la tradición y las buenas costumbres que alienan la mente: ¡Se acabó que hasta los gatos quieran zapatos!
Enfrentar estos graves problemas que ponen en crisis a las democracias liberales exige, como primeras medidas, atenuar la desigualdad entre ricos y pobres, atender con preferencia a los sectores menos favorecidos, poner controles férreos a los monstruos digitales, y promover con ahínco los beneficios de la democracia multiétnica y del avance tecno científico para favorecer la comprensión sin miedo de ambos fenómenos imparables.
Entrevista exclusiva de la publicación Informations Ouvrieres con Gheed Kassem, abogada del Dr. Hussam Abu Safiya tras su última visita en prisión, el jueves 20 de marzo. Hay que recordar que fue encarcelado el pasado 27 de diciembre, al igual que todo el personal del hospital Kamal Adwan (norte de la Franja de Gaza) que él dirigía.
Gheed Kassem, abogada, nos ha dicho: «El doctor Abu Safiya ha sido severamente golpeado en seis ocasiones por sus carceleros desde nuestra última visita hace 10 días. Le han roto cuatro costillas y sus ojos están claramente amoratados por las palizas».
Gheed Kassem informa que a pesar de lo que está sufriendo, el doctor Abu Safiya procura conservar la moral. Y añade: «Sabe que hay una masiva campaña internacional para liberarlo. Le preocupa la reanudación de la guerra. Hace muchas preguntas sobre el hospital, sobre el personal del hospital, sobre los pacientes del hospital, sobre su hijo que fue asesinado por el ejército israelí y está enterrado en el patio del hospital… Pregunta si el cuerpo fue trasladado fuera del hospital, si fue trasladado de la tumba a un cementerio de Gaza».
En cuanto a las condiciones de detención, Gheed Kassem dice: «Apenas hay alimentos para él y los demás detenidos, y el baño solo está disponible una hora a la semana y solo durante un minuto. Solo hay una toalla por cada cinco internos».
Añade que ya ha visitado a 121 ex detenidos gazatíes y explica: «Todos los detenidos de Gaza que han sido liberados y todos los que he conocido dijeron que los carceleros les habían introducido un bastón por el ano, que habían sido atacados por perros que les habían infligido mordeduras en sus cuerpos».
En cuanto al doctor Abu Safiya, su abogada explica que «su estatuto jurídico es el de “combatiente ilegal”, lo que significa que podría pasar años encarcelado sin juicio».
Al finalizar la entrevista, Gheed Kassem llama a la intensificación de la campaña internacional por la liberación del doctor Abu Safiya, así como de todos los presos gazatíes encarcelados sin pruebas ni juicio.
El 22 de marzo, en la sede de la Fundación Abogados de Atocha, en Madrid, ha tenido lugar el Encuentro de cargos públicos por la República, en el que también participaron cargos orgánicos de distintas organizaciones y partidos políticos.
La Junta Directiva de ASTRADE tomó la decisión de participar de la preparación de las marchas republicanas que se están organizando para el 15 de junio de este año, y es por ello que participamos en este evento preparatorio, en el que coincidimos con compañeros y compañeras del Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP).
En las intervenciones que realizamos el compañero Miguel Sagüés, secretario y yo mismo en calidad de presidente de la Junta Directiva de ASTRADE, señalamos la importancia de que la República como modelo de Estado no quede en una mera celebración simbólica, de efeméride.
La Monarquía es una institución no democrática, en tanto que su titular no es elegido por las urnas; hoy, todas las personas menores de 64 años no votaron la Constitución, con independencia de lo que hubiesen votado de haber tenido la edad legal necesaria. Además, la monarquía española se asienta en las leyes de sucesión franquistas: Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, publicada en el Boletín Oficial del Estado» núm. 208, de 27 de julio de 1947, páginas 4238 a 4239 y en la Ley 62/1969, de 22 de julio, por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado. Esta herencia de la dictadura cuestiona esta institución, que pervive con aspectos propios del pasado más oscuro, como la coincidencia de la jefatura del Estado con la jefatura de los tres ejércitos.
No son cuestiones menores, pues el hecho en sí mismo de que el rey sea una figura que se sucede por herencia consanguínea, al margen de la voluntad del pueblo, se contradice con el artículo 1.2. de la Constitución vigente: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” qué soberanía tiene un pueblo al que se le niega la elección del Jefe del Estado, pero que asienta su legalidad en las leyes del gobierno golpista y criminal que sometió a su pueblo a una dictadura.
Cuando los teóricos constitucionalistas analizan la estructura del Estado se refieren a La Corona como la “clave de bóveda de la arquitectura constitucional”. Tienen rezón, es la clave de bóveda de un Estado que fue diseñado en el periodo de 40 años en el que a la pluralidad de pueblos que componen el Estado español se le negó la más mínima libertad. Y es producto de aquel diseño que la judicatura se inspire mayoritariamente en aquellas antidemocráticas costumbres. Por tanto, Franco murió, pero el franquismo continúa vivo en las instituciones.
A la pluralidad de pueblos que componen el Estado español no se les pregunta, ni hay intención de hacerlo, sobre qué modelo de Estado prefieren. De los 206 países que hay en el mundo, solo 43 tienen monarquía, el 20%, frente al 80% cuya institución máxima del Estado tiene su origen en las urnas y se renueva periódicamente.
Es preciso hacer pedagogía en la sociedad, y esta acción política habrá de ser obra de las organizaciones que se reclaman del progresismo, la democracia y el avance social en favor de la mayoría, pues la minoría privilegiada no tiene interés alguno en dejar de conservar su acomodada forma de vida, solo posible de mantener sobre la base la explotación de la mayoría.
Somos conscientes de que la tarea no es sencilla. No se nos escapa que es la minoría social la que detenta el control de los grandes medios de comunicación, los medios de producción y el capital mismo. Sin embargo, las dificultades no hacen menos justa la necesidad de avanzar hacia un futuro más libre y democrático, en el que las prioridades las marque la voluntad mayoritaria; un futuro en el que los jóvenes puedan emanciparse y formar su proyecto de vida, y no que el acceso a la vivienda sea una traba insalvable. Un futuro en el que nadie muera antes de que la Sanidad Pública le realice la prueba diagnóstica, porque tardó tanto que el paciente no llegó vivo a la fecha de la cita.
República tiene que ser sinónimo de derechos como Sanidad, Educación, Vivienda, Pensiones, Dependencia, servicios públicos gestionados por el Estado y protegidos contra la carcoma del mercado, que ve en estas necesidades sociales una actividad lucrativa.
República tiene que ser sinónimo de convivencia entre los pueblos que componen el Estado, sin nacionalismos hegemónicos e imperativos. Un Estado en el que la riqueza histórica, cultural y lingüística se valore y no se combata.
República tiene que ser sinónimo de paz, en la que la soberanía del pueblo impere en las relaciones con otros pueblos, sin que la fraternidad entre países se vea truncada por los intereses de los grandes sectores de la actividad económica y sus corruptores lobbies que arrastran a guerras ajenas a los pueblos. Un Estado que tenga la dignidad de romper las relaciones con estados genocidas, como es el caso actual del Estado sionista de Israel.
República son derechos, igualdad y rechazo de la guerra.
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