Quienes viven de su salario; desde los que cobran el SMI hasta las y los que reciben un sueldo muy alto. Las y los pensionistas; reciban la pensión que reciban, sea mínima o máxima. La juventud estudiante y/o trabajadora. Las trabajadoras y trabajadores que no tienen un puesto de trabajo, las y los desempleados. Las y los autónomos, que viven de su esfuerzo y de el riesgo que asumen al trabajar por cuenta propia ¡Todas y todos a la Huelga General convocada para el 11 de noviembre! Sobran los motivos.
Los especuladores y las políticas de la derecha han convertido un derecho en una emergencia social. La falta de restricciones legales a las inversiones privadas, junto con el fomento del turismo de avalancha, han disparatado el precio de la vivienda; tanto en alquiler como en propiedad. Son millones las personas que no pueden acceder a una vivienda, incluso quienes han tenido que regresar al domicilio de sus madres y padres porque los incrementos de los precios se comen sus precarios sueldos. Son millones las y los jóvenes que no pueden emanciparse y desarrollar su legítimo derecho a tener una vida propia.
A fecha 1 de julio del presente año, en España había 49.801.559 habitantes. De estos, 12,5 millones (25,10%) viven en riego de pobreza o exclusión social, malviven con menos de 1.018 € al mes. A ellos hay que añadir los 4 millones que sufren pobreza severa, quienes viven con menos de 644 euros al mes. En esta situación de pobreza extrema, el 50% son niñas y niños menores de edad. Son unas cifras escalofriantes.
Quienes ignoran la historia desconocen que el 18 de diciembre de 1916, y entre el 13 y el 18 de agosto de 1917, hubo en España dos huelgas generales convocadas contra la carestía de la vida, lo que hoy llamamos pérdida de poder adquisitivo por culpa de la especulación de los precios; especulación alimentada por la guerra y las crisis económicas creadas por los especuladores mismos. Salvando las distancias temporales y de contexto histórico, sin perder de vista los paralelismos, hoy también acumulamos motivos de sobra para enviar un claro mensaje a la clase política, a las instituciones y la patronal: ¡Ni un recorte más, renacionalización de lo privatizado, blindaje de las Pensiones, recuperación del poder adquisitivo perdido!
Casi 12 millones (el 63% de las trabajadoras y trabajadores asalariados) cobran menos del salario medio, que a julio de 2026 se ha situado en 2.386 €/mes brutos en 12 pagas. Las familias trabajadoras, han perdido en torno a un 20% de su capacidad de compra, por la subida de la luz, el gas, los carburantes y los alimentos, etc. porque el incremento de sueldo en los convenios no ha crecido ni siquiera a la par que los precios.
Los trabajadores recibimos nuestro salario de tres formas diferentes: Directa, en diferido e indirectamente:
- De manera directa, cuando recibimos el abono de nuestra nómina.
- En diferido, al jubilarnos y recibir nuestra pensión correspondiente, en función de las cuantías y los años cotizados a lo largo de la vida laboral. Recordar que las pensiones no salen de los impuestos, salen de las cotizaciones que, en última instancia, se detraen mes a mes de nuestro sueldo directo.
- De forma indirecta, cuando hacemos uso de los servicios de Sanidad, Educación para nuestra hijas e hijos, de las Residencias para nuestros mayores y servicios de Dependencia, etc. Servicios públicos que se nutren de nuestros impuestos. Hay que saber que las rentas del trabajo, salarios y pensiones, aportan el 83% de lo que el Estado ingresa en concepto de IRPF, frente al 11,9% que aporta el Impuesto de Sociedades. Por tanto, cuando privatizan un servicio público están entregando a empresas privadas inversiones realizadas con nuestro dinero ¿Con qué derecho?
Todas y todos a la Huelga General del día 11 de noviembre: por el derecho a la Vivienda, por la defensa de las Pensiones, por la renacionalización de lo privatizado en Sanidad y Educación, por la recuperación del poder adquisitivo.
La Junta Directiva
9 de noviembre de 2026
