El día 23 de septiembre, representantes de las asociaciones ADEPPU, ASTRADE, el Movimiento de Pensionistas de Madrid y de la Asociación Vecinal de Collado Villalba, se reunieron con la presidenta de la Comisión en el Congreso de los Diputados para el Pacto de Toledo, Mercè Perea.
El objeto de la reunión, a solicitud de las organizaciones, era el de trasladar la exigencia de eliminar los coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas, en carreras de cotización de 40 años o más. En este sentido, se valoró positivamente que el Pleno del Congreso de los Diputados, celebrado el martes 22 de septiembre, aprobase por mayoría: con los votos de PSOE, Sumar, ERC, EH, PNV y Junts, la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Podemos, para eliminar los coeficientes reductores que penalizan la jubilación anticipada de trabajadoras y trabajadores con largas carreras de cotización -40 años o más-.
Así mismo, se planteó la exigencia de eliminar la regla por la que, para acceder a una pensión contributiva, además de haber cotizado 15 años como mínimo, haya que tener 2 de entre los 15 años previos a la petición de jubilación.
Y se exigió el blindaje del derecho a la pensión, mediante el traslado de lo los artículos 41 y 50 de la Constitución al Capítulo segundo, Sección 1ª “De los Derechos Fundamentales y de las libertades públicas, hoy ubicados en el Capítulo tercero “De los principios rectores de la política social y económica”.
A estas exigencias de modificaciones legales se añadió en la reunión la necesidad de cumplir con la Disposición adicional sexta de la ley 21/2021, por la que el Gobierno debería haber encargado una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, para el periodo 1967 – 2019 -un periodo de 53 años-. Además de ser un mandato legal que ya debería de haberse cumplido, es necesario restituir la deuda del Estado con la Caja de las Pensiones, pues según el informe del 2020, emitido por el Tribunal de Cuentas, el Estado era deudor de más de 103.690 millones de euros a la Seguridad Social, por haber efectuado pagos indebidos con dinero de las pensiones; cantidad correspondiente al periodo 1989 – 2013. La cantidad señalada por el Tribunal de Cuentas creció hasta los 140.000 millones de euros -en los últimos 30 años, es decir en el periodo 2003 – 2023- según explicó en la prensa económica el hoy Gobernador del Banco de España, el 21 de abril de 2023, siendo Ministro de Seguridad Social.
La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo se comprometió a trasladar las peticiones y a continuar con el diálogo con las organizaciones.
Crónica de Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista.
