ACTUALIDAD POLITICA – Página 5

Situación y estado actual de la Justicia española: su presunta independencia

En este artículo quiero reflexionar sobre la situación y la calidad de la justicia en España, el grado de aceptación/satisfacción de los españoles sobre ella y sobre todo y fundamentalmente, sobre el grado de independencia de nuestros jueces y magistrados y su dependencia, muchas veces prevaricadora, de determinados partidos políticos.

Antes de entrar en el meollo de la cuestión, tenemos que reflexionar sobre las causas de esta situación. Y entre las causas, pues es un asunto multicausal, hay una que es la principal: “De aquellos barros vienen estos lodos” y me refiero fundamentalmente a que en el inicio de la, en absoluto modélica y tranquila, transición española, del paso de las Leyes Fundamentales del Dictador Franco a las leyes democráticas y la Constitución de 1978, no se renovaron ni se sustituyeron (no se purgaron) a los jueces y magistrados franquistas, (en connivencia los franquistas y partidos supuestamente progresistas, como PSOE y PCE que abdicó de todos sus postulados marxistas, pero no del estalinismo), cuya gran parte de su cúpula servía o había servido en el funesto TOP, que pasaron, en su gran mayoría, a las cúpulas de la pirámide judicial, arrastrando su ideología franquista, sus errores funcionales y sobre todo su prepotencia, siendo muchos ascendidos, condecorados y galardonados.

La falta de renovación de jueces y magistrados que procedían del Franquismo, del Movimiento Nacional y del ultracatolicismo conservador, no fueron sustituidos por jueces progresistas y demócratas (seguramente habría sido muy difícil encontrarlos en ese momento). Muchos jueces procedentes del TOP, pasaron a ocupar altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Presidencias de Salas de Audiencias Territoriales y luego Tribunales Superiores de Justicia e incluso Tribunal Constitucional, y a partir de ahí, la dependencia ideológica de nuestros jueces y su servilismo a partidos conservadores y de extrema derecha, está servida, sin que afirmemos que esa sea la generalidad, pero sí la nota más acusada y cada vez más abundante sumada a un corporativismo exacerbado.

A lo expuesto hasta aquí, se suma la acusada falta de jueces y magistrados lleva a una situación caótica de acumulación de asuntos sin resolver que ya es insostenible y puede llegar a ser inabordable. Es por ello, que, el aforismo “la justicia o es inmediata o no es” y que “la justicia tardía es justicia denegada”, tiene absoluta actualidad en España.

El CGPJ, aunque tras más de ocho años paralizado y aunque se consiguiera renovar finalmente, sigue sin funcionar y no se corrige sino todo lo contrario, a jueces que prevarican a sabiendas en asuntos de corrupción o claramente políticos, que favorecen a la extrema derecha, PP y VOX.

Los Juzgados españoles acumulan cada año cantidades ingentes de sumarios y asuntos sin resolver, y es que España cuenta solo con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 17 y en países de alta tradición democrática, como los países nórdicos o Francia, se supera netamente esta cifra. Esta situación refleja una crisis estructural de la justicia española, que sufre retrasos crónicos y casi irrecuperables, protestas históricas y un órgano de gobierno paralizado por la política (Redacción El Diario de Madrid, 24/jun/25).

Sin embargo, cuando desde el Gobierno se presenta un proyecto de Ley de reforma del Poder Judicial, y acceso a la carrera judicial, además de regularizar la caótica situación de los jueces sustitutos, se encuentra con una férrea oposición de todas las asociaciones profesionales conservadoras y de extrema derecha de los jueces y una incomprensión, solo explicada, por su corporativismo y defensa acérrima de sus privilegios. Los jueces se creen y se sienten figuras intocables que pueden hacer lo que les viene en gana con absoluta impunidad, pero lo cierto y verdad es que los jueces no son más que nadie, habiendo protagonizado jornadas de huelga, cuando constitucional y legalmente les está vedado, eso sí, sin que se les descontara el sueldo por cada día de huelga, e incluso interrumpiendo juicios que se estaban celebrando, para acudir a las concentraciones, con toga, por supuesto.

Con datos del informe que emite el CGPJ, en el segundo trimestre de 2024, la justicia española cerró con 4.181.669 asuntos pendientes, sobre un total de asuntos de 7.799.166. Esto supone un incremento del 14,2% respecto al mismo periodo de 2023. Este dato marca un récord de casos sin resolver.

Lo que nos lleva a la conclusión de que hay un colapso estructural y una desconexión de la realidad, por parte de la justicia española.

En cuanto al grado de descontento y hartura de los españoles respecto de la justicia española, salvo los informes propios e intencionados del CGPJ y de sus medios acólitos, el rechazo es descomunal.

Según el HuffPost/EFE, nueve de cada diez españoles considera que la justicia no es igual para todos. El tercer estudio ‘Calidad de la Democracia’ realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge que el 78,5% de los ciudadanos considera que no se trata del mismo modo a ricos y pobres. (Redacción 08/05/2025).

La justicia, queda muy mal parada.

En las preguntas del CIS referidas al funcionamiento del sistema judicial, los encuestados se muestran muy críticos: una abrumadora mayoría del 89,9 % no comparte que trate igual a los políticos que a los ciudadanos y el 78 % tampoco está de acuerdo con que la justicia sea imparcial en los procesos que afectan a los partidos, especialmente en temas de corrupción y que afectan al PP y a VOX.

Según “El País”, dos de cada tres encuestados están poco o nada satisfechos con el funcionamiento de los tribunales. La Administración de Justicia se mantiene como el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio que menos satisfacción genera —la asistencia sanitaria en los centros de salud públicos—, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La agencia que dirige José Félix Tezanos ha retomado las encuestas sobre calidad de los servicios públicos que el organismo había dejado de hacer en 2018, justo tras la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez. Y la justicia sigue en la cola, como entonces, cinco años después. El sondeo muestra que el 66,2% de la población está totalmente en desacuerdo e insatisfechos con la justicia española.

Vayamos ahora con reflexiones sobre la tan denostada y presunta independencia de los jueces y magistrados en España. Vaya por delante que la democracia y el sentido de la responsabilidad y decencia, exige que los jueces sean rabiosamente independientes, a la hora de analizar hechos, enjuiciar asuntos y dictar sentencias, neutralidad que no deberá interferir en su integridad e independencia, a la hora de emitir sus Fallos en los asuntos de que conozcan.

Según Fernando Ull Barbat, “El ojo crítico”, 02/10/25, “por mucho que una gran parte de los jueces españoles se empeñen en hacernos creer que son poco menos que figuras intocables que pueden hacer lo que les venga en gana, la realidad constitucional de nuestro país les obliga a estar al servicio de los españoles”. Y yo añado, y si así no lo hicieren, prevaricarían dolosamente.

Los jueces tienen que aplicar la ley, lo que quiere decir que no pueden interpretar las leyes como les parezca, ni dictar las sentencias que quieran, sin que puedan ser objeto de la menor crítica. No pueden interpretar las leyes según su ideología y para favorecer y adaptarlas al ideario de un partido político, que es lo que muchos hacen. (Fernando Ull Barbat).

Fundación Sistema: Cae la confinza en la Justicia en España

El artículo 117 de la Constitución señala que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

Pero, ¿qué ocurre cuando esa justicia pierde legitimidad ante los ciudadanos porque una parte de esta situada en puestos estratégicos, entra en conspiraciones para derribar gobiernos, intenta condicionar procesos electorales o aparecen noticias como: “El Tribunal Superior de Cataluña absuelve a Dani Alves de un delito de agresión sexual”; “Un juez procesa al humorista Quequé por bromear con “dinamitar” el Valle de los Caídos y “apedrear” a curas pederastas”; “El TSJC permite que un padre pueda impedir la eutanasia del hijo (de 54 años) aunque no tengan relación”?

Ocurre, que la confianza en la justicia cae porque, parte de ella, en lugar de ser y actuar como un árbitro neutral, actúa y se comporta como un actor político más, saltándose la legalidad constitucional. Algo muy inquietante en una sociedad democrática y en un Estado de derecho, porque la población interioriza que la justicia no es igual para todos.

“En una escala de valoración donde 1 representa la mínima confianza y 10 la máxima confianza, los españoles en el año 2021 valoraban la justicia con una media de 4,76. En el año 2024, esa valoración descendió hasta un 4,67. Este dato es una señal de advertencia sobre la situación institucional de España, máxime si tenemos en cuenta que la valoración de los partidos políticos, los sindicatos, el gobierno, el Parlamento y los medios de comunicación es aún menor, según las encuestas sobre Tendencias Sociales realizadas por el Centro de investigaciones Sociológicas entre 2021 y 2024.”

En definitiva, lo que nos dice entre líneas el artículo transcrito y que comparto, es que una parte importante y poderosa de los jueces y magistrados, no son independientes, sino que están y han estado al servicio del PP e incluso de VOX y prevarican, al hacer de sus juzgados y tribunales baluartes para, de la mano de la extrema derecha, descalificar y hacer caer al gobierno de la nación, al que ab initio, consideran ilegítimo, y sobre el que lanzan bulos, mentiras y todo tipo de basura, como hicieron con Pablo Iglesias y su familia. Van a por Pedro Sánchez, para hacer caer al gobierno, con el CGPJ a la cabeza, con jueces y magistrados significados, desde el TS, la AN y Salas de los TSJ, mediante la prevaricación, que impiden o atenúan el procesamiento de corruptos, como Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso, M. Rajoy, Feijoo y el propio Aznar, y tantos otros, acosando al presidente del Gobierno, procesando a su hermano y a su mujer con delitos inventados y en instrucciones claramente prevaricadoras y falsas. Delitos gravísimos por los que tienen la más absoluta impunidad, pues se creen por encima del bien y del mal.

Lo que subyace es el ataque sostenido de la derecha extrema y la extrema derecha (en España no existe una derecha democrática), contra el actual Gobierno al que consideran, antes incluso de constituirse, como ilegítimo, sin que sigan sin asumir la democracia con todas sus consecuencias (Fernando Ull Barbat), porque piensan que España es solo suya y la quieren UNA GRANDE Y LIBRE constituyendo una UNIDAD DE DESTINO EN LO UNIVERSAL.

Compartiendo la tesis de Fernando Ull Barbat, se trata, de un golpe de estado mantenido y permanente, para conseguir el agotamiento y caída del gobierno y la convocatoria de elecciones generales, que, por supuesto, están convencidos de que ganarán, recuperando lo que consideran que es suyo por la gracia de dios y ab natura, el poder en todos los órdenes y España su cortijo.

Al juez Garzón, lo procesaron por enjuiciar al franquismo y lo expulsaron de la carrera. Se jactaban de manejar a la Segunda del TS por la puerta de atrás, en fin, todos tenemos en mente tantas cosas, que ratifican lo que vengo sosteniendo; que una parte significativa de jueces y magistrados no son independientes, prevarican impunemente y están al servicio de la extrema derecha del país, siendo las salas en las que sirven, poltronas para hacer política contra el Gobierno legítimo y hacerlo caer provocando nuevas elecciones generales.

Estoy convencido de que triunfará la democracia, que el Gobierno va a aguantar y va a agotar la legislatura y que los cambios legislativos sobre el nombramiento y elección de los vocales del CGPJ y jueces y magistrados, acceso a la carrera judicial, regularización del cuarto turno y cuarto turno para fiscales, regularización y estabilidad de los jueces sustitutos, harán que se sanee la justicia española, aumente el número de jueces independientes, se desatasque el atraso judicial y poco a poco, se normalice y se recupere la confianza en el sistema judicial, hoy tan justamente deteriorada.

Miguel Sagüés Navarro

Defendiendo las pensiones públicas

Un año más, el movimiento de pensionistas se ha echado a la calle para defender el Sistema Público de Pensiones, como lo lleva haciendo desde que el gobierno del PP, presidido por M. Rajoy, reformará la Ley General de la Seguridad Social de 2013 y comenzase a revalorizar las pensiones con un ridículo 0,25%, haciendo perder poder adquisitivo a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país.

El sábado 25 de octubre miles de pensionistas, y también jóvenes trabajadores y trabajadoras conscientes de que llegará un día en que vivirán de su salario diferido, se desplazaron a Madrid desde distintas comunidades autónomas, para exigir que:

El Gobierno encargue una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, en cumplimiento de la Ley 21/2021.
El Estado deje de fomentar la privatización de las pensiones.
El fin de la brecha de género en salarios y pensiones.
La elevación de la pensión mínima al SMI.

Además de los lemas de la convocatoria, fue muy general el rechazo de los manifestantes al incremento de los gastos militares, que nadie duda, excepto el Gobierno, que irán en detrimento de los gastos sociales, como la Sanidad, las Educación, la Dependencia y las Pensiones públicas. Para entender esta preocupación, basta con ver las consecuencias de la gestión público-privada de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la gestión de las residencias en pandemia en Madrid, o el déficit de plazas en FP.

**Manifestantes pasando por la puerta del Congreso de los Diputados**

El Gobierno y los grupos parlamentarios que le apoyan aprobaron la Ley 21/2021, publicada en el BOE del 28 de diciembre de 2021, bajo el título “garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones”.

Esta Ley modificó la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 58 para garantizar que el importe de las pensiones contributivas y de la pensión mínima se revalorizan con el IPC medio interanual. Y que si el IPC fuese negativo, como ocurrió por ejemplo en 2020, el importe de las pensiones no se reducirá.

Esta medida está bien, pero no garantiza que el poder de compra verdadero no se vea perjudicado, algo que saben bien las y los pensionistas sin necesidad de estadísticas ni estudios técnicos, pues tienen una experiencia empírica cada día que tienen que hacer la compra de los alimentos.

Los técnicos y los defensores a ultranza del Pacto de Toledo dirán que la garantía es técnicamente correcta, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen otra cosa. Por ejemplo, en IPC acumulado desde 2021 a 2024, ambos inclusive, es del 16,85% pero la revalorización de las pensiones ha sido en el mismo periodo del 15,20%. Este no sería el problema si el índice de referencia para la revalorización de las pensiones fuese el IPC de los productos habituales en el consumo de la mayoría de los y las pensionistas, por ejemplo: los alimentos. El IPC de los alimentos y las bebidas no alcohólicas ha crecido en el cuatrienio 2021 – 2024 un 25,57%, con lo que, frente a la revalorización de las pensiones, estas han perdido un 10,37% de poder adquisitivo.

Otro elemento importantísimo de la Ley 21/2021 es el recogido en la Disposición Adicional Sexta, en la que el Gobierno asumía la obligación de encargar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:

“En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de Auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social […]”

“Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”.

Este incumplimiento de la Ley, por parte del Gobierno de Coalición, lleva cuatro años silenciado por toda la prensa y por todos los partidos parlamentarios, pues el periodo que mandata la ley para dicha auditoría (1967 – 2019), afecta a todos los gobiernos, incluidos los últimos 8 años del franquismo.

Es posible que este silencio obedezca a los mismos motivos por los que nadie parece hacer hincapié en la devolución por parte de la banca de los 65.000 millones de euros que el Estado puso para su saneamiento más los 35.000 que el Estado español ha tenido que computar como deuda pública, por mandato de la Unión Europea, correspondiente al coste de los pisos de las entidades financieras agrupados en la Sareb.

La auditoría de a las cuentas de la Seguridad Social, comprometida en la Ley 21/2021, obedece a que el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020, puso de manifiesto que el Estado había utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros, al pagar con dinero de las cotizaciones los complemento a mínimos que el Estado está obligado a pagar con dinero procedente de los impuestos. Poco tiempo después, el actual Gobernador del Banco de España, en sus funciones de ministro de la Seguridad Social, concretamente en abril de 2023, reconocía en la prensa económica que la deuda del Estado ascendía a más de 140.000 millones de euros, por los mismos motivos que los señalados por el Tribunal de Cuentas.

Esa tremenda cantidad de dinero, que se generó en el periodo 2013 -2018, será mucho mayor si el periodo de análisis es el que fija la Ley 21/2021: 1967 – 2019.

Si el Estado devolviese a la caja de las pensiones el dinero que, en palabras del tribunal de Cuentas: se ha utilizado indebidamente, la falsa discusión de la insostenibilidad de las pensiones públicas quedaría resuelto.

Hay que celebrar que cada año el movimiento de pensionistas recuerde este incumplimiento y reivindique el avance en igualdad del Sistema Público de Pensiones.

Pascual Sánchez

Socialista no afiliado.

Los incendios como síntoma del desmantelamiento de lo público

**^{Parque de Bomberos en Ronda de Segovia, 95 en el distrito Centro de Madrid}**

Este mes de agosto hemos vivido las evidentes consecuencias del abandono de las políticas de inversión pública. Hasta el 7 de septiembre 341.203 hectáreas quemadas (según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), el mayor número de la serie histórica, y que las distintas administraciones achacan al cambio climático, a los pirómanos, a la España vaciada, a lo que convenga para no señalar lo evidente: no hay recursos, ni bomberos, ni prevención, los medios están obsoletos, y tampoco hay dinero que dedicar a lo público. Hoy mismo (24 de septiembre) bomberos y agentes forestales convocan a toda la sociedad a una manifestación en Valladolid para pedir estabilidad laboral y aumento de recursos. Consideran la gestión forestal inadecuada y sujeta a intereses privados.

El fuego es un síntoma y una tragedia, este verano han muerto tres bomberos y seis voluntarios. En todo el Estado los daños son millonarios y los desplazados se cuentan por miles. En Madrid, en el incendio de Tres Cantos murió un vecino intentando salvar a sus animales, hubo más de 180 personas desalojadas y el humo se pudo sufrir en Madrid a más de 30 kms.

Se veía venir. Los bomberos de la CAM tenían convocada una huelga desde el 15 de julio al 15 de agosto reclamando un nuevo convenio, el vigente data de 2008. Denunciaban los bajos salarios, la temporalidad, el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y protección ante los agentes cancerígenos a los que se ven expuestos debido al carácter de su trabajo. La huelga se interrumpió ante la oleada de incendios y concretamente por el de Tres Cantos.

Los incendios no son un problema de temporada ni son un imponderable. Privatizar su gestión supone negar toda prevención para optimizar beneficios. Es ahí donde hay que buscar la temporalidad, las malas condiciones laborales y la falta de profesionales. Los bomberos trabajadores de Tragsa, subcontrata del servicio en Madrid, señalan que su salario apenas es 100€ mayor que el Salario Mínimo Interprofesional. Según CCOO y UGT en la CAM se pagaron 18 millones de euros en horas extras en 2023 y solo hay 1.600 efectivos de los 2.200 prometidos. El País señala que los datos de Eurostat muestran que las plantillas retrocedieron en más de 2.600 personas, siendo España es uno de los pocos países europeos que perdió bomberos en 2024.

Todos estos datos demuestran que los incendios no son fruto del azar, son la negativa a mantenerlos como un servicio público en beneficio de la población para entregarlos a manos privadas, en beneficio de la empresa privada. Por eso no se cuidan los bosques en invierno y se despiden los bomberos cuando acaba el verano, y esto genera muertes y devastación.

La privatización de los servicios públicos es una política general para entregar a unos pocos los presupuestos que deberían ir destinados a garantizar el bienestar de la población. Los partidos de la derecha son los principales promotores de esta política, pero los partidos de izquierda deberían dedicar sus esfuerzos a revertir las privatizaciones legislando y financiando, no asumiendo la privatización bajo el eufemismo de la “colaboración público-privada”. No es casual que la inyección de dinero público en la gestión privada de la sanidad supere los 8.000 millones de euros anuales, ni que seamos uno de los países europeos que menos invierte en sanidad per capita. Tampoco que las universidades públicas se quejen permanentemente de la falta de recursos para mantener su personal e infraestructuras. Y esto se extiende a todos los empleados públicos, a la justicia, a los servicios sociales, a las infraestructuras de transporte…, etc., y claro está a bomberos y la protección y vigilancia del medio ambiente.

No podemos olvidar lo ocurrido este verano; no es la primera vez que sufrimos incendios y, si no se pone remedio, no será la última. Exijamos plantillas suficientes, que se limpien y mantengan los bosques permanentemente, que se doten recursos, que se revierta lo privatizado, que se pidan responsabilidades por el abandono.

Enrique Dargallo (Madrid, 24 de septiembre de 2024)

El empresariado se queda con millones de horas trabajadas

Los datos que figuran en las tablas del Instituto Nacional de Estadística (INE) -los más recientes corresponden al 4º trimestre de 2023- dicen que en España se realizan 6.341.000 horas extraordinarias semanales, es decir, que en computo anual estamos hablando de más 330 millones de horas extraordinarias, esto, traducido a contratos de jornada completa de 8 horas diarias o 1.826 horas anuales, significaría trabajo para más de 180.000 trabajadores y trabajadoras sin puesto de trabajo.

La misma fuente de datos, el INE, dice que, de esos 330 millones de horas extraordinarias, productivas y trabajadas, se paga el 60%, por tanto, el empresariado hurta no menos de 132 millones de horas extraordinarias.

La primera víctima de esta apropiación indebida es el asalariado que ha realizado el trabajo, pero no ha recibido la remuneración correspondiente. También es víctima la Hacienda Pública, pues las horas extraordinarias no pagadas tampoco están sujetas a la correspondiente retención del IRPF y, por último, es víctima el Sistema Público de Pensiones, dado que el empresario escamotea también el pago de la cuota a la Seguridad Social. Este fraude afecta a toda la sociedad y a los trabajadores y trabajadoras en particular, como asalariadas, como futuros pensionistas y como receptores de servicios públicos.

Conseguir la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) no fue fácil ni un regalo. La reivindicación de los trabajadores y sus organizaciones fue trabajada en la calle, con la movilización y en los tribunales de justicia, pasando por la acción ante los partidos políticos en el Congreso de los Diputados.

El PSOE, en junio de 2017, estando en la oposición, registró una proposición de ley para que las empresas tuviesen la obligación de registrar y contabilizar las horas de jornada que realizan los trabajadores en sus puestos de trabajo, modificando el artículo 34 del E.T.

En el periodo del primer gobierno de Pedro Sánchez, se legisló el Real Decreto-Ley 8/2019 en el que se introdujo el punto 9 en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores:

Artículo 34

9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

A pesar de que, desde 2019, las empresas están obligadas a “garantizar el registro de la jornada”, no todos los trabajadores tienen esa garantía y la inspección de trabajo sufre déficit de inspectores y subinspectores, como la Sanidad sufre escasez de personal sanitario, la Educación profesorado o la extinción de incendios necesita bomberos. En nuestro país hay unos 2000 inspectores de trabajo para 3,3 millones de empresas y 19 millones de asalariados y asalariadas.

Las formas que toma el incumplimiento de ley por parte empresarial son variopintas: desde el falseamiento de los datos que se plasman las hojas físicas -donde las haya- hasta el control omnímodo del método informatizado, por parte del empleador.

Mucho me temo que los datos que arroja el INE son solo una parte del total de las horas extraordinarias trabajadas y no pagadas, pues el grueso de las no pagadas, particularmente en las pymes, no llega a las estadísticas.

Este es el empresariado que se resiste a bajar el cómputo semanal de jornada hasta las 37,5, como propone el Gobierno. Hay que recordar que en los primeros años de la dictadura franquista se trabajaban 60 horas semanales -tras haber derogado la legislación de la II República que establecía la jornada semanal en 40 horas- y que, hasta la entrada en vigor de la Ley 4/1983 se trabajaban 48 horas semanales.

De los 19 millones de asalariados y asalariadas, unos 7 millones ya están por debajo de las 40 horas semanales, un derecho fijado por la negociación colectiva en sus convenios colectivos; normalmente esta es la situación en las grandes empresas. Sin embargo, esta mejora no garantiza que los trabajadores y trabajadoras de esas grandes empresas no se vean forzados a realizar horas extraordinarias no retribuidas, algo muy habitual, por ejemplo, en el sector financiero.

El incumplimiento de las leyes por parte del empresariado es un hecho facilitado por la escasa capacidad inspectora de la Administración -por el déficit ya señalado de inspectores de trabajo- y porque las multas bien son de baja cuantía o bien son recurridas hasta las altas instancias judiciales, donde el empresariado suele encontrar “la comprensión” de los jueces.

Acabar con estos desmanes y la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, a pesar del incremento de beneficios que la innovación tecnológica está proporcionando al empresariado, es lo que la derecha más rancia: PP, VOX y Junts han impedido con su voto en el Congreso de los Diputados el pasado día 10 de septiembre. Por encima de si son nacionalistas catalanes o españolistas, la derecha defiende los intereses de la minoría privilegiada.

Las organizaciones de los trabajadores, tanto políticas como sindicales, deberán emprender una lucha sostenida en el tiempo hasta que lo que hoy es una reivindicación se convierta en un derecho. Esta es la manera en la que la clase trabajadora ha adquirido los derechos que disfrutamos. Además, hay que mantener la vigilancia y la exigencia de que una vez que la reivindicación pase a ser ley, que se cumpla escrupulosamente, pues son demasiados los derechos que figuran en la ley, pero no todos pasan de ser un papel escrito.

Roberto Tornamira Sánchez

Fue Secretario General de FeS-UGT-Madrid

Crecen las protestas por la deriva autoritaria de Trump

El segundo mandato de Trump no está siendo un camino de rosas, sino de espinas, para los norteamericanos que comienza a reaccionar por el estancamiento de la economía, los despidos masivos en la administración pública, los recortes en los servicios públicos, la caza indiscriminada de inmigrantes y por su deriva autoritaria. Trump, hasta ahora, no está cumpliendo con su promesa de hacer grande a América de nuevo, lema que expresa su visión etnocéntrica del mundo y el reconocimiento, implícito, de que EEUU va a la baja como primera potencia mundial frente a China.

En el primer trimestre de 2025 la economía se contrajo un 1,8%, contracción que según los economistas seguirá en 2026 en porcentajes que rondarán el 1,7%. El déficit público, la deuda en manos de inversores y otros países (China en primer lugar), va camino de situarse en el 5% el máximo desde el término de la II Guerra Mundial. Y el paro ha aumentado hasta el 4,5% confirmando el desplome del mercado laboral. Datos alarmantes que la Reserva Federal intenta contener bajando en su reunión de este mes los tipos de interés que quedan entre el 4% y 4,25%, para reducir la inflación situada en el 2,9%, y prevenir el posible estancamiento económico por su errática guerra arancelaria que ha dislocado el comercio mundial.

En cuanto a los despidos masivos en la administración pública, ejecutados por Elon Musk y justificados en la necesidad de eliminar la maleza burocrática, existe una nebulosa sobre el número total de funcionarios despedidos que, según la mayoría de analistas y medios de comunicación podría rondar, o superar, los 200.000 trabajadores, muchos de los cuales conocieron su despido a través de un mensaje pregrabado enviado a su móvil conminándoles a abandonar su puesto de trabajo en treinta minutos. Despidos que han desmantelado varias Agencias Federales consideradas no esenciales, reduciendo al mínimo sus plantillas. Entre ellas la que supervisa la financiación pública de los medios de comunicación (VOA), para reducir el control del gasto de dinero público destinado a ellos. Otras Agencias desmanteladas están relacionadas con las ayudas sociales como el Consejo Interinstitucional para personas sin hogar, el Fondo para el Desarrollo Comunitario o la Agencia para el Desarrollo de Empresas Minoritarias. Medidas que afectan a los más pobres: ¡sálvese quien pueda!

Recortes y despidos que le han enfrentado con algunos jueces federales que han tirado para atrás algunos de ellos en el sector público. Como otros jueces han invalidado algunas de las detenciones y deportaciones de inmigrantes, con o sin papeles, que diferentes medios norteamericanos cifran en 350.000 personas. Deportaciones efectuadas por sorpresa con razias policiales en oficinas federales, empresas o en la calle, que rompen familias asentadas desde hace años en territorio USA, en una demostración más del matonismo que aplica a todo lo que toca. Como la eliminación —censura— que exige a los medios de comunicación de los profesionales críticos con su gestión que ha supuesto la supresión de dos Late Night de gran audiencia a la que se han plegado dos cadenas, expandiendo la autocensura por miedo a perder el puesto de trabajo. Alarde de poder que como toda persona insegura sublima con actuaciones teatrales con las que adorna sus actos, como la circense firma en el despacho Oval de sus muchos decretos siempre ampulosa y con rotulador negro para reafirmar su autoridad.

Matonismo que aplica a las relaciones internacionales con la amenaza de movilizar a su ejército o imponer sanciones económicas a los países que no doblen la cerviz ante sus dictados, siempre sujetos a lo primero que se le pasa por la cabeza en la creencia de que medidas estrambóticas de un liberalismo radical hacen grande a América. Como la defensa de los ricos que financiaron sus campañas electorales refrendando que son los poderosos los que le interesan, como el poderosísimo lobby judío encantado con su gustoso apoyo al genocida de Netanyahu, sin importarle el exterminio que ejecuta con delectación sobre el pueblo palestino. Las personas no importan, solo el negocio de la reconstrucción futura.

Tras diez meses de mandato los problemas y las protestas comienzan a emerger porque el ciudadano medio comprueba que Trump no consigue que la economía USA crezca, porque sus medidas económicas no están dando los resultados deseados por él ni por sus seguidores. La imposición de los famosos aranceles, medida estrella para hacer crecer el empleo y la riqueza del país se ha convertido en un magma en el que ya no se sabe cuáles o no están en vigor ni en qué porcentajes, por lo errático de su política económica—que no atiende a los efectos inmediatos sobre la ciudadanía—; de ahí que entre los inversores de Wall Street se haya popularizado la que denominan estrategia Taco, para significar que las inversiones bursátiles sobre el impacto de los aranceles deben realizarse contando con que Trump acaba dando marcha atrás: se acobarda (Trump Always Chickens Out).

Ante este panorama en el que la economía camina hacia el estancamiento, y su influencia no consigue acabar con las guerras en curso como prometió (Gaza y Ucrania), Trump vuelve la mirada hacia casa con una serie de decisiones que refuerzan el autoritarismo de su Gobierno, apoyadas en la mentira y la tergiversación de la realidad, fundamento de la estrategia populista de la que es el primer Pope. Medidas que justifica en un pretendido e inexistente aumento de la inseguridad en las principales urbes del país de población mayoritariamente demócrata, a las que envía a la Guardia Nacional para vigilar sus calles con un alarde de armamento innecesario, que crea en los ciudadanos la sensación de vivir en un estado de sitio, por las detenciones irregulares y arbitrarias que realizan. La población de Washington es la primera en sufrir este recorte de libertades ciudadanas, pero la intención de Trump es hacer lo mismo en Nueva York, Chicago, Los Ángeles o Boston.

Medidas a las que se oponen los Alcaldes y Gobernadores donde se ubican esas urbes y varios jueces federales, en especial los de la capital federal, como la jueza de instrucción Zía Faruqui, que ha condenado públicamente la legalidad de los arrestos y registros de la Guardia Nacional por la brutalidad en su ejecución carente, ha afirmado: de la dignidad humana más básica. Decisiones autoritarias de Trump, que comienza a encontrar respuesta en la sociedad con el aumento de las manifestaciones de protesta contra su gestión. En sus dos últimas apariciones públicas, en la final del Open USA de tenis, y en su salida a cenar a un conocido restaurante de la capital, Trump fue abucheado en una reacción espontánea, acusándole de ser el Hitler de nuestro tiempo. Crítica social que replica acusando a los que protestan de izquierdistas peligrosos a los que responsabiliza, sin ninguna prueba, del asesinato del propagador de los mensajes ultraderechistas más extremos Charlie Kirk.

Autoritarismo que polariza como nunca a la sociedad. Según las encuestas recientes el 56% de los norteamericanos desaprueban su gestión frente al 42% que la respalda. Confirmación de lo caótico de sus políticas que dan pábulo a quienes piensan que Trump no está haciendo grande América, sino convirtiéndola en un régimen autoritario como su potencia rival China.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.

Periodista, profesor universitario y

Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

El pueblo palestino vencedor de la Vuelta ciclista a España 2025

El 14 de septiembre terminó la 80ª edición de La Vuelta ciclista a España, que será recordada por La Vuelta de la Indignidad.

Algunos poderes públicos y sus adláteres, como el caso de Unipublic (propietaria de La Vuelta ciclista en España), llevan tanto tiempo haciendo lo que les da la gana que piensan que son impunes e inmunes a todo y a todos. Puede que sean impunes ante la ¿Justicia? como es el caso de IDA, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero ni unos ni otras son impunes ante los pueblos.

Prueba de lo anterior es que la pluralidad de pueblos que componen el Estado español venía avisando desde la 5ª etapa de la edición que terminó abruptamente el domingo 14.

Contra todas las opiniones que llamaban a la sensatez, los organizadores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, pretendieron imponer que La Vuelta era ajena a lo que está ocurriendo en Gaza desde hace dos años: un Genocidio. Ha sido otra forma de intentar negar el exterminio del pueblo palestino en la Franja de Gaza, pues, a la par de hacer cínicas declaraciones sobre la neutralidad del deporte no han parado, los líderes de la derecha de PP y VOX, de tergiversar, manipular y ningunear cualquier iniciativa o posición que hiciese el más mínimo reproche a la barbarie que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza. Una prueba inequívoca de la connivencia con el genocidio es la fotografía de Ayuso con el equipo ciclista israelí, patrocinado por Premier Tech, el mismo día de la etapa final de La Vuelta.

El pueblo de Madrid, como en etapas anteriores lo hiciesen navarros, vascos, asturianos, gallegos y muchos otros pueblos por los que, a duras penas, a discurrido La Vuelta, decidió no dejarse amedrentar por la invasión de sus calles por fuerzas policiales cuya misión era acallar su legítima opinión de rechazo frontal al genocidio de Netanyahu y su ejército sionista.

En Madrid ocurrió lo que siempre ocurre cuando las masas irrumpen y deciden dar su opinión, esa opinión que solo es secundada por los medios de comunicación de masas “a posteriori”.

^{Paseo del Prado junto al Ministerio de Sanidad}

**^{Plaza de Carlos V (Atocha) Paseo del Prado junto al Ministerio de Sanidad}**

No ha sido la primera vez que en Madrid han tenido lugar movilizaciones en contra del Genocidio sionista, de hecho, tras el 7 de octubre de 2023, a la vista de que Netanyahu tenía un objetivo que no era rescatar a los rehenes israelitas, sino aprovechar las circunstancias para avanzar significativamente en la ocupación ilegal de Palestina, algo que llevan haciendo desde 1947. Esto ha sido posible gracias al doble leguaje de la ONU y de eso que llaman “la comunidad occidental”, quienes emiten comunicados y resoluciones para luego mirar hacia otro lado cuando Israel las incumple. Es lo mismo que está haciendo la Unión Europea y sus instituciones: balbucean decisiones de sanciones que nunca toman y dejan que pase el tiempo insensiblemente ante la muerte diaria de centenares de seres humanos en Palestina; por bombas, disparos y hambre. (1) Los Ángeles Times del 5 de septiembre cifraba en más de 64.000 los muertos en Gaza.

Los pueblos de todo el mundo tienen claro que Israel comete el crimen de lesa humanidad. Y lo está cometiendo porque el capitán del Imperialismo, los USA, está apadrinando y alimentando la masacre. Otra cosa es lo que hagan o digan los gobiernos de esos pueblos. En este sentido, el gobierno español está jugando el papel de “el tuerto en el reino de los ciegos”. Va algunos pasos por delante de sus homólogos europeos, y esto honra a Pedro Sánchez y a su Gobierno y nos dignifica a todos y todas ante el mundo, si bien las palabra tienen que ir acompañadas de hechos, por lo que ya hace tiempo que España tendría que haber roto relaciones diplomáticas con Israel, cortando toda exportación e importación e imponiendo sanciones comerciales a las empresas israelíes que hacen negocio en nuestro país.

De la derecha fascista española no cabe esperar nada más que cinismo y mentiras. Si no son incapaces de empatizar con sus propios ciudadanos, a los que falsamente ellos denominan “sus compatriotas”, a quienes dejan morir en danas, pandemias e incendios, cómo vamos a esperar que tengan algún sesgo de humanidad ante lo que ocurre en guerras y genocidios. Son fieles a sus antecesores ideológicos, aquellos que establecieron una simbiosis con el fascismo italiano y con el nacismo alemán. Por encima de todo, se identifican y apoyan con lo que hagan sus afines en el neofascismo internacional; de ahí que Ayuso otorgase una medalla a Milei cuando vino a insultar y provocar al Gobierno o que Almeida se la otorgarse a Israel cuando ya estaba iniciada la masacre en Gaza; ahora anuncian la condecoración para la indigna Organizadora de La Vuelta. Están en línea con la acción mafiosa, propia de un matón, cuando Trump chantajea a Brasil con la anulación del juicio a Bolsonaro, por golpista, o le impone aranceles del 50%.

La barbarie está a la orden del día. Solo los pueblos pueden cambiar el rumbo degenerado que la sociedad actual ha tomado. La victoria de los pueblos del Estado español ha sido la victoria del pueblo Palestino en La Vuelta ciclista, un sencillo ejemplo del poder de las masas, a pesar de no haber estado organizadas por ninguna organización política ni sindical.

Es importante continuar exigiendo la expulsión de Israel de todos los eventos deportivos y culturales, como acertadamente ha exigido RTVE a Eurovisión. Pero solo se hará justicia cuando Israel devuelva todos los territorios ocupados ilegalmente y los criminales de guerra sean juzgados. Todos los pueblos del mundo deben continuar movilizándose y exigiendo a sus gobiernos la ruptura total de relaciones con el Estado sionista israelita.

https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2025-09-05/cifra-de-muertos-palestinos-supera-los-64-000

Roberto Tornamira

Socialista de Madrid

No a la guerra en Ucrania. No a la guerra social en Europa. No al genocidio en Gaza

La guerra en Ucrania cumplirá su cuarto año en unos pocos meses. Se cuentan por cientos de miles los muertos a ambos lados del frente; muertos que tienen en común su pertenencia a la clase trabajadora y ver trucada su juventud, por intereses ajenos a ellos. De la misma manera, son millones los heridos de guerra y los desplazados por el conflicto.
En Gaza se cumplen dos años desde que el ejército del Estado sionista de Israel desencadenaba un genocidio contra el pueblo palestino.
Desde la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), asociación que edita Tribuna Socialista, nos solidarizamos con el rechazo a la guerra y por la paz en Ucrania, contra la guerra social que empobrece a los pueblos de Europa, así como contra el genocidio que Netanyahu y su ejercito perpetran en Gaza.
Publicamos el llamamiento a la solidaridad que emiten los organizadores de la movilizaciones que el día 3 tendrán lugar en Berlín y Stutgard y el mensaje que la Junta Directiva de ASTRADE les ha enviado.
Por su relevancia, publicamos también la Declaración firmada por limitantes ucranianos y rusos contra la guerra.
Por último, quedamos muy atentos al desarrollo de la Conferencia-Mitin que se celebrará en Paris los días 4 y 5 de octubre, de la que informaremos en el número 170 de Tribuna Socialista.

Redacción de Tribuna Socialista

Llamamiento a la solidaridad

La coordinadora alemana del «Comité de Enlace Europeocontra la guerra – contra la guerra social»

Queridos compañeros,
El 3 de octubre, tendrá lugar en Berlín y en Stuttgart otra manifestación nacional contra la guerra y contra la guerra social. La manifestación es un signo visible

• Contra la política de guerra y la preparación de la guerra contra la Rusia por parte del gobierno Merz
• Contra el apoyo del gobierno Merz al genocidio de Gaza y las guerras de agresión de Israel contra varios países.

Cerca de 350 organizaciones, partidos políticos, seccionas de partidos, iniciativas sindicales, iniciativas de paz llaman a estas concentraciones.
Habida cuenta de la escalada bélica en Ucrania y de los preparativos de guerra contra Rusia, así como la expansión del genocidio en Gaza, llamamos a apoyar las manifestaciones nacionales mediante saludos internacionales.
Por favor, enviad breves saludos a GotthardKrupp@t-online.de antes del 27 de septiembre de 2025, que nosotros publicaremos.

En la conferencia y el mitin internacionales de los días 4 y 5 de octubre de 2025 en París daremos cuenta de todo ello. Se trata de la conferencia de la iniciativa europea en torno al llamamiento:

«Ni un céntimo, ni un arma, ni una vida para la guerra»

Web en francés: https://contrelaguerre.fr/
Web en alemán: https://gegendenkrieggegendensozialenkrieg.info/2025/08/2G/europaweit-gemeinsam-gegen-den-krieg-gegen- den-sozialen-krieg/

Con mis saludos solidarios Gotthard Krupp, en nombre de la coordinadora alemana del Comité de Enlace Europeo

Apoyo de ASTRADE a las movilizaciones del dia 3 de octubre en Berlín y Stuttgart

A: los organizadores de las movilizaciones en Alemania el 3 de octubre de 2025

19 de septiembre de 2025

Estimados compañeros y compañeras:

La Junta Directiva de la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), a través del Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), hemos tenido noticia de la preparación de manifestaciones contra la guerra y contra la guerra social que sufrimos todos los pueblos, como derivada del conflicto bélico en Ucrania.

La guerra, como el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza desde hace dos años, es una agresión contra todos los pueblos. Es la manera que los poderosos tienen de dirimir sus conflictos, principalmente de carácter económico, con consecuencias de muerte, pobreza y destrucción de derechos para la gran mayoría social. Es un mensaje de hasta donde están dispuestos a llegar para defender sus privilegios.

Los acontecimientos del 14 de septiembre en Madrid, contra la participación del equipo ciclista de Israel en La Vuelta a España; en protesta por el genocidio en Palestina, demuestran que solo la movilización decidida y en unidad anima a los gobiernos a tomar acciones en la línea de las prioridades de los pueblos.

La vergonzante posición de las instituciones europeas y los gobiernos de los países miembros, con independencia de que unos se humillen más que otros ante el imperialismo estadounidense y el sionismo israelí, hace necesaria y urgente la respuesta de los pueblos y los trabajadores de Europa.

Celebramos y apoyamos por tanto las movilizaciones que: partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones estáis preparando para el 3 de octubre en Berlín y Stuttgart, contra la guerra y contra el genocidio. Os deseamos un gran éxito, pues vuestro éxito será parte de la victoria de todos los pueblos.

La Junta Directiva

ASTRADE

Llamamiento a la paz de militantes rusos y ucranianos

«Leído en Informations ouvrières n.º 875»

RUSIA/UCRANIA

«La guerra nunca conducirá a la paz: restituir a los pueblos su derecho a la autodeterminación»

Publicamos a continuación un llamamiento, también publicado en L’Insoumission. Lo firman conjuntamente militantes rusos y ucranianos que, en unidad, denuncian a los promotores de guerra de ambas partes, y llaman a la paz entre los pueblos. Este llamamiento tiene enorme importancia en el momento actual.

Es infinitamente ingenuo creer que la guerra conduce a la paz. Ni Putin, ni Trump, ni Zelenski, ni los dirigentes europeos han sido capaces de aportar lo esencial a los pueblos: la paz. Los cálculos basados en una victoria militar se han venido abajo, así como los intentos de «toma y daca» entre dirigentes a costa de los pueblos. Hoy, no solo la izquierda, sino cualquier fuerza democrática debe unirse, pero no en torno a un programa de militarización y violencia, sino bajo lavandera de la paz inmediata.

Nosotros, militantes pacifistas rusos y ucranianos, hemos sido privados de nuestra patria por esta guerra. Cientos de miles de compatriotas nuestros han muerto, hay millones de mutilados, decenas de millones reducidos a la desolación y privados de esperanza. Esta carnicería multiplica cada día el sufrimiento y nos arrebata, a nosotros y a nuestros países, cualquier futuro. Se encarcela a nuestros compañeros y se reprime con brutalidad cualquier disidencia. Conocemos el precio de la guerra: nos ha privado de nuestra voz y del derecho a decidir nuestro destino. La única posibilidad de poner fin a esta pesadilla es devolver a nuestros pueblos ese derecho, el derecho a la autodeterminación.

La dictadura de Putin, que desencadenó la guerra, se sustenta en el miedo, la violencia y la desigualdad para transformar a decenas de miles de pobres en carne de cañón en nombre de sus ambiciones imperiales. Pero no se puede derrotar a esta monstruosa máquina con sus mismos métodos. En Ucrania, se abate sobre los pobres una verdadera caza del hombre: son detenidos, golpeados, enviados a la fuerza a las trincheras. ¿En nombre de la «independencia»? Pero el gobierno de Zelenski firma acuerdos leoninos con Trump que entregan todas las riquezas nacionales a una potencia extranjera. ¿En nombre de la «libertad»? Pero Ucrania cuenta con centenares de presos políticos. Las ideas comunistas están prohibidas, y cualquier disidencia puede implicar represión o violencia de la extrema derecha. ¿En nombre de la «dignidad»? Pero mientras que los pobres mueren en el frente, los funcionarios y hombres de negocios afines al poder se revuelcan en la corrupción y el lujo.

La dictadura de Putin amenaza a todos los pueblos de Europa. Pero la guerra hace a los países occidentales similares a la Rusia de Putin. Los dirigentes europeos firman con Trump acuerdos humillantes y desiguales, transformando sus países en apoderados de Washington, igual que Putin ha convertido a Rusia en instrumento de la política china. Los gobiernos se preparan abiertamente a sacrificar el modelo social en el altar de la economía de guerra, exactamente como los ha hecho el dictador del Kremlin. Los responsables políticos alemanes y franceses lamentan que Europa pueda convertirse en víctima de un mercado entre Trump y Putin, pero olvidan que ellos mismos han sido los arquitectos de esta catástrofe. Por un lado, durante años han considerado al régimen ruso como un «colaborador socialmente próximo» en la carrera neoliberal por el beneficio; por otro, han alimentado con entusiasmo la mecánica de la dominación atlántica. Esta impopular política de desigualdades y militarización trae consigo el retroceso de los derechos democráticos: gobiernos y medios de comunicación persiguen a los disidentes y se niegan a reconocer los resultados electorales. ¿Dónde está la diferencia con el putinismo?

Un ejemplo palmario de esta persecución es la crítica injustificada que se abate sobre Jean Luc-Mélenchon y LFI desde su discurso del 22 de agosto. Mélenchon formuló unas tesis a las que nos adherimos plenamente, e incluso consideramos evidentes: la política de Francia y de Europa debe perseguir la paz y no la victoria militar; una paz duradera es imposible sin una profunda democratización, sin la participación directa de los pueblos en la decisión de su destino; la voluntad y la determinación de los pueblos priman sobre las fronteras trazadas por dictadores o políticos; es impensable resistir a la dictadura con métodos dictatoriales; Ucrania y Europa precisan profundas transformaciones democráticas; en lugar de un tributo pagado al complejo militar-industrial estadounidense y de la construcción de una economía de guerra, Francia necesita reformas sociales y reducción de desigualdades; Ucrania y Rusia necesitan garantías de seguridad, y la OTAN ha desempeñado un papel trágico en la transformación autoritaria de Rusia y en la legitimación de la política de Putin; una vuelta al derecho internacional exige el abandono de la lógica de los bloques y de las pretensiones imperiales a la hegemonía occidental, etc. En respuesta, hasta los medios de comunicación de izquierda han acusado a Mélenchon de «campismo» y de «utilización de narrativas putinistas». No se trata solo de la vergonzosa atribución de etiquetas infamantes a sus oponentes (¡una técnica de propaganda muy apreciada por Putin!), es también una manipulación evidente. Podría hablarse de campismo más bien en el caso de los que llaman a «la guerra hasta la victoria final», los que exigen la victoria de «su» campo sobre el campo enemigo. El campismo niega la complejidad interna de una sociedad, sus contradicciones, y lo reduce todo a una lucha entre Estados y coaliciones de Estados. Mélenchon llama precisamente a rechazar este marco conceptual, devolviendo a los pueblos la posibilidad de actuar, en vez de a políticos corruptos y desconectados, que especulan sobre los «intereses de los pueblos».

Los que atacan a Mélenchon y a LFI de manera tan injusta son infinitamente ingenuos. Creen que puede ganarse la guerra inyectando más y más miles de millones en la industria militar. Pero no es otra cosa que legitimar el mismo enfoque del bando enemigo. Creen poderse refugiar tras fórmulas constitucionales y especulaciones periodísticas, proclamando la integridad democrática del régimen ucraniano. Sus palabras no podrán frenar a decenas de miles de ucranianos que desertan del frente. Millones de ucranianos no quieren combatir y no sienten que su país les pertenezca. Si queréis fortalecer su ánimo, ayudadles a reencontrar su voz, su derecho a decidir, y sí, devolvedles su igualdad social.

Todos los que desean la caída del proyecto imperialista de Putin deben reflexionar sobre el modo en que puede vincularse su causa con la de cientos de miles de soldados rusos, y la de millones de trabajadores rusos en la retaguardia. Ya que en definitiva, es en sus manos donde se juega el destino del Kremlin. Ahora bien, lo que proponéis hoy son solo bombas y una guerra sin fin. Jean-Luc Mélenchon ha sido el primero en invitaros a una conversación de igual a igual. Y para la dictadura de Moscú eso es más peligroso que los misiles y obuses de la OTAN.

Categoría: ACTUALIDAD POLITICA