Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

Sí, estoy de acuerdo

Sí, estoy de acuerdo. Sé que muchos, muchas, no estáis de acuerdo con el pacto de investidura, donde se incorpora la amnistía a quienes propiciaron y participaron en el referéndum ilegal sobre la independencia catalana.

Quiero manifestar públicamente que yo sí estoy de acuerdo.

Para quien quiera entender mis razones, debo empezar diciendo que me siento Republicano y aspiro a recorrer el camino que analice la viabilidad de llegar a un Estado Federal, como puede ser el de Estados Unidos.

Por lo tanto, sí, me parece bien llegar a un acuerdo con fuerzas independentistas donde, desde el diálogo político, se pueda analizar el modelo de Estado más adecuado para el futuro de nuestro país.

Algunas, algunos, no creen en el diálogo, en lo único que creen es en la imposición del “Viva España”. Fueron cómplices del gran conflicto social del 1 de octubre de 2017 (donde incluso se proclamó la independencia catalana), por tal de defender lo que entienden que es una “patria”, en vez de dialogar y poder llegar a algún acuerdo con quienes se sienten diferentes a ellos.

Un primer efecto positivo en la normalización democrática y constitucional es que hace cuatro días, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts se han puesto de acuerdo, por primera vez, votando en contra de la propuesta de la CUP de impulsar otro referéndum ilegal en Cataluña. Parece claro que dejan de impulsar otro referéndum ilegal, acordando que “propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución”.

Es decir, que siguen reclamando la celebración del referéndum, pero ahora en el marco de la Constitución… no como cuando gobernó Rajoy, que lo hicieron al margen de la Constitución y ninguno de los que salieron este domingo a las calles, salieron a manifestarse hace seis años a la sede del Partido Popular.

Ahora hay un candidato que se presentará a la investidura con el apoyo de todas las formaciones políticas, menos la del PP y VOX, es decir, con una amplia mayoría absoluta que recoge las distintas percepciones de convivencia existente en nuestro país.

Y una última reflexión, distintos gobiernos del Partido Popular han perdonado miles de años de penas a asesinos, a terroristas, a etarras, a delincuentes, a defraudadores… Estoy convencido que lo que de verdad les jode a los dirigentes del PP no es la amnistía, es que su país, que también es el mío, vuelva a tener un gobierno de izquierdas que siga haciendo verdaderas políticas progresistas.

Pues que se jodan, yo estoy encantado.

Rafel Fuentes
Militante socialista de Málaga

La sociedad tiene derecho a no quedarse anclada

A los políticos se les debería recordar por lo que hacen y no por lo que dicen. En este país, ha habido gobiernos que han tomado decisiones dignas de recordar por su determinación, incluso contra la opinión de los “suyos”.

Es de justicia mencionar a Adolfo Suarez, cuando en abril de 1977 legalizó al Partido Comunista de España (PCE), máxime viendo de donde venía Suarez: desde 1958 formó parte de la Secretaría General del Movimiento Nacional, entre otros altos cargos en la etapa franquista.

Cómo no reconocer la Ley General de Sanidad de 1986, conocida como “Ley de Sanidad Universal”, sacada adelante por el primer Gobierno de Felipe González. Ley fraguada por el Ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch (asesinado por ETA el 21 de noviembre de 2000). Una ley rechazada ferozmente por Alianza Popular, hoy PP.

Del primer Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero hay que resaltar la valentía en el proceso de negociación con ETA, de 2005 a 2007, a pesar de las posiciones refractarias que encontró fuera y dentro del PSOE. Así como la firmeza que demostró cuando dio la orden de retirar las tropas de Irak, en 2004, no subordinándose a la Administración Bush.

Claro que estos presidentes y sus gobiernos cometieron errores y tomaron decisiones impopulares, pero hay que hacer balance de los hechos concretos: ¿no es el Estado español más plural con libertad de partidos?, ¿no hemos alcanzado altas cotas de calidad sanitaria? -a pesar de que la Sanidad Pública sufre un franco deterioro- ¿no es mejor la discrepancia de algunos de los posicionamientos de la izquierda abertzale que los atentados?

Contra estas y otras medidas del gobierno de turno se han organizado manifestaciones, se ha votado en contra en el Congreso y el Senado y se ha despotricado en los medios por parte de la derecha.

Hoy vemos lo mismo, con un actor que antes no estaba o no estaba emancipado del PP: la extrema derecha: VOX, nace en diciembre de 2013 de la mano de Abascal al que se suma formalmente, un mes después, Vidal Cuadras -presidente del PP de Cataluña de 1991 a 1996-.

El común denominador del rechazo ideológico contra las medidas de progreso, ha sido el “Se rompe España”. Lo que nunca terminan de decir es qué España es la que se rompe: ¿la que muere o la que bosteza? (Antonio Machado); ¿la de los comisionistas?; ¿la de los millonarios cuyas fortunas no paran de crecer?: ¿la que sale a la calle a exigir el Alto el fuego en Palestina o la que otorga medallas de “honor” al genocida?…

El PP defiende a su España, y lo hace con muy poca vergüenza. Es el mismo partido que en 1996, Aznar, quien hoy alienta al tumulto callejero “quien pueda hacer que haga”, pactó un acuerdo de legislatura con la CIU del corrupto Pujol. Juns, heredero de CIU, es el mismo Partido del que, en el mes de agosto pasado, Feijóo decía que “es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”, claro que en esos momentos optaba a que le prestasen sus votos para su investidura.

Como socialistas, no estamos de acuerdo con los nacionalismos. Pero no con unos sí y con otros no o ahora sí y ahora no, con ninguno y siempre; con el nacionalismo español tampoco. La derecha de siempre confunde España con sus intereses, como lo hacen el nacionalismo vasco y el catalán, como lo han hecho siempre las minorías sociales privilegiadas (la clase burguesa) frente a las mayorías sociales que solo cuentan con el esfuerzo de su trabajo para vivir (la clase trabajadora).

Ya veremos, con el paso del tiempo, el desarrollo de la Ley de Amnistía y de esta legislatura que se acerca, pero desde ya valoramos muy en positivo la determinación de Pedro Sánchez en alcanzar un acuerdo con todos los partidos antifranquistas, sean de izquierdas o de derechas, como es el caso de PNV y Juns.

Ojalá que esta actitud se mantenga en el gobierno que se forme en las próximas fechas, pues de la legislatura que termina quedan muchas cuestiones por resolver. Cuestiones sentidas y reivindicadas por la mayoría social que apoyó a la izquierda en las elecciones del 23 de julio: derogación de todos los aspectos lesivos para los trabajadores y trabajadoras, introducidos por las reformas laborales de 2010 y 2012; derogación de la “Ley Mordaza”, impuesta por la mayoría absoluta del PP para reprimir la respuesta de la mayoría social a sus políticas sociales y económicas; encargo de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, como mandata la Ley 21/2021; implicarse en la coordinación y solución del deterioro y destrucción de la Sanidad Pública, producto de la desinversión y privatización de la Sanidad; legislación estatal de las Residencias de mayores… Esperamos que todos estos asuntos, y otros no enumerados, sean abordados por el nuevo gobierno.

De la misma manera, y en línea con la determinación mostrada en estos momentos, esperamos una reorientación de la política del Gobierno respecto a los conflictos bélicos.

Resulta insoportable que llevemos un mes de bombardeos y exterminio de la población civil de la Franja de Gaza, por parte del ejército de Netanyahu, y que, desde los gobiernos de la UE, incluido el nuestro, solo escuchemos “prudentes” palabras de parar la mal llamada guerra -en este conflicto solo hay un ejército, el israelí- y una propuesta de Conferencia de paz para dentro de 6 meses.

Este sometimiento a la posición de la Administración Biden está en línea con la exigencia permanente de la OTAN de incremento de gasto para la guerra en Ucrania; una manera directa de alimentar la guerra, sin que esto signifique compartir la invasión del Este de Ucrania por parte de las tropas de Putin -Vease el Manifiesto internacional contra la Guerra que ha sido publicado en diversas ocasiones en las páginas de Tribuna Socialista-. Una guerra que está desangrando a la juventud ucraniana y también a la rusa. Y de paso está empobreciendo a los pueblos de Europa y arrasando con derechos y servicios públicos.

De la misma manera, es insoportable la posición xenófoba y racista de la derecha contra la llegada de inmigrantes, los que llegan, y que nadie señale la situación neocolonial que el Estado francés, mantiene en los países de Sahel.

Sabemos que avanzar no es fácil, requiere esfuerzo. Lo comodón, sobre todo para quienes viven confortablemente, es quedarse como estamos. Pero la sociedad, su mayoría, tiene derecho a no quedar anclada.

Los hechos vividos en estos meses, en relación con el proceso para reeditar un gobierno de progreso, nos enseñan, una vez más en la historia, que lo que permite avanzar es la voluntad política de llevar a cabo decisiones en favor de los intereses de la mayoría: es el mejor antídoto contra el fascismo.

El Comité de Redacción

IZQUIERDA SOCIALISTA–PSOE ante proceso gobierno de España PSOE-SUMAR

Consulta a la militancia sobre el acuerdo con SUMAR y las negociaciones con el resto de partidos.

El pasado fin de semana, Pedro Sánchez intervino en el máximo órgano entre congresos del PSOE, el comité federal, para hacer una defensa del pacto al que se ha llegado con SUMAR, y también para defender, sin tapujos, la amnistía de los delitos del procés que permitirían, supuestamente, alcanzar el número necesario de apoyos para conseguir la investidura como presidente del gobierno. Inmediatamente, se convocaba a los militantes de las distintas formaciones políticas federadas en el PSOE a una consulta popular para expresar el apoyo o rechazo de la militancia a estos acuerdos y negociaciones.

Como primer secretario de la agrupación socialista del Vendrell he defendido la amnistía y la necesidad de llegar a acuerdos con todas las fuerzas antifranquistas, desde el primer momento. Las negociaciones con todos los grupos excepto PP y VOX porque es necesario una reedición del gobierno de progreso que permita consolidar los avances de los últimos años, y sobre todo, porque es necesario profundizar en esos avances, que aunque avances no han sido tampoco para tirar cohetes.

Es necesario un gobierno de progreso que permita el acceso a una vivienda digna, para fortalecer la calidad del empleo, para asegurar una educación pública y de calidad en todas las fases del proceso educativo, para revertir la privatización de la sanidad y asegurar una sanidad pública y de calidad, para que haya más becas, para recuperar el poder adquisitivo de los salarios frente a los beneficios de las multinacionales, la banca, y el poder economico-financiero, para abolir la ley mordaza, para asegurar las pensiones presentes y futuras y para impulsar un nuevo marco institucional de relación entre los distintos pueblos de España, que bajo mi punto de vista pasa por un federalismo republicano.

Así lo he defendido también en el consejo de federación de Tarragona, debatiendo con algunos compañeros y compañeras que mostraban sus reticencias a pactar con Puigdemon y escépticos de que cualquier pacto con Junts sirva para normalizar la vida política en Catalunya.

Sea como fuere, el apoyo a la consulta debería arrojar un resultado afirmativo, de apoyo a las negociaciones, porque de otra manera, nos veremos abocados a unas nuevas elecciones con incierto resultado, que podrían dar alas a los que apuestan por la gran coalición PP-PSOE en el estado.

Como decía Salvador Illa en campaña, hemos de pasar página, y pasar página significa también reconducir y normalizar la política en Catalunya con los actores que el pueblo catalán ha elegido. Pasar página significa que hemos de poner encima de la mesa los argumentos y necesidades expresadas por

la gente. Sin miedo a que se rompa nada, porque nada se ha de romper. De hecho, rompe más España que se amnistíe fiscalmente a los que defraudan impidiendo la financiación correcta de la sanidad y de nuestras pensiones, que cualquier referendum por muy ilegal que se pretenda.

No soy partidario ni de Puigdemont ni del independentismo nacionalista, tampoco lo soy del centralismo aferrado a una «grande y libre». Soy partidario de los acuerdos para el progreso colectivo y de la consolidación y el avance efectivo en los derechos y en las reivindicaciones de la clase trabajadora de este país plurinacional llamado España. Creo que eso es lo que nos define como socialistas, o como mínimo, uno de los factores que nos hace sentirnos y definirnos como socialistas, y es por ello, que creo que debemos defender la amnistía y los acuerdos de progreso, sin tapujos y sin miedo al precio electoral que pueda suponer (algo que ya hemos comprobado con los indultos, por otra parte).

Ahora bien, mi defensa de los acuerdos y las negociaciones no me impiden ser constructivamene crítico con los acuerdos alcanzados que me parecen sumamente timoratos, ya que no incluímos en los mismos la laicidad (recordemos que los acuerdos con la iglesia se llevan miles de millones de euros que podrían ser dedicados a políticas educativas, sanitarias y sociales). No incluímos en los acuerdos ningún aspecto relacionado con la necesaria y legal auditoría a las cuentas de la seguridad social, que nos permitirían comprobar quién ha saqueado la caja únca de la seguridad social poniendo en peligro las pensiones. No se habla del fin al apoyo belicista y armamentístico alentado por la OTAN y que sirve para promover una guerra sin cuartel en Ucrania, con efectos negativos no solo en el número de muertos y refugiados, sino también efectos económicos negativos en relación al precio de la energía y los alimentos. No se habla del genocidio al pueblo palestino. Se habla de avanzar hacia las 37,5 horas laborales pero no a las 35h. No se especifican las medidas para luchar contra el aumento de los precios, y así podía seguir unas cuantos párrafos más.

En defintiva, todo el apoyo a los acuerdos. Sí a la amnistía. Sí a un avance en el encaje institucional de los diferentes pueblos de España y sí a profundizar en acuerdos con todos los grupos para conseguir una transformación de nuestra legislación que permita satisfacer las necesidades de la mayoría social de nuestro país.

Baltasar Santos
Primer Secretario PSC el Vendrell
Miembro del Comité de Redacción de TS

Miles de personas se manifiestan en Andalucía en defensa de una sanidad pública y de calidad

Por María Iglesias Domínguez, Periodista

Marea Blanca en Andalucía, convocó manifestaciones en todas las provincias de Andalucía en defensa de la sanidad pública el pasado sábado, 28 de octubre, bajo el lema ‘Nos roban la sanidad, nos quitan la vida.

Miles de personas se han manifestado este sábado por las calles de las principales ciudades andaluzas, convocadas por Marea Blanca, en las que también han participado otras organizaciones sindicales así como representantes políticos de la izquierda, para reclamar una sanidad pública y de calidad en la comunidad andaluza para decirle con total claridad al gobierno andaluz del Partido Popular que “no vamos a tolerar que esté desmantelando la atención primaria a golpe de ocurrencias como la más reciente, que pretende sustituir las consultas de medicina de familia por un modelo en el que personas desconocidas y externas a los centros de salud realicen consultas médicas telefónicas o por videollamadas, han salido a la calle para decirle a Moreno Bonilla y su gobierno, que no van a consentir que desmantelen lo que tanto esfuerzo y trabajo costó, la sanidad pública”

Para las organizaciones que componen Marea Blanca “Esta propuesta de la Junta de Andalucía muestra un profundo desconocimiento de lo que en realidad es la atención primaria y va en contra de toda la evidencia científica, además de una falta de respeto a los Andaluces y Andaluzas en una materia fundamental como es la sanidad, que te atienda el médico de familia y que lo haga de manera presencial que conoce tu historia, que te atiende en cada cuadro que te suceda y durante el tiempo, es obligatorio y esto, solo es posible reforzando los centros de salud, todo lo demás son excusa para hacer impunemente lo que le pidieron quienes le votaron, ir a un modelo de sanidad privada que no todo el mundo se puede permitir y que supone una clara discriminación”

Y por eso , decían las organizaciones convocantes “hemos salido esta mañana a la calle y volveremos a salir las veces que haga falta hasta que la Junta de Andalucía se dé cuenta de las consecuencias que tiene para Andalucía el desmantelamiento de la atención primaria una acción con la que se colapsan las urgencias y aumenta la mortalidad, voy a poner además el acento en lo que está sucediendo en las zonas alejadas de las capitales de provincias, las zonas rurales donde además de acabar a pasos agigantados con la atención primaria, están acabando con los hospitales comarcales y de esta forma los ciudadanos y ciudadanas de esas zonas, tienen que desplazarse a kilómetros para tener una atención que deberían recibir en sus localidades, sin dejar de pensar ni un día, en los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad, esos a los que aplaudíamos como verdaderos héroes hace nada de tiempo ,en plena pandemia, los esenciales y las esenciales y que se encuentran cada día más en una situación de precariedad extrema”.

Las listas de espera quirúrgicas crecen en Andalucía tres veces más rápido que en el resto del país», es otro de los ejes de la denuncia de la coordinadora.

Invitación reunión virtual 7 de noviembre 2023, 19H

A pesar de haber transcurrido cuatro años y una crisis sanitaria mundial, desde
la fundación de Marea de Residencias en septiembre de 2019, lamentablemente
los motivos que nos impulsaron a unir nuestras voces siguen estando de plena
actualidad. La carta fundacional de Marea de Residencias incluía el siguiente
texto:
«Durante años y en los últimos tiempos con mayor intensidad, estamos
asistiendo al deterioro continuado del sistema público de Residencias en TODO el Estado. La necesidad de defender los derechos sociales y laborales del sector. La defensa por la dignidad de lxs usuarixs y un trato acorde a unas condiciones mínimas de vida digna nos han traído hasta esta situación que no dudamos de definir como de EMERGENCIA SOCIAL.
Las políticas que se vienen aplicando hasta el momento dan fe de una VENTA INDISCRIMINADA y unas SUBASTAS a la BAJA a grandes poderes económicos, de un sector y unos DERECHOS, de los que deben ser garantes los GOBIERNOS y todas aquellas INSTITUCIONES implicadas.»
Transcurridos cuatro años de esa carta fundacional, a escasos días del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con el dolor de haber añadido a esa pesada carga una ominosa mochila de crueldad, debido en buena parte a la precariedad anterior del sistema, sin olvidar las
políticas discriminatorias que durante la pandemia llevaron a una muerte indigna y brutalmente cruel a toda una generación con Madrid a la cabeza tras sus famosos Protocolos de la vergüenza, desde Marea de Residencias hacemos un llamamiento a toda la sociedad para alzar nuestras voces, unidas,
contra la mayor vulneración de derechos perpetrada en la historia de nuestra democracia.
El 23 de noviembre de 2019 más de 3.000 personas recorrieron la calle Alcalá desde Cibeles a Sol bajo el lema: «Ley de Residencias YA».
El próximo día 26 de noviembre de 2023 seremos muchas más bajo el lema: «¡NO MÁS VÍCTIMAS EN LAS RESIDENCIAS!»
Previo a la manifestación del 26, el día 7 de noviembre a las 19h, celebraremos una reunión virtual mediante Jitsi Meet a la que os invitamos para poner en común la situación actual de las residencias y compartir ideas para concienciar a la sociedad de la gravedad de lo ocurrido en 2020.
Si deseáis participar, por favor enviadnos un correo antes del 5 de noviembre a
mareaderesidencias@gmail.com, indicándonos el nombre del colectivo y el de la persona o personas que asistirá en representación, y os haremos llegar un enlace para uniros a la reunión.


Nosotras y nosotros no les abandonamos.

JUSTICIA, DIGNIDAD, DERECHOS HUMANOS y LEY DE RESIDENCIAS YA

La amnistía y el referéndum en Catalunya son un avance democrático para los trabajadores y los pueblos del Estado.

Estos días, de nuevo se concentra toda la atención política vinculada a la posibilidad de investidura de Pedro Sánchez, en torno al debate sobre la amnistía a los procesados y condenados por el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017. Fueron casi 3.000 personas las encausadas, muchas de ellas ya condenadas, no sólo por organizar el referéndum del 1‐O, también como consecuencia de la represión impuesta en general al movimiento independentista durante el período posterior. Se pone, intencionadamente, el énfasis en los responsables políticos procesados, pero la inmensa mayoría son ciudadanos y ciudadanas de a pie, en especial, jóvenes, procesados por
el referéndum del 1 de octubre y las movilizaciones contra el juicio y condena a los dirigentes republicanos catalanes.
Ese número desorbitado de perseguidos y procesados es el resultado de la campaña emprendida por el aparato policial y judicial contra el pueblo catalán tras el infame discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, y la consigna de ¡A por ellos! ¿Qué futuro de progreso puede establecerse en este país sobre la base de la persecución y condena de miles de ciudadanos? ¿Cómo puede
establecerse una relación de fraternidad ente los pueblos del Estado sobre esta base?

Desde el CATP, convencidos de que todo avance social en este país necesita de la alianza de la clase trabajadora y de los pueblos de todo el Estado, apoyamos todo paso que conduzca a la amnistía de estos procesados y detenidos, sin cortapisas o condiciones. Un ejemplo de pasos en positivo es la recogida de firmas que nuestros compañeros de Tribuna Socialista han puesto en marcha y que ha tenido una buena acogida entre la militancia socialista, una iniciativa que merece el apoyo del CATP.
Apoyamos la amnistía y este derecho, incluso, al margen de que haya o no investidura de Pedro Sánchez y de los acuerdos desarrollados finalmente con Junts y ERC. Porque consideramos que el único “delito” de los procesados fue tratar de defender y de ejercer unos derechos democráticos, lo que fue respondido por una represión policial brutal, por la violación flagrante de la legalidad por parte del sistema judicial español y por una respuesta del aparato de Estado y de los partidos que se autodefinen como “constitucionalistas”, de cierre de filas con la monarquía centralista impuesta por el franquismo y heredada de aquel régimen criminal.

Hoy, de nuevo, las fuerzas del viejo régimen se han agrupado contra esta exigencia de amnistía y de libertades. Desde la Corona, los aparatos del Estado y la derecha en las instituciones (incluidos los restos del felipismo en el PSOE), así como los poderes oligárquicos y los medios de comunicación a su servicio. Esta oposición cerrada no resulta casual. En 2017 estimaron igual que estiman ahora el peligro real de un cambio del régimen constitucional del 78, por lo que utilizaron y utilizarán todos los mecanismos para impedir todo avance en este sentido.

El CATP entiende, sin embargo, que, aunque en 2017 se pusieron los focos sobre el Govern de Puigdemont, sus consellers, el Parlament y los alcaldes independentistas, quienes realmente dieron viabilidad y defendieron el referéndum del 1‐O fue la población trabajadora catalana, y, en especial,
la juventud, que nunca renunció a ejercer sus derechos a la libertad y a decidir libremente su destino.
Unos derechos, compartidos fraternalmente con los trabajadores y los pueblos de todo el Estado español, que hoy siguen “conculcados”.
Defender la amnistía de los represaliados políticos catalanes, sin renunciar al derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro y a la realización de un referéndum con garantías forma parte, en consecuencia, de la misma lucha de la clase trabajadora de todo el Estado. Supone un avance importante para que, sea cual sea el gobierno que se forme, podamos seguir defendiendo nuestras
reivindicaciones más urgentes y unos derechos y garantías democráticas que el actual régimen monárquico se ha mostrado incapaz de satisfacer.
La exigencia de amnistía es incondicional, al mismo tiempo para los trabajadores, los jóvenes, todos los sectores oprimidos de la sociedad, para los pueblos, hacer frente a las consecuencias de la crisis económica es esencial. Hacer frente al nuevo impuesto para los trabajadores que significa la
inflación, que permite ganancias astronómicas para el gran capital, exigir aumentos de salarios y pensiones según el IPC real, medidas para controlar los precios derogar lo que falta de las reformas laborales que han multiplicado la precariedad y los bajos salarios, hundiendo en la miseria a la clase
trabajadora. Hay que derogar las disposiciones represivas como la “Ley Mordaza”, acabar con los gastos militares que alimentan la muerte, la destrucción en Ucrania y menoscaban los servicios públicos: la Sanidad la Enseñanza, las Pensiones, etc.
Hoy, exigir la amnistía de los y las represaliados en Catalunya por defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación, conlleva también defender una salida republicana para la población trabajadora y los pueblos del Estado español.
Llamamos a todos los demócratas a apoyar estas exigencias elementales y proponemos realizar, donde sea posible, actos y reuniones con este objetivo.

Coordinadora Estatal
Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos
6 de octubre de 2023

Como sindicalistas, llamamos a trabajadores y trabajadoras en activo o pensionistas, a participar masivamente en la manisfestacion de 28 de octubre en Madrid.

Las organizaciones de pensionistas convocan, de nuevo, una manifestación estatal el 28 de octubre en Madrid, en defensa del sistema público de pensiones y con la exigencia de la realización de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social en el centro de sus reivindicaciones.
Estamos hartos de que se nos repita, una y otra vez, que las pensiones futuras no son sostenibles” y que hay que aceptar nuevos recortes nuevos retrasos de la edad de jubilación, cuando el Tribunal de Cuentas ha manifestado que sólo en unos años, los gobiernos de turno sacaron más de 100.000 millones de euros de la caja de la Seguridad Social para “gastos impropios” (es decir, para pagar cosas que no son pensiones contributivas). Por eso necesitamos la auditoría para eliminar este argumento de los que quieren destruir nuestro sistema público de pensiones basado en el mecanismo solidario de reparto.
Recordamos que la auditoria es una reivindicación del movimiento pensionista, lanzada por la COESPE, que con el apoyo de un grupo de diputados por la transparencia de las cuentas públicas consiguieron que fuera incluida en la ley 21/2021 de reforma del sistema público de pensiones. Y también la auditoria es una demanda que fue aprobada en el Congreso Confederal de UGT y en
muchos congresos de Uniones Territoriales y Federaciones de CCOO.
Es inaceptable que el gobierno que se dice “progresista” incumpla este mandato parlamentario.
Desconfiamos de la última reforma de pensiones que abre la vía a la privatización de nuestra Seguridad Social a través de los fondos de pensiones de empresa y que, aunque mantiene la actualización de las pensiones según el IPC medio, deja en manos de la AIReF el futuro de esta medida. Recordamos que la AIReF es un organismo de control fiscal, creado por exigencias de la Unión Europea, cuyo objetivo es garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, y no los derechos de la población trabajadora y los y las pensionistas.
Somos conscientes de que sin salarios dignos no puede haber pensiones dignas.
Proponemos dirigirnos a las federaciones de pensionistas de organizaciones sindicales de toda Europa para explicar el combate en defensa de las pensiones en el Estado Español y, en particular, la movilización del 28 de octubre.
Por todo ello llamamos a sindicalistas, pensionistas, jóvenes, trabajadores y trabajadoras en activo a preparar la manifestación del 28 de octubre y a participar en ella. Porque, gobierne quien gobierne, el derecho a las pensiones públicas se defiende.

Sindicalistas por la auditoria es un colectivo de militantes sindicales de UGT, CCOO y otras organizaciones, creado en 2021 para apoyar las movilizaciones del movimiento independiente de pensionistas y, en particular, la exigencia de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social: sindicalistasxauditoria@gmail.com

22 de octubre

EUROPA LAICA SOBRE LOS ACUERDOS PARA LA FORMACIÓN DEL FUTURO GOBIERNO

Los líderes del PSOE y Sumar, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, respectivamente, han firmado el 24 de octubre un acuerdo para reeditar el gobierno de coalición. Se trata de un documento de 48 páginas que incorpora medidas que, según Yolanda Díaz (vicepresidenta del Gobierno en funciones), conforman un
“compromiso con las gentes trabajadoras, con las mujeres, con el planeta, con los jóvenes, con el futuro, con los mayores que nos enseñan cómo se conquistan derechos”.

Por su parte, el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se manifestaba en la misma línea y añadía que “Somos perfectamente conscientes de que aún quedan muchísimas injusticias por resolver”. Todo bajo el lema “España avanza”.

En Europa Laica lamentamos que entre las injusticias por resolver no aprecien las desigualdades y atropellos que se producen en España debido a los grandes privilegios que sigue detentando la Iglesia católica. Y que, en consecuencia, por respeto a los compromisos con los jóvenes, las mujeres, el futuro… no tomen medidas para conquistar derechos que pongan fin a los perjuicios que les ocasionan aquellos privilegios. La única mención que en el documento se hace a la laicidad es para anunciar que las notas de las asignaturas de religión seguirán sin computar para el acceso a otros estudios y para las becas, algo que no es novedad, pues ya está legislado en la LOMLOE. De modo que en asuntos cruciales España NO avanza: no se da ni un nuevo paso para poner fin al adoctrinamiento religioso infantil, con lo que millones de niñas y niños seguirán siendo víctimas de unas enseñanzas dictadas por el episcopado, con marcado carácter anticientífico, misógino y homófobo. El acuerdo de gobierno se olvida de impulsar la educación pública, de manera que se sigue favoreciendo la privatización y que vaya más dinero a la enseñanza concertada, con la
segregación que provoca.

Recordemos que, para que España SÍ avance hacia un Estado laico, plenamente democrático en este sentido, además de sacar la religión de la escuela y la Universidad, está pendiente la modificación de los artículos 16 y 27 de la Constitución, la denuncia (no reforma) de los Acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede (y la derogación de los existentes con las confesiones minoritarias), la derogación de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos en el Código Penal, y la promulgación de una Ley Orgánica de Libertad de Conciencia (derogando la actual Ley de Libertad Religiosa de 1980). Ya hace décadas que se retrasa la supresión de la financiación pública a las confesiones religiosas y de sus beneficios fiscales, y el fin de otras prerrogativas confesionales, como
la asistencia de cargos públicos a actos religiosos, la retransmisión de estos actos en medios públicos o el trato privilegiado a las cofradías y ONGs confesionales. Sin olvidar, por supuesto, la imprescindible y urgente recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, reparando un escándalo patrimonial y económico que deja en mantillas otros que han llenado
muchas páginas y horas en los medios. (Véanse nuestras peticiones con mayor extensión en la Carta reivindicativa de Europa Laica de julio de 2023, ante las últimas elecciones generales).

Hacemos un llamamiento público al PSOE, Sumar, y resto de formaciones políticas involucradas, para que en el próximo gobierno asuman todas estas reivindicaciones, imprescindibles para acabar con los inaceptables residuos del nacional-catolicismo y avanzar hacia una democracia plena en un Estado laico, respetuoso con la igualdad, la libertad de conciencia y en definitiva los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.

EUROPA LAICA
26 de octubre