Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

Acto público Pedro Sánchez en Madrid

Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, han intervenido en el primer acto de los socialistas tras la reciente conformación del Ejecutivo, en el pabellón principal de IFEMA, en Madrid, ante unos 10.000 militantes del partido.

Narbona ha agradecido a la militancia y a los trabajadores socialistas su esfuerzo ante las protestas frente a las sedes del partido. «Es el día de agradecer vuestro apoyo en los momentos tan complicados que hemos vivido. Y es también el día de lamentar los ataques sufridos en las sedes socialistas, y mandar un apoyo a todos nuestros trabajadores y trabajadoras, y en particular, en nuestra sede de Ferraz».

Zapatero ha ironizado con que el PP está «teniendo una digestión muy pesada» de que Sánchez sea presidente. El expresidente del Gobierno también se ha pronunciado sobre la ley de amnistía, de la que ha dicho «Evidentemente, la ley de amnistía es un acto político en un contexto concreto. Pero tengo que decir que a la democracia le sienta bien la generosidad. Hay que ser valiente para hacer ciertas cosas, yo también tuve que hacerlo. Los cambios que se hacen con valentía, que reforman, que integran, son los que hacen avanzar un país. Y desde aquí quiero reconocer la valentía de Pedro Sánchez con esta ley de amnistía».

Por su parte, Pedro Sánchez ha comenzado su intervención reivindicando la formación del Ejecutivo y ha continuado hilando con lo que está previsto que sea uno de los principales desafíos de la nueva legislatura: la vivienda.

También se ha pronunciado sobre la situación en Israel y Palestina reiterando lo que ya dijo hace unos días en Jerusalén, donde definió de «insoportable» el elevado número de civiles palestinos muertos bajo los ataques israelíes, y señaló que era necesario trabajar en el reconocimiento del Estado palestino.

«Condenar los viles atentados de una banda terrorista como Hamás, y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles en Palestina, no es una cuestión de partidos, ni de ideología, ni de estar a favor o en contra de nadie, sino de humanidad. España siempre ha estado del lado de la paz», ha defendido.

Por último, Sánchez ha acabado su intervención reinvindicando la labor de gobierno, señalado que «su deber» es representar a toda la ciudadanía, especialmente a aquella que se «horroriza» ante los discursos de Vox: «Nuestro deber no es únicamente representar a las personas socialdemócratas y progresistas, sino también, a aquellas personas que aunque no comulguen del todo con nosotros, se horrorizan ante las barbaridades que dice Vox y ante la derecha que les ha comprado el relato y ha tolerado sus discursos».

«Nosotros fomentamos el bono cultural, ellos censuran la cultura. Nosotros luchamos activamente contra la violencia machista, y ellos la banalizan. Nosotros hemos subido un 47% el salario mínimo en la legislatura y ellos han votado constantemente en contra de cualquier avance social. O se tienen proyectos que defiendan la igualdad y el progreso, o todo lo que hay es ruido e insultos. Pero de momento, tendrán que esperar, porque lo que hay por delante son otros cuatro años de Gobierno progresista en España».

Corresponsal TS en Madrid

Defendamos lo público frente a la barbarie de lo privado.

Ayer fueron las pensiones, hoy las residencias, mañana volverá a ser la Sanidad.

Miles de personas han salido a las calles de Madrid, este 26 de noviembre, por segundo día consecutivo; ayer fueron miles quienes se manifestaron en contra de la violencia machista, hoy han sido miles quienes ha salido a denunciar que “no fueron muertes, que fueron asesinatos”, los 7291 fallecimientos que se produjeron en las residencias de Madrid, en los primeros meses de pandemia.

Familias de los y las fallecidas, y personas que en solidaridad se han sumado a la marcha, han recordado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (IDA), del PP, les negó la asistencia sanitaria hospitalaria, vulnerando de este modo la Constitución del 78 que tanto defienden, en sus artículos 15 y 43, pues, ¿acaso no fue se les negó “el derecho a la vida y a la integridad física”, cuando se les dejó abandonados a su suerte, sin medidas paliativas siquiera? ¿No fue “inhumano y degradante” dejar que se asfixiaran sin ningún acompañamiento ni intento de minimizar su agonía? ¿Tutelaron los “poderes públicos y organizaron la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”?

Una parte mayoritaria de los y las jueces y fiscales parece que ha decidido dedicarse más a hacer el quite a la derecha, su opción ideológica, que a servir a la justicia. Los vericuetos jurídicos y judiciales, dejan impunes a los malhechores y sus decisiones políticas criminales, no solo negligentes: fiscales que no han escuchado a las familias ni a las trabajadoras de las residencias; juzgados que archivan las causas sin abrir juicio oral… Solo la presión social de las familias de las víctimas, su presencia en algunos medios de comunicación, el hecho de haber llevado su justa causa a las instituciones europeas… esta haciendo que casi cuatro años después se abran causas con Ayuso y su Gobierno, por los protocolos de la vergüenza, los que negaron la asistencia sanitaria hospitalaria a miles de residentes en las residencias de Madrid.

En la manifestación de hoy, no solo han reclamado “Verdad y Justicia”, han exigido una Ley marco estatal

que regule el funcionamiento de las residencias, que se ponga freno al negocio por el cual se maltrata a decenas de miles de ancianos y ancianas. Cuando un servicio público se pone en manos de la iniciativa privada, el objetivo deja de ser el bienestar de los ciudadanos y ocupan su lugar la avaricia y el lucro de los accionistas, de y los fondos buitre, a quienes la salud, el bienestar y la vida digna les trae sin cuidado.

La privatización de los servicios públicos se ha convertido en un verdadero cáncer de la sociedad actual: colegios, hospitales, residencias… donde el beneficio impone el recorte de personal y de las condiciones de trabajo, de la calidad de los alimentos y de su cantidad, entre otras cosas. Ciertos políticos ceden, vergonzosamente, ante los lobbies de las grandes corporaciones y los fondos de inversión. Los hay más desvergonzados, si cabe, como la señora Ayuso, que van en busca de esos grupos de interés económico, que viajan a Estados Unidos y otros países, para ofertar al “mejor” postor hacerse cargo de servicios públicos que ella está predispuesta a privatizar.

Los ciudadanos y ciudadanas, como hoy, como en las macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública, organizadas el espacio de Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid, o como las grandes manifestaciones organizadas por el movimiento estatal de pensionistas, tiene que echarse a la calle a defender lo que es suyo. Nadie debería olvidar que los servicios públicos se financian y construyen con nuestros impuestos directos, cada mes que nos descuentan el IRPF de la nómina; y de los indirectos, cada vez que compramos algo y nos aplican el IVA; además de otros impuestos y tasas, como el IBI, ese del que la Iglesia está exenta.

Reclamar justicia, como reclamar que lo público no se privatice y/o que se desprivatice lo privatizado, es hacer mejor esta sociedad bárbara.

Roberto Tornamira
Miembros del Comité de Redacción de TS

La amnistía: buena noticia, legal y conveniente.

Desde que empezó a hablarse de la posibilidad de un pacto del PSOE con Junts que posibilitara la investidura de Pedro Sánchez, la ley de amnistía ha acaparado la mayor parte de las críticas por parte de aquéllos que quieren impedir un nuevo gobierno de coalición, y que apuestan en cambio por un gobierno presidido por Feijóo, bien apoyado por VOX o bien apoyado por el propio PSOE. De entre las críticas más dolorosas, las recibidas desde dentro del propio partido socialista: Felipe, Guerra, García Page…incluso Borrell se han posicionado en contra.

Desde Tribuna Socialista fuímos claros desde el principio, tomando la iniciativa de recoger firmas de militantes del partido en favor de la amnistía, siendo los primeros en pronunciarnos públicamente al respecto, y enviando a nuestro grupo parlamentario y a la dirección del partido, las casi 300 firmas de militantes partidarios de un gobierno de progreso y de una ley de amnistía para devolver lo que es político a la política. El manifiesto de los cinco primeros secretarios del PSC de Cataluña, y el refrendo mayoritario de la militancia en la consulta realizada a la militancia, reflejan el sentir mayoritario del PSOE.

Si los lectores de Tribuna Socialista no pudieron ver en su momento la intervención del consultor político Nacho Corredor en la Sexta, pueden clicar sobre la imagen de cabecera de este artículo para acceder al video que refleja de forma sintética lo que muchos socialistas pensamos sobre los pactos entre el PSOE y Junts, y sobre la amnistía en concreto. Que es una buena noticia para la convivencia y la normalización de la política.

Para analizar la legalidad y encaje constitucional de la amnistía, recomiendo el hilo de twitter del magistrado Joaquin Bosch, que sintetizo seguidamente:

-La propia constitución en su artículo 62 i) habla de la posibilidad de “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley»

-El término “derecho de gracia” comprende el indulto y la amnistía. Lo ha dicho reiteradamente el Tribunal Constitucional. Lo han dicho nuestras constituciones a lo largo de la historia. Lo dice la propia RAE y cualquier manual de derecho.»

-Por tanto, la Constitución permite que se acuerden amnistías o que se concedan indultos, porque son “derecho de gracia”, en función de lo que establezca la ley. El texto constitucional solo efectúa una prohibición: no se pueden autorizar indultos generales.»

-«Esa prohibición se dirige al gobierno y resulta razonable: los indultos precisan de una motivación individualizada. Hay juristas que creen que, si no son posibles los indultos colectivos, tampoco debe ser posible la amnistía. Pero no son figuras idénticas»

-El indulto perdona la pena; la amnistía perdona el hecho delictivo, incluso aunque no haya pena. El indulto lo aprueba el Gobierno; la amnistía es acordada por ley en el parlamento. Es comprensible limitar la potestad del gobierno y ampliar la capacidad del parlamento.»

-No es aplicable la máxima ”quien no puede lo menos no puede lo más”. La prohibición de indultos generales afecta al gobierno y, efectivamente, no podrá aprobar amnistías. Pero la potestad de amnistiar es del parlamento. El TC ha marcado esa diferencia entre amnistía e indulto.»

– Esa distinción entre indulto y amnistía está en nuestras constituciones históricas. Por ejemplo, la Constitución de 1931 reguló la amnistía y prohibió los indultos generales. Todo ello desvirtúa la idea de que, si se prohíben indultos generales, no se pueden aprobar amnistías.»

– La Constitución actual también confirma implícitamente en otro artículo (87.3) que la ley puede aprobar amnistías. La Iniciativa Legislativa Popular no puede proponer determinadas materias, entre ellas el derecho de gracia: las propuestas de amnistía quedan reservadas al parlamento.»

-Algunas opiniones consideran que la amnistía no cabe en democracias y que solo es aceptable en el periodo transicional desde una dictadura. Más bien ocurre todo lo contrario: los países democráticos europeos contemplan la amnistía en sus ordenamientos.»

-Países vecinos como Francia o Portugal han aprobado amnistías en las últimas décadas. Y esta medida de gracia se ha aplicado o forma parte igualmente del ordenamiento jurídico de Alemania, Reino Unido, Suecia, Italia o Países Bajos, entre otros.»

-También se dice que una amnistía afecta a la actuación judicial, a la separación de poderes y a la igualdad en la aplicación de la ley. Eso es cierto. Exactamente igual que ocurre con los indultos. Es una excepcionalidad que deriva de la propia Constitución.»

-Esa desigualdad en la aplicación de la ley ha sido habitual en las últimas décadas: se ha indultado a miles de condenados por delitos graves, entre ellos golpistas, torturadores o corruptos. Es llamativo que ese trato desigual se descubra ahora con la amnistía.»

-Hay gente en contra y a favor de la amnistía, pero no resulta contraria al Estado de Derecho. Si la aprueban los representantes de la ciudadanía y se convalida por el Tribunal Constitucional, será simplemente el resultado del funcionamiento de nuestra democracia (fin)»

Baltasar Santos
TS Cataluña

La revuelta de las togas y los aguiluchos

Durante las semanas previas a la investidura, la derecha y la ultraderecha han intentado evitar por tierra, mar y aire, que los partidos antifranquistas llegaran a acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez y la conformación de un gobierno de coalición y de progreso.

Se han pronunciado y movilizado la totalidad de los medios de comunicación de la derecha, la patronal CEOE, los guardia civiles, el CGPJ, el juez García Castellón de la Audiencia Nacional, el PP, VOX y los grupos de extrema derecha satélites de estos partidos.

Los ataques a la sede del PSOE, con la excusa de las protestas contra la ley de amnistía han sido lugar común para el encuentro de los grupúsculos de la ultraderecha («hazte oír», «Desokupa», «los Ultrasur» y grupos abiertamente franquistas, como la falange y VOX) y de la derecha más rancia con Aznar, Ayuso y Esperanza Aguirre como cabezas más visibles. En las movilizaciones de estos herederos del franquismo se coreaba el cara al sol, además de proclamas homófobas, racistas y ultracatólicas).

Si comparamos estas manifestaciones con las que normalmente convocan los trabajadores para defender sus derechos observaremos que en las manifestaciones obreras existe la obligación de comunicar el recorrido de las mismas a la delegación de gobierno, mientras que en estas convocadas por la ultraderecha no ha sido así. Ni que decir tiene que la dureza con la que la policía reprime las manifestaciones obreras no tiene nada que ver con la tibieza de la actuación policial de estos días, que incluso han llegado a escoltar a los grupos neonazis.

Sin embargo, pese a que el protagonismo se lo ha llevado las protestas en la calle, especialmente frente a la sede de Ferraz, estas han ido acompañadas, de forma «casualmente» sincronizada, por algunas resoluciones judiciales como la del caduco Consejo General del Poder Judicial.

La des-facha-tez no tiene límites: el CGPJ cuya función prinicipal es el gobierno de los jueces y garantizar su independencia sin emitir declaraciones institucionales de parte, y manteniendo, por tanto, una necesaria neutralidad política, emitió una declaración «preventiva» antes de que la ley de

amnistía fuera siquiera presentada, cuando menos promulgada. Los que tanto defienden la separación de poderes, se la pasan por el forro cuando lo que está en juego es garantizar un gobierno de progreso. A todo esto, el CGPJ hace 5 años que debería haberse renovado, y tiene en su composición una mayoría conservadora gracias al bloqueo del PP, incumpliendo el mandato constitucional.

Por otro lado, tampoco es casual que cuando se estaban a punto de cerrar los acuerdos entre el PSOE y Junts, el juez de la Audiencia Nacional, Garcías Castellón, anunciara el procesamiento de Carles Puigdemont, Marta Rovira, exsecretaria general de ERC, y otras diez personas relacionadas con el procès, por terrorismo. ¿otra casualidad?

Recordemos que la Audiencia Nacional es una instancia judicial heredera del Tribunal de Orden Público franquista. Cuando este Tribunal fue reemplazado por la Audiencia Nacional, en él se integraron 10 de los 16 jueces del extinto Tribunal.

Recordemos también que la Audiencia Nacional, ha protagonizado en los últimos años algunos de los escándalos más notables de nuestra democracia: no han sido capaces de determinar quién es el «M.Rajoy» de los papeles de Bárcenas; han lanzado 20 causas judiciales contra podemos, que han tenido que cerrarse al no encontrar delito alguno

Ojo con la guardia civil: la asociación de guardias civiles APROGC ha lanzado, casualmente, un comunicado en que se declaran dispuestos a “derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional”. Otras cinco asociaciones, incluyendo la mayoritaria Jucil, se han pronunciado contra la amnistía y contra los acuerdos PSOE-Junts. ¿Organizaciones militares pronunciándose en cuestiones políticas?

Todo este cúmulo de coincidencias no es una casualidad, sino más bien obedecen a una causalidad. La causa a la que obedecen es la del movimiento nacional católico, la del franquismo, aún presente en nuestras instituciones, y que son un serio obstáculo para consolidar los derechos conquistados en los últimos años, avanzar en la convivencia y fraternidad de un estado plurinacional como España, y para conseguir nuevos derechos y conquistas sociales como aspira la mayoría social de nuestro país.

Mucho me temo, que este trumpismo franquista no va a parar de torpedear las aspiraciones de progreso que necesita la clase trabajadora de nuestro país.

Baltasar Santos
TS Cataluña.

El capital y la extrema derecha son pareja de baile

Asistimos a una marea alta del extremismo, en defensa de quienes se benefician de un sistema económico depredador. Argentina, Países Bajos…y la derecha española de toda la vida.

Habrá quien piense que qué tienen que ver unas cosas con otras. La respuesta es que les une seguir garantizando que unos pocos viven excelsamente bien, a costa de que muchos se hundan en la pobreza, sobrevivan o simplemente pasen su vida trabajando para pagar: hipotecas, alquileres, gastos educativos, alimentos, etc., pero sin poder garantizar a sus hijos e hijas una vida futura mejor que la que ellos y ellas han tenido, es decir, la inmensa mayoría de la sociedad.

Cuando el presidente electo de Argentina dice que su prioridad es el libre mercado, salvaguardar la propiedad, que le sobran los ministerios de sanidad, de educación, de cultura… está diciendo lo mismo que hace el PP allá donde gobierna: privatizar la sanidad, la educación, las residencias de mayores y todo aquello que a la mayoría le garantiza unas redes de seguridad que el mercado privado no garantiza a quienes viven de su salario.

El señor Milei pregona la “libertad carajo”. La señora Ayuso, es tan simple en su concepto de “libertad” que la reduce a poder salir a tomar cañas. Pero la libertad es algo más complejo, y esa; la verdadera Libertad, es vulnerada constantemente por estos dirigentes políticos. Por ejemplo, a los miles de ancianos y ancianas a los que, en 2020, se les negó su Libertad de ser atendidos en un centro hospitalario; restricción de la Libertad que le costo la vida a 7291 personas en las residencias de Madrid.

La Libertad se restringe cuando los gobernantes privatizan un servicio público. Por ejemplo, el litro de gasolina 95 en Argentina está, en estos momentos, en torno a 0,86 céntimos de euro (hoy en Madrid de la gasolina 95 está, en promedio a 1,68 €). ¿A cuántos argentinos y argentinas se les va a restringir la Libertad de viajar por carretera cuando YPF sea privatizada? Misma restricción que muchas personas sufren en España; eso que conocemos como “pobreza energética”, al tener que restringir las horas de funcionamiento de su calefacción en los meses de frío o el uso de los electrodomésticos, porque no pueden hacer frente al precio de la energía.

Es fácil hablar de “libertad”. Incluso se utiliza este término para que forme parte del nombre de un partido político, como hizo el señor Geert Wilders, al montarse el Partido por la libertad, cuando en 2006 se escindió del Partido Popular por la Libertad y la Democracia.

Al margen del nombre que le pongan al partido, de si son neerlandeses, argentinos, italianos o españoles, todos son minarquistas, neoliberales, conservadores, etc. Todos coinciden en reducir el Estado a la mínima expresión: ejercito, policía, justicia y poco más. De ahí la consigna de criticar al Gobierno por su número de ministerios.

La idiosincrasia del país, la situación concreta en cada lugar y momento, hace que tengan matices, formas de expresar su ideología, pero todos son pareja de baile del capital.

Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nicolás Sakorzy, Victor Orbán…, como los Feijóo, Milei, Meloni o Wilders, todos apelan a la “libertad”, todos han gobernado y/o gobiernan a nombre de la “libertad”, pero, en su concepto, el único libre es el Mercado. La “libertad” de las grandes corporaciones, multinacionales y cárteles de subir los precios de los combustibles, de los alimentos, de la energía o del mismísimo dinero.

El problema es que su “libertad” colisiona frontalmente contra la Libertad de la mayoría de la sociedad. Según Our World in Data, con datos de 2021, el 85% de la población mundial vive con menos de 30 dólares (27,50 €), o sea que es pobre. Y la pérdida de poder adquisitivo, producto de la especulación que utiliza la guerra como excusa, nos hace cada día más pobres a los pobres y empuja a la pobreza a cientos de miles cada día.

Mención aparte merece Benjamín Netanyahu, líder actual del partido conservador israelí, Likud. Este individuo -pues el liberalismo se caracteriza por la defensa del individualismo- gobierna Israel teniendo causas pendientes con la justicia; el fiscal general de aquel país le acusó, en 2021, de corrupción en tres causas: soborno, fraude y abuso de confianza. En el ejercicio de su “libertad”, pretende reformar el sistema judicial de Israel; una reforma que atenta contra la capacidad de supervisión del Tribunal Supremo. Según Amnistía Internacional: “tiene consecuencias alarmantes para los derechos humanos, especialmente para la población palestina, así como para otros grupos marginados de Israel.” Entre otras cosas, quiere Netanyahu, otorgar al gobierno de Israel poder absoluto sobre el nombramiento de jueces y fiscales

Lo que el sionista genocida israelí quiere hacer se parece mucho a lo que, en los hechos, viene haciendo en el Estado español el Partido Popular (PP) con el secuestro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fue renovado a finales de 2013 y no se ha vuelto a renovar. Es decir, que uno de los tres poderes del Estado lleva 10 años sin ser renovado, 5 años con el mandato caducado. Esta aberración democrática es posible al ejercicio del la “libertad” del PP para boicotear la democracia que dice defender.

Por tanto, Libertad sí, pero para qué.

En democracia, solo cabe responder afirmativamente a la pregunta cuando la Libertad para, entre otras muchas cosas, poder expresarse, manifestarse, opinar… libertades que se ven comprometidas por leyes, como la “Ley Mordaza” (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana). Una ley que legisló la mayoría absoluta del PP, no para “proteger la seguridad ciudadana”, sino para todo lo contrario, para frenar y amedrantar a la ciudadanía que protestaba legítimamente contra las políticas económicas del Gobierno del conservador Rajoy. Una Ley que habría que derogar, pues cuestiona el derecho de libertad de expresión y manifestación, cuando, por ejemplo, “autoriza a realizar un cacheo a la fuerza, es decir, aunque el afectado haya manifestado su voluntad en contrario; pero se tendrá que causar el menor perjuicio posible a la intimidad y dignidad de su persona.” (Chabaneix, Abogados Penalistas).

El extremismo español se ha lanzado a las calles agitando la bandera, acude a las instituciones europeas, ha puesto en marcha todos sus “resortes” en la Justicia, en las fuerzas de seguridad del Estado (sindicatos policiales y colectivos de militares en la reserva), el clero y la patronal. Vamos, los de siempre. Dicen que para salvar a España y que no se rompa.

Cuidado con los libertadores, ojo con los salva patrias. Al final siempre terminan guardando silencio cuando los comisionistas saquean las arcas del Estado o se benefician de su cargo para enriquecerse, incluso los justifican. Son los mismos que trasvasan ingentes cantidades de dinero público al libre mercado, como hizo el Gobierno del caso “Kitchen” cuando le dio 100.000 millones a la banca y no les ha reclamado la deuda. Eso sí que rompe a un país. Pero es una música con la que al capital en encanta bailar.

El Comité de Redacción

Marea de Residencias: 26 de noviembre 2023 -Manifestación Cibeles – Sol (11:30h)

Sobre Marea de Residencias

En el verano de 2019, tras años de lucha por separado, con la constatación de las precarias circunstancias que rodeaban el modelo de residencias en todo el estado español, surge la idea de crear una Marea de Residencias con el propósito de unir fuerzas para conseguir unas condiciones de vida dignas en las residencias. Desde el momento de su constitución en Asamblea, nos regimos por unos principios básicos que nos definen como movimiento:

  • Aglutinante, no excluyente: todas las personas o agrupaciones que sumen serán bien recibidas dentro de la Marea, siempre que compartan el objetivo que nos impulsa.
  • Respetuosa: se mostrará siempre el debido respeto hacia el resto de los miembros que integren este movimiento. Promoviendo activamente la conciliación y no incentivando debates o polémicas innecesarias que no sean constructivas.
  • Apartidista: como grupo, al margen de las tendencias e ideologías personales de sus integrantes, no nos representa ningún partido.
  • Política: entendiendo como política las acciones o leyes que parten de las instituciones y que afectan directamente las condiciones de vida en las residencias. Nuestro objetivo es conseguir que se apliquen políticas apropiadas a los intereses de las personas residentes, titulares del derecho, y al personal que trabaja en las residencias y no de las empresas que las gestionan.
  • Asamblearia: las decisiones se toman en asamblea, por consenso o por mayoría.
  • Reivindicaciones principales…
    • Todos los ciudadanos en situación de dependencia o necesidad, tenemos derecho a una plaza residencial pública de financiación total.
    • El modelo residencial debe ser una elección, no una imposición del sistema por falta de alternativas.
    • Debe haber un parque suficiente de residencias públicas de gestión directa con unos estándares de calidad, basadas en la “atención centrada en la persona”. NO nos posicionamos en contra de las residencias 100% privadas, siempre que no se financien con dinero público.
    • La Administración ha de garantizar los derechos fundamentales de las personas, salvaguardando su intimidad, dignidad y teniendo en cuenta sus gustos y preferencias.
    • Lxs trabajadorxs de las residencias han de tener unas condiciones laborales dignas, una remuneración adecuada al servicio que prestan a la sociedad.
    • La dotación de personal ha de ser suficientemente amplia por categoría y turno, para que los tiempos de dedicación a cada residente garanticen la excelencia en la atención y los cuidados. (Desde Marea de Residencias NO hablaremos nunca de «ratios«, sino de «dotación de personal» presencial en cada turno).
    • Expresamos nuestro absoluto rechazo a las políticas privatizadoras que se han venido aplicando hasta ahora en materia de residencias.
    • Exigimos al Gobierno del Estado un marco legal estatal, una LEY DE RESIDENCIAS que garantice los derechos y la dignidad de las personas en las residencias.

Antes de la Pandemia

El 23 de noviembre de 2019, se convocó una gran manifestación en Madrid, a la que acudieron colectivos de familiares y trabajadoras de otras CCAA. En la Puerta del Sol leímos nuestro manifiesto que comenzaba así:

“Estamos aquí para denunciar la precarización absoluta que sufre el sistema de Residencias en todo el Estado. Debido principalmente a la inacción o acción interesada de los distintos estamentos RESPONSABLES, que han cedido la gestión de un DERECHO FUNDAMENTAL, la DIGNIDAD, a los Depredadores de lo Público. Causa directa de un trato infame a los Residentes y la precariedad laboral y asistencial de un sector mayoritariamente feminizado. Desviando el sistema que debiera ser de Respeto y Cuidados, hacia un sistema focalizado en la extracción de beneficios.”

Como ejemplo, algunos titulares que solían aparecer demasiado a menudo en prensa o televisión, pero que suelen abordarse como si fueran casos puntuales aunque nunca lo son.

LLEGÓ LA PANDEMIA A LAS RESIDENCIAS

Marea de Residencias se organizó para celebrar asambleas telemáticas. No paraban de llegar denuncias de familias que no obtenían información de lo que estaba pasando dentro de las residencias ni de cuál era la situación de su familiar, o de trabajadoras que pedían ayuda para recibir mascarillas y denunciaban una situación absolutamente dantesca.

A finales de marzo decidimos impulsar querellas criminales contra los gestores de las residencias y los gestores de las Administraciones (gobiernos de las CCAA). Para ello abrimos un formulario en la web donde podían hacernos llegar sus testimonios tanto familiares como trabajadores. Llegamos a recibir unos cuatrocientos formularios de familiares y cerca de 50 de trabajadores. El 90% de los formularios que nos llegaron procedían de la Comunidad de Madrid, de ahí el motivo por el que los abogados se centraron en construir la querella con los datos recabados de dicha Autonomía.

Con mucho trabajo y dedicación, se presentaron las primeras 26 querellas en mayo de 2020, dirigidas contra los gestores de cada residencia y contra los Consejeros de Justicia y Sanidad, Enrique López López, Enrique Ruiz Escudero y contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Dos días después cesaron al firmante de los Protocolos famosos, que excluían de la atención en hospitales a todas las personas que vivían en residencias y tenían un grado de dependencia.

No se medicalizaron las residencias, aunque habían anunciado que lo harían. Construyeron el hospital de campaña en IFEMA y no lo usaron para atender a los más vulnerables: los enfermos de las residencias (solo pasaron 23 personas residentes y no estaban graves). Tampoco se utilizaron las camas libres de los hospitales privados que el decreto del estado de alarma ponía al servicio de las CCAA.

Después de tres años y medio, seguimos buscando justicia y no pararemos hasta encontrarla.

¿Qué ocurrió tras las primeras olas de la Pandemia?

En tan solo dos meses, murieron más de 20.000 personas en las residencias españolas, la mortalidad más alta de Europa, solo comparable a Italia. En la Comunidad de Madrid fallecieron cerca de 9.500 personas en esos dos meses y, según cifras oficiales, 7.291 personas fallecieron de forma indigna y cruel dentro de las residencias sin ser derivadas a hospitales y sin recibir ninguna atención sin recibir atención.

A pesar del drama que arrasó en las residencias, las personas que sobrevivieron a ese horror, que perdieron a sus compañeras o compañeros, que sufrieron el peor de los confinamientos en habitaciones de 5 m2, sin televisión, sin móviles, sin entretenimientos, aislados de sus familias, continuaron siendo discriminadas. Se les privó de visitas durante muchos meses. Cuando los demás ya habíamos vuelto a nuestras rutinas, a vivir…a ellas y ellos se les siguió privando de sus derechos, de su vida. No se activó ningún sistema de atención psicológica, ningún tipo de fisioterapia para intentar recuperar la movilidad perdida en tanto tiempo de confinamiento.

La negativa a investigar, a analizar lo que ha ocurrido en las residencias, a estudiar las consecuencias que han tenido determinadas decisiones políticas tomadas en las distintas CCAA, nos lleva irremisiblemente a una repetición del desastre, si en un futuro volviéramos a padecer una crisis similar.

Nos encontramos ante una situación en la que podemos confirmar que a pesar de que la pandemia dejó al descubierto las graves deficiencias del modelo de cuidados, apenas ha servido para cambiar la realidad del sector. Todos los propósitos, iniciativas y proyectos de enmienda y mejora, apenas han calado en las principales instituciones prestadoras de estos servicios. Por tanto, se puede afirmar que la situación, lejos de mejorar, continúa en un proceso de agravamiento en el que los principales afectados son las personas, usuarias y profesionales, que conforman el actual sistema de cuidados a nivel nacional. Todo ello, no hace más que indicarnos el largo camino que tenemos por delante y la necesidad de, ahora sí, comenzar a trabajar en un nuevo modelo de cuidados integral, centrado en la persona, e integrado por todos los agentes que confluyen.

Por todo lo anterior, el día 26 de noviembre a las 11:30h, todas y todos, salimos a la calle, para exigir JUSTICIA, VERDAD y REPARACIÖN.

A partir de ahí, un nuevo modelo es posible.

Alto al genocidio del pueblo palestino

La lucha y resistencia de los palestinos a ser expulsados de su tierra se expresa desde principios del siglo pasado donde la población, musulmana y cristiana, que era el 90% de la población Palestina rechazó la “Declaración Balfour” que el gobierno británico por medio de su ministro de asuntos exteriores, Arthur Balfour, hizo cediendo a las presiones del sionismo. Más tarde, en 1947 la ONU bajo presión de los EEUU, deciden la partición de Palestina el 29 de noviembre de 1947, se abre un enfrentamiento entre árabes y sionistas que empieza el 30 noviembre, es decir, al día siguiente de la partición de Palestina, el estado sionista expulsó a los árabes de más de 750 ciudades, pueblos y aldeas de Palestina y ocupó la mayor parte de Palestina dejando fuera del territorio ocupado por los judíos, solo a Cisjordania y a Gaza, 20% del territorio palestino, se calcula que más de un millón de palestinos fueron expulsados de sus tierras sin que nunca se les permitiera volver a ellas.

Desde el fatídico 7 de octubre miles de bombas han caído sobre la población de Gaza causando más de 14000 muertos hasta la fecha, un auténtico genocidio televisado, que no sería posible sin el apoyo del Imperialismo de EEUU, y la complicidad de los gobiernos de la UE, las tibias críticas o reproches que estos gobiernos hacen de la actuación del ejército israelí los hace culpables de la gran atrocidad que se está cometiendo, no es una guerra es un genocidio.

Cientos de miles de manifestantes recorren las calles de las principales ciudades del mundo, desde Londres a Berlín, Neuyork, El Quebec, Madrid o Paris y es que los trabajadores, los demócratas del mundo entero, saben que el pueblo palestino es símbolo de resistencia en defensa de la democracia, de la resistencia de un pueblo a vivir en su propia tierra en paz y libertad, es la lucha contra el imperialismo, aliado del sionismo que no se conforma ya con el genocidio si no que quiere el exterminio de la población Palestina. Es por eso que el Gobierno sionista de Netanyahu no admite criticas ni atiende discrepancias, exige apoyo incondicional, presiona a los gobiernos de occidente para que prohíban manifestaciones, huelgas o protestas de apoyo a los palestinos y se ha sentado a negociar una tregua por exigencia de los familiares de los secuestrados y cada vez más judíos en el mundo que no se ven representados por el sionismo.

Bienvenido sea el pequeño respiro del alto el fuego, pero no es suficiente, los que defendemos la democracia debemos exigir el alto el fuego indefinido, la apertura total de las fronteras, asistencia de médicos, personal sanitario y medicamentos, alimentos, suministro de agua, luz y todo lo necesario para salvar la vida de la población indefensa, es obligación de nuestro Gobierno situarse con la población palestina y exigir al resto de gobiernos occidentales que hagan lo mismo.

José Antonio Iniesta

Proxímas Manifestaciones Palestina

El pasado 22 de noviembre, 70 colectivos y organizaciones obreras y democrática se han reunido en Madrid.

  • para organizar una concentración el día 29, jornada internacional de luto por la partición de Palestina por la ONU. Proponen que se celebre en la Puerta del Sol a las 19,30. Con el lema: “no a la partición”, “Palestina única del río al mar”.
  • para organizar una gran manifestación el sábado día 2 por la mañana, que podría ser de Atocha-Cibeles-Plaza de España. Centralmente dirigido a resaltar la responsabilidad del Gobierno y exigir al Gobierno la ruptura de España con Israel.

Castigo para Netanyahu y todos sus cómplices

CARTA ABIERTA A IDA

Sra. Ayuso:

No sé la trayectoria sindical de la nueva Ministra de Sanidad, cualidad que usted le atribuye despectiva y peyorativamente.

Le aseguro, por experiencia, que ser sindicalista es un honor y un orgullo. Algo que usted nunca podrá sentir tras haber negado la atención hospitalaria a miles de ancianos y ancianas, en 2020, con el resultado de 7.291 fallecidos, en las residencias de Madrid ¿Qué dice a este respecto la Fe que usted profesa?

Como tampoco hay honor ni ética en facilitar pelotazos económicos a los hermanos, aprovechando una pandemia y la necesidad de mascarillas en la sociedad. Lástima que usted y los suyos estén tan preocupados por la ley de amnistía, en lugar de exigir una ley que prohíba la actividad de los parásitos comisionistas a quienes defienden con tanto fervor. El comisionismo sí que rompe España; fíjese si es dañino que ha roto incluso la familia Borbón.

Nadie puede sentirse orgullosa de racanearle las ayudas y becas de comedor a niños y niñas necesitadas, mientras subvenciona el servicio doméstico a los pudientes.

No hay honor alguno en destinar dinero público para subvencionar el negocio privado de la Sanidad y la Educación, en tanto que los sistemas públicos se deterioran por falta de profesionales; por ponerle un ejemplo, es sangrante el déficit de pediatras en la Comunidad que usted preside.

Por tanto, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, se equivoca si pretende faltar al respecto a sus enemigas políticas llamándolas sindicalistas.

Deje usted de ser tan irrespetuosa y mal educada y pida ayuda para que la enseñen a poner límites antes de hablar y/o actuar. Educación que, a la vista está, sus padres no fueron capaces de darle.

Anímese, pida ayuda, nunca es tarde. Entre tanto, deje de insultar a la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Roberto Tornamira.
Ex Secretario General
de la Federación de Servicios de la
UGT en Madrid.

Las legítimas reivindicaciones de la clase trabajadora

Al igual que otras reivindicaciones, como son el derecho a huelga y a la no criminalización del conflicto obrero, la derogación de la Ley Mordaza, la derogación de las reformas laborares 2010 y 2012, que están en el sentir de la mayoría de la clase trabajadora, y que son de gran importancia para seguir avanzando en derechos y mejoras en las condiciones de vida, está la lucha por recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en sus empresas y centros de trabajo, dicho de otro modo: el derecho a no renunciar a la recuperación del salario perdido.

Un problema que parecía haberse solucionado con el acuerdo que alcanzaron las patronales y los sindicatos para la negociación colectiva; que traería la paz social, tal y como decía el presidente de la patronal, el Sr. Garamendi, y que se consideraba por los dirigentes de nuestros sindicatos como un gran paso, ha resultado, y así se está manifestando, insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. La ola inflacionaria que deriva de la especulación en el incremento de los precios que provocan las decisiones, poco democráticas, del sector financiero, el sector de distribución de alimentos, etc., es una de las formas por las que las rentas de los trabajadores son saqueadas.

En el centro de trabajo, donde soy miembro del comité de empresa por UGT, venimos desde al menos un año poniendo todo nuestro esfuerzo y trabajo en informar a los trabajadores de la realidad económica que venimos sufriendo, explicando que no podríamos aceptar acuerdos que no aseguren el poder de compra. Los comunicados y las asambleas que el comité realizó sirvieron para que los trabajadores adquiriesen conciencia ante esta grave situación, y así lo demostraron cuando nos comunicaron las condiciones que los negociadores del convenio sectorial habían alcanzado. Los trabajadores se expresaron en las asambleas que el comité realizó para explicar el contenido del preacuerdo, de manera unánime, disconformes, ya que el mismo, que sí garantizaba el poder de compra de los próximos 3 años, no hacía referencia alguna sobre la pérdida salarial acumulada del 9,45% que los trabajadores de STEF-Madrid tuvieron en los años 2021 y 2022.

El convenio sectorial de Logística, Paquetería, y Actividades Anexas al Transporte de Mercancías de la Comunidad de Madrid fue aprobado por la mayoría de los delegados de UGT que acudieron a la convocatoria para la asamblea. Esto no impide, ni mucho menos, renunciar a la recuperación del poder de compra perdido. Para ello, es necesario seguir trabajando por la unidad entre el comité de empresa y los trabajadores, ya que no se puede emprender ninguna lucha al margen de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Y los trabajadores y trabajadoras no pueden pensar que con votar en las elecciones sindicales cada cuatro años es suficiente, como en la sociedad misma, vemos que es necesario implicarse y movilizarse en la defensa de los derechos y en la justa reivindicación que garantice unas condiciones de vida y trabajo dignas.

La lucha por la recuperación salarial que pueda evitar el continuo empobrecimiento de los trabajadores, es la única alternativa a la que la clase trabajadora puede optar, para que el saqueo al que nos tienen expuestos mediante la especulación de los precios, no impida que nuestras necesidades básicas y la de nuestras familias queden sin cubrir e imposibilitadas.

Ante la grave situación inflacionaria y los bajos salarios, los compañeros de STEF en Francia, en la localidad de Vitry -sur-seine, iniciaron el pasado 13 de noviembre, con el apoyo del sindicato de la CGT francesa, una huelga para conseguir un aumento de 100 euros más al mes. Después de prorrogar la huelga hasta su tercer día, la empresa accedió a reestablecer las negociaciones debido al apoyo que fue teniendo la huelga con el paso de las horas. Durante las negociaciones, el 25% de los trabajadores de la empresa decidió unirse a las movilizaciones.

La determinación de los trabajadores a mantener el conflicto obligó a la empresa a acelerar los encuentros para responder a las reivindicaciones por el aumento de los 100 euros. Al final, los trabajadores consiguieron: el aumento de 30 euros brutos mensuales de salario, la revalorización de la prima por exposición al frio durante el trabajo con 20 euros netos suplementarios, más una prima de 100 euros durante los meses de noviembre y diciembre para sufragar los días de huelga. El 16 de noviembre los trabajadores, una vez finalizada la huelga, vuelven a su actividad diaria con la cabeza bien alta, tras haber obtenido avances concretos en su remuneración. Los trabajadores han demostrado que con unidad se pueden conseguir las reivindicaciones. Sin embargo, “aún queda mucho camino que recorrer“, reconocen los trabajadores de la Vitry, sabiendo que la crisis inflacionista donde los capitalista no dudarán en imponer cualquier otra medida de regresión social, para recuperar las concesiones dadas.

La situación que ha llevado a los compañeros franceses a mantener el conflicto y sus reivindicaciones hasta el final, son las mismas por las que estamos luchando actualmente en STEF-MADRID: salarios que no llegan para hacer frente a cubrir las necesidades básicas para los trabajadores y sus familias, cubrir los pagos de hipotecas y alquileres, consumo de energías y combustibles, una alimentación sana y equilibrada. Necesidades que, con los salarios que percibimos, minorados por la subida de los precios, no son suficientes incluso solicitando prorratas de pagas y anticipos a la empresa.

“A VECES LAS HUELGAS HAY QUE HACERLAS POR DIGNIDAD”

Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez
Sindicalista de la UGT en Stef-Madrid

La Amnistía del procés: una necesidad histórica

La Amnistía del procés es el resultado de unos pactos nacidos de una correlación de fuerzas favorables a los avances democráticos, por tanto, contrario al statu quo de la Transición; de ahí la férrea negativa de las derechas reaccionarias a aceptar la Amnistía, pues ello equivale a reconocer el carácter plurinacional de nuestro país y, por tanto, asumir la necesidad de avanzar en la democratización del Estado.

Puede parecer una exageración afirmar que yo observo la actual dinámica política como una pugna entre dictadura y democracia, pero no es así.

Veamos.

Como resultado de una Transición intervenida por el aparato franquista, muchas de las estructuras de poder del viejo régimen perviven hasta nuestros días; son el mismo perro con distinto collar. Siguen, pues, haciendo suyo el viejo dogma de la unidad indisoluble del Reino de España, por oposición a una República federal o confederal, moderna y avanzada.

Las citadas derechas tratan de imponer manu militari un fantasmagórico estado de derecho, incoherente y contradictorio, producto de los déficits democráticos de la Transición y, por tanto, origen de graves disfunciones, irresolubles bajo el régimen del 78.

Ello resulta evidente; no solo por la extremada agitación reaccionaria, que perturba el buen funcionamiento de ciertas instituciones, y las degrada, sino también por la actitud inamistosa y ceñuda del rey Felipe VI durante la jura del presidente Pedro Sánchez.

El corsé de hierro impuesto por la monarquía está herrumbroso, y sus remaches comienzan a saltar ante el empuje y las ansias de libertad de las viejas naciones sin Estado; es decir, de Catalunya, Euskadi y Galicia.

De entre las ruinas del aparato franquista, emerge un nuevo ciclo democratizador. Su éxito está condicionado a una sólida alianza entre las fuerzas plurinacionales que sustentan al Gobierno de coalición.

De la inteligencia estratégica de las citadas fuerzas, coaligadas de hecho, dependerá que la dialéctica entre dictadura y democracia no derive en grave involución.

Tengo la firme convicción de que sabrán avanzar con valor y perseverancia, codo con codo, formando un amplio frente democrático, pese a los vientos contrarios que soplan ya con fuerza. No queda otro camino.

Aviso a navegantes

Argentina, Milei y la herencia peronista: Inflación superior al 142 % con el 40 % de pobreza extrema y reservas en mínimos. La debacle de la izquierda en las elecciones argentinas llevará a más precariedad, hambre, desprotección y desesperación, abonando así el terreno a soluciones autoritarias aún peores.

Manuel Ruiz Robles,
Capitán de Navío de la Armada (R), antiguo militante de la UMD, portavoz del colectivo de militares demócratas “Anemoi”.
Madrid, 20 de noviembre de 2023

Ante la nueva oleada de declaraciones sediciosas de altos mandos militares, aparecidas en los medios digitales y cadenas de TV en horas de gran audiencia, creando alarma social, manifestamos nuestras más rotunda condena.

La primera oleada ha consistido en un manifiesto, publicado por la franquista Asociación de Militares Españoles (AME), sin firmar, en el que un grupo de militares retirados (según nuestras fuentes, 7 generales, 23 coroneles, 4 tenientes coroneles, 7 comandantes y 9 capitanes) piden a las Fuerzas Armadas que destituyan al Presidente del Gobierno de España y se convoquen nuevas elecciones.

La segunda oleada, se refiere a declaraciones, publicadas por el diario “El Mundo”, de altos mandos de las Fuerzas Armadas en activo, que

podrían haber incurrido en un presunto delito de sedición militar, castigado por el Código Penal Militar con penas muy severas.

El retorno, de tales intimidaciones militares de extrema derecha, es a nuestro juicio, responsabilidad, cuando menos, del silencio cómplice del Rey, de la inacción del PSOE y de la actuación presuntamente prevaricadora de su Ministra de Defensa, que protege a los “fuertes” y hace callar a los “débiles”; como lo ha hecho en los casos del Teniente Segura, expulsado por denunciar valientemente la corrupción interna, del Cabo Santos, expulsado por su ideología democrática y la Artillera Valdearcos, vilmente acosada, calumniada y expulsada.

18 de noviembre de 2023