Ayer fueron las pensiones, hoy las residencias, mañana volverá a ser la Sanidad.
Miles de personas han salido a las calles de Madrid, este 26 de noviembre, por segundo día consecutivo; ayer fueron miles quienes se manifestaron en contra de la violencia machista, hoy han sido miles quienes ha salido a denunciar que “no fueron muertes, que fueron asesinatos”, los 7291 fallecimientos que se produjeron en las residencias de Madrid, en los primeros meses de pandemia.
Familias de los y las fallecidas, y personas que en solidaridad se han sumado a la marcha, han recordado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (IDA), del PP, les negó la asistencia sanitaria hospitalaria, vulnerando de este modo la Constitución del 78 que tanto defienden, en sus artículos 15 y 43, pues, ¿acaso no fue se les negó “el derecho a la vida y a la integridad física”, cuando se les dejó abandonados a su suerte, sin medidas paliativas siquiera? ¿No fue “inhumano y degradante” dejar que se asfixiaran sin ningún acompañamiento ni intento de minimizar su agonía? ¿Tutelaron los “poderes públicos y organizaron la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”?
Una parte mayoritaria de los y las jueces y fiscales parece que ha decidido dedicarse más a hacer el quite a la derecha, su opción ideológica, que a servir a la justicia. Los vericuetos jurídicos y judiciales, dejan impunes a los malhechores y sus decisiones políticas criminales, no solo negligentes: fiscales que no han escuchado a las familias ni a las trabajadoras de las residencias; juzgados que archivan las causas sin abrir juicio oral… Solo la presión social de las familias de las víctimas, su presencia en algunos medios de comunicación, el hecho de haber llevado su justa causa a las instituciones europeas… esta haciendo que casi cuatro años después se abran causas con Ayuso y su Gobierno, por los protocolos de la vergüenza, los que negaron la asistencia sanitaria hospitalaria a miles de residentes en las residencias de Madrid.
En la manifestación de hoy, no solo han reclamado “Verdad y Justicia”, han exigido una Ley marco estatal
que regule el funcionamiento de las residencias, que se ponga freno al negocio por el cual se maltrata a decenas de miles de ancianos y ancianas. Cuando un servicio público se pone en manos de la iniciativa privada, el objetivo deja de ser el bienestar de los ciudadanos y ocupan su lugar la avaricia y el lucro de los accionistas, de y los fondos buitre, a quienes la salud, el bienestar y la vida digna les trae sin cuidado.
La privatización de los servicios públicos se ha convertido en un verdadero cáncer de la sociedad actual: colegios, hospitales, residencias… donde el beneficio impone el recorte de personal y de las condiciones de trabajo, de la calidad de los alimentos y de su cantidad, entre otras cosas. Ciertos políticos ceden, vergonzosamente, ante los lobbies de las grandes corporaciones y los fondos de inversión. Los hay más desvergonzados, si cabe, como la señora Ayuso, que van en busca de esos grupos de interés económico, que viajan a Estados Unidos y otros países, para ofertar al “mejor” postor hacerse cargo de servicios públicos que ella está predispuesta a privatizar.
Los ciudadanos y ciudadanas, como hoy, como en las macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública, organizadas el espacio de Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid, o como las grandes manifestaciones organizadas por el movimiento estatal de pensionistas, tiene que echarse a la calle a defender lo que es suyo. Nadie debería olvidar que los servicios públicos se financian y construyen con nuestros impuestos directos, cada mes que nos descuentan el IRPF de la nómina; y de los indirectos, cada vez que compramos algo y nos aplican el IVA; además de otros impuestos y tasas, como el IBI, ese del que la Iglesia está exenta.
Reclamar justicia, como reclamar que lo público no se privatice y/o que se desprivatice lo privatizado, es hacer mejor esta sociedad bárbara.
En el verano de 2019, tras años de lucha por separado, con la constatación de las precarias circunstancias que rodeaban el modelo de residencias en todo el estado español, surge la idea de crear una Marea de Residencias con el propósito de unir fuerzas para conseguir unas condiciones de vida dignas en las residencias. Desde el momento de su constitución en Asamblea, nos regimos por unos principios básicos que nos definen como movimiento:
Aglutinante, no excluyente: todas las personas o agrupaciones que sumen serán bien recibidas dentro de la Marea, siempre que compartan el objetivo que nos impulsa.
Respetuosa: se mostrará siempre el debido respeto hacia el resto de los miembros que integren este movimiento. Promoviendo activamente la conciliación y no incentivando debates o polémicas innecesarias que no sean constructivas.
Apartidista: como grupo, al margen de las tendencias e ideologías personales de sus integrantes, no nos representa ningún partido.
Política: entendiendo como política las acciones o leyes que parten de las instituciones y que afectan directamente las condiciones de vida en las residencias. Nuestro objetivo es conseguir que se apliquen políticas apropiadas a los intereses de las personas residentes, titulares del derecho, y al personal que trabaja en las residencias y no de las empresas que las gestionan.
Asamblearia: las decisiones se toman en asamblea, por consenso o por mayoría.
Reivindicaciones principales…
Todos los ciudadanos en situación de dependencia o necesidad, tenemos derecho a una plaza residencial pública de financiación total.
El modelo residencial debe ser una elección, no una imposición del sistema por falta de alternativas.
Debe haber un parque suficiente de residencias públicas de gestión directa con unos estándares de calidad, basadas en la “atención centrada en la persona”. NO nos posicionamos en contra de las residencias 100% privadas, siempre que no se financien con dinero público.
La Administración ha de garantizar los derechos fundamentales de las personas, salvaguardando su intimidad, dignidad y teniendo en cuenta sus gustos y preferencias.
Lxs trabajadorxs de las residencias han de tener unas condiciones laborales dignas, una remuneración adecuada al servicio que prestan a la sociedad.
La dotación de personal ha de ser suficientemente amplia por categoría y turno, para que los tiempos de dedicación a cada residente garanticen la excelencia en la atención y los cuidados. (Desde Marea de Residencias NO hablaremos nunca de «ratios«, sino de «dotación de personal» presencial en cada turno).
Expresamos nuestro absoluto rechazo a las políticas privatizadoras que se han venido aplicando hasta ahora en materia de residencias.
Exigimos al Gobierno del Estado un marco legal estatal, una LEY DE RESIDENCIAS que garantice los derechos y la dignidad de las personas en las residencias.
Antes de la Pandemia
El 23 de noviembre de 2019, se convocó una gran manifestación en Madrid, a la que acudieron colectivos de familiares y trabajadoras de otras CCAA. En la Puerta del Sol leímos nuestro manifiesto que comenzaba así:
“Estamos aquí para denunciar la precarización absoluta que sufre el sistema de Residencias en todo el Estado. Debido principalmente a la inacción o acción interesada de los distintos estamentos RESPONSABLES, que han cedido la gestión de un DERECHO FUNDAMENTAL, la DIGNIDAD, a los Depredadores de lo Público. Causa directa de un trato infame a los Residentes y la precariedad laboral y asistencial de un sector mayoritariamente feminizado. Desviando el sistema que debiera ser de Respeto y Cuidados, hacia un sistema focalizado en la extracción de beneficios.”
Como ejemplo, algunos titulares que solían aparecer demasiado a menudo en prensa o televisión, pero que suelen abordarse como si fueran casos puntuales aunque nunca lo son.
LLEGÓ LA PANDEMIA A LAS RESIDENCIAS
Marea de Residencias se organizó para celebrar asambleas telemáticas. No paraban de llegar denuncias de familias que no obtenían información de lo que estaba pasando dentro de las residencias ni de cuál era la situación de su familiar, o de trabajadoras que pedían ayuda para recibir mascarillas y denunciaban una situación absolutamente dantesca.
A finales de marzo decidimos impulsar querellas criminales contra los gestores de las residencias y los gestores de las Administraciones (gobiernos de las CCAA). Para ello abrimos un formulario en la web donde podían hacernos llegar sus testimonios tanto familiares como trabajadores. Llegamos a recibir unos cuatrocientos formularios de familiares y cerca de 50 de trabajadores. El 90% de los formularios que nos llegaron procedían de la Comunidad de Madrid, de ahí el motivo por el que los abogados se centraron en construir la querella con los datos recabados de dicha Autonomía.
Con mucho trabajo y dedicación, se presentaron las primeras 26 querellas en mayo de 2020, dirigidas contra los gestores de cada residencia y contra los Consejeros de Justicia y Sanidad, Enrique López López, Enrique Ruiz Escudero y contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Dos días después cesaron al firmante de los Protocolos famosos, que excluían de la atención en hospitales a todas las personas que vivían en residencias y tenían un grado de dependencia.
No se medicalizaron las residencias, aunque habían anunciado que lo harían. Construyeron el hospital de campaña en IFEMA y no lo usaron para atender a los más vulnerables: los enfermos de las residencias (solo pasaron 23 personas residentes y no estaban graves). Tampoco se utilizaron las camas libres de los hospitales privados que el decreto del estado de alarma ponía al servicio de las CCAA.
Después de tres años y medio, seguimos buscando justicia y no pararemos hasta encontrarla.
¿Qué ocurrió tras las primeras olas de la Pandemia?
En tan solo dos meses, murieron más de 20.000 personas en las residencias españolas, la mortalidad más alta de Europa, solo comparable a Italia. En la Comunidad de Madrid fallecieron cerca de 9.500 personas en esos dos meses y, según cifras oficiales, 7.291 personas fallecieron de forma indigna y cruel dentro de las residencias sin ser derivadas a hospitales y sin recibir ninguna atención sin recibir atención.
A pesar del drama que arrasó en las residencias, las personas que sobrevivieron a ese horror, que perdieron a sus compañeras o compañeros, que sufrieron el peor de los confinamientos en habitaciones de 5 m2, sin televisión, sin móviles, sin entretenimientos, aislados de sus familias, continuaron siendo discriminadas. Se les privó de visitas durante muchos meses. Cuando los demás ya habíamos vuelto a nuestras rutinas, a vivir…a ellas y ellos se les siguió privando de sus derechos, de su vida. No se activó ningún sistema de atención psicológica, ningún tipo de fisioterapia para intentar recuperar la movilidad perdida en tanto tiempo de confinamiento.
La negativa a investigar, a analizar lo que ha ocurrido en las residencias, a estudiar las consecuencias que han tenido determinadas decisiones políticas tomadas en las distintas CCAA, nos lleva irremisiblemente a una repetición del desastre, si en un futuro volviéramos a padecer una crisis similar.
Nos encontramos ante una situación en la que podemos confirmar que a pesar de que la pandemia dejó al descubierto las graves deficiencias del modelo de cuidados, apenas ha servido para cambiar la realidad del sector. Todos los propósitos, iniciativas y proyectos de enmienda y mejora, apenas han calado en las principales instituciones prestadoras de estos servicios. Por tanto, se puede afirmar que la situación, lejos de mejorar, continúa en un proceso de agravamiento en el que los principales afectados son las personas, usuarias y profesionales, que conforman el actual sistema de cuidados a nivel nacional. Todo ello, no hace más que indicarnos el largo camino que tenemos por delante y la necesidad de, ahora sí, comenzar a trabajar en un nuevo modelo de cuidados integral, centrado en la persona, e integrado por todos los agentes que confluyen.
Por todo lo anterior, el día 26 de noviembre a las 11:30h, todas y todos, salimos a la calle, para exigir JUSTICIA, VERDAD y REPARACIÖN.
No sé la trayectoria sindical de la nueva Ministra de Sanidad, cualidad que usted le atribuye despectiva y peyorativamente.
Le aseguro, por experiencia, que ser sindicalista es un honor y un orgullo. Algo que usted nunca podrá sentir tras haber negado la atención hospitalaria a miles de ancianos y ancianas, en 2020, con el resultado de 7.291 fallecidos, en las residencias de Madrid ¿Qué dice a este respecto la Fe que usted profesa?
Como tampoco hay honor ni ética en facilitar pelotazos económicos a los hermanos, aprovechando una pandemia y la necesidad de mascarillas en la sociedad. Lástima que usted y los suyos estén tan preocupados por la ley de amnistía, en lugar de exigir una ley que prohíba la actividad de los parásitos comisionistas a quienes defienden con tanto fervor. El comisionismo sí que rompe España; fíjese si es dañino que ha roto incluso la familia Borbón.
Nadie puede sentirse orgullosa de racanearle las ayudas y becas de comedor a niños y niñas necesitadas, mientras subvenciona el servicio doméstico a los pudientes.
No hay honor alguno en destinar dinero público para subvencionar el negocio privado de la Sanidad y la Educación, en tanto que los sistemas públicos se deterioran por falta de profesionales; por ponerle un ejemplo, es sangrante el déficit de pediatras en la Comunidad que usted preside.
Por tanto, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, se equivoca si pretende faltar al respecto a sus enemigas políticas llamándolas sindicalistas.
Deje usted de ser tan irrespetuosa y mal educada y pida ayuda para que la enseñen a poner límites antes de hablar y/o actuar. Educación que, a la vista está, sus padres no fueron capaces de darle.
Anímese, pida ayuda, nunca es tarde. Entre tanto, deje de insultar a la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Marea Blanca en Andalucía, convocó manifestaciones en todas las provincias de Andalucía en defensa de la sanidad pública el pasado sábado, 28 de octubre, bajo el lema ‘Nos roban la sanidad, nos quitan la vida.
Miles de personas se han manifestado este sábado por las calles de las principales ciudades andaluzas, convocadas por Marea Blanca, en las que también han participado otras organizaciones sindicales así como representantes políticos de la izquierda, para reclamar una sanidad pública y de calidad en la comunidad andaluza para decirle con total claridad al gobierno andaluz del Partido Popular que “no vamos a tolerar que esté desmantelando la atención primaria a golpe de ocurrencias como la más reciente, que pretende sustituir las consultas de medicina de familia por un modelo en el que personas desconocidas y externas a los centros de salud realicen consultas médicas telefónicas o por videollamadas, han salido a la calle para decirle a Moreno Bonilla y su gobierno, que no van a consentir que desmantelen lo que tanto esfuerzo y trabajo costó, la sanidad pública”
Para las organizaciones que componen Marea Blanca “Esta propuesta de la Junta de Andalucía muestra un profundo desconocimiento de lo que en realidad es la atención primaria y va en contra de toda la evidencia científica, además de una falta de respeto a los Andaluces y Andaluzas en una materia fundamental como es la sanidad, que te atienda el médico de familia y que lo haga de manera presencial que conoce tu historia, que te atiende en cada cuadro que te suceda y durante el tiempo, es obligatorio y esto, solo es posible reforzando los centros de salud, todo lo demás son excusa para hacer impunemente lo que le pidieron quienes le votaron, ir a un modelo de sanidad privada que no todo el mundo se puede permitir y que supone una clara discriminación”
Y por eso , decían las organizaciones convocantes “hemos salido esta mañana a la calle y volveremos a salir las veces que haga falta hasta que la Junta de Andalucía se dé cuenta de las consecuencias que tiene para Andalucía el desmantelamiento de la atención primaria una acción con la que se colapsan las urgencias y aumenta la mortalidad, voy a poner además el acento en lo que está sucediendo en las zonas alejadas de las capitales de provincias, las zonas rurales donde además de acabar a pasos agigantados con la atención primaria, están acabando con los hospitales comarcales y de esta forma los ciudadanos y ciudadanas de esas zonas, tienen que desplazarse a kilómetros para tener una atención que deberían recibir en sus localidades, sin dejar de pensar ni un día, en los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad, esos a los que aplaudíamos como verdaderos héroes hace nada de tiempo ,en plena pandemia, los esenciales y las esenciales y que se encuentran cada día más en una situación de precariedad extrema”.
Las listas de espera quirúrgicas crecen en Andalucía tres veces más rápido que en el resto del país», es otro de los ejes de la denuncia de la coordinadora.
A pesar de haber transcurrido cuatro años y una crisis sanitaria mundial, desde la fundación de Marea de Residencias en septiembre de 2019, lamentablemente los motivos que nos impulsaron a unir nuestras voces siguen estando de plena actualidad. La carta fundacional de Marea de Residencias incluía el siguiente texto: «Durante años y en los últimos tiempos con mayor intensidad, estamos asistiendo al deterioro continuado del sistema público de Residencias en TODO el Estado. La necesidad de defender los derechos sociales y laborales del sector. La defensa por la dignidad de lxs usuarixs y un trato acorde a unas condiciones mínimas de vida digna nos han traído hasta esta situación que no dudamos de definir como de EMERGENCIA SOCIAL. Las políticas que se vienen aplicando hasta el momento dan fe de una VENTA INDISCRIMINADA y unas SUBASTAS a la BAJA a grandes poderes económicos, de un sector y unos DERECHOS, de los que deben ser garantes los GOBIERNOS y todas aquellas INSTITUCIONES implicadas.» Transcurridos cuatro años de esa carta fundacional, a escasos días del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con el dolor de haber añadido a esa pesada carga una ominosa mochila de crueldad, debido en buena parte a la precariedad anterior del sistema, sin olvidar las políticas discriminatorias que durante la pandemia llevaron a una muerte indigna y brutalmente cruel a toda una generación con Madrid a la cabeza tras sus famosos Protocolos de la vergüenza, desde Marea de Residencias hacemos un llamamiento a toda la sociedad para alzar nuestras voces, unidas, contra la mayor vulneración de derechos perpetrada en la historia de nuestra democracia. El 23 de noviembre de 2019 más de 3.000 personas recorrieron la calle Alcalá desde Cibeles a Sol bajo el lema: «Ley de Residencias YA». El próximo día 26 de noviembre de 2023 seremos muchas más bajo el lema: «¡NO MÁS VÍCTIMAS EN LAS RESIDENCIAS!» Previo a la manifestación del 26, el día 7 de noviembre a las 19h, celebraremos una reunión virtual mediante Jitsi Meet a la que os invitamos para poner en común la situación actual de las residencias y compartir ideas para concienciar a la sociedad de la gravedad de lo ocurrido en 2020. Si deseáis participar, por favor enviadnos un correo antes del 5 de noviembre a mareaderesidencias@gmail.com, indicándonos el nombre del colectivo y el de la persona o personas que asistirá en representación, y os haremos llegar un enlace para uniros a la reunión.
Nosotras y nosotros no les abandonamos.
JUSTICIA, DIGNIDAD, DERECHOS HUMANOS y LEY DE RESIDENCIAS YA
Los días 15 y 16 de septiembre asistí a las jornadas que se han celebrado en Madrid, bajo el título: “Jornadas de Comparecencias”, organizadas por la Plataforma Verdad y Justicia y Marea Residencias. Han testificado familiares de víctimas de los “Protocolos de la vergüenza”, por los que el Gobierno de Díaz Ayuso (PP), en Madrid, excluyó y negó la asistencia sanitaria hospitalaria a miles de ancianos y ancianas, residentes en centros públicos y privados, en los meses de marzo y abril de 2020. La consecuencia fue la muerte de, al menos, 7.291 personas mayores.
Ante la Comisión Ciudadana que se ha constituido comparecieron trabajadores y trabajadoras de las residencias, expertos en medicina geriátrica y acreditados científicos en distintas disciplinas, así como políticos, además de las familias de las víctimas y algunas residentes que salvaron la vida.
La experiencia ha sido muy esclarecedora, tanto por los testimonios como por los datos que se dieron desde los distintos enfoques de la experiencia vivida y el conocimiento de los comparecientes. Aunque no se denominase así, lo percibí un verdadero “Tribunal Popular”, un foro de democracia, justicia y libertad, en la que cada compareciente pudo expresar sus vivencias y exponer sus datos, sin ningún tipo de restricción.
La Comisión está presidida por José Antonio Martín Pallín, quien fue fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. En la Comisión también participan: Ana Freixas Farré, fue catedrática de Psicología Evolutiva y Ciencias de la Educación, en la Universidad de Córdoba, e investigadora sobre el envejecimiento, en particular de las mujeres; Fernando Flores Giménez, profesor de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia; Eduardo Ranz Alonso, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Carlos III de Madrid; el doctor en medicina Fernando Mata, que ha trabajado en Gestión de políticas sanitarias en el ámbito Regional y Nacional; y Mª Victoria Zunzunegui Pastor, doctora en epidemiología por la Universidad de California en Berkeley, experta en epidemiología del envejecimiento.
Trabajadoras de distintas residencias, como: Mari Ángeles Maquedano, de la Residencia Parque Coimbra; Nandi Gutiérrez y Elvira García, de la Gran Residencia de Carabanchel; Pilar Torres, de la Residencia Parque de los Frailes de Leganés; o Antonio Torres de la Residencia DomusVi de Leganés, todas ellas coincidieron en la escasez de plantilla, como común denominador de todos sus centros de trabajo. Una falta de trabajadores y trabajadoras de la que ya se venía alertando antes del estallido de la pandemia y que contribuyó a que la mala atención a los residentes se acentuase con el COVID-19. La escasez de personal es algo que también las familias de los y las residentes percibían en las visitas a sus seres queridos. Esto, que puede parecer cotidiano y común en todas la empresas y sectores, fue un factor determinante en la terrible muerte en solitario, “sin nadie que les cogiese la mano” declararon algunas; a lo que habría que añadir que la no medicalización de las residencias y la ausencia de medios paliativos, hizo de la muerte de muchos y muchas de las víctimas algo inhumano, impropio de una sociedad que se dice avanzada. En palabras de Miriam Alia, Coordinadora Médica de Emergencias en Madrid durante la pandemia, por Médicos sin Fronteras: “No se aplicaron cuidados paliativos, ni clínicos ni sicosociales, ni a enfermos, ni a los trabajadores que les atendían, ni a las familias de las víctimas. Algo no visto en países en guerra o afectados por catástrofes naturales”, dijo, antes de que las lágrimas la desbordasen.
Según los testimonios de las familias de las víctimas, el exceso de celo de muchos de los directores y directoras de las residencias, y los protocolos, impidieron que a partir del 8 de marzo de 2020, se pudiese visitar a los residentes o que sus familiares pudiesen llevárselos a su casa o a un hospital. Tampoco permitieron que acudiesen ambulancias para al traslado a hospitales, aunque fuese costeada por los propios familiares. Restricción que no sufrieron los residentes que tenían pólizas con aseguradoras privadas de salud. En su testimonio, Concepción Quirós, familiar de una residente fallecida en la Residencia pública para mayores de Manoteras, tuvo que recurrir a un Notario y a una ambulancia privada para poder trasladar a su madre al Hospital Ramón y Cajal, una de las pocas familias que consiguió sacar a su familiar, pese a las directrices en contra dictadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Una de las declaraciones más emotivas fue la de Mercedes Huertas Aguilera, cuando relató como en las llamadas telefónicas en las que conseguían contactar con la Residencia, que no con su padre, les decían que estaba bien. El 4 de abril pudieron verle a través de una videollamada, “se le veía adormecido”, el día 6 de abril falleció, no le habían realizado el test hasta el 2 de abril; el resultado de la prueba llegó dos días después del fallecimiento.
El celo excesivo de algunos y algunas directoras llegó incluso a la represión de sus trabajadores, es el caso de la Técnico Sanitario del centro público Gran Residencia de Carabanchel, Nandi Gutiérrez, quien fue sancionada laboralmente con suspensión de empleo y sueldo, y un traslado forzoso, por haber contado lo que ocurría en el interior de la residencia, la dijeron. Una sentencia judicial obligó a la devolución del salario y a la recuperación de su puesto de trabajo en el mismo centro.
A la falta de personal y de medios médicos, carencias previas a la pandemia, se añadió en los testimonios la ausencia de Equipos de Protección Individuales (EPIs), teniendo las trabajadoras y trabajadores que improvisar protecciones con bolsas de basura. Llegando a darse situaciones temerarias como la que relataron varias trabajadoras, cuando, en los primeros días de pandemia, les prohibían el uso de mascarillas, “para no alarmar”. O, en palabras de Antonio Torres, trabajador de la Residencia de Leganés DomusVI, “…los trabajadores utilizaban por turnos una mascarilla que tenían en el área de mantenimiento”.
Se dieron situaciones de enmascaramiento de la realidad, algo que parecer ser habitual en tiempo normales, cuando los familiares anuncian la visita a un residente. En la Residencia antes citada, de Leganés, el 15 de marzo hubo un suicidio. En ese momento, la dirección del centro dio orden de proporcionar mascarillas, batas y gorros, todo desechable, pues llegaba el Juez de Guardia para el levantamiento del cadáver.
Una de las testificales más esperadas fue la de Alberto Reyero, el que fuera Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Díaz Ayuso, y que dimitió tras denunciar “los Protocolos de la vergüenza”.
El Sr. Reyero hizo una reconstrucción cronológica de los acontecido. Recordó que el 4 de marzo de 2020 se produjo el primer fallecimiento por COVID en Madrid, registrado en la Residencia pública La Paz. Y que los protocolos fueron varios y de distintas fechas: el 8 de marzo se lanzó el Protocolo de Limitación de Visitas; el 18 del mismo mes se lanzó un primer Protocolo de no Derivación (a hospitales); el 20 de marzo, se lanzó el segundo Protocolo para la exclusión de residentes con grados de dependencia medio y alto. “Una residencia es un lugar donde se cuida y un hospital es donde se cura”, dijo. Por tanto, resulta fundamental la derivación hospitalaria que se les negó a miles de residentes. En opinión de los juristas que componen la Comisión, se han podido vulnerar los artículos 15 y 43 de la Constitución.
Estos Protocolos fueron emitidos por la Dirección de Protección Sociosanitaria, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y, por ende, del Gobierno de Ayuso. Estas decisiones políticas se tomaron mientras había hospitales privados con camas libres.
Compareció el ex alcalde de Leganés por el PSOE, Santiago Llorente Gutiérrez, quien dejó claro en su declaración que las residencias no tenían los recursos sanitarios mínimos. Denunció que la Comunidad de Madrid nunca derivó personal sanitario a las residencias del pueblo de Leganés, ni las medicalizó mínimamente. Ante esto, bajo su mandato, el Ayuntamiento de Leganés se querelló contra el Gobierno de la señora Ayuso, proceso judicial que aún está en curso, pero al que el actual alcalde, del PP, no tiene intención de dar continuidad.
El ex diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Ángel Gómez Chamorro, presidió la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de mayores en la Comunidad de Madrid, relató que, antes de la pandemia, había realizado visitas a las residencias públicas y concertadas de Madrid. La conclusión de estas visitas fue que las condiciones eran lamentables. Achacó el problema a la externalización de servicios y la privatización de los centros públicos, “…las empresas solo ven un nicho de negocio, muchas ni pertenecen al sector sociosanitario.”, “La inspección (desde la CAM) es mínima, por tanto, la relajación de los centros es total”, comentó.
En esta línea, estuvo un pasaje de la declaración que realizó María Jesús Valero, familiar de una residente que falleció en la Residencia de Usera: “La Dirección de la Residencia, (en el momento en que su familiar falleció), nos ofreció los servicios de Mémora (empresa de servicios funerarios) con la que DomusVi tenía un acuerdo de 700 € por finado”. Es el negocio con la muerte, incluso en los momentos más difíciles, en los que la empresa gestora de la residencia se lleva un 10% de cada fallecimiento (teniendo en cuenta el coste del negocio cautivo que son los enterramientos) aprovechando la desgracia ajena.
La Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, constituida el 20 de julio de 2020, solo pudo trabajar durante 35 horas, pues unos meses después se disolvió la Asamblea y se convocaron las elecciones anticipadas del 4 de mayo de 2021.
La Comisión Ciudadana sacará sus conclusiones del impresionante volumen de información que se puso sobre la mesa en las comparecencias. Pero, hay datos irrefutables:
El número de fallecidos en función del número de residentes hablan por sí solos (números aproximativos a falta de datos oficiales):
En Madrid hay 475 residencias públicas, públicas en gestión externalizada, privadas concertadas y privadas, de las tan solo el 10% son públicas de gestión directa. La media de residentes por centro es de unas 250 personas. Datos dados por los comparecientes periciales y profesionales.
“Mientras que en las 25 residencias totalmente públicas hubo una mortalidad del 7,4%, en las 18 de gestión externalizada la cifra escala hasta el 21,9% según un nuevo estudio publicado en la revista internacional Epidemiología.” (publicado en El País del 30 de junio de 22).
El doctor Francisco Pozas, ha estudiado los datos y ha resumido en 20 item sus conclusiones. Una de las más clarificadoras ha sido que: tomando 12 países de la OCDE en el periodo de pandemia, España ostenta el mayor número de muertes entre mayores de 65 años, quedando así en la peor situación en los índices de protección a los mayores de esa edad. Y Madrid está a la cabeza de los índices de mortalidad en mayores de 65.
Las declaraciones, las experiencias vividas y los datos dejan claro el cruel desastre que se vivió en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid en aquellos meses. Ahora solo falta que la Justicia haga su trabajo y que se preste a ser el burladero de la impunidad para los responsables de esta tragedia.
El 7 de junio se celebró una asamblea, una más de las muchas celebradas en estos últimos 27 meses, del espacio “Vecinos, Vecinas y Barrios de Madrid en defensa de la Sanidad Pública”. Vengo participando en estas asambleas en representación de la Asociación de Vecinos y Vecinas “Nudo Sur”, perteneciente al distrito de Arganzuela.
Tras el 28 de mayo se reafirma la firme voluntad de continuar luchando por la Sanidad Pública madrileña. La firmeza no oculta la decepción en los resultados electorales, particularmente de los partidos de la izquierda. Sin embargo, no pasa desapercibido que la derecha en Madrid ha retrocedido más de 130.000 votos (44.000 pierde el PP y 88.000 VOX), a pesar de la desaparición de Ciudadanos. El hecho de que, a pesar de este retroceso, el PP haya conseguido la mayoría absoluta sólo se explica por la perversión de la ley electoral, que permite que se vayan 160.000 votos de Podemos por el sumidero de la Ley D´Hondt, y que estos no consigan ningún diputado/a, en tanto que quienes retroceden en votos alcancen mayoría absoluta.
Al margen de los análisis que se puedan hacer de las elecciones pasadas y de los debates que se puedan tener, de cara a de las Generales convocadas para el 23 de julio, los integrantes del espacio en Defensa de la Sanidad Pública no se sienten perdedores de nada, pues “no nos hemos presentado como tal a ningún proceso electoral”. Las asociaciones y barrios no están derrotados, la lucha continúa.
Se constata que el trabajo realizado en estos 27 meses ha merecido la pena, pues se han frenado los cierres de los SUAP que Ayuso quería cerrar, gracias en buena medida, entre otras acciones, a las exitosas movilizaciones como la del 13 de noviembre del pasado año y las del 12 de febrero del presente. Este trabajo ingente se ha verificado en la “Consulta por la Sanidad” que se llevó a cabo entre el 17 y el 23 de abril, en la que participaron prácticamente 350.000 personas (entre votantes en urnas, la mayoría, y votantes virtuales). Hay que darle valor a esta cifra, pues acudir anónimamente a una manifestación está bien, pero firmar con nombre, apellidos y DNI, apoyando la Sanidad Pública, su desprivatización y una mayor dotación de medios económicos y humanos tiene un gran valor.
En la Asamblea se acordó continuar con la lucha poniendo en marcha distintas acciones, comenzando por la pegada de carteles en los SUAP y SAR de Atención Primaria que se realizó el día 8 de junio. Se pone en marcha una campaña de sensibilización para que los y las usuarias de la Sanidad Pública pongan sus reclamaciones, a las que tienen derecho, ante la Consejería de Sanidad. Además, los barrios están manteniendo las concentraciones semanales para continuar exigiendo que pare la privatización y la destrucción de la Sanidad Pública.
Se acordó preparar una nueva gran Manifestación para el mes de octubre, por lo que se intentará coordinar con el movimiento de Pensionistas y el de Residencias, para no solapar las movilizaciones y retroalimentar las luchas en la medida de lo posible. Es un avance hacía la unidad en la movilización, sin que eso signifique que haya que mezclar los movimientos de lucha, para evitar que la defensa de la Sanidad, la Educación, las Pensiones o las Residencias se diluyan en una amalgama reivindicativa.
Roberto Tornamira
Miembro de la Coordinadora del CATP
Con este Código QR accedes directamente al formulario de reclamación “on line” de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
José María Martín viene participando, desde el año 2015, en la movilización ciudadana por los derechos sociales; en una primera etapa colaborando con la agrupación política Ahora Madrid siendo vocal vecino del distrito de Arganzuela y posteriormente desde la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial, en la que es miembro de su Junta Directiva. Hace más de un año se sumó a la Plataforma de vecinas y vecinos de Arganzuela en Defensa de los Centros de Salud y Reapertura de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP).
Pregunta: ¿Cómo nace la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Arganzuela?
Respuesta: La creación de este espacio tuvo como motivo el cierre durante 3 años de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria, primera demanda de los usuarios de los barrios de nuestro territorio. Un pequeño grupo tomó la decisión de manifestarse haciendo concentraciones delante del Centro de Salud de “Imperial”, en el que me integré por invitación de una compañera que valientemente encabezó el grupo.
Pregunta: Desde octubre del pasado año ha despertado en la ciudadanía una férrea voluntad de resistencia contra las ansias privatizadoras del Gobierno de la Comunidad de Madrid ¿Cuál crees que ha sido el desencadenante de esta respuesta del pueblo de Madrid?
Respuesta: El motivo principal fue el cierre de los SUAP desde marzo de 2020; aprovechando la pandemia la Consejería inició el proceso de desmantelamiento que conllevó la desaparición de personal sanitario, mediante su traslado a la vacunación masiva en el Hospital de Emergencia “Isabel Zendal” o por la no renovación de contratos temporales. Por otro lado, en algunos Centros de Salud, se redujo a la mitad el número de facultativos, incluso se llegó al cierre temporal por falta de personal.
Pregunta: En estos meses atrás, han tenido lugar manifestaciones que, por su asistencia masiva nos recordaron las de rechazo a la Guerra de invasión de Irak en 2003, o las de 2004 contra las mentiras del gobierno de Aznar tras los atentados de Atocha ¿Qué papel jugasteis las asociaciones de vecinos y los barrios de Madrid?
Respuesta: El detonante provocado por el deterioro del primer escalón de la Sanidad Pública, la Atención Primaria, llevó a los usuarios a reunirse entorno a plataformas y colectivos que crearon una estructura asamblearia para convocar una manifestación multitudinaria el 13 de noviembre de 2022, con el apoyo de entidades consolidadas. Las médicas consideraron que era el momento de plantear una huelga, al ver la respuesta unitaria de la ciudadanía.
Ante la falta de acuerdo en sus demandas, que unificaban beneficios para los usuarios de la Atención Primaria y solución de problemas laborales, el sindicato AMYTS, único convocante, participó en el movimiento vecinal, con acciones como el encierro en el local de la Asociación de Manoteras y las manifestaciones semanales ante la Consejería de Sanidad de Madrid.
El 12 de febrero de 2023 volvimos a salir a las calles de Madrid con apoyo masivo para solicitar un cambio en la aplicación de políticas ultraliberales en la Sanidad.
Desde nuestra Plataforma, movilizamos a las vecinas y vecinos, algunas integradas en nuestra asociación y otras que se sumaban a título personal y que no habían participado en los movimientos sociales con anterioridad, recibiendo el apoyo de las asociaciones vecinales en lo institucional, solicitando permisos de concentraciones o de manifestación.
Pregunta: A tu modo de ver ¿Cuáles son los problemas de Sanidad Pública madrileña?
Respuesta: El agotamiento de los trabajadores sanitarios, del sistema y falta de voluntad política para el sostenimiento de la Sanidad Pública.
Las listas de espera en Atención Primaria, el incremento de la Urgencias en hospitales por la desaparición de los Servicios Extrahospitalarios. Hay más de 200.000 niños y niñas sin pediatra y 1.000.000 de adultos sin asignación de médica. Además, no se debe olvidar que 27.000 inmigrantes no tienen tarjeta sanitaria por la modificación de los criterios de la CAM.
La falta de personal sanitario, médicas, pediatras y la gran contratación temporal.
La privatización de la Sanidad, concesionada con importes más elevados que los que serían por gestión pública.
La dificultad de cita con tu médica de familia, la elevada cifra de pacientes por día, uno de los motivos principales de la huelga. Aunque se haya llegado a un acuerdo con la Consejería en la cifra de atención a pacientes (34 para médica de familia y 24 para pediatras).
La inversión por habitante y año en la Comunidad de Madrid es la más baja del país.
Pregunta: Se ha alcanzado algún acuerdo con los médicos y se está negociando con otros colectivos sanitarios ¿Piensas que estos acuerdos resuelven el problema de deterioro de la Sanidad Pública
Respuesta: No, estos acuerdos son un parche más, suscitan muchas dudas entre los profesionales de la Sanidad, dado el incumplimiento de anteriores aprobaciones, en los años 2006 y 2020.
El acuerdo de los 34-24 pacientes por jornada laboral en los Centros de Salud, creando una bolsa desde el 35-25 para que sean atendidos por algunos facultativos que quieran duplicar su jornada por un incremento salarial no es una solución, porque se pierde la longitudinalidad del paciente asignado, su historial no puede ser conocido por todas las médicas si no se le dedica tiempo.
La intención de transformar el servicio de enfermería en los Puntos de Atención Continuada (PAC), con labores de diagnóstico y tratamiento, sin médica facultada, colapsará las Urgencias hospitalarias, ya de por sí abarrotadas.
Pregunta: Estamos en la antesala de una proceso electoral, municipal y autonómico, en mayo y con toda probabilidad no terminará el año sin que haya elecciones generales ¿están los partidos de la izquierda proponiendo soluciones de calado para defender la Sanidad Pública?
Respuesta: Los colectivos vecinales, como no puede ser de otra manera, tenemos esperanza en que el relevo en el Gobierno de Comunidad, sobre todo, ayuntamientos de grandes ciudades, fomente la participación y el diálogo para transformar la Sanidad Pública en Madrid, que sirva de correa de transmisión al resto del Estado.
Los partidos de izquierda saben que nosotras seguiremos luchando para que se revierta la privatización de hospitales, el desmantelamiento de la Atención Primaria, las listas de espera y que reclamamos mayor inversión y gestión pública en Sanidad.
Continuaremos realizando movilizaciones y acciones como la última de la semana anterior: CONSULTA POPULAR POR LA SANIDAD para concienciar a la sociedad sobre el peligro de permitir la privatización y el abandono de la Sanidad Pública.
La sanidad pública es uno de los pilares del «Estado del Bienestar» que constituye el denominado «salario social», es decir, aquella parte de nuestro salario que nos es devuelto en forma de educación pública, sanidad pública y otros derechos sociales. Pero bien sabemos que los derechos sociales solo pueden existir cuando hay servicios públicos que lo garantizan y cuando esos servicios públicos tienen el personal, los medios y los fondos suficientes.
La sanidad pública es la que nos iguala a todos en la prestación de servicios dedicados a proteger o recuperar nuestra salud, pero desde hace algunos años, los fondos de inversión privados han fijado sus ojos en los servicios públicos ansiosos de hincar el diente al suculento salario social y en particular en la sanidad.
Tal y como afirmamos en la editorial, «La masa social ha tomado conciencia de la importancia de defender la Sanidad Pública, y por eso nos hemos echado a la calle en muchas comunidades, con especial intensidad en Madrid. Aseveramos que los acuerdos que los colectivos de sanitarios están alcanzando en distintas comunidades y áreas de Salud, no resuelven el problema dela Sanidad Pública por el que cientos de miles de ciudadanos han salido a la calle en estas semanas pasadas. Las soluciones laborales son de justicia, son la consecuencia lógica de la lucha llevada a cabo por médicos, personal de enfermería y auxiliares, por el personal de ambulancias y/o por los Médicos Interinos Residentes (MIR). Sin embargo, no resuelven el problema que las políticas económicas privatizadoras y austericidas han generado y que el COVID-19 ha puesto al descubierto«.
Ahora que se acercan elecciones municipales y en algunas comunidades, también autonómicas, las políticas de salud deben estar en el centro del interés de los programas electorales porque la recuperación de un modelo de sanidad público de calidad no cae del cielo sino de la inversión económica en sanidad.
La atención primaria, las urgencias, la hospitalaria, la salud mental, el transporte sanitario necesitan personal bien cualificado y bien remunerado e infraestructuras y equipamientos adecuados. Es la lucha por el principal pilar de nuestro estado de bienestar que está siendo desmantelado y des- prestigiado en beneficio de las mútuas privadas, y de los fondos de inversión que buscan rentabilizar su capital convirtiendo los servicios públicos en servicios externalizados,privatizados, a los que se deja de calificar como públicos para rebautizarlos con el eufemismo de «servicios de interés general». No es nada nuevo. Ya lo advertíamos en febrero de 2019, en el TS99: «Es notoria y pública,la lamentable situación de la sanidad pública en Madrid, con desvío de fondos constantes a la sanidad privada, hospitales de gestión pública-privada, carencias graves de medios y personal, falta de modernización de instalaciones, etc...».
Tampoco es algo exclusivo de Madrid, en Cataluña, donde no gobierna el PP, la sanidad está sufriendo la privatización de igual manera. De hecho, los recortes en Catalunya empezaron antes que en el resto del Estado. El Gobierno de Artur Mas (CiU) aplicó un recorte global en sanidad y educación públicas, protección social, ocupación y vivienda de ni más ni menos que 4.500 millones de euros. Los sucesivos gobiernos de JxSí, PDeCAT/JxCAT y ERC no han revertido ni mucho menos estos recortes, hecho que sitúa a Catalunya en la cola del Estado en atención sanitaria, como apunta el estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP): listas de espera interminables, masificación, plantillas insuficientes y cada vez más precarizadas, cierre o reducciones de servicios en CAPs y hospitales…
La sanidad privada, sin embargo, ha avanzado en época de recortes. Por ejemplo, la Generalitat entregó en 2019, 300 millones de euros al holding sanitario IDCsalud, controlado por un fondo de capital riesgo, conformando el grupo Quirónsalud, mientras recortaba un 16% el presupuesto del CatSalut. Y es que el 76% de los hospitales y el 56% de las camas hospitalarias catalanas son gestionadas por empresarios privados. Hoy, el 42% del total de camas hospitalarias de Catalunya son propiedad del grupo Quirónsalud.
Los vampiros de la sanidad pública no entienden de fronteras y encuentra sus aliados naturales en los gobernantes de la derecha, como es el caso de Ayuso en Madrid o Juanma Moreno en Andalucía, por citar tan solo dos ejemplos. Están conviertiendo la sanidad pública en un lucrativo negocio privado, en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, en todas partes, en detrimento del servicio público que nos iguala y que es nuestro, ¡Hay que pararlos! y exigir a los partidos, en mi caso, mi partido es el PSC, a que se comprometa a revertir la situación, y eso solo se hace con partidas presupuestarias concretas para invertir en lo público y no en lo privado.
La sanidad, la educación o las pensiones son patrimonio de todos los trabajadores, por lo que los que aspiramos a ser partido de representativo de la clase trabajadora, tenemos deberes para demostrar que no es lo mismo un partido que otro.
Baltasar Santos
Miembro del Comite de Redacción de Tribuna Socialista
Resulta ridículo, grotesco y una gran falta de respeto el desprecio con que se ha respondido, desde el Gobierno de Ayuso (PP), a la manifestación del día 12 de febrero; mayor en número, incluso, que la macro manifestación del 13 de noviembre del pasado año.
Políticamente, la actitud del Gobierno del PP en Madrid, desprende un tufo antidemocrático y autoritario, propio de quién piensa, y, lo que es peor, está convencido de ello, que solo ellos y ellas, están legitimados para hacer política. “Es una huelga política, son manifestaciones políticas…”, ha dicho Ayuso y han coreado sus consejeros, consejeras y los acríticos medios de comunicación que jalean su política económica y social. Pues claro, claro que es política, pero de la política constructiva, de la que exige que la mayoría de la sociedad pueda acceder a un médico de familia o a un pediatra sin tener que pasar por un vía crucis telefónico o de cita previa telemática para ser atendido 10 o 15 días después de surgir el dolor, la fiebre o el malestar. Es una exigencia legítima que las urgencias hospitalarias no estén saturadas, que no haya que esperar más de dos meses y medio, como poco, para una intervención quirúrgica o que haya que esperar casi un año para la atención de un especialista.
Solo cabe pensar que, la señora Ayuso, confunde esta política con esa otra política que tan asqueados nos tiene a una gran parte de la sociedad; la política de estercolero, la de la corrupción, la del “y tú más”, la de las cloacas del Estado, la que se dirime en los juzgados -en ocasiones con la ley del embudo, o esa es la percepción que yo tengo-. Hay que aclarar que, esa política es una degeneración de la política misma. Por ello, en demasiadas ocasiones, esto parece más una “kakistocracia” que una democracia.
El 13 de noviembre acudí a la Manifestación para defender la Sanidad Pública en Madrid, para manifestar mi desacuerdo con que se prime el mercado de la salud privada, en detrimento de la pública, es decir, en desacuerdo con la privatización de lo público, en este caso de la Salud. En aquella ocasión no pude pasar de la Plaza de Carlos V (Atocha). Delegación de Gobierno cuantificó la asistencia en unas 250.000 personas. Bueno, no lo sé, no las conté, pero si otras movilizaciones que han llenado Cibeles y aledaños han sido cuantificadas, también en 250.000 personas, hace tres meses debía de haber, sin exagerar, más de 500.000, pues los aledaños llegaban a las puertas del Ministerio de Agricultura, frente a la estación de Atocha, al puente de Rubén Darío en el Pº. de la Castellana o a la Plaza de Sevilla, más cerca de Sol que de Cibeles.
En la manifestación del 12 de febrero, participé con la Asociación de Vecinos Nudo Sur, a la que tengo el orgullo de pertenecer. Partimos a las 12:00 de la plaza de Legazpi y tardamos dos horas en llegar a Atocha -la distancia es de aproximadamente 2,3km-. Cuando llegamos a Atocha ya se terminaba la Manifestación, por lo que solo cabe pensar que la asistencia fue mucho mayor que el 13 de noviembre; las fotos que pude hacer y las que recibí a lo largo de la mañana de otros amigos y amigas que habían acudido, así lo confirmaban.
Se puede pensar que qué más da cuánta gente acude a una manifestación. Pero no da igual, prueba de ello que las autoridades siempre tienden a minimizar las cifras, a veces de forma escandalosa.
La respuesta de Ayuso es insultante, pues no es que haya habido una gran Manifestación, es que ya son cuatro: 22 de octubre-22, 13 de noviembre-22, el 15 de enero-23 y el 12 de febrero-23, con asistencias multitudinarias, especialmente la del 13-nov y la del 12-feb.
Cuando la respuesta de un pueblo es tan contundente, la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid se vuelve irritante. Tan repulsiva como la decisión que tomó ese mismo gobierno de negar la atención hospitalaria a los ancianos y ancianas, residentes de Residencias, en pandemia, con el resultado más de 7.000 muertos. Personas que podrían o no haber superado el COVID-19, pero a los que se les negó esa posibilidad. Un nivel de insensibilidad que, si no fuese por el ninguneo que muchos medios de comunicación hacen de ello, debiera haber hecho dimitir a esta señora hace ya tiempo.
Es innegable que la mayoría social quiere defender su Sanidad Pública. En Madrid es palpable y cuantificable. Es también un hecho que en otras comunidades autónomas los servicios sanitarios públicos sufren una situación similar -sin olvidar que Madrid es la Comunidad que menos presupuesto per cápita destina a la Sanidad-, y que por ello el conflicto se está reproduciendo en otros lugares. Algo tendrá que hacer o decir el Gobierno de la Nación.
Cuando los médicos resuelvan su problema laboral, que es una parte del problema de la Sanidad, el conflicto seguirá abierto; pues no todo se resuelve con las necesarias soluciones laborales. Hay que reabrir centros que se cerraron, recuperar servicios, como las urgencias extrahospitalarias, contratar profesionales…
Estamos entrando en otra etapa electoral y es evidente que va a resultar muy difícil, incluso sería ilógico, que el tema de la Sanidad Pública no esté en el debate de cara a las urnas. Pero con una mirada optimista y positiva, esperemos que los partidos de la oposición sean muy claros en sus propuestas y estar dispuestos a cumplirlas si llegan al gobierno, solos o en coalición. De lo contrario, la política de la mayoría social, la política positiva, va a continuar en la calle.
Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista
Tribuna Socialista 
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