Tribuna Socialista

Siguiendo su política mentirosa de desprestigiar a la Seguridad Social y al mismo tiempo presumir de todos sus esfuerzos por sacarla del abismo, en la que ellos la han metido, el Gobierno del PP,  para financiar lo que falta de cotizaciones para cubrir los gastos de la Seguridad Social, aprobó la concesión de préstamos por 10.200 millones desde los Presupuestos del Estado a los Presupuestos de la Seguridad Social. Nuestro sindicato,  UGT, con buen criterio, ha reaccionado con prontitud y rigor y ha declarado que «el gobierno vulnera la Ley General de la Seguridad Social, que dispone que la diferencia entre ingresos y gastos del sistema se debe hacer (cubrir)  mediante transferencias del Estado y no a través de créditos, que lo que hacen es endeudar más a la Seguridad Social«.

La utilización de préstamos desde el Presupuesto de Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, para garantizar el pago de las prestaciones sociales, para cubrir las insuficiencias de las cotizaciones, es una práctica fraudulenta pues supone cargar a la Seguridad Social obligaciones que corresponden, según la ley y la propia Constitución,  al Estado. Una de sus consecuencias es que el Estado traslada a la Seguridad Social parte de su déficit generándole una falsa deuda con el Estado.

Así, con esta práctica del Gobierno, se va anotando a lo bobo en el pasivo del balance de la Seguridad Social una serie de falsas deudas que les vienen muy bien a los propagandistas de la «quiebra» de la Seguridad Social y a los partidarios de la necesidad de buscar nuevos modelos que pretendidamente superen el  sistema de reparto.

Ya se ha denunciado hasta la saciedad la política de los gobiernos de imputar a la Seguridad Social gastos que no le corresponden, así como rebajar los ingresos por cotizaciones mediante las bonificaciones, rebajas, y demás regalos a los empresarios que hace pagar a la Seguridad Social. El gobierno no sabe ya qué más cosas inventar para debilitar a la Seguridad Social, todo ello para conducir el sistema de reparto a un sistema con pensiones ridículas cercano al de pensiones asistenciales (reforma de 2013) para abrir paso a los sistemas privados de pensiones.

Pero ahora lo que se denuncia es un nuevo  giro a la tuerca que aprieta a los trabajadores y a los sindicatos, porque más allá de la separación de fuentes, el Estado tiene obligación legal de garantizar los derechos a pensiones y el problema es que el gobierno del partido popular se niega a  asumir esa obligación.

El gobierno quiere retorcer la ley y aplicar los acuerdos sobre separación de fuentes, pero esto no encaja, porque más allá  del tema de la separación de fuentes está la obligación del Estado de garantizar el pago de las prestaciones, también las prestaciones contributivas, mediante las aportaciones o transferencias que sean necesarias para hacer frente, en todo, a  la insuficiencia de las cotizaciones. Y esta financiación suplementaria debe ser asumida por el gobierno en el Presupuesto del Estado, cuando hay que completar los ingresos de la Seguridad Social, en casos como los actuales, en los que la financiación procedente de las cotizaciones es insuficiente para hacer frente a las pensiones. Y esto es lo que se deriva de los artículos 41 y 50 de la Constitución y de la Ley General de la Seguridad Social.

Esta es una de las claves más serias y que le dan solidez a nuestro actual sistema de reparto y que consiste en la obligación del gobierno de garantizar con el Presupuesto del Estado, a través de aportaciones directas, que se cubren los gastos sociales comprometidos en la Seguridad Social, hasta cubrir con esas aportaciones las insuficiencias de las cotizaciones.

Hay que decirle al Gobierno que el cumplimiento de la ley no es arbitrario, a su gusto, el cumplimiento de la ley es obligatorio. Como bien señala desde nuestro Confederal «hay que revertir esta situación en la que nos ha metido el gobierno.

Hay que exigirle al gobierno que modifique esos préstamos, que los anule y que no transfiera los déficits del Estado a la Seguridad Social, que desaparezcan del pasivo  del balance de la Seguridad Social. Esa es la exigencia democrática prioritaria y necesaria.

Baltasar Santos

Ningún gesto ni voto socialista para apoyar al PP

¡soluciones democráticas ya!

El mal llamado “problema catalán” es un problema que incumbe a la mayoría social de todo el país, que miran con desconfianza al gobierno de Mariano Rajoy como responsable del callejón sin salida en el que nos encontramos, conduciéndonos al enfrentamiento si antes no se remedia.

El PP recurrió en 2006 ante el Tribunal Constitucional un Estatuto acordado en las Cortes Españolas, en el Parlamento de Cataluña y votado en un Referéndum por el pueblo catalán. El PP instrumentalizó de esta forma el Constitucional y lo colocó por encima de la voluntad del pueblo y de sus representantes, lo mismo que hizo para que, esta misma institución se mostrase favorable a la reforma laboral o anulase medidas parlamentarias que podían tener algún atisbo de beneficiar a la mayoría social.

El PP y su gobierno minoritario, su presidente en primer lugar es el principal responsable del conflicto, busca la confrontación permanente para sobrevivir y la discordia como forma frentista de abordar los problemas, como ha demostrado en el homenaje a Miguel A Blanco.

Rajoy ha situado el debate sobre Cataluña en el terreno jurídico para evitar el debate político, de esa forma divide en nombre de “la democracia”, como si fuera posible tener democracia evitando que los pueblos se expresen libremente.

Las amenazas de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución solo pueden traer más problemas y ninguna solución, cada día de existencia de este gobierno es un riesgo para la mayoría social, el gobierno minoritario del PP no puede continuar por más tiempo.

También es verdad que el Gobierno de la Generalitat primero dirigido por Mas y después por Puigdemont y Junqueras se han enajenado a buena parte de la población con sus recortes, y el dúo Rajoy Soraya trata de apoyarse en eso, después de haberles exigido esos recortes. Pero todos los trabajadores saben que necesitan unirse y hacer frente común con los pueblos para echar a Rajoy y al PP.

Pedro Sánchez dijo acertadamente en el acto de Barcelona el día 15 de julio, que la ley por sí sola no soluciona los problemas porque si no gobernarían los jueces, reivindica con razón la hora de la política.

Los socialistas y todos los trabajadores, que han traído la democracia, sabemos que cualquier cámara elegida democráticamente, debe tener el derecho y la obligación de consultar a sus representados. En particular, el Parlamento catalán debe responder a la exigencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que quieren un referéndum para decidir sus relaciones con los demás pueblos.

La ley debe servir para solucionar problemas y no para crearlos o agravarlos. Y si hace falta mejorarla, mejórese. El problema es la voluntad política de enfrentar a los ciudadanos y los pueblos.

Los militantes socialistas que apoyamos a Pedro Sanchez con el No es NO debemos saludar satisfechos que el PSOE no apoye al Gobierno para intervenir en contra del pueblo catalán, también esperan que nuestro partido ayude a abrir vías de solución democrática que satisfagan las aspiraciones del pueblo catalán y faciliten la convivencia democrática de todos los pueblos.

La colaboración del PSOE a cualquier nivel con el PP sería fatal, no solo para el pueblo de Cataluña, también para todos los pueblos del estado español. La España plurinacional que defendemos es incompatible con cualquier apoyo a un gobierno que la niega por tierra, mar y aire.

Los socialistas no debemos tener miedo a  consultar al pueblo porque ningún pueblo quería separarse de un estado en el que el trabajo, la enseñanza pública, la sanidad, las pensiones, las libertades individuales y de los pueblos estén garantizadas.

El PSOE, libre de toda connivencia con el PP y las fuerzas que representa, debe ser la organización que vertebre el nexo entre la mayoría social de todo el Estado, la organización que haga imperar la política y la cordura para evitar la división entre territorios, para que las conquistas que logramos juntos, juntos las defendamos, abriendo una perspectiva para un tiempo nuevo, en el que el concepto de la España nación de naciones ayude a establecer una relación fraternal entre los distintos pueblos.

Comité de Redacción    

El pasado 26 de junio se celebró una reunión conjunta de las comisiones ejecutivas de las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras (CC.OO.), de la Unión General de Trabajadores (UGT) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Con la participación de Ignacio Fernández Toxo, Josep María Álvarez y Pedro Sánchez, los sindicatos formularon sus propuestas en gran parte sustentadas en las “20 Actuaciones Urgentes por el Progreso y el Bienestar Social” presentadas a los partidos  políticos ante las Elecciones de Generales de 2016  y el PSOE en las Resoluciones del 39 Congreso Federal Ordinario, constatando claras coincidencias en el diagnóstico de la situación socioeconómica, en las respuestas necesarias  y se estableció una agenda de materias para desarrollar un trabajo compartido. 

CC.OO, UGT y PSOE coinciden en la necesidad de poner fin a las políticas de austeridad, recortes y reformas autoritarias aplicadas durante la crisis económica y financiera que han provocado, pese a la recuperación de la economía y la creación de empleo desde 2014, la persistencia de un altísimo volumen de desempleo y que el empleo creado sea de mala calidad. Se ha incrementado la precariedad laboral y también los bajos salarios; el trabajo temporal, los trabajadores a tiempo parcial y los autónomos involuntarios; la incertidumbre sobre el futuro del Sistema Público de Pensiones, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y la desprotección de las personas desempleadas. Lo que ha provocado el aumento de las desigualdades y de la pobreza laboral.

Todo ello incide negativamente sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales, a lo que hay que añadir los recortes de los derechos sindicales, la Ley “Mordaza” y la criminalización del derecho de huelga impuestas por los gobiernos del Partido Popular. Junto con la vulneración del diálogo social que ha obligado a las Confederaciones Sindicales a denunciar estas medidas autoritarias y socialmente regresivas ante las instancias europeas e internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

PSOE, CC.OO., y UGT comparten la necesidad de impulsar un nuevo modelo económico y social que sea alternativa la actual, más justo y sostenible. Para lo que se requiere incrementar la inversión en capital humano, capital físico y capital tecnológico para dotarnos de un patrón de crecimiento estable y duradero. En el que se establezca una transición justa ante el cambio climático; se desarrollen políticas públicas y se regule la implantación de la economía digital, para prever y proteger los impactos sobre futuro del empleo.

Se debe impulsar la reindustrialización de nuestra economía como una prioridad para aumentar la productividad y desarrollar políticas de redistribución de la riqueza. A través del reparto de las rentas, impulsando el crecimiento de los salarios y elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1000 euros al mes (equivalentes al 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea). Desarrollar una reforma fiscal justa y suficiente que permita  revertir las crecientes desigualdades, garantizar el Estado del Bienestar y los servicios públicos: sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, etc.

Para recuperación de los derechos laborales, sociales y sindicales es urgente y necesaria la derogación de la reforma laboral del PP para reequilibrar las relaciones laborales, abolir el artículo 315,3 del Código Penal que criminaliza el derecho de Huelga al igual que la “Ley Mordaza”. Desde ese reequilibrio se debe impulsar un nuevo modelo laboral participativo y democrático a través del dialogo social y de la negociación colectiva.

Los objetivos del empleo de la calidad y de empleo para todos, comenzando por los más jóvenes, se deben insertar en todas las políticas públicas, con la redistribución del empleo mediante el impulso de la reducción y la reorganización del tiempo de trabajo, en el horizonte de la implantación de las 35 horas semanales.

Hoy en día los trabajadores se enfrentan a nuevas realidades laborales, relacionadas con la flexibilización de la producción, nuevas formas de organización empresarial y con situaciones precarias (trabajadores a tiempo parcial y autónomos involuntarios, trabajadores independientes que realizan tareas para varias empresas, becarios, etc.) a los que hay proteger. Es necesario articular nuevas fórmulas de regulación que pueden beneficiar a un número creciente de trabajadores. Al igual que la lucha contra la economía sumergida por su afloramiento y el respeto de la legislación laboral, social y fiscal.

Para CC.OO., UGT y PSOE sus relaciones se basan en el reconocimiento mutuo de su independencia, junto con los principios y valores comunes: la justicia social, la igualdad, la solidaridad y la libertad. Desde el respeto a la plena autonomía de la acción sindical y de la acción política respectivamente, consideran de interés mutuo compartir, debatir y reflexionar de forma abierta y sostenida en el tiempo, sobre los temas antes citados, junto con otros que inciden sobre las condiciones de vida y trabajo de la sociedad española.

Se acordó trabajar de forma más concreta en el corto plazo sobre los siguientes ejes:

– Plan de Ayuda a los Jóvenes (Rescate Jóvenes): Impulsar un plan de empleo, reforzando las políticas activas de empleo (el sistema de Garantía Juvenil tiene un soporte económico   del entorno de 1800 millones de euros y su actual ejecución es muy baja); regular y dignificar las practicas no laborales y el trabajo de  los becarios; recuperación del talento: apoyar y favorecer el retorno de los jóvenes emigrantes y respecto a los  estudiantes la  reducción de las tasas universitarias y mejora del sistema de becas.

– Seguridad Social y Pacto de Toledo: Derogación de la reforma de pensiones de 2013, del Índice de Revalorización de las Pensiones, proteger el poder de compra de los pensionistas actuales y del Factor de Sostenibilidad, para evitar la reducción de las pensiones futuras. Garantizar el futuro de las pensiones vía nuevas fuentes de financiación.

 – Desbloquear las iniciativas parlamentarias para recuperar derechos laborales, sociales y sindicales y mejorar la protección de las personas. Como la Iniciativa Legislativa Popular, presentada por UGT y CC.OO., para establecer una Prestación de Ingresos Mínimos.

– Empleo:  políticas activas de empleo, planes específicos para los parados de larga duración y mayores de 55 años. Mejora de la protección por desempleo, subsidio para mayores de 52 años, mejora de la cotización a la Seguridad Social, suprimir las restricciones de las pruebas de rentas y la jubilación forzosa a los 61 años, ente otras medidas regresivas impuestas por el PP. Potenciar la calidad del empleo y la reducción de la precariedad: temporalidad y parcialidad.

– Igualdad de oportunidades y de trato por razones de género, raza, orientación sexual, etc. En particular impulsar una Ley de Igualdad Laboral.

Para el PSOE las organizaciones sindicales, al igual que las organizaciones empresariales, desempeñan un papel fundamental dentro del sistema democrático, sus funciones son esenciales en nuestro modelo político e institucional y contribuyen a la eficacia y la eficiencia de nuestra economía. La Constitución Española, en su artículo 7, reconoce la relevancia de las funciones que ejercen en defensa y representación de los trabajadores y de los empresarios respectivamente.

Por ello es necesario dotar en el ámbito estatal a las funciones que ejercen   los interlocutores sociales en la participación institucional, en los procesos de diálogo social y en la negociación colectiva del reconocimiento social, la seguridad jurídica, la estabilidad y la transparencia con una Ley de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Toni Ferrer

Los pasados 16, 17 y 18 de junio más de mil delegados del PSOE se reunían en Madrid en el congreso más esperado de la historia reciente de nuestro partido.

Tras un año de rebeldía democrática de la militancia las primarias y el congreso eran un reto de supervivencia para los socialistas y para la mayoría social representaban la posibilidad de dar un vuelco a la situación y empezar a cubrir sus graves necesidades.

¿Qué rumbo vamos a emprender?

El Congreso se daba en un marco político internacional donde los valores de la socialdemocracia están fuertemente cuestionados y sumidos en una tremenda crisis, basta con mirar al partido socialista francés o al holandés que, tras haber puesto en práctica las políticas más agresivas y regresivas del liberalismos político y financiero, han sido reducidos a grupos testimoniales en sus respectivos parlamentos por una mayoría social que ya no ve en esos partidos una base en que apoyarse para defender libertades y derechos. Ninguna colaboración con este gobierno.

Por el contrario, la remontada del Partido Laborista británico refleja la afluencia de sectores de jóvenes y de trabajadores que han visto en las propuestas de Jeremy Corbyn puntos de apoyo para combatir y derrotar las políticas de austeridad impuestas por los conservadores de Theresa May y también por “la tercera vía” de Tony Blair y Gordon Brown, que pretenden destruir las conquistas que los trabajadores junto con sus sindicatos han conquistado.

Los militantes socialistas en nuestro país, con el lema NO es NO, no quisieron dar su apoyo al gobierno del PP ni en 2016 ni ahora; por eso han aupado a Pedro Sánchez a la secretaría general, para continuar diciendo NO es NO a las políticas económicas y sociales de la derecha; lema que se ha transformado en SI es SI a la recuperación de políticas favorables a la mayoría social, exigiendo la derogación de la Reforma Laboral, de la Ley Mordaza, de la Ley Wert y a todas aquellas leyes que han supuesto un retroceso en derechos y libertades. Pedro Sánchez ha contraído un compromiso con los militantes socialistas, pero también con la mayoría social que exige del Partido Socialista que ocupe el lugar que le corresponde, de verdadera alternativa, frente al gobierno del PP.

En el mes de julio se va a discutir el techo de gasto para el Presupuesto General del Estado de 2018, si estamos en contra de la continuidad del Gobierno de Rajoy, no podemos avalar los recortes en los próximos Presupuestos Generales del Estado (2018), votando a favor del techo de gasto, como hizo la Gestora con los de este año. Debemos hacer público nuestro rechazo a que nueva izquierda Canarias apoye los PGE del 2017 y anunciar la ruptura del acuerdo con ellos, si votan los Presupuestos Generales del Estado de 2017 o el techo de gasto para los del 2018.

La Comisión Ejecutiva Federal elegida en el 39º Congreso debe negar cualquier colaboración con este Gobierno; hay que sacar al PP de la Moncloa. Para ello, habrá que buscar las alianzas suficientes, dentro del Parlamento, con las fuerzas de izquierda y de progreso, que dicen defender los intereses de la mayoría.

Pero también hay que buscar alianzas fuera con los movimientos sociales y principalmente con las organizaciones sindicales para, si hace falta con la movilización, impedir que se continúen aplicando políticas antisociales y negando derechos.

Especialmente claros debemos de ser con el llamado problema catalán; Rajoy y su inmovilismo niega toda salida democrática y busca el enfrentamiento, No merece el más mínimo apoyo de los socialistas ni de los pueblos en esa cruzada que no es solo anticatalana sino contraria a todos los pueblos y a su convivencia. Si el enfrentamiento se impusiese, mal lo tendríamos para defender ningún derecho social ni democrático.

Por su parte, Puigdemont, socio de los recortes de Rajoy, no garantiza un referéndum cuyos resultados sean aplicables en el actual marco constitucional, ni tiende la mano a los demás pueblos, única forma de garantizar la fraternidad entre los pueblos. No podemos alinearnos ni con uno ni con otro. Sin embargo, debemos dar respuesta a las demandas del pueblo catalán que quiere decidir su futuro. El PSOE es la solución al atolladero al que entre unos y otros nos han llevado, tienen que ser el eje vertebrador. El reconocimiento de España como nación de naciones apunta a la solución.

Esa solución pasa por nuestra propuesta de reforma constitucional, hacia un federalismo en el que las nacionalidades que nos conforman como Estado, suscriban un nuevo pacto de Estado que no sea un mero cambio semántico de “la España de las Autonomías” por “la España Federal” nuestro partido debe hacer confluir en una misma solución el restablecimiento de los derechos sociales y el reconocimiento de los derechos nacionales.

Comité de Redacción

Soy una ciudadana que vive el día a día con mucha incertidumbre por culpa de las políticas de los recortes que se han impulsado en los últimos años. Me hice militante socialista después de ser simpatizante durante mucho tiempo y siempre he sentido que ha sido el partido que se acercaba más a mis ideas políticas. El país necesita un sistema donde haya igualdad política, social, económica e igualdad de oportunidades, esa es la razón por la que me he hecho militante del PSOE para así aportar mi granito de arena.

Creo firmemente en este partido, considero que es el partido idóneo que debe gobernar España para impulsar el cambio político que necesita el país. Creo en sus valores y en sus políticas sociales. He querido militar en este gran partido que admiro, por todo lo que ha significado y la importancia que ha tenido en estos 138 años de historia política

El hecho de contar con la militancia en la toma de decisiones como elegir al Secretario General del partido  es un factor clave para mí. Es una clara demostración de democracia interna y demuestra que este partido está comprometido con sus militantes.

Debemos reflexionar en este momento después de haber dejado atrás una época de división y comencemos con un Partido Socialista renovado para que esta experiencia sea un punto de inflexión en donde el Partido Socialista salga reforzado y más unido. Porque lo que necesita la sociedad Española es un PSOE fuerte y preparado para gobernar.

Los problemas que preocupan a una militante y, al mismo tiempo, a la gran mayoría de la sociedad son los problemas sociales que afectan al país.

Preocupa mucho mantener la sanidad pública, preocupa la educación y la calidad del empleo, la violencia de género, y la desigualdad social. Estas son las mayores preocupaciones de una militante socialista. Son problemas que están al orden del día y son retos inmensos para el país. Pero estoy convencida que el PSOE trabajará en conjunto para afrontar todos estos retos.

Siento mucha ilusión y orgullo por formar parte de este partido tan grande y, de alguna manera, apoyar al proyecto socialista para un mejor futuro para toda España.

Una militante socialista

Para lograr el derecho a un trabajo digno, preservar y mejorar las pensiones, todos los derechos sociales y democráticos, los trabajadores y los pueblos necesitan acabar con la tiranía de los corruptos:

¡Ninguna colaboración con el gobierno del PP!

¡UNIDAD PARA ECHAR A RAJOY!

¡DEMOCRACIA!

 Una profunda indignación recorre todos los rincones del país por las actuaciones despóticas de un gobierno corrupto y minoritario. No pasa día sin que se alargue la lista de sus agre­siones. Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que se están aprobando con los votos de C’s y PNV entre otros, agravan los recortes y todas las medidas que han extremado la desigualdad, la pobreza, y el deterioro de los servicios públicos. En primer lugar la infame reforma laboral que ahora quieren imponer a los estibadores mediante despidos masivos.

Ni tan siquiera la obscena propaganda gubernamental de que hay más cotizantes a la Seguridad Social puede ocultar la tremenda realidad: que muchos de los que encuentran trabajo, no salen sin embargo de la pobreza. Y que miles de jóvenes se ven obligados cada año a emigrar, como años atrás tuvieron que hacerlo muchos trabajadores en este país, para poder subsistir o encontrar un futuro que aquí se les niega.

A todo esto hay que añadir que el gobierno ha desvelado en Bruselas para qué quiere cambiar el sistema de pensiones: a partir del 2019, las pensiones perderían un 4% cada 10 años, de manera acumulativa. Los sindicatos denuncian que si este plan se lleva a cabo convertirá el sistema público de pensiones en pensiones de indigencia.

Para poder perpetrar sus atropellos, Rajoy lanzó la ley mordaza contra los jóvenes, los pe­riodistas y los ciudadanos: 14 millones de multas y miles de detenciones. Coarta la liber­tad de expresión y de creación. Encadenó a las jóvenes de menos de 18 años a partos no deseados. Este gobierno ha atado a los ayuntamientos y a las autonomías como deudores intentando condicionar toda su política. Y con el procesamiento masivo de sindicalistas por ejercer el derecho de huelga, aplicando el artículo 315.3 del CP, quiere amordazar a los sin­dicatos, ya debilitados por la reforma laboral. El frenesí totalitario alcanza a las propias ins­tituciones heredadas de la dictadura: expulsa a militares, purga la judicatura removiendo jueces y fiscales que le son molestos y organiza con los afines todo tipo de complots. Afecta al capital financiero mismo con la inacabable destrucción bancaria, con el objetivo de ayu­dar a la concentración bancaria hasta llegar a un oligopolio financiero. El corrupto régimen monárquico de los herederos de Franco es la descomposición no solo del tejido social sino del conjunto de las instituciones.

El ataque a toda forma y hasta sombra de democracia intenta culminarlo Rajoy amor­dazando al pueblo catalán, impidiendo que exprese su voluntad. Parapetados en el PP los franquistas reviven el sueño del dictador de gobernar para siempre sobre pueblos encade­nados, amordazados y enfrentados entre sí. Nosotros, trabajadores y demócratas que no tenemos nada que ver con los recortes y la corrupción de los gobernantes de ninguna auto­nomía, no reconocemos a Rajoy ni a nadie el derecho a impedir que el pueblo de Cataluña exprese su voluntad democráticamente y sin cortapisas a través de un referéndum. Están en juego los derechos de todos los pueblos.

Los trabajadores y los pueblos del Estado español necesitan urgentemente un gobierno que respete los derechos sociales y nacionales, que busque soluciones en lugar de lanzar amenazas. Que defienda la democracia y la soberanía, y no se postre ante las instituciones del capital financiero que exigen más recortes y más sacrificios. Que derogue la reforma laboral y todas las medidas antiobreras y antisociales. Que defienda el futuro de los jóvenes y de quienes han cotizado toda la vida para tener una pensión digna y suficiente.

No hay ninguna razón para tener que esperar a 2019. Muchos trabajadores no entienden que, directa o indirectamente, se colabore con este gobierno y se contribuya de una u otra manera a su mantenimiento.

 Los militantes reunidos en esta Conferencia afirmamos que lo primero y prioritario es dejar toda colaboración, toda connivencia. Ningún pacto o acuerdo con el gobierno!

Los militantes reunidos en esta Conferencia afirmamos nuestro compromiso de traba­jar para unir fuerzas para echar al PP del gobierno.

El pasado día 17 de junio tuvo lugar el encuentro estatal del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos bajo la consigna “Por la Unidad para echar al Gobierno del PP”

En dicha reunión a través de las compañeras y compañeros de diferentes organizaciones, se pudo constatar la cruda realidad que pasea por nuestro País, y que se hace manifiesta a través de los seis años de recorte y represión del Gobierno del PP a los derechos y conquistas sociales de los trabajadores de todo el Estado.

Compañeros de Coca-cola, LIMASA, estibadores, entre otras empresas y sectores dieron cuenta de los combates por los que están atravesando en sus empresas, expresando así mismo la necesidad de conseguir la unidad para echar a Rajoy y aplicar otro tipo de políticas totalmente diferentes a las actuales, pues no se trata de un cambio de personajes sino de un cambio total de las políticas a aplicar.

De la misma manera, durante las intervenciones se expresó en diversas ocasiones la necesidad de que las rupturas con las políticas del PP no se demoraran más, mucho menos hasta el 2019. Es necesario que cuanto antes, se lleguen a los acuerdos para echar a Rajoy del gobierno y proceder a derogar las reformas laborales, reformar el art 135.3 que amenaza con la cárcel y mantiene en la cárcel a muchos compañeros encausados por defender los derechos colectivos, pero también es necesario defender lo público, defender las organizaciones obreras de los ataques de los poderes económicos y financieros.

Durante la conferencia, no faltaron las alocuciones a la cuestión catalana, y se repitió en diferentes ocasiones la frase “no hay derechos nacionales sin derechos sociales, y no hay derechos sociales sin derechos nacionales” para defender el derecho del pueblo de Catalunya y de todos los pueblos a decidir su destino.  Defender este derecho no quiere decir que queramos la independencia, puesto que es necesario que el conjunto de los pueblos del estado defienda conjuntamente los derechos sociales conquistados entre todos: seguridad social, pensiones, sanidad….

José de Tribuna Socialista en Madrid hizo una intervención en la conferencia haciendo referencia a que todo ello, se expresa vía Boletín Oficial del Estado, en la modificación del artículo 135.3 de la Constitución Española, las dos Contrarreformas Laborales llevadas a cabo en los años 2010 y 2012, la LOMCE, el artículo 315.3 del Código Penal, la Ley Mordaza. Al igual que se vienen recortando en los Presupuestos Generales del Estado todo lo que tiene que ver con la Educación Pública, Sanidad y la Ley de Dependencia.

Desde Tribuna Socialista se trasladó la importancia del proceso de primarias en el PSOE, destacando el trabajo desarrollado en la adhesión al Manifiesto “Sindicalistas con Pedro Sánchez”, el cual en apenas cuatro semanas se presentaron 1005 firmas con la participación de sindicalistas de diez organizaciones sindicales en el acto celebrado el pasado 16 de mayo.

Baltasar Santos de Tribuna Socialista en Catalunya realizó una intervención en la que resaltó la importancia del NO es NO, y la campaña que los militantes socialistas del PSOE hemos realizado para derrotar a la vieja guardia del partido, o lo que es lo mismo, derrotar a quien antepone los intereses de los poderes económico-financieros a los intereses de la clase trabajadora. Para Baltasar, esta victoria de la militancia ha de tener continuidad puesto la recuperación del partido socialista para el socialismo solo será posible si no bajamos la guardia.

El significado del “No es No” es precisamente la expresión del hartazgo de las políticas del PP y del apoyo a sus políticas, Los militantes socialistas queremos revertir estas políticas, que pasan por la derogación de las reformas laborales, la reforma del art 135 de la constitución, la reforma del 315.3 del código penal, la derogación de la LOMCE, de la ley mordaza y todas las actuaciones regresivas del PP, así como establecer puentes de diálogo para que el pueblo de Catalunya pueda expresar su derecho a decidir en libertad.

En relación a la unidad de la izquierda para echar a Rajoy, Baltasar reclamó que la situación no admite demoras y que por tanto no podemos ni queremos esperar hasta el 2019 para echar a Rajoy.

Como conclusión a dicho encuentro, se destacó la importancia de la unidad de las organizaciones que componemos el CATP con el llamamiento de NINGUNA COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL PP, UNIDAD PARA ECHA A RAJOY.

Igualmente, como conclusiones de la conferencia se acordó un pronunciamiento de denuncia contra el régimen marroquí y de defensa de la lucha obrera en el RIF, una resolución por la derogación de la LOMCE y por una enseñanza pública, laica y de calidad, y el soporte a los compañeros sindicalistas encausados por huelgas que están pendientes de juicio.

 José A Fernández Guerras y Baltasar Santos

Corresponsalías de Madrid y Catalunya a la Conferencia.

El argumento que viene utilizando el gobierno para frenar a la oposición política y justificar los Presupuestos Generales del Estado (PGE-2018) es que todavía hay que consolidar la recuperación económica y ajustar el cuadro macroeconómico (déficit público) para cumplir los compromisos contraídos con la UE. En los últimos dos años, el PIB ha crecido por encima del 3% y las previsiones del gobierno, así como de diversos organismos internacionales y de expertos en la materia son que, a finales del presente año, España habrá recuperado el terreno perdido en el periodo de crisis y la tasa de paro se podría situar- a finales de la década- por debajo del 15%, aunque muy lejos del índice de ocupación del comienzo de la crisis.

En este contexto, el gobierno se resiste a reconocer que la mejora de la situación económica está siendo posible por el fuerte sacrificio de los trabajadores (devaluación salarial), ante las nefastas exigencias de una política neoliberal que ha venido gestionando la crisis bajo el principio de que España no puede devaluar la moneda para mejorar la competitividad de nuestra economía. Según el INE, entre 2.008 y 2.014, la retribución media de los trabajadores por cuenta ajena bajó el 0,7% y, sin embargo, la inflación subió un 8,5% en el mismo periodo; como consecuencia, el poder adquisitivo de los salarios perdió el 9,2% en relación al comienzo de la crisis, de acuerdo con lo que se recoge en un dosier específico del número 47 de Alternativas Económicas. Ello reafirma el relato de que el aumento del PIB no sólo tiene que  reflejarse en las rentas del capital y en los beneficios de las empresas sino también en el salario de los trabajadores, sobre todo cuando todavía está pendiente de que se compense la deuda social acumulada en los años de crisis.

Por lo tanto, es justo y muy razonable que los sindicatos aspiren a que los salarios suban por encima del índice de precios al consumo (IPC) con el propósito de recuperar, cuando menos, una parte de los beneficios que se están generando por la mejora de la situación económica. Este crecimiento salarial- favorable para la economía y para el empleo en su conjunto-, según la mayoría de los analistas, no es compartido por la CEOE-CEPYME, que han venido proponiendo un incremento de salarios hasta el 2% (sin suelo), de acuerdo con las previsiones de inflación para el presente año del gobierno. El problema se agrava porque, en los primeros tres meses del año en curso, la subida de los salarios pactados en convenio se ha situado en el 1,26% de media, lo que significa que muchos trabajadores perderán poder adquisitivo este año, como ya ocurrió en el pasado año (2.016) cuando la subida media pactada se situó en el 1% y la inflación alcanzó el 1,6%. Por otra parte, no debemos olvidar que las retribuciones de los funcionarios públicos, según los PGE-2.018, crecerán el 1% tras varios años de estancamiento, lo que confirma que también perderán poder de compra en este año.

Otro asunto, de no menor importancia, es que el mayor esfuerzo para salir de la crisis lo han efectuado los trabajadores con una menor cualificación. Según Oxfam Intermón, el 10% de los trabajadores peor pagados vieron como sus salarios se desplomaron, entre 2.008 y 2.014, cerca del 28%, mientras que el 10% de los trabajadores con salarios más altos no tuvieron ninguna modificación sustancial en sus rentas salariales. Como consecuencia de todo ello se ha producido en España una fuerte transferencia de rentas del trabajo al capital, como ha pasado en Grecia, Irlanda y Portugal. Incluso el Banco de España admite que los beneficios empresariales están creciendo más que los salarios, con el agravante de que esta circunstancia se produce en una fase de mayor crecimiento de la economía.

El problema se agudiza por el aumento considerable de la desigualdad desde el comienzo de la crisis. Oxfam Intermón manifiesta que, en el año 2.006, el 10% de los trabajadores con mayores ingresos disfrutaba de una renta 10 veces superior a la del 10% más pobre, mientras que en el año 2.015 esta diferencia subió a 15 veces. Lo mismo se puede decir en relación con la desigualdad salarial de género: las mujeres ganan el 18,8% menos que los hombres, lo que quiere decir que tendrían que trabajar 50 días más para conseguir el  mismo salario. Finalmente, los más jóvenes están siendo también muy perjudicados: concretamente, el 21% de los trabajadores menores de 25 años se encuentran actualmente en riesgo severo de pobreza y exclusión social.

Esta grave situación, y el comportamiento hostil y cortoplacista de los empresarios, explican la parálisis de las conversaciones entre los interlocutores sociales para alcanzar un Acuerdo que sirviera de referencia para negociar los convenios colectivos del presente año. Por eso, recientemente, los sindicatos (CCOO-UGT) remitieron una carta a los empresarios exigiendo que los salarios se incrementen entre el 1,8% (como mínimo) y el 3% y, si el IPC de 2.017 desborda la previsión de inflación prevista en el convenio, reclaman una cláusula de revisión salarial para corregir esta desviación si finalmente se produce. Todo ello al margen de otras medidas relacionadas con la formación profesional, el absentismo, la superación de la brecha salarial de género, la conciliación de la vida familiar, así como el impulso a la contratación de personas discapacitadas. Por último, los sindicatos hacen especial hincapié en garantizar la vigencia de los convenios hasta que sean sustituidos por otros nuevos (ultra actividad) y sobre todo en potenciar los convenios de sector y su articulación con los convenios de empresa.

No será nada fácil llegar a un acuerdo, a pesar de  que los empresarios han propuesto, en los últimos días, una banda salarial del 1,2% al 2,5%, con una cláusula de revisión salarial imperfecta, que están estudiando a fondo los órganos de dirección de los sindicatos. Sin duda, y al margen de la decisión que se tome, los sindicatos deben seguir defendiendo plataformas reivindicativas completas y exigentes con el objetivo de firmar los convenios en torno a la propuesta remitida a los empresarios. Ello además ejercitará el músculo sindical en las empresas y fortalecerá el poder sindical a todos los niveles, lo que ayudará a combatir, con la mayor eficacia posible, los problemas que afectan a los trabajadores: desempleo, precariedad, reforma laboral, retribución de los empleados públicos, pensiones, dependencia, prestación por desempleo, servicios públicos, fiscalidad, modelo productivo, cambio climático…

En cualquier caso, esta realidad no debe ocultar la preocupación que embarga a muchos trabajadores por la precaria relación de fuerzas, la dificultad creciente de la acción sindical en los centros de trabajo e, incluso, la poca eficacia de la oposición política en el Parlamento. La Moción de Censura presentada en el Parlamento contra Mariano Rajoy es un buen ejemplo de todo ello y confirma que el momento elegido por Podemos (oportunidad política) y sus particulares formas de actuar, en vez de avanzar hacia el objetivo que se pretende ha supuesto en la práctica la consolidación del gobierno y del partido (PP), al margen de su utilidad partidista y de la contundente denuncia de los múltiples casos de corrupción y de manipulación intolerable de la justicia, lo que resulta inconcebible en un país europeo. Tampoco se vislumbran, por lo menos hasta que termine el 39ª Congreso del PSOE, muchas posibilidades, a corto plazo,  de llegar a otros acuerdos en el seno de la izquierda (por ejemplo en torno a la reforma laboral o a las pensiones), a pesar de la experiencia positiva de Portugal  y de lo que está ocurriendo en algunos ayuntamientos y CCAA. Dicho esto, y a pesar de las dificultades actuales, el PSOE debe trabajar a fondo para facilitar un nuevo clima de entendimiento a partir de su próximo Congreso. La abstención del PSOE en la Moción de Censura presentada por Podemos es un primer paso esperanzador, lo que aconseja  aparcar la división, respetando las diferencias, en beneficio de los más desfavorecidos.

En cualquier caso, sin precipitaciones, pero también sin pausas, el PSOE (Pedro Sánchez) debe propiciar que se visualice el cambio esperado, sobre todo en los jóvenes, en las fuerzas progresistas y en las grandes ciudades. Un cambio que combata las políticas de austeridad y se encamine a presentar alternativas reales para resolver los problemas de la gente; un cambio también de dirigentes (comprometidos con la realidad social) y de comportamientos. Por eso tiene especial interés recuperar la memoria histórica: la ética Pablista. Y también la estética; las formas de actuar y de comportarse como auténticos servidores públicos en defensa de los más débiles. Para conseguir esto, lo primero que hay que hacer es abrir las Casas del Pueblo, fomentar la afiliación, la participación de los militantes, el debate de ideas y, finalmente, garantizar la democracia interna a todos los niveles. Eso ayudará mucho a que el PSOE  recupere paulatinamente la credibilidad y la confianza de los ciudadanos.

En esta ocasión, Pedro Sánchez y sus equipos no van a tener dificultades para aprobar en el próximo congreso las políticas más adecuadas en la actual situación. El desarme asumido por Susana Díaz y por sus más significativos apoyos después de su fracaso en las Primarias, así como la renuncia de José Carlos Díez y de Eduardo Madina  a defender la ponencia elaborada por la Gestora nos anuncia un Congreso ilusionante y un posterior periodo de calma en el seno del PSOE; una realidad constatable que, hace unos cuantos meses atrás, nos hubiera resultado a todos verdaderamente inconcebible. A pesar de semejante mejoría, no debemos olvidar que siguen existiendo, cuando menos, dos sensibilidades distintas en el partido ante asuntos de verdadera trascendencia: la reforma laboral, las pensiones, la banca pública, el modelo de partido, el modelo territorial, la fiscalidad…

De todos los asuntos enumerados hay uno que tiene un interés especial: la derogación de las últimas reformas laborales y el consiguiente impulso a la recuperación de la relación de fuerzas en torno a la negociación colectiva y, como consecuencia, la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores; sin olvidar el desempleo, la escandalosa precariedad laboral y la resolución del problema de las pensiones que ha sido utilizado de manera torticera por el poder financiero y el actual gobierno para generar una auténtica alarma social cuando lo han considerado oportuno.

Antón Saracíbar