Mes: enero 2024

Desde dónde nace esta amnistía y qué implica

Por Safira Cantos Salah

Esta amnistía no nace como plan de acción política del gobierno para mejorar la convivencia en Cataluña, sino de la estricta necesidad de reunir los votos necesarios para la investidura. Ante lo que cabe preguntarse: ¿acaso no es legítimo negociar y ceder en asuntos no contenidos en el programa electoral para reunir la mayoría necesaria para formar gobierno? Es evidente que la negociación política es legítima y signo de normalidad democrática, ahora bien ¿sin límite alguno? ¿Se pueden poner en juego en esta negociación principios esenciales de un Estado democrático de derecho?

Hemos asistido a un viraje radical en la postura sostenida por el PSOE hasta el mismo momento de las elecciones en que había negado de manera expresa, contundente e insistente la posibilidad de una amnistía. Esto no hace sino degradar aún más el valor de la palabra en política, la credibilidad de quienes deben generar confianza.

La amnistía es una medida excepcional en un Estado democrático y social de derecho porque supone: 1 ) una excepción al carácter general que debe tener la ley (es una ley a la medida para un determinado contexto); 2) una excepción al principio de igualdad (se deja de aplicar el marco jurídico general por razones ideológicas mientras esos mismos hechos para el común del resto de la ciudadanía siguen teniendo aparejadas sanciones penales o administrativas); 3) supone una excepción dentro de la separación de poderes: lo dictado por jueces y tribunales queda sin efecto. Es más, supone impedir la continuidad de cualquier investigación administrativa, contable (Tribunal de Cuentas) y penal, lo que impedirá por ej.: seguir investigando la malversación de fondos.

Las amnistías -como ya sabemos ni previstas ni prohibidas expresamente por nuestra Constitución-

están asociadas a contextos excepcionales de transición (por ej., de régimen político tras un conflicto armado) como medida para alcanzar normalidad democrática y social. ¿Se está entonces asumiendo, como defiende Junts, la inexistencia de normalidad democrática en la respuesta a los graves hechos relacionados con el procés? Respetando la aspiración territorial que podamos tener cada quien, lo cierto es que las autoridades catalanas decidieron actuar al margen absoluto del marco de un Estado democrático y de derecho; cuando precisamente una de las funciones de la ley debe ser hacer de dique de contención al abuso de poder.

Una amnistía que pretendiera contribuir a la convivencia buscaría el mayor consenso político, no se tramitaría en el Parlamento por el procedimiento de urgencia y se haría desde la honestidad de los diversos discursos políticos y no justificándola como si viviéramos “realidades paralelas”. Atender así las exigencias de un grupo político minoritario para contar con sus votos, es un riesgo claro de que devenga finalmente más como arma de chantaje que de consenso; pues ni siquiera ha existido desde quienes la exigen un compromiso para favorecer la convivencia, respetando también a quienes son catalanes no independentistas.

No menos preocupante es plantear la cuestión bajo el dilema de amnistía o derechos sociales; como si no pudiéramos -y debiéramos- aspirar a fortalecer la protección de los mismos al mismo tiempo que salvaguardamos nuestro sistema jurídico e institucional, que a la postre es el que debe garantizar en el futuro los derechos, incluidos los sociales.

En todo caso, está en nuestras manos, en las de cada persona, no contribuir a erosionar más la convivencia, sino ser capaces de dialogar sin concebir al discrepante como un adversario social. Ahí deseo seguir estando y dialogando.

Safira Cantos Salah
Directora General de la Fundación Hay Derecho

Respondiendo a lo que este acto plantea

Creo que lo primero que tenemos es que contestar a la pregunta de la convocatoria, la amnistía que se está planteando es para el entendimiento o para la confrontación. No es un tema de juicio de intenciones, es compartir el sentido profundo de la misma palabra Amnistía y para ello vamos a la definición que hace María Moliner y la misma RAE que tiene el mismo sentido: “Perdón decretado por el Gobierno para ciertos delitos particularmente políticos”. Ahí están todas las claves, es un perdón sobre un delito. Ello anula parte del griterío mediático y político que se ha establecido alrededor de la amnistía. Por supuesto, toda amnistía se realiza sobre alguien que ha delinquido: Marcelino Camacho era un delincuente para el TOP, los evasores fiscales son delincuentes económicos, Menahet Begin era un terrorista sionista y yo mismo que soy un amnistiado del 77, era un convicto y confeso delincuente.

La segunda cuestión es que estamos impregnados de la concepción judeocristiana del castigo y del perdón, del ojo por ojo y diente por diente, que es algo totalmente ajeno a la convivencia democrática en un estado de Derecho y apela a los elementos viscerales más primarios.

Pero la discusión de la amnistía hace aflorar algunos problemas profundos de nuestro sistema político. ¿Por qué en 45 años no se ha podido avanzar seriamente en el encuentro entre comunidades nacionales diversas?, ¿por qué siempre que se ha intentado una vía de dialogo y de confraternización, siempre surge la cantinela del España se rompe? cuando no se manifiesta una evidente catalanofobia que pervive desde hace más de 150 años, recordar el ¡ ¡ A por ellos, oe, oe!!!. Y ahí surge otro tema fundamental: el inmovilismo de nuestro sistema constitucional, en 45 años sólo ha

habido 3 reformas constitucionales, una por adecuación a Europa, otra la más reciente por corregir una aberración social respecto a la denominación de las personas con discapacidad y la otra el 135 para introducir las exigencias neoliberales en la Carta Magna. Ello refleja una incapacidad de nuestro sistema institucional en irse adaptando a las nuevas exigencias de los tiempos, mientras los países de nuestro entorno han acometido algunas decenas de cambios constitucionales. Y una de las claves de esta esclerosis es el inmovilismo de una derecha que no quiere ningún avance en materia social y democrática y que han sido los mayores creadores de independentismo.

Es evidente que el crecimiento del independentismo ha venido determinado por la incapacidad para asumir la realidad plurinacional del Estado Español, en lugar de discutir y demostrar a la población que la independencia no es una buena solución para el conjunto de los pueblos, la respuesta ha sido desconocer la voluntad del pueblo catalán manifestada en el referéndum del Estatut del 2012, acompañada de campañas contra los productos catalanes y recogidas de formas, y recursos al Constitucional.

El proyecto de Ley de Amnistía ni fractura el Estado social y democrático de derecho, ni rompe la separación de poderes, ni afecta a la igualdad de los ciudadanos y se desarrolla bajo todos los cauces legales pertinentes. El resto es ruido y agitación contra el Gobierno de coalición progresista que hoy será el tema de la amnistía y mañana el que surja para deteriorar el avance social y democrático. Es un momento para que el conjunto de la ciudadanía avance en el entendimiento democrático y profundice en los derechos y libertades en todo el país.

Enrique del Olmo García
Sociólogo Presidente de la Fundación Andreu Nin

Regresar al futuro

Por Gloria Elizo Serrano

Deberíamos empezar diciendo que básicamente una amnistía es un procedimiento de naturaleza política para devolver al espacio de la acción pública a los actores políticos expulsados de su acceso a ella por mor de un procedimiento penal que ha considerado delictiva su actividad política.

Nuestra historia, lo sabemos, está llena de ejemplos de esa tendencia a expulsar y excluir otras visiones y otras formas de entender España a base de usar la Justicia para convertir en enemigos públicos a los que pensaban diferente ! los herejes, la antiespaña, los rojoseparatistas, los traidores a la patria! , pero también de ejemplos de reconciliación, de visiones integradoras que, desde un sistema constitucional abierto y garantista, devuelve al diálogo, a la negociación y a la democracia las diferencias políticas.

Y por eso, cada vez que en España se recobra la democracia, la Constitución y las libertades, es necesario empezar haciendo una amnistía.

En el caso en el que nos encontramos la situación no fue tan grave, pero si lo fue la tendencia, el haber iniciado un camino en el que el Código Penal, los tribunales, la policía política, los medios afines, etc. se usaron para colocar fuera de la Ley a un gran número de representantes y actores políticos y para enviar a la cárcel a algunos de ellos, iniciando una deriva muy peligrosa para nuestra democracia.

Desandar ese camino político, volver a la posición de la democracia integradora, restablecer el discurso político en y con Catalunya precisa, por desgracia, de una acción política absolutamente constitucional como es la amnistía.

Porque estos sucesos, esta Amnistía, no se pueden entender sin recordar la grave crisis económica del 2008 creada por la especulación financiera internacional, la sucesión de recortes unida a los casos de corrupción que asolaron Catalunya y toda España, así como grave Sentencia del Tribunal del Constitucional del 2010 que deslegitimó al pueblo catalán echando por tierra un Estatuto igual al de tantos otros lugares y ya ratificado en referéndum.

No se puede entender sin los intereses cruzados de los dirigentes políticos de la derecha en Catalunya y la dirección política de la derecha en el gobierno del Estado, empeñados ambos en “hablar de otra cosa” que no fueran los recortes, los abusos, la corrupción sistémica y las desviaciones de poder.

Luego vendrían las escuchas ilegales por parte del Estado, la fabricación de informes de la policía política, las mentiras de los periodistas mercenarios, la utilización del Tribunal Constitucional como si fuera un Juzgado de Instancia, el Tribunal Supremo fantaseando con el juez ad quo, los hechos y su encaje penal.

Y sobre todo se impuso el relato del nacionalismo excluyente, la conocida táctica de dibujar un enemigo interno al que hay que extirpar presentándose como adalid de la defensa de la verdadera nación… incluyendo de paso ! como siempre! las habituales políticas regresivas, la corrupción sistemática con los actores económicos cercanos y la restricción a las libertades de la gente.

Y por eso, por esa estrategia nefasta y cortoplacista es necesario ahora retroceder a la encrucijada donde nuestro sistema equivocó el camino de la democracia para dejarse arrastrar por el camino de la exclusión.

Puede parecer una exageración, un aviso o una tendencia. Pero hoy, al igual que en 1977, ante el avance de los discursos de la extrema derecha, tenemos que elegir en qué sistema político queremos vivir. Si en uno en el que los adversarios políticos son enemigos de la patria y hay que excluirlos penalmente, o en una democracia inclusiva y plural donde partidos que no comparten su visión política pueden firmar un acuerdo reconociéndose como existentes, diferentes y respetuosos de esas diferencias.

Y para eso es necesaria esta amnistía.

El Partido Popular está en su perfecto derecho de criticar los programas, las posiciones y los pactos para formar gobierno de Pedro Sánchez, de intentar incluso que olvidemos que son los mismos pactos que Feijoo no ha podido llevar a cabo por culpa de su mochila excluyente.

Pero la amnistía es incluso una oportunidad para que, andando el tiempo, el propio Partido Popular pueda volver al espacio constitucional y al dialogo con ese nacionalismo de derechas con el que ya Aznar hablaba en catalán en la intimidad.

Amnistía para el entendimientoo para la confrontación

El pasado día 9, en el Ateneo de Madrid, se celebró un acto bajo el título “Amnistía para el entendimiento o para la confrontación”, organizado por la Asociación Trabajo y Democracia. ASTRADE decidió iniciar el año sometiendo a debate la ley de Amnistía que propone el Gobierno de Pedro Sánchez, en continuidad con otras iniciativas habidas este pasado año, como el “Documento impulsado por Tribuna Socialista” firmado por 300 militantes del PSOE y dirigido al Grupo Parlamentario Socialista y a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, entregado a los destinatarios el 4 de octubre, coincidiendo en el tiempo con la feroz campaña de Felipe González, y otros, en contra de un proceso para la resolución del conflicto con Cataluña por la vía de una Amnistía. O el documento “Redoblar la lucha por la Amnistía”, producto del debate mantenido el 27 de noviembre en la librería Blanquerna, en Madrid, promovido por el Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), al que ya se han adherido más de 160 militantes políticos y sindicales de distintas organizaciones. El acto del Ateneo fue muy concurrido, llenando la sala Úbeda, y en él pudieron tomar la palabra los asistentes que así lo decidieron.

Quienes intervinieron desde la Mesa abordaron el tema desde una doble óptica: jurídica y política, exponiendo argumentos a favor y en contra del proceso de Amnistía, si bien, el sentir mayoritario, tanto entre los ponentes como entre los asistentes, fue de apoyo a la ley de Amnistía que está en su inicio del trámite parlamentario.

La Amnistía ha llegado como fórmula para desatascar la investidura. Feijóo no pudo convencer a Junts, ni a PNV para que lo apoyaran, pues en el paquete iba VOX amenazando con disolver los partidos nacionalistas y representando, tanto VOX como PP, a lo más profundo del franquismo no erradicado en nuestro país, buen ejemplo de ello es Manuel García- Castellón, juez de la Audiencia Nacional y digno heredero del TOP. Por su parte, Pedro Sánchez ha encontrado en la Amnistía una fórmula para poner de acuerdo al resto de partidos parlamentarios en iniciar la marcha de la legislatura e intentar resolver el conflicto derivado de las represivas políticas del PP en la década pasada, pues, parafraseando al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres: “El conflicto en Cataluña no surge de la nada”. No debemos olvidar la brutal campaña de la derecha contra el Estatut de Catalunya que aprobaron las Cortes, el Parlament y un referéndum en Cataluña, pero que fue truncado en 2010 por el Tribunal Constitucional. Esta es la antesala del conflicto de octubre de 2017, que se quiso resolver “echando gasolina al fuego”, alentando el “A por ellos”, sin decirlo expresamente, por Felipe VI en su lamentable discurso del 3 de octubre y con la respuesta policial del Gobierno de Rajoy, respuesta complementada por los magistrados afines a la derecha.

La Amnistía, por tanto, tiene que servir para reparar las tropelías democráticas del Gobierno del PP entre 2012 y 2018 contra miles de ciudadanos en Cataluña, no solo para los políticos catalanes que sufrieron cárcel o sobre los que aún pesan encausamientos judiciales.

Además, en mi opinión, es una puerta que se abre para avanzar en dar encaje y normalizar la pluralidad del Estado español en su composición y no un concepto cerrado de nación española, es decir un país sometido a una ideología nacionalista centralizadora y excluyente, anclada en el “España, Una Grande y Libre”, siendo la grandeza y la libertad más que discutibles, tal como las continúa interpretando la derecha de nuestro país.

La clausura del acto corrió a cargo del presidente de ASTRADE, Eduardo Hernández.

Roberto Tornamira
Miembro de la Junta Directiva de ASTRADE
En los siguientes enlaces, añadimos tres artículos que resumen la posición ante la amnistía, que a fecha de cierre de esta edición nos han hecho llegar tres de los intervinientes en el acto:

Gloria Elizo Serrano

Enrique del Olmo García

Safira Cantos Salah

La clase trabajadora argentina en lucha

Huelga general del 24 enero

La clase trabajadora de Argentina se defiende de los ataques neoliberales de Milei con su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la Ley Ómnibus (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos). Estas brutales medidas, que ponen Argentina al servicio del capital financiero se están debatiendo en sede parlamentaria y por ello, los trabajadores argentinos, con la iniciativa de la CGT y la CTA convocaron movilizaciones y huelga general para el 24 de enero.

Las medidas del decreto atentan contra la economía popular, los derechos sociales y laborales, las privatizaciones y van acompañadas del intento de imponer un «régimen de excepción», que concentraría el poder en la presidencia de la República hasta 2025, que puede prorrogarse hasta el final del mandato de Milei. Por ello, decenas de organizacions políticas, sociales, culturales y de toda índole han secundado esta movilización y firmado un documento en el que además de la retirada del decreto se demanda:

  • Suspensión del pago de la deuda externa. Anulación del acuerdo con el FMI
  • Para derrotar a la inflación, congelación de precios y control a las grandes empresas formadoras de precios en la producción y la distribución de los productos de la canasta básica, de la energía y del transporte
  • Recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes, las vías navegables y el control del comercio exterior
  • Recuperación inmediata de salarios y jubilaciones. Contra los despidos. Contra la derogación de la Ley de Alquileres y los desalojos. Contra la represión y las detenciones que atacan las luchas populares

Desde Tribuna Socialista nos solidarizamos con la movilización de la clase trabajadora argentina y saludamos con satisfacció las concentraciones que el día 24 convocaron UGT y CCOO ante las embajadas argentinas en diversas ciudades de España.

Como ya hemos comentado en números anteriores, la «libertad» que venía proclamando Milei no es otra que la libertad para las empresas elevado a su grado máximo, con privatizaciones, la abolición de derechos, represión y recortes en políticas sociales. Al final, tal y como reza en la pancarta de la imagen, la «casta» es el pueblo.

En la fecha de redacción de este artículo, pocos medios de comunicación se han hecho eco de la movilización, pero la realidad es que el apoyo social a Milei merma día a día en Argentina, al tiempo que crece la oposición activa a sus políticas. Cerca de 1 ,5 millones de personas, a pesar de las amenazas represivas y de la fuerte presencia policial han participado en la huelga y en unas manifestaciones que son solo el inicio de la resistencia del pueblo argentino ante las atrocidades del gobierno Milei contra los derechos y las conquistas de la mayoría social en Argentina.

Montserrat Salvatierra
Militante PSC El Vendrell

¡Alto al Genocidio! ¡Alto el fuego inmediato!

Crónica de la movilización en Madrid, 27 de enero de 2024

A pesar del vergonzante silencio de los medios de comunicación, y de las trabas que la Manifestación del día 27 ha encontrado en su camino, ha sido un éxito rotundo. Decenas de miles de personas han salido a la calle para exigir que pare de una vez la matanza de palestinos en Gaza; se ha superado la cifra de 26.000 muertos, a los que en su momento habrá que añadir los miles de desaparecidos bajo los escombros.

Muchos y muchas manifestantes se han desplazado a Madrid desde Andalucía, País Valenciano, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla León, Euskadi…, había gente de distintos territorios del Estado español.

Se han coreado lemas señalando a Netanyahu como criminal, denunciando la complicidad de los Estados Unidos y Reino Unido con los crímenes de guerra que se comenten cada día en la Franja de Gaza, desde hace tres meses. También se ha aludido al Gobierno español, exigiendo que se ponga fin al mercado de armas entre España e Israel, pidiendo la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado israelí por su acción asesina contra mujeres, niños y niñas y civiles en general, por la destrucción de la red hospitalaria que, aunque precaria, había en Gaza, por el crimen de lesa humanidad que se está cometiendo al cercenar los suministros de alimentos, agua y medicamentos.

Este éxito de convocatoria se debe al esfuerzo que han puesto en la organización y difusión las 192 organizaciones convocantes, colectivos diversos como el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), el espacio Vecinas y Vecinos de Pueblos y Barrios de Madrid, colectivos en Defensa de la Sanidad Pública, partidos, sindicatos, etc. Todos han colaborado con las asociaciones y colectivos palestinos, verdadero motor de esta gran movilización y de otras que se han realizado desde el mes de octubre pasado.

Se ha echado de menos a las grandes organizaciones políticas y sindicales de nuestro país, sin que haya ningún género de duda de que entre los manifestantes había militantes sindicales y de partidos que no se han involucrado en la manifestación de hoy. Es necesario que, si la agresión continua, y nada apunta a que vaya a terminar en breve, las confederaciones sindicales mayoritarias y los partidos que componen el Gobierno, así como los que lo apoyan, llamen a una macro Manifestación estatal y unitaria. Son las organizaciones de referencia para millones de trabajadores y trabajadoras, para millones de ciudadanos y ciudadanas de todo el Estado español.

En los distintos cortejos se ha comentado la orden dictada por la Corte Internacional de Justicia (CI), máximo tribunal de la ONU, con sede en La Haya, en la que la CI pide a Israel que evite los ”actos de genocidio”, como si no los hubiese cometido ya, y olvida, este alto tribunal, ordenar el alto el fuego. En positivo, la CI ordena a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El sentir percibido es que se queda corta la decisión de la Corte Internacional de Justicia, a la vista de las muertes, la destrucción y el desplazamiento masivo que la reacción de Israel está teniendo.

Lo más importante, políticamente, es que es la primera vez que un alto tribunal de justicia internacional llama la atención a Israel, Estado que lleva demasiado tiempo ejerciendo de Estado terrorista, en los hechos, gracias al apoyo incondicional que hasta ahora le han venido prestando las distintas administraciones estadounidenses y los gobiernos de su “graciosa” majestad británica.

Es inaceptable que un Estado cometa los crímenes que a todas luces está cometiendo Israel y que los gobiernos de la Unión Europea estén inactivos y en silencio, más allá de balbucear, de vez en cuando, palabras que apelan genéricamente al respeto de los Derechos Humanos.

Pascual Sánchez
Para Tribuna Socialista

2024: un año para luchar contra la desigualdad creciente en todo el mundo.

El banco mundial, fiel representante del capital financiero, cerraba el año 2023 con una afirmación devastadora:

«Si 2022 fue un año de incertidumbres, 2023 es el año de la desigualdad. Para los países que esperan recuperarse de las devastadoras pérdidas provocadas por la pandemia de COVID-19, la batalla se ha vuelto más difícil debido a las amenazas combinadas del cambio climático; la fragilidad, los conflictos y la violencia, o la inseguridad alimentaria, por nombrar solo algunas, que dificultan la plena recuperación de todas las economías»

Un año en el que ha crecido la desigualdad y que ha afectado a la clase trabajadora en el mundo entero. Una clase trabajadora que aspira a vivir de un trabajo digno, a disponer de una alimentación saludable, a tener acceso a vivienda, a sanidad, a la educación, a la cultura, al transporte, al ocio…nada que no se pueda financiar si el beneficio de la fuerza del trabajo repercutiera en las fuerza del trabajo y no fuera a engrosar (más) el beneficio del capital financiero.

La realidad muestra el panorama de la desigualdad: más de 800 millones de personas padecen hambruna; más de 200 millones de personas están sin empleo; más de 2000 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de agua y saneamiento; se calcula que unos 1800 millones de personas no tienen techo o viven en infraviviendas; casi 800 millones de personas adultas carecen de competencias básicas de lectoescritura.

Hablamos de la desigualdad en el mundo entero. No solo en las economías subdesarrolladas, También en occidente, también en España, donde hay 2,7 millones de personas sin trabajo, por no hablar del subempleo y

de la pobreza laboral. Según UGT, la parcialidad involuntaria en la contratación asciende al 47,9% de los contratos. Es decir, que hay una buena parte de la población trabajadora que está empleada a tiempo parcial únicamente porque no encuentra un trabajo a tiempo completo. UGT señala que esto se traduce en un sueldo inferior, que en la mayoría de casos se sitúa por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y que es una de las principales razones para que en España haya un 11 ,6% de personas trabajadoras en riesgo de pobreza o con pobreza laboral (ingresos por debajo del 60% de la mediana).

Por su parte, la empresa Bloomberg anunciaba que el patrimonio neto de los 500 mayores multimillonarios aumentó 1 ,5 billones de dólares en 2023, es decir, que se apropian del equivalente a un 1 ,5% más de toda la producción mundial. Según UBS, el 1 % más rico de la población mundial dispone del 44,5% de toda la riqueza .

El crecimiento de la desigualdad en el mundo busca culpables. La clase trabajadora desinformada cae en las redes demagógicas de los Milei del mundo, que reclaman «libertad» para hacer frente a la desigualdad. Libertad que para ellos no es otra cosa que liberalizar todos los sectores, reducir el papel del estado a su mínima expresión, eliminar todo aquello que permita tener un mínimo colchón para las personas que atraviesan más dificultades. Libertad para el capital financiero pero no para la clase trabajadora.

Pero además de las tesis de la extrema derecha en el mundo, la desigualdad se acrecenta cuando se nos rebaja el poder adquisitivo de los salarios por mor del aumento de precios; la desigualdad se acrecenta cuando se debilita la negociación colectiva de los convenios; cuando se detraen fondos de las partidas para educación, para sanidad, para pensiones o para seguros de desempleo.

Y esa es la lucha que los socialistas en todo el mundo tenemos más vigente que nunca. La lucha por defender los derechos y conquistas laborales en todos los países del mundo, la lucha por el salario, la lucha por las pensiones, la lucha por una educación y una sanidad públicas, la lucha contra la guerra y el comercio de armas, la lucha por una democracia plena, en España, en occidente y en el mundo entero.

No existe un capitalismo bueno y un capitalismo salvaje. El capitalismo conlleva la acumulación de la riqueza, y esa guerra la estamos perdiendo la clase trabajadora. Toca remontar. Toca socialismo.

Por un 2024 sin guerras, con mayor justicia social, libertad, fraternidad entre los pueblos y democracia.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS

¡NO a la guerra!

Las Fuerzas Armadas españolas constituyen una ínfima parte de la sociedad (inferior al 2,5 por mil en 2023). Sin embargo, el temible poder coactivo de las armas explica el abusivo papel que la Constitución de 1978 otorga a la Corona, como consecuencia de un proceso de Transición controlado por el Rey y sus generales, sumisosa los USA.

Todo ello ha dado lugar a los rancios privilegios medievales de los que sigue gozando la dinastía Borbón, en particular la execrable inviolabilidad del Rey, mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Privilegios apuntalados por la función extremadamente reaccionaria que desempeña la llamada “justicia militar” en el control disciplinario e ideológico de los escalones subalternos, así como en el sometimiento de la tropa a las arbitrariedades del mando. 

La muerte por edad del dictador dio lugar a un proceso político de reforma de la dictadura, que impidió, por el poder coactivo de las armas, el desarrollo de un proceso constituyente en libertad.La soberanía de los pueblos del Estado español fue secuestrada por el golpe militar, la guerra de aniquilación que le siguió y la genocida dictadura franquista.

Son, por tanto, el Rey y sus generales el principal obstáculo para alcanzar una democracia efectiva, que acabe con la humillante sumisión de nuestros pueblos.

Las luchas sociales se reflejan, en mayor o menor medida, en los aparatos del Estado. Así ocurrió durante la dictadura, dando lugar a movimientos progresistas tales como Jueces por la Democracia, en la Judicatura; o la Unión Militar Democrática (UMD), en el seno de las Fuerzas Armadas, disuelta manu militari durante la Transición.

Actualmente existen diversos colectivos y asociaciones de militares que reflejan las contradicciones sociales existentes: progresistas unas, reaccionarias otras. Sin embargo, todas estamos llamadas a colaborar, por razones humanitarias, a frenar la amenazante escalada de la guerra. 

El objetivo del colectivo de militaresque me honra representar es el de contribuir, junto a la sociedad civil, a sentar las bases para un Movimiento contra la Guerra.

No en abstracto.

Hoy la prioridad está en el genocidio de Gaza perpetrado por Netanyahu y en la Ucrania neonazi de Zelensky, pero hay situaciones que no nos son ajenas, como por ejemplo la desestabilización en el África subsahariana. La región del Sahel y del Sahara, ha sido escenario de una serie de golpes de Estado en países como Mali, Guinea, Burkina Faso, Níger y Gabón.

Estaregión está envuelta en conflictos entre fuerzas locales, grupos yihadistas y redes criminales. Las potencias imperialistas como Francia, Estados Unidos, Rusia y China rivalizan por el control de la región, rica en recursos minerales.

Una grave situación que fuerza a hombres y mujeres, algunas en avanzado estado de gestación, a niños y ancianos, a jugarse la vida en las rutasatlántica y mediterránea -canaria y andaluza-, a menudo engullidos por las olas, tras una larga agonía, a la deriva.

El sentir de los pueblos del Estado español es contrario a la guerra. Prueba de ello es que, cuando se les convoca, como se hizo en 2003 para impedir infructuosamente la invasión de Irak, acuden.

Sin embargo, dependemos de la voluntad política de los partidos y de sus correas de transmisión: los medios de comunicación. Las organizaciones mayoritarias, partidos y sindicatos, están encorsetados a los compromisos institucionales (nacionales e internacionales) del Gobierno.

Las cancillerías occidentales, influenciadas por los intereses económicos del complejo militar-industrial de los USA, se alinean con el poder imperial. Los tambores de guerra resuenan en los pasillos de la OTAN. El belicismo homicida se extiende…

La necesidad de un Movimiento permanente contra la Guerra existe.

Los pueblos no quieren la guerra. No es su guerra. Es necesario y urgente pasar a la acción, organizándonos.

Artículo 6 de la Constitución Española de 1931: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. 

Manuel Ruiz Robles
Ex militante de la disuelta UMD
Portavoz de Militares Contra la Guerra

LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL DETERIORO DE LA SANIDAD PÚBLICA HASTA SU DESAPARICIÓN. LA LUCHA QUE DEBEMOS DESPLEGAR

La reforma constitucional española de 2011 modificó el artículo 135 CE,​ estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar, frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible, al establecer en el punto tercero del artículo, prioridad absoluta para los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas. Es decir, que antes de atender a los Servicios Públicos, hay que pagar la deuda pública, los capitalistas antes que los trabajadores y los ciudadanos en general.

                La referencia a esta reforma de la Constitución, a modo de introducción, se realiza porque, a juicio del que suscribe, viene a consolidar la privatización de los servicios públicos, en especial, la sanidad y la enseñanza. Es a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en 2020, cuando se produce un aumento de privatizaciones sanitarias, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Se me dirá que no tiene nada que ver priorizar el pago de la deuda sobre los servicios públicos, con la privatización de los mismos. Pero yo entiendo que, con esta reforma, la derecha de todo pelaje, quiere desmontar el estado de derecho y el estado de bienestar a nombre de las imposiciones de la UE, el FMI y el BCE imponen su proyecto privatizador.

                En efecto, el negocio de la sanidad privada, en el conjunto de las comunidades autónomas, ha crecido un 53% en una década y ya factura 11.000 millones de euros, en concreto, 11.238 en 2023. Continúa el ascenso de los seguros privados de salud, en el año pasado tuvieron un incremento del 6,6% y desde el 2015, el incremento ha sido del 52,7% y se calcula que el número de personas aseguradas privadamente es, en 2023, de 12 millones de personas, el 25% de la población, según datos del lobby de la sanidad privada, Fundación IDIS. (Infolibre. es 21/01/2024).

                Se está procediendo al deterioro progresivo de la Sanidad Pública, sobre todo en aquellas Comunidades donde gobierna el PP con el apoyo de los fascistas de VOX, deterioro que se concreta, entre otros aspectos, en la falta de contrataciones de médicos y mejora de las condiciones laborales y de medios, el cierre de Centros de Urgencia Extrahospitalaria SUAP, no se cubren jubilaciones ni bajas.  Tras los aplausos, hay una marcha constante de profesionales a otras instituciones y ámbitos geográficos en busca de mejores condiciones laborales y sociales, la falta de médicos en la asistencia ambulatoria, con la consecuencia de la saturación y hacinamiento en las urgencias hospitalarias.

                Este brutal deterioro se plasma en las listas de espera, las más elevadas de la historia, pacientes que fallecen sin ser atendidos, excesos de mortalidad no investigados, etc., “lento deterioro, pero sin pausa, que engorda el negocio sanitario privado, tacita a tacita”, (advertencia del médico y analista Juan Simó, autor del blog Salud, dinero y Atención Primaria).

La realidad es hoy que uno de cada tres euros dedicados a sanidad, acaba en los bolsillos de empresas privadas, mientras los centros públicos agonizan por falta de medios y los seguros privados se disparan.

                Toda esta deplorable situación de nuestra Sanidad Pública, deriva de instrumentos legales, las leyes de ámbito estatal 15/97(nuevas formas de gestión) que se dictó, precisamente, para universalizar e introducir la igualdad en la Sanidad Pública, pero que se ha utilizado para romper la Sanidad Pública, así como los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que los gobiernos “más progresistas de la historia” mantiene en vigor sin derogarlas o modificarlas.

                La cronología de los instrumentos legales que han permitido la privatización de la Sanidad Pública, ha sido la siguiente:

• 1986.- Ley General de Sanidad. Incorporó avances como la creación de la Atención Primaria, pero se suprimieron propuestas iniciales como la creación de un sistema público de Farmacia, o la atención integral de salud mental y bucodental. Se introducen los artículos 67 (convenios singulares) y 90 (conciertos) que van a permitir trasvasar miles de millones de euros a empresas privadas, por actividad que se podría hacer en los centros públicos.

• 1997.- Ley 15/97 (de “Nuevas Formas de Gestión”), que va a permitir, con dinero público, la apertura de centros sanitarios privatizados durante décadas.

• 1999.- Primer hospital de modelo concesión (Alzira, Valencia), cedido a una empresa privada por 20 años. Posteriormente se abren otros 4 con el mismo modelo.

• 2000.- Madrid aplica el mismo modelo, privatizando por 35 años (hasta 2035) 11 hospitales privados, lo que implicó el cierre de más de 2.000 camas públicas y el trasvase de cientos de millones de euros anuales que se detraen de los centros públicos.

• 2010.- Se extiende el modelo de hospitales privatizados a Comunidades Autónomas, en concreto, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Galicia, etc. Paralelamente se privatizan ambulatorios y laboratorios públicos, citas médicas, extracción de sangre, lavandería, limpieza, informática, mantenimiento, almacenaje, vacunas, etc.

• 2018-2023.- Se disparan las listas de espera hasta cifras récord, lo que les ha permitido justificar el brutal incremento de los conciertos privados (art. 90 Ley General de Sanidad), mientras se cerraban o reducían servicios en los centros públicos. La crisis del COVID es aprovechada para derivar cientos de millones de euros hacia empresas privadas, abrir “hospitales” innecesarios e infradotados (ZENDAL) cerrar servicios de urgencias, rematar la Atención Primaria y maltratar aún más a los trabajadores.

                Durante el COVID se dejaron morir cientos de miles de ancianos en las residencias privadas, por negarse las autoridades sanitarias responsables a su derivación a Hospitales, en Madrid, concretamente, 7.291 ancianos, por cuyos luctuosos hechos, algunos esperamos que algún día se acabe procesando, por presunto homicidio, a Isabel Díaz Ayuso.

                En cuanto a la lucha que debemos llevar, los “Ayuso dimisión (o el político que corresponda)”, o “La sanidad no se vende, se defiende” están muy bien, pero se vacían de contenido si nos quedamos solo en los síntomas y el diagnóstico. Hay que actuar sobre las verdaderas causas, es decir, atacar hasta su derogación o sustancial modificación, aquellas leyes estatales y autonómicas que han hecho posible llegar a esta situación, al establecer los instrumentos legales de gestión privada, conciertos y convenios con entidades privadas, que después han sido los sujetos del expolio y de la privatización de la Sanidad Pública.

                Del mismo modo debemos señalar a los responsables (todos los partidos que mantienen esas leyes estatales, que permitieron las privatizaciones). Los partidos y sindicatos que, por activa o por pasiva, han permitido esta situación son parte del problema y no pueden formar parte de la solución, son los mismos que desmantelan las pensiones, pasan página en la masacre de las residencias, mantienen la ley Mordaza, no derogan las reformas laborales de 2010 y 2012 y siguen sin garantizar el acceso a la vivienda.

                Debemos recuperar la movilización autónoma, al margen de los privatizadores, o nos despojaran de todo.

Miguel Sagüés Navarro
Militante Socialista de Madrid

El cáncer de la Sanidad Pública es su privatización II

Algunos lectores me han sugerido que, por lo interesante del contenido, debía profundizar en el artículo publicado en TS nº 149 con este mismo título. Es por ello que publico esta “parte II”, sobre la privatización de la Sanidad Pública madrileña de la mano del Partido Popular (PP), en las tres últimas décadas.

                Mencionaba en el artículo del pasado mes que, “en 1996 la Sanidad madrileña contaba con 14.000 camas. Hoy, 27 años después y con un incremento de la población del 37,8%, el número de camas es de 12.438, es decir, un 11,16% inferior” (Datos del Ministerio de Sanidad a 2023). No es casual que el 26 de abril de 1997 entrase en vigor la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema nacional de Salud. Esta ley del Gobierno de Aznar (mayo 1996 a abril 2000), junto a la Ley 6/1998 de 13 de abril de 1998, sobre régimen del suelo y valoraciones -la ley responsable de la burbuja inmobiliaria que estalló diez años después y que sumió a este país en una profunda crisis económica y social-, son dos de las leyes más perniciosas de los ultimos cincuenta años.

                La Ley 15/97 fue promovida por el PP y votada por PSOE, CIU (hoy Junts, el Partido de Puigdemont), CC (Coalición Canaria) y PNV. Esta ley abrió las puertas de par en par a que las empresas privadas entrasen de lleno a gestionar la Sanidad Pública y a recibir, por ende, dinero público.

                Esta ley se complementa con los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que, siendo una ley progresista que universalizó la Sanidad Pública en España, a través de los citados artículos abrió la puerta a los “convenios de colaboración” (Artº. 66 y 67) y a los “conciertos” (Artº. 90). Todos estos mecanismos legales se culminaron en 2002 con el traspaso definitivo de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas.

                A nadie se le escapa, o no debiera, que el objetivo de la Sanidad Pública es proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro. Frente a esto, el objetivo de la sanidad privada es la maximización del beneficio depara los accionistas. Además, a nombre de la “libertad de mercado”, el control del Estado sobre la acción de las empresas es mínimo o incluso nulo, a pesar de la ingente cantidad de dinero público que las empresas reciben cada año.

                Tras tres décadas de experiencia, el deterioro de la Sanidad Pública en Madrid es una evidencia: reducción de camas de hospitales, reducción de personal sanitario, precarización de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores de la Sanidad, merma en los recursos en los centros; tanto en hospitales como en los Centros de Atención Primaria y en sus Servicios de Urgencias Extrahospitalarias.

                La destrucción de la Sanidad Pública en Madrid no obedece a un error, es la consecuencia de una planificación inspirada por la idea de sociedad que tiene el pensamiento liberal. Pongamos cifras a todo esto:

  • Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2021, el gasto medio de las comunidades autónomas, en Sanidad, fue del 6,7% del PIB autonómico, equivalente a 1.716 €/habitante. En el mismo ejercicio, en Madrid, el porcentaje fue del 4,4%, el más bajo de todas las autonomías, equivalente a 1.536 €/habitante, un 12% inferior a la media.
  • La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), publicó un informe en diciembre de 2022, en el que daba los siguientes datos: Frente a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dedicar un 25% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria, Madrid destina un 10,73%, la comunidad que menos presupuesto destina a la Atención primaria en todo el Estado.
  • Para 2024, la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso (IDA), ha incrementado el presupuesto destinado a la sanidad privada 1.209 millones de euros, un 24% más que en 2022. Si bien, habrá que ver cómo finaliza el año, pues de los 973 millones presupuestados en 2022 (únicos presupuestos aprobados en la Comunidad de Madrid, antes de los que se acaban de aprobar para 2024) el año terminó con un gasto de 2.000 millones dedicados a la financiación de la sanidad privada, una desviación presupuestaria del 106%. Desde que IDA tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019, el gasto destinado a empresas privadas de la salud, el presupuesto se ha incrementado en un 94%.

Veamos tres tablas que ilustran el deterioro de la Sanidad Pública madrileña:


          No ha sido posible encontrar tablas iguales para comparar, pero sí datos concretos sobre profesionales de Atención primaria. La tabla 1 nos da datos de 2007 y lastablas 2 y 3 reflejan los datos de profesionales de 2016. Es decir, tenemos una comparativa de un periodo de 9 años.

                En la tabla 1 (2007) los médicos de medicina familiar y comunitaria era de 3.901, y 840 pediatras, un total de 4.741 médicos en Atención Primaria. La tabla 2(2016) vemos que la cifra de médicos de familia cae a 3.553, -9%. Mientras que, en pediatría, el número de profesionales crece a 908, +8%. El total de profesionales en 2016 era de 4.441, lo que representa un recorte del 6,3% en el global de médicos de Atención Primaria.

                Según el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) desde 2016 el número de pediatras ha caído a 663 en 2022. O lo que es lo mismo, desde que Díaz Ayuso es presidenta, se ha recortado la plantilla de pediatras en Madrid un 27%, llevando la cifra de pediatras a un 21% inferior a la de 2007.

                El personal de enfermería también se ha reducido en estos años. En 2007(tabla 1),Madrid contaba con 4.024 enfermeros y enfermeras, frente a los 3.294 de 2016(tabla 3). Por tanto, en 9 años se recortaron 730 profesionales de enfermería, más del 18% de recorte.

                Por último, en 2016 (tabla 3)la tasa de profesionales de enfermería en Atención Primaria era de 0,5 por cada 1.000 habitantes, la más baja de todo el país, solo igualada por Baleares y Ceuta y Melilla.

                Los datos demuestran los efectos de la privatización en la Comunidad de Madrid, donde, en paralelo al deterioro de la Sanidad Pública, la sanidad privada ha crecido exponencialmente hasta convertirse en la comunidad con mayor gasto per cápita del Estado español, con un gasto de 936 € en 2022.

                Los datos también evidencian la irresponsabilidad de las autoridades sanitarias, que han ido deteriorando el Sistema Público Sanitario en los años previos a la Pandemia de COIVID-19, no porque supiesen que llegaba una pandemia. Dice el artículo 43 de la Constitución:

                “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

                Los poderes públicos no solo no adoptaron medidas preventivas, sino que deterioraron a tal punto la herramienta pública para proteger el derecho a la salud que la han dejado en un estado que no soporta ni la habitual ola de gripe anual, como acabamos de sufrir en estas semanas pasadas.

                Los datos explican por qué en Madrid se ha alcanzado el millón de personas en lista de espera, de las que más de la mitad tienen que esperar más de 3 meses para una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica o la consulta con un especialista.

                Ante la evidencia, no cabe otra solución que derogar la Ley 15/97 y los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de la Seguridad Social. Defender la Sanidad Pública es una reivindicación de la mayoría social, de ese 75% de la sociedad que no puede pagarse una póliza de salud privada.

                Tenemos un Gobierno de Coalición progresista, y una Ministra de Sanidad que ha batallado en Madrid por la defensa de la Sanidad Pública. Muy bien, es el momento de tomar decisiones políticas, derogar los convenios y los conciertos, cerrar la puerta de la Sanidad al mercado privado y dejar de sangrar las cuentas públicas. Esto, está en manos del Gobierno de la nación.

Roberto Tornamira
Participa en el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid