El 25 de mayo ha tenido lugar una concentración de pensionistas frente al Congreso de los Diputados. Una movilización más de las muchas que se han llevado a cabo desde 2013, cuando el Gobierno de Rajoy impuso la devaluación de las Pensiones Públicas, al revalorizarlas durante años con un ridículo 0,25%.
Las movilizaciones de pensionistas han motivado algunos avances para las pensiones públicas, como la revalorización del 8,5% que el actual Gobierno decidió para este año 2023 (decisión que se tomó una semana antes de la gran manifestación de pensionistas del 16 de octubre de 2022, en Madrid). Las movilizaciones de los pensionistas también han conseguido que la Ley 21/2021 obligue al Gobierno a encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:
La exigencia de realizar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social comenzó siendo una reivindicación del movimiento de Pensionistas, a partir del informe que en 2020 hizo público el Tribunal de Cuentas del Estado en el que, tras estudiar el periodo 1989 a 2013, se establecía que el Estado ha utilizado de manera sistemática e indebida más de 103.000 millones de euros. Recientemente, el ministro Escrivá ha dicho en la prensa que la deuda del Estado con las Pensiones Públicas asciende a 140.000 millones de euros.
La Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, obliga al Gobierno a encargar una Auditoría que estudie el periodo 1967 a 2021. El Gobierno debería haber encargado la Auditoría en enero de 2022 y haber presentado el Informe de Auditoría antes de final de junio de 2022. El Gobierno no ha cumplido aún con esta obligación legal, mientras que sí ha cumplido con la condición que le imponía la UE de realizar una nueva reforma de las Pensiones Públicas.
Si el Gobierno admite que el Estado le debe, como mínimo, 140.000 millones de euros a la caja de las Pensiones ¿qué necesidad había de realizar una nueva reforma de las Pensiones, aunque fuese para incrementar los ingresos?
Si el Tribunal de Cuentas del Estado ha detallado en su informe de 2020 que los distintos gobiernos, en el periodo 1989 a 2013, han utilizado indebidamente más de 103.000 millones, y ahora el ministro de Seguridad Social admite que ya son 140.000 ¿cuántas decenas de miles de millones le debe el Estado al Sistema Público de Pensiones para el periodo 1967 a 2021?
¿Por qué se insiste en la falsedad de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones?
Basta de alimentar los beneficios de las grandes corporaciones privadas con los derechos fundamentales: Pensiones, Sanidad, Educación y Dependencia.
En la concentración estaba convocada para exigir, entre otras, las siguientes reivindicaciones:
Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, ¡Ya!
Pensión mínima igual al SMI: 1.080 € (La pensión mínima en 2023 se sitúa en 783 €).
Pensión de viudedad al 100% de la Base Reguladora del finado/a (hoy es del 52%).
Revalorización de las pensiones con el IPC, por ley, para todos los años.
Las intervenciones en el cierre de la concentración de pensionistas de esta mañana han dejado claro que la lucha por la Defensa del Sistema Público de Pensiones continuará tras el verano de este año.
Gobierne quien gobierne, las Pensiones se defienden.
Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista
Hoy se publican dos noticias que leídas juntas dejan poca esperanza en que las cosas puedan ir a mejor en Bizkaia y en Euskadi tras el 28M.
El diario el “El Correo” nos cuenta como el 56% de los municipios bizkainos siguen gobernados por el mismo partido político desde 1979, y nos da la lista de municipios, entre ellos su capital Bilbao, donde las cosas nunca cambian. Otro Diario “Argia” confirma la culminación de la privatización de la gestión del agua en Bizkaia tras acabar con todos los consorcios del agua, el ultimo el de Busturialdea.
Vivo en Barakaldo, margen izquierda del Nevión, cuna del socialismo bizkaiano y capital de la zona minera, de lo que ya no queda más que el recuerdo, tanto de lo uno como de lo otro y algo del paisaje. Mi municipio es de los que se sale de ese 56% que menciona el correo, aunque por muy poco, estuvimos gobernados por el PSE/PSOE desde el 1983 hasta 2015, 32 años, desde entonces estamos en manos del PNV, partido que consiguió la primera alcaldía de la democracia de 1979 a 1983. Como se puede ver no hay una gran alternancia política en Barakaldo, menos si tenemos en cuenta el pacto de gobierno que une a estos dos partidos en las instituciones vascas y que suele llegar hasta las políticas municipales. Las políticas de unos y otros son muy difíciles de diferenciar, si buscamos políticas “Socialistas”, por ejemplo, resulta chocante que el PSE/PSOE, como aspirante a recuperar el ayuntamiento, en sus promesas electorales se incluyan mejoras en barrios degradados, que llevan más de 30 años degradados y por los que poco hicieron en su día.
El partido socialista en Bizkaia y en Euskadi tiene muy fácil el distanciarse del PNV y de sus políticas conservadoras sin tener que recurrir a grandes obras en las infraestructuras de nuestros barrios, bastaría con defender simples ideales “Socialistas” como la lucha por lo público y contra las privatizaciones o por una laicidad real empezando por los municipios y llegando al gobierno autonómico.
El pasado mes de abril las centrales sindicales vascas, ESK y ELA, denunciaban la privatización de los almacenes de Osakidetza, el objetivo real de Osakidetza no es otro que el de cerrar los diferentes almacenes con los que cuenta hoy en las diferentes Organizaciones de Servicios, gestionados con medios y personal propio, para centralizarlos en la futura plataforma logística, cuya gestión se va a subcontratar a una empresa externa y por lo tanto, a privatizar. No es el primer ataque de privatización que sufre el Servicios Vasco de Salud, como es práctica habitual en todos los servicios de Salud del Estado, empiezan con derivaciones de pacientes a centros privados “colaboradores” para ciertos procedimientos, siguen el engorde de las listas de espera que hasta para la atención primaria pasa de horas o dias a semanas. Y acaban con el cierre de servicios, como el módulo psicosocial de Cruces, en mi municipio, que este sí que llevaba funcionando desde 1979.
También en estos días, y cara a la actual campaña a las elecciones municipales para el 28M, desde la asociación “Langilen Informazioa” nos hemos dirigido a los candidatos para que incluyan en sus mítines y en sus discursos la discusión sobre el proyecto de ley que prepara Gobierno Vasco en el que se va un poco más allá del pacto que ha alcanzado el gobierno de Pedro Sánchez con diferentes religiones. La propuesta del gobierno vasco obliga a los municipios a reservar terreno público para cualquiera de las confesiones religiosas, esta carta ya la publicamos en el número 143 de TS ( https://tribunasocialista.com/2023/05/02/ley-de-culto-en-euskadi/ ), como bromeaba, y no sin razón, un periodista de La Cadena Ser, nos vamos a convertir en el paraíso para las STARTUP religiosas.
También hemos preparado una mesa redonda en Leioa, para el próximo día 25, a la que hemos invitado a los candidatos a estas municipales a significarse en favor de la Auditoria a las cuentas de la seguridad social, algo que por ley aprobada en el congreso se debería haberse llevado a cabo hace meses.
Estos son los ejemplos más cercanos y recientes del poco interés de los candidatos en Euskadi por políticas “Socialistas”, porque el problema que siempre queda patente del PSE/PSOE en Euskadi es el pacto con los conservadores que le ata de pies mi manos para poder hacer suyas cualquiera de estas políticas por lo público, contra las privatizaciones, por una laicidad real en nuestros municipios, un pacto que se hace notar hasta en Madrid cuando el Gobierno de Pedro Sánchez quiere sacar adelante los presupuestos generales del Estado con el apoyo de los abertzales.
Bajo este lema tuvo lugar el pasado día 20 de mayo otra gran manifestación en Madrid, a una semana de las elecciones municipales y autonómicas. Una Manifestación convocada por distintos colectivos vecinales, pensionistas… a la que nos sumamos como Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP).
Una vez más, miles de personas recorrieron las calles de Madrid para pedir respeto a los servicios públicos y exigir:
que se deje de privatizar la Sanidad Pública, dotándola de recursos económicos que eviten la precariedad y la infra remuneración del personal sanitario.
Que se termine con la colaboración público-privada, vía por la que se trasvasa dinero público al negocio de la salud y se deteriora lo público.
Que se dé marcha atrás a todas las políticas privatizadoras hospitalarias y que se reabran todos los centros de Atención Primaria, con personal suficiente.
El desastre de la gestión sanitaria del Gobierno del PP en Madrid ha llevado a que los nuevos médicos que terminan su periodo de formación (MIR) no quieran trabajar en Madrid en la Atención Primaria, concretamente en las especialidades de Medicina de Familia y Pediatría. Ya son dos años consecutivos en los que la Comunidad, que preside Isabel Díaz Ayuso (IDA), no consigue cubrir el 16% de las plazas ofertadas.
una Educación Pública de calidad a la que se destinen todos los recursos económicos que hoy se desvían a la educación concertada (en un 80% en manos de la Iglesia, en muchos casos para segregar a niños y niñas). Que se acabe con la Educación concertada, un negocio en el que predomina el beneficio sobre la enseñanza.
La Educación Pública está siendo “descapitalizada”: los fondos públicos para la educación concertada crecieron diez veces más que los destinados a la educación pública en el decenio 2010 a 2020. Esta descapitalización provoca que no haya profesorado suficiente para cubrir bajas, con la consecuente pérdida de horas lectivas para el alumnado en los centros públicos.
la desprivatización de las Residencias, para que el dinero público vaya a una alimentación digna para nuestros mayores y la dotación de personal profesional suficiente, en lugar de a la cuenta de beneficios de las empresas y fondos buitre que las gestionan.
Los manifestantes no olvidaron a los 7.291 fallecidos en las Residencias de Madrid, como consecuencia del protocolo criminal del Gobierno de Ayuso; por el que se les negó la asistencia hospitalaria en la pandemia.
la realización de la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, para el periodo 1967 a 2021, cumpliendo de una vez con la Ley 21/2021 que hasta hoy está incumpliendo el Gobierno.
Hay que terminar con la utilización indebida del dinero de las Pensiones Públicas. Las Pensiones son sostenibles, lo insostenible es su saqueo. El Tribunal de Cuentas del Estado emitió un informe en 2020 en el que asentaba que el Estado ha estado haciendo un uso indebido del dinero de las pensiones públicas, por lo que la deuda del Estado con la caja de las Pensiones ascendía a más de 103.000 millones de euros (para el periodo 1989 a 2013). Recientemente, el ministro Escrivá elevaba esa deuda a los 140.000 millones de euros. Por tanto, las pensiones sí son sostenibles, lo insostenible es el saqueo al que el Sistema Público de Pensiones viene siendo sometido, por todos los gobiernos, desde los franquistas años 60 de siglo XX.
Basta de incrementar los presupuestos para alimentar la Guerra; dinero para matar, mientras se escatima en los presupuestos para curar, para educar y para vivir con dignidad.
Tras las elecciones del 28 de mayo continuará la lucha por la defensa de la Sanidad, la Educación, las Residencias, las Pensiones y de todos los servicios públicos.
Gobierne quien gobierne los servicios públicos se defienden
Crónica de Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista
Estamos de nuevo ante un proceso electoral. Dada la situación actual de la política en general en nuestro país, este, es uno de los mas preocupantes de los que yo he vivido en mi ya larga vida, como votante y como militante de nuestro veterano partido.
La descomposición sistemática en lo que se refiere a valores, principios éticos de honradez y decencia, que en mi opinión se le suponen a alguien que se quiera dedicar al noble arte de la política últimamente son escasos y en ocasiones inexistentes, se están dedicando a esta básica y fundamental actividad cada vez más, esos ciudadanos que sin ningunas ansias de mejorar la sociedad, se van introduciendo en los engranajes políticos, ante la ausencia de los militantes concienciados poseedores de ese espíritu solidario imprescindible a la hora de legislar y que al menos en nuestro partido yo sé que existen, aunque su alto grado de dignidad les frena, al intentar introducirse en ese estercolero en el que poco a poco se está convirtiendo la política a todos los niveles.
Es evidente que, a la hora de emitir mi voto, tengo muy en cuenta mi ideología de Izquierdas, en todas y cada una de las convocatorias electorales, pero no es menos evidente que en el caso de las Municipales la influencia sobre mi decisión es mayor la personalidad de los candidatos, su forma de trabajar demostrada y sus valores éticos y morales, mas aun al tratarse en mi caso, de una zona históricamente olvidada del rural, con un alto grado de depresión subsanada brillantemente por la actual corporación, y que por lo tanto tendrán mi voto aunque no sean militantes de mi partido por la valentía de ejercer como verdaderos artífices del bien social.
Distinto es cuando se trata de unos comicios mediante los cuales tenemos que decidir quien estará encargado de legislar para un futuro, pues en este caso sí que mi interés será siempre el que las leyes sean progresistas y busquen la igualdad de oportunidades, siendo vital para ello evitar por todos los medios posibles la derechización de las instituciones, animando para ello a nuestros políticos más honrados, decentes y solidarios que den un paso hacia adelante con valentía para impedir la derechización de nuestras estructuras organizativas internas.
Esto, que siempre ha sido muy difícil de entender por parte de algunos compañeros de Partido, que ahora se autodenominan Socialdemócratas, es muy sencillo para los que hemos vivido el socialismo real dentro del mismo, cuando sin dejar de ser demócratas, nos llamábamos Socialistas sin complejos.
Yo, en las Elecciones Municipales de mi pueblo, seguiré apoyando al mejor gestor, al que mejore la vida de sus vecinos, sin importarme de qué color político sea, evidentemente sería más fácil para mí que ese gestor tuviera una ideología similar a la mía, pero si lo hace bien tendrá mi voto.
De todas formas, el día 28 todos a votar, con fanatismo o sin él, pero ejerciendo nuestro derecho, si puede ser en conciencia mejor aún.
Una vez más, Tribuna Socialista toma posición ante un proceso electoral; inequívocamente llamamos a ir a votar y a votar a las candidaturas de los partidos que se reclaman de izquierdas.
No participamos de los eslóganes del tipo “todos son iguales”, “no nos representan”… Los partidos de la derecha representan en nuestro país la continuidad del franquismo, por mucho que hayan cambiado de siglas – de AP a PP- o hayan adoptado distintas tonalidades corporativas -cambiando el azul PP por el verde VOX o el naranja de Cs-. No hay derecha radical y derecha moderada, cambian las formas para conseguir los mismos objetivos: mantener los privilegios de la minoría social.
Como miembros de la clase trabajadora, no somos neutrales frente a quienes justifican y defienden la monarquía corrupta heredada del franquismo (ver editorial de TS 143). Los líderes de la derecha aún se permiten decir que se insulta al Rey, cuando la realidad es que es la institución monárquica la que ha faltado gravemente al respeto a los pueblos y trabajadores del Estado español.
No podemos poner en el mismo nivel a quienes se empeñan en preservar las viejas instituciones judiciales franquistas, por mucho que de la noche a la mañana cambiasen la nomenclatura del Tribunal de Orden Público por el de Audiencia Nacional. Ni a quienes mantienen la indecencia de un Consejo General del Poder Judicial sin renovar desde hace casi cinco años. Es cierto que no todos los jueces son de derechas, pero sí una importante mayoría; entre la que el PP en particular tiene una fracción militante.
Los trabajadores y trabajadoras no podemos votar a quienes siempre ponen obstáculos a la subida de las pensiones, se oponen al incremento del SMI y apoyan a la patronal para no subir los salarios ni tan siquiera en la misma cuantía que se incrementa el IPC. Son los mismos que salen en tromba a defender a los bancos, las eléctricas, las gasistas, las grandes superficies de la alimentación… ante cualquier insinuación de la izquierda de iniciativas para controlar los precios, por muy moderadas que sean estas iniciativas.
La mayoría de la sociedad no puede votar a los partidos que privatizan lo público: la sanidad, la educación, las residencias. Hospitales y centros de especialidades que se entregan a empresas privadas para que hagan negocio priorizando el beneficio sobre la salud de los pacientes; para que hagan beneficio a costa de la educación, la alimentación y demás servicios que prestan a los niños y niñas en los colegios concertados; para que escatimen en el personal y en la alimentación de los mayores residentes, con el objetivo de engordar sus cuentas de resultados y el reparto de dividendos.
Mención concreta merece el crimen, no juzgado aún, cometido en Madrid por el Gobierno del PP, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que tubo como resultado de sus decisiones la muerte de 7.291 ancianos en pandemia, al negarles la atención hospitalaria.
A la hora de votar no se puede olvidar quienes, con sus políticas de gestión del suelo (Ley de liberalización del suelo de 1998. Gobierno de Aznar), nos llevaron a la mayor crisis económica de los últimos 100 años. Como no debemos olvidar quienes vendieron la poca vivienda pública de que disponíamos a Fondos Buitres. Políticas y decisiones que han generado un drama para la emancipación de nuestros jóvenes y un gran problema social con la vivienda.
No podemos avalar con nuestro voto el entramado de privilegios sociales e impunidad que la derecha viene disfrutando de manera ininterrumpida desde 1939.
Sin embargo, nuestra no neutralidad no nos impide ser críticos con los partidos de la izquierda.
Partimos de reconocer que este periodo de cuatro años ha sido un ciclo que se recordará históricamente como el de las crisis encadenadas, cuando aún millones de conciudadanos no habían salido de la crisis de 2008 entramos de lleno en la pandemia del COVID-19, y cuando aún coleaban las distintas cepas mutadas del virus estalló la guerra en Ucrania. Por si estos tres hechos fuesen insuficientes, la isla de La Palma ha sufrido la erupción del volcán de Tajogaite y todos los pueblos del Estado español sufrimos la mayor sequía desde tres décadas.
Nadie puede prever la expansión de un virus, aunque sí su contención y sus efectos. No se puede prevenir la erupción de un volcán, pero sí paliar sus consecuencias. Y no se puede combatir una pertinaz sequía de repente, pero se debería aprender y tomar medidas rigurosas para prevenir los efectos de la siguiente con una eficiente gestión del agua.
La crisis inmobiliaria de 2008 y la guerra de Ucrania no son achacables a fenómenos de la naturaleza. En nuestra opinión, son consecuencia directa de la dinámica del “libre” mercado y la competencia entre capitalistas. En el primero de los casos: la Ley de Liberalización del suelo que decretó el Gobierno de Aznar y su convicto ministro, el Sr. Rato, en 1998. En el segundo caso es la competencia entre oligarcas rusos defendidos por Putin, y los propietarios de multinacionales, fondos de inversión… defendidos por Biden.
La cuestión es qué pintamos la izquierda, aquí y en Europa, defendiendo a uno u otro bando ¿es mejor la propuesta social de Putin que la propuesta social de Biden, o viceversa? ¡NO! Como tampoco es defendible ni es mejor el modelo social de China. Lo que las tres grandes potencias actuales tienen en común es la explotación salvaje de sus propios pueblos y la necesidad imperiosa de ganar cuotas de mercado para sus sectores estratégicos, aunque sea mediante la guerra.
Es por esto que nos identificamos con la posición del presidente de Brasil, Lula da Silva “de la guerra se habla cuando hay paz, cuando hay guerra lo que hay que hacer es pararla”. Claro que la guerra sólo puede parar si el que ha invadido un territorio que no le corresponde saca sus tanques y tropas de dicho territorio, y si unos y otros aceptan un ¡Alto el fuego inmediato y sin condiciones! Pero la guerra también se para si no se alimenta con armas y si todas las partes se afanan en presionar a ambos contendientes a sentarse en la mesa de la negociación.
Parar la guerra debe ser la prioridad y se debería realizar el máximo esfuerzo, pero los tiros van por otro lado; los gobiernos atlantistas están destinando cantidades ingentes de los presupuestos para reponer los arsenales que se han vaciado en estos quince meses de guerra. Igual que Putin a anunciado presupuestos ilimitados para la guerra. Mientras, se escatima en contratar médicos y demás personal sanitario y, a los que hay, se les niegan unas condiciones dignas y acordes con su responsabilidad y aportación social, no incrementan los presupuestos para la guerra.
Insistimos, es cierto que ha sido un periodo muy difícil y extraordinariamente complicado, pero no pensemos que a la ciudadanía se la puede engañar. Nos pasó en 2011, con Zapatero. Ocurrió en Grecia, en 2019, con Alexis Tsipras, ha ocurrido en Chile con Gabriel Boric en las elecciones para consejeros constitucionales del 7 de este mismo mes de mayo. Ha ocurrido muchas veces, cuando la izquierda se pliega a los dictados de los organismos internacionales del capital, le abre las puertas de para en par a la derecha. Es un hecho probado que el incumplimiento de promesas electorales da alas a la derecha y desmoviliza a muchos sectores de trabajadores.
Vender humo está muy feo. No es de extrañar que la patronal aplauda la reforma laboral última; deja prácticamente intacta la que impuso Rajoy en 2012. Es lógico que el Rey reciba y se haga fotos con los líderes sindicales, y con el de la patronal, para celebrar el acuerdo intersindical que sólo garantiza la paz social hasta 2025, -aunque los sectores en lucha opinan otra cosa-, pues no garantiza que no se siga perdiendo poder adquisitivo y menos aún que se recupere el poder de compra perdido en 2021 y 2022. No sabemos si es la forma que ha tomado el deseado pacto de rentas, pero, si es así, los capitalistas firmarían esos pactos todos los días, máxime en un periodo en el que las grandes empresas baten récords de beneficios todos los trimestres.
No podemos entender por qué el Gobierno no cumple la Ley 21/2021 y no encarga una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social: en 2020, el Tribunal de Cuentas cifró en más de 103.000 millones de euros la deuda del estado con las Pensiones (sólo para el periodo 1989 a 2013. La Ley 21/2021 obliga al Gobierno a encargar una Auditoría para el periodo 1967 a 2021). Recientemente, el ministro Escrivá, hablaba de una deuda de 140.000 millones de euros– no decía en qué periodo se había generado, ni informaba de en qué estudio se basaba-. Pero, a pesar de estas ingentes cantidades de dinero de las Pensiones públicas que el Estado ha gastado indebidamente, se continúan aplicando reformas al Sistema Público de Pensiones y manteniendo el falso mantra de la insostenibilidad del sistema.
En última instancia, para sectores crecientes de trabajadores y jóvenes el hecho de que ninguna fuerza de izquierda responsa a reivindicaciones esenciales: contra la OTAN, contra su guerra, contra los planes de austeridad de la UE, que no cuestionen a la Monarquía… provoca una sensación de orfandad electoral y política que genera la sensación de acudir a votar sin ningún entusiasmo.
Analizaremos los resultados del 28 de mayo, esperemos que sean positivos para la izquierda. Aún quedan meses para las generales, todavía hay tiempo de legislar y de ganar credibilidad entre la mayoría social.
Envía un mensaje con tu adhesión a: manifiesto.altoalaguerra@gmail.com
Exito de la conferencia europea contra la guerra y la guerra social del 8 de julio.
CONSULTA NUESTRO BOLETIN NUMERO 13
Firmas de militantes políticos y sindicales de 17 países de Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Moldavia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia y Suiza
También hay firmantes de otros 18 países de diferentes continentes: Argelia, Azania-Sudáfrica, Brasil, Burkina Faso, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Estados Unidos, Ghana, Guadalupe, Líbano, Mali, Méjixo, Niger, Togo, Senegal y Uruguay.
Apoya el Manifiesto 30 colectivos y organizaciones de distintos países:
Estado español
Promueve: Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP)
Asociación Civil, Milicia y Republica (ACMYR)
Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE)
Butroi Bizirik en Transición
Colectivo de militares demócratas “ANEMOI”
Colectivo de Mujeres Republicanas
Comissió Gent Gran 15M
III Congreso de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-Euskadi)
Hemen, salida por la izquierda.
Herriak Bizirik. Plataforma ciudadana en lucha contra las empresas altamente contaminantes en
el Polígono Industrial de Goiain (Álava)
Información Obrera
Munizipalistok Gasteiz
Orquesta y Coro “La Solfónica 15m”
Plataforma Galega por la Tercera República
Reunir Canarias
Reunir la Laguna
Reunir Santa Cruz de Tenerife
Tribuna Socialista
Unidad Cívica por la República
Colombia
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC)
Grupo de investigación GIDPAD – UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA Medellín
Grupo de Investigación y Editorial Kavilando
Fondo de Empleados Universidad de San Buenaventura Medellín
Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia (MESSSA)
Mesa Ecuménica por la Paz (MEP)
Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ
Italia
Collecttivo Autónomo del Porto di Génova
Unione di Base del Porto di Génova (USB).
Portugal
Colectivo Andorinha (Frente democrática brasileira em Lisboa)
El 17 de abril se ha celebrado la segunda reunión de firmantes del Manifiesto ¡Alto a la Guerra!, en la que han participado casi 50 militantes y activistas del Estado español. También participó el compañero Joaquín Pagarete, coordinador de los firmantes de Portugal.
Se hizo balance de los actos realizados desde que el 11 de enero se hiciese público el Manifiesto, ante el Congreso de los Diputados: más de 1.822 firmantes de 35 países del mundo -de ellos, 839 del Estado español- 16 actos para presentar el Manifiesto, en distintos territorios del Estado; hemos participado en al menos 6 movilizaciones contra la guerra; y se han editado 9 boletines, informando de toda esta actividad.
Los participantes de la reunión debatieron sobre el horizonte temporal más próximo, en el que dar continuidad al trabajo contra la guerra. En este sentido, es muy importante la reunión abierta que el CATP prepara para el día 6 de mayo, en la que la campaña ¡Alto a la Guerra! ocupará un lugar prioritario en el orden del día, junto a la defensa de la Sanidad Pública y a dar continuidad a todo el trabajo realizado en defensa del Sistema Público de Pensiones, destacando la exigencia de la Auditoría a la Cuentas de la Seguridad Social. Estas reivindicaciones son necesarias para combatir los efectos de la guerra social contra los derechos de los trabajadores, guerra que se despliega en paralelo a la barbarie desatada en Ucrania desde la invasión llevada a cabo por las tropas de Putin hace 14 meses y por la obstinación de los USA en que la guerra no pare.
Todos los intervinientes coincidieron en la importancia de la propuesta que se hace desde Alemania para realizar un Encuentro internacional de militantes y colectivos contra la guerra, y seguir en la línea de trabajo emprendida en el Encuentro Europeo que se realizó en Madrid el 24 de junio del pasado año, coincidiendo con la cumbre de la OTAN en nuestro país, para profundizar y avanzar en la necesaria coordinación entre militantes en aras de fomentar un movimiento europeo contra la guerra, pues sólo los pueblos, organizados, tiene la capacidad de exigir que pare la guerra.
En la reunión se informó del trabajo que se está llevan a cabo para continuar realizando acto de presentación del Manifiesto. Se instó a que el Equipo de Coordinación de la campaña se dirija a las 33 organizaciones y colectivos que apoyan el Manifiesto para que de forma coordinada y ofreciendo todo el apoyo desde este Equipo, estas asociaciones organicen actos.
Por último, se recalcó la necesidad de que el movimiento sindical participe de la campaña contra la Guerra. El 1º de mayo será un buen momento para hacer que nuestra campaña se visibilice, repartiendo información y participando de las manifestaciones.
La segunda quincena de abril está enmarcada por dos fechas muy simbólicas, si bien ese simbolismo no las quita ni un ápice de actualidad: 14 de abril y 1º de mayo.
Hemos celebrado el 92º aniversario de la proclamación de la II República, recordando que aquel breve espacio de tiempo fue una de las etapas más fecundas en derechos en la historia de nuestro país, hasta que los que no soportan que la mayoría de la sociedad avance en igualdad y bienestar dieron un golpe de Estado militar. Recordar la II República no como acto romántico o meramente conmemorativo, sino para aportar razones para trabajar por la tercera.
La monarquía, como otras instituciones, es herencia del franquismo. Lo afirmamos y lo razonamos, partiendo de los hechos:
Como bien establece Ángel Viñas en su libro “¿Quién quiso la Guerra Civil? Historia de una conspiración” (Ed. Critica), los monárquicos conspiraron contra la II República desde su proclamación el 14 de abril de 1931. Fue el entorno de Alfonso XIII quién buscó la alianza con el fascismo italiano de Mussolini y quienes adquirieron aviones y material militar para preparar el golpe del 18 de julio. Otra cosa distinta es que Franco traicionase, como traicionó, a la Casa Borbón y a los monárquicos españoles; traición que ejecutó en la Ley de sucesión de julio de 1947, en la que decretó que “el Estado se constituye en Reino” (Artº 1), y condicionó “la proclamación de un Rey al fallecimiento del jefe del Estado” (Artº 7), es decir que en el Reino no habría Rey hasta la muerte del dictador(1).
Uno de los refrendos forzosos que Franco decretó fue para vestir la Ley de sucesión de julio de 1969, en cuyo artículo primero “instaura La Corona en la personade (el hoy Emérito), Juan Carlos de Borbón”(2), dejando claro en el mismo artículo que será Rey “cuando quede vacante la jefatura del Estado”, lo que no ocurriría hasta el 20 de noviembre de 1975. Ese mismo día, el 20-N, el Decreto Ley 16/1975(3) establece en su artículo primero:
“Se promueve al empleo de Capitán General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire a S. A. R. Don JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN, Príncipe de España, con todos los honores, privilegios y prerrogativas que a tan alta jerarquía corresponden.”
A la vista de esto, decir que el Rey heredó la gorra de plato antes que la Corona no es una exageración. Del mismo modo, los privilegios y prerrogativas que recibía de Franco se trasladarían tres años después al Título II de la actual Constitución.
Los compromisos adquiridos con los monárquicos, por parte del generalato franquista, no se cumplirían plenamente hasta 48 horas después de la muerte del dictador.
La secuencia es clara y no deja lugar a la duda del atado y bien atado. Otros nudos, como el referido a la constitución de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo; sucesión directa del Tribunal de Orden Público (TOP), ya han sido abordados en otras editoriales y artículos publicados en Tribuna Socialista.
Dentro de la minoría social privilegiada hay fracciones: monárquicos, militares, empresarios, clero… que se mezclan e interactúan para garantizar que la mayor parte de la riqueza y el control del país queda dentro de sus dominios. Por ello, cuando los hechos históricos sitúan a la cabeza del poder a un grupo ajeno a su corral no lo soportan, aunque los partidos acaten sus normas y leyes, y garanticen que se limitarán a ser gestores del sistema que les es favorable, aun así, los privilegiados y sus representantes apelan a lo que haya que apelar para recuperar el poder. Es lo que está ocurriendo con el Gobierno de coalición de partidos que se reclaman de la izquierda, que acatan las condiciones que las instituciones europeas le ponen en materia de Pensiones, que es timorato y comedido a la hora de atajar el saqueo de salarios y pensiones por la hemorragia de la inflación, que se disciplina a la OTAN en sus estrategias bélicas… y a pesar de ello, la fracción judicial de la derecha instalada en el CGPJ, la patronal y, por supuesto desde la derecha política y mediática, se le considera ilegítimo y lo atacan hasta más allá de los límites de su propia de democracia; este fue el caso el pasado mes de diciembre, cuando el Tribunal Constitucional vetó el trámite legislativo para la reforma del propio TC. Y el Gobierno acató lo que debería haber desacatado.
Dicen los institucionalistas que la institución monárquica es la clave de bóveda de la arquitectura constitucional. El problema es que esa clave de bóveda y muchas de las dovelas de la cúpula están podridas y de su “enfermedad de la piedra” solo ellos son responsables. Muchas veces es más eficiente derribar y construir de nuevo que parchear sobre lo deteriorado.
La institución monárquica es por ende el palo mayor de la nave en la que navegan los privilegiados, y a la misma vez es el obstáculo principal para las aspiraciones de la mayoría social. Siendo conscientes de que cambiar al rey por un presidente de la República no resuelve los problemas automáticamente, estamos convencidos de que abre el camino a la solución. Al menos no estaría instalado en la impunidad que las instituciones heredadas del pasado parecen estar instaladas; véanse las fechorías cometidas por el Emérito a lo largo de su reinado, el secuestro del CGPJ (8 años desde su última renovación) o la colaboración del presidente de la Audiencia Nacional con los investigados en la trama “Kitchen”, se podrían poner muchos más ejemplos de impunidad.
El 1º de mayo concentra la lucha de los trabajadores y trabajadoras por sus reivindicaciones. A lo largo de la historia, los logros conseguidos por las organizaciones obreras han sido a costa de luchar y plantar cara a la minoría privilegiada; clase social minoritaria que sólo ha cedido ante el temor al estallido social. El 1º de mayo, como el 14 de abril, es un día de celebración y de reivindicación. Reivindicaciones que durante todo el año se concentran en la acción de los colectivos sociales que reclaman sus derechos: pensionistas en defensa del Sistema Público de Pensiones, asociaciones vecinales y de barrios, y sanitarios en huelga, en Defensa de la Sanidad Pública, sectores de trabajadores sindicalizados que reclaman subidas salariales, como mínimo IPC, para prevenir la pobreza en sus familias…hombres, mujeres y jóvenes que pelean por recuperar lo perdido y/o por mantener los derechos que son atacados cada día a nombre de los distintas crisis: inmobiliaria, económica, pandemia, guerra…
La clase privilegiada siempre encuentra una excusa, y si no la inventa, para hacer prevalecer sus intereses, en detrimento de los intereses mayoritarios: España es el país europeo en el que mayor porcentaje de poder adquisitivo han perdido los salarios: un 5,3% en promedio, frente al 0,5% en Francia. Somos, entre las grandes economías de Europa, de los países que menos porcentaje del PIB destinan a Sanidad, un 7,8%, frente al 10,9 de Alemania o el 10,3 de Francia (datos de 2020). España ocupa el puesto 18 en el ranking de viviendas sociales, con un 2,5% frente al 9,5% de media en la UE (Fuente: observatorio de la vivienda y el suelo 2020). Sin embargo, no se escatima en incrementar los presupuestos para gastos militares.
Son parámetros que nos ponen frente al espejo. Malos datos que no se dan por causalidad. Son la consecuencia de las decisiones, muchas veces impuestas o, al menos, sin haber consultado al pueblo que dicen que es soberano, como el hecho de estar participando en una guerra -sea directa o indirectamente. Son las decisiones de los que permanentemente se niegan a la subida del SMI, los que niegan la subida de los salarios, mientras año tras año baten récords de beneficios, haya o no haya crisis. Y lo hacen porque tienen a su disposición esa arquitectura constitucional que los ampara y vela por sus intereses, los de esa minoría privilegiada.
Es por todo ello que reivindicar la República es la vía para cambiar una sociedad desigual e injusta. Es por eso que el pueblo trabajador tiene muchas reivindicaciones para sacar a la calle el 1º de mayo: Parar la guerra, la bélica y la social; defender la Sanidad Pública, parando la privatización y dotando a la Sanidad de los medios necesarios; o reivindicando la Auditoria a las cuentas de la Seguridad Social, para que el Estado devuelva todo el dinero de las Pensiones públicas que ha utilizado para pagas gastos ajenos a las pensiones.
Cada vez es más escasa la dignidad entre los políticos del momento, realmente ¿creéis que vale todo con tal de ganar las elecciones?
Y en el caso de que se ganen ¿para qué?, ¿legislaremos siempre de la mano de la derecha?
¿Por qué esas personas maduras, con valores, con principios, con un índice de solidaridad imprescindible, con ideas propias, con el ansia e ímpetu necesario para luchar por una sociedad justa, que me consta porque los conozco, no lideran esos ideales haciéndose cargo del futuro?
La contestación es muy sencilla, por su propia decencia, honorabilidad, autorrespeto, ya que a día de hoy la política en nuestro país se ha convertido en un estercolero, siendo escasos los sufridores que ocupan su escaño con dignidad, y no como un medio de vida personal, rentable y cómodo, como hace la mayoría de nuestros representantes, a los que lo único que les importa es permanecer en la poltrona, hasta que eso les garantice una renta vitalicia.
Cada día que pasa, me da más pena el proceso de descomposición de la izquierda en nuestro país, es muy triste que se haga necesario para realizar una corrección de una ley, acudir a esta derecha que se frota las manos, cada vez que le ponemos en bandeja nuestra incompetencia.
Es muy difícil comprender, desde mi desconocimiento de las leyes y de su aplicación, lo que hemos sido capaces de hacer con lo del “sí es sí”. Es difícil de entender como es posible que, entre 23 ministros que forman el gabinete, nadie de los que se les supone una formación haya sido capaz de ver antes de su aprobación los fallos que dieron lugar al efecto contrario al que debería buscar esa ley, dejando en la calle a delincuentes antes de su teórica rehabilitación.
Es difícil comprender como ni esos ministros ni la legión de asesores que cada uno de ellos tiene, hayan sido capaces de detectar esos fallos al leer la proposición de ley, si es que la leyeron, lo cual ya dudo. Tampoco entiendo como el presidente, sabiendo como sabe de la escasa capacidad de la mayoría de “Jesuseros” que le rodean, tampoco parece habérsela leído.
Es evidente, que los diseñadores de esta ley han descuidado algunos términos de la misma en su afán de la protección real de las víctimas, pero seguramente les está preocupando más mantenerse en unas poltronas en las que no hubieran soñado estar si no fuera por el actual deterioro de nuestro partido.
Todo esto es inconcebible pero aun lo es más que no seamos capaces de unir a los progresistas para corregir los errores que lógicamente todos somos capaces de cometer, y tengamos que rogarle a la derecha más retrograda, ansiosa de protagonismo, que nos saquen de este fango en el que estamos metidos ante un proceso electoral que a la vista de los acontecimientos nos hundirá aún más.
Encima, nuestro portavoz, para disculpar la humillación, comenta que sólo son cuestiones semánticas las acordadas con el PP, que sólo se trata de un cambio en la “Fe de erratas” lo que me indigna más si cabe pues si sólo son eso ¿Por qué no se pacta con el progresismo?, siempre me molestó mucho que me tomen por imbécil.
Reconozco que no debe ser fácil para las ministras que redactaron la nueva ley supeditadas aunque lo nieguen a un “Macho Alfa”, llegar a acuerdos con quien las envía a negociar en un forzado feminismo, cerril e infantil, que sólo se desarrolla semánticamente, pero con sus poderes claramente recortados con lo cual una vez más nos encontramos con el hecho histórico de que la izquierda no nos ponemos de acuerdo “ni pa apañar pesetas”. Ya lo estamos viendo con la vicepresidenta del gobierno nombrada por el Macho Alfa, como sucesora pero que curiosamente resulta que piensa, y eso no estaba dentro de los cálculos del dirigente en la sombra, por eso ahora tocan los palos en las ruedas en lugar de unir fuerzas contra ese fascismo que cada vez está más cerca.
Yo, desde mi tierna juventud he sido utópico de convicción, por eso ahora ya con casi 78 años, ni sé ni quiero dejar de serlo y sigo esperando y ansiando, que las organizaciones progresistas se unan y trabajen en la consecución de un mundo mejor para todos, sin extorsiones partidistas sin la exigencia de reivindicaciones personales, ni de gremio, si eso se consigue alguna vez lo conseguiremos y quizás nuestros nietos, puedan por fin vivir en una sociedad justa, ya va siendo hora.
El Congreso de los Diputados aprueba con 176 votosa favor la Ley de Vivienda. El resultado de la votación se ha conseguido gracias al voto favorable de PSOE, UP, ERC. Bildu, Más País, Compromís y Teruel Existe, una abstención del BNG y el voto en contra de 167 diputados de PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT, CUP, Coalición Canaria, UPN y el PNV.
Por 176 votos a favor y 167 en contra se ha aprobado la Ley de vivienda. El texto aprobado pasará ahora al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva a mediados de mayo.
El acceso a la vivienda sigui siendo uno de los principales escollos para la emancipación de los jóvenes, pero también es un gran problema para infinidad de familias que durante años han visto como la especulación de las viviendas pone en jaque permanente poder vivir en una vivienda digna, sea en regimen de alquiler o de compra.
Como muestra de esta especulación, en el municipio Tarragonense del Vendrell, hace unos años el Ayuntamiento puso a disposición de la Caixa un solar para hacer pisos de protección oficial, en la modalidad de alquiler social para jóvenes. 20 años después, una vez finalizado el periodo de protección oficial, Inmocaixa ha decidido dar por finalizados los contratos de alquiler social y proceder a la venta de los pisos a precio de mercado, iniciando los trámites de desahucio de todas las familias que no compren,
¿Podrá la nueva ley de vivienda acabar con esta especulación de un bien de primera necesidad como es la vivienda?
Me temo, que aunque la nueva Ley supone un avance importante respecto a la regulación anterior, no será posible acabar con la especulación, ni siquiera en viviendas que se beneficiaron de la protección oficial.
Según el candidato socialista a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, el acuerdo sobre la Ley de Vivienda permitirá paliar «una situación dramática por la espiral de subida de precios» y «contener esta subida enloquecida de las gran- des ciudades que están afectando sobre todo a la gente joven que se quiere emancipar y no puede», pero como dice el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, la Ley de vivienda «seguramente podría ser mejor» porque «siempre hay cosas que se quedan ahí pendientes».
Efectivamente, quedan cosas pendientes y muchas. A saber, evitar los deshaucios, garantizar la protección oficial permanente de la vivienda, limitar el precio del alquiler, no solo en el caso de zonas tensionadas, obligar a los grandes tenedores a poner en circulación las viviendas.
En mi opinión, la limitación de precios en zonas tensionadas por el alquiler, donde el precio del alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar, es una buena noticia, pero los especuladores prefieren no alquilar para poder vender. a precio de mercado.
Igualmente, la prórroga extraordinaria de 1 año para los contratos de alquiler vencidos en casos de vulnerabilidad acreditada, también es mejor que nada, pero qué pasará al cabo del año de prórroga?. Pues que se procederá al deshaucio.
El Estado, del que forman parte las comunidades autónomas con competencias en la materia, debería ejercitar el derecho de tanteo y retracto antes de que la propiedad, en especial grandes tenedores, fondos buitre y banca puedan vender los pisos en el mercado libre. De hecho, con la vivienda no se debería poder mercadear.
Los jóvenes, las familias trabajadoras, los pensionistas… en definitiva, la mayoría social deberíamos disponer de una ley que garantizara un techo digno, al margen del mercado.
Otra de las cuestiones a resolver en el tema de vivienda, son los pisos de la SAREB, que sirvió para que la banca se deshiciera de sus activos «malos», y que deberían cederse para constituir bolsas de alquiler social en todos los municipios.
Falta regular de una manera inequívoca la ocupación delincuencial, es decir la ocupación de pisos para actividades delictivas como la prostitución o el narcotráfico.
Y por último, falta establecer medidas para que los ayuntamientos, como administración más cercana a los problemas de los ciudadanos, pueda disponer de herramientas que permitan el alojamiento de las personas que necesiten de una vivienda, incluyendo en este caso pisos tutelados para ancianos, personas con discapacidad, personas con enfermedad mental, vícitmas de violencia de género.
En definitiva, la nueva ley de vivienda es un pasito para adelante, pero queda mucho por hacer.
Tribuna Socialista 
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