El desahucio de Maricarmen ha sido el detonante de una indignación que ha llevado a muchos miles de personas a salir a las calles en Madrid y en otras ciudades. Podría haber ocurrido con alguno de los 24.540 lanzamientos practicados en 2025 o alguno de los 4.005 que se llevaron a cabo en el primer trimestre del presente año.
Ha sido el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos quién ha convocado, pues ninguna otra organización u organizaciones se han puesto al frente de organizar una respuesta que diese voz a la ciudadanía, cuyo sentir se representó muy bien en la manifestación de Madrid en el cántico “No tenemos miedo, si tenemos rabia”.
Esta contundente respuesta de participación, en una movilización que se ha gestado en muy poco tiempo, es la demostración de que la clase trabajadora si está por la labor de movilizarse, como viene ocurriendo cada año, por ejemplo, con las convocatorias del Espacio de Vecinas y Vecinos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública. Y digo clase trabajadora pues debemos ir dejando los eufemismos que el capital nos impone, en tanto que las familias de clase adinerada no tienen problemas para disfrutar de su derecho a una vivienda digna, incluso de varias, ni sus hijas e hijos tienen negado su derecho a la emancipación.
Hay algunos elementos básicos para acercarnos a entender cómo y por qué se ha generado el drama humano de no tener asegurado un techo para vivir:
La vivienda se ha convertido en un valor refugio para la rentabilidad del capital. El precio medio de la vivienda en alquiler ha pasado de 7,3 €/m2 en julio de 2014 a 15,3€ m2 en julio de 2026, 47,71% de incremento. Mientras que, en el mismo periodo, los salarios han subido de media en convenio colectivo un 26,86% y las pensiones un 25,80. Esto significa que las y los asalariados han perdido frente al precio de los alquileres un 20,85% y las y los pensionistas un 21,91%.
Los inversores han huido de las inversiones financieras tradicionales, pues a nivel agregado, la media ponderada del total de los fondos de inversión en España, han registrado una rentabilidad entre el 25% y el 32% en los últimos 10 años, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco).
La filosofía sin ética del capitalismo les lleva a pretender incrementar sus beneficios cada año, sobre los récord de beneficios obtenidos en el ejercicio económico del año anterior, por lo que igual que juegan con el precio de los carburantes o la energía, arruinando a millones de personas en el mundo, juegan con la inversión en la industria del armamento, provocando la muerte en guerras como la de Ucrania o alimentando el genocidio en Gaza, del mismo modo que animan la voracidad de los fondos buitre inmobiliarios que echan a las personar a la calle sin ningún miramiento, como le ocurre a Teresa, a quien la propiedad de su vivienda quiso subirle el alquiler de 400 a 1.500 euros, a principios de este pasado verano, y hoy, a sus 72 años, se ve viviendo tirada en un banco de un parque.
Estas barbaridades sociales solo son posibles porque las leyes les amparan y una mayoría de jueces y fiscales protegen a los especuladores y sus agentes colaboradores, como cuando, en 2020, el Tribunal Supremo absolvió a la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por la venta de 1.860 viviendas públicas a Fidere Gestión y Fidere Vivienda, pertenecientes a Blackstone.
El poder legislativo tampoco ha cumplido con el mandato que mayoritariamente le dio el pueblo soberano, cuya soberanía parece durar las horas en las que los colegios electorales están abiertos al voto.
En este país se expropió RUMASA, un emporio empresarial descomunal, pero en favor de la expropiación estaban los 7 grandes bancos en 1983, indemnizando a los propietarios con 1 peseta por acción; en 2017 se expropió el Banco Popular, aunque lo vistieron como una intervención bancaria, con una indemnización de 1 euro par acción. Todos los días se expropian inmuebles y terrenos, para favorecer el bien general, cuando una gran empresa hace inversiones… Sin embargo, parece que no es hacer el bien general expropiar a propietarios que acumulan grandes cantidades de inmuebles, sean estos socimis, fondos o particulares, cuando pretenden aplicar incrementos astronómicos a sus inquilinas e inquilinos, a sabiendas de que les es imposible poder pagar.
El Estado tiene la obligación de cumplir con su papel de equilibrio, pero parece que pueden más los intereses de la minoría poderosa que se organiza en lobbies/grupos de presión.
Las instituciones del Estado tienen responsabilidad en este drama social, pues han convertido muchos artículos de la Constitución en papel mojado, según los que convienen a la minoría privilegiada o los que protegen a la mayoría desfavorecida. Prueba de esto es que la lectura del artículo 47 de la Constitución de 1978 comienza producir sonrojo:
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
El Gobierno, debería aprobar el Real Decreto-Ley sobre Vivienda en el Consejo de Ministros del martes 29, y ahorrarnos un bochorno de bronca entre los socios de gobierno. De la misma manera que los grupos políticos en el Congreso de los Diputados deben convalidarlo, de lo contrario, la ira que se expresaba en las manifestaciones del sábado 26, deberá canalizarse hacia quienes lo impidan.
El Decreto tiene que salir adelante, pero el problema social es tan grave que no basta con una ley, va a hacer falta bastante valentía política para abordarlo y atajarlo. De momento, la movilización es la solución.
Roberto Tornamira
Militante del PSOE en Madrid
