La Plaza de la Villa de Paris, sede del Tribunal Supremo, el 6 de diciembre, día de la Constitución, se volvió a llenar de ciudadanos para repudiar a los Magistrados del Tribunal Supremo que han condenado a nuestro fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Puede que en un día como hoy, puente de la Constitución y sábado, no haya acudido demasiada gente, unas mil personas, que ya es un logro, pero sí se ha detectado mucha rabia, mucha pasión contenida, muchas ganas de gritar a los magistrados que son unos golfos, unos prevaricadores y que les importa un pito la justicia y hasta su propia toga, con tal de favorecer a sus amos, a los que se deben: PP y VOX.
Se ha gritado contra los magistrados que, sin pruebas inculpatorias y destrozando la presunción de inocencia, han condenado al fiscal general, porque el Tribunal Supremo, con el peor estilo fascista, adelantó el Fallo de la Sentencia, sin que ni siquiera estuviera redactada, (aunque la sentencia estaba puesta desde antes de empezar el juicio) y quisieron adelantar el Fallo, para hacerlo coincidir con una fecha tan significada como el 20 N, 50º aniversario de la muerte del asesino Franco, para recordarnos que todo sigue atado y bien atado y qué son ellos, los Magistrados del Supremo, los encargados de seguir afianzando los nudos que atenazan la democracia y el Estado de Derecho.
El Tribunal Supremo, ha demostrado su suprema indignidad, (se creen intocables e impunes y no lo son) y ha prevaricado porque pueden y les da lo mismo, sabiendo que la sentencia, aún por dictar, se la van a tumbar en el Tribunal Constitucional, pero les da lo mismo, se trataba de cargarse al fiscal general, como hicieron con el juez Garzón, y sin la menor prueba inculpatoria, han seguido la estrategia del Partido Popular y de los fascistas, condenando al fiscal general, para que el presidente del Gobierno se achique y convoque elecciones.
Han cometido la mayor indignidad y el mayor delito de prevaricación de toda la historia de la Judicatura Española, se han cargado toda confianza posible en el sistema judicial y han atentado contra la democracia y el Estado de Derecho.
Madrid ha gritado que no se va a callar, que basta ya, ha gritado su rabia contra la injusticia y la arbitrariedad de unos magistrados que no son independientes y que sólo siguen la estrategia del PP y de los de VOX, pagando favores y prebendas recibidas.
Este Fallo adelantado no ha sido sino la guinda del golpe de estado judicial, golpe blando que le dicen, que el CGPJ viene perpetrando desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente de Gobierno, en 2023.
Como afirma González Mendoza, luchar por la transparencia y la independencia judicial es luchar por la depuración del aparato del Estado, una tarea pendiente desde la Transición. Y esa lucha, en última instancia, es inseparable de la lucha por la República. Porque solo en una República que garantice la separación real de poderes y la democratización de la justicia, podremos hablar de un Estado verdaderamente libre y soberano.
El periódico El País del día 4 de diciembre resaltaba en portada los hechos ocurridos en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz como un “escándalo en la sanidad de Madrid”. Ribera Salud, empresa privada y gestora en el Hospital, echó a cuatro directivos que se quejaron en el canal ético de la empresa de las órdenes de rechazar pacientes. Los audios sobre las formas para proceder a rentabilizar las cuentas de resultados, rechazando pacientes, generando listas de espera, son maniobras y/o negligencias que incumplen los derechos de las personas y por tanto deberían ser juzgados como un delito sobre la salud pública.
Más Madrid ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Madrid la apertura de diligencias para investigar la gestión del Hospital Universitario de Torrejón, indicando posibles irregularidades en la atención a pacientes y la priorización de beneficios económicos sobre la calidad asistencial.
Concentración frente a la sede de Ribera Salud en la c/ Núñez de Balboa, 31 de Madrid 5/12/25
El día 5 de diciembre, dando respuesta inmediata a los hechos ocurridos en la sanidad madrileña, el espacio de Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid, convocó concentración urgente frente a la sede de Ribera Salud, en la calle Núñez de Balboa, 31 de Madrid. Bajo un ambiente de crispación los manifestantes mostraron su rechazo con canticos contra la gestión del gobierno de Madrid que prioriza los beneficios económicos de unos pocos antes que la salud de un pueblo. También se pidió la derogación de la ley 15/97, que es la que permite que las empresas privadas, estos buitres, entren en la sanidad pública.
Movilización ante el Hospital de Torrejón de Ardoz 12/12/25
La respuesta a la evidencia de que no existe colaboración público-privada, sino negocio privado a costa del dinero público, el movimiento vecinal continuó el 12 de diciembre, en este caso fue la Coordinadora de Organizaciones en Defensa de la Sanidad Publica de Torrejón de Ardoz, quien convocó otra concentración en las puertas del Hospital de Torrejón para exigir la reversión del hospital a la gestión pública. Entre muchos canticos y protestas, se jaleó la exigencia de derogación de la ley 15/97. La asistencia fue mayor que en la concentración frente a Ribera Salud, pero insuficiente considerando que lo ocurrido en el Hospital de Torrejón debería ser motivo para que los vecinos del municipio participasen de manera multitudinaria. Solamente recodar que en las elecciones municipales celebradas en 2023 el PP fue el partido más votado por los vecinos y vecinas de Torrejón con un 50,65% de los votos, seguido por el PSOE con el 18,23% y el 16,66% de MM.
Después de una semana en la que la noticia ocupaba titulares de presa y mucho espacio en tertulias televisivas, el escándalo de la sanidad en Torrejón ha dejado de ser noticia; por la dinámica de los medios de comunicación y porque la situación caótica de la Sanidad Pública en Madrid hace difícil que sea de otro modo. Ahora, en lo que respecta a noticias sobre la Sanidad el foco está en las huelgas de médicos y el preacuerdo que han alcanzado las organizaciones sindicales con la Ministra de Sanidad, Mónica García, la ola de gripe estacional que cada año pone más al descubierto la falta de previsión del Gobierno de Ayuso, etc.
Los trabajadores del sistema sanitario están en lucha, unos de la mano de los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT; CSIF, CIG-Saúde, que negocian mejoras laborales dentro de un estatuto marco para todos los profesionales sanitarios: jornada de 35 horas, jubilaciones anticipadas… y por otro lado, está la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) una organización formada por 16 sindicatos y asociaciones médicas, que el pasado 9 de diciembre salieron a las calles de toda España en jornada de huelga y en la que se espera vuelvan a mediados de enero, con una orientación claramente corporativa.
Dos reivindicaciones paralelas y enfrentadas que, en mi opinión, están consiguiendo quitar el foco al verdadero problema, el cáncer del Servicio Nacional de Salud (SNS), que es el desmantelamiento de la sanidad por la vía de la privatización y las gestiones público-privadas. ¿Podrían las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública, sin abandonar sus luchas laborares por la mejora de sus condiciones vida y trabajo, incluir la derogación de la ley 15/97 exigiendo que la sanidad sea 100% un servicio público? Vimos a la ministra Mónica García, -antes de ser ministra- pronunciarse en favor de derogar la ley 15/97, pero aún hay que esperar si así ocurre y cuál es la redacción de la nueva ley, ya que los Quirón y los Ribera Salud, entre otras empresas buitre, no van a dejar tan fácil sus nichos de lucro y corrupción.
La sanidad pública, como la educación las pensiones o la dependencia, son los pilares para un estado del bienestar. Sin embargo, vemos como cada vez se invierte menos y se recorta más. Como resultado de estas políticas vemos las consecuencias tan graves para la salud de las personas: las consecuencias de la pandemia Covid- 19, en las que 7291 víctimas en las residencias de Madrid, donde se las negó la atención médica hospitalaria. Los cribados de cáncer en Andalucía. El deterioro del sistema de salud es de ámbito estatal, también lo sufren los trabajadores de la sanidad, que realizan jornadas laborales maratonianas y con pocos recursos en muchas ocasiones.
Desde el 2010, con Zapatero en el gobierno, hasta hoy, los sanitarios han acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 15%. Tanto los trabajadores de la sanidad como los usuarios del servicio público sanitario, siendo estos derechos constitucionales, junto con la Educación y las Pensiones, deberíamos defenderlos y movilizarnos por la salida inmediata de los buitres que hacen negocio con la salud de las personas. Del mismo modo exigir y movilizarse contra los presupuestos y el envío de miles de millones para el gasto militar, para la guerra, que se destinan sin esfuerzo, mientras se cierran centros sanitarios y baja el personal de los que aún permanecen abiertos tras la pandemia, con la excusa de falta de presupuesto.
Movilización ante el Hospital de Torrejón de Ardoz 12/12/25
El pasado sábado 29 de noviembre, aniversario de la Resolución 181 de la ONU que dividió Palestina a cuenta del imperialismo, volvieron a movilizarse las organizaciones palestinas en más de 40 ciudades de todo el Estado español.
La movilización en solidaridad con la lucha y la resistencia palestina, por los derechos humanos, por la paz, unió a colectivos palestinos, partidos de izquierda, estudiantes, pensionistas y organizaciones sindicales que salieron a las calles de pueblos y ciudades exigiendo un alto el fuego definitivo en Gaza y Cisjordania, y a nuestro Gobierno, el embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones económicas y políticas que el Estado español mantiene con el Estado criminal y genocida de Israel.
La estrategia de Trump y Netanyahu de intentar quitar del foco mediático el genocidio que están perpetrando en Gaza mediante la publicación de un falso acuerdo de paz no ha sido suficiente para desmovilizar a la ciudadanía que no se ha dejado engañar. Madrid, Barcelona, y hasta cuarenta localidades, han respondido de manera clara y masiva a la farsa, dejando claro que la lucha por la libertad y el derecho a decidir del pueblo palestino sigue estando en el centro de las reivindicaciones de la clase trabajadora.
Mientras muchos militantes de partidos y sindicatos participan masivamente en las movilizaciones, los partidos que se reclaman de la izquierda deberían participar de manera organizada con consignas claras. Es lo que ellos esperan de las organizaciones sindicales confederales de las Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), que tras la pasada convocatoria para la jornada de lucha y huelga del pasado 15 de octubre, parecía que iban a continuar participando, y no ha sido así .
Pese a todo, la base militante política y sindical continúa saliendo a las calles dando ejemplo de lucha a todas las organizaciones de izquierda, reivindicando con su solidaridad un derecho tan legítimo como es la libertad de decidir del pueblo palestino.
La mayoría social quiere una paz justa para Palestina, sin falsos pactos, y así se ha reflejado en las calles de todo el Estado español y de muchos otros países en la Jornada Internacional por Palestina en el 78º aniversario de la partición. Porque la lucha es el único camino, debemos continuar con la lucha y las movilizaciones si queremos una Palestina libre desde el rio hasta el mar.
J. FER
Miembro del comite por la alianza de trabajadores y pueblos (CATP)
La independencia judicial en España es, en demasiadas ocasiones, una ficción. Tras la Transición, el poder judicial se consolidó como un bastión conservador, corporativo y opaco, que hoy actúa como actor político decisivo. Desde el lawfare hasta la resistencia a la Ley de Amnistía, los ejemplos abundan y revelan una realidad incómoda: sin una justicia verdaderamente independiente, la democracia está incompleta.
En el número 170 de TS reflexioné sobre la presunta independencia de la Justicia española y concluí que existe un sector de la judicatura, especialmente en los puestos más altos, cuya vinculación con el Partido Popular —y en algunos casos con postulados cercanos a VOX— es evidente. Hoy doy un paso más: el problema es estructural. Lo que se presenta como independencia judicial es, en demasiadas ocasiones, una ficción que oculta un poder corporativo, conservador y profundamente politizado.
Lo que se presenta como independencia judicial es, en demasiadas ocasiones, una ficción que oculta un poder corporativo, conservador y profundamente politizado
La falta de depuración tras la dictadura permitió que magistrados del Tribunal de Orden Público franquista se reciclaran en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo. Así nació un CGPJ conservador, endogámico y opaco, que no rinde cuentas y que, lejos de ser imparcial, se ha convertido en un actor político decisivo. Como señala Miguel González Mendoza en La batalla por la Amnistía, este poder judicial ha sido “el verdadero azote, no solo del Procés, sino también del resultado electoral del 23 de julio de 2023”.
La falta de depuración tras la dictadura permitió que magistrados del Tribunal de Orden Público franquista se reciclaran en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo. Así nació un CGPJ conservador, endogámico y opaco, que no rinde cuentas y que, lejos de ser imparcial, se ha convertido en un actor político decisivo
La judicatura española se enfrenta ahora a un desafío histórico: la validación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la Ley de Amnistía. Desde el CGPJ hasta el Supremo, pasando por asociaciones judiciales y fiscales, se han opuesto frontalmente a esta norma, intentando bloquearla mediante recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. Pero todo indica que el TJUE ratificará el informe favorable del Abogado General, obligando al Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont, Rovira y otros dirigentes del Procés. Será un golpe para quienes han instrumentalizado la justicia con fines políticos.
Conviene repasar algunos casos que ilustran la falta de independencia judicial y el uso del lawfare:
Baltasar Garzón es el ejemplo más claro: expulsado de la carrera judicial en venganza por investigar los crímenes del franquismo. Aunque fue absuelto en ese proceso, el Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Gürtel. En 2021, la ONU declaró que sus juicios fueron arbitrarios y exigió su reincorporación, pero el CGPJ ignora la resolución. Este caso evidencia el carácter corporativo y vengativo del poder judicial, al servicio de un posicionamiento ideológico algo más que conservador.
Otro ejemplo es el juez García Castañón, artífice de una ofensiva judicial contra Podemos con más de veinte causas archivadas, y protagonista de maniobras para imputar a Puigdemont por terrorismo, buscando excluirlo de la amnistía. También blindó a dirigentes del PP en el caso Bárcenas y se declaró incapaz de identificar al famoso “M. Rajoy” en los papeles de la Gürtel. Su actuación resume la lógica del lawfare: perseguir a adversarios políticos y proteger a aliados.
El juez Joaquín Aguirre llevó el esperpento a otro nivel al intentar vincular a líderes independentistas con Putin, alegando que Rusia les prometió dinero y soldados para lograr la secesión.
Por su parte, Ángel Luis Hurtado, que se inició como juez de distrito, bloqueó preguntas incómodas a Rajoy en la Gürtel, se opuso a condenar al PP y fue ascendido al Supremo por un CGPJ caducado. Hoy procesa al fiscal general del Estado sin pruebas
en un juicio aún pendiente de sentencia.
No hablamos del Juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid, por falta material de espacio, sólo decir que, sin base acusatoria alguna tiene procesada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y según se le van cayendo las imputaciones, en una instrucción prospectiva, sigue buscando un motivo para mantenerla encausada.
Del mismo modo, Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, ha procesado por una denuncia de la organización fascista, HAZTE OIR, al hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias, con una base acusatoria muy endeble.
Estos ejemplos no son anécdotas; son síntomas de un poder judicial que actúa como un poder autónomo, ajeno al control democrático, y que utiliza la justicia como herramienta política. La resistencia a la Ley de Amnistía y la persecución selectiva de adversarios confirman que la independencia judicial en España es, en muchos casos, una ficción. El CGPJ, sigue condicionando la vida política del país desde su perspectiva, claramente conservadora y afín al PP y mientras tanto, los medios afines amplifican cada maniobra, alimentando una narrativa que criminaliza la disidencia y protege a las élites conservadoras.
Cuando estoy finalizando la redacción del presente artículo, ha saltado la noticia de la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El Tribunal Supremo, con el peor estilo fascista, adelanta con toda celeridad el Fallo de la Sentencia, sólo siete días desde que quedó visto para sentencia el juicio, sin que ni siquiera esté redactada, pero lo han querido sacar para hacerlo coincidir con una fecha tan significada como el 20 N, 50º aniversario de la muerte del asesino, Franco. Nos recuerdan que todo sigue atado y bien atado y que son ellos, Magistrados del Supremo, los encargados de seguir afianzando los nudos que atenazan la democracia Y El Estado de Derecho.
La Sala de lo Penal no ha condenado al fiscal general de forma unánime: dos magistradas progresistas de los siete integrantes del tribunal han anunciado votos particulares para oponerse a esa decisión.
Han fallado que García Ortiz queda inhabilitado durante dos años para ejercer como fiscal general y tiene que pagar 10.000 euros a la pareja de Ayuso.
El Tribunal Supremo, con el peor estilo fascista, adelanta con toda celeridad el Fallo de la Sentencia,,,para hacerlo coincidir con el 20N y recordarnos que todo sigue atado y bien atado
Los votos de los magistrados conservadores -yo diría fascistas- que han votado condenarle han sido: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.
Las magistradas que votaron en contra y van a emitir sendos votos particulares son: Susana Polo y Ana Ferrer.
El Tribunal Supremo, sin la menor prueba inculpatoria, ha seguido la estrategia del Partido Popular y de los fascistas, condenando al fiscal general, que, no obstante, podrá seguir actuando como fiscal de Sala, porque había que cargarse al fiscal, a toda costa, como se cargaron a Garzón, para intentar que el presidente del Gobierno se achique y convoque elecciones. Han cometido la mayor indignidad y el mayor delito de prevaricación de toda la historia de la Judicatura Española, se han cargado toda confianza posible en el sistema judicial y han atentado contra la democracia y el Estado de Derecho.
Esta sentencia ha sido la guinda en el golpe de estado judicial que el CGPJ viene perpetrando desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente de Gobierno, en 2023.
Los nombres de los cinco magistrados prevaricadores que han condenado al fiscal general, pasarán a la historia como los magistrados fasciogolpistas del Tribunal Supremo.
Por último, en ese golpe de Estado togado, que se viene dando de forma permanente, los conservadores y fascistas del CGPJ, han tensionado el Consejo hasta llegar a la ruptura y conseguir que los progresistas vuelvan a quedar en minoría. En efecto, los vocales progresistas del CGPJ han vuelto a quedar en minoría tras una ruptura del consenso y una reestructuración de las comisiones llevada a cabo por la presidenta, Isabel Perelló, y apoyada por vocales conservadores y uno de los vocales progresistas, Carlos Hugo Preciado, nominado por SUMAR, ahora, traidor, que se ha desmarcado de la disciplina de voto de su grupo. Los progresistas acusan a Perelló de modificar deliberadamente las comisiones para incluir a los conservadores y excluir a sus representantes, lo que consideran una estrategia que ha quebrado el equilibrio plural del órgano.
Esta sentencia ha sido la guinda en el golpe de estado judicial que el CGPJ viene perpetrando desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente de Gobierno, en 2023
Como afirma González Mendoza, luchar por la transparencia y la independencia judicial es luchar por la depuración del aparato del Estado, una tarea pendiente desde la Transición. Y esa lucha, en última instancia, es inseparable de la lucha por la República.
Luchar por la transparencia y la independencia judicial es luchar por la depuración del aparato del Estado, una tarea pendiente desde la Transición. Esa lucha es inseparable de la lucha por la República
Porque solo en una República que garantice la separación real de poderes y la democratización de la justicia podremos hablar de un Estado verdaderamente libre y soberano.
Nadie duda de que la mayoría de jueces, magistrados y fiscales actúan con justicia conforme a la Ley en sus resoluciones y sentencias. Pero ningún observador de la actualidad política podrá negar que hay un grupo de ellos que no cumplen con ese principio y actúan con un sesgo ideológico: la derecha rancia y españolista de poso franquista. Nido de togados retrógrados que germinó y pervive porque no hubo transición democrática en la administración de justicia —ni en los Cuerpos de Seguridad del Estado— que la limpiara de franquistas que dictaron largas condenas de cárcel y sentencias de muerte contra los opositores al régimen de Franco en los Tribunales de Orden Público, los temibles TOP. Jueces que, instaurada la democracia, pasaron limpios de polvo y paja como titulares de juzgados y tribunales hasta su jubilación.
Aún hoy, ningún político de la época ha dado una explicación a esta anomalía democrática, lo que da pie a especulaciones de todo tipo, como el miedo a que se produjera una revuelta de jueces y magistrados para los que no había recambio por el inveterado sistema, caro y clasista, de acceso a la carrera judicial que convirtió la administración de justicia en un coto cerrado para los hijos de las clases adineradas, dando lugar a estirpes familiares presentes durante décadas en los niveles más altos de la judicatura.
Viene a cuento este recordatorio para entender la sorprendente sentencia, dictada en ocho días por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación sin una sola prueba que demuestre la culpabilidad por la que se le condena. Juicio que ha subvertido el principio básico del proceso judicial de que debe ser el juez instructor quién busque y presente las pruebas acusatorias, y no que el acusado tenga que demostrar su inocencia. Juicio basado en la instrucción del juez Hurtado plagada de errores y sin elementos probatorios —como han reconocido insignes jueces y magistrados—, que dejó fuera la declaración de los periodistas que tiraron por tierra la presunción del juez de que el acusado había filtrado el famoso correo en el que el abogado de González Amador, reconocía los fraudes cometidos y pedía un acuerdo con Hacienda.
Sentencia que no ha tomado en consideración el principio de in dubio pro reo que beneficia al acusado en caso de duda sobre su culpabilidad, pero da por buena la mentira que esparció Miguel Ángel Rodríguez, como él mismo reconoció en el juicio, y que utilizó González Amador para denunciar al Fiscal General por revelación de secretos de su vida personal. Datos que no figuran en la nota de prensa que emitió la Fiscalía General para desmentir la mentira del mentiroso confeso MAR. Pero a la Sala 2ª no le ha importado que su sentencia —que cuenta con dos votos particulares en contra— condene la verdad y deje sin sanción la mentira. Hechos que confirman que estaba dictada de antemano con el objetivo de hundir al Gobierno, a través del Fiscal General utilizado como peón de lo que se puede calificar de golpe de estado judicial promovido por un núcleo de jueces y magistrados de la derecha más rancia y tridentina, que ha contado con el apoyo de la derecha política y mediática.
Sentencia que huele a varapalo contra el Gobierno por los cambios y reformas que ha puesto sobre la mesa para acabar con sus privilegios, cuyo el objetivo es agilizar, reducir la burocracia y hacer el sistema judicial más operativo y funcional. Objetivos plasmados en la Ley Orgánica aprobada en enero de 2025, que reestructura el funcionamiento de los juzgados con la creación de Tribunales de Instancia en cada partido judicial que reemplaza a los juzgados unipersonales y centralizará la administración de justicia, con el objetivo de acabar con los reductos de poder en que algunos jueces han convertido sus juzgados en los que actúan como pequeños reyezuelos contraviniendo, incluso, resoluciones del Tribunal Supremo como la de que no se pueden abrir sumarios con titulares y noticias de prensa. El juez Peinado es un ejemplo palmario.
Cambios como la creación de las Oficinas de Justicia en los municipios que no sean sede de un Tribunal de Instancia, o de las Oficinas Judiciales para unificar y equilibrar la carga de trabajo del citado Tribunal. O medidas para reducir el número de casos que llegan a los tribunales como impulsar los Medios para la Solución de Controversias (MASC), a los que será obligatorio acudir para resolver conflictos entre las partes antes de iniciar un proceso civil o mercantil. O ampliar a cinco años el mandato del Fiscal General del Estado, que no será renovable, para favorecer una mayor independencia del Gobierno de turno.
Reformas aprobadas que se irán implementando progresivamente, como la del sistema de acceso a la carrera judicial para hacerlo más práctico y menos memorístico, que amplía el número y la cuantía de las becas para que ciudadanos de toda condición puedan llegar a ser jueces, y reducir el carácter clasista del estamento judicial. Y otras contenidas en la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que cambiarán el tradicional sistema judicial al sustituir a los jueces por los fiscales en la instrucción de sumarios, para acabar con una anomalía que nos diferencia de los sistemas judiciales de los países de la UE, en los que el fiscal investiga e instruye el sumario, y el juez controla que no se vulnere la ley en ese proceso. Cambios que, de ser aprobados en el Congreso, entrarán en vigor en 2028, sin afectar a los procesos judiciales en curso.
Modificaciones que buscan eliminar las actuaciones libérrimas y vejatorias de algunos jueces en los interrogatorios a investigados y testigos. O que utilizan la instrucción como herramienta política estirándolos mediante una investigación prospectiva, para prolongar la condena mediática en los medios ideológicamente afines: el Low Faire. De ahí que la Reforma prohíba ejercer la acción popular a partidos políticos, sindicatos y administraciones públicas, limitándola a los directamente afectados en el caso, para evitar la instrucción de sumarios con denuncias de claro interés político de organizaciones filo fascistas, tipo Hazte Oír o Manos Limpias, fundamentadas en recortes de prensa.
Estratagema que utiliza el brazo judicial de la derecha, para instruir sumarios al compás del acontecer político que más beneficie a los partidos de derecha, con el objetivo de degradar la imagen y tumbar a un Gobierno que detestan, porque quiere acabar con su parcela de poder que utilizan políticamente invistiéndose de un poder omnímodo. Sería largo para este artículo enumerar los casos que el brazo político judicial retuerce para apoyar la estrategia de la derecha, y a la ultraderecha, que llega al desiderátum insólito de manifestarse ante las sedes de sus Juzgados y Audiencias, contra el plan de reformas propuesto por el Gobierno que supone un cambio fundamental en la administración de justicia que pone fin al chiringuito de poder que han configurado a lo largo de los años. De ahí su beligerancia contra este Gobierno y su Presidente, porque representan todo lo que aborrecen: el progreso y el cambio necesario de un sistema judicial que han degradado y convertido en un reino de Taifas.
Las entidades financieras en nuestro país -Las 24 entidades agrupadas en la Asociación Española de Banca (AEB) + las 9 de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) + las 42 de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), las conocidas como cajas rurales – suman un volumen de activos que multiplica por 2,66 el PIB español, a diciembre de 2024; PIB que se situó en 1.594.330 millones de euros.
Con datos de los anuarios de AEB, CECA y UNACC de 2024, el volumen de activos de sus entidades asociadas, expresado en millones de euros, es el siguiente:
Las 24 entidades de AEB aglutinan el 74% 3.133.938
Las 9 entidades de la CECA aglutinan el 22,66% 959.485
Las 42 entidades de UNACC aglutinan el 3,34% 141.640
El total de activos de las entidades financieras suma 4.235.063
Hago esta introducción para ayudar a entender uno de los ejes de este artículo: la concentración bancaria en España. Esta concentración se mide internacionalmente tomando la suma de los activos de las 5 entidades más grandes (índice Herfindahl-Hirschman (IHH), que en nuestro caso son:
Las cinco entidades más grandes conforman un oligopolio financiero que concentra el 85,05% del total de activos del sector -en 2008, la concentración bancaria en España era del 42%-. La concentración bancaria en la UE, en promedio, en 2024 era del 67,28%. Si algún lector tiene interés, no tendría ningún inconveniente en desagregar estas macro cifras por entidad y/o asociación patronal bancaria.
A la vista de estos datos, es comprensible la posición del Gobierno al mostrarse en contra de la operación hostil que el BBVA ha intentado para hacerse con el Banco Sabadell. De haber salido adelante la pretensión del BBVA, la concentración bancaria hubiese alcanzado el 87,35%, al unificarse BBVA y Sabadell, y pasar Ibercaja a formar parte del Top 5.
Es importante entender y tomar conciencia del nivel de concentración bancaria, pues, con las reglas del libre mercado, las cinco grandes entidades marcan la tendencia al resto del sector financiero. Aunque las entidades se agrupen básicamente como lo han hecho a lo largo de su historia, exceptuando: Caja de Ahorros y MP de Ontinyent y Colonya Caixa d`Estalvis de Poyença, el resto de entidades que se organizan en CECA pasaron de ser cajas de ahorros a bancos.
Esto puede parecer una cuestión menor; que sean cajas o sean bancos, pero no lo es, pues la diferencia es si los beneficios se reparten en dividendos o si se destinan a obra social, como ocurría antiguamente. El cambio lo señaló políticamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la década de los 90 del pasado siglo y lo voceó en España el “prestigioso” Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía con el Señor Aznar. El Sr. Rato decía que “las cajas de ahorro no puede ser entidades sin dueño”, es decir, no puede haber empresas que no tengan accionistas. Esta orientación política, puramente liberal, contra las cajas de ahorro llevó a una campaña de desprestigio de las cajas; en muchas de las ocasiones merecido, pero que la finalidad era que el sector bancario, puramente privado, fagocitase al sector de cajas de ahorro, que eran entidades sin ánimo de lucro propiedad de los impositores, las entidades sociales y municipales.
Antes de la crisis financiera e inmobiliaria de 2008, el sector financiero se dividía del siguiente modo: 50% de los activos los acaparaban los bancos, las cajas el 45,4% y las cajas rurales el 4,6%. La comparativa deja claro hasta qué punto el objetivo del capital financiero internacional se ha conseguido: el 96,6% del volumen de activos está en manos de bancos, independientemente de la asociación patronal en que se organizasen las entidades.
El proceso de concentración bancaria en España no comenzó con la crisis de 2008, ni ha finalizado tras darla oficialmente por cerrada. Un par de ejemplos:
En 1982, el Estado puso 291.000 millones de pesetas (1.750 millones de euros), para sanear Banca Catalana, el Banco que en 1959 se montó la familia Pujol; entidad que terminó siendo absorbida en 1984 por el Banco de Vizcaya ´hoy inserto en el BBVA-.
En 1978, Banesto adquirió el Banco Coca. En diciembre de 1993 Banesto fue intervenido por el Banco de España y en 1994 fue adquirido por el Banco Santander.
Podría citar otros ejemplos, como el de Banco de Valencia, hoy digerido por Caixabank, los 18 bancos del Grupo RUMASA o Banco Simeón. Estos y otros muchos casos configuran la historia de la concentración de la banca en España, pagada, la mayoría de las ocasiones, con dinero público. En este sentido, cabe concluir que la viabilidad de una entidad financiera no reside en si es de naturaleza pública o privada, sino de cómo es gestionada. Por ende, con los mismos motivos que se entregaron las cajas a los bancos, podrían haber entregado los bancos a las cajas, o haberlos nacionalizado a todos, a fin de cuentas, todos lo hemos pagado.
En el año 2000 había 206 entidades financieras, entre bancos, cajas de ahorro y Coop. de Crédito. Hoy suman 75, por lo que la crisis de 2008 y los años posteriores tiene la peculiaridad de que la concentración bancaria se ha acelerado brutalmente, reduciéndose el número de entidades en un 64%.
Lo peor de este proceso acelerado de concentración, ha sido que por el camino se han destruido más de 120.000 puestos de trabajo y se han cerrado más de la mitad de las oficinas bancarias que había antes de 2008. Y todo esto nos ha costado 65.000 millones de euros públicos para el saneamiento de las entidades, más los 35.000 millones de la SAREB; al hacerse cargo el Estado de los inmuebles de las entidades. Un total de 100.000 millones de euros que bancos y banqueros no han devuelto a los contribuyentes.
El Estado, todos los gobiernos, tiene su responsabilidad en este devenir y en la cautividad que sufren los clientes de los bancos, pues no tenemos opciones públicas para domiciliar la nómina o la pensión, para pagar los recibos de los suministros domésticos, para depositar nuestros ahorros o para acceder a un préstamo hipotecario. Renunciar a dotar al Estado de banca pública, no para competir con las entidades privadas, sino para dar una solución a la sociedad que está siendo esquilmada a base de comisiones bancarias e intereses.
Hay unos gobiernos que tienen más culpa que otros, sin duda. Por ejemplo, Felipe González fue quién abrió la puerta a la privatización de la banca pública agrupada en Argentaria; operación de privatización que completó Aznar. Zapatero y Rajoy, muy particularmente este último y su ministro de Economía, Industria y Competitividad, el Sr. De Guindos, remaron a favor de la banca en la concentración bancaria de la crisis de 2008. Y el gobierno actual, habiendo que reconocer que se ha opuesto a que la concentración bancaria continúe, ha dilapidado en buena medida la posibilidad de dotar al país de una banca pública, que cubra las necesidades básicas de la mayoría social, al integrar Bankia en Caixabank, pues Bankia era una entidad 100% pública, saneada con 22.000 millones del erario público.
Entre las tres primeras entidades: Caixbank 18,5 + Santander 15 + BBVA 11, suman 44,8 millones de clientes. Es decir, que el 99% de la sociedad estamos cautivos y desarmados, en manos de un sector de actividad privada privilegiado.
La primera dificultad de los mayores de 45 años (media de edad de la población española) pudiera ser entender de que diablos hablamos cuando oímos o leemos el término ese de Inteligencia Artificial. Empeñado con entenderlo a mis 63 años he visto que casi todas las multinacionales tecnológicas, que son las que pintan algo en este asunto coinciden en algo parecido a esto: « La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas y tecnologías capaces de realizar tareas que, normalmente, requerirían inteligencia humana. Esto implica dotar a las máquinas de capacidades como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la comprensión del lenguaje natural y la creatividad »
La primera pregunta que podemos y debemos hacer para actuar inteligentemente es la de siempre cuando uno es un trabajador1, un estudiante, un ciudadano consciente de que vivimos en el capitalismo: ¿Esto es útil, me debo interesar en ello? Y mi punto de vista en ese sentido es radicalmente claro, SI, debes tenerlo en cuenta, y lo puedo argumentar. ¿Dejarías de utilizar el teléfono, el tren, la imprenta, las herramientas que los avances tecnológicos han proporcionado a la humanidad por el hecho de que sean utilizados para destruir el pueblo palestino, para exterminar a más de un millón de ucranianos y rusos, para incrementar hasta el paroxismo el beneficio capitalista llevando a miles de millones de personas al hambre física2? Obviamente, no, porque las herramientas, los avances tecnológicos, en la medicina, en la agricultura, en la industria, en el transporte, son la base de una futura sociedad basada en la búsqueda de la felicidad para la propia humanidad.3
La I.A. y su burbuja
No es solamente en los medios de comunicación donde puedes hablar e incluso debatir sobre si este campo de la informática va a sufrir una cosa llamada burbuja financiera, incluso te hablarán de ello en los infinitos cursos que te ofrecen empresas privadas, unos directamente y otros a través de cursos financiados con dinero público pero que serán organizados por esas u otras empresas privadas (sin ir más lejos, los del Servicio Público de Empleo Estatal [SEPE]). ¿Se refieren a eso cuando nos hablan de burbuja de la IA? Buscando con la ayuda de la propia IA (porque no te queda más remedio, porque ya los buscadores en internet la utilizan te guste o no), se encuentran algunas explicaciones, de las cuales amigo lector te dejo la que me ha parecido más comprensible.4
La IA y los despidos masivos
No es nada difícil encontrar sesudos economistas, políticos e incluso burócratas sindicales que explican los planes de despidos brutales de Amazón o las tecnológicas5. Cualquiera puede preguntarse: si los beneficios empresariales de estas empresas son gigantescos incluso con la creciente aplicación de la IA, ¿porque despedir?. Utilizando una aplicación de IA ligada a Google hemos preguntado: ¿Como justifican las empresas punteras en IA sus miles despidos cuando anuncian al mismo tiempo miles de millones en beneficios?Y entre otras cosas nos ha respondido: (…) Existe un escepticismo considerable sobre si la IA es la causa real de todos los despidos o si se está utilizando como una «cortina de humo» conveniente para justificar recortes de personal por razones financieras más tradicionales, como la codicia corporativa o la subcontratación. Algunas empresas incluso admiten que la IA es solo uno de los factores, y no el principal, detrás de las decisiones de reducción de plantilla. (…)6
Una vez más, imprescindible el socialismo
Si, como la electricidad de la que no disponen en Gaza o en la Cañada Real de Madrid7 es imprescindible para la supervivencia de la humanidad también la inteligencia artificial puede ser un elemento de gran ayuda para el desarrollo de esta hacia un mundo pleno donde la libertad, la igualdad y la fraternidad sea una realidad que la burguesía cono clase social ha sido incapaz de implementar. Por duro que parezca, aunque el escepticismo ataque una y otra vez, hay que mirar de frente, empezando por eso que llamamos estado y que supuestamente ahora nos llevaría en España a defender al Fiscal General, hombre de estado defenestrado por otros hombres de estado. Usando IA nos resulta lo siguiente: Pregunta: ¿Quien y cuando alguien definió al estado como destacamentos de hombres armados? Respuesta: La frase de que el Estado consiste fundamentalmente en»destacamentos especiales de hombres armados» (o «cuerpos especiales de hombres armados») proviene de las obras de Vladimir Ilich Lenin. Lenin atribuye esta idea aFriedrich Engelsy la desarrolla ampliamente en su libro fundamentalEl Estado y la revolución.
Mikel González, diseñador gráfico de oficio,
socialista revolucionario y aprendiz de IA
1 Asalariado o autónomo de verdad y no empresario disfrazado.
2 Inseguridad alimentaria: Se estima que 345 millones de personas sufrirán inseguridad alimentaria en 2023, más del doble en comparación con 2020. Más del 60% de la población con hambre son mujeres y niñas.
33 En 1920 Lenin plasmaba las ideas de su ambicioso proyecto en la I Sesión del III Congreso de Juventudes Comunistas de Rusia: “Sabemos que es imposible edificar la sociedad comunista sin restaurar la industria y la agricultura, pero que no se trata de restablecerlas en su forma antigua. Hay que restaurarlas conforme con la última palabra de la ciencia, sobre una base moderna. Ustedes saben que esta base es la electricidad; que sólo el día en que todo el país, todas las ramas de la industria y de la agricultura estén electrificadas, el día en que realicen esta tarea, sólo entonces, podrán edificar, para ustedes, la sociedad comunista que no podrá edificar la generación anterior.”
Por Miguel Albalá Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
El 26 y 27 de noviembre de 2025, las seis universidades públicas madrileñas (UCM, UAM, UPM, UC3M, URJC y UAH) fueron a la huelga. No fue un gesto simbólico ni una simple “batalla cultural” sino la respuesta del estudiantado, PDI y PTGAS a una política sostenida de infrafinanciación y mercantilización que pone en riesgo la supervivencia de la universidad pública en Madrid.
Desde hace más de una década los campus madrileños sobreviven entre precariedad, sobrecarga y deterioro, aunque no todos los actores analizan igual la situación. Parte del PDI y del estudiantado cuestiona la necesidad del paro, alegando que los problemas son estructurales en todo el país y que las movilizaciones deberían ser estatales. Reclaman una hoja de ruta nacional que garantice: por un lado, la igualdad de oportunidades en un sistema con cada vez menos plazas en sus titulaciones pese a la creciente demanda; y por otro lado, que recupere el papel de la universidad como ascensor social, responsabilidad que atribuyen al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (aunque las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas).
Sin embargo, el caso de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la mayor del país, simboliza la asfixia financiera específica de la región. En octubre la UCM reconoció públicamente que su crisis deriva de una infrafinanciación continuada desde 2008 (compartida con el resto de universidades públicas madrileñas) y reclamó un modelo de financiación adecuado. La universidad ha tenido que verse sometida al endeudamiento con la propia Comunidad de Madrid mediante un préstamo de 34,5 millones (con 4,4 de estos en intereses), viéndose obligada a mantener hasta 2028 una retención del 35 % del gasto de facultades. Este patrón reproduce el seguido por el gobierno autonómico en otros servicios públicos: debilitarlos e infrafinanciarlos hasta su deterioro y desprestigio, para luego promover la colaboración público-privada como única alternativa.
La infrafinanciación no siempre es visible para toda la comunidad universitaria en lo inmediato, pues a menudo se camufla con el esfuerzo del personal y el propio estudiantado de las facultades. Pero sus efectos son claros: menos plazas en grados y posgrados, grupos masificados, peores condiciones docentes, infraestructuras deterioradas, descenso de becas y apoyos, y una calidad educativa sostenida a base de malabarismos que suelen terminar frustrados. En definitiva todo ello supone una ruptura con la igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad formativa a través de la universidad pública.
Ante esto, la Coordinadora de Plataformas en defensa de la Universidad Pública convocó la huelga para toda la comunidad universitaria. Sus motivos principales son:
La Comunidad de Madrid destina menos del 0,5 % del PIB a sus universidades, pese al objetivo del 1 % fijado en la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario).
Presenta como grandes logros incrementos en el presupuesto del 3,8 % en 2025 (42 millones adicionales frente a los 200 millones que reclaman los rectores) y del 6,5 % en 2026 (75,3 millones), insuficientes para revertir la congelación (y recortes a efectos prácticos) desde 2008.
Es la región más rica del Estado, pero la que menos invierte por estudiante.
Impulsa una nueva ley universitaria (LESUC) que refuerza la lógica empresarial, limita la autonomía universitaria, endurece el régimen disciplinario y abre la puerta a nuevas formas de privatización y restricciones a la protesta.
Las plataformas reclaman: 1) Financiación estable y suficiente para cubrir costes reales y revertir recortes; 2) Retirada o modificación profunda de la LESUC por su impacto en la autonomía, la libertad de expresión y las condiciones laborales; y 3) Un plan contra la precariedad y la temporalidad que afecta al PDI joven, becarios, investigadores y personal subcontratado.
La convocatoria que contó con el respaldo de los principales sindicatos (CCOO, UGT, STUM, CNT, CGT, Sindicato de Estudiantes, entre otros) fue un éxito: alcanzando un seguimiento medio del 72% en el paro y la huelga (según CCOO), así como una asistencia de 55.000 manifestantes (según las plataformas organizadoras).
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