Las Fuerzas Armadas españolas constituyen una ínfima parte de la sociedad (inferior al 2,5 por mil en 2023). Sin embargo, el temible poder coactivo de las armas explica el abusivo papel que la Constitución de 1978 otorga a la Corona, como consecuencia de un proceso de Transición controlado por el Rey y sus generales, sumisosa los USA.
Todo ello ha dado lugar a los rancios privilegios medievales de los que sigue gozando la dinastía Borbón, en particular la execrable inviolabilidad del Rey, mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Privilegios apuntalados por la función extremadamente reaccionaria que desempeña la llamada “justicia militar” en el control disciplinario e ideológico de los escalones subalternos, así como en el sometimiento de la tropa a las arbitrariedades del mando.
La muerte por edad del dictador dio lugar a un proceso político de reforma de la dictadura, que impidió, por el poder coactivo de las armas, el desarrollo de un proceso constituyente en libertad.La soberanía de los pueblos del Estado español fue secuestrada por el golpe militar, la guerra de aniquilación que le siguió y la genocida dictadura franquista.
Son, por tanto, el Rey y sus generales el principal obstáculo para alcanzar una democracia efectiva, que acabe con la humillante sumisión de nuestros pueblos.
Las luchas sociales se reflejan, en mayor o menor medida, en los aparatos del Estado. Así ocurrió durante la dictadura, dando lugar a movimientos progresistas tales como Jueces por la Democracia, en la Judicatura; o la Unión Militar Democrática (UMD), en el seno de las Fuerzas Armadas, disuelta manu militari durante la Transición.
Actualmente existen diversos colectivos y asociaciones de militares que reflejan las contradicciones sociales existentes: progresistas unas, reaccionarias otras. Sin embargo, todas estamos llamadas a colaborar, por razones humanitarias, a frenar la amenazante escalada de la guerra.
El objetivo del colectivo de militaresque me honra representar es el de contribuir, junto a la sociedad civil, a sentar las bases para un Movimiento contra la Guerra.
No en abstracto.
Hoy la prioridad está en el genocidio de Gaza perpetrado por Netanyahu y en la Ucrania neonazi de Zelensky, pero hay situaciones que no nos son ajenas, como por ejemplo la desestabilización en el África subsahariana. La región del Sahel y del Sahara, ha sido escenario de una serie de golpes de Estado en países como Mali, Guinea, Burkina Faso, Níger y Gabón.
Estaregión está envuelta en conflictos entre fuerzas locales, grupos yihadistas y redes criminales. Las potencias imperialistas como Francia, Estados Unidos, Rusia y China rivalizan por el control de la región, rica en recursos minerales.
Una grave situación que fuerza a hombres y mujeres, algunas en avanzado estado de gestación, a niños y ancianos, a jugarse la vida en las rutasatlántica y mediterránea -canaria y andaluza-, a menudo engullidos por las olas, tras una larga agonía, a la deriva.
El sentir de los pueblos del Estado español es contrario a la guerra. Prueba de ello es que, cuando se les convoca, como se hizo en 2003 para impedir infructuosamente la invasión de Irak, acuden.
Sin embargo, dependemos de la voluntad política de los partidos y de sus correas de transmisión: los medios de comunicación. Las organizaciones mayoritarias, partidos y sindicatos, están encorsetados a los compromisos institucionales (nacionales e internacionales) del Gobierno.
Las cancillerías occidentales, influenciadas por los intereses económicos del complejo militar-industrial de los USA, se alinean con el poder imperial. Los tambores de guerra resuenan en los pasillos de la OTAN. El belicismo homicida se extiende…
La necesidad de un Movimiento permanente contra la Guerra existe.
Los pueblos no quieren la guerra. No es su guerra. Es necesario y urgente pasar a la acción, organizándonos.
Artículo 6 de la Constitución Española de 1931: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
“—Pero ¿usted se da cuenta de lo que puede hacernos ganar la guerra en este caso? ¡Millones, hombre, millones!… ¡No es un juego de niños, Iturdiaga!…” «…a lomos del negro fantasma de la guerra que volaba sobre los campos de Europa…»
Nada (1945)
Carmen Laforet (1921-2004
Son las 6 de la tarde. Bajo en bus desde la Sierra hacia Madrid. Es martes 27 de noviembre.En el número 44 de la madrileña calle de Alcalá, se celebra un acto en la Librería Blanquerna, convocadopor el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos.
Llego a Moncloa. Tomo el metro y me dirijo hacia Sol. Después bajo por Alcalá y entro en la librería. Es muy amplia y bien decorada. Asiste un numeroso público. Un gran cartel preside la sala.Se puede leer con nitidez: “Amnistía para todos los perseguidos por el procés”.
Invitado por la organización a intervenir, tomo la palabra.
Compañeras, os transmito el apoyo sincero del colectivo de “militares contra la guerra” a vuestra petición de Amnistía para todos los perseguidos por el procés.
Somos un colectivo apartidista, en su mayoría formado por militares en situación de retirados, respetuosos con las diversas opciones políticas de sus miembros, nacido al clamor de los pueblos contra la guerra de Ucrania.
Es una guerra que no desean los pueblos: no es su guerra. Una guerra en la que Europa se ve arrastrada por la OTAN, dirigida por los USA. Una guerra, en definitiva, impulsada por las burocracias capitalistas,a uno y otro lado del frente.
Nos oponemos al envío de armas. Es una decisión antidemocrática, no debatida en el Parlamento, que implica directamente a nuestro país como beligerante, alimentando la guerra; que pone en riesgo la supervivencia de nuestra especie y la de toda vida sobre el planeta.
Denunciamos los gigantescos gastos en armamento, detraídos de los fondos de las partidas asignadas en los presupuestos generales del Estado, en competencia con las asignadas a pensiones, sanidad, educación y otras apremiantes necesidades sociales.
La monarquía y su régimen del 78, constituyen un muro infranqueable que impide el desarrollo de una democracia avanzada, en donde los trabajadores y pueblos puedan hacer efectivos sus derechos sociales y democráticos.
Comento a continuación un serio impedimento:el papel monárquico y siniestro que otorga la Constitución a las Fuerzas Armadas.
Veamos.
En su artículo 2 se dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española…”
Más adelante, en su artículo 8, se dice:“Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar… el ordenamiento constitucional.” Por si fuese poco, en su artículo 56 continúa: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia…” y más adelante dice “… la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».
Es decir,el rey es impune aunque delinca; no se le puede detener, ni investigar, ni procesar, ni condenar; haga lo que haga.
En su artículo 62: “Corresponde al rey: …El mando supremo de las Fuerzas Armadas”. Subrayo lo de “es inviolable” y lo de “mando supremo de las fuerzas armadas”.
Contra lo que afirman algunos juristas, que consideran simbólico el papel del rey, sin mando efectivo, yo les digo que no es precisamente eso lo que se inculca a los cadetes en la Academias, ni a los alumnos en la Escuela Naval.
Durante la jura de la cadete Borbón, retransmitida en directo por las cadenas de TV, todo el mundo pudo ver con nitidez la palabra Franco, bien visible en el muro frontal de la Academia General de Zaragoza. No es casual.
Los alumnos de las academias militares, incluida la cadete Borbón, son disciplinados en la obediencia ciega a la cadena de mando militar, que se les incita compulsivamente a asumir de forma acrítica. Subrayo lo de “cadena de mando militar”.
Es además una Constitución otorgada por el último jefe de la dictadura, el rey Juan Carlos, producto de un “proceso constituyente” nada democrático, derivado de una reforma dela dictadura,e intervenido por su aparato represivo.
Los pueblos del Estado podrán ejercer su soberanía popular una vez caiga la monarquía, se proclame la República y se inicie un proceso constituyente, en donde puedan decidir libremente su futuro, acordando fraternalmente su relación entre ellos.
Es improbable que se produzca de forma inminente un gran acontecimiento histórico, como sería la proclamación de la República; una república federal de trabajadores y de trabajadoras, moderna y avanzada. Pero me parece evidente que estamos viviendo momentos de gran trascendencia política, iniciados por esta legislatura que acaba de comenzar.
El pasado lunes 20N conmemoramos el aniversario de la muerte del dictador. Sin embargo, todos los militantes socialistas hemos visto como el franquismo sigue vivo. De hecho, se han trasladado de la plaza Oriente a la calle Ferraz en Madrid para asediar la sede socialista. Desde la muerte de Franco no se han vivido momentos de tanta tensión, protagonizados por la caye-borroka, los falangistas de toda la vida, los ultracatólicos, y grupos neonazis, todos convocados por VOX y PP para plantar cara al socialismo y animar a un golpe de estado al ritmo del cara al sol.
El debate de investidura de Pedro Sánchez fue el telón de fondo para evidenciar la existencia de un frente de partidos unidos contra el franquismo. Patxi López estuvo magistral en su defensa del socialismo y en sus ataques a la derecha y ultraderecha, pero también los representantes de los otros siete grupos que apoyaron la investidura de Pedro, dejaron bien claro lo que representan PP y VOX.
Gracias a ese acuerdo antifranquista podemos tener un presidente del gobierno socialista y un consejo de ministros progresistas que debe tirar adelante la difícil tarea del mandato de la mayoría social de este país: mejora de las pensiones, disminución de la jornada laboral, la amnistía que normalice la política, becas, freno al precio de los alimentos, y un largo etcétera de compromisos, que eso sí, deja algunas lagunas y trae algunos riesgos importantes: la necesaria auditoría a las cuentas de la seguridad social, el troceamiento de los servicios públicos (la gestión vasca de la Seguridad Social y la transferencia del servicio ferroviario de
cercanías a Catalunya, son buenos ejemplos que cuentan con la oposición de los empleados públicos), un nuevo estatuto de los trabajadores (a lo mejor con recuperar el que teníamos era suficiente).
No será una legislatura fácil para los socialistas. Tenemos la difícil tarea de tirar adelante reformas progresistas y mantener los servicios públicos revirtiendo las privatizaciones, y no cayendo en la trampa del troceamiento de los servicios públicos (más fácilmente privatizables), pero sobretodo, necesitamos garantizar la unidad de acción de la mayoría antifranquista y trumpista, no solo para pararles los pies en el terreno político, sino también en las calles, en la defensa de nuestras sedes.
La letra del himno de Catalunya dice «ahora es hora de estar alerta», y ciertamente, aunque no estamos en el 36, además de los cánticos fascistas y neonazis a los que no nos acostumbraremos nunca, se empieza a escuchar ruído de sables. Se han pronunciado algunos militares, se han pronunciado algunos colectivos de guardias civiles, y…
¡ cuidado!. La contención de la policía en las manifestaciones «ilegales» de los franquistas no tiene nada que ver con la represión de las manifestaciones obreras. ¿Recuerdan aquella tanqueta que sacaron a pasear con ocasión de la huelga de los trabajadores del metal en Cádiz?. Ahora es hora de estar alerta.
La Amnistía del procés es el resultado de unos pactos nacidos de una correlación de fuerzas favorables a los avances democráticos, por tanto, contrario al statu quo de la Transición; de ahí la férrea negativa de las derechas reaccionarias a aceptar la Amnistía, pues ello equivale a reconocer el carácter plurinacional de nuestro país y, por tanto, asumir la necesidad de avanzar en la democratización del Estado.
Puede parecer una exageración afirmar que yo observo la actual dinámica política como una pugna entre dictadura y democracia, pero no es así.
Veamos.
Como resultado de una Transición intervenida por el aparato franquista, muchas de las estructuras de poder del viejo régimen perviven hasta nuestros días; son el mismo perro con distinto collar. Siguen, pues, haciendo suyo el viejo dogma de la unidad indisoluble del Reino de España, por oposición a una República federal o confederal, moderna y avanzada.
Las citadas derechas tratan de imponer manu militari un fantasmagórico estado de derecho, incoherente y contradictorio, producto de los déficits democráticos de la Transición y, por tanto, origen de graves disfunciones, irresolubles bajo el régimen del 78.
Ello resulta evidente; no solo por la extremada agitación reaccionaria, que perturba el buen funcionamiento de ciertas instituciones, y las degrada, sino también por la actitud inamistosa y ceñuda del rey Felipe VI durante la jura del presidente Pedro Sánchez.
El corsé de hierro impuesto por la monarquía está herrumbroso, y sus remaches comienzan a saltar ante el empuje y las ansias de libertad de las viejas naciones sin Estado; es decir, de Catalunya, Euskadi y Galicia.
De entre las ruinas del aparato franquista, emerge un nuevo ciclo democratizador. Su éxito está condicionado a una sólida alianza entre las fuerzas plurinacionales que sustentan al Gobierno de coalición.
De la inteligencia estratégica de las citadas fuerzas, coaligadas de hecho, dependerá que la dialéctica entre dictadura y democracia no derive en grave involución.
Tengo la firme convicción de que sabrán avanzar con valor y perseverancia, codo con codo, formando un amplio frente democrático, pese a los vientos contrarios que soplan ya con fuerza. No queda otro camino.
Aviso a navegantes
Argentina, Milei y la herencia peronista: Inflación superior al 142 % con el 40 % de pobreza extrema y reservas en mínimos. La debacle de la izquierda en las elecciones argentinas llevará a más precariedad, hambre, desprotección y desesperación, abonando así el terreno a soluciones autoritarias aún peores.
Manuel Ruiz Robles,
Capitán de Navío de la Armada (R), antiguo militante de la UMD, portavoz del colectivo de militares demócratas “Anemoi”.
Madrid, 20 de noviembre de 2023
Ante la nueva oleada de declaraciones sediciosas de altos mandos militares, aparecidas en los medios digitales y cadenas de TV en horas de gran audiencia, creando alarma social, manifestamos nuestras más rotunda condena.
La primera oleada ha consistido en un manifiesto, publicado por la franquista Asociación de Militares Españoles (AME), sin firmar, en el que un grupo de militares retirados (según nuestras fuentes, 7 generales, 23 coroneles, 4 tenientes coroneles, 7 comandantes y 9 capitanes) piden a las Fuerzas Armadas que destituyan al Presidente del Gobierno de España y se convoquen nuevas elecciones.
La segunda oleada, se refiere a declaraciones, publicadas por el diario “El Mundo”, de altos mandos de las Fuerzas Armadas en activo, que
podrían haber incurrido en un presunto delito de sedición militar, castigado por el Código Penal Militar con penas muy severas.
El retorno, de tales intimidaciones militares de extrema derecha, es a nuestro juicio, responsabilidad, cuando menos, del silencio cómplice del Rey, de la inacción del PSOE y de la actuación presuntamente prevaricadora de su Ministra de Defensa, que protege a los “fuertes” y hace callar a los “débiles”; como lo ha hecho en los casos del Teniente Segura, expulsado por denunciar valientemente la corrupción interna, del Cabo Santos, expulsado por su ideología democrática y la Artillera Valdearcos, vilmente acosada, calumniada y expulsada.
Sí, estoy de acuerdo. Sé que muchos, muchas, no estáis de acuerdo con el pacto de investidura, donde se incorpora la amnistía a quienes propiciaron y participaron en el referéndum ilegal sobre la independencia catalana.
Quiero manifestar públicamente que yo sí estoy de acuerdo.
Para quien quiera entender mis razones, debo empezar diciendo que me siento Republicano y aspiro a recorrer el camino que analice la viabilidad de llegar a un Estado Federal, como puede ser el de Estados Unidos.
Por lo tanto, sí, me parece bien llegar a un acuerdo con fuerzas independentistas donde, desde el diálogo político, se pueda analizar el modelo de Estado más adecuado para el futuro de nuestro país.
Algunas, algunos, no creen en el diálogo, en lo único que creen es en la imposición del “Viva España”. Fueron cómplices del gran conflicto social del 1 de octubre de 2017 (donde incluso se proclamó la independencia catalana), por tal de defender lo que entienden que es una “patria”, en vez de dialogar y poder llegar a algún acuerdo con quienes se sienten diferentes a ellos.
Un primer efecto positivo en la normalización democrática y constitucional es que hace cuatro días, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts se han puesto de acuerdo, por primera vez, votando en contra de la propuesta de la CUP de impulsar otro referéndum ilegal en Cataluña. Parece claro que dejan de impulsar otro referéndum ilegal, acordando que “propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución”.
Es decir, que siguen reclamando la celebración del referéndum, pero ahora en el marco de la Constitución… no como cuando gobernó Rajoy, que lo hicieron al margen de la Constitución y ninguno de los que salieron este domingo a las calles, salieron a manifestarse hace seis años a la sede del Partido Popular.
Ahora hay un candidato que se presentará a la investidura con el apoyo de todas las formaciones políticas, menos la del PP y VOX, es decir, con una amplia mayoría absoluta que recoge las distintas percepciones de convivencia existente en nuestro país.
Y una última reflexión, distintos gobiernos del Partido Popular han perdonado miles de años de penas a asesinos, a terroristas, a etarras, a delincuentes, a defraudadores… Estoy convencido que lo que de verdad les jode a los dirigentes del PP no es la amnistía, es que su país, que también es el mío, vuelva a tener un gobierno de izquierdas que siga haciendo verdaderas políticas progresistas.
La lucha y resistencia de los palestinos a ser expulsados de su tierra se expresa desde principios del siglo pasado donde la población, musulmana y cristiana, que era el 90% de la población Palestina rechazó la “Declaración Balfour” que el gobierno británico por medio de su ministro de asuntos exteriores, Arthur Balfour, hizo cediendo a las presiones del sionismo. Más tarde, en 1947 la ONU bajo presión de los EEUU, deciden la partición de Palestina el 29 de noviembre de 1947, se abre un enfrentamiento entre árabes y sionistas que empieza el 30 noviembre, es decir, al día siguiente de la partición de Palestina, el estado sionista expulsó a los árabes de más de 750 ciudades, pueblos y aldeas de Palestina y ocupó la mayor parte de Palestina dejando fuera del territorio ocupado por los judíos, solo a Cisjordania y a Gaza, 20% del territorio palestino, se calcula que más de un millón de palestinos fueron expulsados de sus tierras sin que nunca se les permitiera volver a ellas.
Desde el fatídico 7 de octubre miles de bombas han caído sobre la población de Gaza causando más de 14000 muertos hasta la fecha, un auténtico genocidio televisado, que no sería posible sin el apoyo del Imperialismo de EEUU, y la complicidad de los gobiernos de la UE, las tibias críticas o reproches que estos gobiernos hacen de la actuación del ejército israelí los hace culpables de la gran atrocidad que se está cometiendo, no es una guerra es un genocidio.
Cientos de miles de manifestantes recorren las calles de las principales ciudades del mundo, desde Londres a Berlín, Neuyork, El Quebec, Madrid o Paris y es que los trabajadores, los demócratas del mundo entero, saben que el pueblo palestino es símbolo de resistencia en defensa de la democracia, de la resistencia de un pueblo a vivir en su propia tierra en paz y libertad, es la lucha contra el imperialismo, aliado del sionismo que no se conforma ya con el genocidio si no que quiere el exterminio de la población Palestina. Es por eso que el Gobierno sionista de Netanyahu no admite criticas ni atiende discrepancias, exige apoyo incondicional, presiona a los gobiernos de occidente para que prohíban manifestaciones, huelgas o protestas de apoyo a los palestinos y se ha sentado a negociar una tregua por exigencia de los familiares de los secuestrados y cada vez más judíos en el mundo que no se ven representados por el sionismo.
Bienvenido sea el pequeño respiro del alto el fuego, pero no es suficiente, los que defendemos la democracia debemos exigir el alto el fuego indefinido, la apertura total de las fronteras, asistencia de médicos, personal sanitario y medicamentos, alimentos, suministro de agua, luz y todo lo necesario para salvar la vida de la población indefensa, es obligación de nuestro Gobierno situarse con la población palestina y exigir al resto de gobiernos occidentales que hagan lo mismo.
José Antonio Iniesta
Proxímas Manifestaciones Palestina
El pasado 22 de noviembre, 70 colectivos y organizaciones obreras y democrática se han reunido en Madrid.
para organizar una concentración el día 29, jornada internacional de luto por la partición de Palestina por la ONU. Proponen que se celebre en la Puerta del Sol a las 19,30. Con el lema: “no a la partición”, “Palestina única del río al mar”.
para organizar una gran manifestación el sábado día 2 por la mañana, que podría ser de Atocha-Cibeles-Plaza de España. Centralmente dirigido a resaltar la responsabilidad del Gobierno y exigir al Gobierno la ruptura de España con Israel.
Al igual que otras reivindicaciones, como son el derecho a huelga y a la no criminalización del conflicto obrero, la derogación de la Ley Mordaza, la derogación de las reformas laborares 2010 y 2012, que están en el sentir de la mayoría de la clase trabajadora, y que son de gran importancia para seguir avanzando en derechos y mejoras en las condiciones de vida, está la lucha por recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en sus empresas y centros de trabajo, dicho de otro modo: el derecho a no renunciar a la recuperación del salario perdido.
Un problema que parecía haberse solucionado con el acuerdo que alcanzaron las patronales y los sindicatos para la negociación colectiva; que traería la paz social, tal y como decía el presidente de la patronal, el Sr. Garamendi, y que se consideraba por los dirigentes de nuestros sindicatos como un gran paso, ha resultado, y así se está manifestando, insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. La ola inflacionaria que deriva de la especulación en el incremento de los precios que provocan las decisiones, poco democráticas, del sector financiero, el sector de distribución de alimentos, etc., es una de las formas por las que las rentas de los trabajadores son saqueadas.
En el centro de trabajo, donde soy miembro del comité de empresa por UGT, venimos desde al menos un año poniendo todo nuestro esfuerzo y trabajo en informar a los trabajadores de la realidad económica que venimos sufriendo, explicando que no podríamos aceptar acuerdos que no aseguren el poder de compra. Los comunicados y las asambleas que el comité realizó sirvieron para que los trabajadores adquiriesen conciencia ante esta grave situación, y así lo demostraron cuando nos comunicaron las condiciones que los negociadores del convenio sectorial habían alcanzado. Los trabajadores se expresaron en las asambleas que el comité realizó para explicar el contenido del preacuerdo, de manera unánime, disconformes, ya que el mismo, que sí garantizaba el poder de compra de los próximos 3 años, no hacía referencia alguna sobre la pérdida salarial acumulada del 9,45% que los trabajadores de STEF-Madrid tuvieron en los años 2021 y 2022.
El convenio sectorial de Logística, Paquetería, y Actividades Anexas al Transporte de Mercancías de la Comunidad de Madrid fue aprobado por la mayoría de los delegados de UGT que acudieron a la convocatoria para la asamblea. Esto no impide, ni mucho menos, renunciar a la recuperación del poder de compra perdido. Para ello, es necesario seguir trabajando por la unidad entre el comité de empresa y los trabajadores, ya que no se puede emprender ninguna lucha al margen de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Y los trabajadores y trabajadoras no pueden pensar que con votar en las elecciones sindicales cada cuatro años es suficiente, como en la sociedad misma, vemos que es necesario implicarse y movilizarse en la defensa de los derechos y en la justa reivindicación que garantice unas condiciones de vida y trabajo dignas.
La lucha por la recuperación salarial que pueda evitar el continuo empobrecimiento de los trabajadores, es la única alternativa a la que la clase trabajadora puede optar, para que el saqueo al que nos tienen expuestos mediante la especulación de los precios, no impida que nuestras necesidades básicas y la de nuestras familias queden sin cubrir e imposibilitadas.
Ante la grave situación inflacionaria y los bajos salarios, los compañeros de STEF en Francia, en la localidad de Vitry -sur-seine, iniciaron el pasado 13 de noviembre, con el apoyo del sindicato de la CGT francesa, una huelga para conseguir un aumento de 100 euros más al mes. Después de prorrogar la huelga hasta su tercer día, la empresa accedió a reestablecer las negociaciones debido al apoyo que fue teniendo la huelga con el paso de las horas. Durante las negociaciones, el 25% de los trabajadores de la empresa decidió unirse a las movilizaciones.
La determinación de los trabajadores a mantener el conflicto obligó a la empresa a acelerar los encuentros para responder a las reivindicaciones por el aumento de los 100 euros. Al final, los trabajadores consiguieron: el aumento de 30 euros brutos mensuales de salario, la revalorización de la prima por exposición al frio durante el trabajo con 20 euros netos suplementarios, más una prima de 100 euros durante los meses de noviembre y diciembre para sufragar los días de huelga. El 16 de noviembre los trabajadores, una vez finalizada la huelga, vuelven a su actividad diaria con la cabeza bien alta, tras haber obtenido avances concretos en su remuneración. Los trabajadores han demostrado que con unidad se pueden conseguir las reivindicaciones. Sin embargo, “aún queda mucho camino que recorrer“, reconocen los trabajadores de la Vitry, sabiendo que la crisis inflacionista donde los capitalista no dudarán en imponer cualquier otra medida de regresión social, para recuperar las concesiones dadas.
La situación que ha llevado a los compañeros franceses a mantener el conflicto y sus reivindicaciones hasta el final, son las mismas por las que estamos luchando actualmente en STEF-MADRID: salarios que no llegan para hacer frente a cubrir las necesidades básicas para los trabajadores y sus familias, cubrir los pagos de hipotecas y alquileres, consumo de energías y combustibles, una alimentación sana y equilibrada. Necesidades que, con los salarios que percibimos, minorados por la subida de los precios, no son suficientes incluso solicitando prorratas de pagas y anticipos a la empresa.
“A VECES LAS HUELGAS HAY QUE HACERLAS POR DIGNIDAD”
El martes 31 de octubre se representará en las Cortes una nueva escena de Luces de bohemia: el juramento solemne de la cadete Borbón ante los representantes del pueblo español. Su jura civil simboliza -unos días después de su jura militar- el carácter militarista y reaccionario del sistema político emanado de la dictadura, pues no hubo a su término un auténtico proceso constituyente en libertad. De llegar a reinar, será jefe del Estado español como consecuencia de las leyes de sucesión decretadas por el dictador genocida Franco, aún vigentes.
Se trata de un paripé superfluo, pues sería inviolable según el art. 56.3 de la constitución, por tanto, impune, aunque delinca, ya que no le sería reconocida responsabilidad alguna por actos contrarios a las leyes, y no podría ser detenida o juzgada. Por ende, en caso de perjurio no podría ser investigada, procesada y menos aún condenada; por ejemplo, si llegase a emular a su tatarabuelo Alfonso XIII. Y, por si no bastase, tendría además el mando supremo de las fuerzas armadas. Mando supremo que su padre Felipe VI ejerció de forma amenazante con su abominable discurso del 3 octubre de 2017, emitido en directo ante todo el país por los medios de comunicación, tras el brutal apaleamiento del pacífico pueblo catalán por las “fuerzas del orden”.
Lo anterior, prueba que la función efectiva del rey -contrariamente a lo que opinan algunos juristas militares, quizá ingenuamente- no es en absoluto simbólica, sino último eslabón de la cadena de mando militar y, por tanto, garante del ordenamiento constitucional según el art. 8 de la constitución. Algo totalmente insólito en los países de nuestro entorno. La monarquía es un grave obstáculo para la salida pacífica de los conflictos derivados del carácter plurinacional del Estado, pues esa es su verdadera función constitucional. Farsa constitucional que el próximo martes 31 de octubre escenificará la cadete Borbón como protagonista estelar, encarnando la continuidad de un régimen monárquico-parlamentario heredero de Franco.
Será, una vez más, la esperpéntica confirmación del carácter militarista del régimen, en donde el rey representa la última ratio de la oligarquía financiera frente a un posible cambio en la correlación de fuerzas sociales. Una mayor unidad y empuje en la acción de los movimientos sociales, favorables a la autodeterminación de los pueblos del Estado, limitará la hegemonía de la oligarquía española, abriéndose paso la República de una vez por todas. Pues, como he expresado en más de una ocasión, tengo la convicción de que solo es posible democratizar el Estado aceptando su carácter plurinacional y el derecho de autodeterminación. Mientras tanto, continúa el genocidio del pueblo palestino a manos del Estado de Israel sin que su padre, el rey Felipe VI, condene los evidentes crímenes de lesa humanidad del gobierno israelí. Por el contrario, se ha dado prisa en condenar hipócritamente el derecho del pueblo palestino a la resistencia contra el ocupante, calificándolo de terrorismo.
Manuel Ruiz Robles, antiguo militante de la UMD, portavoz de la iniciativa “militares españoles por la paz”.
De nuevo nuestra dignidad socialista pierde nivel, nos sometemos no a una negociación tras un dialogo, sino a una claudicación en la que se nos imponen unas condiciones, que en ocasiones no solo rozan la ilegalidad, sino que a veces son totalmente ilegales teniendo que modificar las leyes, para dar encaje a exigencias inverosímiles y bastardas, que serían claramente despreciadas, si nuestro partido no hubiera perdido tanta confianza del electorado.
No es que hayamos perdido la dignidad mas que el resto de formaciones políticas, son muchas las ocasiones en que he afirmado, que desgraciadamente la política y los órganos de representación en las instituciones, se han convertido en un lodazal, del cual escapan cada día más nuestros políticos de vocación, esos que creen que la política es el arte de mejorar la vida de los ciudadanos.
Al parecer los representantes de los socialistas, que desde hace tiempo se avergüenzan de confesarse socialistas y se parapetan tras el subterfugio de socialdemócratas, desde los tiempos en que nuestro “insigne Isidoro”, se convirtió en ese triste personaje que nos engañó miserablemente, no solo a los socialistas que creímos y confiábamos en él, sino a una inmensa mayoría de la ciudadanía, que lo vio como una solución capaz de apartarnos, de un atroz capitalismo al que desgraciadamente el mismo sin un ápice de disimulo nos llevó al final. Entrando de cabeza en la dinámica, de utilizar cualquier argucia, con tal de gobernar para el capitalismo, da igual con quien, no importa el precio político que haya que pagar, aunque con ello cada vez este mas descompuesta nuestra ideología.
Hasta ahora, los que aún nos consideramos socialistas, nos tapábamos la nariz y pensábamos ingenuamente aun en la regeneración de nuestro histórico partido, pues parecía que con quien veníamos pactando, sometiéndonos a sus caprichos, concediéndoles sus particulares prebendas, era con partidos en teoría progresistas o al menos disfrazados de ello. Pero es que ahora, resulta que vamos a claudicar, precisamente con lo mas retrogrado del conservadurismo catalán, porque nos hace falta un voto, y encima lo haremos con unas condiciones previas impuestas, antes incluso de sentarse a la mesa de negociación, que no dudo que acabaremos aceptando, aun a costa de modificar perversamente las leyes al capricho de personajes realmente impresentables, no para mejorar la vida de nuestros conciudadanos sino para contentar precisamente a los que no quieren serlo .
Si esto se lleva a cabo como todo indica que va a ser, nuestro querido partido socialista estará definitivamente hundido sin remedio, aunque quizás eso sea lo que realmente desde hace unos años necesita el socialismo con mayúsculas; que se muera del todo este engendro en el que nos hemos convertido y de nuestras cenizas, se refunde un nuevo Socialismo puro y limpio que realmente luche por una sociedad justa.
Quizás a la sociedad en general, nos convenga un gobierno de la derecha mas cerril, junto con la extrema derecha más retrograda, que sea lo mas perecido a la dictadura que muchos de nosotros hemos sufrido, pero que una buena parte de los votantes de hoy en día, han tenido demasiada suerte y no han pasado por ella desconociendo sus efectos. Quizás los que si los conocemos, no hemos sido suficientemente didácticos, para dárselos a conocer a esa sociedad que cuando llega a tener un empleo aunque sea miserable, o alcanza a vivir en un piso de 90 metros cuadrados, o se compra un utilitario, pierde su carácter solidario convirtiéndose en un conservador, que le asusta la idea de un estado solidario que comparta la riqueza del país, pues ese ciudadano, ya esta por encima del que vive debajo del puente, creyendo por ello que debe conservar esa miseria conseguida.
Lo siento por mis nietos, les pido perdón a ellos y a su generación, porque no he sabido conseguir aquello por lo que durante toda mi vida he luchado y por lo tanto, les queda una sociedad considerablemente más vacía de valores éticos y morales que la que tuvieron sus padres. Quizás todos necesitamos recordar las persecuciones racistas, homófobas y clasistas, de no hace tanto tiempo, que nuestra frágil memoria olvida con facilidad.
Me gusta decir lo que realmente siento, sin el miedo a que por ello sea expulsado de mi partido, como lo están siendo otros con quienes discrepo, pero si dicen lo que realmente piensan, los respeto, aunque desgraciadamente, hayan entrado en la deriva derechista, son ellos los que deben colocarse en un lugar mas adecuado a su pensamiento y no por una purga.
Lo siento, yo prefiero que los ciudadanos vayamos de nuevo a las urnas, a que tengamos que pasar por el aro, de unos depredadores que no solo destruyen su sociedad independentista, sino que destruyen la dignidad de todos. Luego ganemos o perdamos recuperemos la cordura, refundemos nuestro partido, hagámoslo de nuevo progresista, solidario, recuperemos nuestros valores perdidos, hagámoslo de nuevo socialista.
Los días 15 y 16 de septiembre asistí a las jornadas que se han celebrado en Madrid, bajo el título: “Jornadas de Comparecencias”, organizadas por la Plataforma Verdad y Justicia y Marea Residencias. Han testificado familiares de víctimas de los “Protocolos de la vergüenza”, por los que el Gobierno de Díaz Ayuso (PP), en Madrid, excluyó y negó la asistencia sanitaria hospitalaria a miles de ancianos y ancianas, residentes en centros públicos y privados, en los meses de marzo y abril de 2020. La consecuencia fue la muerte de, al menos, 7.291 personas mayores.
Ante la Comisión Ciudadana que se ha constituido comparecieron trabajadores y trabajadoras de las residencias, expertos en medicina geriátrica y acreditados científicos en distintas disciplinas, así como políticos, además de las familias de las víctimas y algunas residentes que salvaron la vida.
La experiencia ha sido muy esclarecedora, tanto por los testimonios como por los datos que se dieron desde los distintos enfoques de la experiencia vivida y el conocimiento de los comparecientes. Aunque no se denominase así, lo percibí un verdadero “Tribunal Popular”, un foro de democracia, justicia y libertad, en la que cada compareciente pudo expresar sus vivencias y exponer sus datos, sin ningún tipo de restricción.
La Comisión está presidida por José Antonio Martín Pallín, quien fue fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. En la Comisión también participan: Ana Freixas Farré, fue catedrática de Psicología Evolutiva y Ciencias de la Educación, en la Universidad de Córdoba, e investigadora sobre el envejecimiento, en particular de las mujeres; Fernando Flores Giménez, profesor de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia; Eduardo Ranz Alonso, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Carlos III de Madrid; el doctor en medicina Fernando Mata, que ha trabajado en Gestión de políticas sanitarias en el ámbito Regional y Nacional; y Mª Victoria Zunzunegui Pastor, doctora en epidemiología por la Universidad de California en Berkeley, experta en epidemiología del envejecimiento.
Trabajadoras de distintas residencias, como: Mari Ángeles Maquedano, de la Residencia Parque Coimbra; Nandi Gutiérrez y Elvira García, de la Gran Residencia de Carabanchel; Pilar Torres, de la Residencia Parque de los Frailes de Leganés; o Antonio Torres de la Residencia DomusVi de Leganés, todas ellas coincidieron en la escasez de plantilla, como común denominador de todos sus centros de trabajo. Una falta de trabajadores y trabajadoras de la que ya se venía alertando antes del estallido de la pandemia y que contribuyó a que la mala atención a los residentes se acentuase con el COVID-19. La escasez de personal es algo que también las familias de los y las residentes percibían en las visitas a sus seres queridos. Esto, que puede parecer cotidiano y común en todas la empresas y sectores, fue un factor determinante en la terrible muerte en solitario, “sin nadie que les cogiese la mano” declararon algunas; a lo que habría que añadir que la no medicalización de las residencias y la ausencia de medios paliativos, hizo de la muerte de muchos y muchas de las víctimas algo inhumano, impropio de una sociedad que se dice avanzada. En palabras de Miriam Alia, Coordinadora Médica de Emergencias en Madrid durante la pandemia, por Médicos sin Fronteras: “No se aplicaron cuidados paliativos, ni clínicos ni sicosociales, ni a enfermos, ni a los trabajadores que les atendían, ni a las familias de las víctimas. Algo no visto en países en guerra o afectados por catástrofes naturales”, dijo, antes de que las lágrimas la desbordasen.
Según los testimonios de las familias de las víctimas, el exceso de celo de muchos de los directores y directoras de las residencias, y los protocolos, impidieron que a partir del 8 de marzo de 2020, se pudiese visitar a los residentes o que sus familiares pudiesen llevárselos a su casa o a un hospital. Tampoco permitieron que acudiesen ambulancias para al traslado a hospitales, aunque fuese costeada por los propios familiares. Restricción que no sufrieron los residentes que tenían pólizas con aseguradoras privadas de salud. En su testimonio, Concepción Quirós, familiar de una residente fallecida en la Residencia pública para mayores de Manoteras, tuvo que recurrir a un Notario y a una ambulancia privada para poder trasladar a su madre al Hospital Ramón y Cajal, una de las pocas familias que consiguió sacar a su familiar, pese a las directrices en contra dictadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Una de las declaraciones más emotivas fue la de Mercedes Huertas Aguilera, cuando relató como en las llamadas telefónicas en las que conseguían contactar con la Residencia, que no con su padre, les decían que estaba bien. El 4 de abril pudieron verle a través de una videollamada, “se le veía adormecido”, el día 6 de abril falleció, no le habían realizado el test hasta el 2 de abril; el resultado de la prueba llegó dos días después del fallecimiento.
El celo excesivo de algunos y algunas directoras llegó incluso a la represión de sus trabajadores, es el caso de la Técnico Sanitario del centro público Gran Residencia de Carabanchel, Nandi Gutiérrez, quien fue sancionada laboralmente con suspensión de empleo y sueldo, y un traslado forzoso, por haber contado lo que ocurría en el interior de la residencia, la dijeron. Una sentencia judicial obligó a la devolución del salario y a la recuperación de su puesto de trabajo en el mismo centro.
A la falta de personal y de medios médicos, carencias previas a la pandemia, se añadió en los testimonios la ausencia de Equipos de Protección Individuales (EPIs), teniendo las trabajadoras y trabajadores que improvisar protecciones con bolsas de basura. Llegando a darse situaciones temerarias como la que relataron varias trabajadoras, cuando, en los primeros días de pandemia, les prohibían el uso de mascarillas, “para no alarmar”. O, en palabras de Antonio Torres, trabajador de la Residencia de Leganés DomusVI, “…los trabajadores utilizaban por turnos una mascarilla que tenían en el área de mantenimiento”.
Se dieron situaciones de enmascaramiento de la realidad, algo que parecer ser habitual en tiempo normales, cuando los familiares anuncian la visita a un residente. En la Residencia antes citada, de Leganés, el 15 de marzo hubo un suicidio. En ese momento, la dirección del centro dio orden de proporcionar mascarillas, batas y gorros, todo desechable, pues llegaba el Juez de Guardia para el levantamiento del cadáver.
Una de las testificales más esperadas fue la de Alberto Reyero, el que fuera Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Díaz Ayuso, y que dimitió tras denunciar “los Protocolos de la vergüenza”.
El Sr. Reyero hizo una reconstrucción cronológica de los acontecido. Recordó que el 4 de marzo de 2020 se produjo el primer fallecimiento por COVID en Madrid, registrado en la Residencia pública La Paz. Y que los protocolos fueron varios y de distintas fechas: el 8 de marzo se lanzó el Protocolo de Limitación de Visitas; el 18 del mismo mes se lanzó un primer Protocolo de no Derivación (a hospitales); el 20 de marzo, se lanzó el segundo Protocolo para la exclusión de residentes con grados de dependencia medio y alto. “Una residencia es un lugar donde se cuida y un hospital es donde se cura”, dijo. Por tanto, resulta fundamental la derivación hospitalaria que se les negó a miles de residentes. En opinión de los juristas que componen la Comisión, se han podido vulnerar los artículos 15 y 43 de la Constitución.
Estos Protocolos fueron emitidos por la Dirección de Protección Sociosanitaria, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y, por ende, del Gobierno de Ayuso. Estas decisiones políticas se tomaron mientras había hospitales privados con camas libres.
Compareció el ex alcalde de Leganés por el PSOE, Santiago Llorente Gutiérrez, quien dejó claro en su declaración que las residencias no tenían los recursos sanitarios mínimos. Denunció que la Comunidad de Madrid nunca derivó personal sanitario a las residencias del pueblo de Leganés, ni las medicalizó mínimamente. Ante esto, bajo su mandato, el Ayuntamiento de Leganés se querelló contra el Gobierno de la señora Ayuso, proceso judicial que aún está en curso, pero al que el actual alcalde, del PP, no tiene intención de dar continuidad.
El ex diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Ángel Gómez Chamorro, presidió la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de mayores en la Comunidad de Madrid, relató que, antes de la pandemia, había realizado visitas a las residencias públicas y concertadas de Madrid. La conclusión de estas visitas fue que las condiciones eran lamentables. Achacó el problema a la externalización de servicios y la privatización de los centros públicos, “…las empresas solo ven un nicho de negocio, muchas ni pertenecen al sector sociosanitario.”, “La inspección (desde la CAM) es mínima, por tanto, la relajación de los centros es total”, comentó.
En esta línea, estuvo un pasaje de la declaración que realizó María Jesús Valero, familiar de una residente que falleció en la Residencia de Usera: “La Dirección de la Residencia, (en el momento en que su familiar falleció), nos ofreció los servicios de Mémora (empresa de servicios funerarios) con la que DomusVi tenía un acuerdo de 700 € por finado”. Es el negocio con la muerte, incluso en los momentos más difíciles, en los que la empresa gestora de la residencia se lleva un 10% de cada fallecimiento (teniendo en cuenta el coste del negocio cautivo que son los enterramientos) aprovechando la desgracia ajena.
La Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, constituida el 20 de julio de 2020, solo pudo trabajar durante 35 horas, pues unos meses después se disolvió la Asamblea y se convocaron las elecciones anticipadas del 4 de mayo de 2021.
La Comisión Ciudadana sacará sus conclusiones del impresionante volumen de información que se puso sobre la mesa en las comparecencias. Pero, hay datos irrefutables:
El número de fallecidos en función del número de residentes hablan por sí solos (números aproximativos a falta de datos oficiales):
En Madrid hay 475 residencias públicas, públicas en gestión externalizada, privadas concertadas y privadas, de las tan solo el 10% son públicas de gestión directa. La media de residentes por centro es de unas 250 personas. Datos dados por los comparecientes periciales y profesionales.
“Mientras que en las 25 residencias totalmente públicas hubo una mortalidad del 7,4%, en las 18 de gestión externalizada la cifra escala hasta el 21,9% según un nuevo estudio publicado en la revista internacional Epidemiología.” (publicado en El País del 30 de junio de 22).
El doctor Francisco Pozas, ha estudiado los datos y ha resumido en 20 item sus conclusiones. Una de las más clarificadoras ha sido que: tomando 12 países de la OCDE en el periodo de pandemia, España ostenta el mayor número de muertes entre mayores de 65 años, quedando así en la peor situación en los índices de protección a los mayores de esa edad. Y Madrid está a la cabeza de los índices de mortalidad en mayores de 65.
Las declaraciones, las experiencias vividas y los datos dejan claro el cruel desastre que se vivió en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid en aquellos meses. Ahora solo falta que la Justicia haga su trabajo y que se preste a ser el burladero de la impunidad para los responsables de esta tragedia.
Tribuna Socialista 
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