El ministro de consumo en mi opinión, con respecto al reciente problema de la carne, ha cometido dos errores básicos, quizás por no ser demasiado comunicativo ante una prensa básicamente carroñera.
El primero y fundamental, es no ejercer con dureza su responsabilidad con las industrias cárnicas que no cumplen con la normativa, porque supongo que existirá dicha normativa, y si no fuera así su obligación es elaborarla, al margen de las exigencias que en este ámbito mantiene Europa.
Por otra parte, señor Garzón, creo que un ministro tiene capacidad suficiente, para convocar a todos los medios informativos, para dar a conocer a la sociedad lo que comemos y lo que destruimos para crear esa comida, antes de decirlo fuera.
Que los humanos somos depredadores, que estamos empeñados en destruir el mundo actual inexorablemente, está mas que documentado y comprobado, pues son escasos o nulos, los países que hacen el más mínimo esfuerzo por evitarlo, pero eso siempre nos lleva a la misma conclusión, la política mal entendida. Los políticos actuales están ejerciendo el maravilloso arte de la política, para proteger, cuidar, conseguir, una sociedad justa, o están ejerciéndola de una forma bastarda, egoísta y depredadora, con el único fin de permanecer en la correspondiente poltrona, durante el tiempo suficiente para conseguir enriquecerse personalmente, mediante sospechosas y burdas maniobras y conseguir una de esas pensiones vitalicias, que suele ser siempre lo primero que suben al llegar a su mandato.
Evidentemente hablo en general, porque desgraciadamente ya no existen colores políticos, que se identifiquen con la justicia social, aunque figure en sus estatutos. Me duele especialmente que esto ocurra en mi propio partido el PSOE, que se creó precisamente para lograr, algún día, esa justicia social tan anhelada.
Cualquiera que tenga un mínimo interés y una pequeña capacidad de análisis, sabe que en nuestro país han proliferado, alarmantemente, esas macro granjas donde es evidente que sus productos quizás no sean veneno, pero está claro que por pura lógica tampoco son productos de delicatesen.
También es falso eso que se nos pretende hacer creer: que con estas macro instalaciones, se genere mas empleo que con la ganadería extensiva, pues evidentemente por el contrario, esas grandes empresas cárnicas, impiden el desarrollo de las explotaciones ganaderas rurales, que además de generar empleo de calidad generan productos de alta calidad y vida en los pueblos casi abandonados.
Claro que hoy es mas caro un kilo de carne de calidad, producida en una explotación extensiva, que ese otro producto que elaboran masivamente esas macroempresas cárnicas, mediante la explotación humana y animal, con un descomunal índice de contaminación ambiental y la consiguiente destrucción de los entornos donde están instaladas.
Es por eso, que me sorprende el feroz ataque, que el poco locuaz ministro esta recibiendo por parte de la sociedad desinformada, que se deja llevar tan fácilmente por los bulos.
Me sorprende menos en esa creciente y retrograda derecha, pues es evidente que sus intereses suelen estar ligados estrechamente a este tipo de industrias de dudosa calidad y que el descubrimiento de estas verdades les deja al descubierto, además de los intereses electorales que les reporta magnificar un bulo extendiéndolo soezmente, sobre una sociedad que desgraciadamente carece de criterio propio, por lo tanto, el señor ministro le ha proporcionado gratis, la carnaza necesaria para seguir con su labor destructiva.
Lo que no me sorprende ya, aunque debería de sorprenderme, es que la mayoría de los caciques de nuestro partido, se lancen como hienas sobre el ministro por el simple hecho de decir la verdad, esa verdad que nuestros barones conocen pero ocultan, por los motivos a los que hice mención antes (no son artistas de la política son usuarios para su propio fin), es francamente vergonzoso, que incluso sus propios compañeros del “consejo”, no solo le dejen abandonado como lo hace hipócritamente el Presidente, sino que tratan de descalificarlo por todos los medios a su alcance. Siento realmente vergüenza, queridos lectores. Lo que si os puedo asegurar es que esto no es socialismo, esto no es mi PSOE, esto no es la búsqueda de una Sociedad Justa, puede que a esto se le pueda llamar “socialdemocracia” que nunca supe realmente que significa pero no es “SOCIALISMO”.
Pregunta.- Hace años que resulta evidente que faltan decenas de miles de médicos y enfermeras en el SNS. Todos lo reconocen, pero esto no cambia. ¿Qué crees que deben hacer los médicos para contribuir a revertir esta situación?
El déficit estructural de médicos se vive con especial crudeza en Atención Primaria. La medicina familiar y comunitaria es la especialidad más afectada, desde hace varios años, con un futuro sombrío por la cercanía a la jubilación de numerosos compañeros sin expectativas de recambio. Las crecientes necesidades en las urgencias hospitalarias, el crecimiento de la sanidad privada con grandes hospitales, o la fuga masiva de profesionales a otros países ante la precariedad y las malas condiciones laborales, han detraído masivamente profesionales y condicionado que el recambio sea insuficiente para garantizar siquiera el mantenimiento de la plantilla de los centros de salud.
Enfermería es el otro colectivo profesional con unas ratios claramente insuficientes máxime si las comparamos con las de otros países europeos, sin que haya habido voluntad política de potenciar el colectivo en competencias y efectivos.
Los médicos hemos hecho muchas cosas y las seguimos haciendo: denunciar la situación y proponer soluciones en todos los foros donde es posible, movilizaciones que han incluido la huelga, denuncias ante la opinión pública… Todas las tribunas han sido una oportunidad para alertar y exigir medidas tangibles. Agradezco que se me brinde esta.
La pandemia ha sacado a la luz, como nunca, la situación de deterioro estructural. Las nuevas tareas y necesidad de atención nos ha arrasado, con esta 6ª ola como puntilla.
En los centros de salud hemos reclamado insistentemente un aumento de los recursos, y como médicos, como directores de centros de salud, como entidades reivindicativas de la sanidad, hemos elevado múltiples solicitudes para cambiar la situación, con propuestas realistas y razonables que requieren un aumento de la inversión que se nos niega. Hemos llegado al punto de presentar una demanda colectiva al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó en marzo de 2021 una sentencia condenatoria para la Comunidad de Madrid por vulnerar los derechos de los médicos de atención primaria en materia de integridad física y salud, condenándola a elaborar un plan de prevención de riesgos laborales con determinación de la carga de trabajo: fijando los cupos, número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno, así como al establecimiento de una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las vacantes existentes en la misma. La Comunidad ha recurrido esta sentencia y estamos pendientes de la inminente vista en el Tribunal Supremo.
P.- ¿Qué piensas de la política sanitaria del Gobierno durante estos dos años de pandemia?
Curiosamente un ministerio que era considerado “de segunda” por recaer las competencias en las comunidades autónomas y sus servicios de salud, pasó a ser el centro del gobierno y de la política nacional. La primera ola fue tan inesperada y devastadora que limitó la capacidad de reacción y respuesta adecuadas. El resto me ha parecido un tanto errática, manejando la contradicción entre la falta de competencias y la necesidad de unificar criterios y de una autoridad sanitaria con credibilidad y claridad. Sí ha habido un esfuerzo por generar consensos y el Consejo Interterritorial no ha debido reunirse tanto en toda su historia, pero hacían falta algo más que reuniones, y a las CCAA, al menos a la de Madrid, hay que pedirle rendición de cuentas de los fondos que se le entregan, porque desde luego en atención primaria no llegan o llegan en gastos absurdos, pero no en lo que realmente hace falta que son recursos humanos. Los consensos en ocasiones han sido más políticos que científicos y, en mi opinión, hubiera sido deseable haber implicado en mayor medida a la comunidad científica en órganos consultivos estables más allá de los efectivos ministeriales.
El principal acierto considero que ha sido la apuesta firme por la vacunación, con una de las mayores coberturas a escala internacional.
En atención primaria no hemos vivido un apoyo significativo y tangible en momentos particularmente difíciles, como esta 6ª ola que nos ha arrasado. Hubiera sido muy positivo sentir un gobierno que no permite diferencias entre comunidades tan abrumadoras, por ejemplo en la gestión de las incapacidades temporales por COVID. Esperamos también que se hagan realidad los fondos anunciados para atención primaria, con rendimiento de cuentas incluido.
P.- La Atención Primaria es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid ¿Crees que los incumplimientos, del Gobierno de Díaz Ayuso, pone a los madrileños y madrileñas en una indefensión equiparable a la que sufren nuestros mayores en la red de residencias?
El Gobierno de Díaz Ayuso es un enemigo declarado de la Atención Primaria, en la que, según sus palabras, se atiende mal al ciudadano, se cuelgan los teléfonos y de repente no hay médicos. Cuando alardea de haber aumentado los recursos y haber renovado los contratos de refuerzo, debería informarle la gerencia de Atención Primaria que no ha habido más que una ridícula contratación de gestores COVID y de algunos refuerzos en enfermería y unidades de atención al usuario, que no se han renovado en muchos casos, o que se han renovado hasta finales de marzo, para lo cual tuvimos que organizar una protesta exigiéndolo, por parte de los Equipos Directivos de 202 centros de salud (de un total de 267) y sus 97 consultorios locales.
En realidad, lo que hace IDA y sus lacayos de la consejería y viceconsejería de sanidad es echar cortinas de humo sobre el problema de fondo que es la infrafinanciación crónica de la sanidad madrileña y especialmente de la atención primaria, con años y años de inversión nula en centros de salud que se caen de viejos y cutres, y especialmente con una antipolítica de recursos humanos que nos ha llevado a un debilitamiento estructural y un estallido en la pandemia.
Sí, profesionales y pacientes estamos en una situación intolerable de indefensión y crispación ante una nave que va a la deriva y que cada día vemos como se empeñan más en destruir. Nuestro modelo de sistema sanitario público con una primaria como columna vertebral no les interesa porque no es permeable a la penetración del capital privado de los lobbies sanitarios y restringe la capacidad de expansión de la sanidad privada, así que su apuesta es el abandono y la desinversión.
P.- ¿Se han recuperado los recortes que sufrió la Sanidad entre 2008 y 2017?
No, las infraestructuras no se han renovado, las plantillas no se han recuperado y el avance de la sanidad privada en estos años ha sido impresionante en la Comunidad de Madrid, al punto que será difícil de revertir si en el futuro no hay un cambio de política sanitaria que apueste por el fortalecimiento del sistema público.
P.- ¿Qué se debe hacer para retener a los profesionales que están pensando abandonar la Sanidad Pública y para recuperar a los que ya se han ido?
Mejorar las condiciones del ejercicio profesional y de los niveles asistenciales. Acabar con la precariedad, mejorar las retribuciones, apostar por la conciliación familiar. El diagnóstico y el tratamiento está hecho hace tiempo, en atención primaria hasta lo hemos sintetizado en unas cifras sencillas como son la inversión del 25% del presupuesto sanitario y los 12’ por paciente o el máximo de 28 pacientes día, y la plantilla necesaria para ello, que estimamos entre 600-1000 médicos de familia y 150-300 pediatras. Las cifras más bajas implicarían al menos igualarnos con la media del resto de CCAA, pues es público y notorio que la CM es la que menos invierte en sanidad en porcentaje sobre el PIB y por habitante, y específicamente en atención primaria con una inversión del 10-11% del presupuesto, muy alejada de la media de las CCAA en torno al 14%.
P.- Los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, por distintas causas, han sufrido recortes económicos y sus consecuencias se han visto agravadas por la pandemia. Pensionistas, familiares de fallecidos en las residencias, colectivos sanitarios y educativos se movilizan en defensa de estos servicios públicos ¿No sería el momento de unificar los esfuerzos en la defensa de los servicios públicos?
La pandemia ha implicado aislamiento, miedo al encuentro social, desmovilización y agotamiento. La evolución en oleadas sucesivas y sorprendentes, como en el caso de esta 6ª que estamos viviendo que ha acabado con las expectativas optimistas tras la vacunación y que augura un futuro todavía incierto tras 2 años de sufrimiento, hace todavía más difícil sobreponerse y poder hacer planes de futuro. El cambio a un tipo de relación social y comunitario basado en las redes y lo virtual, a las protestas y propuestas virtuales, y a la confianza o expectativa de cambio o mejora sobre todo desde las instituciones, es otro de los regalos envenenados que nos ha traído la pandemia, que además de haber sido una lección de humildad a la humanidad, para quien quiera entenderla, y una oportunidad de cambio, ha sido también portadora de muchos cambios vitales entre ellos de la forma de luchar, al menos de momento. Pero si algo nos ha dejado claro es la necesidad de unos servicios públicos fuertes que nos protejan y estén preparados para responder a situaciones extremas, y que además sean los que puedan corregir la desigualdad en aumento de nuestra sociedad, garantizando a los sectores más desfavorecidos y vulnerables los derechos básicos. Por supuesto, es el momento de que todos nuestros esfuerzos se centren en ello.
Entrevista realizada por Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista
Uno de los compromisos que el gobierno de Pedro Sánchez había adquirido con las bases socialistas, y con la clase trabajadora en general, fue el de la derogación de las últimas reformas laborales que tanto han cercenado los derechos laborales y que no han tenido los efectos anunciados ni sobre la creación de empleo ni sobre la calidad del empleo creado. Antes bien, los efectos de las últimas reformas laborales han sido nefastos para los trabajadores de nuestro país: mayor temporalidad, mayor fraude en los contratos, menores salarios, mayor poder de los empresarios, menor peso de la negociación colectiva, menores indemnizaciones, mayor facilidad para el despido… de ahí la importancia de derogar las reformas laborales y reempoderar a los trabajadores de sus derechos individuales y colectivos.
La reforma laboral de 2022 se ha hecho esperar. Del compromiso de derogación, pronto se pasó a la derogación de los aspectos más lesivos y finalmente una reforma laboral pactada que ha sido valorada por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos y por los sindicatos mayoritarios como un hito histórico. ¿Ha sido realmente así?
Realmente, el acuerdo alcanzado modifica algunos de los aspectos de la reforma del PP en 2012, pero en modo alguno se trata de la derogación comprometida con la clase trabajadora, antes bien, la actual reforma consolida los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias económicas y consolida la reducción del coste del despido y la eliminación de los salarios de tramitación.
¿Qué se ha modificado?
Qué duda cabe que la Reforma laboral supone algunas mejoras con respecto a la norma anterior. Por ejemplo, se recupera la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, la continuidad en la aplicación de los convenios una vez cumplen el periodo de vigencia pactado. Igualmente, se recupera la prevalencia del convenio sectorial por encima del convenio de empresa, a nivel salarial, aunque no en las condiciones de trabajo.
Algunas de las modificaciones más relevantes son:
Contratos temporales: Desaparece el contrato por obra o servicio y se redefinen el contrato por circunstancias de la producción y para sustitución del trabajador (antigua interinidad). Se endurecen las sanciones por contratación temporal fraudulenta que se impondrán por cada empleado.
Contratos formativos: Se rediseñan los contratos formativos. Se regula el contrato de formación en alternancia (para compatibilizar la actividad laboral con los procesos formativos) y el contrato destinado a adquirir una práctica profesional adecuada a los niveles de estudios (con una duración máxima de un año). El gobierno se ha comprometido a negociar un Estatuto del becario.
Contratos fijos discontinuos: Se potencia esta figura frente a los temporales. Se puede concertar para la realización de trabajos estacionales o vinculados a actividades de temporada, para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo intermitentes, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Pueden utilizarse para la ejecución de contratas que, siendo previsibles, sean parte de la actividad ordinaria de la empresa.
ERTE y Mecanismo RED: Inspirándose en la reciente normativa COVID-19, se modifica la regulación de los ERTE (especialmente los de fuerza mayor) y se crea el llamado Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo con dos modalidades, cíclica y sectorial, que deben activarse por el Consejo de Ministros para permitir la reducción de jornada o suspensión de contratos, incluyendo un fondo para la financiación de prestaciones y exenciones de cotizaciones a la Seguridad Social y costes de formación.
Subcontratación de servicios: El convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable. El convenio de empresa solo podrá aplicarse por la contratista o subcontratista si determina mejores condiciones salariales que el sectorial que resulte de aplicación.
¿Qué se ha mantenido?
Pese a que el objetivo de la reforma debiera centrarse en la reducción de la temporalidad y en la calidad del empleo, lo cierto es que esta reforma ha dejado intactos algunos de los aspectos que requerían su derogación:
Se ha mantenido la prevalencia del convenio de empresa en todo excepto en el salario. De esta forma, la jornada laboral, los horarios, los permisos, y todos los aspectos extrasalariales son los que establece el convenio de empresa, donde es bien sabido, que las empresas tienen mucho margen de maniobra.
Se ha mantenido la regulación de los contratos a tiempo parcial, verdadera fuente de fraude en la contratación que afecta especialmente a jóvenes y mujeres.
Se ha mantenido intacta las cláusulas de descuelgue de los empresarios, es decir, la capacidad de los empresarios para modificar unilateralmente o sencillamente no aplicar lo pactado en convenio colectivo, sin necesidad de acuerdo con la representación de los trabajadores.
Se ha mantenido el abaratamiento del despido, al no recuperar ni la indemnización de 45 días por año de trabajo en caso de despido improcedente, ni los salarios de tramitación.
Se ha mantenido la desregulación de los despidos objetivos, mucho más baratos.
Valoración
Seguramente el término histórico no es el más adecuado para calificar esta reforma laboral. Histórico hubiera sido derogar las dos últimas reformas laborales de forma íntegra. Hoy podemos afirmar sin equivocarnos, que una de las causas de la existencia de trabajadores pobres, del trabajo precario, o del incremento de la desigualdad, tiene que ver con la pérdida de poder de negociación de los sindicatos, con las prácticas anti-sindicales y con el fraude en la contratación, con la preeminente contratación temporal.
Las medidas contenidas en el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre y que recoge el acuerdo social del 22 de diciembre entre los sindicatos, la patronal y el gobierno, pretenden acabar con un modelo productivo basado en la temporalidad, la precariedad, la desigualdad social y la devaluación salarial.
Sin embargo, esto no parece que vaya a ser así. En cuanto a la temporalidad, aunque se limita la temporalidad eliminando el contrato de obra o servicio, se mantiene el contrato a tiempo parcial, y sobre todo, no se toma ninguna medida para que la inspección de trabajo pueda perseguir y sancionar el fraude laboral de la contratación a tiempo parcial, por lo que seguiremos sufriendo contratos de 20 h, con salarios de 20h, y con prestación real de jornada cercana a la jornada completa.
En cuanto a la precariedad laboral: los nuevos contratos formativos son la panacea para todos aquellos empresarios ávidos de mano de obra barata. Además, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios se seguirá incrementando tanto por la vía de los contratos formativos como por la vía del aumento de la inflación, que parece ser no va a ser tenida en cuenta en las cláusulas de revisión salarial de la mayoría de convenios, sustituyendo la revisión en base al IPC por, en el mejor de los casos, la revisión del “IPC medio”, nuevo concepto para consolidar la pérdida de poder adquisitivo de las rentas del trabajo y de las pensiones.
Ahora nos queda el trámite parlamentario para conocer si el Real Decreto Ley será o no convalidado en el Congreso de los Diputados. Pero, sobre todo, al margen del apoyo de PNV, EHBildu y ERC, a esta reforma laboral, que hasta ahora han manifestado su oposición a la misma, lo realmente importante es seguir luchando para derogar el resto de aspectos que esta reforma deja de lado y que siguen siendo factores fundamentales que nos han llevado a una devaluación salarial sin precedentes, a tener trabajadores en la pobreza y a un crecimiento desmesurado de la desigualdad.
La actual reforma laboral supone un mínimo avance con respecto a la reforma laboral del PP, pues en modo alguno representa la derogación que todos anhelábamos. Una oportunidad perdida, ante la que no podemos bajar la guardia.
Baltasar Santos y María Iglesias
Miembros del Comité de Redacción de Tribuna Socialista
Ellos provocan la avería y después se ofrecen para la reparación
Hay que mirar la sociedad actual desde un punto de vista global y no local. Esta es una afirmación de la que muy pocos disienten. Del mismo modo, hay que ver los acontecimientos en su conjunto y no por separado.
El año 2021 ha terminado cargado de decisiones políticas y hechos económicos que están relacionados, sin embargo, se nos presentan como si fuesen independientes unos de otros. La reforma laboral no es un departamento estanco sin conexiones con la reforma de pensiones. De la misma manera que la “Ley Mordaza”, que impuso el Gobierno de Rajoy, no fue una decisión política ajena a la imposición de las reformas regresivas de aquel Gobierno: la laboral de 2012 y la de Pensiones de 2013.
Es cierto que la reforma laboral en curso (pues falta el trámite parlamentario), por sí sola, carece de gran calado, aunque se haya presentado como el descubrimiento de América. Es más lo que no se ha tocado que aquello en lo que se avanza: no se recuperan los 45 días por año trabajado en la indemnización por despido improcedente, ni el tope de 42 mensualidades; no se recuperan los salarios de tramitación; no se recupera la autorización administrativa para llevar a cabo un ERE; ni se derogan las causas del despido colectivo u objetivo, se mantiene por tanto la batería de facilidades que se otorgó a las empresas para despedir con 20 días por año trabajado…
Todos estos mecanismos de abaratamiento, tanto de la indemnización por despido como de los salarios mismos, se conectan con el Sistema público de Pensiones, pues la devaluación salarial que se produjo en nuestro país, tras la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, son una de las vías de “agua” que vacían la Caja de la Pensiones. Cuando organismos como el FMI instan a los gobiernos a llevar a cabo reformas y abaratar los despidos, son conscientes de que sus recetas en lo laboral son la base sobre las que argumentar que los sistemas públicos de pensiones son insostenibles; ellos generan la avería y se ofrecen para la reparación.
Otro eslabón que une lo laboral con las pensiones es el contrato de Formación. Las bonificaciones(1) a la contratación en este tipo de contrato son tan jugosas para las empresas como perjudiciales para el sistema público de pensiones: del 100% para las empresas con menos de 250 trabajadores y del 75% para la de más de 250 trabajadores. Además, en la reforma laboral de final de año, la edad de los trabajadores y trabajadoras que pueden ser contratados con esta modalidad se amplía de 25 a 29 años.
Del mismo modo que la reforma laboral se nos ha presentado la reforma de la Ley de la Seguridad Social con mucho foco y como un hecho aislado, se nos ofrece por “temporadas” como las teleseries: se ha cerrado el primer capítulo y estamos a la espera de conocer definitivamente los contenidos del segundo, el temido desenlace. Lo más dañino en la reciente reforma de las pensiones es la aparición del factor de revalorización vinculado al IPC medio; un cambio de método matemático que, con un IPC acumulado del 6,5%, garantiza una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de un 4%.
La inflación ha conseguido que tanto salarios como pensiones se devalúen: la media del incremento salarial, fijada en convenio, para 2021, ha sido del 1,47%. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es del 5,03%.
A este respecto del poder adquisitivo, y retomando nuestra visión global, podemos afirmar que el objetivo del capital en la crisis de 2008, provocada por ellos mismos, y en la crisis sanitaria producida por el COVID-19 tiene en común la devaluación de los salarios. En 2014, un informe de Caixabank titulaba(2): “Caen las rentas del trabajo y aumenta la desigualdad”. En el texto del informe añadían: “el peso de las rentas del capital exhibe una tendencia claramente al alza”. No tenemos por menos que agradecerles la sinceridad. Seis años después, a principios de 2020 y a las puertas de la pandemia, la sección de Economía de “elDiario.es” publicaba un artículo(3) de Marina Estévez, en el que entre otras cosas decía:
“La última revisión estadística de las series de Contabilidad Nacional por parte del INE, del pasado diciembre (2019), muestra que las rentas del trabajo y la remuneración de los asalariados han caído más de lo que se estimaba entre 1995 y 2018, y se están empezando a recuperar de mínimos históricos (2017). En paralelo, las del capital se han elevado. El motivo no es otro que el crecimiento de las rentas inmobiliarias, que se han cuadruplicado en ese periodo.”
A punto de cerrar la edición de este número 130 de Tribuna Socialista, ha visto la luz el último informe de OXFAM, “Las desigualdades matan”, en el que se actualizan datos que retratan al sistema económico hegemónico: “La riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado a causa del COVID-19”.
La pérdida de poder adquisitivo en 2021 sumada a la pérdida salarial de más de un millón de trabajadores y trabajadoras que durante meses han sufrido un ERTE, nos permite afirmar que en el Estado español, en el bienio de pandemia, el peso de las rentas del trabajo ha continuado cayendo frente a las rentas del capital.
Esta visión de conjunto es lo que nos hace pensar que los partidos del Gobierno de coalición y los sindicatos que se sientan en las mesas de “Diálogo Social” están dando la espalda a la realidad que se vive y se percibe en la calle, sean más o menos conscientes de ello. Esta percepción es muy peligrosa, pues la decepción sumada al retroceso en las condiciones reales de vida: aumento de la pobreza, precarización, paro de larga duración cronificado… son el caldo de cultivo para el fortalecimiento del pensamiento de la extrema derecha. No podemos entender que, a estas alturas de la legislatura, no se haya derogado aún la “Ley Mordaza”, íntegramente. Legislación que da pie a las brutales actuaciones policiales vividas en Cádiz; durante y después de la huelga del metal del mes de noviembre.
Desde Tribuna Socialista, llamamos a que:
deroguen íntegramente las reformas laborales de 2010 y 2012.
el Gobierno encargue ya la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como se ha comprometido, y reintegre hasta el último céntimo del dinero de las pensiones que nunca debió ser utilizado más que para el pago de las pensiones.
en 2022 la media del incremento salarial no baje del 6,5%, con cláusula de revisión respecto al IPC acumulado de diciembre de este año.
Se revise la revalorización de las pensiones y se incrementen como mínimo en el 6,5%.
Si las políticas y acuerdos no suponen una solución verdadera a los problemas de la mayoría social, luego no busquen explicaciones pseudo científicas para entender los resultados electorales.
Al Comité de Redacción de Tribuna Socialista ha llegado la noticia de que la Gendarmería francesa detuvo el pasado 30 de diciembre a Elie Dolmota, quien fue Secretario General de la UGT-Guadalupe.
Elie Dolmota es un respetado sindicalista que participaba pacíficamente en una manifestación, ejerciendo su legítimo derecho de libertad de expresión y movilización.
El compañero Dolmota, está citado a presentarse ante la justicia el día 7 de abril, con cargos por “violencia y rebelión”. Sin embargo, hay imágenes que demuestran que la manifestación transcurría pacíficamente hasta que fue bloqueada por los gendarmes.
Exigimos la eliminación inmediata de todos los procedimientos judiciales en contra de Elie Dolmota.
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