Jornada sobre la vivienda Pública
Salvar la sanidad pública madrileña
El domingo 8 de febrero ha tenido lugar en Madrid una buena manifestación en defensa de la sanidad pública, convocada entre otras organizaciones por los dos grandes sindicatos de clase, bajo el lema “Salvar la Sanidad Pública madrileña”.
La manifestación ha sido multitudinaria, lo cual celebramos. Sin embargo, el deterioro de la sanidad pública en Madrid y el descaro con el que el PP de Ayuso la está entregando a los intereses de las empresas privadas, es motivo para que hubiese sido una manifestación monumental, como las grandes manifestaciones que se han venido haciendo anualmente desde 2022, convocadas por el movimiento vecinal en defensa de la Sanidad Pública.
Desde ASTRADE, editora de Tribuna Socialista, llamamos días antes a participar y nos sumamos a la lista de adhesiones de la convocatoria. No obstante, cuando se convoca una movilización, del tipo que sea, por una cuestión tan estructural, como lo es la defensa del Sistema Público de Salud, no basta con convocar, lanzar un cartel y animar a los tuyos a través de mensajes en redes, webs, etc. Es necesario organizar, contar y dar participación a todos los actores sociales que, desde el barrio o el pueblo más pequeño hasta la gran ciudad, están luchando permanentemente en las puertas de sus centros de salud y en sus hospitales de referencia, de la mano de sus asociaciones vecinales, reivindicando que haya pediatras, médicos de familia y denunciando las listas de espera -en 2025, la lista de espera en Madrid superaba un millón de pacientes-.
Dicho lo anterior, se echaba de menos que los sindicatos de clase y los partidos de la izquierda se pusiesen al frente de la movilización de una cuestión tan fundamental como esta.
Dice la Constitución en su artículo 15 que “Todos tienen derecho a la vida…sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes…” y que “Queda abolida la pena de muerte…”. Esto, salvo para los 7.291 ancianos y ancianas que habitaban en las residencias de mayores de Madrid, a los que en 2020 se los negó su derecho a la vida; al negárseles su derecho a la asistencia médica hospitalaria, por orden del Gobierno de la señora Ayuso, a través de los “protocolos de la vergüenza”, muriendo en muchos casos de forma inhumana y degradante. Del mismo modo, hay mujeres en Andalucía a las que se las ha condenado a muerte, por la negligente gestión del señor Bonilla. Ya sé que la técnica jurídica interpreta otra cosa, pero la dolorosa realidad se da de bruces con este precepto constitucional.
También dice la Constitución de 1978, en su artículo 43 que “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”, y que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas…”. Lejos de organizar y tutelar la salud pública, una ola de privatización y destrucción por la vía de los recortes presupuestarios, están desorganizando el Sistema Público de Salud y entregándoselo descaradamente a entidades como Quirón o Rivera ¿Reutilizar catéteres de un solo uso -catéteres de electrofisiología- en el Hospital de Torrejón puede considerarse proteger la salud? ¿Es eso tutelar la salud pública?
Es tan grave la situación como groseras son las cínicas respuestas del Gobierno autonómico, quien se dedica a tutelar los intereses de las empresas privadas de la salud. Esto hace comprender como es posible que la señora Fátima Matute, consejera de Sanidad en el Gobierno de Ayuso, antes de entrar al Gobierno en las últimas elecciones de 2023, viniese de trabajar 17 años para Quirón Salud. Y explica que el novio/testaferro de la presidenta esté en nómina del Grupo Quirón, si bien es un “trabajador” muy raro, pues, debe ser el único en el mundo que hace negocios en Panamá con él presidente de Quirón. Quizá, todo se entienda mejor si se señala que estas empresas reciben miles de millones de la Comunidad de Madrid.
La privatización de los servicios públicos no es algo único de Madrid ni afecta solamente a la sanidad, lo que ocurre es que en Madrid es brutal el ritmo al que se está desmontando la sanidad pública y es una sangría insultante la cantidad de dinero público; que pagamos todas y todos los contribuyentes que no defraudamos. Es lógico que, en la manifestación, muchos cortejos coreasen la exigencia de derogación de la Ley 15/1997, una ley con un solo artículo que abrió las puertas de par en par a las empresas privadas, a nombre de la colaboración público-privada; concepto este de “colaboración” muy semejante al que Trump aplica a los países en los que hay petróleo. ¿Cuándo va a llevar al Consejo de Ministros esta propuesta la Ministra de Sanidad? ¿Cuándo va el Gobierno de coalición a llevar este asunto al Congreso de los Diputados?
Los servicios públicos: sanidad, educación, dependencia (incluidas residencias de mayores) y pensiones, son servicios elementales para la inmensa mayoría de la sociedad -solo el 25% de la ciudadanía tiene seguro médico privado-2. Quienes viven de su sueldo, de su pensión, o tienen la desgracia de no tener un puesto de trabajo, no pueden pagar una póliza privada de seguro médico. Como tampoco puede pagar la matrícula de un centro de estudios privado.
Defender los servicios públicos es defender los sistemas de protección que son propiedad de la pluralidad de pueblos del Estado español, pues ha sido y es principalmente la clase trabajadora la que aporta con sus impuestos para que estos sistemas sean posibles. Por tanto, movilizaciones como la del domingo son necesarias para exigir que paren de robarnos lo que es de todos.
La Junta Directiva de ASTRADE
10 de febrero de 2026
_____________________
(2) https://www.cnmc.es/prensa/panel-seguros-medicos-20250516
Victoria pírrica del PP en Aragón
El PP ha ganado las elecciones en Aragón. Es lo que desde la calle Génova pregonan y celebran por todo lo alto. Para variar no es falso, pero solo desde el punto de vista matemático. Sin embargo, una lectura política, pues esto del electoralismo es política, los de Feijóo han obtenido una victoria pírrica.
Feijóo está desesperado por llegar a Moncloa, desde el minuto uno tras las elecciones de julio de 2023, cuando forzó al Rey, y Felipe VI no se opuso a la presión, para que le encargase formar gobierno; aun sabiendo que no contaba con el apoyo parlamentario necesario, pero había que probar por si podían hacer un “tamayazo estatal”.
En su miopía, la de Feijóo, está engordando a sus parientes ideológicos -derecha extrema y extrema derecha, vienen de la misma casa madre, el franquismo- para debilitar al PSOE. Incluso está poniendo en evidencia los tentáculos de la derecha de siempre en el seno del Poder Judicial. Y han acabado con el poco prestigio que le pudiera quedar a cabeceras mediáticas de la derecha.
Feijóo empuja a sus líderes territoriales a adelantar elecciones; una estrategia de tierra quemada, como es habitual buscando el efecto mediático, cuyo resultado es, que en Extremadura tiene de plazo máximo el 19 de abril, antes de volver a las urnas, si la señora Guardiola es incapaz de ser investida presidenta de la Junta extremeña. En Aragón el resultado es un retroceso, con el mismo panorama que en Extremadura; dependencia total de VOX, al perder dos diputados -un retroceso del 7,14% en número de escaños-.
Entrando en los datos cuantitativos
Aragón ha pasado de un censo electoral de 1.019.050 en 2023 a los 1.036.321 actuales. De estos electores, 317.661 el domingo se abstuvieron: la abstención ha bajado un 1,03% respecto a las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, aun así, el 31% de los electores no han ido a votar, por lo que políticamente, la abstención es una vez más la “ganadora” de las elecciones.
Como ya se ha dicho, el PP ha bajado de los 28 diputados que obtuvo en 2023 a 26. Y ha perdido más de 13.000 votos respecto a las elecciones anteriores. Por tanto, han ganado las elecciones bajando en votos y en diputados, a pesar del descenso de la abstención.
El PSOE ha tenido el mismo resultado que Javier Lambán en las elecciones aragonesas de 2015, 18 diputados, perdiendo 5 diputados y perdiendo 38.500 votos respecto a 2023.
VOX se ha visto beneficiado por el sistema de reparto de la ley electoral, pues ha doblado el número de diputados, al pasar de 7 a 14, aunque no ha multiplicado por 2 los votos recibido: en 2023 recibieron 75.349 votos y en estas elecciones ha subido a 117.347.
Chunta Aragonesista (CHA), ha doblado su número de diputados, pasando de 3 a 6, y ha doblado sus votos: de 34.163 a 63.875. Recordando que su techo lo fijaron en 2003, cuando obtuvieron 9 diputados.
Teruel Existe ha perdido un diputado, bajando de 3 a 2 e Izquierda Unida (IU) se ha quedado con el diputado que tenía, pero perdiendo un 8% de los votos recibidos en 2023.
Alguna consideración cualitativa
No tenemos intención de entrar en esta Declaración, a modo de valoración, en un análisis profundo de los porqués de estos resultados. Desgraciadamente, tenemos que constatar el retroceso que para el conjunto de la izquierda se viene produciendo, en pérdida de votos e incluso en la desaparición de Podemos, cuyos votos, no menos de 20.000, de los 26.923 que recibieron en 2023, han ido aparentemente al CHA.
Hay que señalar que Aragón es una Comunidad con un sector primario que aporta más de un 5% al PIB aragonés, más del doble que la aportación de ese sector en el ámbito estatal. Las políticas de la UE, donde es mayoritario el Partido Popular Europeo, sin olvidar que quién representa a España en las instituciones europeas es el Gobierno de la nación; son políticas que no están siendo favorables a los intereses de la agricultura y la ganadería, de ningún país de la UE, donde se incluye el sector primario de nuestro país.
La izquierda tiene demasiadas diferencias formales, partidistas…que debieran superar, tanto a la hora de las elecciones como a la hora de la acción de gobierno como la acción en el legislativo, centrándose en las reivindicaciones y necesidades de la mayoría social. No hacerlo significa seguir perdiendo la confianza de quienes viven de su esfuerzo.
La Junta Directiva de ASTRADE
9 de febrero de 2026
Desangran lo público para alimentar parásitos
2026 comienza con un baño de realidad sobre lo que viene ocurriendo en el mundo desde el final de la crisis financiera e inmobiliaria que comenzó en 2008. Nada nuevo respecto a lo que el sistema capitalista lleva haciendo desde que impera como ideología económica, pero sí en cuanto al ritmo de apropiación y virulencia con la que lleva a cabo sus incursiones.
Trump lo ha dejado claro en su intervención del 3 de enero desde Mar-a-Lago, su mansión privada desde la que dirige los designios de EE.UU.: La operación en Venezuela tiene por objeto apropiarse del petróleo venezolano; nada que ver con la democracia, ni con si Maduro es mejor o peor que Mohamed bin Salmán o Netanjahu, a quienes la Administración Trump no se planta secuestrar.
Rusia es otro claro ejemplo, con un devenir histórico distinto, de la apropiación de lo público por parte de una minoría que, con prácticas que superan a la más cruenta película de La Cosa Nostra, comenzaron siendo usufructuarios ilegítimos de los bienes y riquezas del pueblo ruso, para acabar repartiéndose los sectores estratégicos y privatizándolos.
El capitalismo, en su absurdo objetivo de crecimiento constante y a falta de nuevos mercados en los que crecer, ha llegado al punto de agredirse unos a otros; es el caso de la apropiación que los EE.UU., planificada para adjudicarse el mercado del Gas Licuado y el petróleo en Europa, arrebatado a Rusia, desembocando en la guerra que han sembrado en Europa que en febrero cumplirá su cuarto año.
En nuestro país ocurre lo mismo, aunque con formas diferentes.
El Gobierno del PP que preside Díaz Ayuso en Madrid, lleva los últimos seis años acelerando la privatización de lo público. El presupuesto de la Comunidad de Madrid para Sanidad en 2025 ha sido de 10.460 millones de euros. Ayuso ha pagado una media de 1.300 millones de euros al grupo Quirón, desde 2019. A esta cifra habría que sumar asignaciones extraordinarias, como la de 106 millones ha otorgado a hospitales de Quirón en 2025, a nombre de un supuesto “reequilibrio económico”. En la misma línea, el grupo Rivera Salud recibió, solo en 2024, 2.194 millones de euros, y pagos en 2025 por “reequilibrio económico “ por valor de 228 millones de euros. Para cerrar 2025, ha pagado a Quirón otros 500 millones de euros.
La última aberración a la que estamos asistiendo es a la transferencia de 61 millones de euros que estaban presupuestados para la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que ha recibido el Grupo Quirón Salud, la empresa privada a través de la cual la pareja de Ayuso cobra las prebendas con las que Quirón recompensa a la presidenta de Madrid y su entorno. Estos 61 millones deberían haberse destinado a incrementar la plantilla, infradotada, de las residencias de mayores en Madrid, y/o a mejorar la calidad de la comida que se dispensa a los y las residentes.
Por unas vías y por otras, con todo un catálogo de subterfugios contables, la suma de los pagos a Quirón y Rivera Salud, suponen que el más del 36% del presupuesto para sanidad pública de la Comunidad de Madrid, es trasvasado cada año, que sepamos, solo a estas dos grandes corporaciones del negocio privado de la salud.
La consecuencia es la saturación de las urgencias hospitalarias por el desmantelamiento de la red de Atención Primaria: déficit de médicos de familia, pediatras…y servicios de urgencias extrahospitalarias sin dotación facultativa, escasez de enfermeras en general, los días de espera en la Atención Primaria, etc.
Esta política es la que, en 2020, en plena pandemia, llevó al Gobierno de Ayuso a dictar los “protocolos de la vergüenza”, que ocasionaron la muerte de 7.291 personas, pues ni se planteó medicalizar las residencias de mayores u ocupar las camas vacías en los hospitales privados a los que baña en dinero público. Camino de que se cumplan seis años de esta atrocidad, las familias de las víctimas siguen esperando que la ¿Justicia? haga su trabajo.
La dinámica de trasvase de dinero público hacia las empresas privadas, además de enriquecer a esas empresas parasitarias del dinero público, tiene como consecuencia la destrucción de los servicios públicos levantados con el esfuerzo contributivo de la clase trabajadora a lo largo de décadas. Y por supuesto, es el caldo de cultivo de la corrupción. Esto mismo podría aplicarse a la educación, tanto infantil, media o universitaria, al sistema público de pensiones, o a cualquier servicio prestado por el Estado -ayuntamientos, comunidades y Estado central-.
Esto ocurre por muchos motivos. Uno es porque los partidos de la izquierda han perdido gran cantidad de prestigio y confianza de sus votantes naturales; la clase trabajadora. Otro porque las organizaciones de la izquierda hace ya tiempo que entraron en la lógica del liberalismo, por lo que conviven, cuando no justifican y aplican estas políticas. Habría más posibles motivos, pero quiero finalizar con otro: la inacción legislativa:
Los gobiernos de izquierda, incluido el actual, que han gobernado desde final del pasado siglo, han asumido la Ley 15/97 siendo incapaces de derogarla. Una ley que abrió las puertas de par en par a los especuladores de la salud y chupópteros de toda calaña. Derogación de la legislación que facilita la destrucción de los servicios público YA.
Roberto Tornamira
Miembro del CATP
El golpe constitucional
Por Manuel Ruiz Robles
En la reciente Pascua Militar -una ceremonia anacrónica, que pone en evidencia el carácter militarista de la monarquía- el Rey ha alertado de la sensación creciente de amenaza en Europa y del riesgo de “desmantelamiento del vínculo” entre Europa y EE UU. También ha llamado a iniciar cuanto antes una verdadera “transición democrática” en Venezuela.
A mi parecer, se trata de una vergonzosa sumisión al poder del imperialismo, incluso a costa del derecho internacional, de la soberanía de la Unión Europea y de la dignidad del Estado. Una actitud incomprensible y políticamente reprobable tras los graves acontecimientos que han hecho saltar por los aires la famosa democracia americana (Tocqueville, 1805-1859), y con ello el derecho internacional.
Agresión militar a Venezuela y secuestro de su presidente
En los últimos días, la crisis desatada por la agresión militar de EE.UU. a la República Bolivariana de Venezuela, y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ha vuelto a poner de manifiesto una preocupante incoherencia en el discurso oficial del Rey. Mientras que, en el caso de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el monarca ha sido explícito en condenar la agresión como una “inaceptable” violación del derecho internacional y ha mostrado apoyo político y moral al pueblo ucraniano, en relación con Venezuela ha optado por el silencio o la ambigüedad.
El contraste es difícil de justificar. La invasión rusa de Ucrania ha sido denunciada repetidamente por Felipe VI como un ataque flagrante a la soberanía y a la integridad territorial de un Estado soberano; un enfoque que es conforme a la defensa del derecho internacional. Sin embargo, ante el ataque militar a Venezuela y el secuestro de su presidente constitucional, el Rey evitó mencionarlo directamente en su discurso de la Pascua Militar.
En lugar de condenar la violación de la soberanía venezolana por parte de EEUU, su mensaje se limitó a una vaga apelación al “orden global basado en normas” sin una condena explícita de una violación grave del derecho internacional contra Venezuela, un país hermano de América Latina.
Es preciso recordar que el propio Gobierno español -y no solo el Gobierno, sino también importantes actores de la política exterior- ha calificado la agresión militar a Venezuela como una violación del derecho internacional y un “precedente muy peligroso” que violenta la soberanía de los Estados. Con este antecedente, resulta legítimo preguntarse por qué el Jefe del Estado español, cuya función constitucional incluye representar a España, no ha expresado una condena pública equiparable a la que sí ha formulado contra la agresión rusa a Ucrania.
Este silencio o ambivalencia no solo genera confusión, sino que aplica un doble rasero diplomático: voz firme contra Rusia en Europa, pero cautela o temor ante una agresión militar de EEUU en América Latina, que también vulnera gravemente principios fundamentales del derecho internacional. La falta de una condena explícita va en detrimento de la coherencia que se exige a la figura representativa del Estado
La Unión Europea amenazada
En cuanto a Dinamarca, el Rey omitió también toda referencia explícita, subrayando únicamente la “sensación creciente de amenaza” en Europa -sin concretar a qué amenaza se refiere- en vez de condenar explícitamente la coerción y amenaza militar de EEUU contra la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea y socio de la OTAN.
Si la defensa de la soberanía y del derecho internacional es un principio que debe guiar la acción del Estado español, entonces deben rechazarse con la misma contundencia todas las violaciones de esos principios, sin importar quién las cometa o en qué región del mundo ocurran. Solo así España puede aspirar a mantener una postura internacional verdaderamente consistente y respetuosa con los valores que dice defender.
La valentía del Gobierno y la ambigüedad del Rey
El contraste institucional es tan evidente como incomprensible. El Gobierno de coalición progresista y su Presidente, Pedro Sánchez, han mostrado una valentía política clara al defender -sin ambigüedades- la soberanía de un miembro de la UE y aliado, recordando que ninguna relación -ni siquiera con el Sr. Trump, comandante supremo de EEUU y por tanto de la OTAN- puede situarse por encima del derecho internacional y del respeto a la integridad territorial. Esa posición no es gratuita: implica asumir costes diplomáticos y tensiones con la potencia hegemónica. Precisamente por eso tiene valor político.
Además, es obvio que el Gobierno de coalición progresista está sostenido por un mayoría democrática en el Congreso de los Diputados, de lo contrario caería de inmediato.
Frente a ello, la actitud del Rey resulta oscura. Su silencio o su refugio en fórmulas genéricas, cuidadosamente desprovistas de contenido concreto, contrasta con la firmeza que sí ha mostrado en otros conflictos cuando el agresor no forma parte de la OTAN. Esa asimetría no es prudencia institucional: es renuncia a ejercer la función moral y simbólica que corresponde a la Jefatura del Estado cuando están en juego principios básicos del derecho internacional.
Mientras el Gobierno asume la responsabilidad de hablar claro, el Rey opta por no incomodar al todopoderoso Sr. Trump, aunque ello suponga dejar sin defensa explícita a Dinamarca, un Estado miembro de la Unión Europea y socio de la OTAN. La valentía política consiste en sostener los principios incluso cuando resulta incómodo; es miedo paralizante lo que lleva a invocarlos solo cuando no tienen coste. En este caso, la diferencia entre ambas actitudes no podría ser más clara.
El “golpe constitucional”
Por si fuesen pocas las amenazas desde el exterior, el ataque sistemático desde el interior al Gobierno de coalición progresista, con especial intensidad a su presidente, no puede entenderse como una simple disputa partidista: es la expresión descarnada de las contradicciones de clases en el marco del capitalismo español.
Desde una perspectiva democrática, asistimos a la reacción furibunda de un bloque de poder oligárquico -financiero, mediático, judicial y empresarial- que ve amenazados, siquiera mínimamente, sus privilegios históricos. Los frentes “moderado” y ultra actúan al unísono, amplificando un discurso de deslegitimación permanente cuyo objetivo no es la crítica democrática, sino la demolición política de cualquier proyecto que cuestione el orden social conservador.
A este coro se suma, de forma reveladora, el reciente manifiesto de antiguos y destacados miembros del PSOE contra Pedro Sánchez. Lejos de representar una disidencia ideológica honesta, este gesto evidencia la función autoritaria de las viejas élites del régimen del 78, siempre dispuestas a reconducir al partido hacia la cómoda gestión del sistema, no a su transformación.
Se trata de una operación de restauración: forzar el regreso a un bipartidismo turnista, el regreso a la alternancia sin alternativa real, al modelo decimonónico de Cánovas y Sagasta adaptado al neoliberalismo contemporáneo.
El mensaje es claro: cualquier desviación, por tímida que sea, del consenso oligárquico del 78 será castigada. La ofensiva actual no defiende la democracia; defiende el poder de clase que la vacía de contenido.
Manuel Ruiz Robles
Capitán de Navío de la Armada,
exmiembro de la UMD, miembro de la AMMD.
Entrevista: Al Portavoz del CAIT
Por Julio Turra
Tribuna Socialista publica la entrevista que Julio Turra ha realizado al portavoz del Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores y Trabajadoras (CAIT), de Venezuela, para la revista brasileña O´Trabalho
Pregunta: ¿Cuál es la situación interna en Venezuela pasados 13 días del ataque militar y secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores por EE. UU.?
Respuesta: Desde la perspectiva de la constitución venezolana, Maduro sigue siendo el presidente, pues no ha muerto, no ha renunciado; está secuestrado. Entonces, siendo así, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la vicepresidenta asume las funciones ejecutivas, así fue ratificado por Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aunque, transcurrido la mitad del mandato presidencial, la carta magna obliga a la convocatoria de nuevas elecciones. No obstante, el rumbo de estos comicios parece estar supeditado a las negociaciones en curso con Estados Unidos.
El Gobierno mantiene el control del territorio, La Asamblea Nacional se reunió en pleno y ratificó a Jorge Rodríguez como su presidente. También se reunió el Consejo de Ministros y tomó posición el alto mando militar. Las instituciones siguen funcionando. El país recobra la normalidad. No hubo desgobierno ni colapso. Si bien, se realizaron marchas en diferentes e importantes regiones del país.
No se llevaron a cabo grandes movilizaciones, ni en apoyo al Gobierno, ni para celebrar por la salida de Maduro. A pesar de las presiones externas y las tensiones internas, los actores sociales optan por priorizar la convivencia. Aunque las amplias mayorías del país rechazan la intervención militar y el secuestro de Maduro.
El Gobierno busca sobrevivir políticamente y demostrar su gobernabilidad ante la presión imperialista. Intenta mantener la cohesión interna, reorganizar liderazgos y proyectar continuidad en un contexto adverso. Su narrativa se enfoca en la defensa de la soberanía nacional y en denunciar la intervención extranjera. El regreso del presidente Nicolás Maduro busca asegurar la supervivencia como fuerza política, incluso bajo condiciones de tutela externa. En las calles de Caracas la gran preocupación de los venezolanos vuelve a ser el costo de la vida, los altos precios y la economía del país. Precarización laboral y un tejido social desgastado por años de crisis, sanciones y bloqueo económico Esta realidad es la que el pueblo trabajador aspira que cambie.
P: Desde los sectores de la clase trabajadora organizada, sindicatos y movimientos, ¿cómo se ve el Gobierno de la presidenta «encargada» Delcy Rodríguez y las negociaciones con el Gobierno de EE. UU.?
R: Con los anuncios de Donald Trump y del plan de estabilización, crecimiento económico y transición política que Estados Unidos tiene para Venezuela, anunciado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. El reinicio de relaciones diplomáticas, las excarcelaciones de presos políticos, la reciente llamada telefónica con Donald Trump y Delcy Rodríguez para discutir una «agenda de trabajo bilateral» y resolver los diversos «asuntos pendientes» que mantienen Venezuela y EE. UU.
El anuncio de Jorge Rodríguez de un conjunto de leyes que la nueva Asamblea Nacional se comprometió a tramitar con carácter prioritario, constituye la columna vertebral del período constitucional 2026-2031. Este paquete abarca minería, comercio exterior, derechos sociales, innovación tecnológica, sistema eléctrico y regulación política, representando una nueva arquitectura jurídica (8 nuevos códigos) que configura un nuevo Estado Nación. Se busca reordenar el modelo venezolano en un contexto inédito: con Washington como socio central para reactivar la industria petrolera y el sistema eléctrico, y con un Gobierno que intenta mantener su continuidad política mientras adapta su marco legal a esta nueva etapa de presiones e interdependencia con Estados Unidos.
Tenemos como antecedente la política de regresión laboral aplicada por el Gobierno, con una institucionalidad laboral gravemente erosionada desde hace años, con la anulación práctica de la negociación colectiva, bonificación de los salarios, un movimiento obrero y sindical que se presenta como fragmentado, disperso y dividido, careciendo de una independencia significativa frente al Gobierno y la oposición, y sin sindicatos que funcionen adecuadamente, sin un andamiaje organizativo que pueda mitigar el impacto. La posible reapertura del sector petrolero venezolano a la inversión estadounidense podría reconfigurar las cadenas de empleo y la presión sindical en el ámbito energético.
Hay desconfianza en las negociaciones con EE.UU., se ven como una presión para renunciar a la soberanía y privatizar empresas estatales, lo que impactará en el empleo y los derechos laborales. A pesar de que se apoya al Gobierno a nivel nacional, hay sectores de trabajadores que cuestionan la gestión económica y exigen más transparencia y soluciones efectivas a sus problemas diarios.
P: Cómo miembro del CAIT, ¿cuál es el mensaje que quieres enviar a los trabajadores y sus organizaciones en todo el mundo en relación con lo que sucede en tu país?
R: La agresión contra Venezuela es un intento del imperialismo estadounidense de intimidar a toda la región y asegurar el acceso preferencial de Estados Unidos y sus empresas a los recursos, especialmente el petróleo, con el fin de fortalecer su control político y militar sobre el continente frente a cualquier resistencia y alinear a los Gobiernos de la región con su política. Esta acción refleja que la crisis de dominación del imperialismo estadounidense ya no puede resolverse ni siquiera dentro del marco de las relaciones internacionales establecidas tras la II Guerra Mundial de 1939 – 1945.
El Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores(as) (CAIT) ha dirigido un llamado a los organizadores de la Conferencia Europea contra la Guerra, programada del 4 y 5 de octubre de 2025 en París, en respuesta a las amenazas que representa la figura de Trump para los pueblos del mundo y su papel en el fomento de conflictos bélicos. Se solicita la manifestación de solidaridad con el pueblo venezolano.
Además, hacemos un llamado a la Conferencia Continental por el derecho a migrar y por los derechos de los migrantes, que se llevará a cabo del 8 al 14 de marzo, para que se incluya en su agenda el rechazo a la agresión contra Venezuela y la defensa de la libertad del presidente Nicolás Maduro. El CAIT exhorta a los pueblos, especialmente de América Latina y el Caribe, a alzar su voz en protesta contra estas agresiones.
Para nosotros, preservar la Constitución Bolivariana de 1999 se convierte en un hecho de resistencia y de afirmación soberana. Es el pacto fundacional que nos dimos con la constituyente que garantiza derechos intangibles, participación popular, soberanía sobre las reservas petroleras y el principio de autodeterminación. Renunciar a ella o permitir que sea arrasada por decretos de orden o imposiciones externas sería aceptar la disolución del marco que sostiene la vida política del país
Condenamos la intervención militar de EE.UU., vista como un ataque a la soberanía, y se apoya el discurso de Delcy Rodríguez de unidad nacional contra la agresión. Los trabajadores demandamos que las negociaciones resulten en mejoras económicas, control de precios, salarios dignos y cumplimiento de contratos laborales, ante el deterioro causado por el conflicto.
Entendemos que el Gobierno se encuentra ante una gran disyuntiva: no es posible, ser al mismo tiempo un Gobierno antiimperialista, y un Gobierno tutelado por los Estados Unidos. O se pliega a los mandatos del imperio y sigue gobernando con la venia de Trump; o confronta los intentos de tutelaje y llama a un Gobierno de unidad nacional, convocando a un gran frente antiimperialista continental para reafirmar nuestra independencia y soberanía.
Socialdemocracia sin nostalgia ni privilegios
En política no hay nada más legítimo que el debate de ideas. Lo que resulta más discutible es el lugar desde el que se ejerce. El reciente manifiesto firmado por Jordi Sevilla y otros antiguos referentes socialistas invita a una reflexión necesaria: ¿quién puede arrogarse hoy la representación de la socialdemocracia y con qué autoridad moral?.
Muchos militantes y votantes socialistas —los que sostienen el partido con cuotas, trabajo voluntario y compromiso cotidiano— observan con desconcierto cómo determinadas voces, alejadas desde hace años de la vida orgánica y social del PSOE, reaparecen para dictar sentencias sobre la supuesta deriva del proyecto socialdemócrata. Resulta cuanto menos llamativo que esas advertencias procedan, en no pocos casos, de trayectorias profesionales desarrolladas en los consejos de administración de grandes corporaciones, especialmente del sector energético.
El fenómeno no es exclusivo de España. En buena parte de la socialdemocracia europea se repite un patrón: dirigentes que hace tiempo abandonaron la política activa, integrados plenamente en las élites económicas, reivindican una socialdemocracia cada vez más despojada de contenido material.
Una socialdemocracia de discurso, pero no siempre de hechos. Más cercana a la tertulia que a la realidad social de millones de trabajadores.
El manifiesto sostiene que las políticas del actual Gobierno estarían alimentando el auge de la extrema derecha. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que ese crecimiento no nace de un exceso de derechos sociales, sino de la frustración que generan décadas de precarización, desigualdad y desprotección. Difícilmente puede responsabilizarse de ese fenómeno a un Ejecutivo que ha impulsado la subida del salario mínimo, reforzado la negociación colectiva, protegido las pensiones y ampliado el escudo social en los momentos más duros.
Conviene recordar que la socialdemocracia no es una etiqueta estética ni un ejercicio de nostalgia.
Es una práctica política concreta. Se mide en políticas públicas, no en columnas de opinión. En decisiones que afectan a la vida real de la gente, no en diagnósticos abstractos formulados desde posiciones de evidente comodidad social.
Como advirtió Julián Besteiro, el socialismo no se define por las palabras, sino por los hechos. Y los hechos, hoy, siguen hablando de derechos laborales, servicios públicos, cohesión social y redistribución. Defender eso no es populismo ni desviación ideológica: es socialdemocracia en estado puro.
El PSOE no pertenece a camarillas ilustradas ni a salones bien alfombrados. Es un partido popular, con raíces profundas en la clase trabajadora. Conviene no olvidarlo. Porque la socialdemocracia, si quiere seguir siendo útil, no puede permitirse el lujo de confundirse con el privilegio ni de hablarle al país desde la distancia.
J. Berjano,
Socialista “Chaparrilla” de la puta base
El escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía.
Por María Iglesias Domínguez,
redacción Tribuna Socialista
Moreno Bonilla busca sin éxito zanjar la crisis sanitaria antes de las elecciones: listas de espera, falta de médicos y fallos del cribado.
Hace unos meses y tras años de recortes sanitarios, principalmente en los últimos seis años, saltó la noticia de la crisis de los cribados en Andalucía. Esta crisis anunciada por los profesionales desde hacía años, ponía el foco en la falta de recursos humanos de la sanidad pública debido a la falta de inversión en la misma y de la derivación de recursos a la sanidad privada.
Además ha puesto de manifiesto algo que desde el covid se venía reclamando, “la necesidad de una mayor inversión en servicios públicos” algo a lo que precisamente Andalucía lleva años haciendo caso omiso, destinando cada vez más recursos a la sanidad privada y arrinconado cada vez más a la sanidad pública.
Unos meses después y tras grandes movilizaciones de la ciudadanía, la polémica por los errores en los cribados del cáncer de mama ya tiene datos reales, una vez que ha concluido todo el análisis de las pruebas médicas y la evaluación del programa de detección precoz.
Mientras el gobierno Andaluz fue haciendo dimitir a la consejera de salud y a cuantos pensó calmaría la situación en las calles, en los hospitales, en los centros de salud…este tema se convertia en punta de lanza de un enorme problema real que afecta a las Andaluzas y a los Andaluces como es el de la sanidad en una comunidad en la que tras despedir a miles de sanitarios, simplemente para acudir a tu médico de atención primaria, has de esperar hasta tres semanas.
El gobierno de Andalucía tardó varias semanas tras conocerse que había existido un fallo en el programa de cribado de cáncer de mama en clarificar cuántas mujeres habían sido afectadas. Los principales responsables del área de Salud, el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, o la portavoz, Carolina España, eludían las preguntas sobre el número de afectadas asegurando que lo importante era que habían «localizado el problema«, algo que aún no han explicado y tuvo que ser en una conferencia en Barcelona, durante la gira de presentación del libro de Moreno Bonilla, donde el propio presidente reconoció el número de mujeres afectadas, asegurando que «tan solo había afectado» a un 1%.
Los datos que hemos conocido sobre los cribados de cáncer de mama, se alejan de ese 1% , son escalofriantes porque hablamos de vidas humanas.
A un total de 22 mujeres según la Junta no se les comunicó que tenían lesiones sospechosas y han desarrollado cáncer de mama, nada más y nada menos que 22 mujeres ahora luchan contra un cáncer, una enfermedad de la que precisamente su éxito radica en la detención precoz que es precisamente por lo que se puso en marcha este programa hace ya bastantes años y con éxito.
Estas 22 mujeres, pertenecen mayoritariamente al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el mayor Hospital de toda Andalucía que ha concentrado el 90% de los casos con errores.
El Gobierno andaluz cifra en 2.317 el total de pacientes en toda Andalucía a las que no se les comunicó debidamente que las mamografías que se les habían realizado presentaban lesiones sospechosas. En concreto, en Sevilla se localizaron 2.051 casos; 152 en Málaga; 80 en Cádiz; 14 en Granada; diez en Almería; cinco en Huelva; otros cinco en Jaén; mientras que no se localizaron casos en la provincia de Córdoba.
Los errores han afectado a lo que, en términos técnicos, se denominaBid-rad 3 y lejos de tecnicismo habla de angustia, de terror, de impotencia… la que padecen miles de mujeres en Andalucía en espera de pruebas que pueden determinar el resto de sus vidas e incluso sus muertes.
La presidenta de la Asociación Amama, Ángela Claverol, cifra en 338 las mujeres afectadas por el cribado, y pide un «poco más de foco» en el caso para evitar más retrasos en aquellas mujeres a las que les han hecho las pruebas diagnósticas pendientes.
Claverol, además, explica que ahora hay un «problema añadido» y es que después de que la Junta de Andalucía hiciera la ecografía a esas mujeres a las cuales no se les había realizado en tiempo y forma, ahora hay una ‘lista de espera’ de mujeres esperando una operación. «Hay mujeres esperando todo lo que hay detrás después de diagnosticar un cáncer de mama».
Los datos de la última manifestación a favor de la sanidad pública andaluza que tuvo lugar el pasado 9 de noviembre en las ocho provincias es también un reflejo de cómo se está viviendo la crisis sanitaria. La concentración que organizaron Mareas Blancas y los sindicatos UGT y CCOO concentró en las calles a un total de 56.700 andaluces.
“No es un error humano. Es terrorismo de Estado. Con plena conciencia. Y sin ningún pudor” proclamaban en el Falla esta semana una comparsa que logró poner en pie al teatro a los gritos de “Bonilla dimisión”, la copla ponía voz a un malestar social que lleva meses presente en las calles de Andalucía, así como en el debate político andaluz .
La sanidad pública ha sido la protagonista del año pasado en Andalucía. Los fallos en los cribados de cáncer de mama se han posicionado como el mayor escándalo sanitario y político de los últimos años. La comunidad sigue liderando el ranking nacional con menos médicos por habitante y las listas de espera quirúrgicas o de consultas que siguen superando los tres meses.
El 25 fue también el año de la defensa de los derechos de los médicos con numerosas manifestaciones y la mayor huelga en los últimos 30 años. Ante este escenario, la Junta de Andalucía afronta un importantísimo reto muy difícil de conseguir: recuperar la confianza perdida de la sociedad en su sistema sanitario público.
El descontento de la población además se percibe en el incremento de los seguros privados: de los 8,4 millones de habitantes que hay en Andalucía, dos millones ya tienen una póliza de salud privada. Todo esto de los seguros privados comenzó como una herramienta para una minoría que complementaba a la sanidad pública y se ha convertido en la primera alternativa para casi una cuarta parte de la población andaluza. Y en menos de diez años, más de 660.000 ciudadanos han decidido pagar de su bolsillo la asistencia que el sistema público no logra garantizarles.
La situación de la sanidad pública en Andalucía, las listas de espera o la polémica por los cribados de cáncer de mama, a los que seguirán sin duda otros cribados como el de colón, etc… son temas de los que cada vez se habla más en Andalucía y lo acepté con sonrisas o serios el presidente de la Junta y su gobierno, es un verdadero polvorín que recuerda al fin del gobierno socialista tras casi 40 años presidiendo la Junta, precisamente por el deterioro de la sanidad, y eso que aquella sanidad estaba muy lejos de parecerse a la que en la actualidad padecemos en nuestra comunidad autónoma.
La UE debe suspender definitivamente todo comercio con el Estado de Israel
Por Miguel Sagües
El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel se firmó en 1995 y entró en vigor en el año 2000, en el marco de la Política Europea de Vecindad y del Proceso de Barcelona. Este acuerdo se diseñó para reforzar las relaciones comerciales, políticas y de cooperación entre ambas partes, consolidando a Israel como socio estratégico en la región mediterránea.
Gracias a dicho acuerdo, UE es el principal socio comercial de Israel, representando aproximadamente el 30% de sus exportaciones y el 40% de sus importaciones. El comercio bilateral supera los 30.000 millones de euros anuales, con predominio de productos tecnológicos, farmacéuticos y agrícolas, pero también material militar y armamento, según hemos visto.
Para Israel, este acuerdo no solo supone acceso preferencial al mayor mercado del mundo, sino también legitimidad política y cooperación en sectores clave como innovación y seguridad. En términos estratégicos, refuerza su posición económica y diplomática frente a otros actores regionales.
Básicamente dicho acuerdo establecía:
- Libre comercio para productos industriales y reducción progresiva de aranceles en productos agrícolas.
- Cooperación científica y tecnológica, permitiendo la participación de Israel en programas europeos de investigación.
- Diálogo político regular, con compromisos explícitos sobre respeto a los derechos humanos y al derecho internacional como principios fundamentales.
Pero la Unión Europea ha permitido y permite la exportación de material militar y armamento a Israel, que, desde luego, desde 1967, no respeta ni el derecho internacional, ni los derechos humanos, con la venia y el apoyo militar, diplomático y político de los EEUU.
Cada Estado miembro decide sobre licencias de exportación conforme a la Posición Común 2008/944/PESC, que establece criterios como respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el país de destino, no contribuir a conflictos armados ni a la represión interna y evaluación del riesgo de desvío o uso indebido del material.
Pura ficción y apariencias, según veremos.
Porque, en efecto, nada de esto se ha respetado, pese al genocidio impune de Israel y su estrategia de limpieza étnica y exterminio del pueblo palestino,
Durante la destrucción de Gaza y el genocidio indiscriminado (me niego a llamarle guerra de Gaza y hablar de fallecidos, sino de asesinatos), varios países europeos han venido autorizando las ventas de componentes, tecnología y equipos militares a Israel, especialmente en el ámbito de defensa aérea, sistemas electrónicos y piezas para aeronaves.
(*) Desde el 07/10/2023, hasta diciembre de 2025, Israel ha asesinado aproximadamente a 72.000 personas, de los que 20.179 son niños, 10.000 mujeres, 1.600 trabajadores sanitarios, 310 trabajadores de la UNRWA, 120 académicos, 259 periodistas, y hay aproximadamente, 171.079 heridos, de los que 40.500 son niños, y 19.000 mujeres y se tiene la firma creencia de que hay miles de asesinados más, bajo las montañas de escombros de los edificios destruidos. Por su parte, en Cisjordania, los colonos han asesinado a 1.001 palestinos, de los que 213 son niños y hay 16.104 heridos, entre los que se encuentran2.503 niños. (*) Fuente: WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE.
Ante esta atroz situación, que incluye la prohibición de paso a la ayuda humanitaria y cientos de asesinatos durante los supuestos “alto el fuego”, violaciones permanentes y sistemáticas del derecho internacional y derechos humanos,algunos Estados miembros de la UE, como España, Bélgica, Irlanda, han anunciado moratorias o suspensión de licencias para evitar que el material se utilice en violaciones del derecho internacional, y además, varios Estados miembros han solicitado la suspensión del acuerdo en su última revisión.
Los Estados que apoyan la suspensión son Irlanda, España, Bélgica, Eslovenia y Malta, argumentando que Israel actúa con impunidad, bloquea la entrada de ayuda humanitaria y perpetúa ataques contra población civil y colonos palestinos.
Los Estados que se oponen a la suspensión son Alemania, Hungría, República Checa y Austria, alegando que la suspensión podría debilitar la influencia europea en la región y afectar la cooperación en seguridad.
En paralelo, en línea con la lucha de los pueblos y trabajadores europeos, en apoyo de la lucha del pueblo palestino por su supervivencia y su libertad, se ha registrado una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)* que solicita la suspensión del acuerdo. https://eci.ec.europa.eu/055/public/#/sceen/home
La ICE que se está remitiendo para recogida de firmas, establece como Objetivos, el siguiente texto:
“Según la Comisión Europea, el Estado de Israel es responsable de un nivel sin precedentes de asesinatos y lesiones de civiles, de los desplazamientos a gran escala de la población y de la destrucción sistemática de hospitales e instalaciones médicas en Gaza [1]. Israel también impuso un bloqueo de la ayuda humanitaria que podría equivaler a utilizar la inanición como método de guerra. Israel incumple múltiples normas y obligaciones en virtud del Derecho internacional y no adopta las medidas de prevención del delito de genocidio ordenadas por la Corte Internacional de Justicia [2]. Sin embargo, la Unión Europea no ha suspendido aún su acuerdo de asociación con Israel, que es la piedra angular de la cooperación bilateral comercial, económica y política entre la UE e Israel Los ciudadanos de la UE no pueden tolerar que la UE mantenga un acuerdo que contribuye a legitimar y financiar a un Estado que comete crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Por consiguiente, pedimos a la Comisión que presente al Consejo la propuesta de suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel.”
[1] Servicio Europeo de Acción Exterior, nota de la oficina del representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, 20 de junio de 2025, https://euobserver.com/eu-and-the-world/ar0246a0da.
[2] Corte Internacional de Justicia, providencia de 26 de enero de 2024,https://www.icj-cij.org/node/203447.
La Comisión Europea ha reconocido la validez de esta iniciativa y ha instado a que el Consejo de la UE la examine formalmente y se debata. Esta acción refleja una creciente presión social para que la política comercial europea esté alineada con los principios de derechos humanos y derecho internacional.
¿Por qué un acuerdo?
El Gobierno y la Iglesia católica llegan a un acuerdo para la reparación de las víctimas de abusos
En fechas recientes el Gobierno – a través del Ministerio de Justicia – y las dos principales organizaciones católicas -la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos-, empujadas por el Vaticano, han llegado a un acuerdo histórico que habilita la creación de un sistema de reparación mixto entre la Iglesia católica y el Estado para las víctimas de abusos sexuales por parte de esta última.
Es el cuarto pacto al que ambas partes han llegado esta legislatura, después de los alcanzados en los asuntos de Cuelgamuros, las inmatriculaciones y el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras). Y tanto por el fondo del acuerdo como por la forma, las principales asociaciones de víctimas asumen que se trata de un pacto histórico.
Han sido muchos años de negar la evidencia. De colocar palos en las ruedas e intentar obstaculizar cualquier avance hacia el reconocimiento y la reparación de las víctimas. El propio presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, llegó a declarar que se trataba de “pocos casos o ninguno”. Y hasta la firma del acuerdo, que ha sido posible por la actitud tenaz de las víctimas y el posicionamiento del Gobierno, particularmente de Ángel Gabilondo como defensor del pueblo, la jerarquía de la Iglesia católica se negaba por completo a aceptar su responsabilidad y, por supuesto, a asumir el coste de las indemnizaciones.
El reconocimiento y la reparación de las víctimas era una cuestión de justicia. Y había que finiquitarlo con las reivindicaciones exactas que las asociaciones de víctimas exigían. Para evitar que eso fuera así, en los meses previos a su firma la Conferencia Episcopal arreció sus ataques contra el Gobierno, en un intento desesperado de encubrir el oprobio que significa para los prelados reconocer públicamente -y hacerse cargo del coste posterior- de algo que por otro lado era un secreto a voces: que durante decenios miembros de la iglesia han llevado a cabo agresiones sexuales a niños, aprovechando para ello la impunidad de la que gozaron durante ese mismo tiempo. En las escuelas, en los centros de culto, en todos los actos que rodeaban la vida de los chavales y en los que su presencia era en la práctica inevitable.
Sin embargo, y aún reconociendo su extraordinaria valía, acuerdos de esta índole, que abordan con claridad un problema, evitan llegar al núcleo central del asunto que son los acuerdos de 1979, conocidos comúnmente como Concordato, que no es más que una prolongación del firmado con Franco en 1953. Y es un reflejo claro de la capacidad y el poder que la jerarquía de la Iglesia católica aún tiene como organización. Como ocurre en una sociedad que avanza hacia el laicismo, la iglesia pierde adeptos de manera incesante: cada vez menos matrimonios por el altar, cada vez menos afluencia de feligreses a las parroquias. Sin embargo en determinados aspectos, los prelados siguen gozando de un nivel de privilegios -leyes privadas- completamente incompatibles con un Estado que reclama la igualdad de sus individuos ante la ley.
Porque los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979 -que permitieron la continuidad de los privilegios franquistas con el advenimiento de la democracia- son el núcleo central de ese sistema que aún con acuerdos como éste, se mantienen prácticamente intactos.
Es lo que ocurre por ejemplo con el asunto de las inmatriculaciones, en las que el Ministerio de Justicia no actuó con la misma firmeza que en este caso. Antes al contrario, con la publicación del listado de alrededor de mil inmuebles impugnables por ser susceptibles de error, se produjo de facto una amnistía registral sobre los que calculamos cerca de 100.000 más inmatriculados gracias a un privilegio franquista rehabilitado por Aznar. Inmatriculaciones cuyas ganancias, a buen seguro, contribuyen a financiar las indemnizaciones por abusos sexuales prolongados durante tanto tiempo.
Ese inmenso patrimonio inmobiliario reporta a la Iglesia católica cientos de millones de euros cada año, libres de impuestos, además. Cada vez que alguien visita un monumento, pongamos por caso la Mezquita de Córdoba, el dinero que paga por la entrada va a parar de manera íntegra a las arcas de los obispos, de manera completamente opaca, sin pasar por hacienda.
Otro tanto sucede con la financiación del Estado a la Iglesia católica a través de los conciertos educativos, otro buen pellizco a las arcas públicas. Los últimos estudios realizados al respecto, publicados en medios de comunicación, cifran en cerca de 6.000 los millones de euros que ingresan los obispos mediante este mecanismo. A lo que se ha de añadir la capacidad de adoctrinamiento de decenas de miles de alumnos y alumnas que reciben diariamente la influencia, no ya de la doctrina religiosa o de fe, sino mensajes políticos muy sesgados desde el punto de vista ideológico.
La iglesia controla televisiones, diarios escritos y ahora también digitales. En España es una de las organizaciones más influyentes en la derecha y la extrema derecha a través de subgrupos con una idea y unas tareas muy bien definidas. Evidentemente una parte importante de los y las practicantes no tienen nada que ver con esto, pero eso no desvincula a la jerarquía de la iglesia como organización con los sectores más reaccionarios del país.
El acuerdo es muy meritorio. Sumamente importante. Pero en cierto modo no deja de mantener la idea de que la jerarquía de la iglesia es un interlocutor válido, al mismo nivel que un Gobierno legítimamente elegido. Y no lo es; se trata de un grupo privado con intereses privados que además no está sometido en muchos casos a la ley. Por eso, una vez que se ha iniciado el camino y se ha determinado que es posible, todos esos privilegios deben ser removidos. Uno por uno hasta el último, que es el de la financiación. Lo conseguido por las víctimas, con la colaboración de las instituciones del Estado, es un punto de apoyo inestimable. Ahora hay que seguir esa senda y abordar políticas audaces de izquierda que desmantelen la estructura sobre la que históricamente se ha sostenido este sistema.
Enrique Herrero
Profesor de secundaria
y sindicalista de CCOO
Tribuna Socialista 
Debe estar conectado para enviar un comentario.