Categoría: Editoriales

La esperanza está viva


Zohram Mamdani, el 26 de octubre en un mitin de campaña en el estadio Forest Hills, en Queens.
A su derecha el senador Bernie Sanders y a su izquierda la congresista Alexandria Ocasio-Cortez

“La esperanza está viva”, es una de las frases que Zohran Mamdani dijo la noche del 4 de noviembre, al ser proclamado vencedor en las elecciones municipales de Nueva York. Una esperanza que también revivió esa jornada electoral en otras grandes ciudades y estados; es el caso de Abigail Spanberger en el Estado de Virginia o de Mikie Sherill en el Estado Nueva Jersey. La última victoria demócrata ha sido la de la socialista Katie Wilson, perteneciente a la DSA, quien el 14 de noviembre ganó la alcaldía de Seattle -una ciudad con más de 800.000 habitantes-.

Esta oleada de derrotas del partido Republicado hay que atribuírselas a Trump y sus políticas destructivas, con todo el catálogo de agresiones de corte filofascista, pero no solo a eso.

No debemos obviar que también están siendo derrotadas las dinastías políticas en el seno del Partido Demócrata. El impulso que hace revivir la esperanza viene de los Socialistas Democráticos de América (DSA en sus siglas en inglés), que, no es un partido político, es una organización con 90.000 afiliados que actúa bajo el paraguas del Partido Demócrata. Esta organización política no es nueva; nace en 1982, tras la fusión de Democratic Socialist Organizing Committee (DSOC) y New American Movement (NAM). DSA celebró su último congreso en el mes de agosto pasado, en el que llegó a plantearse la posibilidad de separarse del Partido Demócrata y constituir un Partido de los Trabajadores; opción que no salió adelante.

Esta ola de entusiasmo y esperanza tiene dos elementos importantes en política: respuesta a las necesidades de la mayoría social y la renovación.

El eje de campaña de las victoriosas candidaturas demócratas ha sido, por ejemplo, por parte de Mamdani: crear una cadena municipal de tiendas de alimentación, congelar los alquileres, falta de protección social, transporte público gratuito, entre otras preocupaciones de la mayoría social. Y, en general, el Partido Demócrata pelea por dar continuidad a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio –Affordable Care Act, abreviada (ACA)-, conocida como “Obamacuidados” (Obamacare), promulgada con carácter de ley el 23 de marzo de 2010.

El eje de campaña ha sido crear una cadena municipal de tiendas de alimentación, congelar los alquileres, falta de protección social, transporte público gratuito, entre otras preocupaciones de la mayoría social incluyendo la sanidad
(Obamacare)

En nuestro país, el 21 de diciembre se abre un periodo electoral con las elecciones autonómicas extremeñas que ha anticipado el PP, pensando que la debilidad de sus oponentes les dará una victoria contundente en Extremadura que ejerza de motor de arrastre para otras contiendas electorales. Como si el 13,56% de paro o el 32,4% de tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social no fuesen elementos de responsabilidad del gobierno de la señora Guardiola. Y como si los extremeños y extremeñas fuesen a olvidar las 50.000 hectáreas quemadas el pasado verano, con una gestión de los incendios más pensada como nicho de negocio para las empresas dedicadas a la extinción que una gestión pública con la prevención como objetivo; una óptica coincidente en Galicia y Castilla y León -el fuego ha devastado el pasado verano más de 330.000 hectáreas en la suma de las tres comunidades-.

Los problemas de la mayoría social en nuestras ciudades y pueblos no son muy diferentes a las de los y las estadounidenses: sanidad, carestía de la vida, vivienda inasequible, educación…Estos y otros problemas son los que se deberían abordar en los procesos electorales autonómicos, así como en los municipales y en las generales, cuando se convoquen.

En España: sanidad, carestía de la vida, vivienda inasequible, educación…son los problemas que se deberían abordar en las distintas campañas electorales que vienen en los próximos meses

La Sanidad pública en España está años luz, en positivo, de la red de mínimos que tiene la sociedad en los USA, pero eso no puede ni debe de ser un elemento para conformarnos e impedirnos ver que se está privatizando a marchas forzadas en favor de las grandes corporaciones que ven un negocio en la Salud de las personas, encarrilándonos hacia el modelo de beneficencia que le gustaría a la derecha. El trasvase de dinero público hacia las empresas privadas es una auténtica hemorragia en el Sistema Nacional de Salud: en 2024, las empresas privadas gestionaron 4.655 millones de euros públicos, un incremento del 4% sobre 2023, a través de los conciertos que consienten leyes como la 14/86 y la 15/97. Imaginemos que los candidatos no quemados de un partido propusiesen la derogación de estas leyes y la desprivatización de la Sanidad Pública.

En nuestro país. el trasvase de dinero público hacia las empresas privadas de salud es una auténtica hemorragia

Pensemos cuál sería la respuesta del electorado si esos candidatos propusiesen la creación de una red de supermercados municipales o autonómicos en los que poder adquirir productos alimenticios de proximidad y a precios no abusivos; haciendo frente a la especulación a la que se han entregado las grandes superficies de la alimentación.

Y si esos candidatos y candidatas abogasen por la creación de un banco público que nos salvase de los abusos de la banca privada, esa banca que ha tenido al cierre del tercer trimestre del presente año un beneficio récord, comparado con el mismo periodo de 2023, de 25.417 millones de euros, principalmente por el saqueo que nos hacen con las comisiones bancarias.

Supongamos que la campaña electoral de un partido estableciese la congelación de los alquileres, la construcción de 500.000 viviendas públicas anuales hasta 2030 y que las viviendas públicas fuesen públicas de por vida y que no puedan ser vendidas, jamás, ni por personas físicas ni administraciones.

Imaginemos que el candidato de un partido propusiese que los 7.500 millones de euros que en 2024 fueron a parar a los colegios concertados -el 60% de la oferta educativa concertada en España está en manos de la Iglesia-, se destinase a contratar profesorado en los colegios e institutos públicos, con el objetivo de reducir las ratios del número de alumnos en las aulas y a garantizar que ninguna alumna o alumno de FP se queda sin plaza -solo en la Comunidad de Madrid, más de 62.000 alumnos/as se han quedado sin plaza para estudiar en la Formación Profesional-.

¿Cómo respondería la clase trabajadora si nuestros candidatos defendieran una red de supermercados municipales o autonómicos como alternativa a la especulación de los precios de los alimentos…o un banco público…o la congelación de los alquileres y la construcción de vivienda pública…o destinar el dinero que se le da a la escuela concertada (el 60% en manos de la iglesia) a la educación pública?

En Extremadura, en Castilla y León, en Andalucía o en Valencia, y en el resto de comunidades cuando toque, así como en el Estado central, no olvidaremos a los 7291 de las residencias de Madrid, ni a los 229 de la DANA en Valencia, ni a las mujeres puestas en riesgo con la gestión de los cribados de cáncer de mama, ni a los muertos y damnificados por los incendios forestales… A la memoria hay que añadir la esperanza de que se aborden soluciones a los problemas que sufre la mayoría, en eso consiste la verdadera democracia.

Mamdani y sus compañeras y compañeros no lo han imaginado, lo han propuesto y el electorado se ha entusiasmado, por mucho que el depravado que ocupa la casa Blanca les llame socialistas y comunistas. La experiencia de estas victorias nos dice que con una plataforma de reivindicaciones claras y una organización vinculada a las masas se puede vencer a las derechas. Escuchar y atender sin defraudar, las reivindicaciones que están en la calle, es el giro deberían dar las organizaciones que se reclaman de izquierdas.

Comité de Redacción

Golpe togado

El adelanto del fallo de la sentencia, al ya ex Fiscal General de Estado, es inédito en la forma de proceder del Tribunal Supremo (TS). Como lo es también la rapidez: 7 días, en pronunciarse este alto Tribunal, en un país en el que la ¿Justicia? es lenta, muy lenta; solo hay que ver los 11 años que ha tardado en abrir juicio oral a la Familia Pujol.

A expensas de conocer la literalidad de la sentencia contra García Ortiz, incluidos los argumentos de los dos votos particulares, condenan sin pruebas rigurosas y dando valor a la suposición de la UCO de que el FGE borró sus mensajes de guasap para ocultar pruebas, dando más valor a lo que sin pruebas manifiesta la acusación, en contra de lo que ha defendido el Ministerio Fiscal.

Por ende, se han pasado los principios jurídicos y su propia doctrina por el forro de sus togas, pues la carga de la prueba en un proceso penal parte de la base del principio de presunción de inocencia, que se han cargado. En el caso contra el fiscal general del Estado se ha partido de la “presunción de culpabilidad”, exonerando a los demandantes de probar dicha culpabilidad.

Recordemos que el magistrado Eduardo Muñoz Baena, absolvió al PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de su propio Tesorero, apelando a la «doctrina Botín»: una interpretación del Tribunal Supremo de diciembre de 2007 que establece que una acusación popular por sí sola no es suficiente para llevar a una persona a juicio si la acusación particular y el Ministerio Fiscal no sostienen la acusación.

Esta forma de hacer, por parte de los magistrados de la Sala 2º del TS, evidencia la sincronización política de la ¿Justica?, al menos del 70% de judicatura, que es la proporción de magistrados -5 de 7- que avalan el fallo de la sentencia, con las necesidades del PP, quienes necesitaban tapar, intentarlo al menos, la situación en Valencia y la indignación que provoca su pacto con VOX para evitar convocar elecciones, en la pretensión de echar tierra encima de sus responsabilidades políticas respecto a las consecuencias de la Dana del 29 de octubre de 2024. Recordemos que con 229 muertos.

En las últimas semanas tampoco le ha ido bien al PP con el escándalo de la nefasta gestión de los cribados de cáncer en mama en Andalucía, ni que toda la cúpula del PP en la Diputación de Almería esté detenida o imputada por el juez, junto al alcalde de Tíjola. A lo que hay que sumar la detención del alcalde, también del PP, de Villar del Humo (Cuenca) por tenencia de una plantación de marihuana. Demasiadas cosas, y eso que no gobiernan el Estado.

La fecha elegida para adelantar el fallo de la sentencia ha sido el 20N, un mensaje claro de chulería franquista, al menos así lo percibimos en Tribuna Socialista y es un recordatorio de que es el Poder Judicial quien mantiene atada y bien atada la democracia y el Estado de Derecho.

No es la primera vez que ¿la Justicia? sale al quite de los problemas de la derecha y/o que envía mensajes ideológicos. Esto deja en agua de borrajas la separación de poderes, la pone al mismo nivel que el derecho al trabajo y el deber de trabajar de todos los españoles y españolas (Artº 35 de la CE) o el derecho a una vivienda digna y adecuada (Artº 37).

La instrucción del caso y el juicio contra el Fiscal General del Estado es una vuelta a los Tribunales de Orden Público y a los juicios sin derecho efectivo a la defensa. Esta fracción mayoritaria de la ¿Justicia? es la misma que está boicoteando la Ley de Amnistía, en una clara afrenta al Poder legislativo e incluso al Tribunal Constitucional.

Esta sentencia, con los cinco votos a favor, para condenar al FG supone una prevaricación con mayúsculas porque los magistrados saben y les consta que no ha existido la menor prueba inculpatoria. Han llenado el TS de deshonor e indignidad, se han cargado la poca confianza que restaba en el Sistema Judicial y supone una continuidad del golpe de Estado que se viene perpetrando, al menos desde la investidura del presidente del Gobierno, por parte de los conservadores y fascistas del CGPJ.

Los que llevan 50 años conmemorando con pena y nostalgia la muerte del criminal de masas y dictador, Franco, demuestran que para ellos la transición, los pactos de la Moncloa y la Constitución misma son una formalidad que había que hacer, pero no que cumplir. En los hechos, esto significa que vivimos en una farsa y en una realidad inversa; en la que los ladrones acusan a los fiscales y los jueces correligionarios de los chorizos les dan la razón. Mal vamos.

Comité de Redacción

Editorial: No es una guerra entre pueblos, es una guerra contra los trabajadores

El fracasado candidato a Premio Nobel de la Paz acelera la barbarie que lleva intrínseca el sistema económico vigente. En palabras de Jean Jaurès: «El capitalismo lleva la guerra dentro como la nube lleva la tormenta”.

En un leguaje más práctico: la deuda exterior de los EE.UU., superó en agosto los 37 billones de $; es la consecuencia de ejercer de gendarme del mundo y tener que mantener al ejército más temible de la tierra. Y eso es lo que Trump infunde: temor y no respeto. No se entiende de otro modo que Zelensky sea humillado cada vez que visita la Casa Blanca. Como es incomprensible la sumisión del secretario general de la OTAN; o la de la presidenta de la Comisión Europea cuando Trump la recibió en su campo de golf escocés, para mayor vergüenza, el 27 de julio, donde aceptó comprar energía a EE.UU., por valor de 750.000 millones de euros, invertir 600.000 MM€ en los USA e incrementar las compras en armamento a la industria norteamericana. Todo, a cambio de aplicar a los productos europeos “solo” el 15% de aranceles, sin contrapartida ninguna. Este es el nivel de degradación y bochorno por el que Trump hace pasar a sus supuestos aliados.

A los miembros de la Comisión Europea y a una importante mayoría de los europarlamentarios les debe importar un pimiento la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones en sus respectivos países; por el alza especulativa de los precios de la energía, de la vivienda, de los alimentos… así como el avance de la pobreza que todo ello conlleva, a nombre de una guerra con trasfondo comercial.

Intentar entender esta situación, que no compartirla, solo es posible desde la óptica del Mercado, ese mercado libre; libre de imponer y someter causando muerte, pobreza y desestabilización social.

El sistema el capitalista, el mercado libre de hacer lo que le venga en gana, ha decidido arrasar los derechos que la clase trabajadora ha ido consiguiendo, con luchas y mucho sacrificio, a lo largo de los últimos 200 años. Y están dispuestos a conseguir sus objetivos, aunque tengan que asesinar a la mitad de la población mundial. Es por ello que no es correcto hablar de guerra entre pueblos, sino de guerra contra la clase trabajadora.

La guerra social desatada contra la clase trabajadora toma sus formas diferentes en cada país:

En Francia, la clase dirigente al servicio del capital ha decidido acatar las órdenes y destinar 400.000 millones de euros “para modernizar el ejército”, dicen. La realidad es que Francia ha asumido con la OTAN, es decir con los EE.UU., un gasto de aquí a 2035 de más de 650.000 MM€ -Francia se ha marcado el objetivo de gastar 64.000 MM€ en defensa en 2027, frente a los 32.000 que destinaba a gasto militar en 2017, cuando Macron llegó al Eliseo. Están dispuestos incluso a llevarse por delante a la V República. Para no extendernos y entender la concreción en Francia, sugerimos la lectura del artículo de Enrique Dargallo “Crisis política en Francia: Macron en primera línea”, publicado en este mismo número 170 de Tribuna Socialista.

En Ucrania toma formas más complejas y graves. EE.UU., desde antes de 2013, viene presionando a la UE para que “diversifique su dependencia energética de Rusia”; una forma de expresarlo que, sin ser incierta, esconde una presión para que Europa compre Gas Natural Licuado (GNL) estadounidense, en detrimento del suministro ruso -lo que da una idea de la motivación para la voladura del gaseoducto Nord Stream, en septiembre de 2022-, y por qué se imponen sanciones económicas contra Rusia, pero no a Israel.

Como dijo Clausewitz “la guerra es sólo la continuación de la política por otros medios”. Y eso es lo que hay en Ucrania; una guerra que el próximo febrero cumplirá su cuarto año, sin olvidar que el Estado ucraniano, cuyo gobierno hoy preside Zelenski, arremetió contra su propio pueblo, en la región del Dombas, en 2013, causando miles de muertos. Para no extendernos, sugerimos Ver: TS-130 de enero de 2022, (pág. 20) Posicionamiento del CATP contra la guerra -un mes antes de la invasión rusa. Y otros números siguientes a partir de febrero de 2022-.

El hecho es que mueren miles de jóvenes en los frentes de guerra, para que los EE.UU., con la cobertura de la OTAN, se apropien de un negocio de más de 40.000 millones anuales en suministro de GNL a la UE. Negocio que aumentará con los compromisos unidireccionales aceptados por la señora Von der Leyen. Es lógico pensar que Putin quiera compensación por la pérdida del negocio de los combustibles, y Trump está dispuesto a compensarle con el 20% del territorio ucraniano. Por si acaso, el depravado inquilino de la Casa Blanca ya se ha garantizado la explotación de minerales y tierras raras, en lo que es rico el subsuelo ucraniano. Todo ello con la inestimable colaboración de la UE y todas sus instituciones.

A estos mercaderes les importa un bledo los 400.000 soldados que han muerto o han sido heridos en el frente ucraniano. Como a Putin le importan un comino que hayan muerto o hayan sido heridos más de un millón de soldados rusos en este conflicto. Por eso comprendemos y apoyamos la decisión de desertar de miles de jóvenes ucranianos y rusos, pues esta no es su guerra.

En Palestina, el negocio ha tomado la forma de Genocidio del pueblo gazatí, como si quisiesen enviar un mensaje a toda la clase trabajadora mundial, de hasta donde están dispuestos a llegar para salvaguardar sus intereses económicos.

Lo ha dicho ASTRADE en su Declaración del pasado día 16 de octubre “Sin duda alguna, la parte positiva (del plan de paz) es el fin de las bombas y la matanza indiscriminada de gazatíes”; algo que no está garantizado, pues el Estado sionista rompe el Alto el Fuego y continúa asesinando civiles desarmados.

Para garantizar el negocio, Trump ha enviado a su “equipo”, yerno incluido, a pedir a Netanyahu que respete los acuerdos: veremos cómo y cuándo acaba la tregua y la forma que toma la idea de la Familia Trump de transformar Gaza en un resort; idea jaleada por el Gobierno de Netanyahu. El tiempo nos dirá cuantos kilómetros cuadrados le dan a los Trump. Lo único que parece estar claro es que el Estado sionista continuará ocupando tierras ilegalmente y expulsando al pueblo palestino de su territorio, como viene haciendo impunemente desde 1948, incluso antes.

A los palestinos les ofrecerán, como “premio de consolación”, trabajar sin derechos en una especie de sucursal de Las Vegas a orillas del Mediterráneo. Es lo que les está ocurriendo hoy, a 125.000 trabajadores procedentes de la Franja de Gaza y de Cisjordania, como denuncia el Sindicato de Trabajadores árabes, con sede en Nazaret: “a los trabajadores les niegan su salario o indemnización; y su legítimo derecho a reclamarlo, a nombre de que pertenecen a “una autoridad terrorista”, argumentan de forma coordinada muchos empleadores”.

El negocio se cierne también sobre Venezuela, y sobre sus reservas de petróleo en particular, por lo que Trump ha asesinado, de momento, a más de 40 personas, sin prueba ni juicio, en las aguas del Caribe. Y ha dado rienda suelta a los provocadores de la CIA para que “el que pueda hacer que haga” según el lenguaje que manejan los fascistas y golpistas de toda laya.

Es una guerra de los poseedores del capital contra sus propias clases trabajadoras. Cuando Trump habla de “América first”, no dice a qué América se refiere, pues la América a la que reprime con la guardia nacional es a la que considera “su enemigo”, por lo que invitó a sus generales y almirantes a “vigilar al enemigo interior”.

Es exactamente lo mismo cuando Trump condiciona la ayuda económica a Argentina, si el pueblo argentino no apoya al sicario del capital que ocupa la Casa Rosada en Buenos Aires. O cuando chantajea al presidente de Brasil con aranceles si no indulta a Bolsonaro, el golpista.

La respuesta no está en el viento, que diría Dylan. La respuesta está en las calles. La respuesta a esta barbarie insaciable está germinando en las grandes manifestaciones que hubo el 18 de octubre en las principales ciudades de los Estados Unidos de América. Está en las jornadas de huelga de Italia, para rechazar el genocidio en Gaza. Está en los cientos de miles de personas que salieron a las calles el 7 de octubre en Londres, para pedir justicia y que pare el genocidio. Está en la determinación de decenas de miles de madrileños y madrileñas que el 14 de septiembre dijeron NO a la última etapa de La vuelta ciclista de la vergüenza. Está en la jornada de lucha en nuestro país, el 15 de octubre, con grandes manifestaciones y paros laborales, aunque fuesen de tiempo limitado. Está en las manifestaciones de jóvenes reclamando vivienda asequible, en la queja de la clase trabajadora andaluza y madrileña en defensa de la Sanidad Pública, en la perseverancia del pueblo valenciano exigiendo responsabilidades por las negligencias en la DANA de 2024…Está en cada conflicto laboral que utilizan los trabajadores para reivindicar y defender sus derechos.

El Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez tiene que dejar ya su ambigüedad y de jugar con los tiempos: no se puede decir “Viva Palestina” y decretar el embargo de armas dos años después de iniciado el genocidio, con 67.000 asesinados; celebramos que lo hayan hecho, pero criticamos la tardanza. No se puede estar en contra de la Guerra y que el presidente y su ministra de Defensa no paren de decir que cumplirán con los compromisos de gasto militar.

En muchas ocasiones vemos a las organizaciones de la clase trabajadora como dique de contención contra esta resistencia. Sería mucho más deseable verlas a la cabeza de las movilizaciones llamado a la unidad y haciéndola en los hechos.

Comité de Redacción

Dos caras de la misma moneda: la sumisión institucional a Trump y la resistencia de los pueblos

En la cumbre de la OTAN en La Haya, celebrada en la última semana de junio, vimos los roles que se juegan en la OTAN: El presidente de los USA, señor y jefe de la estructura militar; y por otro lado a los presidentes de los países aliados, incluido el Sr. Rutte, ejerciendo de lacayos, con la honrosa excepción de Pedro Sánchez, aunque no exento de contradicciones.

Justo un mes después, el 27 de julio, la presidenta de la Comisión Europea (UE), la Sra. Von der Leyen, se arrastraba hasta Turnberry (Escocia), para aceptar todas las condiciones de Trump.

Esto, en realidad, no es nada nuevo. Lo que ha cambiado es que se han terminado las escenificaciones que daban la impresión de que las relaciones eran entre iguales; tanto en el seno de la OTAN, como en las relaciones bilaterales USA-UE. La escenificación ya no cabe por la forma de relacionarse del presidente de los Estados Unidos, propia de un matón sin límites, lo que ha retificado con su discurso en el plenario de la Asamblea General de la Onu del día 23 de septiembre.

En términos políticos, estos cambios sustanciales, en apariencia formales, significan que, el mayor imperialismo del planeta, los USA, ha emprendido el camino de la guerra y de la destrucción de los derechos de los pueblos, empujando a ello a los demás imperialismos.

Recordemos que la RAE define imperialismo como: “Actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política.”

Desde la confrontación colonial entre potencias, cuyo inicio se remonta al siglo XV y que culminó con las dos guerras mundiales en el siglo XX, lo que verdaderamente ha cambiado es que ya no quedan nuevos mercados por conquistar, ahora se los tienen que arrebatar unos a otros.

Esta dinámica explica, sin que ello justifique, el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza. Se pisotea el derecho internacional, los derechos humanos y se pretende exterminar a un pueblo entero. Es un aviso de hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos; sostén económico, político y militar del Estado sionista, sin cuyo apoyo no sería capaz de hacer lo que está haciendo.

La ocupación de parte de Ucrania, la reacción de Putin ante la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas y la contienda entre los USA y Rusia por ver quién es el proveedor de energía en Europa, nos han metido en una guerra en territorio europeo que va camino de los 4 años de conflicto y una brutal sangría de vidas, a ambos lados de los frentes; vidas principalmente de jóvenes pertenecientes a familias humildes y trabajadoras, tanto rusas como ucranianas. Con una situación que es difícil predecir cómo puede terminar, con las supuestas violaciones del espacio aéreo de diferentes países de la UE/OTAN, por parte rusa.

Putin está midiendo hasta dónde está realmente dispuesta a llegar la UE, pues el servilismo ante Trump ya no garantiza que los USA se involucren en la defensa de Europa. Solo hay que ver como Trump presiona a Zalensky para que trague con una paz, por no llamarle rendición. Putin y Trump se miden a su vez mutuamente. La diferencia es que los USA han conseguido sus objetivos económicos y militares, por lo que se explica que ya no tengan interés en mantener el conflicto, aunque no le importe lo más mínimo que este se prolongue en el tiempo; a fin de cuentas, cuanto más dure la Guerra, más armas venderá a sus clientes europeos.

Lo hemos abordado en otras editoriales de Tribuna Socialista, pero no está de más recordar que a principios del presente siglo los EE.UU., prácticamente no exportaba Gas natural Licuado (GNL) a la UE. En último lustro (2020 – 2025), los USA han pasado a ser el mayor proveedor de GNL en la UE y en Gran Bretaña, alcanzando en 2022 el 26% del suministro. Por el contrario, Rusia ha perdido este mercado; antes de 2022, Rusia abastecía a la UE entre el 40 y el 45% de nuestras necesidades de GNL.

En la reunión de finales de julio, en la que la presidenta de la Comisión Europea se tragaba todas las condiciones impuestas por Trump, la UE se ha comprometido a comprar energía a los USA por valor de 750.000 millones de dólares (1).

La guerra en Ucrania lleva más de tres años sirviendo de excusa para desatar una guerra social contra todos los pueblos de Europa, provocando perdidas de poder adquisitivo de los salarios por la vía de la inflación en el quinquenio 2020 – 2024: el IPC general acumulado ha sido del 16,32%, frente al 12,53% del incremento promedio de los salarios en convenio colectivo. Es importante señalar que el IPC de los Alimentos y bebidas sin alcohol se ha disparado en el mismo periodo al 27,67%.

Esta guerra ha sido también la excusa de Trump para que Europa destine miles de millones de euros cada año a la compra de armamento estadounidense, poniendo de este modo una piedra de molino sobre cualquier pretensión de independencia económica y militar europea respecto de los USA. Esto, es lo que está provocando, entre otras cosas, las medidas anti obreras de los gobiernos de Macron.

En nuestro país, incrementar el gasto militar ira directamente contra el gasto social, por muchos juegos de números que haga el Gobierno: en 2020 España destinó un 1% del PIB a gasto militar (11.292 M€); en 2024 el porcentaje del PIB alcanzó el 1,4 %, pero al haber crecido el PIB, la cifra nominal de gasto en defensa fue de 24.122 M€, lo que representa un incremento del 113,62% del presupuesto en Defensa, para dicho periodo. Si en 2035 España aplicase el 5% de gasto en defensa acordado por la OTAN, en base al PIB de 2024, nuestro gasto militar será de 86.150 M€.

Estas cifras astronómicas en gasto militar deteriorarán, más de lo que ya se están deteriorando, los servicios públicos que los contribuyentes pagamos: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, además del resto de servicios públicos.

Con sus cifras y con la situación de los servicios públicos en cada país, esta situación es parte de esa guerra social contra todos los pueblos de Europa. Es una agresión a la clase trabajadora europea.

Frente a este devenir de hechos políticos, económicos y bélicos está la resistencia de los pueblos

La primera y más importante resistencia es la del pueblo palestino, que lleva más de 75 años defendiendo su tierra contra la ocupación ilegal de Israel, que se ríe de las resoluciones de la ONU y de las convenciones y tribunales internacionales.

Muerte, cárcel, pobreza, exilio…y ahora exterminio, es lo que Israel lleva aplicando en Palestina desde 1948. A pesar de ello, la Unión Europea mantiene estrechas relaciones comerciales con un Estado criminal. Y somos aliados del principal socio y protector, que no menos criminal, del estado sionista.

Los pueblos resisten, como lo está haciendo el pueblo francés, ante la política de Macron y sus gobiernos; pretenden aumentar el gasto en defensa hasta los 64.000 millones de euros, frente a los 32.000 que destinaba Francia en 2017, cuando Macron llegó al Eliseo. Para paliar el incremento del gasto militar, la contrapartida es congelar las pensiones, los sueldos de los funcionarios, sustituir solo 1/3 de las jubilaciones que se produzcan y congelar todas las partidas sociales: Sanidad, Educación…entre otras medidas, para ahorrar 44.000 millones de euros.

El pueblo francés salió a la calle el 18 de septiembre para rechazar estas decisiones de los gobiernos de Macron. Como a los madrileños que el día 14 salieron a la calle a protestar por la participación del equipo de Israel en La Vuelta ciclista, la mayoría de los medios de comunicación dijeron que las manifestaciones francesas fueron violentas. Si protestar en las calles, una forma en que los pueblos pueden hacer ver su punto de vista, es violento, cómo hay que calificar a matar a 20.000 niños y niñas en dos años, cómo hay que llamar a no llegar a fin de mes y tener que optar entre comer o poner la calefacción…

Los pueblos resisten enviando contundentes mensajes, como el del pueblo madrileño el 14 de septiembre. Mensajes que llegan y que animan a tomar medidas contra la indecente senda por la que nos llevan las instituciones y los organismos internacionales. No es casualidad que, tras la suspensión de la etapa final de La Vuelta, RTVE haya comunicado que si Israel participa en el próximo certamen de Eurovisión España no lo hará. No es casualidad que la Fiscalía General del Estado haya abierto una investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza. No es casualidad que, en otros deportes como en el fútbol internacional, comience a reivindicarse la exclusión de los equipos de Israel y no es casualidad que nuestro Gobierno haya decretado el embargo de armas a Israel, por muchas limitaciones que esta medida tenga. Pueden parecer gestos, pero no lo son. Es la evidencia de que, a pesar del silencio de los grandes medios de comunicación y del ejercicio institucional de mirar para otro lado, la presión que la resistencia de los pueblos hace llegar a las instituciones tiene efectos.

Hace pocos meses, muchos de los que hoy hablan abiertamente de genocidio se negaban a mencionar este término, punto al que Felipe VI ha evitado llegar en su intervención ante la ONU del día 24 de septiembre. Hoy solo quedan los de siempre negando el genocidio. Hasta las sumisas instituciones europeas se ven compelidas a tomar medidas contra Israel, lentas y limitadas, pero empujados a tomarlas.

Es necesario responder al sentimiento y la acción que están tomando los pueblos de España hacia el Gobierno, con un mensaje claro: no hay medias tintas RUPTURA TOTAL DE TODAS LAS RELACIONES CON EL ESTADO SIONISTA.

Desde Tribuna Socialista llamamos a participar en todas las movilizaciones y actos contra la guerra y contra el genocidio y, en particular a participar en la jornada de protesta que convocan UGT y CCOO para el 15 de octubre en los centros de trabajo, tanto públicos como privados.

El Comité de Redacción

  1. https://www.rtve.es/noticias/20250727/trump-von-der-leyen-escocia-acuerdo-aranceles-guerra-comercial/16678460.shtml
Redacción de Tribuna Socialista

Editorial. Final de curso político: todo por hacer

Este mes de julio acaba un curso político marcado por la tensión institucional, la polarización mediática y el desgaste de la convivencia democrática, mientras el mundo se enfrenta al mayor ataque de la historia a los derechos de la clase trabajadora y a una involución social y económica basada en los ultranacionalismos y populismos filofascistas. El capital financiero arrastra a las economías occidentales hacia el militarismo y la guerra.

En este escenario de destrucción, todos los estados se subyugan a la OTAN para aumentar sus presupuestos nacionales para defensa y armamento hasta llegar al 5% del PIB, algo incompatible con mantener el Estado de Bienestar, como manifestó Pedro Sánchez hace unas semanas.

También el mundo entero sigue la estela de las políticas económicas de Trump, con acuerdos arancelarios que buscan castigar las exportaciones en beneficio de la producción y los mercados internos, al tiempo que busca que las multinacionales se planteen deslocalizar su producción a los países con menor carga arancelaria.

En Alemania, la patronal alemana del sector químico­ industrial VCI advierte que “Los aranceles acordados son muy

elevados, las exportaciones europeas pierden competitividad”.

Para los representantes del sector del acero, sobre el que se mantiene un arancel del 50% el acuerdo alcanzado “sigue siendo dramático”,

En el sector del vino, en el caso español, el comercio de las bodegas podría caer un 10%, según un primer balance del sector. En un tono similar, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), otro de los sectores clave en los intercambios con EE.UU., ha planteado que el acuerdo es “injusto y desequilibrado”, y como no, piden medidas de apoyo y acompañamiento al sector.

En Francia, el primer ministro François Bayrou apunta que es “un día sombrío” para los intereses europeos y que el acuerdo es una “sumisión” a EE.UU. Un panorama en el que las empresas exportadoras europeas adelantan nuevas estrategias de destrucción de empleo para hacer frente al aumento del coste de las exportaciones. En ese escenario, la organización y unidad sindical será más necesaria que nunca para defender los derechos laborales y el poder adquisitivo de los salarios, ya que sabemos que las empresas querrán compensar los aranceles con nuevos recortes laborales.

En España, Pedro Sanchez apoya el acuerdo arancelario aunque “sin entusiasmo”, mientras concluye el curso político sacando pecho de las leyes aprobadas y las dificultades de la derecha para alcanzar acuerdos que pudieran facilitar un eventual cambio de gobierno.

De hecho, la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía, la propuesta de financiación autonómica para Cataluña (extrapolable a otras CCAA), y el anuncio de nuevos avances sociales, en materia de permisos de cuidado de hijos, un nuevo plan de salud mental o la creación de más plazas de FP, prorrogan los acuerdos parlamentarios que sostienen al gobierno, que debiera consolidarse en la negociación de presupuestos generales a partir de septiembre.

El mayor activo del que el gobierno de Pedro Sánchez saca pecho es que por tercer año consecutivo, España es el pais de la UE que más crece. Los datos macroeconómicos y de récord en la creación de empleo son inapelables, aunque otra cosa es la calidad de ese empleo, o como se reparte la creación de riqueza.

En el terreno de las sombras, ya sabemos que la derecha y ultraderecha continúan en su ataque político, mediático y judicial, para deslegitimar al gobierno de Pedro Sanchez. Por poner un ejemplo, es la primera vez en la historia que se “procesa” a un Fiscal General del Estado. En este caso, el motivo es un presunto delito de revelación de secretos, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso que había confesado un delito fiscal. Este es un ejemplo del sesgo derechoso de las instituciones que tendrían que defender el interés general, y no el interés de los delincuentes confesos. Un nuevo caso de “golpe de estado judicial”.

Aún así, el PP dificilmente podrá sacar apoyo parlamentario para derribar al gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de la imputación del Fiscal General del Estado, y de los presuntos casos de corrupción de los ex socialistas Ávalos y Cerdán, ya que aunque ellos solo vean la paja en el ojo ajeno, lo cierto es que ellos tienen una auténtica viga en el suyo

En septiembre deberán afrontar 30 juicios por corrupción, seguir tapando la crisis causada por Mazón en la DANA, y ver como evoluciona el caso Montoro.

Quien sale beneficiado de todo este “guirigay” es la extrema derecha que nutre y se aprovecha

del fango político y de la ausencia de respuestas a las necesidades de la sociedad, en especial, de la juventud que es el colectivo más castigado por la situación económica actual, y por ende, el más vulnerable a los cantos de sirena de la ultraderecha y los populismos.

El curso político termina, pero las necesidades de la clase trabajadora continúan. Hay que prepararse para un otoño intenso: presupuestos, reformas pendientes (como la auditoría a las cuentas de la seguridad social), buscar soluciones a la vivienda en un contexto en el que probablemente nos encontraremos con nuevas tensiones institucionales. Desde la

izquierda el compromiso ha de ser claro: defender los derechos conquistados, garantizar la convivencia y abrir nuevas sendas de progreso.

No queremos acabar esta editorial sobre el final del curso político sin hacer referencia al Genocidio en Palestina, que sigue imparable ante la desidia y titubeos de los países occidentales, mientras que para la clase trabajadora mundial es un clamor mundial parar el genocidio, parar las bombas y parar la hambuna.

Fuerza, resistencia y organización

Redacción de Tribuna Socialista

Editorial: La única salida es girar a la izquierda

Lo que comenzó como “caso Koldo”, los trapicheos de un raterillo que estaba salpicando al ex secretario de Organización de la CEF y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a fecha de hoy, se trata de una trama de corrupción que viene de largo en el tiempo y que se salda, por el momento, con la expulsión de otro secretario de Organización Federal, Santos Cerdán. Esto es lo que sabemos hoy, por las filtraciones de la UCO a la prensa. Pero aun podemos asistir a varios giros de guion.

Este caso, uno más en largo historial de casos de corrupción en nuestro país, deja algunas conclusiones:

La primera es que la corrupción es un mal endémico en nuestro país, directamente proporcional al nivel de poder en que se desarrolla. Los casos de corrupción no son un problema moderno, la información sobre corrupción se remonta, como mínimo, al reinado de los Reyes Católicos, pasando por el de Felipe III y su Duque de Lerma, o los trapicheos del tatarabuelo y el bisabuelo de Felipe VI en Marruecos. De hecho, en la actualidad, la institución monárquica no solo no escapa a esta lacra, sino que es quizá de las instituciones más afectadas; por el volumen de “negocio” que Juan Carlos I El Comisionista ha movido a lo largo de su reinado, de cuyos frutos disfrutó toda la Familia, sin rechistar.

Es necesario reflexionar sobre si la corrupción sería posible en La Corona si hubiese transparencia absoluta en las instituciones que la rodean, en lugar de que estás se dediquen a cubrir y tapar los chanchullos reales. Del mismo modo, difícilmente habría corrupción en los poderes del Estado si la jefatura del mismo fuese íntegra.

La corrupción no es solo económica. También es corrupción que los poderes del Estado, como los jueces, o miembros de las fuerzas armadas, actúen al dictado de “Think Tank” como FAES. Y esto solo se explica porque tras la muerte del dictador, Franco, no se produjo una ruptura con el pasado; de hecho, se amnistió al franquismo. De ahí que el franquismo y los franquistas campen a sus anchas en las instituciones del Estado.

La segunda es que la corrupción se percibe de manera diferente si se produce en los partidos de la derecha o en los de la izquierda, y esto tiene coherencia. El hecho de que en un partido de izquierda se dé un caso de corrupción es contrario a una ideología que dice velar por las libertades colectivas e individuales, la igualdad, la justicia social, el pago de impuestos para sufragar los servicios públicos… Mientras que la ideología de la derecha defiende la “libertad de mercado” el enriquecimiento individual y la privatización de lo público… Por eso, si una alcaldesa del PSOE en Móstoles trocea contratos públicos para evitar los controles administrativos es juzgada por prevaricar e inhabilitada en los hechos, a expensas de sentencia firme. Mientras que, si la alcaldesa es del PP en Arroyomolinos, la imputada recibe todo tipo de “premios” en su partido y en las instituciones: diputada autonómica para estar aforada, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y miembro de la comisión organizadora del Congreso de Feijóo. Este no es más que un simple ejemplo de la “ley del embudo” que opera en este terreno, y en otros.

Queremos dejar claro que la corrupción es un delito deleznable, lo cometa quien lo cometa. Lo deplorable es que en esto tampoco haya igualdad.

La tercera es que un número importante de jueces, y al parecer también de mandos de la Guardia Civil, se vuelcan más o menos en los casos que les llegan en función de si son de una u otra opción ideológica. En los últimos años ha quedado claro que los jueces, los militares, los curas y las monjas, no dejan de ser personas y, por tanto, tienen ideología, por muy apolíticos que se declaren. Sin embargo, al menos de los funcionarios del Estado, cabía esperar que mostrasen asepsia en sus actuaciones profesionales.

Viendo las groseras actuaciones judiciales de jueces como los señores Peinado o Hurtado, lo que también cabe concluir es que hemos pasado de un CGPJ decantado hacia el PP, a un CGPJ pusilánime, que no se inmuta ante las atrocidades de ciertas señorías.

De estas tres conclusiones se desprende que el poder ejecutivo, al estar en poder de la izquierda, está cercado por una buena parte del poder judicial y por otra buena parte del poder legislativo. Y que si no termina de caer es porque los acosadores (PP y VOX) del legislativo solo tienen mayoría en el Senado; no tanto porque los partidos parlamentarios que vienen apoyando la legislatura estén convencidos o coincidan con el Gobierno, como por el rechazo que les provoca un líder de la oposición con un pasado muy oscuro, que preside un partido podrido hasta las trancas, que tiene su punto de apoyo en la derecha franquista y que de llegar al gobierno arrasarían con todos los avances y derechos conquistados y que cuestiona toda identidad que no sea la españolista, así como el concepto de Familia católica. Nada nuevo respecto a anteriores gobiernos del PP.

Para finalizar, abordemos por dónde debería salir el Gobierno.

A quienes ven en la moción de confianza una solución les decimos que habría que someter a confianza al Estado: institución a institución. Y si se le diese la oportunidad de pronunciarse al pueblo a este respecto, difícilmente iba a obtener la confianza alguna de ellas.

La confianza, como el respeto, el prestigio, etc., son fáciles de perder y difíciles de conseguir, pero lo que es seguro es que no se ganan para lo que voten sus señorías en el Congreso de los Diputados. El camino más certero que el Gobierno debiera tomar para recuperar la confianza es el de utilizar los dos años que restan de legislatura para consolidar derechos, como por ejemplo blindar el Sistema Público de Pensiones, defender la Sanidad Pública del desastre en la que la tienen incursa comunidades autónomas como la de Madrid derogando la Ley 15/97, derogar la “Ley Mordaza”, terminar de derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 y poner en marcha de forma urgente un plan de construcción de vivienda pública a medio y largo plazo para combatir el drama de la vivienda entre nuestros jóvenes. Estas entre otras cosas.

Es un paso en la dirección correcta el que Pedro Sánchez haya plantado cara ante la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en La Haya el 24 y 25 de junio, no asumiendo el incremento del gasto militar en un 5%; un antojo más del psicópata de la Casa Blanca. Una vez que la OTAN ha quedado al descubierto que es una estructura militar, al servicio de los USA y sus objetivos imperialistas, es hora de plantearse si esta Organización militar aporta seguridad o inseguridad, si es para la paz o es para la guerra. Así mismo, sería un buen comienzo la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, pues un país debe ser libre para elegir sus aliados, y dice mucho y malo de un Estado que mantiene alianzas con estados criminales y genocidas.

En la misma dirección positiva están las condiciones que el Gobierno ha puesto a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, dada la alta concentración bancaria que tenemos. Y que el Gobierno haya señalado a las grandes empresas de la energía, en las causas del apagón del 28 de abril, que parasitan de la naturaleza para enriquecerse, además de recibir contratos del Estado para servicios que después no cumplen.

Por último, el Gobierno tiene que terminar el proceso de normalización y avance en los derechos de las nacionalidades que comenzó con la valiente Ley de Amnistía, una vez que el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia sobre la constitucionalidad de la ley, desmontando los argumentos del PP y VOX.

Es mucho el trabajo que el Gobierno tiene emprendido y el que le queda por acometer. Mientras tanto, hay que defender al Gobierno y a todos los partidos de la izquierda frente a la jauría que la derecha tiene montada desde el primer minuto de la legislatura. Hoy más socialismo que ayer, pero menos que mañana.

El Comité de Redacción de TS

Editorial: Israel es un Estado genocida: rompamos relaciones con Israel.

El miércoles 14 de mayo, en sede parlamentaria, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que Israel es un Estado genocida, en el contexto de una respuesta al diputado de ERC, Gabriel Rufián. Y tras la farsa de la gala de Eurovisión, el Gobierno ha solicitado una auditoría del voto telefónico, dejando en evidencia que es un programa en el que, por encima de la música, prima el dinero de los sponsor -Israel es uno de los que más invierte en imagen a través de este “concurso” amañado-.

En primer lugar, apoyamos al presidente del Gobierno frente a la enésima tormenta de críticas que recibe. Si hay algo que reprochar a Pedro Sánchez es que haya tardado diecinueve meses en reconocer que Israel es un Estado genocida. Es ciertamente contradictorio que se hayan mantenido, o se mantengan, contratos de compra-venta de armas, munición o tecnología armamentística con un Estado genocida.

Lo importante es que el contrato de compra de balas a Israel, firmado por el Ministerio del Interior, por valor de 6,6 millones de euros fuese paralizado por el presidente del gobierno, aunque inexplicablemente aún no ha sido anulado por el ministerio del Interior, por encima de las consecuencias legales y/o burocráticas que tenga la ruptura; resulta execrable mantener o establecer contratos de productos militares con un gobierno que ha matado a más de 53.000 personas, de entre ellas a más de 17.000 niños y niñas, más las decenas de miles que aun se encuentran desaparecidas bajo los escombros.

Adquiere mucha importancia que el Congreso de los Diputados haya tomado en consideración la reforma de la Ley 53/2007 que permitirá, si la reforma se hace efectiva, el embargo integral de armas a Israel, por ser un Estado investigado por Genocidio y crímenes de guerra. Un debate que se ha extendido a la Unión Europea, donde se abre la posibilidad de reconsiderar el Acuerdo Comercial con Israel.

Lo lamentable es que estas consideraciones y revisiones legales se hagan 53.000 muertos después, y con la perspectiva de que cuando las instituciones europeas o la comisión parlamentaria de nuestro país terminen sus deliberaciones y trabajos, la Franja de Gaza sea un erial, pues hoy ya es un sembrado de cadáveres y destrucción.

En segundo lugar, la sociedad no debería aceptar que la derecha: sus partidos y sus medios de comunicación, justifiquen, incluso hagan campaña a favor de la matanza sistemática que Israel está cometiendo contra la población palestina en la franja de Gaza. Que justifiquen que la población gazatí esté siendo empujada a una hambruna. Esta actitud de la prensa de la derecha no es nueva: el 6 de abril de 1923, ABC publicaba una entrevista a Adolf Hitler, como el 29 de marzo de 1939, este mismo periódico, jaleaba a Franco. Esta y otras portadas están en las hemerotecas. La derecha española y mundial no apoya a Netanyahu por ser judío lo apoyan por ser sionista: una tipología de fascismo excluyente y criminal, creada para la justificación ideológica de la ocupación de Palestina.

No debería ser necesario recordar que Israel es una potencia ocupante de un país que no es suyo. Lo que lo viene haciendo desde hace más de 75 años, a base de guerras, asesinatos, persecuciones, expulsiones y ocupaciones de tierras, a pesar de las resoluciones de la ONU y vulnerando el derecho internacional. Si bien es cierto que, a lo largo de todo este tiempo, ha contado con el apoyo económico y militar de los Estados Unidos de América y con la pasividad de los gobiernos europeos, de todos.

Volviendo al reconocimiento de que Israel es un Estado genocida, por parte del presidente del Gobierno, hay que resaltar la importancia de estos nuevos pasos de nuestro Gobierno y de los grupos parlamentarios, excepto los franquistas de PP y VOX, pues el hecho de que hasta ahora no se reconociese explícitamente esta obviedad ha provocado que muchas movilizaciones no se celebrasen en unidad, o al menos de forma coordinada, pues unos días convocaban los que desde octubre de 2023 han visto en la reacción genocida de Israel a los hechos del 7 de octubre una justificación para avanzar en la ocupación de Palestina y quienes convocaban en fecha diferente por la paz y para llamar a parar la guerra -una guerra inexistente, en tanto que no hay dos ejércitos, pues la inmensa mayoría de las víctimas son civiles inocentes e indefensos-, pero sin calificar de genocida los bombardeos y ataques del ejército de Netanyahu. Bienvenida sea la afirmación del presidente Sánchez si ayuda a que la unidad en la movilización se imponga.

Dado el paso de reconocer que lo que Israel está cometiendo es un genocidio y tras haber sido amonestada la embajadora de España en Israel, por coherencia, y para pasar de las palabras a los hechos, lo que corresponde es que España rompa relaciones diplomáticas, y de todo tipo, con ese Estado criminal. Porque no se puede justificar que un país democrático mantenga relaciones comerciales, militares, deportivas, diplomáticas o culturales con un Estado que practica el genocidio. De la misma manera, el Gobierno español debería sumarse plenamente a la demanda por genocidio que Sudáfrica interpuso contra Israel en la Corte Penal Internacional.

La izquierda, política, sindical y asociativa debe salir unida a la calle a rechazar esta tropelía histórica. La actitud contemplativa de la izquierda es lo que está permitiendo en avance de la derecha y la extrema derecha. Es muy importante que las organizaciones sindicales de clase comiencen a discutir la necesidad de convocar una movilización unida, estatal, por el fin del Genocidio.

Si la mayoría de la sociedad no percibe a los partidos de izquierdas difícilmente les va a votar mayoritariamente en las contiendas electorales. Es lo que ha ocurrido en Rumanía y en Portugal este mismo mes de mayo, y lo que está ocurriendo en toda Europa. La izquierda está difuminada, tanto que aparece como una opción política subordinada al ideario de la derecha.

No son cuestiones menores o de forma, son cuestiones de principios donde no se percibe la determinación necesaria. Por citar algunos ejemplos:

  • En relación con la paz y el respeto a los derechos humanos, es clarísimo el caso del genocidio al que está siendo sometido el pueblo palestino, más concretamente los y las habitantes de Gaza.
  • Ocurre lo mismo con la defensa de los servicios públicos, como la Sanidad ¿por qué no se deroga la ley 15/97 que permite la privatización de la Sanidad Pública?
  • ¿Por qué se sigue fomentando y avalando la Educación concertada? ¿por qué el Estado continúa dando dinero público a la Iglesia (382,4 millones de euros en 2024, vía IRPF. En 2020, los centros educativos vinculados a la Iglesia recibieron 4.326 millones de euros, el 62% de todo el dinero público destinado a la Educación concertada).
  • ¿Por qué no se exige a la banca que devuelva los más de 100.000 millones de euros de dinero público que se les dio para el saneamiento -65.000 en dinero a distintas entidades más los 35.000 millones de la SAREB-?
  • ¿Por qué no se realiza la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal como establece la ley 21/2021, para devolver a la caja de las pensiones públicas todo el dinero que el Estado ha utilizado indebidamente desde 1967?

Son demasiados “por qué” sin responder que unidos al deterioro de las condiciones de vida y trabajo que sufre la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras, junto al drama de la vivienda que soporta la juventud, hace que la percepción mayoritaria sea de orfandad política para esa mayoría social que, por su condición económica, debería ver defendidos sus intereses por las organizaciones que fueron creadas para ello.

Con todo esto y en las condiciones actuales resulta insensato el aumento del gasto militar, máxime cuando Ucrania y Rusia comienzan a hablar para iniciar negociaciones de paz. Continuar enviando armas es alimentar la guerra, es decir, es ir en sentido contrario. Y no solo por el hecho de que incrementar los gastos en Defensa vaya en detrimento de los gastos en servicios públicos fundamentales, sino porque se lanza el mensaje de que la guerra es inevitable. Ya conocemos quienes ponen los muertos en las guerras; como en los frentes de Ucrania y Rusia, los muertos los ponen las familias trabajadoras para salvaguardar los intereses y beneficios de oligarcas y multinacionales, para beneficio de los fabricantes de armas, etc.

Dice el proverbio que “rectificar es de sabios”. Estamos a tiempo de rectificar, aunque ya nadie le vaya a devolver la vida a las decenas de miles de muertos que ha provocado el Estado sionista de Israel.

El Comité de Redacción

Editorial: ¡La vivienda es un derecho, no un negocio!

El acceso a la vivienda se ha convertido en un tema crucial en España, en un problema de primera magnitud; particularmente para los y las jóvenes de nuestro tiempo. Los precios de alquiler y compra han aumentado tanto que es materialmente imposible para un joven, para una persona que vive sola o para familias trabajadoras en situación de vulnerabilidad económica acceder a un hogar, en contra de la palabrería del artículo 47 de la Constitución.

Este fenómeno se debe a varios factores, entre otros:
•La alta demanda en áreas urbanas
•La escasez de oferta de vivienda asequible provocada por el aumento de oferta de pisos turísticos
•La creciente inversión en el sector inmobiliario de fondos buitre, que utilizan la vivienda como un bien escaso con el que hacer negocio.
•Que la vivienda se haya convertido en un valor refugio, como una derivada de la presión del capital financiero.
•La indecisión política para intervenir en los precios de venta y alquiler.para establecer políticas efectivas de construcción de vivienda pública.
•El fomento de la gentrificación desde muchos gobiernos municipales y autonómicos, en particular los gobernadas por la derecha.

La situación se ve agravada por el estancamiento de los salarios y la precariedad laboral, lo que hace que la vivienda sea un derecho en riesgo para muchas personas.

«El acceso a una vivienda digna es hoy dia un derecho imposible para la mayoría social»

La Ley de Vivienda y sus consecuencias
Uno de los principales objetivos de la ley era frenar el aumento desmedido de los precios de alquiler. Sin embargo, se ha observado que, en algunas áreas, los alquileres continúan incrementándose, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. Esto plantea dudas sobre la capacidad de la ley para regular los precios de manera efectiva.

A pesar de los esfuerzos, la regulación presenta numerosas deficiencias. Algunos propietarios evaden la ley mediante prácticas poco claras, como incrementos ocultos en los costos, contratos en negro, el alquiler por habitaciones o derivar la vivienda a uso turístico. ¡Hecha la ley, hecha la trampa!

Los sectores más vulnerables enfrentan las peores consecuencias. A menudo, son los inquilinos con menos recursos quienes sufren el impacto del aumento de precios o la falta de disponibilidad de viviendas asequibles. Además, muchas familias se ven forzadas a abandonar sus hogares debido a la presión económica, lo que agrava la crisis de la vivienda en el país. Las propuestas de vivienda social y ayudas gubernamentales todavía son insuficientes para satisfacer la demanda existente.

Las generaciones más jóvenes en España enfrentan serias dificultades para acceder a la vivienda, exacerbadas por la precariedad económica. Muchos jóvenes se ven obligados a vivir en casa de sus padres o a compartir piso debido a salarios bajos y contratos temporales que limitan su capacidad de ahorro.
El informe del Consejo de la Juventud de España »Un problema como una casa» revela algunos datos demoledores:

-Un 27,4% de los jóvenes se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social.
-Los jóvenes nacidos desde el año 2000 tienen una situación económica un 40% inferior a los jóvenes que nacieron en los años 60.
-La edad media de emancipación es de 30,4 años frente a los 26,3 de la media europea,
-El sueldo medio de un joven de 30 años es de 1.005 euros, por lo que solo para poder tener una vivienda ha de destinar más del 100% del salario.
-Como consecuencia de los precios y los salarios, un 87% de los jóvenes comparte vivienda. Cerca del 42% la comparten con 3 o 4 personas.

Las cifras son claras: las condiciones de vida de la juventud son inadmisibles. Es necesario actuar: Acabar con la especulación, incrementar la oferta de vivienda pública, bajar los alquileres y subir los salarios constituyen un paquete de medidas de primera necesidad para la clase trabajadora.

El problema para acceder a una vivienda va más allá de un problema económico, deriva en un problema social muy grave como es la frustración de la necesaria emancipación de los las jóvenes. Una meta que en las generaciones pasadas era sinónimo de libertad.

«Las condiciones de vida
de la juventud son inadmisibles»

Manifestaciones del 5 de abril.
Más de 40 organizaciones, entre las que se encuentran el sindicato de inquilinos e inquilinas de Madrid y el sindicat de llogateres de Catalunya, convocaron movilizaciones que tuvieron lugar el 5 de abril para gritar que la “vivienda no es un negocio” y reclamar medidas urgentes al gobierno. Las manifestaciones tuvieron el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO y fueron secundadas por decenas de miles de personas en las principales capitales de España.

En una declaración conjunta de los sindicatos mayoritarios se sitúa la vivienda como una prioridad absoluta para nuestra sociedad.

«La gravedad del problema nos obliga a situar el derecho a la vivienda como una absoluta prioridad»

Falta una política estatal de vivienda ambiciosa.

Algunos de los comentarios en las manifestaciones eran “el gobierno ni está ni se le espera”. Mientras tanto, el Plan de vivienda en alquiler asequible del gobierno de progreso prevé la construcción de 184.000 nuevas viviendas de alquiler, claramente insuficiente si se tiene en cuenta que, según las cifras del Banco de España, serían necesarias más de 800.000 nuevas viviendas públicas.

«El Plan de vivienda del gobierno prevé 184.000 nuevas viviendas. El Banco de España sitúa en 800.000 las viviendas que serían necesarias en la actualidad»

Los ayuntamientos no tienen herramientas para hacer frente a la especulación de la vivienda, y algunos de ellos, como el de Madrid, mira descaradamente hacia otro lado ante las viviendas turísticas ilegales. Al recargo en el IBI de los grandes tenedores de supuestos pisos vacíos, le ha seguido un “desmembramiento” de fondos buitre en pequeños fondos buitre para eludir el calificativo de “grandes tenedores”.

En algunas ciudades se empiezan a escuchar alternativas más ambiciosas: expropiar las viviendas en poder de los fondos buitre y cuadruplicar la oferta pública de vivienda prevista por el gobierno. Claro que para ello hace falta cuadruplicar el presupuesto social en vivienda e iría en detrimento del aumento presupuestario en “rearme” y, por tanto, en detrimento de los compromisos adquiridos con la UE, la OTAN y Estados Unidos.

«Los fondos buitre se han dividido en pequeños fondos para eludir el calificativo de «grandes tenedores» y, por tanto, el recargo del IBI que los ayuntamientos pueden aplicar sobre los pisos vacíos»

La falta de vivienda asequible se ha convertido en el mayor problema de la juventud y la sociedad en general. El gobierno de progreso debe general. El gobierno de progreso debe ofrecer alternativas, y las actuales son claramente insuficientes. Aumentar exponencialmente la oferta pública de vivienda, eliminar la posibilidad de especulación de la vivienda, el aumento de los salarios y la disminución del coste de la vida son políticas de primera y urgente necesidad para la mayoría social de nuestro país.

«Expropiar los fondos buitre y cuadruplicar la oferta de vivienda son algunas de las alternativas que se reivindican en la calle»

El presupuesto comprometido en vivienda en el año 2024 fue de 1.738 millones (el 60% de lo presupuestado). Cuadruplicarlo significaría una inversión de 6.952 millones de euros.

«El aumento del presupuesto que sería necesario para vivienda es de 6.952 millones de euros. El aumento del gasto comprometido en seguridad y defensa nacional es de 10.471 millones en 2025»

El aumento del presupuesto en seguridad y defensa nacional, anunciado hace pocos días por Pedro Sánchez, es de 10.471 millones de euros que nos llevará a alcanzar el objetivo del 2% del PIB dedicado a defensa, comprometido con la UE.

Parece claro que aunque el gasto en seguridad y defensa no conllevará subidas impositivas, mayor endeudamiento o recortes para las actuales partidas de gasto social o medioambiental, sí que entra en colisión con el presupuesto necesario para dotar las partidas sociales de suplementos de presupuesto necesario para satisfacer las necesidades de la mayoría social.

Comité de redacción de TS

Editorial: La primera víctima de la guerra es la verdad

Una vez más y casi repentinamente las instituciones europeas y nacionales nos intentan convencer de lo contrario que nos han dicho durante décadas.

Le llaman “rearme”, cuyo antónimo es “desarme”. Es un término que a nuestro presidente del Gobierno no le gusta, quizá porque en castellano es muy explícito y no facilita que la sociedad se lo trague sin más. Se dice que fue Esquilo quien acuñó la frase “la primera víctima de la guerra es la verdad”. Con independencia de si fue o no su autor el dramaturgo griego, de lo que no cabe duda es de que es una frase certera.

Hay demasiadas prisas y muchos interrogantes sin responder. La ceguera de los pueblos, ante las propuestas de salvación de sus dirigentes, ha costado muy cara a lo largo de la historia. Los dirigentes de las instituciones supranacionales, como la OTAN o la Comisión Europea vienen haciéndose eco de lo que desde Washington se lanza como amenazas e imposiciones; mensajes que no son nuevos, aunque sí en su forma y tono. Veamos:

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, tan solo 72 horas después de que Trump tomara posesión de la presidencia de los Estados Unidos de América (EE.UU.), el pasado 20 de enero, instó: “a los aliados occidentales de Ucrania a brindar más apoyo a Kiev, asegurando estar de acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump, quien exige que los países miembros de la alianza aumenten su presupuesto de Defensa del 2% al 5% de su PIB.”

Por su parte, Úrsula von der Leyen, unas semanas después, decía “Puede que la amenaza de guerra no sea inminente, pero no es imposible”. Y, a primeros de marzo, su Comisario de Industria, el Sr. Thierry Breton, ha declarado que “Necesitamos cambiar el paradigma y pasar al modo de economía de guerra”.

Basten estos tres ejemplos concretos de esta campaña de “sensibilización” para hacernos algunas preguntas fundamentales, antes de tomar posición.

Estos dirigentes institucionales, aunque hayan cambiado los sujetos, son quienes nos llevaron a la gran crisis de 2008, por ende, no deberían gozar de demasiada credibilidad. Han tenido algunas décadas para velar por la independencia económica y militar de Europa, y no lo han hecho ¿Por qué ahora?, ¿por qué la prisa?

A lo largo de la historia, en el s. XIX y en el s. XX, respectivamente, ha sido Francia y Alemania quien ha intentado invadir Rusia. Por otro lado, mientras Europa gastó en defensa 326.000 millones de euros, Rusia, en el mismo ejercicio económico -con la guerra en curso en Ucrania- gastó 111.000 millones de euros ¿Es creíble la amenaza de Rusia a Europa?

Si se trata de ser independientes de los EE.UU. ¿Por qué nadie dice con claridad que Europa se rearmará con industria propia y no seguirá gastando entre el 60% y el 80% de su gasto en defensa siendo cliente de la gran industria de armamento estadounidense?

También nos tocan por el lado de la moralidad y la ética al hablarnos de la importancia de defender los valores y principios de la cultura europea ¿Defendemos los valores de la cultura europea manteniendo relaciones diplomáticas y económicas, incluido el comercio de armas y/o tecnología para la guerra, con un Estado fascista que ha exterminado ya a más de 50.000 personas en Palestina, y que ha creado una oficina para preparar la limpieza étnica de Gaza?

Estas son solo algunas de las muchas cuestiones que hacen imposible apoyar el incremento del gasto en Defensa, y da lo mismo si es un 2, un 3,5 o un 5%; no solo es la cantidad, es el para qué.

Las instituciones españolas, incluidas las valencianas, desde el jefe del Estado hasta el último ayuntamiento, no han invertido en las infraestructuras hidráulicas que hubiesen evitado muchas muertes en la DANA del pasado mes de octubre. En pandemia se hubiesen evitado miles de muertes si se hubiese ido incrementando el gasto en Sanidad, en lugar de lo contrario, por ejemplo: en Madrid no se hubiesen colapsado las urgencias o se habría podido medicalizar las residencias de mayores. Desde hace décadas se dejó de construir vivienda pública, y ahora hay millones de jóvenes que ven frustrado su derecho a la emancipación. Y así podríamos citar otros ejemplos que evidencian que las prioridades de los pueblos van por un lado y las de las instituciones por otro. Nunca es el momento de invertir en la necesidades y prioridades de la mayoría de la sociedad, para eso nunca hay dinero. Pero ahora, de repente, hay que destinar a la industria de la muerte 800.000 millones de euros, mientras se escatima para la Salud, la Educación, las Pensiones o la Vivienda.

El trampantojo es que nos venden el miedo a la guerra la urgente necesidad de rearmarnos, cuando en realidad se trata de seguir los dictados de las administraciones estadounidenses, incluida la actual.

El Gobierno de coalición, con sus dos cabezas visibles: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, podría actuar de otra manera. Por ejemplo, en la estela de Zapatero, cuando nos sacó de la guerra de Irak repatriando de inmediato a las tropas destinadas sobre el terreno y negarse al incremento del gasto militar. Ese esfuerzo en el gasto bien podría dedicarse a la sanidad, la enseñanza pública, la construcción de viviendas, la inversión en infraestructuras, la subida de las pensiones… El mejor antídoto democrático frente a la ola reaccionaria y de extrema derecha, sería convertirse en adalid de la paz ante los pueblos de Europa. Son muchos los socialistas -con o sin carné- que esperarían algo así, y no que se convierta en un vasallo más de los planes de guerra de Trump.

El Partido Socialista, y todas las organizaciones políticas y sindicales que se reclaman de la defensa de los trabajadores y la mayoría social, deberían abrir este debate entre sus bases y en el conjunto de la sociedad, pues es debatiendo como se forma y madura una sociedad libre.

El conocimiento es un arma necesaria para evitar la manipulación.

El Comité de Redacción

Editorial: El siglo de las crisis

Parafraseando el título de la novela de Alejo Carpentier, hoy, más que luces estamos en “el siglo de las crisis”. Un encadenamiento de hechos que no permiten atisbar un horizonte de próspera tranquilidad, sino más bien todo lo contrario.

Comenzamos el nuevo milenio con el cambio de moneda para doce países de la Unión Europea (UE). El 1 de enero de 2002 comenzó a circular el euro. Repentinamente, productos que costaban 100 pesetas pasaron a costar 1 euro, sin que muchas personas hubiesen tomado conciencia de que 1 euro era el equivalente a 166,386 pesetas.

Sorprendentemente, y solo explicable por el arte de los cocineros de la estadística, el año 2002 cerró con un incremento del IPC del 4%, mientras que los salarios de los 3.797 convenios colectivos que se negociaron aquel año se incrementaron, en promedio, un 3%, el SMI y las pensiones se revalorizaron en un 2%. La entrada en funcionamiento del euro no fue en sí misma una crisis, pero si provocó que el hecho ocasionase una pérdida de poder adquisitivo para las rentas del trabajo.

El principal objetivo era competir con el Dólar. Las consecuencias fueron, además de un fuerte incremento de los precios, que los países que se adaptaron al Euro tuvieron que realizar un proceso de recortes para reducir el déficit público. El resultado fue una mayor estabilidad para el capital, dado que se evitaba la fluctuación de la moneda, con sus periódicas devaluaciones; que afectan por igual a las rentas del capital que a las rentas del trabajo. A partir de entonces, las rentas del capital evitaron las devaluaciones, mientras las rentas del trabajo se devalúan por el alza de los precios.

La brutal crisis que comenzó a finales de 2007 fue la combinación de una crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Las consecuencias: pérdida de empleo, cuyo techo se estableció en el primer trimestre de 2013, al alcanzar un 26,94% de paro (más de 6.200.000 desempleados); desahucios; en aquel mismo trimestre se produjeron más de 18.000 desahucios: 11.200 por impago de alquiler y 7.300 por impago de hipoteca. Entre 2008 y 2013 casi 500.000 autónomos perdieron sus negocios.

El origen de aquella crisis combinada estuvo en la Ley del Suelo de 1998, la que abrió la barra libre a la recalificación de terrenos, y la propaganda económica de que el crecimiento económico era poco menos que ilimitado, aunque la realidad era que se estaba en plena economía de engaño y casino, con las Hipotecas Subprime: créditos otorgados a clientes potencialmente insolventes, con fines especulativos, y que fueron mezcladas con otros productos financieros de alto riesgo, como los: CDO, MBS, CDS, ABS… siglas que esconden productos financieros especulativos que fueron comercializados de forma generalizada, muchas veces con engaño, llegando a la estafa en el caso del delincuente de las finanzas Bernard Madoff. En nuestro país tomó la forma de “acciones preferentes”.

Las medidas que se tomaron fueron brutales contra los derechos de la mayoría social: Las reformas laborales de 2010 y 2012 y la “Ley Mordaza de 2015”. Aún no derogadas en todo o en parte.

Paradójicamente, el PP, partido que impuso la Ley del Suelo que provocó la burbuja inmobiliaria fue premiado por los electores con una mayoría absoluta en las elecciones de 2011. Y a los especuladores se les prestaron más 100.000 millones de euros de dinero público que nunca han devuelto.

La crisis del COVID-19 casi se encadenó con los últimos años de la crisis económica en 2020 y 2021. En febrero de 2021 volvimos a rebasar los 4 millones de desempleados. En esos dos años, las pensiones se revalorizaron en un 1,8% y los salarios en el 3,22%, mientras que el IPC acumulado de aquellos 24 meses superó el 6%. Una nueva pérdida de poder de compra del 4,2 y del 2,8% respectivamente.

La crisis que desató el incio de la Guerra en Ucrania en febrero de 2022 ha tomado la forma de una ola inflacionaria que se va a encadenar con la guerra de aranceles que en estos momentos está tomando cuerpo, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En el quinquenio 2020-2024, el IPC acumulado ha sido del 16,32%, las pensiones se han revalorizado el 16,10% y los salarios el 12,53%, en promedio. Estas diferencias son respecto al IPC general. Los precios de la vivienda, en el mismo periodo, han crecido el 26,9%. Datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), dicen que los precios de los alimentos subieron en promedio para el periodo 2020 a 2023, un 38%, destacando productos como el aceite de oliva virgen extra que llego a incrementarse hasta un 225% en esos tres años.

Los datos nos dicen que el común denominador de estas crisis consecutivas ha sido la pérdida de poder de compra de salarios y pensiones.

Ahora llega el alza en los aranceles, y esa alza no le quepa duda a nadie que se repercutirá en los precios de los productos afectados. Se está barajando una horquilla de entre el 10% de incremento en el caso de una situación negociada, hasta una imposición del 25% en caso de no acuerdo. Otra consecuencia potencial de esta guerra arancelaria es la pérdida de empleo.

Los estados, como con la introducción del euro, piensan en medidas económicas para salvaguardar los intereses de sus capitales, haciendo recaer las consecuencias en los consumidores finales, lo que supone un saqueo de las rentas del trabajo.

A esta crisis potencial de los aranceles se le suma otra amenaza que puede repercutir en los servicios públicos. Se trata del incremento del porcentaje del gasto en Defensa. En 2024, España destinó a gasto militar el 1,28% del PIB, que son 16.000 millones de euros. Esta cifra se ha duplicado en estos últimos años: en 2019 el presupuesto para Defensa fue de 8.401 millones de euros, que equivalía al 0,6% del PIB. Esto supone un crecimiento del 90,4%.

PIB en del Estado español ha crecido hasta los 1,593 billones, por lo que el 3% del PIB destinado a Defensa supondría destinar 47.790 millones de euros y si la cifra fuese la exigida por la Administración estadounidense, el 5%, la cantidad alcanzaría los 79.650 millones de euros, lo que supondría un incremento del 398% del gasto para la guerra.

No se trata de buscar un término medio. La disyuntiva no está en aplicar un 3% o un 5% del PIB a defensa. La verdadera cuestión es si estamos dispuestos a renunciar a los derechos que nuestra clase social han conseguido en décadas de lucha. La decisión es apostar por la paz o fomentar la guerra, tras la cual se esconden los intereses de oligarcas y multinacionales (animamos a leer la Declaración que emitió ASTRADE el pasado día 24, con motivo del tercer aniversario de la guerra en Ucrania).

En cualquier caso, se una u otra cifra, esa decisión nos llevaría a tener que recortar de otros gastos, y la experiencia nos señala que volveríamos a vivir un proceso de recorte en los presupuestos de Sanidad, Educación, Pensiones, Dependencia, Vivienda pública, infraestructura… bien de forma directa recortando las partidas de gasto en los presupuestos –como ha sugerido el secretario general de la OTAN, a las órdenes de Washington-, bien de forma indirecta si el gasto en defensa se realiza con deuda pública, aunque no compute en el déficit público -una posibilidad que ya valoran los economistas de la UE-, pues acto seguido nos recordarían que el artículo 135.3 de la Constitución nos obliga al pago de la deuda y sus intereses, sobre cualquier otros gasto.

Es de todo punto absurda la lógica de la política que sumisamente asume la UE, cuando, formalmente protesta y dice que dará respuesta a la agresión arancelaria de Trump, pero ya están asumiendo el incremento del gasto en defensa. Sabiendo que el gasto militar de los USA está en el 3,5% de su PIB, Trump tiene en ese entorno su objetivo, por tanto, es inaceptable el juego de “te exijo el 5 para que tragues con el 3”. Es aceptar de hecho, por mucho que se patalee, lo que Trump está exigiendo: incrementar el presupuesto en defensa y continuar enviando armas a Ucrania.

El despropósito sería el deterioro del gasto en Sanidad, y en otros servicios públicos, dejándonos desguarnecidos ante otra posible crisis sanitaria como la del COVID-19, desprotección y falta de previsión que ya quedó evidenciada en 2020, como la falta de inversión y previsión en infraestructuras ha dejado en evidencia a las instituciones con la tragedia de la DANA.

Esta situación nos llevaría a profundizar en el bucle: recorte del gasto en servicios públicos/privatización de los servicios públicos.

El horizonte temporal es muy negativo para los y las jóvenes, para los trabajadores y pensionistas, en definitiva, para la mayoría de la sociedad. Es necesario que las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda rompan con la lógica del mercado, lógica que nos lleva a la ruina y la barbarie y que vuelquen todos sus esfuerzos en la defensa de los intereses de la mayoría social. Hoy, esos intereses están siendo defendidos por los movimientos sociales que se manifiestan en las calles exigiendo respeto a los servicios públicos, el derecho a la vivienda y/o justicia para los crímenes cometidos por gobierno como el de Madrid con los 7291 ancianos muertos en las residencias y el de la Comunidad valenciana con 224 muertos y 3 desaparecidos.

El destino no está escrito, evitemos el peor de los destinos.

El Comité de Redacción