¡Alto el fuego inmediato, levantamiento del bloqueo de Gaza!

Resolución del CATP desolidaridad y apoyo a los trabajadores y pueblos de Palestina

ras el ataque de milicianos de Hamas y otras organizaciones, lanzado desde Gaza el pasado 7 de octubre, que provocó la muerte de cientos de israelíes y numerosos heridos y rehenes, el Gobierno de Israel ha respondido con bombardeos indiscriminados, que han causado la muerte de miles de ciudadanos, incluyendo más de 800 niños. El Gobierno sionista ha declarado el Estado de guerra y anuncia una próxima ocupación militar de Gaza. Al mismo tiempo ha privado a los dos millones de habitantes de la Franja de Gaza de agua, luz, alimentos y combustible, una medida de represalia contra la población que es considerada como un crimen de guerra.

Esta declaración de guerra del Gobierno de Netanyahu, convertido en Gobierno de “unidad nacional” con la entrada de los que hasta ayer se oponían a él, forma parte, en realidad, de una política de limpieza étnica contra el pueblo palestino que comenzó hace más de 75 años. El apartheid y la ocupación sionista, así como la complicidad de los Estados Unidos y con el apoyo o silencio cómplice de sus aliados europeos están en el base de esta escalada genocida, justificada en nombre de la supremacía judía y, posteriormente, de la lucha contra el terrorismo, y que emplea con total impunidad las expulsiones violentas, encarcelamientos, demoliciones de viviendas, asesinatos en masa, redadas militares en campos de refugiados, asedio implacable y humillaciones diarias a la población de toda Palestina.

Varios factores han conducido a esta situación, en particular la partición de Palestina decidida en 1948 por la ONU bajo la égida de Churchill, Stalin y Truman, justificada con la falsa suposición de que el establecimiento de un Estado sionista era la solución para no volver a ver nunca más los exterminios perpetrados bajo la égida del nazismo. La partición de 1948, seguida de la expulsión del territorio israelita de cientos de miles de árabes palestinos, fue continuada con una nueva expulsión masiva en 1967, tras la “guerra de los seis días”, y, en 1993, con los Acuerdos de Oslo, que proponen la creación de dos Estados, judío y palestino, sobre el territorio de Palestina, así como por numerosas resoluciones de la ONU que, en el mejor de los casos, nunca pasaron de ser “papel mojado”.

Pero, más allá de la impotencia (o de la hipocresía) de las resoluciones internacionales, los hechos se impone: la partición de Palestina de 1948 y el acuerdo de nueva partición de Oslo, no aportan, no pueden aportar, ninguna solución a la situación de Palestina. Los hechos, después de 70 años, demuestran que sólo pueden traer violencia y destrucción.

Porque, nadie puede ignorar que las amenazas y bombas del ejército israelí, que hoy siguen cayendo sobre Gaza y otros territorios cercanos, forman parte de una guerra más amplia entre la OTAN y los trabajadores y pueblos que resisten la dominación y el expolio imperialista. Una guerra, como sucede en Ucrania, que no es solo militar, es de rapiña de los recursos básicos y también social, de recortes presupuestarios y supresión de derechos a los trabajadores y pueblos de los propios países. Una guerra en la que están involucrados los Gobiernos europeos directamente, aunque haya diferencias entre ellos y, entre ellos el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Los trabajadores de Palestina y de Israel no quieren más crímenes, apartheid, ni explotación. No quieren más guerra genocida. Al igual que la gran mayoría de las poblaciones de ambos territorios, quieren unas condiciones dignas de vida y un futuro de paz y fraternidad.

Para ello no hay más salida que construir un estado único, libre y democrático, con igualdad de derechos para toda raza o religión, sin injerencias ni imposiciones externas.

De inmediato, hay que parar la escalada militar en curso, poner fin a los bombardeos, permitir el acceso de la población de Gaza a bienes de primera necesidad. Los trabajadores y los pueblos del Estado español llamamos a la movilización exigiendo el fin del bloqueo a Gaza y acabar con esta espiral de violencia mortífera en Palestina.

En esta difícil y sombría situación hay un destello de esperanza, la de esos palestinos y esos judíos israelíes que, juntos, lanzaron un llamamiento e impulsaron una «campaña por un solo Estado» en el que puedan vivir judíos y árabes en igualdad. Es el único camino para no caer definitivamente en el abismo de la barbarie.

Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP)
18deoctubrede2023
conferencia.catp@gmail.com

Ganó la democracia

El pasado 23 de julio tuvieron lugar elecciones generales en España, con unos resultados que reflejan la pluralidad, la diversidad territorial y política de los ciudadanos y que han puesto de manifiesto su rechazo a un gobierno PP con VOX que suponía retroceso en libertades y conquistas sociales como así está ocurriendo donde ya gobiernan.

El encargo de formar gobierno al líder del PP resultó una investidura fallida, quedando demostrado que solo pueden pactar la derecha extrema con la ultra derecha, mimetizándose con ella, e igualmente fracasó en sus intentos de romper y corromper al PSOE.

El posterior encargo de formar gobierno al líder del PSOE ha supuesto que esa diversidad y pluralidad política, haya logrado acordar con la mayoría de fuerzas políticas, de nuestro parlamento.(SUMAR, EH BILDU, ERC, JUNTS, PNV, BNG y

C.CANARIA). Desde IS-PSOE nos congratulamos de que finalmente, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, haya sido elegido presidente del gobierno, dando paso a la continuidad de avances sociales, consolidación de derechos civiles y poniendo a los ciudadanos como eje de sus políticas.

La posibilidad de otros cuatro años de gobierno progresista ha enaltecido a las derechas, democráticas y no democráticas, que alimentan un ambiente de odio, crispación y mentiras, todo apoyado por distintos grupos de presión, desde empresariales, medios de información, posicionamientos de órganos judiciales caducados o cúpulas eclesiásticas. Basan su campaña en contra de la ley de amnistía, para enmascarar sus motivos reales: la no aceptación de la voluntad expresada por los ciudadanos con sus votos y sí el rechazo a

un gobierno de progreso PSOE-Sumar porque no responde a sus intereses. SE CREEN PROPIETARIOS DEL PODER.

Desde IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE instamos al PP, principal partido de la oposición, que asuma el resultado electoral, respete la democracia parlamentaria, donde reside la soberanía popular, tal y como recoge la Constitución del 78. Igualmente, exigimos que desde el PP rechacen firmemente y sin especulaciones los llamamientos a la algarada, revuelta y desobediencia de servidores del estado, los ataques a las sedes socialistas, como forma de hacer política, en un intento de suplantar los resultados electorales. No podemos dejar que la violencia política quede impune, una cosa es respetar los derechos a la libertad de expresión y manifestación recogidos en nuestra constitución y otra utilizarlos para socavar la democracia y atacar sus instituciones.

Por ello, desde IS-PSOE expresamos nuestra más absoluta y contundente repulsa a los ataques violentos a las CASAS DEL PUEBLO, sedes del PSOE, partido con 144 años de historia. Las casas del pueblo deben funcionar con total normalidad y esto debe estar garantizado a través de las medidas legales que correspondan en defensa de la democracia y las instituciones, frente a estos grupos neonazis y fascistas que están tomando las calles. Es inaceptable que grupos neofranquistas y de derecha extrema ataquen nuestras sedes y a nuestros militantes con señalamientos, agresiones y amenazas muy graves.

Los y las socialistas no daremos ningún paso atrás, seguiremos defendiendo la democracia y luchando contra las desigualdades y en pro de la justicia social.

ATACAR la democracia, NUNCA puede ser la forma de hacer política

Unidos contra el franquismo.

El pasado lunes 20N conmemoramos el aniversario de la muerte del dictador. Sin embargo, todos los militantes socialistas hemos visto como el franquismo sigue vivo. De hecho, se han trasladado de la plaza Oriente a la calle Ferraz en Madrid para asediar la sede socialista. Desde la muerte de Franco no se han vivido momentos de tanta tensión, protagonizados por la caye-borroka, los falangistas de toda la vida, los ultracatólicos, y grupos neonazis, todos convocados por VOX y PP para plantar cara al socialismo y animar a un golpe de estado al ritmo del cara al sol.

El debate de investidura de Pedro Sánchez fue el telón de fondo para evidenciar la existencia de un frente de partidos unidos contra el franquismo. Patxi López estuvo magistral en su defensa del socialismo y en sus ataques a la derecha y ultraderecha, pero también los representantes de los otros siete grupos que apoyaron la investidura de Pedro, dejaron bien claro lo que representan PP y VOX.

Gracias a ese acuerdo antifranquista podemos tener un presidente del gobierno socialista y un consejo de ministros progresistas que debe tirar adelante la difícil tarea del mandato de la mayoría social de este país: mejora de las pensiones, disminución de la jornada laboral, la amnistía que normalice la política, becas, freno al precio de los alimentos, y un largo etcétera de compromisos, que eso sí, deja algunas lagunas y trae algunos riesgos importantes: la necesaria auditoría a las cuentas de la seguridad social, el troceamiento de los servicios públicos (la gestión vasca de la Seguridad Social y la transferencia del servicio ferroviario de

cercanías a Catalunya, son buenos ejemplos que cuentan con la oposición de los empleados públicos), un nuevo estatuto de los trabajadores (a lo mejor con recuperar el que teníamos era suficiente).

No será una legislatura fácil para los socialistas. Tenemos la difícil tarea de tirar adelante reformas progresistas y mantener los servicios públicos revirtiendo las privatizaciones, y no cayendo en la trampa del troceamiento de los servicios públicos (más fácilmente privatizables), pero sobretodo, necesitamos garantizar la unidad de acción de la mayoría antifranquista y trumpista, no solo para pararles los pies en el terreno político, sino también en las calles, en la defensa de nuestras sedes.

La letra del himno de Catalunya dice «ahora es hora de estar alerta», y ciertamente, aunque no estamos en el 36, además de los cánticos fascistas y neonazis a los que no nos acostumbraremos nunca, se empieza a escuchar ruído de sables. Se han pronunciado algunos militares, se han pronunciado algunos colectivos de guardias civiles, y…

¡ cuidado!. La contención de la policía en las manifestaciones «ilegales» de los franquistas no tiene nada que ver con la represión de las manifestaciones obreras. ¿Recuerdan aquella tanqueta que sacaron a pasear con ocasión de la huelga de los trabajadores del metal en Cádiz?. Ahora es hora de estar alerta.

Carlos Rodríguez
Militante socialista de Lleida

Acto público Pedro Sánchez en Madrid

Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, han intervenido en el primer acto de los socialistas tras la reciente conformación del Ejecutivo, en el pabellón principal de IFEMA, en Madrid, ante unos 10.000 militantes del partido.

Narbona ha agradecido a la militancia y a los trabajadores socialistas su esfuerzo ante las protestas frente a las sedes del partido. «Es el día de agradecer vuestro apoyo en los momentos tan complicados que hemos vivido. Y es también el día de lamentar los ataques sufridos en las sedes socialistas, y mandar un apoyo a todos nuestros trabajadores y trabajadoras, y en particular, en nuestra sede de Ferraz».

Zapatero ha ironizado con que el PP está «teniendo una digestión muy pesada» de que Sánchez sea presidente. El expresidente del Gobierno también se ha pronunciado sobre la ley de amnistía, de la que ha dicho «Evidentemente, la ley de amnistía es un acto político en un contexto concreto. Pero tengo que decir que a la democracia le sienta bien la generosidad. Hay que ser valiente para hacer ciertas cosas, yo también tuve que hacerlo. Los cambios que se hacen con valentía, que reforman, que integran, son los que hacen avanzar un país. Y desde aquí quiero reconocer la valentía de Pedro Sánchez con esta ley de amnistía».

Por su parte, Pedro Sánchez ha comenzado su intervención reivindicando la formación del Ejecutivo y ha continuado hilando con lo que está previsto que sea uno de los principales desafíos de la nueva legislatura: la vivienda.

También se ha pronunciado sobre la situación en Israel y Palestina reiterando lo que ya dijo hace unos días en Jerusalén, donde definió de «insoportable» el elevado número de civiles palestinos muertos bajo los ataques israelíes, y señaló que era necesario trabajar en el reconocimiento del Estado palestino.

«Condenar los viles atentados de una banda terrorista como Hamás, y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles en Palestina, no es una cuestión de partidos, ni de ideología, ni de estar a favor o en contra de nadie, sino de humanidad. España siempre ha estado del lado de la paz», ha defendido.

Por último, Sánchez ha acabado su intervención reinvindicando la labor de gobierno, señalado que «su deber» es representar a toda la ciudadanía, especialmente a aquella que se «horroriza» ante los discursos de Vox: «Nuestro deber no es únicamente representar a las personas socialdemócratas y progresistas, sino también, a aquellas personas que aunque no comulguen del todo con nosotros, se horrorizan ante las barbaridades que dice Vox y ante la derecha que les ha comprado el relato y ha tolerado sus discursos».

«Nosotros fomentamos el bono cultural, ellos censuran la cultura. Nosotros luchamos activamente contra la violencia machista, y ellos la banalizan. Nosotros hemos subido un 47% el salario mínimo en la legislatura y ellos han votado constantemente en contra de cualquier avance social. O se tienen proyectos que defiendan la igualdad y el progreso, o todo lo que hay es ruido e insultos. Pero de momento, tendrán que esperar, porque lo que hay por delante son otros cuatro años de Gobierno progresista en España».

Corresponsal TS en Madrid

Defendamos lo público frente a la barbarie de lo privado.

Ayer fueron las pensiones, hoy las residencias, mañana volverá a ser la Sanidad.

Miles de personas han salido a las calles de Madrid, este 26 de noviembre, por segundo día consecutivo; ayer fueron miles quienes se manifestaron en contra de la violencia machista, hoy han sido miles quienes ha salido a denunciar que “no fueron muertes, que fueron asesinatos”, los 7291 fallecimientos que se produjeron en las residencias de Madrid, en los primeros meses de pandemia.

Familias de los y las fallecidas, y personas que en solidaridad se han sumado a la marcha, han recordado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (IDA), del PP, les negó la asistencia sanitaria hospitalaria, vulnerando de este modo la Constitución del 78 que tanto defienden, en sus artículos 15 y 43, pues, ¿acaso no fue se les negó “el derecho a la vida y a la integridad física”, cuando se les dejó abandonados a su suerte, sin medidas paliativas siquiera? ¿No fue “inhumano y degradante” dejar que se asfixiaran sin ningún acompañamiento ni intento de minimizar su agonía? ¿Tutelaron los “poderes públicos y organizaron la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”?

Una parte mayoritaria de los y las jueces y fiscales parece que ha decidido dedicarse más a hacer el quite a la derecha, su opción ideológica, que a servir a la justicia. Los vericuetos jurídicos y judiciales, dejan impunes a los malhechores y sus decisiones políticas criminales, no solo negligentes: fiscales que no han escuchado a las familias ni a las trabajadoras de las residencias; juzgados que archivan las causas sin abrir juicio oral… Solo la presión social de las familias de las víctimas, su presencia en algunos medios de comunicación, el hecho de haber llevado su justa causa a las instituciones europeas… esta haciendo que casi cuatro años después se abran causas con Ayuso y su Gobierno, por los protocolos de la vergüenza, los que negaron la asistencia sanitaria hospitalaria a miles de residentes en las residencias de Madrid.

En la manifestación de hoy, no solo han reclamado “Verdad y Justicia”, han exigido una Ley marco estatal

que regule el funcionamiento de las residencias, que se ponga freno al negocio por el cual se maltrata a decenas de miles de ancianos y ancianas. Cuando un servicio público se pone en manos de la iniciativa privada, el objetivo deja de ser el bienestar de los ciudadanos y ocupan su lugar la avaricia y el lucro de los accionistas, de y los fondos buitre, a quienes la salud, el bienestar y la vida digna les trae sin cuidado.

La privatización de los servicios públicos se ha convertido en un verdadero cáncer de la sociedad actual: colegios, hospitales, residencias… donde el beneficio impone el recorte de personal y de las condiciones de trabajo, de la calidad de los alimentos y de su cantidad, entre otras cosas. Ciertos políticos ceden, vergonzosamente, ante los lobbies de las grandes corporaciones y los fondos de inversión. Los hay más desvergonzados, si cabe, como la señora Ayuso, que van en busca de esos grupos de interés económico, que viajan a Estados Unidos y otros países, para ofertar al “mejor” postor hacerse cargo de servicios públicos que ella está predispuesta a privatizar.

Los ciudadanos y ciudadanas, como hoy, como en las macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública, organizadas el espacio de Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid, o como las grandes manifestaciones organizadas por el movimiento estatal de pensionistas, tiene que echarse a la calle a defender lo que es suyo. Nadie debería olvidar que los servicios públicos se financian y construyen con nuestros impuestos directos, cada mes que nos descuentan el IRPF de la nómina; y de los indirectos, cada vez que compramos algo y nos aplican el IVA; además de otros impuestos y tasas, como el IBI, ese del que la Iglesia está exenta.

Reclamar justicia, como reclamar que lo público no se privatice y/o que se desprivatice lo privatizado, es hacer mejor esta sociedad bárbara.

Roberto Tornamira
Miembros del Comité de Redacción de TS

La amnistía: buena noticia, legal y conveniente.

Desde que empezó a hablarse de la posibilidad de un pacto del PSOE con Junts que posibilitara la investidura de Pedro Sánchez, la ley de amnistía ha acaparado la mayor parte de las críticas por parte de aquéllos que quieren impedir un nuevo gobierno de coalición, y que apuestan en cambio por un gobierno presidido por Feijóo, bien apoyado por VOX o bien apoyado por el propio PSOE. De entre las críticas más dolorosas, las recibidas desde dentro del propio partido socialista: Felipe, Guerra, García Page…incluso Borrell se han posicionado en contra.

Desde Tribuna Socialista fuímos claros desde el principio, tomando la iniciativa de recoger firmas de militantes del partido en favor de la amnistía, siendo los primeros en pronunciarnos públicamente al respecto, y enviando a nuestro grupo parlamentario y a la dirección del partido, las casi 300 firmas de militantes partidarios de un gobierno de progreso y de una ley de amnistía para devolver lo que es político a la política. El manifiesto de los cinco primeros secretarios del PSC de Cataluña, y el refrendo mayoritario de la militancia en la consulta realizada a la militancia, reflejan el sentir mayoritario del PSOE.

Si los lectores de Tribuna Socialista no pudieron ver en su momento la intervención del consultor político Nacho Corredor en la Sexta, pueden clicar sobre la imagen de cabecera de este artículo para acceder al video que refleja de forma sintética lo que muchos socialistas pensamos sobre los pactos entre el PSOE y Junts, y sobre la amnistía en concreto. Que es una buena noticia para la convivencia y la normalización de la política.

Para analizar la legalidad y encaje constitucional de la amnistía, recomiendo el hilo de twitter del magistrado Joaquin Bosch, que sintetizo seguidamente:

-La propia constitución en su artículo 62 i) habla de la posibilidad de “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley»

-El término “derecho de gracia” comprende el indulto y la amnistía. Lo ha dicho reiteradamente el Tribunal Constitucional. Lo han dicho nuestras constituciones a lo largo de la historia. Lo dice la propia RAE y cualquier manual de derecho.»

-Por tanto, la Constitución permite que se acuerden amnistías o que se concedan indultos, porque son “derecho de gracia”, en función de lo que establezca la ley. El texto constitucional solo efectúa una prohibición: no se pueden autorizar indultos generales.»

-«Esa prohibición se dirige al gobierno y resulta razonable: los indultos precisan de una motivación individualizada. Hay juristas que creen que, si no son posibles los indultos colectivos, tampoco debe ser posible la amnistía. Pero no son figuras idénticas»

-El indulto perdona la pena; la amnistía perdona el hecho delictivo, incluso aunque no haya pena. El indulto lo aprueba el Gobierno; la amnistía es acordada por ley en el parlamento. Es comprensible limitar la potestad del gobierno y ampliar la capacidad del parlamento.»

-No es aplicable la máxima ”quien no puede lo menos no puede lo más”. La prohibición de indultos generales afecta al gobierno y, efectivamente, no podrá aprobar amnistías. Pero la potestad de amnistiar es del parlamento. El TC ha marcado esa diferencia entre amnistía e indulto.»

– Esa distinción entre indulto y amnistía está en nuestras constituciones históricas. Por ejemplo, la Constitución de 1931 reguló la amnistía y prohibió los indultos generales. Todo ello desvirtúa la idea de que, si se prohíben indultos generales, no se pueden aprobar amnistías.»

– La Constitución actual también confirma implícitamente en otro artículo (87.3) que la ley puede aprobar amnistías. La Iniciativa Legislativa Popular no puede proponer determinadas materias, entre ellas el derecho de gracia: las propuestas de amnistía quedan reservadas al parlamento.»

-Algunas opiniones consideran que la amnistía no cabe en democracias y que solo es aceptable en el periodo transicional desde una dictadura. Más bien ocurre todo lo contrario: los países democráticos europeos contemplan la amnistía en sus ordenamientos.»

-Países vecinos como Francia o Portugal han aprobado amnistías en las últimas décadas. Y esta medida de gracia se ha aplicado o forma parte igualmente del ordenamiento jurídico de Alemania, Reino Unido, Suecia, Italia o Países Bajos, entre otros.»

-También se dice que una amnistía afecta a la actuación judicial, a la separación de poderes y a la igualdad en la aplicación de la ley. Eso es cierto. Exactamente igual que ocurre con los indultos. Es una excepcionalidad que deriva de la propia Constitución.»

-Esa desigualdad en la aplicación de la ley ha sido habitual en las últimas décadas: se ha indultado a miles de condenados por delitos graves, entre ellos golpistas, torturadores o corruptos. Es llamativo que ese trato desigual se descubra ahora con la amnistía.»

-Hay gente en contra y a favor de la amnistía, pero no resulta contraria al Estado de Derecho. Si la aprueban los representantes de la ciudadanía y se convalida por el Tribunal Constitucional, será simplemente el resultado del funcionamiento de nuestra democracia (fin)»

Baltasar Santos
TS Cataluña

La revuelta de las togas y los aguiluchos

Durante las semanas previas a la investidura, la derecha y la ultraderecha han intentado evitar por tierra, mar y aire, que los partidos antifranquistas llegaran a acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez y la conformación de un gobierno de coalición y de progreso.

Se han pronunciado y movilizado la totalidad de los medios de comunicación de la derecha, la patronal CEOE, los guardia civiles, el CGPJ, el juez García Castellón de la Audiencia Nacional, el PP, VOX y los grupos de extrema derecha satélites de estos partidos.

Los ataques a la sede del PSOE, con la excusa de las protestas contra la ley de amnistía han sido lugar común para el encuentro de los grupúsculos de la ultraderecha («hazte oír», «Desokupa», «los Ultrasur» y grupos abiertamente franquistas, como la falange y VOX) y de la derecha más rancia con Aznar, Ayuso y Esperanza Aguirre como cabezas más visibles. En las movilizaciones de estos herederos del franquismo se coreaba el cara al sol, además de proclamas homófobas, racistas y ultracatólicas).

Si comparamos estas manifestaciones con las que normalmente convocan los trabajadores para defender sus derechos observaremos que en las manifestaciones obreras existe la obligación de comunicar el recorrido de las mismas a la delegación de gobierno, mientras que en estas convocadas por la ultraderecha no ha sido así. Ni que decir tiene que la dureza con la que la policía reprime las manifestaciones obreras no tiene nada que ver con la tibieza de la actuación policial de estos días, que incluso han llegado a escoltar a los grupos neonazis.

Sin embargo, pese a que el protagonismo se lo ha llevado las protestas en la calle, especialmente frente a la sede de Ferraz, estas han ido acompañadas, de forma «casualmente» sincronizada, por algunas resoluciones judiciales como la del caduco Consejo General del Poder Judicial.

La des-facha-tez no tiene límites: el CGPJ cuya función prinicipal es el gobierno de los jueces y garantizar su independencia sin emitir declaraciones institucionales de parte, y manteniendo, por tanto, una necesaria neutralidad política, emitió una declaración «preventiva» antes de que la ley de

amnistía fuera siquiera presentada, cuando menos promulgada. Los que tanto defienden la separación de poderes, se la pasan por el forro cuando lo que está en juego es garantizar un gobierno de progreso. A todo esto, el CGPJ hace 5 años que debería haberse renovado, y tiene en su composición una mayoría conservadora gracias al bloqueo del PP, incumpliendo el mandato constitucional.

Por otro lado, tampoco es casual que cuando se estaban a punto de cerrar los acuerdos entre el PSOE y Junts, el juez de la Audiencia Nacional, Garcías Castellón, anunciara el procesamiento de Carles Puigdemont, Marta Rovira, exsecretaria general de ERC, y otras diez personas relacionadas con el procès, por terrorismo. ¿otra casualidad?

Recordemos que la Audiencia Nacional es una instancia judicial heredera del Tribunal de Orden Público franquista. Cuando este Tribunal fue reemplazado por la Audiencia Nacional, en él se integraron 10 de los 16 jueces del extinto Tribunal.

Recordemos también que la Audiencia Nacional, ha protagonizado en los últimos años algunos de los escándalos más notables de nuestra democracia: no han sido capaces de determinar quién es el «M.Rajoy» de los papeles de Bárcenas; han lanzado 20 causas judiciales contra podemos, que han tenido que cerrarse al no encontrar delito alguno

Ojo con la guardia civil: la asociación de guardias civiles APROGC ha lanzado, casualmente, un comunicado en que se declaran dispuestos a “derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional”. Otras cinco asociaciones, incluyendo la mayoritaria Jucil, se han pronunciado contra la amnistía y contra los acuerdos PSOE-Junts. ¿Organizaciones militares pronunciándose en cuestiones políticas?

Todo este cúmulo de coincidencias no es una casualidad, sino más bien obedecen a una causalidad. La causa a la que obedecen es la del movimiento nacional católico, la del franquismo, aún presente en nuestras instituciones, y que son un serio obstáculo para consolidar los derechos conquistados en los últimos años, avanzar en la convivencia y fraternidad de un estado plurinacional como España, y para conseguir nuevos derechos y conquistas sociales como aspira la mayoría social de nuestro país.

Mucho me temo, que este trumpismo franquista no va a parar de torpedear las aspiraciones de progreso que necesita la clase trabajadora de nuestro país.

Baltasar Santos
TS Cataluña.

Sí, estoy de acuerdo

Sí, estoy de acuerdo. Sé que muchos, muchas, no estáis de acuerdo con el pacto de investidura, donde se incorpora la amnistía a quienes propiciaron y participaron en el referéndum ilegal sobre la independencia catalana.

Quiero manifestar públicamente que yo sí estoy de acuerdo.

Para quien quiera entender mis razones, debo empezar diciendo que me siento Republicano y aspiro a recorrer el camino que analice la viabilidad de llegar a un Estado Federal, como puede ser el de Estados Unidos.

Por lo tanto, sí, me parece bien llegar a un acuerdo con fuerzas independentistas donde, desde el diálogo político, se pueda analizar el modelo de Estado más adecuado para el futuro de nuestro país.

Algunas, algunos, no creen en el diálogo, en lo único que creen es en la imposición del “Viva España”. Fueron cómplices del gran conflicto social del 1 de octubre de 2017 (donde incluso se proclamó la independencia catalana), por tal de defender lo que entienden que es una “patria”, en vez de dialogar y poder llegar a algún acuerdo con quienes se sienten diferentes a ellos.

Un primer efecto positivo en la normalización democrática y constitucional es que hace cuatro días, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts se han puesto de acuerdo, por primera vez, votando en contra de la propuesta de la CUP de impulsar otro referéndum ilegal en Cataluña. Parece claro que dejan de impulsar otro referéndum ilegal, acordando que “propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución”.

Es decir, que siguen reclamando la celebración del referéndum, pero ahora en el marco de la Constitución… no como cuando gobernó Rajoy, que lo hicieron al margen de la Constitución y ninguno de los que salieron este domingo a las calles, salieron a manifestarse hace seis años a la sede del Partido Popular.

Ahora hay un candidato que se presentará a la investidura con el apoyo de todas las formaciones políticas, menos la del PP y VOX, es decir, con una amplia mayoría absoluta que recoge las distintas percepciones de convivencia existente en nuestro país.

Y una última reflexión, distintos gobiernos del Partido Popular han perdonado miles de años de penas a asesinos, a terroristas, a etarras, a delincuentes, a defraudadores… Estoy convencido que lo que de verdad les jode a los dirigentes del PP no es la amnistía, es que su país, que también es el mío, vuelva a tener un gobierno de izquierdas que siga haciendo verdaderas políticas progresistas.

Pues que se jodan, yo estoy encantado.

Rafel Fuentes
Militante socialista de Málaga

La Amnistía del procés: una necesidad histórica

La Amnistía del procés es el resultado de unos pactos nacidos de una correlación de fuerzas favorables a los avances democráticos, por tanto, contrario al statu quo de la Transición; de ahí la férrea negativa de las derechas reaccionarias a aceptar la Amnistía, pues ello equivale a reconocer el carácter plurinacional de nuestro país y, por tanto, asumir la necesidad de avanzar en la democratización del Estado.

Puede parecer una exageración afirmar que yo observo la actual dinámica política como una pugna entre dictadura y democracia, pero no es así.

Veamos.

Como resultado de una Transición intervenida por el aparato franquista, muchas de las estructuras de poder del viejo régimen perviven hasta nuestros días; son el mismo perro con distinto collar. Siguen, pues, haciendo suyo el viejo dogma de la unidad indisoluble del Reino de España, por oposición a una República federal o confederal, moderna y avanzada.

Las citadas derechas tratan de imponer manu militari un fantasmagórico estado de derecho, incoherente y contradictorio, producto de los déficits democráticos de la Transición y, por tanto, origen de graves disfunciones, irresolubles bajo el régimen del 78.

Ello resulta evidente; no solo por la extremada agitación reaccionaria, que perturba el buen funcionamiento de ciertas instituciones, y las degrada, sino también por la actitud inamistosa y ceñuda del rey Felipe VI durante la jura del presidente Pedro Sánchez.

El corsé de hierro impuesto por la monarquía está herrumbroso, y sus remaches comienzan a saltar ante el empuje y las ansias de libertad de las viejas naciones sin Estado; es decir, de Catalunya, Euskadi y Galicia.

De entre las ruinas del aparato franquista, emerge un nuevo ciclo democratizador. Su éxito está condicionado a una sólida alianza entre las fuerzas plurinacionales que sustentan al Gobierno de coalición.

De la inteligencia estratégica de las citadas fuerzas, coaligadas de hecho, dependerá que la dialéctica entre dictadura y democracia no derive en grave involución.

Tengo la firme convicción de que sabrán avanzar con valor y perseverancia, codo con codo, formando un amplio frente democrático, pese a los vientos contrarios que soplan ya con fuerza. No queda otro camino.

Aviso a navegantes

Argentina, Milei y la herencia peronista: Inflación superior al 142 % con el 40 % de pobreza extrema y reservas en mínimos. La debacle de la izquierda en las elecciones argentinas llevará a más precariedad, hambre, desprotección y desesperación, abonando así el terreno a soluciones autoritarias aún peores.

Manuel Ruiz Robles,
Capitán de Navío de la Armada (R), antiguo militante de la UMD, portavoz del colectivo de militares demócratas “Anemoi”.
Madrid, 20 de noviembre de 2023

Ante la nueva oleada de declaraciones sediciosas de altos mandos militares, aparecidas en los medios digitales y cadenas de TV en horas de gran audiencia, creando alarma social, manifestamos nuestras más rotunda condena.

La primera oleada ha consistido en un manifiesto, publicado por la franquista Asociación de Militares Españoles (AME), sin firmar, en el que un grupo de militares retirados (según nuestras fuentes, 7 generales, 23 coroneles, 4 tenientes coroneles, 7 comandantes y 9 capitanes) piden a las Fuerzas Armadas que destituyan al Presidente del Gobierno de España y se convoquen nuevas elecciones.

La segunda oleada, se refiere a declaraciones, publicadas por el diario “El Mundo”, de altos mandos de las Fuerzas Armadas en activo, que

podrían haber incurrido en un presunto delito de sedición militar, castigado por el Código Penal Militar con penas muy severas.

El retorno, de tales intimidaciones militares de extrema derecha, es a nuestro juicio, responsabilidad, cuando menos, del silencio cómplice del Rey, de la inacción del PSOE y de la actuación presuntamente prevaricadora de su Ministra de Defensa, que protege a los “fuertes” y hace callar a los “débiles”; como lo ha hecho en los casos del Teniente Segura, expulsado por denunciar valientemente la corrupción interna, del Cabo Santos, expulsado por su ideología democrática y la Artillera Valdearcos, vilmente acosada, calumniada y expulsada.

18 de noviembre de 2023

Las legítimas reivindicaciones de la clase trabajadora

Al igual que otras reivindicaciones, como son el derecho a huelga y a la no criminalización del conflicto obrero, la derogación de la Ley Mordaza, la derogación de las reformas laborares 2010 y 2012, que están en el sentir de la mayoría de la clase trabajadora, y que son de gran importancia para seguir avanzando en derechos y mejoras en las condiciones de vida, está la lucha por recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en sus empresas y centros de trabajo, dicho de otro modo: el derecho a no renunciar a la recuperación del salario perdido.

Un problema que parecía haberse solucionado con el acuerdo que alcanzaron las patronales y los sindicatos para la negociación colectiva; que traería la paz social, tal y como decía el presidente de la patronal, el Sr. Garamendi, y que se consideraba por los dirigentes de nuestros sindicatos como un gran paso, ha resultado, y así se está manifestando, insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. La ola inflacionaria que deriva de la especulación en el incremento de los precios que provocan las decisiones, poco democráticas, del sector financiero, el sector de distribución de alimentos, etc., es una de las formas por las que las rentas de los trabajadores son saqueadas.

En el centro de trabajo, donde soy miembro del comité de empresa por UGT, venimos desde al menos un año poniendo todo nuestro esfuerzo y trabajo en informar a los trabajadores de la realidad económica que venimos sufriendo, explicando que no podríamos aceptar acuerdos que no aseguren el poder de compra. Los comunicados y las asambleas que el comité realizó sirvieron para que los trabajadores adquiriesen conciencia ante esta grave situación, y así lo demostraron cuando nos comunicaron las condiciones que los negociadores del convenio sectorial habían alcanzado. Los trabajadores se expresaron en las asambleas que el comité realizó para explicar el contenido del preacuerdo, de manera unánime, disconformes, ya que el mismo, que sí garantizaba el poder de compra de los próximos 3 años, no hacía referencia alguna sobre la pérdida salarial acumulada del 9,45% que los trabajadores de STEF-Madrid tuvieron en los años 2021 y 2022.

El convenio sectorial de Logística, Paquetería, y Actividades Anexas al Transporte de Mercancías de la Comunidad de Madrid fue aprobado por la mayoría de los delegados de UGT que acudieron a la convocatoria para la asamblea. Esto no impide, ni mucho menos, renunciar a la recuperación del poder de compra perdido. Para ello, es necesario seguir trabajando por la unidad entre el comité de empresa y los trabajadores, ya que no se puede emprender ninguna lucha al margen de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Y los trabajadores y trabajadoras no pueden pensar que con votar en las elecciones sindicales cada cuatro años es suficiente, como en la sociedad misma, vemos que es necesario implicarse y movilizarse en la defensa de los derechos y en la justa reivindicación que garantice unas condiciones de vida y trabajo dignas.

La lucha por la recuperación salarial que pueda evitar el continuo empobrecimiento de los trabajadores, es la única alternativa a la que la clase trabajadora puede optar, para que el saqueo al que nos tienen expuestos mediante la especulación de los precios, no impida que nuestras necesidades básicas y la de nuestras familias queden sin cubrir e imposibilitadas.

Ante la grave situación inflacionaria y los bajos salarios, los compañeros de STEF en Francia, en la localidad de Vitry -sur-seine, iniciaron el pasado 13 de noviembre, con el apoyo del sindicato de la CGT francesa, una huelga para conseguir un aumento de 100 euros más al mes. Después de prorrogar la huelga hasta su tercer día, la empresa accedió a reestablecer las negociaciones debido al apoyo que fue teniendo la huelga con el paso de las horas. Durante las negociaciones, el 25% de los trabajadores de la empresa decidió unirse a las movilizaciones.

La determinación de los trabajadores a mantener el conflicto obligó a la empresa a acelerar los encuentros para responder a las reivindicaciones por el aumento de los 100 euros. Al final, los trabajadores consiguieron: el aumento de 30 euros brutos mensuales de salario, la revalorización de la prima por exposición al frio durante el trabajo con 20 euros netos suplementarios, más una prima de 100 euros durante los meses de noviembre y diciembre para sufragar los días de huelga. El 16 de noviembre los trabajadores, una vez finalizada la huelga, vuelven a su actividad diaria con la cabeza bien alta, tras haber obtenido avances concretos en su remuneración. Los trabajadores han demostrado que con unidad se pueden conseguir las reivindicaciones. Sin embargo, “aún queda mucho camino que recorrer“, reconocen los trabajadores de la Vitry, sabiendo que la crisis inflacionista donde los capitalista no dudarán en imponer cualquier otra medida de regresión social, para recuperar las concesiones dadas.

La situación que ha llevado a los compañeros franceses a mantener el conflicto y sus reivindicaciones hasta el final, son las mismas por las que estamos luchando actualmente en STEF-MADRID: salarios que no llegan para hacer frente a cubrir las necesidades básicas para los trabajadores y sus familias, cubrir los pagos de hipotecas y alquileres, consumo de energías y combustibles, una alimentación sana y equilibrada. Necesidades que, con los salarios que percibimos, minorados por la subida de los precios, no son suficientes incluso solicitando prorratas de pagas y anticipos a la empresa.

“A VECES LAS HUELGAS HAY QUE HACERLAS POR DIGNIDAD”

Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez
Sindicalista de la UGT en Stef-Madrid