En el actual clima de incertidumbre y polarización política el reconocimiento de la autonomía de las partes y el fortalecimiento de la negociación entre los interlocutores sociales será fundamental para garantizar el éxito de las futuras reformas- que se demandan desde distintos ámbitos económicos y sociales-, de acuerdo con la función que la Constitución Española atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales.

Sin embargo, esta afirmación básica y elemental no debe excluir el análisis de la compleja realidad del mundo empresarial, protegido bajo el paraguas de las políticas neoliberales y las decisiones favorables de algunos gobiernos (reformas laborales del PSOE en 2010 y, sobre todo, del  PP en 2012, contestadas con sendas huelgas generales), que los sindicatos, con estos antecedentes, tienen la obligación y la responsabilidad de abordar, para evitar que vuelvan a repetirse. Por eso resulta inaceptable que se diga  que los sindicatos deben “adaptarse  a la realidad de la empresa”, al “entorno digital” y al “futuro del trabajo” y no se diga absolutamente nada sobre la “responsabilidad” de las empresas en la actualidad. Incluso, determinados analistas y expertos socio laborales centran sus exigencias de modernización exclusivamente en los sindicatos y se olvidan por completo del comportamiento de las empresas.

Esto tiene una relación directa con la crudeza del  capitalismo y el carácter depredador de muchas empresas de nuestro tiempo, así como con la impopularidad de muchos ejecutivos empresariales (sobre todo en los países anglosajones) que, incluso, transciende a la opinión pública. Empresas que han estafado a miles de inversores y trabajadores mediante fraudes contables que dejaron a miles de pensionistas en la ruina y a  muchos trabajadores que han tenido que buscar trabajo a la edad en que pensaban jubilarse. La lista de estas empresas en todo el mundo sería interminable.

Ejecutivos que se fijan retribuciones obscenas y a la vez reclaman moderación salarial a los trabajadores. En vez de devaluar drásticamente los salarios deberían poner fin a estas prácticas que conducen a que, en muchos casos, la empresa pierda dinero (por lo tanto lo pierden los accionistas) mientras el consejo de administración se enriquece con retribuciones millonarias. Otros casos se refieren al procedimiento consistente en fijar las retribuciones de los directivos en función de la cotización de las acciones de la empresa en bolsa. Para conseguirlo no dudan en reducir costos laborales, deteriorar las condiciones de trabajo y recurrir a los despidos masivos con el propósito de mejorar los beneficios y, por lo tanto, los ingresos de los altos ejecutivos.

También es práctica habitual que las empresas anuncien beneficios y, simultáneamente, el despido de trabajadores. Otros ejemplos de actualidad se establecen en torno a plataformas digitales, empresas multiservicios y compañías aéreas de bajo costo, que para algunos representan el paradigma de las empresas del siglo XXI. En algunas empresas, los empleados (falsos autónomos) tienen que pagarse su propio vehículo, sus herramientas y sus ropas de trabajo. Incluso, algunas azafatas de  empresas aéreas (low cost) limpian el avión, con salarios más bajos y una  jornada laboral más larga para competir con las empresas del sector (dumping social)

Esta situación hace ineludible avanzar en “la democracia económica”, término olvidado en los últimos años, como se olvidó  antaño la llamada “democracia industrial” y el “control obrero”. La participación plena de los trabajadores y de sus sindicatos, así como la transparencia que debe presidir la actuación de las grandes empresas multinacionales requiere establecer, cuanto antes, el marco legal y los instrumentos necesarios que garanticen el control democrático de los trabajadores y los contrapoderes para establecer el necesario equilibrio entre las partes.

Las medidas que el movimiento sindical reclama con reiteración en el ámbito europeo resultan urgentes: establecer las bases jurídicas que hagan posible una negociación colectiva en este ámbito; garantizar los derechos de información y consulta, cuando menos en las grandes y medianas empresas  que operan en la UE; y constituir el mayor número posible de  comités de empresa europeos reforzando las experiencias actualmente en marcha.

No resultará nada fácil conseguir estos objetivos. Tampoco lo será abordar la reconstrucción del país, a pesar de la gravedad de la situación económica y social  y la notable  cantidad de dinero público que recibirán las empresas. Cuatro  asuntos destacan por su complejidad y dificultad para lograr acuerdo entre sindicatos y empresarios: trabajar unidos para recabar la colaboración y el apoyo de sindicatos y empresarios en el marco de la UE, abordar la precariedad del mercado de trabajo (derogar la reforma laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores), garantizar la sostenibilidad de las pensiones y su poder adquisitivo y acometer una reforma fiscal en profundidad que soporte el costo de las políticas encaminadas a salir de la crisis sanitaria, económica y social.

Las dificultades enumeradas tienen una relación directa con los planteamientos de las grandes empresas reunidas a petición expresa de la CEOE en los últimos días, para analizar los destrozos de la Pandemia que ha desarmado dialécticamente el discurso neoliberal: “más mercado y menos Estado” y “más empresa y menos sindicato”, en un contexto favorable al incremento de las desigualdades entre ricos y pobres. A todo ello ha contribuido, según Tony Judt, la obsesión por la riqueza, el culto a la privatización de servicios públicos y, sobre todo, la acrítica admiración de los mercados desregulados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites.

Entre las demandas empresariales destacan el mantener la regresiva reforma laboral de Rajoy (devaluación salarial); reducir las cotizaciones sociales, desligar las pensiones del IPC, mantener el factor de sostenibilidad; y no subir los impuestos (sociedades, patrimonio y altos ingresos). Razones y medidas que las empresas y la CEOE-CEPYME vienen reiterando desde hace muchos años, al margen de la Pandemia, sin que ello haya resuelto el problema del desempleo, la precariedad y la baja productividad de muchas empresas. Por lo tanto, es hora de que la CEOE-CEPYME asuma la responsabilidad social que le corresponde en una economía social de mercado y aborde una renovación cultural en profundidad, que obligue a las empresas a hacer compatible el beneficio y la sostenibilidad: cumplir con las leyes (fiscales y laborales), respetar los convenios colectivos y asumir un comportamiento responsable con los trabajadores, accionistas, consumidores y sociedad en general.

En cuanto al mercado de trabajo, los sindicatos insisten en derogar las últimas reformas laborales y garantizar el equilibrio de fuerzas entre los interlocutores sociales. Sobre todo exigen reforzar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. En este sentido, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los marcos de negociación, así como los contenidos a introducir en los ámbitos inferiores y en las empresas. Además de abordar, de una vez por todas, la brutal precariedad de nuestro mercado de trabajo, lo que exige recuperar la causalidad en la contratación, perseguir decididamente el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dotándola de los medios técnicos, económicos y humanos necesarios. En este  sentido, la prórroga de los ERTES y las conversaciones para regular el teletrabajo están generando serias expectativas en la búsqueda de acuerdos más amplios.

En relación con la sostenibilidad de la Seguridad Social (SS) y el poder adquisitivo de las pensiones, los sindicatos plantean activar el Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, eliminar el factor de sostenibilidad, revisar las subvenciones a la contratación, racionalizar el gasto y estudiar la búsqueda de ingresos alternativos: recurso a ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad de la SS. Los trabajadores y los pensionistas lo exigen- a través de repetidas movilizaciones- y los sindicatos lo  reivindican con mucha insistencia para superar las actuales incertidumbres.

Finalmente, la política fiscal es el nudo gordiano de cualquiera acuerdo relevante. El objetivo es situar los ingresos fiscales en la media europea. Para ello proponen mejorar sustancialmente la conciencia fiscal de los ciudadanos y situar la lucha contra la fuerte elusión, el fraude fiscal y la economía sumergida a la cabeza de las prioridades políticas en la actual legislatura. En concreto, pretenden acabar con la utilización de los paraísos fiscales (de acuerdo con la UE), blindar la seguridad jurídica de los denunciantes de delitos fiscales, penalizar la contratación pública de las empresas que no cumplan con las exigencias de una fiscalidad responsable, insistir en la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que posibiliten la elusión y el fraude fiscal y, finalmente, reforzar los medios técnicos y los recursos humanos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección, control y lucha contra el fraude encaminadas a confluir, de manera coordinada y a todas los niveles, con los porcentajes de fraude de la UE.

Por otra parte, insisten en potenciar los impuestos directos (rentas y patrimonio) sobre los indirectos (el IVA lo pagan todos los ciudadanos por igual al margen de su riqueza y patrimonio) puesto que, entre los años 2012 y 2018, el peso relativo de los impuestos directos se ha reducido del 56% al 52%. De la misma manera, UGT propone  equiparar (que paguen lo mismo) las rentas del capital a las del trabajo; aumentar el IRPF a las rentas más altas (CCOO propone, en concreto, subir dos puntos a las rentas superiores a 60.000 euros); establecer un mínimo en el impuesto de sociedades (15%); evitar el dumping fiscal entre CCAA y la confrontación de éstas con el Estado (imponer una tasa mínima en patrimonio, sucesiones y donaciones); revisar a fondo las bonificaciones, exenciones y deducciones fiscales; analizar la composición del IVA (penalizar el lujo y elevar el impuesto a las bebidas con alto contenido de azúcar); revisar en profundidad la tributación de las SICAV, SOCIME y ETVE; establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental; aplicar la tasa Google; imponer tasas a las transferencias financieras…

El hecho de que los interlocutores sociales logren avances en estos importantes asuntos facilitará el conseguir las ayudas pendientes de la UE, los acuerdos en el Parlamento y la aprobación de los PGE-2021. Además, dotaría de un fuerte protagonismo a sindicatos y empresarios en el enrarecido clima político y social. Todo dependerá, en buena medida, de la actitud que asuma la CEOE-CEPYME, a pesar de que el Gobierno y el Parlamento siempre tienen la última palabra…

Antón Saracíbar

Desde el principio, número tras número, TS ha defendido la opción por la República como modelo de Estado y/o como forma de Gobierno. Y lo hemos hecho anteponiendo los valores que conservamos en nuestra memoria histórica, pero sin romanticismos simbólicos ni anclas en el pasado.  Con la consideración que otorgamos a esta forma de Estado: justicia, responsabilidad, libertad y democracia. Son valores que representan y encuadran la convivencia pacífica en sociedad. No son privativos de una forma de Estado, pero en nuestro imaginario los asociamos a la forma republicana.

-Un Estado en el que la Justicia sea igual para todos y todas, pero de verdad, y su prestigio no deje lugar a las dudas.

-Un Estado en el que la irresponsabilidad y la inviolabilidad sólo den cobertura a los actos de Estado y al desempeño democrático de las instituciones.

-Un Estado en el que las libertades no se vean condicionadas y los derechos fundamentales: huelga, expresión, manifestación…no se vean lesionados ni agredidos por visiones ideológicas de gobierno.

Esta concepción de la República es respetuosa con el marco jurídico de nuestro ordenamiento constitucional. En consecuencia, nuestra posición se orienta a una reforma constitucional, no por imposición; la República sí ha de ser, será por la voluntad democrática libremente ejercida por el deseo mayoritario de los ciudadanos.

Este respeto a las normas de convivencia, a la voluntad de decidir, y a las instituciones democráticas de quienes nos reclamamos republicanos hace aún más extraño que quienes precisamente representan a una institución «fundamental», se comporten con tal desprecio a los ciudadanos y a las leyes que nos hemos dado: la corrupción es incompatible con la democracia.

No sólo es falta de respeto, sino que, presuntamente, se cometen delitos amparándose en las garantías jurídicas que reservamos a altas instituciones para preservarlas, otorgándoles una protección que sorprendentemente se utiliza para eludir controles y no rendir cuentas ante el Parlamento, y la Justicia. Además, no sólo se eluden controles, también responsabilidades fiscales, y se utiliza la institución para conseguir trato de favor, contratos, comisiones…vil enriquecimiento como fin último.

Es decir, el absurdo es que quienes ostentan la institución monárquica se comporten sin ningún respeto para con ella ni para nuestro país, mientras que quienes queremos poder decidir libremente, mediante una reforma democrática, cambiar la Monarquía por una República, sustentamos con nuestro escrupuloso respeto a las normas aquello que deseamos cambiar.

La República es para Tribuna Socialista un motor de avance hacia el futuro, mientras que la Monarquía es un eslabón que aún mantenemos con nuestro más triste y lamentable pasado. Ha sido una herramienta subsumida por la democracia mediante la constitución de 1978. Han transcurrido cuarenta y dos años de aquello y es el momento de comenzar a madurar el derecho de los pueblos del Estado a su avance democrático, sin ligaduras a estamentos cuya función social no se corresponde con una verdadera democracia.

Nuestra actitud, a pesar de todo, es un acto de conciencia, de responsabilidad y de respeto a nuestra convivencia democrática. Y, lo es aún más ante la evidencia de que ya nada justifica su existencia, de que no hay ningún motivo para preservar una institución que actúa a espaldas de quien dice representar.

Ninguna institución sirve si no tiene absoluto respeto por aquellos y aquellas a quienes representa, y no puede mantenerse si, como consecuencia de su propio comportamiento, deja de tener la confianza de los ciudadanos para el cumplimiento de sus tareas.

QUOUSQUE TANDEM ABUTERE PATIENTIA NOSTRA?

(¿cuánto tiempo abusarás de nuestra paciencia?)

En coherencia con todo lo anterior, en el Tribuna Socialista número 1, publicábamos un artículo, de la compañera Silvia Font, titulado “Propuesta por un Estado laico”. Las críticas de esta pasada semana, al Presidente del Gobierno, por no haber asistido a una misa, demuestran que el cambio constitucional no es solo la necesidad del cambio de un Rey por otra persona que encarne la cualidad de Presidente. El cambio obedece a la necesidad de dejar de ser un Estado cuyas leyes máximas aún miran hacia el pasado más lejano, cuasi medieval.

Esa coherencia nos ha llevado a colaborar con el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los pueblos (CATP) en el trabajo por la unidad para caminar hacia la República.

Por tanto, TRIBUNA SOCIALISTA, reitera su compromiso con una reforma constitucional, para que los ciudadanos decidan libremente sobre la forma del estado español, y manifiesta su inequívoca posición a favor de la  III REPÚBLICA.

Eduardo Hernández Oñate

Tribuna Socialista

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Vicálvaro pide sanidad pública

y el Delegado del Gobierno manda a la Policía.

 

A través de la cuenta de Twitter de un ciudadano de Madrid, con auténtico estupor, hemos podido comprobar la descripción de la actuación de la Policía Nacional frente a una movilización de apoyo a la sanidad pública, que se produjo el pasado día 29 de mayo, a las 20:00, en el distrito municipal de Vicálvaro.

Según se narra en la secuencia de tweets, donde el primero de la serie ha conseguido ya 20.800 retweets, 22.600 me gusta y 861 comentarios, con lo que ha conseguido una difusión masiva, se describen los siguientes hechos:

1. El origen del acto fue una convocatoria para aplaudir a los sanitarios y reivindicar sanidad pública en el centro de salud. Como las que se vienen haciendo con la participación de muchos afiliados de nuestro partido (PSOE), al menos de aquellos que pertenecemos a la corriente Izquierda Socialista.
2. Tras los aplausos, se inició una pequeña marcha por el barrio, a la que poco a poco se sumó parte del vecindario por donde pasaba, formando dos filas y respetando las distancias de seguridad. Como se puede ver en los vídeos adjuntos al tweet.
3. La marcha era aplaudida por el vecindario desde los balcones.
4. La intervención de la Policía Nacional se produce en la intersección de las calles Minerva y Aurora Boreal. Lugar donde se acumulan unas cuantas furgonetas, de las que se bajan los agentes y rodean a los manifestantes.
5. Ante el ruido de las sirenas policiales y del helicóptero de la policía que se paró sobre esa zona específica, como se pudo oír y ver desde zonas bastante alejadas como la A-3, Valdebernardo o Faunia, la ciudadanía salió a las terrazas y a las aceras para mostrar su solidaridad con los vecinos que se expresaban en favor de la Sanidad Pública.
6. Los agentes de policía, que descendieron con indumentaria antidisturbios, porra y casco, procedieron a cortar la calle, a confinar a la ciudadanía que participaba en la manifestación contra a la pared, con la intención de proceder a su identificación.
7. Los agentes no dieron ninguna explicación del porqué de su intervención frente a un grupo de personas de todas las edades que circulaban por la calle sin infringir las normas sanitarias de distanciamiento y reivindicando el derecho constitucional de una sanidad para todos; es decir, una sanidad pública.

Todos los extremos de estos hechos están documentados en Twitter con fotografías y vídeos, lo que les da un aval a su veracidad. Por tanto es imprescindible que el Delegado del Gobierno en Madrid explique el porqué de esta situación respondiendo una cuestión fundamental ¿Son ciertas las afirmaciones las fotos y los vídeos del conjunto de tweets? Si no lo son y dada la difusión que están teniendo sería imprescindible una aclaración inmediata. Pero si en conjunto los hechos que ahí ese narran no pueden rebatirse para demostrar la falsedad de la información, sería necesario dar respuesta a la siguiente serie de interrogantes:

1. ¿Cómo valora el Delegado del Gobierno la necesidad de la intervención de la Policía Nacional cuando no se ha producido ningún incidente violento o se han vulnerado las medidas sanitarias?
2. ¿Qué sentido tiene el corte de la vía pública por los agentes policiales cuando ésta estaba expedita dada la amplitud de las aceras en las calles afectadas?
3. ¿Por qué se procede a detener en la calle e identificar a la ciudadanía que demanda sanidad pública, y cuando grupos fascistas incumplen todas las normas de seguridad sanitaria se actúa con tanta benevolencia? La policía nunca procedió a detener a los manifestantes en descapotables de lujo por la calle Núñez de Balboa.
4. El Delegado del Gobierno es además el Secretario General del PSOE madrileño, por ello sería necesario saber si ha evaluado la proyección electoral que podrían tener intervenciones de este tipo en el próximas elecciones municipales y autonómicas para su partido.
5. ¿Con qué cara va a poder defender la militancia socialista las propuestas programáticas llevando encima la losa de este incidente?
6. ¿Ha considerado el Delegado del Gobierno la incompatibilidad política existente entre el ejercicio de ese puesto de libre designación con el de Secretario General del PSOE de Madrid? La militancia socialista asiste habitualmente a estas movilizaciones y una parte significativa de ella vota al PSOE, a esas personas se le hace insoportable que el Secretario General, quién debía estar al frente de dicha movilización, envíe a la Policía Nacional, bajo su mando como Delegado del Gobierno, a detenerlas para identificarlas.

Una carta de presentación como ésta lo único que hace es el espantar el voto de la izquierda sin atraer voto de ningún sitio. Evidentemente, solo tendría sentido electoral si atrajera voto de la derecha, pero ese votante lo tiene muy claro y por muchos actos de la ultraderecha a los que asista, como la misa en la basílica de la Almudena, sólo consigue avergonzar a gran parte de la militancia socialista madrileña, tanto dentro como fuera del PSOE. No tiene ningún sentido congraciarse con los opresores. Pablo Iglesias Posse decía: “…Nuestra acción nos creará enemigos. No nos importa. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo, de los que roban, de los que le toman como cosa explotable será para nosotros una honra.” ¡Qué lejos estamos de esa filosofía en Madrid!

Eduardo Sabina Blasco

Militante Socialista de Agrupación del PSOE de Madrid en Vicálvaro

Es complicado poner en una balanza dos actuaciones sobre el mismo tema, para poder valorar qué “pesa” más…  Es difícil, porque es evidente el peso de las medidas tomadas por el Gobierno actual para amortiguar el efecto de la crisis, para no dejar a nadie atrás, frente al ejemplo de lo que hicieron los gobiernos anteriores frente a la crisis de 2008.

Parece una declaración de parte, y lo es pues no somos neutrales, pero no es este solo el propósito de estas líneas. No obstante, pretender comparar medidas laborales que han incidido en evitar despidos masivos, situaciones de colapso empresarial, protección del desempleo, y recién salida del BOE, el Ingreso Mínimo Vital, una de las medidas de justicia social más dignas y avanzadas en nuestra historia reciente, es un objetivo imposible. ¿Qué ponemos en el otro lado de la balanza?

La actuación de la Comunidad de Madrid es, de manera evidente, inapreciable por incomparecencia: NADA. O MUCHO, según se mire a quienes beneficia: Madrid es un cuasi paraíso fiscal dentro de España, es la comunidad en la que menos impuestos se pagan, de ámbito autonómico; han sido abundantes las medidas de trasvase de medios económicos de la educación pública a la privada; es la comunidad en la que más lejos se ha ido en la privatización de la sanidad; y es la comunidad en la que más se ha colaborado con fondos buitre para liquidar vivienda social. Por poner unos ejemplos.

No sólo juzgamos los hechos incontestables y demostrados desde hace tiempo sobre el desmantelamiento del sector público en nuestra comunidad, la rapiña de lo público con innumerables casos de corrupción, la irrupción de fondos buitres en la gestión de hospitales, residencias, Samur, la ausencia de políticas sanitarias, educativas, o de prevención de la salud y seguridad en el trabajo, si no lo más grave, las consecuencias de esta crisis sanitaria sobrevenida: las muertes, los enfermos mal atendidos… ¿Cómo puede estar pasando esto hoy en día ?

 

 

 

 

 

Y continúa, «El Gobierno de España está haciendo más daño que nadie a la economía y a las familias que no ingresar un euro«, todo ello cuando en Madrid siguen muriendo personas (8.863 fallecidos y 71.595 positivos a fecha 31/5/2020. Fuente “El País”.)

Como colofón, podemos asegurar que su modelo económico «es el de Telepizza y el del Room Mate; véase apartahotel en el que ha estado alojada durante las semanas más duras de la pandemia en Madrid, hasta hace unos días; ahora dice que ha dejado el apartahotel de lujo, una vez que ha amainado la tormenta sobre su vergonzosa acción de refugiarse en una suite de lujo, mientras en los barrios obreros las colas ante las sedes de las asociaciones vecinales, para recoger comida, no han hecho más que crecer.

En fin, la Presidenta de un Gobierno en minoría, dislocado y enfrentado permanentemente que no ha podido aprobar ni una sola ley.

¿Qué pensamos desde Tribuna Socialista de Madrid? 

Opinamos modestamente, como personas comprometidas social y políticamente, que asistimos a una crisis sanitaria-económica sin precedentes históricos cercanos, de consecuencias aún desconocidas, en la que un gobierno de izquierdas, y de coalición, ha asumido una respuesta llena de humanidad, de justicia social, que está paliando las consecuencias de la misma y quiere cambiar el signo de la economía, para  reconstruir la sociedad mediante una decidida política de equidad social y respeto al medio ambiente, es decir, recuperar en profundidad el Estado de Bienestar.

¿Y en qué afecta esta opinión a la situación actual de nuestra comunidad autónoma?

En que es inaudito que siendo común esta opinión, compartida por muchas personas de todo el ámbito de la izquierda, con diferentes matices y distintos enfoques, no seamos capaces de obtener un gobierno del mismo carácter para Madrid.

Analizar la actuación del gobierno de nuestro país, compararlo con el ridículo político que significa la Presidenta Ayuso, el Partido Popular, su mal avenidos socios de Ciudadanos y el chantajista préstamo de votos de VOX, nos lleva tanto al orgullo de lo hecho como a la frustración de lo que tenemos en Madrid desde hace más de veinte años.

Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista en Madrid, como desde tantas organizaciones y partidos políticos, pedimos y animamos a que se inicien trabajos entre las organizaciones de izquierdas, de manera inmediata, para preparar un futuro gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid.

Creemos importante recalcar que no se trata de “unidad impuesta”, ni de uniformidad, al contrario, se trata de consensuar ideas, políticas, y alcanzar acuerdos que integren las diferentes formas de entender la política desde la izquierda.

Es una oportunidad poder observar, aprender de los aciertos y de los errores, para dotarnos de un gobierno genuino, innovador y de coalición, para afrontar futuro incierto ante el que nos encontramos. Tiene que servir el ejemplo, poco valorado, de haber afrontado en muy poco tiempo, una crisis de estas dimensiones con respuestas dignas que anteponen las personas al beneficio de unos pocos.

 

Tribuna Socialista Madrid

El COVID-19 ha puesto al descubierto muchas de las debilidades y fortalezas de nuestra sociedad. En las fortalezas destaca la gran labor de los trabajadores y trabajadoras; a la cabeza, el personal que presta servicio en hospitales y centros de salud: médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras… así como la de quienes trabajan en los demás servicios esenciales: agricultura, transporte, supermercados y otros sectores entre los que nos encontramos los trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras, las compañías de seguros, de prevención de riesgos, de contact center, la consultoría informática, la ingeniería…

Los trabajadores y trabajadoras de estos sectores han llevado a cabo su labor con gran escasez de medios de protección; en los primeros días del estado de alarma prácticamente sin protección. Aún hoy no se puede hablar de que, en los centros de trabajo, haya una dotación suficiente de medios para la protección y prevención frente al coronavirus. La protección de los compañeros y compañeras ha sido el caballo de batalla de los sindicalistas: otro colectivo esencial. Además de velar porque la avalancha de ERTEs se ajusta a la legalidad y negociar las mejores condiciones para los trabajadores, hemos estado exigiendo que dichos elementos de prevención se facilitasen con agilidad y en cantidad suficiente.

La capacidad de disciplina y adaptación de la gran mayoría de la sociedad para acatar el confinamiento y el distanciamiento de nuestras familias y amigos; única herramienta en la actualidad para frenar al virus, es otra gran fortaleza, tanto que podría calificarse de ejemplar.

En el lado de las debilidades, hemos descubierto que no estamos preparados para el ataque de un nuevo virus, como no estuvimos preparados para los estallidos de burbujas financieras e inmobiliarias.

La Sanidad está absolutamente volcada en paliar los efectos del coronavirus y aun así no se han podido evitar las 27.650 muertes que el COVID-19 se ha cobrado: datos a 16 de mayo. La Sanidad está colapsada, en unas semanas veremos a qué fecha se trasladan las citas médicas, las intervenciones quirúrgicas no urgentes, etc., que han quedado en suspenso y eso contando que no se produzca una nueva ola de contagios que según los expertos la habrá.

En el plano financiero, se ha agrandado la dependencia que sufre el ICO, respecto de las entidades financieras privadas. Hay dificultades para hacer llegar de forma rápida y eficaz las líneas de crédito que lanza; poniéndose en evidencia, una vez más, la necesidad de un polo de banca pública, algo que venimos defendiendo en UGT desde hace años. Es gracias al intenso trabajo llevado a cabo por los trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras que el objetivo del Gobierno se está realizando, es por ello que autónomos y microempresas están pudiendo acceder a la financiación

El sistema educativo está paralizado, lógicamente. Pero en tiempos de desescalada se genera un problema que impide conciliar la vida personal y la laboral. En España hay más de 3 millones de niños entre 6 y 14 años. La solución que se ofrece a los trabajadores y trabajadoras es que: tomen vacaciones, pidan una excedencia, reduzcan su jornada…Todas son medidas que van contra “la cuenta de resultados del trabajador”.

Si en la fase 1 de desescalada se pueden reunir grupos de 10 personas, guardando la distancia mínima de 2 metros, parece razonable que en la fase 2 o en la 3, grupos de 15 niños y niñas pudieran volver a las aulas, guardando la distancia mínima de 2 metros y con las restricciones que establecieran las autoridades sanitarias. Pero el problema de llevar a cabo un retorno a las aulas no está en las medidas sanitarias, está en la escasez de profesorado para desdoblar los grupos de alumnos y en la escasez de espacio para acoger dicho desdoble. Es decir que esa ratio que el informe PISA nos señalaba como deseable de 15 alumnos/as por aula, ahora no es solo un indicador de calidad de la enseñanza sino un requisito para que pueda haber enseñanza con las medidas de protección necesarias.

La reconstrucción de nuestro país no se puede abordar a golpe de bonificaciones y exenciones a las empresas, ni flexibilizando las condiciones de trabajo ni abaratando el despido, ni… como ocurrió en la crisis financiera de 2008. Hay que invertir en los sistemas públicos: en el sanitario, en el educativo, en el de la dependencia –tener en palmitas a nuestros mayores no es solo ponerles bancos para que se sienten en los parques, como propone simplistamente la Presidenta de la Comunidad de Madrid-.

La conciliación no puede ser un concepto decorativo, ni un deseo o una buena voluntad expresada en un texto. Necesitamos poder conciliar la vida laboral y la personal, pero de verdad. Y eso solo será posible con una legislación que la garantice –la que hay es insuficiente-, con unos convenios colectivos sectoriales que la ajusten a las condiciones propias de cada sector –lleva mucho tiempo siendo urgente la derogación de la reforma laboral, en particular la hegemonía del convenio de empresa sobre el de sector-. La inversión social, que dé soporte a los trabajadores y trabajadoras en su condición de padres y madres ayudará a reconstruir económicamente nuestro país.

Alertamos desde el Sector Financiero, Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT que todo no se resuelve con el teletrabajo, pues parece ser que los empresarios han descubierto ahí un nuevo filón de productividad: trasladan costes de suministros e instalaciones a sus trabajadores y estos, a nombre de que están en su casa, se olvidan de la jornada y el horario que tienen establecido en su contrato individual y en el colectivo (el convenio).

Es evidente que el binomio pandemia-digitalización, va a dar como resultado un incremento notable del teletrabajo, pero eso habrá que regularlo legal y convencionalmente; no vale todo. Hay que pensar en los costes económicos para los trabajadores y también en los riesgos sicosociales del teletrabajo, en el distanciamiento del centro de trabajo y el entorno laboral.

La digitalización y el teletrabajo no pueden traducirse solo en beneficio empresarial, tiene que redundar en mejora de la calidad de vida y de la salud de toda la sociedad, de los trabajadores también.

Roberto Tornamira Sánchez

Secretario Federal del Sector Financiero,

De FeSMC-UGT

Ha tenido que llegar una pandemia para que muchos reconozcan como esencial el trabajo de las limpiadoras y los limpiadores.

Pero a María la esencialidad de su trabajo no le llena la nevera. Sobre todo desde que en 2012 el gobierno regional de Ramón Luis Recortes decidió que en Murcia éramos muy curiosos y había que limpiar menos horas porque la cosa estaba muy mal, y además, como faltaban ocho años para que llegara el coronavirus, nadie se iba a dar cuenta de que el trabajo de la limpieza era esencial. Así que  les recortaron un 16,5% de su jornada y de su salario, y a los trabajadores de limpieza de las dependencias de la Comunidad Autónoma les dieron a elegir entre recortar su jornada o perder su trabajo.

María, como todos sus compañeros que están pero no se ven, sigue acudiendo cada día a la residencia de mayores a realizar su trabajo, son tareas ingratas en muchas ocasiones, pero siempre con una palabra amable y una sonrisa que reconforta a sus viejecicos, eso sí, conversaciones las justas, porque ya le han dicho sus jefes que tiene que limpiar lo mismo con menos jornada. Sin embargo en estos meses de coronavirus, sobrecogida por el semblante que muestran sus mayores,  siempre busca un ratico para intentar aliviarles la angustia y la ansiedad que les rodea. Tal es así, que en estas semanas en que los residentes no han podido comunicarse entre ellos, que no han podido ni tan siquiera salir de su habitación, estaban deseando que María entrara a limpiar y temiendo que terminara, porque por unos minutos habían aparcado la tristeza.

Al terminar su reducida jornada, a pesar de salir con prisa y desconcierto, María se para a contarles como están sus abuelos a los familiares que no pueden visitarlos.  Con la prisa de quien sale corriendo de trabajar para ir a trabajar, pero con el desconcierto de quien al salir recuerda en la puerta que ya no tiene un segundo trabajo, que ha cerrado ese local en el que para poder llenar dignamente la despensa, trabajaba unas cuantas horas y le cotizaban casi ninguna.

Ustedes perdonen por anticiparlo, pero este cuento no tiene final feliz, de momento. Siete años después, en 2019 gracias a la presión de los sindicatos, recuperaron la mitad de lo que les quitaron. Pero a día de hoy en plena pandemia, doblando turnos y con jornadas maratonianas de trabajo siguen teniendo su jornada reducida, eso sí, con promesas y promesas de que lo recuperarán.

No habrá reactivación justa sin eliminar esta ignominia, sin que recuperen su jornada completa las que limpian mientras dormimos, los que limpian antes de que empecemos a trabajar, las que siguen limpiando cuando nosotros volvemos a casa.

No caeremos en la tentación, como hacen otros con otro gobierno, de decirle al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, “señor Miras, ¿por qué no te piras?” Pero sí le diremos que antes de pirarse de vacaciones deje esta injusticia resuelta. 

Sería muy bonito terminar el artículo diciendo eso de ¡todos somos María! Pero no es verdad. La desigualdad es un virus para el que nunca llega la vacuna. Porque no es verdad que la crisis económica nos golpee a todos por igual. Tampoco el virus golpea a todos por igual. Porque no todos han tenido que coger transporte público para ir a su trabajo porque tienen un empleo mal pagado. Porque no todos han tenido que trabajar sin medidas de protección. Porque no todos al volver exhaustos de su trabajo, han tenido que ver carteles en el buzón o en su propia puerta, pidiéndoles que se fueran a vivir a otro sitio mientras durara la pandemia para no contaminarles sus cacerolas.

Hace 8 años ya que les robaron en la despensa, pero siguen trabajando con el mismo orgullo. No pararemos hasta conseguir que recuperen lo que les quitaron, por todo eso nuestro homenaje y reconocimiento a los que, como escribió Benjamín Prado, llenan de orgullo las neveras vacías.

José Hernández Aparicio

Secretario General de FeSMC-UGT-Murcia

Han pasado dos años desde que Pedro Sánchez alcanzara la presidència del gobierno tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy y sus políticas de la Moncloa. Hoy, dos años después , preside el primer gobierno de coalición de la democracia y se enfrenta a la derecha más rància, más nostàlgica del franquismo, y con actuaciones más impunes que nunca.

El 1 de junio de 2018, Mariano Rajoy se despedía, tras la sentencia del caso Gürtel, que sentenciaba al PP como un partido corrupto;  tras haber agravado el conflicto catalán con los líderes independentistas en prisión o huídos de la justícia, y tras dejar un país recortado en derechos laborales y sociales,

La mayoría del parlamento reclamaba una acción política libre de corrupción, con el diálogo como bandera para resolver el encaje territorial de los pueblos, y que abordara los principales problemas de desigualdad, y de pérdida de derechos, que hoy la crisis de la COVID-19 ha acentúado.

La debilidad del gobierno es evidente. Seguimos con los mismos presupuestos prorrogados que aprobó Rajoy, y a pesar de las constantes llamadas a la unidad de los partidos, se está sudando la gota gorda para sacar adelante cada prórroga del estado de alarma y las medidas para afrontar esta crisis sanitaria y econòmica.

Dos años después de la moción de censura a Rajoy es necesario revivir el espíritu que posibilitó que aquélla saliera adelante, y más necesario si cabe, tras analizar las carencias de nuestro tejido productivo y las primeras consecuencias económicas de la pandemia.

La coalición del gobierno presidido por Pedro Sánchez prometía estabilidad y un programa claro para los próximos cuatro años, pero a los dos meses de iniciar su andadura se topó con dos virus: uno, el coronavirus, que hasta el momento se ha llevado la vida de más de 27.000 personas, El otro virus, el del capitalismo Financiero que ya antes de la COVID-19 anunciaba una crisis más grave que la anterior, y que está aprovechando la liberación de fondos públicos para dejarlo todo como un desierto, menos sus cuentas de resultados.

La recesión es ya una realidad y mucho mayor que la de 2008. La mayoría social de este país requiere medidas urgentes. Si queremos que la crisis no vuelva a caer sobre la clase trabajadora, el gobierno de Pedro Sánchez deberá empezar a hacer cosas diferentes a las del gobierno Rajoy en asuntos económicos.

El Ingreso Mínimo vital no es la panacea, ni puede ser el eje central de esta legislatura recién iniciada. Es más, el IMV puede convertirse en una ayuda a las empresas, al permitirse que su cobro sea compatible con el salario, complementándolo….desde el Estado.

Es necesario recuperar el espíritu de unidad de la moción de censura, el espíritu de ilusión con que la mayoría de este país recibíamos a este gobierno de coalición. Es necesario abordar el conflicto catalán desde el diálogo, es necesario que se deroge en su integridad las últimas reformas laborales, es necesario que las ayudas lleguen a los parados, pero sobretodo es necesario que no haya más parados. Necesitamos con urgència una moratoria indefinida para los despidos, al tiempo que se aborda una política industrial que aproveche las fortalezas de nuestro país para fabricar barcos, para producir energía eòlica, solar y mareomotriz, para fabricar respiraderos, mascarillas, y todo aquéllo que hoy importamos.

Es necesario proteger lo público, fortaleciendo el sector sanitario, la investigación, la enseñanza, y protegiendo el dinero público de la Seguridad social de las zarpas de los especuladores ansiosos por liberalizar las pensiones y por seguir avanzando en la privatización de la sanidad y de los Servicios sociales, para mayor pesar de nuestra salud y la de nuestros abuelos.

Hemos de olvidar los grandes pactos de estado con esta derecha retrógrada y facha, que vive de la confrontación y se alimenta de nuestras debilidades para tirar adelante con las reformas que todos esperamos de este gobierno. El tiempo se agota. La derecha se crece apoyada en sus lobbies (Iglesia, sector Financiero, y especuladores de distinto pelaje), y amparados en una judicatura que necesita una urgente renovación democràtica y democratizadora.

El Gobierno de coalición no tiene los votos suficientes y necesita seguir negociando todos y cada uno de los asuntos que tiene que sacar adelante, por ello es necesario recuperar la unidad de la moción de censura.

No hay mejor aval para la consolidación del gobierno de coalición que hacer políticas para la mayoría social, cerrando la Puerta a la demagogia y al populismo franquista y fascista.

 Baltasar Santos

TS Tarragona