Mes: noviembre 2022

Internacional Socialista: El socialismo que viene

Si hay algo que ha caracterizado históricamente a los partidos socialistas en la defensa de los intereses de la clase trabajadora es su carácter internacionalista, pero como todos reconocen, la IS no ha sido una herramienta útil en las últimas décadas.
Esta semana, en el marco del XXVI Congreso de la IS celebrado en Madrid bajo el lema “El socialismo que viene”, Pedro Sánchez, ha sido nombrado nuevo presidente de la IS sustituyendo a Yorgos Papandreu.

Pedro Sánchez presentó hace unos meses su candidatura a presidir la internacional con el objetivo de renovarla y revivirla. En aquel momento, Alfonso Guerra recordó que ya hacía 30 años que había calificado a la internacional socialista como “una agencia de viajes”. Esta inactividad ha sido reconocida por la mayoría de representantes, incluído el propio Sánchez.

A finales de este mes de noviembre, Pedro Sánchez ha sido elegido por unanimidad de los asistentes al Congreso como nuevo Presidente de la IS. El aval con el que se ha presentado ha sido su gestión de gobierno: actualización de las pensiones conforme al IPC, la subida del SMI o el impuesto a las eléctricas, las grandes fortunas y la banca. en un contexto marcado por las secuelas económicas de la guerra de Ucrania.

Los militantes de las agrupaciones no hemos recibido información sobre este congreso, y de la poca información a la que he podido acceder, destaco la publicación aparecida en la página web del PSOE, en la que Hana Jalloul, secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, escribe en su tribuna de “El Socialista”: “Una vez más nos volvemos a reunir, no solo para renovar los órganos de dirección, sino también para debatir sobre los retos que afrontamos, y que a día de hoy están marcados por hechos tan convulsos como la guerra de Putin, la postpandemia de la Covid y la amenaza del cambio climático”.

Precisamente en su intervención Pedro Sánchez se ha referido a los retos que debe afrontar la IS, y que pasan por abordar estrategias conjuntas en la lucha contra el cambio climático, la colaboración de la IS con los organismos internacionales, principalmente con la ONU y la reincorporación a la internacional de partidos que en su día la abandonaron, como es el caso del SPD alemán, o los socialistas suecos, estandartes del concepto del estado de bienestar en Europa

Para el que suscribe, esta renovación de la IS nace con mal pie, para empezar, por la nula participación de la militancia en los debates, algo que las nuevas tecnologías permiten realizar a la perfección, y que permitirían situar el debate en aquellos temas controveridos sobre los que la socialdemocracia hoy se ha posicionado sin contar con las bases, como por ejemplo, la posición sobre la guerra

de Ucrania, esa guerra que está destruyendo Ucrania entera y empobreciendo a los trabajadores tanto de Ucrania como de Rusia como del mundo entero.

El socialismo que viene tiene que defender los intereses de la clase trabajadora. En esta misma edición de Tribuna Socialista nos hacemos eco de varios ejemplos de resistencia de la clase trabajadora, defendiendo los derechos sociales (nuestro salario diferido, la sanidad, la educación, las pensiones…), luchando contra el empobrecimiento de los salarios,..en formas de movilizaciones y Huelgas, en Grecia, en Bélgica, en el Reino Unido, en Francia, en España y en todo el mundo. El socialismo que viene tiene la obligación de representar estos intereses. Desoirlos, y en ocasiones, enfrentarse a ellos, solo conduce a la pobreza, a la barbarie y a la creciente desconfianza en nuestras organizaciones que tienen como con- secuencia una creciente desafección y que abre la puerta a los populismos y a los fascismos.

Es cierto que la internacional socialista debía renovar- se, pero sobre todo, debe recuperar las alianzas internacionales entre los pueblos con el objetivo de poner fin a la destrucción de sectores productivos enteros, abordar las verdaderas causas de la inflación (que ya aumentaba antes de la guerra de Putin) y de la bajada de poder adquisitivo de los trabajadores en el mundo entero, abordar la producción energética pública que garantice el confort térmico y evite la especulación, abordar la distribución de la riqueza,y abordar en definitiva, un modelo de sociedad basado en la justicia social, la fraternidad entre los pueblos y la paz.

Estos son bajo mi punto de vista los retos que este congreso no ha abordado adecuadamente y que el socialismo que viene tiene la necesidad y obligación de trabajar, representando los intereses de la clase trabajadora.

Baltasar SantosMilitantedelPSCy

miembro del comité de Redacción de TS

¿Ha mejorado el empleo para los asalariados y asalariadas?

Se celebra con efusión los datos de afiliación a la Seguridad Social, pero hay que bajar un poco la intensidad de los focos para evitar que nos deslumbren. Claro que los trabajadores deseamos que las cifras de empleo sean positivas, pero lo que en verdad queremos es que mejoren las condiciones de trabajo: salario, cantidad de horas trabajadas, cuantas veces pasa por el desempleo al cabo del año, que baje la siniestralidad…

Hay que aclarar que no es lo mismo hablar de los “afiliados” a la Seguridad Social que de “afiliaciones”; un mismo trabajador puede causar alta en la Seguridad Social varias veces al mes, como desgraciadamente ocurre por la rotación en el empleo.

Veamos algunos datos concretos para valorar en qué medida está mejorando el empleo:

La tasa de temporalidad al cierre del primer trimestre de 2022 fue del 24,2%, al tercer trimestre del presente año ha descendido al 20,18%. Es decir, que ha tenido un descenso del 4,02%, según datos del Instituto nacional de Estadística. Es un dato positivo, aunque es pronto para ver el efecto de la reforma laboral en materia de contratación. No podemos olvidar que continuamos 7 puntos por encima de la tasa media de temporalidad que en la UE-2021 se cerró en el 13,2%.

También conviene tomar distancia en la lectura de los datos, pues la estacionalidad marca diferencias importantes en las cifras de empleo de un trimestre a otro, así como entre sectores.

La reforma laboral de principios de año canceló el “Contrato de Obra o Servicio” y flexibilizó el “Fijo Discontinuo”. Según esto, la previsión es que baje la tasa de temporalidad y se incremente la contratación indefinida. Sin embargo, lo que esperamos que cambie son los contenidos de las condiciones de trabajo, no solo los datos estadísticos.

Un parámetro que nos puede dar una imagen fidedigna de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo es la variación en el número de horas trabajadas, en cómputo semanal, por los asalariados.

Horas semanales trabajadas por los asalariados y asalariadas

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del INE

…. Trimestre que registra un mayor número de horas trabajadas en la serie histórica

…. Trimestre que registra un menor número de horas trabajadas en el periodo 2008-2013

…. Trimestre que registra un menor número de horas trabajadas en el periodo de pandemia

Lo primero que nos dicen los datos de la tabla es que el número de horas trabajadas semanalmente, en el primer trimestre de 2022, no ha superado la cifra de horas trabajadas en el mismo trimestre de 2008. Y, que, respecto al frenazo económico provocado por la crisis sanitaria, comparando el 1er trimestre de 2019 y el del año actual, el incremento de horas trabajadas es de 762.700 horas semanales, lo que equivale a unas 19.067 jornadas completas de 40 horas, un incremento del 0,14%, no parece un crecimiento como para hacer una fiesta.

La grafica anterior representa la media trimestral anual, sin distinguir trimestres. Destaca que en 2013 las horas trabajadas cayeron aún más que durante el año 2020, el peor año de pandemia. Este dato cuantitativo hay que relacionarlo con la gran destrucción de empleo que provocó la reforma laboral de 2012, no derogada en todos sus efectos lesivos, cuyas medidas desembocaron en la mayor tasa de paro registrada en la historia de nuestro país, el 26,06% en el 2º trimestre de 2013. Aquella reforma laboral fue una tremenda operación para la transformación trabajo con derechos en empleo precario.

Por otra parte, y con una inflación desbocada, otro parámetro que hay que valorar para saber si el empleo mejora verdaderamente, es la pérdida o ganancia de poder adquisitivo de los salarios.

Tabla comparativa entre inflación y subida media salarial

En el acumulado de estos doce años, los precios han crecido un 25,44% frente al 18,57% de los salarios, es decir, que la pérdida acumulada en este periodo es del 6,87%. Sin perder de vista que el diferencial entre inflación y salarios del pasado año 2021 fue de 5%. Las expectativas no son halagüeñas para los salarios, pues todos los organismos económicos internacionales prevén que la inflación va para largo.

En el mismo periodo de años, de 2010 a 2022, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha pasado de 633,3 € a 1.000 €; ha experimentado un crecimiento medio del 4,45% anual. Es un dato positivo, sin duda. La subida del SMI tira de los salarios hacia arriba, aunque no siempre se transforme en incrementos reales para los trabajadores y trabajadoras, por la absorción que muchos empresarios aplican a otros conceptos que no son el salario base.

Comprendo y comparto que los sindicatos, UGT y CCOO, se hayan levantado de la mesa de negociación del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), ante las propuestas de la CEOE de una subida salarial para los tres próximos años del 8% (2,66% anual) y sin cláusula de revisión. Sin embargo, es una llamativa coincidencia, o no, que la subida salarial media a octubre sea del 2,64%, un 0,02% menos que la propuesta de la patronal. No se ha firmado el “Pacto de Rentas” promovido por el Gobierno, pero lo hechos coinciden plenamente en que el coste de esta nueva versión de crisis económica carga sobre los salarios, con una devaluación constante.

Hay que poner freno al trasvase de rentas del trabajo en favor de las rentas del capital. El Gobierno debe intervenir en este desequilibrio, como en tantos otros que se están produciendo en perjuicio de los más débiles. No es posible esperar a que pasen las crisis, pues ya vemos como se encadenan una con otras. Para convencer a Gobierno y patronales solo cabe la movilización unida y coordinada de todos los sectores en conflicto.

Roberto Tornamira Sánchez
Ex Secretario General de FeS-UGT-Madrid

(Artículo publicado en el mes de mayo, actualizado al cierre de octubre)

13 de noviembre, aire fresco para la Sanidad Pública

Para muchos madrileños y madrileñas, la gran manifestación que discurrió por las calles de Madrid el domingo día 13 de noviembre ha sido como abrir la ventana en una fresca mañana de primavera.

Desde las manifestaciones contra la guerra, en febrero de 2003, o aquellas en las que en marzo de 2004 exigíamos saber “¿quién ha sido?”, tras los atentados de Atocha y las mentiras de Aznar, no se veía en Madrid una masa compacta de ciudadanos y ciudadanas reivindicando al unísono; en este caso en defensa de la Sanidad Pública, o, dicho de otro modo, contra su privatización.

En un artículo anterior, “La agresión permanente a la Sanidad Pública”, abordé este asunto ante la alarmante cascada de ceses y dimisiones de responsables sanitarios autonómicos y desde la óptica del personal sanitario y sus reivindicaciones. Y las consecuencias que la política de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, desde que el 30 de junio de 2003 se perpetrara “El Tamayazo”, están teniendo para la Sanidad de todos y todas. Hoy quiero abordar un par de aspectos, tras la multitudinaria manifestación del día 13.

Tras el estallido democrático madrileño, el Gobierno regional y el sindicato corporativo de médicos de Madrid (Amyts) han cerrado un acuerdo por el que, en lugar de abrir 80 centros de urgencias, en los pueblos de la comunidad, abren 49, pero con médico; por lo que Ayuso y su gobierno retroceden en su pretensión de abrir centros de urgencias sin médico. Es una solución al conflicto con los médicos, pero no para los pueblos los 31 pueblos que nos dispondrán de ese servicio. Tampoco resuelve el profundo deterioro que se ha producido en la Sanidad Pública y sus graves consecuencias para los y las pacientes.

El problema no es solo de gestión, es un problema político; por mucho que a la señora Díaz Ayuso le moleste. Es por eso que alguien debería asumir responsabilidades por el caos creado, en primer lugar, el Consejero de Sanidad, el Sr. Ruiz Escudero. Pero incluso si dimitiera ella misma, como coreaban los manifestantes, eso tampoco se resolvería el problema.

La solución para los 6,8 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid se daría si se produjese un giro copernicano en la política que se aplica. Es decir, que cuando dicen que construyen hospitales que sea cierto y que no pretendan que aceptemos como hospital el “Zendal”, cuando en realidad es un almacén de enfermos, pues como bien preguntó el Sr. Casado el día de la inauguración ¿dónde están los quirófanos? La solución, entre otras, es que se revierta la privatización de los hospitales públicos que han sido dados en gestión privada.

La solución llegará cuando no haya hospitales con más de 400.000 habitantes asignados como pacientes, como es el caso del Ramón y Cajal, La Paz, el 12 de Octubre o la Fundación Jiménez Díaz… por citar solo cuatro ejemplos. Así disminuirían las listas de espera para operaciones, para consultas externas con especialistas y la saturación de las urgencias hospitalarias. Hay que contratar médicos, enfermeras, auxiliares y celadores.

Si además se deja de maltratar a los Médicos Interinos Residentes (MIR), tanto en sus condiciones económicas, de jornada y de asignación de plazas, estaríamos en el camino de devolver el reconocimiento que nunca debió perder el ejercicio de la medicina, en el ámbito público.

Lejos de aplicar soluciones, el PP de Madrid se dedica, por boca de su presidenta, a intentar enfrentar a los médicos con los pacientes; culpándoles del caos sanitario que ella ha creado.

Hay que dotar de plantilla a los Centros de Atención Primaria en toda la Comunidad, de manera que se acabe con lo que nos dijeron, que era por la pandemia: la atención médica telefónica, la de la cita previa telemática… y todas las trabas que los usuarios y usuarias venimos sufriendo en los últimos tiempos. Por supuesto, es inaceptable la pretensión de establecer la videoconsultas.

No soy yo quién para establecer cuáles son las soluciones en materia sanitaria a los problemas generados por la política de devaluación de la Sanidad Pública que se aplica en esta Comunidad. Solo señalo lo que cualquier ciudadano un poco informado percibe, sin entrar a criterios económicos que dejan claro que esto no es un error sino un plan premeditado, aspecto que señalé en el artículo antes citado.

Por otra parte, de la macro manifestación del pasado domingo se desprende que los ciudadanos y ciudadanas también tenemos derecho a la política. Aunque escuchando las reacciones de Dª. Isabel y su ¿equipo?, pudiera parecer que solo ella y el PP tienen derecho a ejercerla. Esta pretensión de la derecha española no es novedosa, la expresan de forma sostenida en el tiempo cuando no gobiernan; momentos en los que todo gobierno es ilegítimo, según ellos claro está. La anti política es uno de los peligros que nos acechan, y el mejor antídoto son las políticas públicas y la defensa de lo que es de todos y todas.

Los derechos a la libertad de expresión y de manifestación, aunque el PP los lesionó con su “Ley Mordaza” en 2015 (aún no derogada), son derechos para el libre ejercicio político de las personas, y eso es lo que ocurrió el domingo 13. Es evidente que para que haya una movilización alguien tiene que convocar, fijar un recorrido y un horario, entre otras cosas porque es lo que obligatoriamente se tiene que hacer ante Delegación de Gobierno. Pero de lo que no puede caber ninguna duda es que el día 13 de noviembre se manifestaron, libremente, trabajadores y trabajadoras de todas las edades, y por lo que expresaban, muy conscientes de querer defender la Sanidad Pública que pagan con sus impuestos. Puede que hubiese muchos y muchas de ellos que también tengan una póliza con alguna entidad médica privada, pues bien saben que, salvo las tarjetas “premium” inalcanzables económicamente para el 80% de los asalariados, en la sanidad privada también hay clases y que cuando la cosa es grave les derivan a la pública.

No quiero terminar sin señalar algo que me ha llamado la atención, tras la manifestación, al leer, ver y escuchar algunos medios de comunicación. Resulta que ¡la Plaza de Cibeles ha encogido! Sí, a mi también me ha parecido increíble. Es la conclusión a la que he llegado tras recordar que dichos medios, hace seis meses, publicaban que a la celebración de la 14ª “Champions League” del Real Madrid habían acudido a Cibeles 500.000 seguidores. El día 13, no pude pasar de Atocha.

Roberto Tornamira Sánchez
15nov22

Editorial: La clase trabajadora no deja de sorprender, gratamente.

En Tribuna Socialista nº 137 dedicamos la editorial a la inflación y la respuesta que la clase trabajadora le está dando en otros países, “La inflación también es un arma”. En el anterior número de TS también valoramos muy positivamente las manifestaciones de pensionistas, el 15 de octubre, y en defensa de la sanidad pública en Madrid, el 22 del mismo mes.

Tenemos que reconocer que la clase trabajadora no deja de sorprendernos gratamente: si bien las dos manifestaciones mencionadas fueron importantes, en lo que al número de manifestantes se refiere, la que tuvo lugar el domingo día 13 de noviembre, para mostrar el rechazo del pueblo de Madrid a la privatización de la sanidad pública, ha sorprendido a los más optimistas.

Echábamos de menos movilizaciones de masas para afrontar problemas generales y fundamentales, como lo son la defensa del Sistema Público de Pensiones y la Sanidad Pública. Y en cuestión de treinta días se han producido tres grandes manifestaciones, la última con más de 600.000 manifestantes.

Quienes acudimos a estas movilizaciones somos clase trabajadora, aunque muchos hayan aceptado considerarse clase media. Somos ese 65% de personas que dependen de un salario, cuyo sueldo no supera los 1.715 € brutos mensuales, que es el salario medio en la España de hoy. Nos movilizamos para exigir que nuestro salario diferido, la pensión, se revalorice como mínimo en el mismo porcentaje que los precios. De la misma manera, participamos en las manifestaciones para defender que no nos quiten nuestro salario indirecto; el que recibimos en forma de servicio público cuando acudimos al médico, en el hospital o en el centro de Atención Primaria, o cuando educan a nuestros hijos e hijas en un colegio público.

Otro de los aspectos sorprendentes de estas movilizaciones es que tienen en común que no han sido convocadas por las dos grandes centrales sindicales de nuestro país, si bien en las de la sanidad participan minoritariamente. La Manifestación del 15 de octubre, con más de 40.000 asistentes, fue convocada por las organizaciones de pensionistas, como COESPE, sin que los grandes sindicatos quisiesen apoyar, siquiera. La del 22 de octubre, en defensa de la Sanidad Pública madrileña fue convocada por la mesa sectorial de la Atención Primara, y la del 13 de noviembre fue convocada por asociaciones vecinales de Madrid, apoyándose en la perseverancia del sindicato corporativo de médicos Amyts.

Hay motivos para que se produzcan muchas movilizaciones masivas: por el deterioro de la Educación Pública, contra la privatización de las residencias (hubo una manifestación multitudinaria el 17 de septiembre, convocada por las plataformas de familiares de víctimas en las residencias), contra la Guerra… pero falta una movilización de masas en defensa de los salarios directos, los que nos abonan en nómina. Alguien podrá decir que el día 3 de noviembre miles de delegados sindicales llenaron la Plaza Mayor de Madrid, bajo el lema “Salario o Conflicto”. Sí, pero además de los delegados y delegadas de personal y miembros de comités hay que dar cauce a la movilización de los trabajadores y trabajadoras, que han salido a la calle a reivindicar la defensa de las pensiones o de la sanidad, demostrando que el problema no es que no se quieran movilizar.

Se está terminando el año y ni hay conflicto ni los salarios dejan de perder poder adquisitivo. La subida salarial media en convenio colectivo, a cierre de octubre, es del 2,64%, frente al 7,3% del IPC interanual, lo que equivale a una pérdida de 4,66% que hay que sumar al 4,95% de pérdida del año 2021, año en el que el incremento promedio de los salarios se quedó en el 1,55% frente al 6,5 del IPC. Es decir, que los asalariados más “afortunados” llevan una pérdida de valor en sus sueldos del 9,6%. No hablemos de los cientos de convenios sectoriales o los miles de convenios de empresa en los que el sueldo no ha subido nada o el incremento está incluso por debajo de la media.

La devaluación de los salarios en España se viene dando a lo largo de lo que llevamos de siglo: comenzamos con el redondeo de los precios con la entrada del euro, pero no se redondearon los salarios; continuamos con la devaluación provocada por las reformas laborales de 2010 y 2012, no derogadas en todos sus aspectos más lesivos; se han devaluado en los dos años de pandemia; y se están devaluando nuevamente, a nombre de la guerra, con esta ola inflacionaria.

Garantizar que los salarios no pierden valor que los trabajadores y trabajadoras, que no se empobrecen, es competencia de las organizaciones sindicales, pero dejar que los trabajadores, empresa por empresa, intenten mejorar sus salarios, o sea de forma aislada, solo sirve para facilitar las exigencias de la patronal. De hecho, sin firmarlo, es poner en práctica el llamado “Pacto de Rentas”, cuyo objetivo, recordémoslo, no era otros que el de hacer caer la carga de la crisis sobre los salarios.

Veremos si alguien no convoca por este motivo y la clase trabajadora vuelve a sorprendernos.

Comite de Redacion Tribuna Socialista

La agresión permanente a la Sanidad Pública

El 17 de octubre ha dimitido la gerente de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Pero es que en el verano defenestraron al director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento del Servicio Madrileño de Salud y, al poco tiempo, fue cesado el gerente del Suma 112. Es llamativo el reguero de ceses y dimisiones en el área de Sanidad en el “paraíso de libertad”, según palabras de IDA, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un “paraíso” para las grandes fortunas “tax free”, para especular con la vida y la salud de los ciudadanos, y por supuesto para tomar cañas en las terrazas que han salido como setas de alquitrán aprovechando la pandemia.
Es precisamente libertad lo que les falta a los y las técnicos más sensatos que trabajan para la Administración sanitaria en Madrid, para ejercer su trabajo. Un proceso de depuración permanente levado a cabo por el Gobierno del PP en Madrid, que comenzó con la de la directora de Salud Pública, en mayo de 2020, por el riesgo de “colapso” de las UCI en la Comunidad de Madrid, contra la decisión de IDA de acelerar el pase a fase 1 del plan de desescalada: “dimití tras horas intentando convencer de que no cometieran una barbaridad”, escribió en su cuenta de Twitter, Yolanda Fuentes.
Unos meses después, en octubre de 2020, fue Alberto Reyero, no ya un técnico, sino un miembro del propio Gobierno de Ayuso, quien dimitió por la criminal acción política de negar la asistencia sanitaria a los ancianos y ancianas en residencias; unos 7.300 muertos solo en Madrid. El dimisionario ha publicado un libro cuyo título define qué ocurrió: “Morirán de forma indigna”.
Las dimisiones y los ceses no son más que una consecuencia concreta del caos reinante en el conjunto de la Sanidad Pública madrileña: “abandono de los usuarios y desprecio absoluto a los trabajadores y trabajadoras de este servicio público”, ha denunciado el secretario general de CCOO en Sanidad de Madrid, Mariano Martín-Maestro.
Un ejemplo claro de este caos, es el procedimiento por el cual las enfermeras debían atender pacientes cuando no hubiera médicos. Otra de las instrucciones, para enmarcar, del Gobierno presidido por IDA.
Las ocurrencias, algunas con efectos dramáticos, obedecen al Plan para la Atención Primaria cuyo objetivo no declarado, pero evidente, es la demolición de las Urgencias de Atención Primaria (UAP). Uno de los capítulos más groseros de dicho Plan es lo que el Gobierno de Díaz Ayuso llama: “Proceso de reestructuración de las urgencias extrahospitalarias”; unas urgencias que llevan medio cerradas desde marzo de 2020, cuyo objetivo real es un nuevo recorte de personal. Con la consecuencia directa del colapso de las urgencias hospitalarias.
Los bajos salarios, la inestabilidad laboral y precariedad en las condiciones de trabajo son consecuencia de los recortes presupuestarios del servicio sanitario en Madrid.
Los efectos son tremendos, no solo para los trabajadores de la sanidad, también para los madrileños y madrileñas que se ven obligados, pues nadie acude a urgencias o a una consulta médica por gusto, a ir a unas urgencias hospitalarias saturadas, y a soportar unas listas de espera grotescas, según datos oficiales: 300.000 pacientes tienen que esperar tres meses para ser atendidos por un especialista, 80.000 lo hacen para una prueba diagnóstica y 15.000 para una operación, por término medio.
El deterioro se corresponde con que la Comunidad de Madrid es la región del Estado español que menos presupuesto “per cápita” destina a Sanidad: 1.300,65 euros por habitante y año, frente a los 1.679,26 de gasto medio del resto de comunidades (datos presupuestarios para el ejercicio 2022), un 30% por debajo de la media.
Ante esta insoportable situación, los trabajadores del Servicio de Atención Rural (SAR), convocaron una huelga indefinida, que iba a dar comienzo el 25 de octubre. El anuncio de la huelga activó la repentina necesidad de negociar del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. A fecha de cerrar este artículo, el sindicato de médicos Amyts, el mayoritario, ha rechazado el preacuerdo, pues denuncian que “siguen sin entender cómo se pueden abrir 78 dispositivos con el personal de 40… y no están dispuestos a rebajar la calidad asistencial a los pacientes”.
El 28, está previsto que comience la huelga en las Urgencias del Hospital “Infanta Sofia” de San Sebastián de los Reyes. Por poner dos ejemplos de los conflictos que se viven en la Sanidad de Madrid, porque se cuentan por decenas las movilizaciones vecinales que se han llevado acabo en los barrios, en los últimos tiempos.
Se echa en falta una movilización coordinada, y sostenida en el tiempo, por las organizaciones que se reclaman de la izquierda, ante un problema general, para la defensa de uno de los pilares del Estado de Bienestar. Esperemos que la gran manifestación que tuvo lugar el sábado día 22 de octubre, de Neptuno a la Plaza de Sevilla, en Madrid, convocada por los principales sindicatos de la Sanidad Pública en Madrid, y apoyada por el PSOE, sea la primera de muchas movilizaciones en las que se le da posibilidad de participar a los ciudadanos y ciudadanas.

La única beneficiada de este caos, provocado, es la sanidad privada y los receptores de contratos como las constructoras y empresas de servicios del Zendal. Esto lo avalan los datos publicados por la prensa económica y de UNESPA, la patronal de empresas aseguradoras, que señalan 2021 como el mejor año para el negocio de las aseguradoras médicas privadas, al hacer públicos los datos al cierre del primer semestre de 2022, con unos ingresos de 32.965 millones de euros, un 4,43% más que en 2021. Un sector en el que el oligopolio conformado por: Segurcaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre acaparan el 74,17% del negocio.
“Mientras el Servicio Madrileño de Salud dejaba 402 millones de euros, del presupuesto de 2021, sin utilizar, se transfirieron 1.261 millones de euros públicos a la sanidad privada, un 31% más que en 2020”(1), denuncia Sara Plaza Casares en junio de este año.
Los datos demuestran que los efectos de la pandemia no son solo atribuibles al virus, y que el deterioro de la Sanidad Pública se corresponde con un plan trazado para reducir la Sanidad Pública a un servicio de mínimos, con tendencia a la beneficencia, en favor de los intereses del mercado libre, el único que es libre de verdad, según los parámetros de Díaz Ayuso.

Roberto Tornamira Sánchez
30oct22

(1) https://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/comunidad-madrid-aumenta-30percent-transferencia-fondos-publicos-sanidad-privada#:~:text=Sanidad%20p%C3%BAblica-,La%20Comunidad%20de%20Madrid%20aumenta%20un%2030%25%20la%20transferencia%20de,31%25%20m%C3%A1s%20que%20en%202020