En el verano de 1975 se estaban instruyendo y llevando a cabo consejos de guerra sumarísimos contra militantes antifranquistas (FRAP y ETA) acusados de terrorismo y rebelión militar, que culminaron en once condenas a muerte.
En aquellos días yo era un joven oficial del cuerpo de ingenieros de la Armada, con cinco hijos en edades comprendidas entre los seis años y un año, y mi esposa encinta de nuestro sexto hijo.
Los cuatro meses de vértigo que transcurrieron hasta la muerte de Franco los vivimos intensamente, pues nuestro compromiso democrático nos situaba de hecho en el ojo del huracán.
Me encontraba destinado en Madrid, en un centro cívico-militar de investigación y desarrollo tecnológico, perteneciente a la Marina -y de profesor en la ETSIAN- situados ambos centros en la calle de Arturo Soria, próximos al Pinar de Chamartín.
Cuando me disponía a iniciar mi permiso reglamentario, en el verano del 75, una noticia saltó a la prensa: nueve oficiales del ejército habían sido detenidos. Se trataba de nuestro comandante, Luis Otero -fundador junto a Juli Busquets de la clandestina Unión Militar Democrática (UMD)-, y de ocho compañeros más, entre los que se encontraban los capitanes Xosé Fortes y Fernando Reinlein. En la madrugada del 29 de julio fueron detenidos en sus domicilios.
Acusados de conspiración para la rebelión militar, fueron juzgados pocos meses después en consejos de guerra. Estos juicios militares se celebraron con serias irregularidades procesales y sin derecho efectivo a la defensa. La mayoría fueron condenados a largos años de prisión y expulsados del ejército.
En aquellos años el país se encontraba inmerso en una profunda crisis política, social e internacional. El dictador, enfermo y cada vez más incapacitado, seguía siendo formalmente el jefe del Estado, con el auxilio de Juan Carlos de Borbón, que lo había sustituido en sus funciones desde el 19 de julio hasta el 2 de septiembre de 1974, y, un año después, desde el 30 de octubre al 20 de noviembre de 1975.
El aparato de la dictadura, impuesta desde 1939, se mantenía activo en la represión criminal y en la defensa del Estado fascista. Franco, ya moribundo, firmó sus últimas penas de muerte.
El 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados cinco jóvenes antifranquistas: José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), yJuan Paredes Manot (“Txiki”) y Ángel Otaegui Etxeberria, militantes de ETA político-militar.
Los consejos de guerra, que condenaron a muerte a los once jóvenes resistentes, fueron celebrados con graves irregularidades procesales, sin garantías jurídicas ni derecho efectivo a la defensa. La presión popular forzó el indulto de seis de ellos, pero los otros cinco fueron asesinados. Fue uno de los hechos más trágicos y simbólicos del final de la dictadura.
Las condenas a muerte de estos jóvenes antifranquistas provocaron una ola de indignación nacional e internacional sin precedentes contra la dictadura. En Euskadi, que se encontraba en estado de excepción, se decretó una huelga general, que fue seguida mayoritariamente.
Numerosos gobiernos y organizaciones de derechos humanos condenaron las penas de muerte. En Europa se produjeron manifestaciones masivas: en París, Roma, Londres, Bruselas y Estocolmo, miles de personas salieron a las calles para protestar. Algunos países, como Suecia, Noruega y los Países Bajos, retiraron temporalmente a sus embajadores de Madrid. En Roma, manifestantes asaltaron la embajada española, y en varias capitales se realizaron actos simbólicos de duelo por las víctimas. En Lisboa la embajada española fue asaltada e incendiada. El Papa Pablo VI había pedido clemencia, al igual que numerosos líderes internacionales, pero el régimen desoyó todos los llamamientos.
El 1 de octubre de 1975 un Franco tembloroso daba su último discurso en la Plaza de Oriente de Madrid, flanqueado por Juan Carlos de Borbón y una muchedumbre enardecida que reclamaba mano dura.
El 13 de octubre de ese mismo año, José Ignacio Domínguez, capitán de aviación, piloto de reactores y dirigente de la UMD, que se encontraba en el extranjero y por ello logró esquivar las detenciones de la madrugada del 29 de julio, daba una memorable rueda de prensa en París. Dos años más tarde, a su regreso a España, era también juzgado en consejo de guerra, condenado y expulsado del ejército.
Ninguno de nuestros compañeros de la UMD, ya excarcelados, pudo beneficiarse entonces de la ley de Amnistía de 1977, mientras que, por el contrario, sí se amnistiaron delitos de sangre; en particular, cientos de miles de crímenes del franquismo, que aquella infame ley de “punto final” impidió que fuesen juzgados, quedando impunes.
En el interior de España, el clima era de represión y miedo, pero también de creciente movilización obrera, estudiantil y vecinal. Las huelgas y protestas se multiplicaban, y la oposición -clandestina pero activa- comenzaba a coordinarse en torno a la idea de una ruptura democrática. El propio régimen mostraba signos de descomposición, dividido entre los llamados “aperturistas”y los“inmovilistas”, que pretendían perpetuar la dictadura.
El 2 de noviembre Juan Carlos de Borbón, en viaje sorpresa, visitaba las tropas españolas en El Aaiún (Sahara), dirigiéndose a los militares: “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres” y “No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”.
El estatus jurídico del Sahara español en aquellas fechas era de provincia española (la número 53), sin representación política plena en las Cortes franquistas. Los saharauis tenían nacionalidad española reconocida, pero con limitaciones de derechos políticos y civiles.
El 6 de noviembre se inicia la invasión marroquí del Sahara español, conocida como la Marcha Verde. El entonces jefe de la dictadura en funciones cedió ilegalmente el Sahara español al Reino de Marruecos, en un intento desesperado por afianzar su acceso al trono y la reinstauración impostora de la monarquía borbónica, dejando abandonado a su suerte al pueblo saharaui. Documentos secretos de la CIA, ya desclasificados, prueban que aquellos hechos de Juan Carlos de Borbón podrían haber constituido presuntos delitos de alta traición. En aquellos funestos días, nuestro querido compañero, el capitán Bernardo Vidal, miembro de la UMD, ayudó a escapar a muchos dirigentes saharauis.
El estatus actual del antiguo Sahara español sigue siendo ambivalente, pues, diplomáticamente, hay un giro hacia la aceptación del plan de autonomía propuesto por el Reino de Marruecos como base de negociación; mientras que legalmente, desde la perspectiva de la ONU, sigue considerándose una cuestión de descolonización con derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
El 20 de noviembre de 1975, Franco murió tras una larga agonía médica retransmitida por los medios oficiales. El presidente del gobierno Arias Navarro, con aspecto lúgubre y compungido, abrió un informativo especial de televisión española con las palabras: “¡Españoles, Franco ha muerto!”.
Dos días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre, Juan Carlos de Borbón jura ante las Cortes franquistas lo principios del Estado fascista -basados en el totalitarismo, el nacionalismo extremo y el culto al líder– siendo proclamado Rey de España.
La muerte de Franco marcó el principio del fin de cuarenta años de dictadura y abrió el camino, lleno de incertidumbres, hacia la Transición democrática. Sin embargo, los fusilamientos de septiembre quedaron grabados en la memoria colectiva como el último acto oficial de la dictadura que ponía en evidencia la extrema brutalidad del franquismo y también como un recordatorio del alto precio que costó la libertad en España.
Este periodo, comprendido entre el verano y finales de diciembre de 1975, constituye por tanto un episodio esencial de la memoria democrática: el cierre violento de una dictadura genocida y el preludio de una nueva etapa política, nacida entre el dolor, la resistencia a la dictadura y la esperanza de unos pueblos que aspiraban a recuperar la libertad.
Aún quedaban por delante tres años de luchas populares y de sufrimiento. Finalmente, la Constitución fue consensuada entre los partidos políticos en 1978, y, pese a ser monárquica y contener artículos dictados manu militari –como el de la inviolabilidad del Rey- abría una nueva época en la Historia de España, aún sin cerrar.
Manuel Ruiz Robles
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Tribuna Socialista 
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