Categoría: ACTUALIDAD POLITICA

Publicidad aturdidora

La publicidad está adherida de tal manera a nuestras neuronas que resulta imposible desprendernos de ella, estés donde estés, hagas lo que hagas, mires donde mires. Es una sombra artificial pegada a nuestras suelas que, en determinados momentos, se convierte en un asedio insoportable para la mente por lo reiterativo de su mensaje que se introduce durante un tiempo en nuestra vida cotidiana, aunque lo que se publicite nos importe un bledo o esté muy alejado de nuestras posibilidades económicas. Y, también de la ideología que rezuman algunos de sus mensajes que solo son la extensión de una estrategia política que se publicita como si fuera un producto que se puede comprar con un chasquido de los dedos.

La publicidad es ante todo un negocio, para el anunciante que espera vender más y mejor su producto y, sobre todo, para los medios de comunicación cuyas cuentas y supervivencia se sustenta en los ingresos publicitarios que percibe, en especial, con las campañas que periódicamente ponen en marcha las grandes marcas. Relación de dependencia que muchos analistas de los medios de comunicación consideran un condicionante de su independencia informativa. Todos sabemos que hay determinadas marcas muy conocidas de las que nunca se informa sobre sus problemas y dificultades internas, por la ingente cantidad de dinero que invierten en los medios. Por eso nunca encontraremos una información, crítica o no, sobre las interioridades de gestión del El Corte Inglés, MAPFRE, Mutua Automovilística, y otras muchas que están en la memoria de todos.

Asedio que creció sin límite con internet por la facilidad de la compra a distancia y la difusión masiva de videos publicitarios, hasta el punto de convertir la publicidad en un fenómeno insertado en nuestras vidas como un elemento más de nuestro existir en el que ya ni reparamos en cuanto a su influencia en la mente. Influencia que condiciona nuestro comportamiento desde lo más básico que es estimular el deseo de compra, a lo más oculto en lo que solemos pensar: la acentuación de la estratificación clasista de la sociedad a través del valor de los objetos que se publicitan que definen el nivel de vida y de clase de su poseedor.

Publicidad que ya no se centra en las características funcionales del objeto en cuanto a los beneficios que ofrece para facilitar tareas cotidianas de todo tipo, sino que se nos presentan asociados a anhelos humanos. De ahí la expansión de términos como aspiracional, exclusivo o exclusividad que el mensaje publicitario utiliza para asociar el objeto que se publicita con el triunfo, el éxito y el ascenso social. Mensajes que se propalan en campañas masivas y machaconas que usan estas herramientas para ocultar un objetivo político o mercantil de quienes las pagan que, en el fondo, esconde una lucha por el control de su sector estratégico del mercado y sus efectos sociales.

Un ejemplo de bombardeo de impactos publicitarios ha tenido lugar estos meses pasados, con el enfrentamiento entre dos de los cinco grandes bancos: BBVA y Sabadell. El primero para convencer a los accionistas del Sabadell de las bondades de canjear sus acciones por las de la entidad vasca, y el segundo justamente para lo contrario; convencer a sus accionistas para que no aceptasen la oferta del BBVA. Ha sido una guerra mediática que ha machacado a los accionistas del banco catalán y a todas y todos los que, sin tener acciones de ninguna de las entidades, ni interés en el asunto, hemos tenido que soportar los machacones mensajes.

Los medios de comunicación utilizados por estas dos entidades financieras han sido agraciados con una lluvia extra de dinero sobre los ingresos ordinarios por publicidad. Según la web de “Infoperiodistas”, entre los dos bancos han gastado en torno a 70 millones de euros extraordinarios en esta campaña: 40 Sabadell y 30 BBVA ¿Estará en los 10 millones de diferencia el resultado de la OPA, a favor de la entidad catalana?

Como señalábamos más arriba, los medios ya se cuidan muy mucho de no informar de cuestiones relativas a las consecuencias que para la sociedad tiene el contenido del producto anunciado y las estrategias políticas de las marcas anunciantes.

La operación bancaria aludida tiene consecuencias para la sociedad; que el sector financiero continúe su proceso de concentración. No informar de algo tan importante es una contradicción con la naturaleza misma y la razón de ser de los medios de comunicación. La consecuencia es que los medios de comunicación dejan de ser independientes, dejando por ende de cumplir con su supuesta vocación de informar verazmente, con pluralidad e independencia.

Algunos datos de interés que, quizá, no estén al alcance de todos; porque los medios de comunicación de masas no se hacen eco de ellos, o no suficientemente:

  • En España se ha conformado un oligopolio financiero en el que más del 70% del sector se concentra en cinco entidades, por volumen de activos: Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter.
  • La concentración bancaria no es nueva en nuestro país, viene produciéndose desde el pasado siglo, sin bien se ha acelerado desde 2008:

En 1980 había en España 192 bancos comerciales y 84 cajas de ahorros. 2024 se cerró con 46 entidades bancarias y 2 cajas de ahorros -sin contar las 58 cajas rurales existentes-.

  • La reducción de entidades financieras ha provocado un oligopolio de 5 entidades con consecuencias muy perjudiciales para la sociedad, al ser el bancario un negocio cautivo, en ausencia de una banca pública que preste servicios básicos y de depósito:

Desde la crisis de 2008 han cerrado en España el 60% de las oficinas existentes -unas 28.000 sucursales-. Y se ha perdido el 47% de los puestos de trabajo en el sector -unos 128.000 trabajadores y trabajadoras menos-.

Como consecuencia de lo anterior, en estos 17 años ha aparecido el fenómeno que conocemos como “la España vaciada”. La banca no es la responsable única de este fenómeno, pero sin lugar a duda el cierre masivo de oficinas ha contribuido en gran medida, pues el 29% de los municipios (2.341 pueblos) no tienen oficina bancaria, ni tan siquiera un cajero automático.

A los datos anteriores habría que añadir que el erario público prestó a las entidades más de 100.000 millones de euros de dinero público (65.000 en dinero para el saneamiento + 35.000 de los pisos de la Sareb), para salvarlas de la crisis financiera de 2008, de la que ellos mismo, los banqueros habían contribuido a crear. Dinero que las entidades no han retornado al Estado, aunque el entonces Ministro de Economía del Gobierno de Rajoy, y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindós, aseguró que el rescate no le costaría un euro a los españoles.

Esto no son más que algunos retazos de lo que hay detrás de los productos y estrategias de un sector, que se publicita como si fuese muy beneficioso para la sociedad en general y sus clientes en particular.

El consumidor está desvalido ante la oferta si los medios de comunicación no ponen a su disposición la información completa. La información que damos, a colación del intento fallido de OPA del BBVA al Banco Sabadell bien podría aplicarse al sector farmacéutico, a las empresas de la salud, a las del automóvil o a las de la energía, entre otras muchas; incluso en la política.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario
y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas
Roberto Tornamira Sánchez
Ex Secretario Estatal de la FeSMC-UGT
del Sindicato del Sector Financiero, Seguros y Oficinas

Situación y estado actual de la Justicia española: su presunta independencia

En este artículo quiero reflexionar sobre la situación y la calidad de la justicia en España, el grado de aceptación/satisfacción de los españoles sobre ella y sobre todo y fundamentalmente, sobre el grado de independencia de nuestros jueces y magistrados y su dependencia, muchas veces prevaricadora, de determinados partidos políticos.

Antes de entrar en el meollo de la cuestión, tenemos que reflexionar sobre las causas de esta situación. Y entre las causas, pues es un asunto multicausal, hay una que es la principal: “De aquellos barros vienen estos lodos” y me refiero fundamentalmente a que en el inicio de la, en absoluto modélica y tranquila, transición española, del paso de las Leyes Fundamentales del Dictador Franco a las leyes democráticas y la Constitución de 1978, no se renovaron ni se sustituyeron (no se purgaron) a los jueces y magistrados franquistas, (en connivencia los franquistas y partidos supuestamente progresistas, como PSOE y PCE que abdicó de todos sus postulados marxistas, pero no del estalinismo), cuya gran parte de su cúpula servía o había servido en el funesto TOP, que pasaron, en su gran mayoría, a las cúpulas de la pirámide judicial, arrastrando su ideología franquista, sus errores funcionales y sobre todo su prepotencia, siendo muchos ascendidos, condecorados y galardonados.

La falta de renovación de jueces y magistrados que procedían del Franquismo, del Movimiento Nacional y del ultracatolicismo conservador, no fueron sustituidos por jueces progresistas y demócratas (seguramente habría sido muy difícil encontrarlos en ese momento). Muchos jueces procedentes del TOP, pasaron a ocupar altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Presidencias de Salas de Audiencias Territoriales y luego Tribunales Superiores de Justicia e incluso Tribunal Constitucional, y a partir de ahí, la dependencia ideológica de nuestros jueces y su servilismo a partidos conservadores y de extrema derecha, está servida, sin que afirmemos que esa sea la generalidad, pero sí la nota más acusada y cada vez más abundante sumada a un corporativismo exacerbado.

A lo expuesto hasta aquí, se suma la acusada falta de jueces y magistrados lleva a una situación caótica de acumulación de asuntos sin resolver que ya es insostenible y puede llegar a ser inabordable. Es por ello, que, el aforismo “la justicia o es inmediata o no es” y que “la justicia tardía es justicia denegada”, tiene absoluta actualidad en España.

El CGPJ, aunque tras más de ocho años paralizado y aunque se consiguiera renovar finalmente, sigue sin funcionar y no se corrige sino todo lo contrario, a jueces que prevarican a sabiendas en asuntos de corrupción o claramente políticos, que favorecen a la extrema derecha, PP y VOX.

Los Juzgados españoles acumulan cada año cantidades ingentes de sumarios y asuntos sin resolver, y es que España cuenta solo con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 17 y en países de alta tradición democrática, como los países nórdicos o Francia, se supera netamente esta cifra. Esta situación refleja una crisis estructural de la justicia española, que sufre retrasos crónicos y casi irrecuperables, protestas históricas y un órgano de gobierno paralizado por la política (Redacción El Diario de Madrid, 24/jun/25).

Sin embargo, cuando desde el Gobierno se presenta un proyecto de Ley de reforma del Poder Judicial, y acceso a la carrera judicial, además de regularizar la caótica situación de los jueces sustitutos, se encuentra con una férrea oposición de todas las asociaciones profesionales conservadoras y de extrema derecha de los jueces y una incomprensión, solo explicada, por su corporativismo y defensa acérrima de sus privilegios. Los jueces se creen y se sienten figuras intocables que pueden hacer lo que les viene en gana con absoluta impunidad, pero lo cierto y verdad es que los jueces no son más que nadie, habiendo protagonizado jornadas de huelga, cuando constitucional y legalmente les está vedado, eso sí, sin que se les descontara el sueldo por cada día de huelga, e incluso interrumpiendo juicios que se estaban celebrando, para acudir a las concentraciones, con toga, por supuesto.

Con datos del informe que emite el CGPJ, en el segundo trimestre de 2024, la justicia española cerró con 4.181.669 asuntos pendientes, sobre un total de asuntos de 7.799.166. Esto supone un incremento del 14,2% respecto al mismo periodo de 2023. Este dato marca un récord de casos sin resolver.

Lo que nos lleva a la conclusión de que hay un colapso estructural y una desconexión de la realidad, por parte de la justicia española.

En cuanto al grado de descontento y hartura de los españoles respecto de la justicia española, salvo los informes propios e intencionados del CGPJ y de sus medios acólitos, el rechazo es descomunal.

Según el HuffPost/EFE, nueve de cada diez españoles considera que la justicia no es igual para todos. El tercer estudio ‘Calidad de la Democracia’ realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge que el 78,5% de los ciudadanos considera que no se trata del mismo modo a ricos y pobres. (Redacción 08/05/2025).

La justicia, queda muy mal parada.

En las preguntas del CIS referidas al funcionamiento del sistema judicial, los encuestados se muestran muy críticos: una abrumadora mayoría del 89,9 % no comparte que trate igual a los políticos que a los ciudadanos y el 78 % tampoco está de acuerdo con que la justicia sea imparcial en los procesos que afectan a los partidos, especialmente en temas de corrupción y que afectan al PP y a VOX.

Según “El País”, dos de cada tres encuestados están poco o nada satisfechos con el funcionamiento de los tribunales. La Administración de Justicia se mantiene como el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio que menos satisfacción genera —la asistencia sanitaria en los centros de salud públicos—, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La agencia que dirige José Félix Tezanos ha retomado las encuestas sobre calidad de los servicios públicos que el organismo había dejado de hacer en 2018, justo tras la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez. Y la justicia sigue en la cola, como entonces, cinco años después. El sondeo muestra que el 66,2% de la población está totalmente en desacuerdo e insatisfechos con la justicia española.

Vayamos ahora con reflexiones sobre la tan denostada y presunta independencia de los jueces y magistrados en España. Vaya por delante que la democracia y el sentido de la responsabilidad y decencia, exige que los jueces sean rabiosamente independientes, a la hora de analizar hechos, enjuiciar asuntos y dictar sentencias, neutralidad que no deberá interferir en su integridad e independencia, a la hora de emitir sus Fallos en los asuntos de que conozcan.

Según Fernando Ull Barbat, “El ojo crítico”, 02/10/25, “por mucho que una gran parte de los jueces españoles se empeñen en hacernos creer que son poco menos que figuras intocables que pueden hacer lo que les venga en gana, la realidad constitucional de nuestro país les obliga a estar al servicio de los españoles”. Y yo añado, y si así no lo hicieren, prevaricarían dolosamente.

Los jueces tienen que aplicar la ley, lo que quiere decir que no pueden interpretar las leyes como les parezca, ni dictar las sentencias que quieran, sin que puedan ser objeto de la menor crítica. No pueden interpretar las leyes según su ideología y para favorecer y adaptarlas al ideario de un partido político, que es lo que muchos hacen. (Fernando Ull Barbat).

Fundación Sistema: Cae la confinza en la Justicia en España

El artículo 117 de la Constitución señala que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

Pero, ¿qué ocurre cuando esa justicia pierde legitimidad ante los ciudadanos porque una parte de esta situada en puestos estratégicos, entra en conspiraciones para derribar gobiernos, intenta condicionar procesos electorales o aparecen noticias como: “El Tribunal Superior de Cataluña absuelve a Dani Alves de un delito de agresión sexual”; “Un juez procesa al humorista Quequé por bromear con “dinamitar” el Valle de los Caídos y “apedrear” a curas pederastas”; “El TSJC permite que un padre pueda impedir la eutanasia del hijo (de 54 años) aunque no tengan relación”?

Ocurre, que la confianza en la justicia cae porque, parte de ella, en lugar de ser y actuar como un árbitro neutral, actúa y se comporta como un actor político más, saltándose la legalidad constitucional. Algo muy inquietante en una sociedad democrática y en un Estado de derecho, porque la población interioriza que la justicia no es igual para todos.

“En una escala de valoración donde 1 representa la mínima confianza y 10 la máxima confianza, los españoles en el año 2021 valoraban la justicia con una media de 4,76. En el año 2024, esa valoración descendió hasta un 4,67. Este dato es una señal de advertencia sobre la situación institucional de España, máxime si tenemos en cuenta que la valoración de los partidos políticos, los sindicatos, el gobierno, el Parlamento y los medios de comunicación es aún menor, según las encuestas sobre Tendencias Sociales realizadas por el Centro de investigaciones Sociológicas entre 2021 y 2024.”

En definitiva, lo que nos dice entre líneas el artículo transcrito y que comparto, es que una parte importante y poderosa de los jueces y magistrados, no son independientes, sino que están y han estado al servicio del PP e incluso de VOX y prevarican, al hacer de sus juzgados y tribunales baluartes para, de la mano de la extrema derecha, descalificar y hacer caer al gobierno de la nación, al que ab initio, consideran ilegítimo, y sobre el que lanzan bulos, mentiras y todo tipo de basura, como hicieron con Pablo Iglesias y su familia. Van a por Pedro Sánchez, para hacer caer al gobierno, con el CGPJ a la cabeza, con jueces y magistrados significados, desde el TS, la AN y Salas de los TSJ, mediante la prevaricación, que impiden o atenúan el procesamiento de corruptos, como Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso, M. Rajoy, Feijoo y el propio Aznar, y tantos otros, acosando al presidente del Gobierno, procesando a su hermano y a su mujer con delitos inventados y en instrucciones claramente prevaricadoras y falsas. Delitos gravísimos por los que tienen la más absoluta impunidad, pues se creen por encima del bien y del mal.

Lo que subyace es el ataque sostenido de la derecha extrema y la extrema derecha (en España no existe una derecha democrática), contra el actual Gobierno al que consideran, antes incluso de constituirse, como ilegítimo, sin que sigan sin asumir la democracia con todas sus consecuencias (Fernando Ull Barbat), porque piensan que España es solo suya y la quieren UNA GRANDE Y LIBRE constituyendo una UNIDAD DE DESTINO EN LO UNIVERSAL.

Compartiendo la tesis de Fernando Ull Barbat, se trata, de un golpe de estado mantenido y permanente, para conseguir el agotamiento y caída del gobierno y la convocatoria de elecciones generales, que, por supuesto, están convencidos de que ganarán, recuperando lo que consideran que es suyo por la gracia de dios y ab natura, el poder en todos los órdenes y España su cortijo.

Al juez Garzón, lo procesaron por enjuiciar al franquismo y lo expulsaron de la carrera. Se jactaban de manejar a la Segunda del TS por la puerta de atrás, en fin, todos tenemos en mente tantas cosas, que ratifican lo que vengo sosteniendo; que una parte significativa de jueces y magistrados no son independientes, prevarican impunemente y están al servicio de la extrema derecha del país, siendo las salas en las que sirven, poltronas para hacer política contra el Gobierno legítimo y hacerlo caer provocando nuevas elecciones generales.

Estoy convencido de que triunfará la democracia, que el Gobierno va a aguantar y va a agotar la legislatura y que los cambios legislativos sobre el nombramiento y elección de los vocales del CGPJ y jueces y magistrados, acceso a la carrera judicial, regularización del cuarto turno y cuarto turno para fiscales, regularización y estabilidad de los jueces sustitutos, harán que se sanee la justicia española, aumente el número de jueces independientes, se desatasque el atraso judicial y poco a poco, se normalice y se recupere la confianza en el sistema judicial, hoy tan justamente deteriorada.

Miguel Sagüés Navarro

Defendiendo las pensiones públicas

Un año más, el movimiento de pensionistas se ha echado a la calle para defender el Sistema Público de Pensiones, como lo lleva haciendo desde que el gobierno del PP, presidido por M. Rajoy, reformará la Ley General de la Seguridad Social de 2013 y comenzase a revalorizar las pensiones con un ridículo 0,25%, haciendo perder poder adquisitivo a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país.

El sábado 25 de octubre miles de pensionistas, y también jóvenes trabajadores y trabajadoras conscientes de que llegará un día en que vivirán de su salario diferido, se desplazaron a Madrid desde distintas comunidades autónomas, para exigir que:

  • El Gobierno encargue una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, en cumplimiento de la Ley 21/2021.
  • El Estado deje de fomentar la privatización de las pensiones.
  • El fin de la brecha de género en salarios y pensiones.
  • La elevación de la pensión mínima al SMI.

Además de los lemas de la convocatoria, fue muy general el rechazo de los manifestantes al incremento de los gastos militares, que nadie duda, excepto el Gobierno, que irán en detrimento de los gastos sociales, como la Sanidad, las Educación, la Dependencia y las Pensiones públicas. Para entender esta preocupación, basta con ver las consecuencias de la gestión público-privada de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la gestión de las residencias en pandemia en Madrid, o el déficit de plazas en FP.

Manifestantes pasando por la puerta del Congreso de los Diputados

El Gobierno y los grupos parlamentarios que le apoyan aprobaron la Ley 21/2021, publicada en el BOE del 28 de diciembre de 2021, bajo el título “garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones”.

Esta Ley modificó la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 58 para garantizar que el importe de las pensiones contributivas y de la pensión mínima se revalorizan con el IPC medio interanual. Y que si el IPC fuese negativo, como ocurrió por ejemplo en 2020, el importe de las pensiones no se reducirá.

Esta medida está bien, pero no garantiza que el poder de compra verdadero no se vea perjudicado, algo que saben bien las y los pensionistas sin necesidad de estadísticas ni estudios técnicos, pues tienen una experiencia empírica cada día que tienen que hacer la compra de los alimentos.

Los técnicos y los defensores a ultranza del Pacto de Toledo dirán que la garantía es técnicamente correcta, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen otra cosa. Por ejemplo, en IPC acumulado desde 2021 a 2024, ambos inclusive, es del 16,85% pero la revalorización de las pensiones ha sido en el mismo periodo del 15,20%. Este no sería el problema si el índice de referencia para la revalorización de las pensiones fuese el IPC de los productos habituales en el consumo de la mayoría de los y las pensionistas, por ejemplo: los alimentos. El IPC de los alimentos y las bebidas no alcohólicas ha crecido en el cuatrienio 2021 – 2024 un 25,57%, con lo que, frente a la revalorización de las pensiones, estas han perdido un 10,37% de poder adquisitivo.

Otro elemento importantísimo de la Ley 21/2021 es el recogido en la Disposición Adicional Sexta, en la que el Gobierno asumía la obligación de encargar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:

“En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de Auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social […]”

“Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”.

Este incumplimiento de la Ley, por parte del Gobierno de Coalición, lleva cuatro años silenciado por toda la prensa y por todos los partidos parlamentarios, pues el periodo que mandata la ley para dicha auditoría (1967 – 2019), afecta a todos los gobiernos, incluidos los últimos 8 años del franquismo.

Es posible que este silencio obedezca a los mismos motivos por los que nadie parece hacer hincapié en la devolución por parte de la banca de los 65.000 millones de euros que el Estado puso para su saneamiento más los 35.000 que el Estado español ha tenido que computar como deuda pública, por mandato de la Unión Europea, correspondiente al coste de los pisos de las entidades financieras agrupados en la Sareb.

La auditoría de a las cuentas de la Seguridad Social, comprometida en la Ley 21/2021, obedece a que el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020, puso de manifiesto que el Estado había utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros, al pagar con dinero de las cotizaciones los complemento a mínimos que el Estado está obligado a pagar con dinero procedente de los impuestos. Poco tiempo después, el actual Gobernador del Banco de España, en sus funciones de ministro de la Seguridad Social, concretamente en abril de 2023, reconocía en la prensa económica que la deuda del Estado ascendía a más de 140.000 millones de euros, por los mismos motivos que los señalados por el Tribunal de Cuentas.

Esa tremenda cantidad de dinero, que se generó en el periodo 2013 -2018, será mucho mayor si el periodo de análisis es el que fija la Ley 21/2021: 1967 – 2019.

Si el Estado devolviese a la caja de las pensiones el dinero que, en palabras del tribunal de Cuentas: se ha utilizado indebidamente, la falsa discusión de la insostenibilidad de las pensiones públicas quedaría resuelto.

Hay que celebrar que cada año el movimiento de pensionistas recuerde este incumplimiento y reivindique el avance en igualdad del Sistema Público de Pensiones.

Pascual Sánchez
Socialista no afiliado.

Isabel Díaz Ayuso, yo fui torturado en la DGS

Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede de la DGS

Hace ahora 53 y 54 años que tuve la desgracia de visitar durante días los calabozos que existían bajo tu despacho, Isabel Díaz Ayuso.

Allí fui interrogado y torturado por los canallas de la Brigada Político Social, entre ellos el famoso Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el niño”.

No te cuento lo que allí me hicieron para no herir tu sensibilidad, pero supongo que al menos fue lo mismo que a los de Venezuela que tanto te preocupan. Los de aquí, algunos, aún seguimos con vida y recordamos aquellos terribles momentos.

Cada vez que he pasado por allí lo he recordado, incluso cuando te veo en diferentes actos en aquel lúgubre lugar lo hago y siempre me ha dolido que no exista una placa conmemorativa recordándolo.

Fuimos cientos, miles, los que pasamos por esos calabozos, por esos despachos convertidos en salas de tortura.

¿Sabes por qué razón? Pues te lo aclaro para que lo entiendas: por pensar diferente y luchar porque en este país hubiera una democracia. Ese fue nuestro gran delito.

Gracias a esa lucha, o al menos ayudado por ella, hoy tú puedes decir lo que te venga en gana, incluso atacar e insultar a cada instante a nuestro gobierno y su presidente.

A ti no te bajarán a esos lugares para hostiarte, para hacerte la bolsa, la piscina, la barra hasta que casi no pudieras mantenerte en pie.

Quizás tampoco en aquella época, ya que pensando lo que piensas seguro que estarías al lado de los dictadores, de los torturadores.

¿Qué serías capaz de hacernos a las personas de izquierdas, a quienes apoyamos y defendemos al gobierno actual y su presidente Pedro Sánchez, si tuvieras el poder que tuvo Billy? ¿Nos torturarías con saña y sadismo? Al ver tu mirada creo sinceramente que sí.

Tampoco te recordarán que si se pasaban de rosca podrían hacer como con otro compañero de lucha, Enrique Ruano, tirarte por la ventana y asegurar después que te habías lanzado tú.

Aquellos canallas existieron, “Billy el niño” existió, doy fe de ello, aquellos malos tratos, torturas, largos interrogatorios crueles también.

Los que aún quedamos con vida aún podemos clamarlo y exigir que se conozca por las nuevas generaciones, para evitar la vergüenza de descubrir que un 21 % de ella añora a Franco y su dictadura.

Por eso ahora me indigna conocer la polémica que has provocado negándote a reconocer lo que la DGS fue.

Creo que llega tarde, pero llega y aunque muchos de los que lo sufrieron ya no están entre nosotros aún quedamos unos cuantos que lo exigimos con fuerza. Gracias Pedro Sánchez por hacerlo. Imponlo, oblígales a que pongan esa placa, nos lo debes, nos lo deben.

Me interrogo también del porqué de ese 21 %. Quizás y lo digo después de haberlo defendido a capa y espada en aquel tiempo como militante del PCE, por la teoría impuesta por Santiago Carrillo de la “reconciliación nacional”.

Entonces vi con claridad su necesidad, hoy lo veo bastante menos. Aquellos canallas, en la policía, en el ejército, en la justicia, en la política se nos fueron vivitos y coleando.

No planteo haberlos matado, no, pero sí que hubieran pagado por lo que hicieron, que fueran juzgados, condenados y encarcelados.

Mi torturador Billy, murió en la cama, se lo llevó un Covid justiciero, lo hizo, además, para vergüenza de la democracia, con las medallas que le concedieron. Ahora sus herederos resurgen con fuerza e impunidad. Como la citada Isabel Díaz Ayuso con su negativa a reconocer lo que en “su” edificio ocurrió.

Me entran ganas de gritarte alto y claro: te maldigo Ayuso, a ti y a tus cómplices. No lo hago porque gracias a la democracia por la que luché, por la que pasé por allí, ampara que no lo haga. Curiosa contradicción.

Manifestantes frente a lo que fue la DGS

Esta carta va dirigida a ella, pero acaba con una posdata para mi compañero Pedro Sánchez:

No lo consientas, que no se salga, que no se salgan con la suya, impón esa placa, con todo el peso de la fuerza que tienes como gobierno.

No deseo irme de este mundo sin poder pasar por Sol y verla puesta en aquella fachada.

Ese día al bajar la vista y ver las rejas de aquellos calabozos no volveré a revivir con dolor aquellos días. O al menos lo haré con el bálsamo de su reconocimiento.

Por cierto, Sánchez, hay que poner en marcha con carácter urgente una campaña didáctica para que los jóvenes conozcan lo que entonces allí ocurrió.

Llévanos a los supervivientes a colegios y universidades para que se escuche nuestro testimonio, que seguro será más enriquecedor que el del fascista Vito Quiles.

Veremos.

José Luis Úriz Iglesias (interrogado y torturado en la DGS)
Villava-Atarrabia 23 octubre 2025

Las movilizaciones por Palestina deben continuar

El 15 de octubre se llevó a cabo una jornada de lucha por Palestina en todo el Estado español. En esta ocasión, las confederaciones sindicales de UGT y CCOO se unieron a las movilizaciones convocando paros parciales de dos horas en cada turno de trabajo dando cobertura legal a las asambleas, concentraciones u otras acciones y actividades que se pudiesen desarrollar en los centros de trabajo y empresas.

Para muchos, esta movilización llega algo tarde y puede que incluso se la considere insuficiente. Tampoco cabe duda que esta convocatoria de huelga viene provocada por el empuje de los movimientos sociales y las organizaciones en apoyo a la resistencia Palestina, que llevan más de dos años organizando y movilizándose contra el genocidio, exigiendo al Gobierno el embargo de armas y la ruptura total de relaciones con el Estado sionista de Israel.

Es necesario valorar positivamente que se debata sobre la masacre que sufre el pueblo palestino entre los trabajadores y trabajadoras en sus empresas y centros de trabajo, en los comités y en las secciones sindicales, a pesar de la trampa tendida por Trump y Netanyahu con el eufemístico “acuerdo de paz”.

Hasta ahora, la paz y la tregua son inexistentes. Las muertes continúan y la ayuda humanitaria, bajo el control del ejército sionista, es claramente insuficiente. Lejos de un plan de reconstrucción y reparación para el pueblo palestino de lo que se habla es de si se anexiona Cisjordania al Estado de Israel y de la preparación de un gran negocio para la familia Trump y los oligarcas israelíes.

Sólo una salida basada en el derecho del pueblo palestino a decidir su futuro puede garantizar la paz y la reconstrucción. Esta jornada de lucha, no puede ser puntual o residual, sino el comienzo de muchas más. Las futuras movilizaciones deben tener consignas claras que favorezcan la unidad, que garanticen el derecho de los palestinos a la autodeterminación, configurando un Estado palestino real y no un reconocimiento sobre el papel que continúe bajo el yugo de los EE.UU. y la UE.

El movimiento obrero, con sus organizaciones sindicales a la cabeza, debe dar pasos adelante para poner fin al genocidio que el Estado de Israel está perpetrando sobre la población palestina; matando una generación de jóvenes y niños.

Es prioritario dirigirse de forma clara y contundente al Gobierno para que rompa todas las relaciones con Israel, para que aplique un embargo total de armas que sea real y definitivo. Y con la garantía de que no se aumentará el gasto militar con unos presupuestos de guerra en detrimento de las conquistas sociales por las que hemos luchado tantos años.

Juan Fernando
Sindicalista de la UGT, en Madrid

Un año después

Valencia 25 de octubre de 2025

Hoy hace un año de la barrancada de València, la conocida como Dana. En el ámbito social nos encontramos en el momento, o más bien en uno de los momentos más álgidos de indignación social, la manifestación del 25 de octubre fue la segunda más multitudinaria, y eso que no hemos faltado puntualmente a la cita cada mes.

Actualmente, Mazón está en un momento crítico, cambiado de versión, con la jueza requiriendo nuevas pruebas, y con su propia prensa afín publicando encuestas desfavorables a su continuidad, está más acorralado que nunca. Esto no quiere decir que vaya a dimitir, ojalá me equivoque. Lo que es innegable es que en estos momentos el descontento social es cada vez más amplio. Me siento orgullosa de pertenecer a un pueblo valiente, que le dice a la cara a sus gobernantes lo indignos que son. La calidad de una democracia se mide en parte por la libertad de expresión y las exigencias de cumplimiento de sus obligaciones a los cargos políticos.

La sociedad valenciana está cumpliendo con sus deberes democráticos, y la justicia a través de la jueza de Catarroja está instruyendo un expediente impecable, a la vez que se defiende de los ataques políticos, es bastante paradójico. Las y los valencianos confiamos en que se llegue hasta el final. El pueblo valenciano necesitamos, al igual que cualquier víctima de un acto delictivo, que los culpables paguen para poder continuar con el duelo y llorar en paz a nuestros muertos. Dignidad es lo que caracteriza a las asociaciones de víctimas que no quieren reuniones, si no exigir responsabilidades, que deben ser ejemplares.

Valencia 25 de octubre de 2025

Como dirigente sindical, quiero hablar de la clase trabajadora, y las secuelas, sobre todo psicológicas, que siguen padeciendo aquellas personas que han sido víctimas y que además prestaron ayuda como empleados públicos. Empatía, conciencia social y voluntad de ayudar son las palabras con las que se les puede definir. Un año después, hay personas que no han podido reincorporarse todavía a su puesto de trabajo, y otras que sufren ansiedad ante cada alerta meteorológica. Mención especialmente negativa para la mayoría de las empresas y administraciones, que aún no tienen claro como actuar ante fenómenos meteorológicos adversos, y siguen poniendo en peligro la integridad de las personas trabajadoras.

Finalmente, hay que recordar que una mala gestión política mata, ahora son 230 personas muertas por la barrancada y antes fueron 43 en el accidente del metro. Lo que está claro es que las políticas que priman el beneficio económico por encima de los derechos sociales, matan. El aviso de hace un año no se dio en València para no perjudicar al turismo y los muertos del metro sufrieron los recortes en los servicios públicos.

Todos y todas las valencianas esperamos que el LLADRE DE SOBRETAULA pague por su nefasta y criminal gestión.

#MAZÓNDIMISSIO #MAZÓNAPRESSÓ.

Mari Pau García
Secretaria General de UGT Serveis Públics
en la Comarca València Sud i Interior

El pueblo palestino vencedor de la Vuelta ciclista a España 2025

El 14 de septiembre terminó la 80ª edición de La Vuelta ciclista a España, que será recordada por La Vuelta de la Indignidad.

Algunos poderes públicos y sus adláteres, como el caso de Unipublic (propietaria de La Vuelta ciclista en España), llevan tanto tiempo haciendo lo que les da la gana que piensan que son impunes e inmunes a todo y a todos. Puede que sean impunes ante la ¿Justicia? como es el caso de IDA, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero ni unos ni otras son impunes ante los pueblos.

Prueba de lo anterior es que la pluralidad de pueblos que componen el Estado español venía avisando desde la 5ª etapa de la edición que terminó abruptamente el domingo 14.

Contra todas las opiniones que llamaban a la sensatez, los organizadores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, pretendieron imponer que La Vuelta era ajena a lo que está ocurriendo en Gaza desde hace dos años: un Genocidio. Ha sido otra forma de intentar negar el exterminio del pueblo palestino en la Franja de Gaza, pues, a la par de hacer cínicas declaraciones sobre la neutralidad del deporte no han parado, los líderes de la derecha de PP y VOX, de tergiversar, manipular y ningunear cualquier iniciativa o posición que hiciese el más mínimo reproche a la barbarie que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza. Una prueba inequívoca de la connivencia con el genocidio es la fotografía de Ayuso con el equipo ciclista israelí, patrocinado por Premier Tech, el mismo día de la etapa final de La Vuelta.

El pueblo de Madrid, como en etapas anteriores lo hiciesen navarros, vascos, asturianos, gallegos y muchos otros pueblos por los que, a duras penas, a discurrido La Vuelta, decidió no dejarse amedrentar por la invasión de sus calles por fuerzas policiales cuya misión era acallar su legítima opinión de rechazo frontal al genocidio de Netanyahu y su ejército sionista.

En Madrid ocurrió lo que siempre ocurre cuando las masas irrumpen y deciden dar su opinión, esa opinión que solo es secundada por los medios de comunicación de masas “a posteriori”.

Paseo del Prado junto al Ministerio de Sanidad
Plaza de Carlos V (Atocha) Paseo del Prado junto al Ministerio de Sanidad

No ha sido la primera vez que en Madrid han tenido lugar movilizaciones en contra del Genocidio sionista, de hecho, tras el 7 de octubre de 2023, a la vista de que Netanyahu tenía un objetivo que no era rescatar a los rehenes israelitas, sino aprovechar las circunstancias para avanzar significativamente en la ocupación ilegal de Palestina, algo que llevan haciendo desde 1947. Esto ha sido posible gracias al doble leguaje de la ONU y de eso que llaman “la comunidad occidental”, quienes emiten comunicados y resoluciones para luego mirar hacia otro lado cuando Israel las incumple. Es lo mismo que está haciendo la Unión Europea y sus instituciones: balbucean decisiones de sanciones que nunca toman y dejan que pase el tiempo insensiblemente ante la muerte diaria de centenares de seres humanos en Palestina; por bombas, disparos y hambre. (1) Los Ángeles Times del 5 de septiembre cifraba en más de 64.000 los muertos en Gaza.

Los pueblos de todo el mundo tienen claro que Israel comete el crimen de lesa humanidad. Y lo está cometiendo porque el capitán del Imperialismo, los USA, está apadrinando y alimentando la masacre. Otra cosa es lo que hagan o digan los gobiernos de esos pueblos. En este sentido, el gobierno español está jugando el papel de “el tuerto en el reino de los ciegos”. Va algunos pasos por delante de sus homólogos europeos, y esto honra a Pedro Sánchez y a su Gobierno y nos dignifica a todos y todas ante el mundo, si bien las palabra tienen que ir acompañadas de hechos, por lo que ya hace tiempo que España tendría que haber roto relaciones diplomáticas con Israel, cortando toda exportación e importación e imponiendo sanciones comerciales a las empresas israelíes que hacen negocio en nuestro país.

De la derecha fascista española no cabe esperar nada más que cinismo y mentiras. Si no son incapaces de empatizar con sus propios ciudadanos, a los que falsamente ellos denominan “sus compatriotas”, a quienes dejan morir en danas, pandemias e incendios, cómo vamos a esperar que tengan algún sesgo de humanidad ante lo que ocurre en guerras y genocidios. Son fieles a sus antecesores ideológicos, aquellos que establecieron una simbiosis con el fascismo italiano y con el nacismo alemán. Por encima de todo, se identifican y apoyan con lo que hagan sus afines en el neofascismo internacional; de ahí que Ayuso otorgase una medalla a Milei cuando vino a insultar y provocar al Gobierno o que Almeida se la otorgarse a Israel cuando ya estaba iniciada la masacre en Gaza; ahora anuncian la condecoración para la indigna Organizadora de La Vuelta. Están en línea con la acción mafiosa, propia de un matón, cuando Trump chantajea a Brasil con la anulación del juicio a Bolsonaro, por golpista, o le impone aranceles del 50%.

La barbarie está a la orden del día. Solo los pueblos pueden cambiar el rumbo degenerado que la sociedad actual ha tomado. La victoria de los pueblos del Estado español ha sido la victoria del pueblo Palestino en La Vuelta ciclista, un sencillo ejemplo del poder de las masas, a pesar de no haber estado organizadas por ninguna organización política ni sindical.

Es importante continuar exigiendo la expulsión de Israel de todos los eventos deportivos y culturales, como acertadamente ha exigido RTVE a Eurovisión. Pero solo se hará justicia cuando Israel devuelva todos los territorios ocupados ilegalmente y los criminales de guerra sean juzgados. Todos los pueblos del mundo deben continuar movilizándose y exigiendo a sus gobiernos la ruptura total de relaciones con el Estado sionista israelita.

Madrid, junto al Museo del Prado
  1. https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2025-09-05/cifra-de-muertos-palestinos-supera-los-64-000
Roberto Tornamira
Socialista de Madrid

No a la guerra en Ucrania. No a la guerra social en Europa. No al genocidio en Gaza

La guerra en Ucrania cumplirá su cuarto año en unos pocos meses. Se cuentan por cientos de miles los muertos a ambos lados del frente; muertos que tienen en común su pertenencia a la clase trabajadora y ver trucada su juventud, por intereses ajenos a ellos. De la misma manera, son millones los heridos de guerra y los desplazados por el conflicto.
En Gaza se cumplen dos años desde que el ejército del Estado sionista de Israel desencadenaba un genocidio contra el pueblo palestino.
Desde la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), asociación que edita Tribuna Socialista, nos solidarizamos con el rechazo a la guerra y por la paz en Ucrania, contra la guerra social que empobrece a los pueblos de Europa, así como contra el genocidio que Netanyahu y su ejercito perpetran en Gaza.
Publicamos el llamamiento a la solidaridad que emiten los organizadores de la movilizaciones que el día 3 tendrán lugar en Berlín y Stutgard y el mensaje que la Junta Directiva de ASTRADE les ha enviado.
Por su relevancia, publicamos también la Declaración firmada por limitantes ucranianos y rusos contra la guerra.
Por último, quedamos muy atentos al desarrollo de la Conferencia-Mitin que se celebrará en Paris los días 4 y 5 de octubre, de la que informaremos en el número 170 de Tribuna Socialista.

Redacción de Tribuna Socialista

Llamamiento a la solidaridad

La coordinadora alemana del «Comité de Enlace Europeocontra la guerra – contra la guerra social»

Queridos compañeros,
El 3 de octubre, tendrá lugar en Berlín y en Stuttgart otra manifestación nacional contra la guerra y contra la guerra social. La manifestación es un signo visible


• Contra la política de guerra y la preparación de la guerra contra la Rusia por parte del gobierno Merz
• Contra el apoyo del gobierno Merz al genocidio de Gaza y las guerras de agresión de Israel contra varios países.


Cerca de 350 organizaciones, partidos políticos, seccionas de partidos, iniciativas sindicales, iniciativas de paz llaman a estas concentraciones.
Habida cuenta de la escalada bélica en Ucrania y de los preparativos de guerra contra Rusia, así como la expansión del genocidio en Gaza, llamamos a apoyar las manifestaciones nacionales mediante saludos internacionales.
Por favor, enviad breves saludos a GotthardKrupp@t-online.de antes del 27 de septiembre de 2025, que nosotros publicaremos.


En la conferencia y el mitin internacionales de los días 4 y 5 de octubre de 2025 en París daremos cuenta de todo ello. Se trata de la conferencia de la iniciativa europea en torno al llamamiento:


«Ni un céntimo, ni un arma, ni una vida para la guerra»


Web en francés: https://contrelaguerre.fr/
Web en alemán: https://gegendenkrieggegendensozialenkrieg.info/2025/08/2G/europaweit-gemeinsam-gegen-den-krieg-gegen- den-sozialen-krieg/


Con mis saludos solidarios Gotthard Krupp, en nombre de la coordinadora alemana del Comité de Enlace Europeo

Apoyo de ASTRADE a las movilizaciones del dia 3 de octubre en Berlín y Stuttgart


A: los organizadores de las movilizaciones en Alemania el 3 de octubre de 2025

19 de septiembre de 2025

Estimados compañeros y compañeras:

La Junta Directiva de la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), a través del Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), hemos tenido noticia de la preparación de manifestaciones contra la guerra y contra la guerra social que sufrimos todos los pueblos, como derivada del conflicto bélico en Ucrania.

La guerra, como el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza desde hace dos años, es una agresión contra todos los pueblos. Es la manera que los poderosos tienen de dirimir sus conflictos, principalmente de carácter económico, con consecuencias de muerte, pobreza y destrucción de derechos para la gran mayoría social. Es un mensaje de hasta donde están dispuestos a llegar para defender sus privilegios.

Los acontecimientos del 14 de septiembre en Madrid, contra la participación del equipo ciclista de Israel en La Vuelta a España; en protesta por el genocidio en Palestina, demuestran que solo la movilización decidida y en unidad anima a los gobiernos a tomar acciones en la línea de las prioridades de los pueblos.

La vergonzante posición de las instituciones europeas y los gobiernos de los países miembros, con independencia de que unos se humillen más que otros ante el imperialismo estadounidense y el sionismo israelí, hace necesaria y urgente la respuesta de los pueblos y los trabajadores de Europa.

Celebramos y apoyamos por tanto las movilizaciones que: partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones estáis preparando para el 3 de octubre en Berlín y Stuttgart, contra la guerra y contra el genocidio. Os deseamos un gran éxito, pues vuestro éxito será parte de la victoria de todos los pueblos.

La Junta Directiva
ASTRADE